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Hablando por los niños[1]

Discursos y relatos de (sobre) los hijos cuando se dirime su tenencia en un tribunal de familia del conurbano bonaerense

Marlene Denise Russo

El derecho de familia –que regula las relaciones de alianza, las relaciones paterno-filiales y las relaciones parentales en sentido amplio– se presenta como un dispositivo que interviene y administra el orden y los conflictos al interior de la familia. Para ello se sirve de definiciones de familia, maternidad, paternidad e infancia que implican deberes y derechos, donde subyace una división de tareas según el género y la edad de las personas (Collier, Rosaldo y Yanagisako, 1997; Daich, 2006; Durham, 1998; Martínez, 2004). En estas designaciones y omisiones del derecho de familia, se configuran imágenes y representaciones en torno a los papeles sociales que “deben”[2] desarrollar los varones y las mujeres al interior del grupo doméstico (Costa y Harari, 2000; Grosman, 1996).

Asimismo, el campo jurídico no se presenta como un bloque homogéneo e inmutable; antes bien, en él coexisten distintos discursos, y en los últimos años han surgido nuevos desarrollos que dan cuenta de las transformaciones en el orden familiar y que han dado origen a una nueva jurisprudencia y a debates en torno a las leyes civiles en esta área del derecho.[3] Muchos de estos discursos utilizan y adoptan terminología y argumentos de otras disciplinas y corrientes teóricas –como el feminismo, la antropología y la psicología, entre otros– para plantear aquellos cambios percibidos en el orden familiar. Estas nuevas tendencias en el derecho proponen nuevas formas para ejercer la maternidad y la paternidad (la “tenencia compartida” o la “coparentalidad”) y, a la vez, reconocen la necesidad de darles “voz” a aquellos miembros de la familia que antes eran hablados por los adultos: los hijos. Estos últimos son percibidos hoy como “niños, niñas y adolescentes con derechos” que, a partir de la ratificación de la Convención Internacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (cdn), se instauraron desde la discursividad como “sujetos de derecho” a ser escuchados y respetados en relación con sus necesidades y deseos, en franca oposición al anterior paradigma de la “minoridad” (Fonseca y Cardarello, 2005; Villalta, 2001).

Los ámbitos tribunalicios se constituyen en espacios donde estos postulados del derecho relativos a la familia, las relaciones entre cónyuges y entre padres e hijos intentan traducirse a la práctica cotidiana al ser aplicados para administrar diversos conflictos.[4] En efecto, los tribunales de familia rebosan de litigios relativos a los diferentes tipos de “divorcios”, “regímenes de tenencia”, “régimen de visita”, “cuota alimentaria”.[5] Nuestro corpus en este trabajo se compondrá de dos casos, que se presentan bajo la carátula judicial “tenencia de los hijos”.

Según el procedimiento que se lleva adelante en los tribunales de familia de la Provincia de Buenos Aires, estas causas deben pasar por “etapa previa”, que es un momento y un espacio propio de estos tribunales cuyo objetivo manifiesto es lograr una conciliación o acuerdo para evitar la “etapa de conocimiento” o el juicio propiamente dicho. Justamente, nuestro interés radica en analizar los diversos discursos que circulan en estos espacios haciendo foco en cómo se valorizan las acciones destinadas al cuidado de los hijos y los roles maternos y paternos cuando las parejas se encuentran disputando tales responsabilidades. Ahora bien, entre estos discursos, hay uno que tiene cierta preponderancia, y es el relativo al “bienestar de los niños”[6] presentado de manera amplia y difusa tanto por los agentes judiciales como por las personas que se presentan a litigar sus conflictos. Este discurso adquiere un sentido polisémico puesto que es apropiado y utilizado por diferentes actores según lo que se quiera enfatizar.[7] Lo que indudablemente encierra este discurso es el valor que se otorga a la infancia (especialmente a la garantía de su bienestar), y que oblitera otros sentidos y valores que también emergen en estas audiencias. Surge así cierta jerarquización de los valores expuestos en tales momentos de interacción, donde el “bienestar de los niños” y ciertas nociones de infancia toman un lugar central en el devenir de los conflictos planteados.

Como otro aspecto relevante, en varios casos analizados, aparecen interpretaciones de la cdn tanto por los agentes judiciales como por los adultos involucrados en los conflictos y sus abogados. Tales interpretaciones son las relativas al “derecho del niño a ser oído”[8] de acuerdo a sus necesidades y deseos. Ahora bien, en el caso de los adultos que se encuentran litigando sus diferencias, estas interpretaciones de la cdn se anudan con las demandas y contrademandas expuestas en el tribunal. Frecuentemente, estas exigencias son desautorizadas por los agentes judiciales ya que consideran que esos padres realizan una “mala interpretación de los derechos de los niños”. Justamente, porque conocer las normativas relativas a la cdn es una de las tantas competencias que los habilita a ser uno de los “mejores” (y legítimos) intérpretes de las necesidades de los niños. De hecho, en la gestión de los conflictos, se amparan en algunas disposiciones de la cdn; pero, en el momento de plantear posibles soluciones para esas controversias familiares, el discurso que les resulta más eficaz y sólido, con el que tejen argumentos y razones, es aquel que pondera el “bienestar de los niños”, categoría ambigua y abierta.

En este trabajo nos interesa identificar y analizar precisamente esos argumentos y razones que son construidos por los diferentes actores –tanto por los agentes judiciales como por los miembros de las familias litigantes– en función del “bienestar de los niños”. En efecto, si para los agentes judiciales el “bienestar de los niños” es un tópico utilizado a fin de intentar reconfigurar el “orden familiar” y arribar a acuerdos, para los progenitores de los niños, es un modo de fundar y de legitimar sus demandas. Nuestro objetivo, entonces, es reconstruir cómo se presentan estos argumentos –que se esgrimen como legítimos–, cuáles son las razones que esbozan los distintos participantes para que esos argumentos tengan peso suficiente en las dinámicas de interacción entre las “partes” y los agentes judiciales, y, en función de esto último, cómo se disponen los actores en la dinámica de las audiencias de conciliación de la “etapa previa”.

Estas audiencias de conciliación adquieren una importancia sustantiva puesto que se consolidan como los contextos de interacción para leer los conflictos familiares llevados por “las partes” y administrados por los agentes judiciales. A estas audiencias, las podemos leer como rituales, que se conforman con diferentes pasos, momentos, ritmos y rutinas y que, dada su particularidad, las denominamos rituales de la confrontación. Allí, las personas que asisten al tribunal pueden expresar el conflicto con sus palabras y “negociar” posibles soluciones con los agentes judiciales.

A partir del trabajo de campo realizado en un tribunal de familia bonaerense, analizaremos dos casos observados en el momento de la “etapa previa” para reconstruir esta compleja trama discursiva que se teje en nombre de los/as chicos/as y de su “bienestar”. Estos dos casos tienen la particularidad de que son solicitudes de “tenencia de los hijos” presentadas por los padres, y la construcción en cuanto casos se repuso gracias a la reconstrucción de fragmentos de interacciones entre las personas que acuden al tribunal y los agentes judiciales en el momento de una de las tantas audiencias que siguen a tales procedimientos. Es característico de nuestra “inmersión etnográfica” que, en el devenir del trabajo de campo en un tribunal de familia, accedemos a versiones y fragmentos de conflictos y narraciones que nos anteceden y que se prolongan más allá de nuestra presencia en el lugar. Por lo que se efectúa siempre una reconstrucción, si se quiere, fragmentaria de los hechos observados y vivenciados.[9]

Audiencias de conciliación o cómo se ritualiza la confrontación

El proceso judicial en los tribunales bonaerenses se divide en dos momentos bien diferenciados: la “etapa previa” y la “etapa de conocimiento” o “contenciosa”.[10] La “etapa previa” se conforma por audiencias de conciliación entre los recurrentes al tribunal (generalmente “familias nucleares”, aunque en menor cantidad se pueden observar “grupos domésticos”),[11] que tramitan diferentes causas, como divorcios, separaciones, tenencias, cuotas de alimentos, regímenes de visitas. Estas audiencias –según la Ley provincial n.º 11.453 de Creación de los Tribunales de Familia de la Provincia de Buenos Aires– son obligatorias, y anteceden todo posible juicio.[12] Se denominan en la jerga judicial “audiencias de etapa previa” o “de conciliación”, y son conducidas por la presencia de abogados/as del tribunal llamados “consejeras/os de familias”.[13] En este espacio se presentan las familias (tanto la “parte actora” como la “demandada”) y pueden asistir solos o acompañados por sus abogados privados o públicos. El objetivo manifiesto de estas audiencias es “lograr que las partes arriben a un acuerdo” evitando llegar a los litigios.

También, estas audiencias funcionan como un espacio donde las “partes litigantes” pueden expresar, bajo la conducción y el árbitro de un/a consejero/a de familia, el conflicto familiar. Según Salanueva et al. (2003), el objetivo de este procedimiento fue, cuando se aprobó la Ley de Creación de los Tribunales de Familia,[14] la desritualización del sistema a través de la oralidad, la inmediación, la informalidad y la celeridad. Más allá de las intenciones de la normativa y su pretendida desritualizacion, tal como mencionamos antes, el procedimiento se configura como un ritual y, dada la particularidad de su expresión, lo hemos denominado  ritual de la confrontación. De esta manera, nos resulta fértil partir de la definición que realiza Tambiah (citado en Pita, 2010: 140) del ritual como “un sistema culturalmente construido de comunicación simbólica, constituido por secuencias ordenadas y pautadas de palabras y actos”.

En el caso de las audiencias de “etapa previa”, hasta los espacios físicos donde “deben” ubicarse las personas están pautados y son plenamente respetados. La entrada de la audiencia adquiere cierta dramatización al indicarse los espacios físicos asignados a cada participante:

La consejera de familia, detrás de su escritorio, rodeada de su computadora y casi siempre con el expediente del caso abierto, solicita que “las partes” se ubiquen frente a ella en las dos sillas con rueditas, a sus espaldas dos sillones –que parecen cómodos– donde se suelen sentar los abogados de las exparejas. Casi siempre cada cual detrás de su defendido. No hay muchas sillas de más, con excepción de la mía, que usualmente la ubican a un costado del escritorio de la consejera de familia (nota de campo, despacho de la consejera de familia, Lomas de Zamora, septiembre de 2009).

Los conflictos que allí se tramitan bien pueden leerse como “dramas sociales”, en términos de Victor Turner.[15] Estos son procesos inarmónicos que surgen de situaciones de conflicto, representadas, según el autor, por cuatro fases de acción pública accesibles a la observación. En el espacio del tribunal, estos “dramas sociales” tienen cierta similitud con las fases descriptas por Turner, en el sentido de ser situaciones de conflictos (generalmente intrafamiliar) llevadas al ámbito público, donde las etapas de quiebre (fractura de las relaciones sociales ligadas a las obligaciones y los derechos dadas por las relaciones de parentesco y fundamentalmente por las relaciones de alianza), crisis (manifestación pública y judicial del conflicto en ciernes), acción de desagravio (la intervención burocrática judicial propiamente dicha) y reintegración (reordenamiento de las relaciones familiares y sus consecuentes deberes y derechos) podrían aplicarse, aunque no mecánicamente a la exposición del asunto en el ámbito de la Justicia de familia.

Y en este punto, es central la presencia de las consejeras de familia, que funciona generalmente como arbitraje de las discusiones. Mientras que, en otras circunstancias, tal como lo expresa su denominación, se comportan como consejeras: proponen diferentes acciones, acercan sugerencias en la comunicación y el trato entre los adultos implicados o dictan consejos sobre la crianza y el cuidado, siempre “por el bienestar de los menores”. La dinámica de estos encuentros puede oscilar, entonces, entre la escucha de relatos conflictivos entre miembros de la disputa y la proliferación de “retos” o llamados de atención y la proposición de “soluciones” o arreglos por parte de la consejera. La intención manifiesta de estas profesionales es cerrar las audiencias con un acuerdo firmado entre los asistentes para restringir, de alguna manera, el avance de las causas hacia el litigio.

Los momentos de intervención oral y las formas de abrir las audiencias también están ritualizadas al seguir un ritmo, un tiempo predeterminado, una dramatización específica. Una vez expuesto el conflicto en el ámbito de la Justicia de familia, interviene generalmente la consejera de familia cuando comienza la audiencia, leyendo en voz alta la carátula del expediente y explicando las razones del encuentro. Luego, explica los alcances de la reunión en términos de validez legal sobre los acuerdos y disensos que allí se gesten y empieza a indagar detalles acerca de los casos. La intervención de las exparejas puede variar, pero siempre se expresan a través de acusaciones, contraacusaciones, argumentos y contraargumentos que proliferan entre sí. Si el nivel de desacuerdo es muy intenso, las intervenciones y los reclamos los realizan sus abogados,[16] aunque la consejera de familia se dirija a las exparejas cerciorándose de los requerimientos y las acusaciones proporcionados por los letrados.

Es en ese momento de preguntas, repuestas y repreguntas por parte de la consejera en el que las exparejas suelen expresar el conflicto con sus palabras, según su versión de los hechos. En esta parte del trámite judicial, el peso de las intervenciones es oral, y aquí es donde las “personas de carne y hueso”[17] (Pita, 2010) pueden construir versiones de los hechos (plagados muchas veces de emoción) en los que abundan acusaciones contra el excónyuge (o contra el pariente receptor de la demanda) y justificaciones de las acciones que realizan como adultos responsables de los hijos. En franca oposición a la fetichización del expediente, que, como objeto material, condensa la lógica escrita del aparato burocrático judicial (Martínez, 2004b), los dichos expresados en esta etapa del proceso judicial no quedan registrados en ningún lugar del expediente, ya que la consejera de familia solo labra actas (de carácter informativas) de los acuerdos y disensos a los que arriban las “parejas en conflicto”. De esta manera, la no fijación escrita de los dichos en esa etapa permite la explosión emotiva (y sin formulismo propio del lenguaje jurídico) de las versiones del conflicto.

Justamente, la expresión emotiva del conflicto, en esta parte del trámite judicial, tiene un peso superlativo porque se consolida como un elemento central para la dramatización del caso y su consolidación como una “drama social”. En este punto cobra especial relevancia lo que Patrice Schuch explicita sobre “el lenguaje de los sentimientos”[18] puesto en acto en estos eventos sociales: “Las audiencias son acontecimientos dramáticos, donde la expresión de ciertos sentimientos es la propia garantía de la consecución de determinados objetivos para los agentes involucrados [en ellas]. Es preciso actuar, escenificar, emocionar a los presentes, movilizar sus sensaciones” (Schuch, 2009: 239).

Aparece en la gestión y administración judicial de estos conflictos familiares una “performance emocional” (Ciordia y Russo, 2014) propiciada por la intervención de la consejera de familia, que, mediante sus preguntas y repreguntas, lleva las narrativas de las personas a la expresión emocional de los conflictos.[19] Además, las propias personas se benefician con el potencial emocional que contienen los temas que exponen en el tribunal para poder fundar sus razones y demandas con mayor fuerza o persuasión. La expresión de las emociones serviría como medio para convencer sobre sus “buenas maneras de cuidar” o sobre sus propias demandas. No obstante, no nos interesa saber, y sería imposible hacerlo, si verdaderamente las personas sienten lo que dicen que sienten, sino que focalizamos en por qué dicen lo que dicen y cómo lo dicen. Tal como plantea Deborah Daich, que retoma de Adriana Vianna:

[…] la expresión de sentimientos en el contexto de las experiencias judiciales […] implica reconocerse inscrito en un orden de obligaciones; es decir, la demostración de emociones indicaría la internalización de tales obligaciones. Ahora bien, el discurso emocional que los participantes de estas contiendas utilizan para construirse moralmente no siempre representa sus estados internos; la expresión de sentimientos no garantiza la experiencia de la emoción, y puede corresponderse con motivaciones reales o no, por lo que puede tratarse de sentimientos genuinos o incluso estrategias (Myers, 1979). Vinculadas a un orden moral, la expresión de las emociones y sentimientos permite legitimar determinados discursos, por ello la evocación de estos puede tener también un uso instrumental (Daich, 2011: 44).

Por este motivo, resulta prolífico describir y analizar las narrativas que se expresan en tales espacios como formas performáticas de las emociones que tienen ciertos efectos en las negociaciones que se tejen en tales espacios judiciales.

En esta etapa del proceso, se presenta la actuación, frecuentemente simultánea, del equipo técnico del tribunal. Las consejeras de familia pueden solicitar, antes de la ejecución de la segunda audiencia (o cuando ellas consideren necesario), la intervención del equipo técnico “para conocer”, desde otras perspectivas y “más profundamente”, los conflictos y las dinámicas familiares. 

Para esto recurren a la asistencia de las trabajadoras sociales, los psicólogos/as y las psiquiatras del tribunal, quienes realizan entrevistas tanto a los niños como a otras personas vinculadas con el conflicto familiar planteado. Es fundamental remarcar que, en este momento del trámite judicial, en las audiencias de conciliación, los niños no son entrevistados por las consejeras de familia, sino por el equipo técnico, que elabora informes “reservados” sobre sus dichos. Las trabajadoras sociales pueden realizar entrevistas en el tribunal o bien realizar visitas y entrevistas in situ en la casa de las “partes involucradas”. Sus informes describen los hogares y recogen las voces tanto de los niños como de otros parientes y vecinos conocidos de los recurrentes al tribunal. A su vez, los/as psicólogos/as también toman contacto con los adultos implicados en el conflicto y fundamentalmente con los niños, a quienes les realizan una serie de entrevistas para poder diagnosticar las dinámicas y los “problemas familiares”. De esta manera, al no tomar audiencias más que a los adultos directamente implicados en la causa, las consejeras de familia se sirven de los informes del equipo técnico[20] para conocer otras versiones acerca de los conflictos que se presentan en la etapa previa. En los siguientes apartados, vamos a desarrollar y analizar desde qué categorías y nociones son pensados los niños en el tribunal y cómo esas imágenes aparecen en uso en dos casos seleccionados.

Entre el bienestar infantil y los derechos de los/as niños/as

Para definir al derecho, partimos inicialmente de las tres dimensiones que lo describen como un “campo” (Smart, 2000). La primera de estas dimensiones se refiere a la reproducción y la construcción de la norma, es decir que corresponde al orden del producto de las instituciones autorizadas en crear la doctrina (Kant de Lima, 1983; Ruiz, 2000). En esta primera dimensión, la doctrina es el producto de construcciones sociales que se corresponden con determinados períodos sociohistóricos, y, aunque muchas veces el derecho no agota esas realidades a las que refiere, se basa en ellas para establecer los ordenamientos legales. La segunda dimensión se corresponde con la operacionalización de la doctrina, es decir, con las prácticas y los procedimientos del derecho, con su aplicación e interpretación por parte de los agentes del ámbito judicial. Esta segunda dimensión ayuda a la consolidación del derecho en un saber-poder, en el que el acceso a la interpretación y su decodificación solo puede ser realizado por quienes poseen un conocimiento específico. De allí que sea un discurso socialmente jerárquico (Ruiz, 2000). A su vez, en su operatoria el derecho funciona como un mecanismo que debe traducir lo cotidiano a relaciones y el lenguaje jurídicos (Daich, 2003). La última dimensión es la parte enmascarada del discurso del derecho, aquella que se revela en las creencias y los mitos que se perpetúan en el imaginario social. Es aquello que la sociedad cree que es el derecho. Esta tercera dimensión sintetiza la concepción del campo del derecho como un saber-poder, cuya autoridad se legitima al tiempo que este se ejerce sobre los sujetos y los conflictos definidos por él como tales.

De acuerdo con las tres dimensiones mencionadas más arriba, el derecho entonces tiene la capacidad de construir la realidad (función performativa), es un discurso que se caracteriza por una visión normativa de ella que regula relaciones sociales, identidades, prácticas y categorías de clasificación. Por lo tanto, es un discurso y, a la vez, un dispositivo que distribuye autoridad y poder (Fonseca y Cardarello, 2005; Vianna, 2002).

En el campo del derecho de familia, o, más precisamente, en los tribunales destinados a administrar diversos conflictos familiares, el impacto de la cdn ha contribuido a configurar un escenario donde el discurso por la garantía de derechos de los/as niños/as al momento de tomar decisiones que los afecten cobra centralidad.[21] La mención de los derechos contenidos en la cdn o la referencia a ellos se expresan notoriamente en los argumentos de las sentencias dictadas por los jueces por las cuales se deciden cambios en la vida cotidiana de los niños/as y sus familias (cambios en la tenencia, adopciones, suspensión de la patria potestad). A la vez, en la etapa previa, cuyas características principales, tal como mencionamos anteriormente, son la informalidad de los encuentros y la oralidad, también se observa la importancia adjudicada a los/as niños/as, en este caso desde otros discursos que solicitan garantizar su “bienestar”.

Justamente, en una de las primeras entrevistas con una de los tres jueces del tribunal de familia donde realicé trabajo de campo, la magistrada expresó la necesidad de “escuchar las voces de los niños” y, al mismo tiempo, de “informarles” en el marco de qué situación estaban citados en el tribunal.

En los casos comunes, pero no tan sencillos, se los cita. Se los cita y se los escucha amigablemente. Tampoco se los llama acá para preguntarles: “A ver, contáme, ¿qué…?”. No. Se los sienta y nos ponemos a conversar con ellos. Sobre el colegio, sobre su vida, sobre sus cosas, qué les gusta, qué les disgusta. Y les tenés que contar –porque eso es un deber– en el marco de qué los estás citando. Y les tenés que dar la información. Les tenés que decir: “Mirá, papi y mami se están divorciando y hay determinadas cuestiones en las que nosotros queremos escucharlos a ustedes porque no hay acuerdo”. Pero les tenés que explicar en el marco de qué [están en el tribunal] (entrevista con jueza y secretaria, tribunal, Lomas de Zamora, agosto de 2009).

Hay por parte de esta jueza una mención a la prudencia y a la atención con que se predisponen para escuchar y hacer partícipes a los niños en estos procesos. Ella refiere que

les tenés que generar un espacio amigable. El Comité de Derechos del Niño –que es el que interpreta la Convención sobre los Derechos del Niño en el seno de la onu– ha dicho eso. Que los niños son oídos en los procesos, pero esos procesos han sido diseñados por adultos. Los chicos no han participado en esa estructura. Entonces, cuando ellos vienen, hay que generar un espacio que sea amigable para ellos. Que sea acorde a la sensibilidad de un niño (entrevista con jueza y secretaria, tribunal, Lomas de Zamora, agosto de 2009).

De esta manera, solo el equipo técnico del tribunal, en particular los/as psicólogos/as, y los jueces (aunque a veces también sus secretarias cuando se superponen varias audiencias) son los encargados de tomar las entrevistas a los/as niños/as. Con la intención de hacer amigables esos espacios de interacción con los/as niños/as, en los despachos de los jueces se observan frascos con caramelos y dibujos infantiles en las paredes, detalles que intentan morigerar la decoración formal que poseen estas oficinas. Incluso una de las secretarias me mostró que tiene en los cajones de su escritorio juguetes y lápices de colores que entrega a los/as niños/as mientras esperan ser escuchados en alguna de las audiencias. De estas entrevistas, lo que queda registrado en los expedientes son los “informes” que elaboran generalmente los/as psicólogos/as, y, tal como menciona esta jueza, “se deja constancia de que han sido oídos, pero se reserva lo que han dicho para que lo vea el asesor [de menores]. Para que ellos [los niños] hablen con tranquilidad” (entrevista con jueza y secretaria, tribunal, Lomas de Zamora, agosto de 2009). Porque, según lo que acota una de las secretarias de esta jueza, que también estuvo presente en esta primera entrevista, “los padres en estos procesos usan estas cosas. Para que [los chicos] estén tranquilos de que [pueden hablar sobre lo que les pasa]” (entrevista con jueza y secretaria, tribunal, Lomas de Zamora, agosto de 2009). Este resguardo dado a los dichos de los/as niños/as y la intención de proteger su sensibilidad también define, como contrapartida, las posibles (malas) actitudes que tendrán los/as adultos/as responsables de su cuidado. No solo se construye a los/as chicos/as con ciertas competencias limitadas y con necesidades precisas para atravesar el conflicto, sino que se define a los progenitores como potenciales responsables de su malestar y sufrimiento.

La dinámica cotidiana de los tribunales de familia hace que las causas se muevan principalmente por la actitud y prerrogativa de las personas involucradas en los conflictos. En estos escenarios judiciales, el uso que se le otorga a la noción de “bienestar de los niños” opera fundamentalmente para justificar o imputar comportamientos y conductas propias como ajenas. Esos discursos se caracterizan por referir a una categoría idealizada (y al mismo tiempo normativizada) de infancia que tiene como características principales ser el preludio de la vida adulta y estar vinculadas a ciertas nociones de inocencia y vulnerabilidad, correlativa a ciertas necesidades (de cuidado, de protección, de afecto, de escucha, etc.) propias de estos sujetos. Esta categoría de infancia se presenta de manera ahistórica y contiene en sí misma un carácter universalizante, al pensarse como inmutable y homogénea para todos los/as niños/as en diversos contextos.

En el espacio de los tribunales de familia, especialmente en el momento de la etapa previa, la categoría de bienestar (relativo a la infancia) cobra un poder que influye y limita los reclamos y demandas de los progenitores, ubicándose muchas veces en tensión con los derechos proclamados por los adultos sobre sus hijos/as. Justamente, a partir de estas definiciones de “bienestar infantil”, se tejen discursos que, por un lado, tienden a justificar acciones y conductas de los adultos responsables de los/a niños/as, pero, por otro lado (o al mismo tiempo), los agentes judiciales exigen por el “bienestar de los chicosel gobierno de los enojos (pasiones) y la morigeración de los conflictos para instaurar una (simulada) armonía familiar dentro de los nuevos ordenamientos familiares.

A partir de los dos casos presentados, analizaremos cómo es apropiado y puesto en funcionamiento tanto por los agentes judiciales como por las “partes” involucradas en el conflicto la noción de “bienestar infantil”. Nos interesa poner el foco, tal como lo expresan Fonseca y Cardarello (2005), en las “estructuras ensambladas en el lenguaje que usamos para pensar el mundo-contenido moral de los términos empleados para clasificar los comportamientos y, por extensión, las personas que pasan por el sistema institucional”, y analizar cómo la cdn, en especial aquellos postulados relativos a la “participación del niño y su derecho a ser oído” y los referidos a las condiciones de su “bienestar”, son retomados por las personas para justificar sus prácticas y conductas.

Dinero y (des)amor

Esa mañana habíamos tomado mate con Alicia, una de las tres consejeras de familia del tribunal, y ya eran las 9.45hs. Así que bajó hacia la sala de espera de planta baja para llamar a la siguiente audiencia. Antes de ir a buscar a los participantes, me muestra el expediente que versaba sobre el pedido de un padre sobre la tenencia de su hija de 14 años de edad.

A los pocos minutos, ingresan a la oficina cuatro mujeres y dos hombres. La pareja en cuestión se sienta delante del escritorio de Alicia y sus respectivos abogados se ubican detrás. La señora demandada se llama Rita, de unos 50 años de edad aproximadamente. Estaba formalmente vestida y llevaba visiblemente una agenda con las insignias MK, las mismas que tenía un anillo en su mano derecha (y que luego, con el devenir del encuentro, explicaría que, a causa de la falta de dinero, se dedicaba a la venta de productos de Belleza de Mary Kay). José, que presentaba la demanda de tenencia, tendría también unos 50 años de edad, se había presentado con dos abogados también.

El comienzo de la audiencia se suscitó cuando la consejera de familia explicó la función y finalidad de la misma: “llegar a un acuerdo por el bienestar de la hija que tienen en común”. Luego, decide interpelar al señor, que había sido el que inició la demanda de tenencia, y con confianza le pregunta: “José, ¿desde cuándo vive con usted la menor?”. José responde: “Mi hija llegó a casa porque su madre la echó y le sacó las llaves, entonces, para no dejarla en la calle, desde mayo que vive conmigo”.

Rita interrumpe el relato y cuenta su versión del asunto: se peleó con su hija adolescente y, como ella estaba sin plata, le pidió que vaya por dos días a vivir con su padre. José se ríe irónicamente y alega: “Que venga Paola acá a ver qué dice”. Rita argumenta que sus problemas se deben a que José no le pasa la cuota de alimentos. Él se justifica con la consejera contando que dejó de pasarle dinero porque la plata que le había dado para pagar el colegio de la chica Rita la había usado para otra cosa y por esa razón tenían deudas con el colegio (nota de campo, audiencia de etapa previa, Lomas de Zamora, octubre de 2009).

Hacía diez años que Rita y José se habían separado, pero no habían concluido el trámite de divorcio, que se presentaba como contencioso, porque no pudieron acordar la “liquidación de la sociedad conyugal”. Para calmar un poco los ánimos, la consejera de familia asegura que en esta audiencia no se tratarán los asuntos referidos al dinero, sino los vinculados al cuidado de la adolescente, y les reclama: “Acá están por Paola para buscar su bienestar”. De alguna manera, y para ordenar un poco las intervenciones de esta expareja, la consejera de familia intentará separar en dos órdenes diferentes el afecto y cuidado de la hija adolescente, por un lado, y el dinero y la cuota de alimentos, por el otro. El dinero se consolida como un elemento disruptivo en el discurso que la familia pronuncia acerca de la familia (Bourdieu, 1998). No pareciera ser posible pensar en estos ámbitos la imbricación o interconexión entre las esferas económicas y afectivas. Para poder ordenar la audiencia, la consejera necesita dejar en claro que son dos demandas diferentes, que no pueden mezclarse y que es conveniente tramitarlas por separado. Sin embargo, el dinero se transformará en esta audiencia en el motor que guíe la acción de los adultos responsables de Paola: o bien porque se reclame su falta o porque se niegue su entrega. Tal como afirma Viviana Zelizer (2009), la vida íntima (atravesada por los afectos y las diferentes versiones del cuidado) no es una esfera separada de la esfera económica, ambos mundos se encontrarían interconectados. Justamente, desde el reclamo por la falta de la ayuda económica, Rita, la madre de Paola, armará su relato para justificar sus acciones como madre. Ella, a lo largo de la audiencia, va a diferenciarse de José, al presentarlo como alguien que “compra voluntades” y que, a través del uso del dinero, obtiene el cariño de la hija en común.

Como la discusión sobre el dinero continuaba, José vuelve a reiterar que Rita había echado a Paola de la casa sacándole las llaves y diciéndole “Que te mantenga tu padre” y, para fortalecer su relato, solicita “Traigan a la nena”. Rita, como contraargumentación, le recrimina: “Te paseabas por Italia con tu nueva novia y para eso usaste la plata que tenemos de los dos”.

La abogada del señor interviene y afirma que la chica había decidido quedarse con el padre frente al rechazo de la madre. La consejera del tribunal la contradice: “Los chicos no deciden, los adultos lo hacen, y se tiene que hacer desde la comunicación que efectivamente ustedes no tienen, los chicos no pueden hacer lo que quieran, tiene que haber límites por parte de los padres” (nota de campo, audiencia de etapa previa, Lomas de Zamora, octubre de 2009).

Tal como describimos arriba, en estos rituales de la confrontación, los espacios para intercambio verbal están habilitados por las preguntas de la consejera de familia, pero en determinado momento las interacciones entre las partes se desarrollan independientemente de las dudas o acotaciones de la agente judicial. En este caso, el supuesto objeto de disputa, la adolescente, es considerada por parte del padre y su abogada como una voz autónoma para decidir y explicitar sus deseos. Aunque, al momento de nombrarla, se la infantiliza al denominarla constantemente como “la nena”. Por otro lado, se busca por parte de los que inician la causa apoyar el pedido de cambio de tenencia, con la presencia de la adolescente en el tribunal. Con solo “escuchar la voz” de esta adolescente, los argumentos, en este caso, del padre se tornarían mucho más convincentes y sólidos. En cambio, para la consejera de familia, el límite de esa escucha surge cuando se define quiénes están habilitados para tomar las decisiones: “los adultos”. Además de definir cómo se deben tomar esas decisiones –a través de la “buena comunicación” entre los progenitores– y cuáles son los modos en que se debe criar a los hijos –“poniéndoles límites”. De esta manera, el “escuchar la voz de los niños” cobra diferente valor para los actores en esta arena de disputas. Así, como para la consejera la voz de los niños, niñas y adolescentes tiene un límite, cuando se debe tomar decisiones, estas deben ser asumidas entre adultos que se puedan comunicar entre sí. Para el padre, hacer partícipe a la adolescente del proceso, escuchando su versión de los hechos, tendrá mayor efecto y peso al apoyar su pedido, puesto que será él quien encarne como el representante de los deseos de su hija.

Más adelante en la audiencia, y en función de las acciones que Rita había realizado para compensar su error (echarla de la casa familiar), la consejera le pregunta:

“¿Qué hiciste para recuperar a Paola?”. Interrumpe José: “Fue a verla al colegio, pero se pusieron a discutir y Rita le quiso pegar”. Rita se enoja, sube la voz y desmiente enérgicamente el relato de José. Pero enfatiza el tema monetario: “La cuota alimentaria no me alcanza, él venía a hacerme firmar papeles y siempre me daba menos que lo que decía que me daba”. Además, reitera que Paola puede elegir con quién quedarse. La chica le había pedido que la dejara tranquila y que se sentía cómoda con el padre, que le compraba ropa, la llevaba al shopping y la dejaba hacer lo que quería. Frente a este relato, la consejera reacciona y le cuestiona a Rita el argumento de que Paola haya decidido quedarse con el padre solo por comodidad, la reprende: “No se pueden revertir 10 años de convivencia con la madre solo por la comodidad que le brinda estar en la casa del padre”.

Rita se excusa diciendo que había criado a 5 hijos y que todos eran normales, pero que José convencía a las personas con su dinero. Para apoyar esto último, Rita asegura: “Quiero que la nena esté bien, la crie y la cuidé siempre yo, la que la llevé al médico fui yo, la que me encargué del colegio también fui yo. Él solo estuvo para sacarla a pasear y llamarla por teléfono una vez por semana” (nota de campo, audiencia de etapa previa, Lomas de Zamora, octubre de 2009).

Nuevamente, el dinero (Simmel, 1976; Zelizer, 2009) aparece como un catalizador del conflicto entre los adultos.[22] Rita parece estar más ocupada por resolver el asunto monetario que por usar argumentos que la reposicionen como una madre preocupada en recobrar la atención de su hija, es decir, por posicionarse como una “buena madre”. Por eso la consejera le cuestiona que no haya realizado acciones para “recuperarla”. Puede ser reprochable para la consejera de familia que una mujer acepte que el cuidado cotidiano de su hija esté en manos de otra persona. Aunque contradictoria, Rita se apropia del argumento de “madre cuidadora” para legitimarse y solicitar la compensación en dinero que el padre (como supuesto “proveedor”) debería entregar por el tiempo destinado al cuidado de la joven. Esa división sexual del trabajo, muchas veces tácita, resulta tolerable cuando la pareja convive; pero, una vez que dejan de compartir el lugar de residencia y la relación de alianza se rompe, ese contrato implícito se cuestiona y muchas veces, como en este caso, se intenta modificar. Rita también apela al derecho de Paola a elegir con quién vivir, aunque en esta elección ella quede afuera.

Frente a esta dinámica de acusaciones la consejera incorpora la perspectiva “psi” y les pregunta si la adolescente había ido en algún momento al psicólogo. Rita responde que la llevó un tiempo, mientras que José la desmiente y asegura que recién ahora estaba haciendo terapia. La consejera les pregunta si en algún momento estos profesionales los habían citado. Pero ninguno de los dos tuvo una respuesta muy convincente, solo negaron que lo hayan hecho.

La consejera reacciona diciendo: “No les puedo creer a ninguno de los dos, lo que falta es comunicación entre ustedes. Si como pareja no funcionó, bueno, ya está, hace 10 años que se separaron y deben seguir unidos como pareja de padres, por el bienestar de Paola”. Decide entonces dar por concluida la audiencia proponiéndoles volver luego de haberse entrevistado todos con el psicólogo del tribunal (nota de campo, audiencia de etapa previa, Lomas de Zamora, octubre de 2009).

La consejera, en esta dinámica de imputaciones y reclamos cruzados, va develando las conductas de estos adultos en torno al cuidado de su hija. Como mencionamos más arriba con relación al ritual de la confrontación, el fin de la audiencia no es encontrar la verdad de los acontecimientos, sino hacer público el conflicto, manifestar las emociones que se despiertan por él y, si se puede, arribar a pequeños pactos y arreglos cotidianos que limiten las diferencias entre los progenitores. El “bienestar de los niños” como argumento esgrimido por la consejera de familia funciona como un mecanismo de persuasión y convencimiento para el cambio en los comportamientos de los adultos responsables de los/as niños/as. El “bienestar de los niños” se consolida como la palabra ordenadora que es utilizada por la consejera con el objetivo de limitar las intervenciones conflictivas, morigerando, de esa manera, las posiciones encontradas. Esta palabra constituida en un valor moral termina ocluyendo y opacando otro tipo de razones, otro tipo de legitimidades que surgen en la dinámica de la audiencia.

Como corolario, en la dinámica de la conciliación/confrontación, emergen, configuradas desde el relato de los progenitores, modos de asumir la responsabilidad y la distribución del cuidado de los/as hijos/as. En el caso de José, se presenta como portavoz de los deseos de Paola, asumiendo en la actualidad el rol de cuidador y protector de la integridad de su hija (que, según sus acusaciones, se encontraba en peligro bajo la convivencia con su madre). Mientras que Rita entiende se comportó como una “buena madre cuidadora” (se hizo cargo de “cinco hijos” y todos salieron “normales”), pero también asume que, sin el apoyo económico suficiente, esa función no podría recaer solo en ella, por lo que decide cederle su rol a José.

Tal como menciona Vianna (2010), en la circulación de autoridad y la responsabilidad sobre los/as niños/as que están en condiciones de adopción y cambio de guarda, se da como correlato también cierta circulación de determinados compromisos ligados al peso y el placer de cuidar. En este caso, donde no se presenta ninguna situación de adopción, pero hay un pedido de cambio de tenencia, el cuidado sobre la adolescente también se plantea anclado en pérdidas y beneficios. En este punto el cuidado de los/as hijos/as se puede pensar en términos de “bienes de cuidado” (Vianna, 2010) al no cuantificarse, ni poder medirse, porque constituye un bien inmaterial, pero que se puede reconocer o desconocer en la conducta de los adultos en conflicto. En estos espacios judiciales, el cuidado aparece como un bien, como un valor que se negocia y se intercambia no sin generar efectos concretos en la cotidianeidad de las personas.

La audiencia de conciliación, como un ritual de la confrontación, se presta como un espacio que permite la descarga emocional, la catarsis, donde la consejera funciona a veces como un catalizador, que escucha, pero que también habilita, por medio de preguntas, reproches e imputaciones la explosión controlada de las emociones y los sentimientos contenidos en estos dramas sociales. El objetivo de la audiencia, expresado por la consejera, es poder conciliar sobre los conflictos, que las personas puedan participar de la toma de decisiones y que, de alguna manera, se apropien en esa supuesta participación de las posibles soluciones. Para arribar a tal caro objetivo, se exige que los progenitores autogobiernen sus pasiones, autorregulen el enojo y se comuniquen entre sí. Hay entonces una intención pedagógica de enseñar las “buenas maneras (Beraldo de Oliveira, 2012) de ser una “pareja de padres”. Y todo ello en función del bienestar de la adolescente.

Juventud, divino tesoro

Gracias a nuestro trabajo de campo en el tribunal, pudimos participar de otra audiencia de etapa previa, en la que también se tramitaba el pedido de un padre por la tenencia de un niño de 1 año y 8 meses de edad (Martín). Los jóvenes progenitores llegaron por separado al tribunal. El padre de Martín, llamado Darío, se presentó con su abogada privada, mientras que su madre, Juana, asistió sola ya que su letrada no había podido congeniar su agenda para estar presente en la primera audiencia.

La consejera comenzó la audiencia aclarando que ese espacio funcionaba para que los padres, quienes mejor conocían y procuraban lo mejor para sus hijos, pudieran establecer acuerdos para garantizarles su “bienestar”. Luego, preguntó si el niño vivía con su madre. La abogada de Darío se apura a contestar y enuncia: “El nene vive un día con el padre y el otro con la madre”. Darío continua con la exposición: “Juana no le presta atención al nene, no se preocupa lo suficiente y siempre sale con sus amigas”. La madre se defiende argumentando que sale cuando el niño queda bajo el cuidado paterno. Ella considera que deben sostener un régimen de visitas con días y horarios fijos. La consejera interviene planteando la necesidad de otorgarle una estabilidad al nene y respetarle los horarios de sus rutinas diarias. Juana acusa a Darío de no otorgarle horarios normales de sueños y descanso. Darío no acuerda con lo que dice Juana y vuelven a discutir sobre los horarios en que el niño se duerme (nota de campo, audiencia de etapa previa, Lomas de Zamora, septiembre de 2009).

En este caso, como también es el padre quien promueve la causa y solicita el cambio de tenencia, las imputaciones acerca de cómo cada progenitor cuida al pequeño junto con acusaciones que cuestionan las “salidas” por parte de la madre serán los argumentos traídos al tribunal por el padre de Martín y su abogada.[23] A lo largo de la audiencia, Juana adoptará por momentos una postura defensiva frente a tales acusaciones, en otros se victimizará, y, por último, acusará con argumentos ligados a la figura legal de “impedimento de contacto” la ofensiva planteada por Darío. Por su parte, la consejera de familia apelará nuevamente al “bienestar de los chicos” para poder limitar los planteos acusatorios de ambos padres. En este caso, la estrategia de la consejera de familia será cambiar el pedido de tenencia por parte de Darío a un régimen de visitas, que tendrá que ser administrado bajo ciertos criterios de estabilidad y orden, y, de esta manera, establecer una rutina de cuidado para el niño. El discurso de la consejera de familia encontrará eco y será compartido por la abogada de Darío, que, a lo largo de la audiencia, participará dando su opinión y asumiendo un rol casi maternal con respecto a los jóvenes progenitores. La alianza, casual, entre la abogada de Darío y la consejera de familia podría basarse en la diferencia etaria con respecto a los jóvenes padres. Ambas mujeres asumirán un lugar maternal, trayendo a sus argumentaciones compartidas ejemplos ligados a sus roles como madres o mujeres divorciadas.

Como la audiencia continuaba frente a acusaciones cruzadas, la consejera manifiesta: “Vista la incompatibilidad que hay para el diálogo, lo mejor va a ser que se fije entrevista con el psicólogo”. Casi como una amenaza frente a las “inconducentes maneras de comportarse”, la figura del psicólogo funcionará como la voz de autoridad para hablar sobre el conflicto familiar y para diagnosticar a esta familia y sus miembros.[24]

La psicología se consolidó como un saber experto que interpretará y clasificará no solo los conflictos familiares manifiestos, sino fundamentalmente las particulares necesidades de las infancias en estas dinámicas. Los informes que elaboran estos profesionales operarán como una suerte de ventrílocuos de la voz de los/as niños/as. Al mismo tiempo, se posicionarán como los/as expertos/as que mejor interpreten sus necesidades, angustias y deseos.[25] El saber psi será uno de los discursos que, junto con la pediatría, van a delimitar y definir qué comprende el “bienestar infantil” y quiénes son los adultos adecuados y aptos que deben garantizarlo.

En este tribunal las intervenciones del equipo técnico, especialmente los/as psicólogos/as, serán tomadas en cuenta en la etapa previa, prefigurando cómo será el devenir del caso según el diagnóstico que se haga de las personas y su dinámica como expareja (Russo, 2010a y 2010b). El discurso psi se conjugará muy bien con el discurso del derecho, encontrando un auditorio que necesita de la clasificación de diferente tipo de personalidades o subjetividades para entender los comportamientos y las conductas de los recurrentes al sistema judicial. Desde esta perspectiva, y tal como afirma Valeria Llobet, se puede pensar “que el sentido común psi no es una herramienta técnica que formaliza una intervención programática, sino más bien una dimensión crucial de una estrategia hegemónica, que provee de un tipo de discurso de interpretación de los sujetos” (Llobet, 2009: 17).

Del mismo modo, el discurso psi es tomado por los agentes judiciales para entender las conductas y relaciones de los adultos entre sí y para con sus hijos/as. Además, muchas veces será la psicología, fundamentalmente en su versión de tratamiento terapéutico, la respuesta frente a ciertos conflictos familiares leídos desde esa matriz interpretativa.

La audiencia continúa y Darío plantea que se puede hacer cargo del nene durante todo el día porque tiene disponibilidad de horarios por su trabajo, pero reconoce que también necesita ver a la mamá, por lo que podría organizar un régimen de visitas amplio para ella. La consejera le explica que la ley ampara a la madre para detentar la tenencia de los menores de 5 años, a menos que se demuestre incompetencia para el cuidado de los chicos.[26] Luego le pregunta a Juana: “¿Vos estás de acuerdo que el nene se quede con él?”. Ella se pone a llorar y manifiesta: “No, no estoy de acuerdo, porque al nene lo cuida su madre y no él”. La abogada de Darío interrumpe y esgrime que el pedido radica en la tenencia del nene y que para solicitarla tienen pruebas. Juana, llorando y subiendo el tono de voz, les pregunta: “¿Qué pruebas tienen?”. Darío le explica a la consejera que Juana no está nunca en su casa y que se lleva al niño con ella cuando sale, lo que le genera inestabilidad en sus horarios (nota de campo, audiencia de etapa previa, Lomas de Zamora, septiembre de 2009).

El cuidado paterno se presenta como una alternativa frente a lo que todavía puede cuestionarse: Juana, por ser una madre joven (tiene 21 años), no pareciera ser, desde el relato de Darío, una madre “realmente comprometida y dedicada” exclusivamente al cuidado del pequeño. En efecto, tal como plantea Isabella Cosse (2010), las transformaciones que comienzan a vivenciarse en los años 60 en torno de las relaciones al interior de la familia implicaron cambios en las prácticas, los discursos, los valores y las sensibilidades que habilitaron innovaciones en las relaciones entre varones y mujeres, como también en las relaciones implicadas entre padres e hijos/as. Emergieron, entre otras transformaciones, las relativas a las formas de crianza, que dieron lugar a un nuevo modelo de paternidad “que requirió de los varones una mayor participación en el cuidado de los hijos y una relación afectiva más próxima, coloquial y fluida con ellos” (Cosse, 2010: 19). De alguna manera, el establecimiento paulatino del modelo que emergió en esa década posibilita que hoy un varón se presente frente a la Justicia de familia para solicitar la tenencia de su hijo. Sin embargo, para poder justificar su idoneidad como “buen padre”, Darío necesita oponerse y censurar las capacidades maternas de Juana apelando al tradicional e ideal modelo de madre altruista y plenamente dedicada a los hijos (Cosse, 2010; Nari, 1994, 1995, 2004).

Para contrarrestar su presentación como una madre descuidada y dedicada a “las salidas con sus amigas”, Juana cuenta que Darío se quedó una semana con Martín sin que ella pudiera comunicarse ni verlo y, como consecuencia, realizó una denuncia por impedimento de contacto. También explicita llorando: “Me amenazaste con que no lo iba a poder ver nunca más”. De esta manera, en la dinámica de las acusaciones, en esta suerte de ritual de la confrontación, la balanza se equilibra al colocar cierta duda sobre las bondades de Darío. Luego, la consejera interviene diciendo:

“Por el nene se tienen que llevar bien, tienen que tomar conciencia que ya no están solos en el mundo. Y, si no funcionó como hombre y mujer, tienen que funcionar como pareja de padres para poder cuidar a Martín lo mejor posible. Tiene que haber límites por el nene, no puede no haber horarios”. La abogada de Darío agrega: “Tienen que controlar la cantidad de salidas…” La consejera sostiene: “Muchas veces las separaciones afectan de diferente manera a los miembros de las parejas, cada uno hace el duelo de la forma que puede. Lo que tienen que tratar es pensar en el nene y ayudar al otro para que esté lo mejor posible para cuidar al hijo de ambos (nota de campo, audiencia de etapa previa, Lomas de Zamora, septiembre de 2009).

La consejera se posiciona en el lugar de la escucha comprensiva y les plantea que deben hacer un esfuerzo para llevarse bien: que implica domesticar sus pasiones y “arrebatos juveniles” y, por el “bienestar de su hijo”, ayudarse entre sí. Nuevamente, el esfuerzo de estos adultos implica una transformación: no solo sosegarse y aplacar sus impulsos, sino asumir que no son más una pareja (como hombre y mujer) para pasar a ser una pareja de padres. Ahora bien, cuando este discurso comprensivo y abierto a la escucha no funciona, la consejera de familia apela a la amenaza directa diciendo:

“Si ustedes no llegan a un acuerdo, lo puede hacer directamente el juez, sin demasiada contemplación a las necesidades de los padres, pueden litigar directamente sobre la tenencia, pero seguramente el proceso se va a hacer más extenso. En cambio, si llegamos a un acuerdo, se pueden tener en cuenta las situaciones excepcionales” (nota de campo, audiencia de etapa previa, Lomas de Zamora, septiembre de 2009).

La mención a la posible intervención del juez produce un efecto componedor, y al mismo tiempo opera como una acción disciplinante en Darío y Juana, que finalmente acuerdan con la propuesta de la consejera de familia. Esta les plantea la necesidad de organizar un régimen de visita y una tenencia provisoria en manos de la madre. Ambos van a coincidir y expresar que “Martín necesita vernos todos los días a los dos”.

La abogada suscribe a la propuesta y plantea: “Pueden probar un mes y ver si funciona, después volvemos a juntarnos para ajustar aquellas cosas que no funcionaron”. Igualmente, la consejera les reitera: “Quiero que vayan a entrevistarse con el psicólogo y con el informe en mano los vuelvo a citar”. Luego de estar varios minutos debatiendo acerca de cómo organizar el régimen de visita, la consejera interviene: “Ustedes no pueden compartir nada, el nene tiene que tener estabilidad con los horarios y no puede ir y venir en cualquier horario de una casa para la otra”. Propone, entonces, las visitas del padre para los lunes, miércoles y viernes de 14 a 20 horas y agrega que “se quede a pernoctar un fin de semana alternado para que puedan salir”. Con esta propuesta quedan todos bastante satisfechos y la consejera les advierte: “Tienen que cumplirlo a rajatabla por Martín, porque entre ustedes no pueden conversar sin pelear”. La abogada agrega: “Si no llegan a cumplir con el acuerdo, se van a tener que atener a una denuncia por incumplimiento”. Y los amenaza: “Si no se empiezan a llevar mejor por Martín, yo misma voy a actuar como parte para solicitar la privación de la patria potestad para ambos” (nota de campo, audiencia de etapa previa, Lomas de Zamora, septiembre de 2009).

Tal como mencionamos al inicio del caso, la abogada de parte se fue posicionando como un actor más, afectada por el conflicto. Ya no solo la consejera ordenará y establecerá pautas de comportamiento, sino que la abogada en este caso funcionará como su aliada al constreñir y amenazar a ambos progenitores si no logran cumplir con el arreglo familiar propuesto. Esta alianza pareciera surgir por la edad similar de ambas y la distancia generacional para con Juana y Darío. La abogada va a coincidir con esta idea del “bienestar de los niños” en función de una buena relación entre los adultos responsables de su cuidado, y de que, para poder lograr su consecución, debe garantizarse cierto orden y rutinas. Finalmente, no se plantea que Juana, por su juventud, no tiene que salir; sino que pareciera haber comprensión de sus necesidades y ello puede estar vinculado con la distancia generacional que hay entre ellas y la joven madre.

El espacio del tribunal, específicamente de las audiencias de etapa previa, el montaje de este ritual funciona como un espacio de ensayo y error donde las personas implicadas en los conflictos “prueban” posibles soluciones. Característica que es también reconocida por los propios agentes judiciales, quienes, en reiteradas ocasiones, me mencionaron que “el tribunal acompaña los devenires de las familias, y aquellas familias que recurren al tribunal suelen volver para arreglar o actualizar los acuerdos” (entrevista con una de las secretarias, Tribunal de Lomas de Zamora, septiembre de 2009).

Palabras de cierre

Las nociones de “madre”, “padre”, “familia” y fundamentalmente de “hijos/as” deben entenderse desde en un enfoque relacional y contextual. Pensar los roles parentales sin poder dar cuenta de su interrelación con nociones acerca de los/as hijos/as, o concebir los roles maternos sin asumir que están en constante relación con los otros sentidos dados a la paternidad es no poder mirar de manera compleja las dinámicas que se presentan en la cotidianeidad de estos espacios institucionales. Para comprender cómo operan los distintos discursos que configuran un ideal modelo sobre la familia, al mismo tiempo que se despliegan sentidos sobre cómo ser una “buena madre o padre”, es indispensable considerar también cómo se estructuran en la actualidad los discursos acerca de los/as hijos/as, fundamentalmente aquellos referidos a la infancia y sus derechos.

En la cotidianeidad de las audiencias de conciliación de un tribunal de familia, el “bienestar de los hijos” constituye el tópico central en torno al cual giran las distintas demandas, intervenciones y soluciones propuestas. Una idea de “bienestar” que es recreada en un contexto donde la primacía dada a los/as niños/as y a sus derechos cobra mayor fuerza y legitimidad al formar parte del nuevo marco normativo nacional inspirado en la cdn y en sus postulados.

Los dos casos seleccionados tienen la particularidad de que refieren a la solicitud de tenencia realizada por los padres pertenecientes a los sectores medios y altos de la sociedad. Padres, acompañados con sus respectivos abogados particulares, que, para poder presentar sus demandas como legítimas, deben imputar las capacidades maternales de sus hoy devenidas exparejas. Sin embargo, todos los actores involucrados en estas dinámicas reconstruidas etnográficamente se apropiaron y usaron de manera diferencial la noción de “bienestar infantil”. En el caso de Rita y José, ambos plantearon la necesidad de “escuchar” a Paola para que ella decidiera con quién iba a seguir viviendo. Para José, su legitimidad como padre se construyó en la medida en que presentaba como violenta y conflictiva la relación que tenía Rita con Paola. Mientras que Rita se justificaba frente a las acusaciones culpando a José de incumplir con el pago de la cuota de alimentos. En el caso de Darío y Juana, la idea de “bienestar” está mucho más presente en los discursos enunciados por la consejera de familia y la abogada de parte que en aquellos expresados por los progenitores. La noción de “bienestar” se entremezcla con criterios de “orden” y “estabilidad” en el cuidado de los hijos. En este caso, Juana no quiere perder su condición de madre cuidadora, pero, según el reclamo de Darío, para esto deberá someterse a lo que el ideal maternal impone: desinterés para consigo y dedicación exclusiva al cuidado del pequeño Martín. Darío imputa las salidas de Juana a través del derecho que le da su condición de padre argumentando que para su hijo quiere “estabilidad, homologando sus razones a aquellas esgrimidas tanto por la consejera de familia, como por su abogada particular.

Por otro lado, lo que resulta sugerente es que, a pesar del pedido que hacen estos padres para tramitar la tenencia de sus hijos/as, en ninguno de los casos tal solicitud es aceptada sin miramientos. Pese a que se quiera, en el devenir del ritual de la confrontación, delinear una imagen de madres díscolas (una joven que quiere salir con sus amigas y la otra que tiene un gran interés en el dinero), lo que se inicia como un trámite para obtener la tenencia de sus hijos/as se transforma, a lo largo de la audiencia, en regímenes de visitas amplios, o se supedita a la evaluación psicológica del grupo familiar, al darle intervención al equipo técnico del tribunal. El discurso psi no solo surge de la intervención de los/as psicólogos/as, sino que también aparece entremezclado en los intercambios y las interpretaciones que realiza la consejera de familia de la situación familiar (“duelo”, “pareja de padres”). Su participación tiende, en diversos momentos de las audiencias, a consolar, aconsejar y sugerir a través de las buenas formas modificaciones en las conductas de estos progenitores. Al mismo tiempo, su intervención adquiere rasgos de reprobación y amenazas (frente a la figura del juez o del psicólogo) cuando con la solicitud de mantener las buenas formas no obtiene los resultados esperados. En definitiva, lo que se intenta es morigerar los conflictos y moldear las subjetividades.

Las transformaciones de conductas y comportamientos maternos y paternos “sugeridas” recaen y se justifican, entonces, haciendo énfasis en el “bienestar de los niños” y en sus derechos. De tal manera, si, para los padres y las madres que disputan la tenencia de sus hijos/as, el recurso del “bienestar” de los/as niños/as es utilizado para dar cuenta de la calidad del cuidado brindado o esperado, para los agentes del tribunal, ese mismo tópico es utilizado como un recurso para intentar limitar los conflictos familiares y legitimar las decisiones relativas al cuidado de los/as niños/as.

En las audiencias de etapas previas, montadas en un tipo de ritual, el de la confrontación, no solo se expresan sentidos relativos al bienestar y cuidado de los niños, sino que se ponen en evidencia otros sentidos que se utilizan para disputar razones: la buena o mala maternidad y paternidad. Aunque los/as niños/as, sus derechos y sus necesidades y deseos ocupen el lugar protagónico para justificar acciones. De tal manera, aun cuando sean hablados por otros, el valor dado a la infancia resulta central para dirimir conflictos, fundamentar decisiones y decidir controversias.

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Villalta, C. et al. (2011). Estado de Situación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Mendoza y San Juan, informe final, Universidad de Buenos Aires, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Villalta, C. et al. (2015). El derecho del niño a ser oído y la implementación del abogado del niño en la justicia de familia, informe final, Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Wiggers, R. (1999). “Brigas de familia: um estudo de caso conflito doméstico e sua resolução em uma família de classe popular em Florianópolis (SC- Brasil)”, iii Reunión de Antropología del Mercosur, Posadas, Argentina.

Zelizer, v. (2009). La negociación de la intimidad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.


  1. Una versión preliminar se presentó en las iii Jornadas “Estudios sobre infancia. Vida cotidiana, saberes y políticas públicas en Argentina y Latinoamérica (1880-2010)”, UdeSA, UNSAM, UNICEN, UNGS y UBA, 1 y 2 de noviembre de 2012, Los Polvorines, Buenos Aires. Gracias a los comentarios y las sugerencias del equipo UBACyT “Las dimensiones tutelares del Estado. Etnografía de las tensiones locales entre lo público y lo privado en la gestión de la infancia y las familias”, dirigido por Carla Villalta y codirigido por Josefina Martínez, hice modificaciones y ajustes. No obstante, cabe aclarar que mi trabajo de campo se realizó durante el 2009 hasta el 2014, por lo que muchos procedimientos y la terminología que se modificaron por el nuevo Código Civil y Comercial no están contemplados en este artículo.
  2. A lo largo de todo el texto, utilizo las comillas para las categorías y conversaciones nativas, para las citas textuales de autores y para aquellos conceptos que quiero destacar, y el formato de cursiva para nociones o conceptos que vengo a formular y proponer.
  3. Sin ir más lejos, no puedo omitir mencionar la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario aprobada en el 2010, la Ley de Identidad de Género sancionada en el 2012 y la modificación del Código Civil y Comercial, que han actualizado concepciones en torno al matrimonio, el concubinato y las relaciones filiales, entre otras cuestiones.
  4. Para definir estos “ámbitos tribunalicios”, retomo la categoría “mundo judicial” de María Josefina Martínez, dado que “remite a un territorio, aunque de fronteras imprecisas, un espacio temporal y por eso mismo histórico, y un cosmos dotado de una racionalidad, una lógica, una cosmovisión particular” (Martínez, 2004a: 1).
  5. Por el reciente cambio en el Código Civil y Comercial, estas figuras que antes formaban parte de la “patria potestad” quedaron bajo la denominación de “responsabilidad parental”, más acorde con un enfoque de derecho ligado a la infancia y un enfoque vinculado a la democratización de la familia donde se deja de considerar la estructura familiar como jerárquica y verticalista (Villalta, 2015). Bajo estas modificaciones, lo que antes se conocía como “régimen de tenencia” y “régimen de visitas” cambió por “cuidado personal” y “de comunicación”.
  6. Se utiliza el plural masculino porque es así como se manifiesta en la voz de los actores judiciales y no judiciales del ámbito. No se distingue más que por algún nombre propio donde se cambia el género y se particulariza la expresión. A saber, “busquen el bienestar de Alma, ella los necesita” (nota de campo, audiencia con consejera de familia, Lomas de Zamora).
  7. El “bienestar de los niños”, como una categoría social e histórica, que, disputada por diversos actores, se fue construyendo de múltiples maneras. Médicos, psicólogos, abogados y psicopedagogos adquirieron un rol preponderante para dotar de sentido a esta categoría. No sin conflicto es una categoría amplia y polisémica. A fines del siglo xix, la figura materna se consolidó como la única intérprete del bienestar infantil, pero con el desarrollo y la difusión de la psicología, psicopedagogía, la medicina y el derecho, el cuidado sobre la infancia se profesionalizó y se revalorizó, de manera que desplazó a las madres de ese rol central. En ese corrimiento, se las posicionó solo como las primerísimas responsables de su consecución.
  8. Para entender en qué contexto y cómo se implementa el derecho a ser oído, véase Villalta et al. (2015).
  9. Corriéndonos de la falaz y positivista creencia de que una capta la realidad de manera absoluta y naturalista, nos resulta iluminadora la propuesta realizada por María Gabriela Lugones (2012) en su tesis de doctorado, donde reflexiona acerca de la inscripción de fragmentos de campo como una forma específica de construcción del objeto de investigación etnográfica.
  10. Cabe señalar que este artículo es fruto del trabajo de campo realizado entre los años 2009 y 2014 en el marco de mi beca de doctorado del Conicet. Al inicio de él, los tribunales de familia estaban organizados bajo la conducción de tres jueces colegiados, pero se estaba preparando el contexto para la disolución de los tribunales y la conversión en juzgados unipersonales (Ley n.°13.634). Este cambio se hizo efectivo en el mes de junio de 2013, por lo que mi mayor corpus de campo se realizó en el momento de la transición entre una organización y la otra. En este artículo las referencias están, entonces, basadas en el primer periodo de trabajo de campo.
  11. Referida a lo que Raquel Wiggers (1999) retoma de Meyer Fortes como “grupo doméstico”: que incluye tres generaciones sucesivas como miembros ligados al núcleo del grupo por colateralidad o por otras formas. En este dominio, entran la constitución del grupo, parentesco, descendencia y otros lazos jurídicos y afectivos. De esta manera, el grupo doméstico es responsable por la inclusión de la familia elemental en las relaciones políticas de la sociedad como un todo, demostrando que el grupo doméstico es el locus de las relaciones de poder en la familia (Wiggers, 1999).
  12. Las causas que en el tribunal donde realicé trabajo de campo “pasan por etapa previa” son las relativas a las figuras de régimen de visitas, cuotas de alimentos, tenencia y divorcios de común acuerdo.
  13. Las consejeras de familia son abogadas de formación y deben acceder a su cargo mediante un concurso (de la misma manera que los cargos de los jueces). Según una de ellas, su cargo en términos jerárquicos y decrecientes se ubica, tanto en relación con sus decisiones como con las acciones que realizan, luego de la de los jueces. En el tribunal que estuve haciendo trabajo de campo, las consejeras son todas mujeres y los jueces que lo presiden son dos mujeres y un varón. Una importante proporción de empleados y funcionarios de este tribunal (secretarias, prosecretarias, auxiliares letrados, empleados de mesa de entradas, trabajadoras sociales) es femenina.
  14. Los tribunales de familia bonaerenses se crearon en 1993 bajo la Ley n.º 11.453 y están constituidos por tres jueces colegiados y concursados. Además, cuenta entre sus funcionarios con consejeros/as de familia, secretarios/as, prosecretarios/as, auxiliares letrados/as, meritorios y empleados que no necesariamente pertenezcan a la “familia judicial” (Sarrabayrouse, 2011). Como innovación este fuero cuenta con un equipo técnico propio (es decir permanente) compuesto por psicólogos/as, trabajadores/as sociales y psiquiatras. Las causas que se tramitan son las relativas a “cuestiones familiares y de capacidad de las personas”, que estaban contenidas en el art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
  15. Este autor construye un modelo interpretativo de cuatro fases para observar y analizar tales “dramas sociales”. La primera fase es descripta como un “quiebre” de las relaciones sociales regulares y gobernadas por normas. Este quiebre es una fractura pública y notoria, o una falta expresa de cumplimiento de alguna norma esencial que regula la interacción entre las partes. Siguiendo a la quiebra de las relaciones sociales, sobreviene una segunda fase de “crisis”, que es siempre uno de esos puntos decisivos o un momento de peligro y suspenso en el que se revela el verdadero estado de las cosas. La tercera fase la denomina “acción de desagravio”, que funciona para limitar la extensión de la crisis. Se activa mediante ciertos miembros conductores o representativos del sistema que ponen rápidamente en funcionamiento ciertos “mecanismos” de ajuste y reparación (estos mecanismos pueden ir desde la amonestación personal, la mediación informal o el arbitraje, hasta la maquinaria jurídica y legal formal, o la ejecución de rituales públicos). La fase final que ha distinguido Turner consiste en una “reintegración” del grupo social perturbado o del reconocimiento social y la legitimación de un cisma irreparable entre las partes en disputa (Turner, 1974).
  16. Tal como se menciona en la Ley de Creación de los Tribunales de Familia, la informalidad del encuentro refiere a la asistencia opcional de los letrados según lo requieran las personas. Además, pueden asistir con patrocinio gratuito o particular. Pueden ir a una audiencia con sus abogados y a las siguientes sin ellos, o viceversa. En varias ocasiones, dado el grado de saturación de trabajo que tienen los defensores de pobres y ausentes (abogados públicos y gratuitos), las personas ingresan a las audiencias sin conocerlos personalmente o incluso ingresan solos y luego, si llega el defensor, entra una vez comenzado el encuentro. Bajo el criterio de informalidad, muchas veces se solapan condiciones precarias de trabajo y asistencia a los que más lo necesitan.
  17. Es en esta parte del trámite judicial en que la “versión judicial” se construye con la voz de las propias personas interesadas y no aparece, necesariamente, mediatizada por los escritos y el formulismo de los letrados tal como se expresa en los expedientes.
  18. Para un análisis antropológico de las emociones y los sentimientos, véase Lutz (1982) y Lutz y White (1986).
  19. La creación de narrativas “trasciende la mera intención de describir un evento y […] se convierte en el proceso mediante el cual le damos al mundo sentido, y, simultáneamente, nos dotamos de sentido a nosotros mismos” (Caicedo, 2003: 173). En este punto, es sugestiva la propuesta de De Certeau (citado en Pita, 2010: 31), cuando expresa que “la narrativización de las prácticas en una ‘manera de hacer’, con procedimientos y tácticas propias, afirmación que implica que existe una imbricación entre las ‘artes del decir’ y las ‘artes de hacer’”. De ahí, la performatividad del lenguaje.
  20. La participación de los profesionales técnicos no se agota en la etapa previa, sino que también participan de la siguiente instancia judicial, denominada “de conocimiento” (o “juicio”). La etapa de conocimiento se caracteriza por la participación casi exclusiva de los letrados y por la consolidación escrita del expediente. La forma de tramitar los conflictos cambia, provocando que los diferentes actores adopten otras posiciones y funciones en la estructura y los procesos judiciales. En relación con las “partes”, ahora solo pueden expresarse a través de los escritos (“oficios”, “testimonios”) formulados por sus respectivos abogados, y la causa se mueve a partir de las exigencias y estrategias de los involucrados (“traslado de demanda”, “pedido de pericias” e “informes”, etc.). A diferencia del fuero penal, donde el magistrado o el fiscal son quienes deben instar a la investigación sobre un hecho y quienes promueven la indagatoria y la instrucción, en el fuero civil con competencia en asuntos de familia, el juez acepta la presentación de determinadas pruebas para poder dictar sentencia. En esta etapa el juez solo “controla los puntos de prueba” (puede considerar o no como pertinente alguna pericia), no los solicita, puesto que son los abogados de las partes los que mueven las acciones jurídicas y los que consiguen y presentan las pruebas y pericias para demostrar alguna cuestión (a veces recurren al accionar de los profesionales del tribunal, otras veces con peritos de partes, o con informes externos de otras instituciones como colegios, hospitales, etc.). De esta manera, la intervención del equipo técnico adquiere en la etapa contenciosa otro valor, otro estatus: en un primer momento, el producto de estas intervenciones se consolida como “informes que describen situaciones familiares y presentan sugerencias”, mientras que en el juicio se transforman en “pruebas periciales” que pueden ser impugnadas por otrosperitos de parte”. Por otro lado, según lo manifestado por los agentes judiciales, los informes que se producen en la etapa previa pierden validez o injerencia una vez que se comienza con el juicio y, por este motivo, se debe solicitar la intervención de otros profesionales técnicos del tribunal. Por otro lado, según lo manifestado por algunos profesionales del tribunal, las pericias realizadas por el equipo técnico no son vinculantes con las decisiones que adoptan los jueces al momento de dictar sentencia, sino que más bien presentan diagnósticos y sugerencias.
  21. Para poder rastrear la primera dimensión, es decir, el proceso de implementación de la cdn en nuestro país, véase Barna (2012), Llobet (2007, 2009a), Villalta, Llobet et al. (2011), entre otros autores. Desde un enfoque normativo, véase García Méndez (1997, 2006) y García Méndez y Bellof (1998).
  22. El dinero, señala Georg Simmel, “no es más que un medio, un material o ejemplo para la representación de las relaciones que existen entre las manifestaciones más externas, reales y contingentes y las potencias más ideales de la existencia, las corrientes más profundas de la vida del individuo y de la historia” (Simmel, 1976: 11). El dinero se presenta como un elemento fundamental en las negociaciones del cuidado de los/as hijos/as cuando se deshacen los tácitos ordenamientos familiares al devenir los divorcios o desuniones. Por otro lado, el dinero es una herramienta que permite, por parte de la consejera de familia, poner “presión” para aquellos que solicitan ampliación de regímenes de visitas o incluso cambio en la tenencia de los/as hijos/as. En esta audiencia, para poder ordenarla, la consejera decide separar los dos ámbitos de gestión: cuidado y afecto hacia la hija adolescente; y, en otra audiencia, cuota de alimentos y dinero.
  23. De los cuarenta casos que relevé (entre las figuras seleccionadas de régimen de visitas, cuota de alimentos, tenencia y divorcios), solo uno era una tenencia solicitada por la madre, mientras que solo había tres casos de pedido de tenencia por parte de los padres. También, pude relevar que, en dos casos donde el solicitante era el padre, el pedido de tenencia se transformó en una ampliación del régimen de visita.
  24. Valeria Llobet aclara que “en términos históricos, por su parte, la psicología no constituyó el saber preponderante para desplegar los fundacionales dispositivos de intervención sobre la ‘minoridad en riesgo’, a diferencia de su papel en la administración de otras poblaciones marginales. Jenks (2005) ha señalado cómo el saber pediátrico sobre el crecimiento y desarrollo constituyó una de las principales metáforas sociales para comprender la naturaleza infantil y sus necesidades. No obstante, la relevancia psi a partir de mediados del siglo xx es indiscutible. Tanto reorganizando las formas de crianza como las imágenes de familia, maternidad e infancia (Cosse, 2006; Nari, 2004), los saberes psi se tornaron la clave de lectura de “lo infantil” para el diseño de políticas públicas (leyes, instituciones y dispositivos) y paulatinamente, saber de sentido común que permeó lo cotidiano… En el caso argentino, estos saberes imbricaron combinadamente planteamientos de psicología genética con psicoanálisis –infantil primero y lacaniano después, junto con posicionamientos derivados de la antipsiquiatría y de la psicología social crítica–. Junto con el saber pediátrico, conforman el modelo de ‘abordaje integral’ de la salud” (Llobet, 2014).
  25. Los/as chicos/as, tal como mencioné más arriba, solo se entrevistan con los/as profesionales psicólogos/as, quienes elaboran informes reservados o con los jueces, pero en otras instancias del proceso judicial.
  26. El anterior Código Civil en su artículo 206 designa la tenencia especialmente a la madre cuando los/as hijos/as son menores de 5 años, “salvo causas que afecten el interés del menor” y que puedan demostrar la “incompetencia” materna. El mismo artículo del Código Civil señala que “los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo”, siendo mayoritariamente designada la madre como el progenitor más apto para obtener la tenencia. Las causas mencionadas en el anterior Código Civil para negarles la patria potestad a los progenitores son las siguientes: “1° Por ser condenados como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor, instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo. 2° Por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por otro progenitor o un tercero. 3° Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia” (art. 307).


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