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Estudios sobre burocracias, derechos, parentesco e infancia

Carla Villalta y María Josefina Martínez

Hace unos años, un juez de la Justicia de Familia de la provincia de Buenos Aires nos contaba que él elegía explicar su función a las niñas y los niños pequeños que recibía a diario en su despacho diciéndoles que era “una especie de papá para adultos”, ya que ello le permitía dar cuenta de las particularidades de su tarea. Más allá de que este fuera una suerte de artilugio pedagógico destinado a niños y niñas de corta edad, la expresión nos resulta significativa en cuanto permite adentrarnos en las peculiaridades de un singular ámbito institucional, aquel compuesto por una variedad de burocracias, organismos y agentes destinados principal y excluyentemente a tratar con niños, niñas, adolescentes y familias.

En este campo institucional, cotidianamente se desarrollan diferentes medidas tendientes a proteger los “derechos vulnerados” de los niños y las niñas, a decidir dónde y con quiénes vivirán, a resolver disputas sobre su filiación, a dictaminar si están siendo bien cuidados por sus responsables, a decidir si se los institucionaliza o se los encamina hacia la adopción, o bien, entre otras cosas, a sancionar e imponer tratamientos y castigos a aquellos adolescentes que fueron acusados de cometer un delito.

Se trata de un dominio de prácticas que, al tener como blanco de acción privilegiado a los niños y las niñas, se nutre –en innumerables ocasiones– de sentidos y metáforas extraídos del ámbito de lo doméstico y de lo íntimo. Ese lugar por el que, según la concepción ideal y modelizada de niñez propia de nuestras sociedades, deberían transitar su infancia los niños y las niñas y adolescentes para ser protegidos, formados, cuidados y vigilados. Por eso, entre otras cosas, en este ámbito el lenguaje del parentesco ha tenido y tiene un lugar central y el discurso sobre la familia ha provisto de modelos ideales para la perpetuación y legitimación de estas variadas burocracias (Bourdieu, 1998).

En este ámbito el lenguaje del parentesco cobra primacía. Pero también lo hace, y con mayor fuerza desde las dos últimas décadas, el lenguaje de derechos. Una retórica que, en nuestro país, ha sido usada por distintos tipos de activistas y se ha transformado en un lenguaje legítimo para cuestionar prácticas acostumbradas en relación con la infancia pobre, o bien para demandar al Estado el acceso a determinados bienes sociales.

Parentesco y derechos se imbrican así, tensa y cotidianamente, en las burocracias destinadas a la administración de la infancia y sus familias. Ello da lugar a un dinamismo marcado no solo por instrumentos legales, pasos procesales y protocolos de intervención, sino también por una serie de categorías, valoraciones e interpretaciones que emergen en esta trama social. Por eso, esta dinámica institucional atravesada por una singular emocionalidad y por diferentes reglas relativas a la expresión obligatoria de los sentimientos (Mauss, 1979) está también marcada por valores morales que signan las interacciones que allí se producen, por diversos y conflictivos sentidos sobre lo público y lo privado, por perdurables nociones respecto de las conductas esperables y esperadas atribuidas a la infancia y la adolescencia –como si fueran entidades discretas y homogéneas–, y por evaluaciones y prescripciones sobre la crianza adecuada, así como sobre la buena paternidad y maternidad, entre otras cuestiones.

Realizar etnografías, en algunos casos desde hace muchos años, en este ámbito nos ha permitido acercarnos a distintas dinámicas institucionales y así conocer las trayectorias personales y profesionales de sus agentes, sus prácticas más microfísicas y cotidianas, sus dilemas y lo que consideran sus “logros” y “fracasos”. Asimismo, nos permitió documentar los recorridos de muchos niños, niñas y familias que, convertidos en los destinatarios de las acciones desplegadas por aquellos agentes, son protagonistas de diversos –y en ocasiones recurrentes– tránsitos institucionales. Sin embargo, también a través de este trabajo etnográfico hemos podido escuchar y compartir múltiples relatos de búsquedas, de activismo, de denuncias y de luchas en pos de visibilizar o problematizar injusticias diversas y así conocer y comprender cómo dolorosas historias fueron convertidas en historias de lucha y de militancia. Y este trabajo, sostenido en el tiempo, nos ha permitido elucidar lo que en principio resultaba desconocido y también interrogar lo evidente (Fassin, 2018).

El libro que aquí presentamos es fruto de esa experiencia y reúne artículos producidos a partir de las diferentes indagaciones que tanto de manera individual como de forma colectiva hemos desarrollado en estos años de trabajo conjunto en el marco de diferentes proyectos de investigación. De hecho, nuestro equipo “Burocracias, derechos, parentesco e infancia” tiene su origen en una línea de indagación que comenzamos a desarrollar en el marco de los proyectos de investigación del Equipo de Antropología Política y Jurídica fundado en 1993 por Sofía Tiscornia en la Sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires. En ese contexto, nuestras primeras indagaciones estuvieron orientadas a analizar la posición social del juez de menores, la categoría de tutela estatal, la apropiación de niños y niñas durante la última dictadura, la inscripción burocrática de la filiación y los modos en que parentesco y derecho se constituyen mutuamente (Martínez, 2004, 2010; Villalta, 2004, 2006). Y esas indagaciones fueron las que nos permitieron construir algunas de las coordenadas conceptuales y de los intereses teóricos que durante los años siguientes desplegamos y problematizamos. Así, en el año 2010 presentamos un primer proyecto de investigación específico sobre la temática, titulado “Las dimensiones tutelares del Estado: etnografías de las técnicas de gestión de la infancia y sus familias”, que nos permitió ampliar nuestras investigaciones, sumar diferentes campos etnográficos y también comenzar a construir un equipo de trabajo y un espacio de formación. A ese proyecto siguieron otros que, gracias a la política de becas y de ampliación del sistema científico nacional que tuvo lugar en la Argentina durante la primera década de este siglo, implicaron la posibilidad de expandir y consolidar la línea de trabajo de la cual da cuenta este libro.

A partir de estos proyectos, fuimos construyendo una perspectiva analítica que tuvo dos características centrales. Por un lado, la de desplazarse del terreno de las leyes y reglamentaciones hacia las redes de relaciones sociales en las que las prácticas y los usos consuetudinarios de las diferentes instituciones están insertos (Sigaud, 1996). Así, lejos de recrear una mirada prescriptiva o contribuir a reificar una “visión normativa” o un “paradigma legalista” (Fonseca y Schuch, 2009) en relación con estos temas, nuestro interés fue complejizar el abordaje de estas particulares burocracias. Ello a partir de tener en cuenta que estas instituciones, si bien por momentos se presentan como una “miríada de burocracias mal integradas” (Sousa Santos, 1991), a la vez representan “linajes particulares” (Tiscornia, 2004) cuyas arraigadas prácticas y formas de conceptualizar los problemas en los que intervienen no se comprenden sin situarlas en su propia historicidad. Por otro lado, aunque en estrecha relación con lo anterior, nos interesó enfocar nuestra mirada sobre los conflictos, las pujas y la superposición de intervenciones que se suceden en este ámbito para, en lugar de visualizarlos solo como una anomalía por ser superada, comprenderlos y procurar captar aquello que iluminan. Fundamentalmente, porque esas pujas y conflictos son, a la manera de los “dramas sociales” estudiados por Victor Turner (1974), una instancia privilegiada para acceder a constricciones profundamente arraigadas en los actores, pero también porque entendemos que son parte constitutiva de las prácticas desarrolladas en este campo institucional y no tan solo un telón de fondo o un obstáculo que remover. Esta dimensión de análisis nos ha permitido situar estas burocracias no solo en su historicidad, sino también en su politicidad.

En efecto, la historia de las burocracias para la administración de la infancia y las familias está poblada de especialistas y agentes, conceptos y categorías, demandas y críticas, y fundamentalmente de distintas disputas en torno a quiénes y de qué forma deberían asegurar el “bienestar del menor” o, en términos más actuales, el “interés superior del niño”. Ello ha dado lugar a diferentes repertorios institucionales y emocionales poblados de explicaciones, formas de decodificar los comportamientos de aquellos sobre los que se interviene, esquemas interpretativos y marcos de significación que los agentes institucionales utilizan situacionalmente, pero de los que también se sirven quienes son los destinatarios de esas intervenciones para demandar o bien para confrontar los sentidos de las acciones institucionales y oponerles otros.

Por eso, una de nuestras primeras decisiones teórico-metodológicas fue distanciarnos de los abordajes que parecen ver esas acciones solamente como intervenciones unilaterales de organismos monolíticos y homogéneos sobre sujetos pasivos que solo sufren lo que otros y otras deciden sobre ellos. En su lugar, hemos optado por focalizar nuestras observaciones y análisis en las “interacciones” que se suceden entre agentes institucionales diversos (estatales y no estatales) y los destinatarios de esas prácticas: niños, niñas, adolescentes y grupos familiares o domésticos, tal como desarrollan Florencia Graziano y Marlene Russo –entre otros– en los capítulos que forman parte de este libro. Esta vía de indagación fue posible mediante un abordaje etnográfico orientado a conocer en profundidad cómo los diferentes agentes sociales interactúan y construyen sentidos sobre sus prácticas y opciones. Un abordaje que se combinó, como desarrollaremos a continuación, con la caracterización de estas acciones como “técnicas de gestión”, lo que nos llevó a retomar y recrear una conceptualización del Estado que permitiera asirlo en su heterogeneidad.

La administración estatal de la infancia y sus familias

Las formas en que el Estado actúa sobre la infancia, la adolescencia y sus familias a través de distintos y variados agentes representan algo más que simples intervenciones externas sobre objetos ya preconstituidos. En lugar de ello, desde nuestra perspectiva deben ser analizadas como creadoras de tales sujetos sociales, ya que, a través de las categorías que se han acuñado a lo largo de los años para nombrarlos, clasificarlos y ordenarlos, se han ido produciendo determinados registros de inteligibilidad que, atravesados siempre por disputas, posiciones encontradas y posturas ideológicas diversas, han permitido conceptualizar a determinados niños y niñas como parte de la “infancia”, o bien como “alumnos”, “menores”, “chicos en situación de calle” o “sujetos de derechos”, por mencionar solo algunas de las clasificaciones que se han producido. Estas formas de clasificación (Durkheim y Mauss, 1971)[1] fueron acuñadas por políticas, medidas e instituciones que promovieron y favorecieron determinadas formas de organización familiar en detrimento de otras, así como también específicos modos de sociabilidad y particulares conductas.

Este proceso no se trató, no obstante, de un ejercicio de dominación omnisciente desplegado por un aparato estatal homogéneo que, hundiendo sus tentáculos en la sociedad, desarrolló mecanismos y procedimientos para moldearla de la nada. Al contrario, y más allá de que en nuestro país haya existido la pretensión del “desierto” y la “reforma desde arriba”, creencias promovidas por las elites de fines del siglo xix y principios del xx que apostaban al poder transformador del Estado para extender instrumentos modeladores hacia las clases bajas (Caimari, 2004; Zimermann, 1995), las capacidades organizativas y materiales del Estado nacional y de los Estados locales no fueron lo suficientemente potentes ni uniformes en ese cometido, ni tampoco se desplegaron territorialmente de igual manera.

Además de ello, en diversas zonas del país las prácticas y los agentes estatales convivieron y se relacionaron –y en muchos casos aún lo hacen– de manera complementaria o antagónica, y en términos de mayor o menor conflictividad, con distintas entidades e iniciativas privadas, eclesiásticas o laicas, de cuño filantrópico, benéfico, humanitario o científico, que también desarrollaron acciones diversas sobre la infancia y sus familias (Ciafardo, 1990; Scarzanella, 2002; Trueba, 2011; Ciordia, 2011; Zapiola, 2019). Instituciones que, en el dominio de prácticas destinadas a los niños, las niñas y las familias, históricamente tuvieron un destacado papel y pugnaron con distintos niveles de éxito por establecer su hegemonía. Por otra parte, esas diversas acciones que pretendían homogeneizar y disciplinar a la población se enfrentaron y tuvieron que lidiar con una enorme diversidad cultural y una gran variabilidad de formas de organización doméstica y familiar (Cosse, 2006; Milanich, 2009). Así, si bien con el correr de los años, desde el derecho, la medicina, la economía y las prácticas sociales se construyó un “modelo de moralidad familiar”, que se fue imponiendo por distintos, heterogéneos y contradictorios caminos, la medida de su éxito no radicó en su imposición total o sin fisuras. Como ha señalado Marcela Nari (2004), la eficacia del modelo fue antes bien su aceptación como lo normal, lo natural y lo deseable. Un modelo que, en cuanto tal, fue cimentado como parámetro desde el cual leer y evaluar una diversidad de conductas familiares, que fueron clasificadas como patológicas, disfuncionales o bien –en términos más actuales– poco respetuosas o vulneradoras de los derechos de los niños y las niñas.

El proceso de creación de esos registros de inteligibilidad no fue entonces una acción unidireccional y unilateral de un Estado entendido como un superindividuo que hace y deshace (Melossi, 1992). En lugar de ello, contó con la participación de múltiples actores e instituciones, estatales y no estatales, y también con diferentes disciplinas que buscaron monopolizar su dominio como “saber autorizado y legítimo” sobre la infancia y las familias (Cosse, 2006; Llobet, 2010; Rojas Novoa, 2017; Macchioli, 2017; Colángelo, 2019). Un proceso en el que también, si lo observamos al ras, dejaron su marca aquellos a quienes se pretendía uniformizar. En otras palabras, si miramos el envés de las disposiciones, los programas y las medidas que fueron ideados e implementados (Thompson, 1989)[2], podremos ver que en ese proceso en que se dotó de una específica inteligibilidad a determinados sujetos y temas, por lo cual en consecuencia otros fueron opacados o invisibilizados, también participaron quienes fueron los destinatarios de esas acciones. Ya fuera tensando los alcances de las disposiciones que se generaron, reclamando para sí mayores niveles de legibilidad, o bien desarrollando diferentes tácticas y comportándose de formas no complacientes con las pretendidas como ideales, dichos sujetos incidieron de múltiples maneras en la constitución de ese dominio de prácticas. De hecho, como etnográficamente puede observarse –y como se analiza en distintos capítulos de este libro–, en las diferentes interacciones que se suscitan en este campo, los destinatarios de esas diversas acciones y dispositivos jurídico-burocráticos, aun cuando estén inmersos en relaciones claramente asimétricas y desiguales, disputan los alcances de la intervención y obligan a revisar prácticas y a redefinir estrategias.

De tal manera, inscribir en su historicidad a las burocracias destinadas a tratar con niños, niñas, adolescentes y familias ha implicado tener presente sus procesos de “mutua constitución”. Así, tal como ha desarrollado Adriana Vianna (2008) para el caso de los “menores” en la Río de Janeiro de principios de siglo xx, en lugar de pensar que estos existían como tales y que en función de ello fueron creadas las instituciones para su internación y tratamiento, es necesario ver a unos y otras configurándose recíprocamente. En efecto, en nuestro país, en el período comprendido por las últimas décadas del siglo xix y las primeras del siglo xx, distintas instituciones, públicas y privadas, tuvieron por objeto a las niñas y los niños considerados “abandonados”, “desamparados” y “delincuentes”. Estos organismos, entre los que se contaban las sociedades de beneficencia, las defensorías de menores, la Justicia, las autoridades de casas de reclusión de niños y niñas creadas por el gobierno nacional, entre otros, se caracterizaron por un mismo objetivo explícito, la “salvación o regeneración de la niñez abandonada y delincuente”, y por la superposición de sus funciones y atribuciones respecto de la posesión de los menores que pasaban por sus establecimientos. Por lo tanto, si el término “menores” era aplicado a aquellos niños, niñas y jóvenes que, por diversos motivos, ya sea la vagancia, la incapacidad de sus madres o padres, la delincuencia o el abandono, se apartaban de las conductas esperadas y esperables asignadas a la “infancia”, los que en la interacción cotidiana definían los alcances y límites de tal categoría eran esos organismos que, no sin disputas de distinto tipo, se arrogaban la facultad de intervenir sobre ellos. De esta forma, las prácticas y rutinas que se instrumentaban en relación con esos individuos –niños y niñas que vivían en un tránsito continuo entre el espacio institucional y la calle– pueden ser vistas no ya como una respuesta a la existencia concreta de los y las menores, sino en su poder creador de una identidad social específica (Villalta, 2012).

Por otro lado, aunque en estrecha vinculación con esta clave de lectura, hemos preferido conceptualizar la diversidad de acciones desarrolladas en torno a la infancia y sus familias como “técnicas de gestión” o “tecnologías de gobierno”. Es decir, como acciones desplegadas por diferentes organismos y agentes y aunadas bajo la retórica de la protección o la restitución de derechos, que operan de manera selectiva sobre sujetos o grupos sociales que son construidos como “merecedores de ayuda” o “tratamiento especial”. De este modo, hemos retomado y nos hemos inspirado en el planteo foucaultiano relativo a la “gubernamentalidad” y el “poder pastoral” (Foucault, 2001, 2007) a fin de conceptualizar aquellas intervenciones que operan sobre acciones posibles en el campo de lo potencial y la matriz de una forma de poder cuya meta es la salvación de los individuos por parte de otros, lo que nos ha permitido iluminar y ponderar analíticamente distintos aspectos de las intervenciones desarrolladas en relación con los niños, las niñas y sus familias. Sin embargo, antes que hablar de “gobierno de la infancia” –caracterización que así en singular parecería reenviar a una intervención monolítica y solo dirigida a niños y niñas–, hemos considerado estas prácticas como técnicas diversas y así intentamos matizar y complejizar esos desarrollos conceptuales eludiendo su aplicación lineal (Caimari, 2004; Tiscornia, 2004). Desde esta perspectiva, procuramos describirlas en su singularidad, pero también tener en cuenta que esas acciones desarrolladas por organismos judiciales, administrativos o no gubernamentales comparten una impronta similar ya que se dirigen a mantener el orden antes que a reprimir, a transformar antes que a castigar, y a proveer recursos a fin de que esos sujetos o grupos sociales sean incluidos en la sociedad, antes que excluidos, y así evitar que se transformen ellos mismos en un “peligro”. En otras palabras, se dirigen tanto a administrar cuanto a mantener determinados comportamientos dentro de ciertos parámetros de tolerancia.

Para caracterizar estas técnicas, además de retomar y repensar los planteos foucaultianos, nos ha resultado útil comprenderlas dentro de lo que se define como la “dimensión tutelar” del Estado. Un dominio de prácticas que, según Antonio Carlos de Souza Lima (2002) en su trabajo sobre las políticas indigenistas en Brasil, puede caracterizarse por el entrelazamiento de dos operaciones. Por un lado, la de gestar, que implica funciones pedagógicas de maternaje, de enseñar a ser. Por el otro, la de gestionar, que supone ejercer control, administrar y pacificar poblaciones catalogadas como disruptoras del orden. En tal sentido, estas intervenciones de “tipo correctivo” pueden también ser entendidas como parte integrante de una “pedagogía de la conversión” (Das y Poole, 2008) por la cual se intenta transformar a esos sujetos en otros. Y en este sentido, es posible dar cuenta de que se trata de tecnologías de poder que se orientan a modificar conductas y relaciones (Foucault, 2007) y, por lo tanto, en lugar de basarse solo y exclusivamente en una imposición lisa y llana o en una aplicación mecánica de lo estipulado por la normativa, son puestas en práctica a través de complejos procesos que incluyen disputas de sentidos y estrategias de negociación, convencimiento y persuasión, que se expresan en términos de un lenguaje moral (Vianna, 2002, 2010; Ciordia y Villalta, 2009; Barna, 2015). En estos procesos, determinados comportamientos resultan tolerados y otros son designados como “intolerables” (Fassin y Bourdelais, 2005; Grinberg, 2010), y así, en las prácticas concretas y cotidianas, el ideal de la ley es traducido en la adopción de “soluciones posibles”.

Ahora bien, si el caracterizar a estas técnicas de gestión como parte del ejercicio del poder tutelar del Estado resultó una fructífera vía de indagación y ha sido explorada también por otros autores y autoras en los últimos años (Lugones, 2012), entendemos que, no obstante, es posible matizar este planteo. Si bien esta dimensión del poder estatal se caracteriza por sustentarse en la superioridad social y moral de los que ejercen el poder, quienes en virtud de ella deciden por otros y sobre otros, debemos tener en cuenta que en la Argentina –a diferencia de en Brasil–, esa pretensión se ha encontrado tempranamente disputada, combatida e impugnada por retóricas y acciones que retrataban las necesidades de los niños y las niñas pobres y de sus familias en términos de “derechos” (Cosse, 2006). Retóricas y praxis que fueron acompañadas por la generación de particulares condiciones materiales e institucionales, que redefinieron los sentidos otorgados a la “protección” del Estado y a “lo público” y “lo privado” y que incidieron tanto en las prácticas institucionales y sociales, como también en los modos de demanda e interpelación al Estado. Tener esto en cuenta permite reflexionar sobre las maneras en que, en esa dimensión del “maternaje”, o bien del “gestar” y “gestionar” (De Souza Lima, 2002), los destinatarios de las intervenciones, los “oprimidos por la bondad”, no han resultado un mero objeto de protección.

Por ello, para avanzar en la comprensión y contextualización de estas técnicas de gestión, otra de las claves analíticas que hemos usado es la tensión entre lo público y lo privado.

Los sentidos sobre lo público y lo privado

La clásica distinción de la modernidad erigida en torno a los dominios de “lo público” y “lo privado” cual si fueran esferas discretas con límites precisos, antes que una realidad tangible, constituye –como distintos autores y autoras han postulado– una poderosa ficción organizativa a través de la cual, entre otras cosas, se ha intentado delimitar áreas de incumbencia y competencia. Por ello, las categorías referidas al campo de lo público, lo privado y lo íntimo han sido largamente problematizadas en el campo de las ciencias sociales (Pitt-Rivers, 1979; Bourdieu, 1998; Grassi, 1998; Bobbio, 1999; Cardoso de Oliveira, 2002; Neiburg, 2003), en cuanto su autonomización es parte de un mismo ideal de modernidad. Ello supone una marcada diferenciación entre esos ámbitos, que los presenta como si tuvieran límites estrictos y tajantes. En lugar de eso, el espacio de lo público toma formas particulares en contextos locales y –como plantea Federico Neiburg (2003)– no se halla circunscrito a una esfera delimitada y autónoma propia de las visiones normativas del mundo social en las cuales la buena sociedad y la buena política son imaginadas como el dominio de hombres y mujeres racionales y abstractos, libres de lazos personales.

Además, tal como plantea Bourdieu (1998), el ámbito de la familia (al que generalmente se le asocian valores tales como el desinterés, la confianza, el don) es idealizado como un universo de puertas cerradas separado del exterior por la barrera simbólica del umbral. Sin embargo, la historia social del proceso de institucionalización de la familia por parte del Estado muestra que la oposición tradicional entre público y privado enmascara el grado en que lo público está presente en lo privado. Ya que, a partir de un largo trabajo de construcción jurídico-política cuyo coronamiento es la familia moderna, “lo privado” es un asunto público.

Ahora bien, en el campo de organismos y agentes destinados a la protección de la infancia, esta distinción se presenta recurrentemente en términos de una tensión entre ámbitos que son pensados como opuestos. Y ello porque, entre otras cosas, según cómo se conceptualicen y distingan, los alcances dados a uno y otro variarán, y en consecuencia también lo harán las atribuciones, prerrogativas y facultades reconocidas a los agentes de cada ámbito, así como la fisonomía y naturaleza de los diferentes artefactos jurídicos y arreglos administrativos ideados para tratar con la infancia y sus familias, tal como Carla Villalta y Soledad Rojas Novoa desarrollan en sus capítulos. De hecho, podríamos decir que en este ámbito la distinción entre lo público y lo privado es, parafraseando a Bourdieu (1998), una “ilusión bien fundada”. Esto es, se trata de una distinción que se encuentra presente en la evidencia empírica, y además de ello las categorías de lo público y lo privado son tanto recreadas de continuo, como disputadas en sus alcances. En efecto, de un modo u otro, se encuentran referenciadas en las nociones, los argumentos y las narrativas a partir de los cuales los distintos sujetos o agentes dirimen y legitiman espacios de intervención que consideran propios e intentan delimitar responsabilidades, derechos y obligaciones. En otras palabras, además de nociones teóricas, se trata también de “categorías nativas” que, en el sentido común de los actores sociales y de los agentes institucionales, lejos de ser problematizadas, son tomadas como un dato, como algo dado. Por ello, suelen ser presentadas como categorías abstractas y cerradas, sin tener en cuenta que los sentidos que condensan no son uniformes y que los significados asociados a ellas varían. Así, por ejemplo, en los debates originados respecto de temas tales como las responsabilidades en el cuidado y la crianza de los niños, el papel de la familia y especialmente de las madres en ese cometido, y también respecto del establecimiento de la filiación, las formas de la adopción de niños o bien las posibilidades y los alcances de la intervención estatal destinada a normalizar o regular relaciones familiares, esta dicotomía es utilizada y recreada por los distintos agentes para explicar y fundar sus diferentes posiciones y demandas. Por ello, es preciso también analizar los usos políticos que diferentes actores y grupos sociales realizan de tal distinción, como propone Sabina Regueiro en el capítulo que forma parte de este libro.

Ahora bien, al analizar las prácticas concretas y las dinámicas efectivas de intervención, es posible advertir que los cambiantes contornos y sentidos que son asociados a lo público y a lo privado nos hablan, más que de un hiato entre estos dos polos, de los particulares significados que contextual y situacionalmente son asociados a estas categorías. Por ello, en lugar de caracterizar la intervención estatal, en términos de avance o intromisión en el “orden doméstico” o la “esfera privada”, resulta mucho más fructífero examinar las formas en que ambos dominios se entrecruzan, son dotados de particulares sentidos, y resultan redefinidos en las disputas e interacciones concretas de agentes y organismos (Zelizer, 1992, 2005; Dufy y Weber, 2009).[3]

Además, las tensiones entre lo público y lo privado, y los particulares sentidos asociados a ellas, se despliegan en territorios configurados por relaciones de sociabilidad (Daich, Pita y Sirimarco, 2007) que incluyen en su trama a sujetos que se inscriben en una u otra esfera, o en ambas a la vez, portadores de una experiencia particular que se vincula no solo con una pertenencia institucional, sino fundamentalmente con una pertenencia social de clase en relación de tensión con otros grupos (Thompson, 1989). Asimismo, en este campo de técnicas orientadas, de una forma u otra, a la gestión de la infancia y sus familias, adquiere particulares contornos la “paradoja de la ciudadanía moderna” (Gordillo, 2006). Es decir, en este dominio de prácticas, el hecho de ser visibles para el Estado supone una mayor exposición a la gestión pública de determinados aspectos de la vida familiar o “íntima” de los sujetos, pero a la vez implica una legibilidad que deriva en grados variables de inclusión. Así, las formas de administración estatal pueden ser entendidas como efecto de esta paradoja: una intervención local, situada, particularizada, que señala, visibiliza y evalúa, pero al mismo tiempo ampara, incluye y ofrece herramientas que amplían el potencial de garantía de derechos. De tal manera, las tensiones entre los sentidos atribuidos a lo público y lo privado se despliegan en un escenario en el que también se disputa el acceso a derechos o al reconocimiento estatal.

En este sentido, distintos trabajos han contribuido a desarmar la clásica oposición público-privado, no solo a través de la descripción y el análisis de las formas en que se ha redefinido esta dicotomía en los últimos años, sino también a partir de mostrar cómo “lo estatal” no se halla circunscripto a instituciones de límites precisos, sino que se engarza en un conjunto de propuestas y políticas que tiene como hacedores a diferentes organizaciones y sujetos. En este sentido, tal como plantea Laura Santillán (2007, 2009) a partir del trabajo etnográfico en barrios populares del conurbano bonaerense, los mandatos sobre la responsabilidad materna y paterna se inscriben en un movimiento dual. Por un lado, porque se asiste a una suerte de desdibujamiento de sus límites, y, por el otro, como contracara de este movimiento, a nivel de las representaciones de quienes intervienen en el “cuidado de los niños y las niñas”, porque se mantienen las separaciones entre estas dimensiones tal como se configuraron en la modernidad. Asimismo, tal como demuestran los trabajos de Julián Pérez Álvarez y de Julieta Grinberg reunidos en este libro, la territorialización de las intervenciones, así como la apuesta a que los adultos y las adultas responsables de los niños y las niñas modifiquen sus conductas, tensionan los límites entre esas dimensiones, y los destinatarios de esas acciones refieren a ellas de múltiples maneras para impugnar o bien eludir intervenciones.

A su vez, la distinción público y privado es también revisitada en los estudios que problematizan la exterioridad del Estado respecto de organizaciones sociales (Manzano, 2004; Santillán y Woods, 2005; Quirós, 2006; Carenzo y Fernández Álvarez, 2009; Perelmiter, 2012). De esta manera, al analizar las tensiones y complementariedades que se suscitan en las vinculaciones entre el Estado y las organizaciones sociales y comunitarias, discuten los enfoques que solo visibilizan la acción unilateral del Estado o que plantean su retirada[4].

Desde esta lente conceptual, es posible problematizar las redefiniciones de las políticas de infancia producidas por la expansión del lenguaje de derechos. Como ha mostrado Valeria Llobet (2010, 2014), esas redefiniciones se traman tensamente con perspectivas psicologistas, individualistas y moralizantes que resultan implícitamente contradictorias y restrictivas de los alcances del discurso de derechos, al reenviar las responsabilidades sobre los niños y las niñas a la “esfera privada” e individual. Además, la esfera de lo privado sigue asociada primordialmente a “lo femenino”, y ello no solo se advierte en el hecho de que el cuidado de niños y niñas tanto doméstico como institucional se encuentra mayoritariamente feminizado, sino también en que son las mujeres en cuanto “madres” –y por ello vistas como responsables exclusivas de la buena crianza del niño o la niña (Villalta, Gesteira y Graziano, 2019)– quienes resultan interpeladas en las prácticas concretas de las distintas oficinas estatales encargadas de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. De esta manera, aquel discurso de derechos que ciertamente ha contribuido a redefinir la institucionalidad destinada a la protección de la infancia y la adolescencia se engarza en la práctica cotidiana con perspectivas reduccionistas que vuelven a señalar a las familias de los niños, las niñas y los adolescentes –pero sobre todo a sus madres– como responsables de las fallas o los déficits del cuidado. Así, se desarrollan por nuevas y más sofisticadas vías –permeadas por relaciones más próximas y empáticas, tal como Julieta Grinberg muestra en el capítulo que integra este libro– procesos de culpabilización de las y los progenitores o familiares de los niños y las niñas.

Si estos son algunos de los efectos impredecibles y no previstos de la expansión del discurso de derechos (Cowan, 2010)[5], al analizar tal construcción desde la clave de lectura de lo público y lo privado, es preciso tener presente que en nuestro contexto local ese discurso y su legitimidad se configuraron en gran medida a partir de la resignificación de los lazos primordiales y de una politización de cuestiones ligadas tradicionalmente a la “esfera de lo íntimo”. En efecto, el impacto de la apropiación criminal de niños y niñas desarrollada durante el terrorismo de Estado (1976-1983), en cuanto “evento crítico” (Das, 1995), obligó a reexaminar rutinas institucionales que poseían un alto grado de arbitrariedad y discrecionalidad, así como prácticas naturalizadas en relación con la infancia (Villalta, 2010), tales como la inscripción falsa de niños y niñas o la mentira y el ocultamiento en relación con su origen, que eran vistos como cuestiones de índole privada, y ello posibilitó que diversos activistas iniciaran un camino de “politización de la intimidad” (Gesteira, 2016). Asimismo, a partir de las estrategias jurídicas, políticas y discursivas que Abuelas de Plaza de Mayo generó para la búsqueda de sus nietos y nietas secuestrados o desaparecidos, es posible observar un proceso inédito de construcción política del parentesco –como ha analizado Sabina Regueiro (2013)– que permitió expandir la búsqueda y revalorizar el análisis genético para crear conexiones. Asimismo, los trabajos de María Josefina Martínez han contribuido a complejizar el análisis de las condiciones sociales de producción de la filiación, entendiendo que esta es el producto de un diálogo no exento de conflictos entre las dimensiones biológica y jurídica generado en contextos sociales particulares (Martínez, 2004, 2010).

Desde esta clave de lectura, nos ha interesado avanzar en el análisis de la institucionalización del discurso de los derechos de los niños y las niñas en nuestro país y de los procesos de configuración de distintos activismos y activistas.

Activismos, lenguaje de derechos y procesos de configuración recíproca

En la Argentina, desde hace al menos una veintena de años, el campo de instituciones destinadas a la administración de la infancia y sus familias ha sido escenario de procesos de reforma y transformaciones, que estuvieron atravesados por distintas disputas. Durante todo este tiempo, diferentes cuestionamientos se vertieron en torno al sistema judicial y administrativo destinado a los “menores” y, al calor de esos debates, distintos expertos y activistas de los derechos de los niños y las niñas impulsaron transformaciones, demandaron por reformas normativas, promovieron fallos novedosos o bien colaboraron, de distintas maneras, en redefinir y remozar la institucionalidad que otrora había caracterizado al tratamiento de la minoridad para adecuarla a un enfoque de derechos humanos. Se construyó así –tal como Claudia Fonseca y Andrea Cardarello (2005) analizaron para el caso de Brasil– un “frente discursivo” en torno a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y gradualmente se produjeron distintas innovaciones que alteraron la fisonomía y las dinámicas de intervención de diferentes burocracias (judiciales, administrativas, del ministerio público) a partir de la incorporación de nuevos procedimientos y figuras legales que incidieron de diversas maneras en las formas típicas de acción y relación de este peculiar campo institucional.

En una perspectiva de mediana duración, es posible sostener que este proceso reconoce dos momentos. Uno iniciado a la salida de la dictadura, en el que se fue construyendo ese frente discursivo y que fue de alguna manera un período de trabajo conjunto y consensos negociados en el que convergieron diferentes grupos, militantes y profesionales de las áreas de niñez con experiencia de trabajo en territorio (Villalta, 2013; Llobet, 2014; Grinberg, 2013) que lucharon por la difusión y promoción de los derechos de los niños y las niñas, y que se caracterizó por una lógica de denuncia hacia “el Patronato” y las modalidades típicas de intervención de la Justicia y las instituciones para menores. El otro momento, cuyo inicio puede ser datado en 2005 con la sanción de la Ley nacional 26.061, se caracterizó por el desarrollo de acciones sostenidas desde los Estados nacional, provinciales y locales que gradual y fragmentariamente fueron receptando esas transformaciones, y también por una expansión de políticas y una producción de programas que significaron una materialización más o menos precaria, más o menos consolidada de esos derechos (Villalta y Llobet, 2015; Barna, 2015; Magistris, 2016). Este segundo momento ha estado atravesado por un creciente activismo, por la participación de diferentes movimientos sociales, por la problematización de diversos temas y por la expansión de demandas de ampliación de derechos que fueron generando una serie de transformaciones (Villalta y Martínez, 2016; Villalta y Graziano, 2020).

De esta manera, en las distintas investigaciones que llevamos adelante, lejos de entender los derechos como atributos atemporales, hemos procurado inscribirlos en su historicidad y politicidad para dar cuenta de los distintos sentidos que han asumido –incluso en períodos recientes– y de las disputas que los tienen por objeto (Barna, 2013). En efecto, abordar los derechos desde una visión relacional, situacional e histórica permite dejar de verlos como una suerte de atributos universales y evitar preguntarse por lo que los derechos “son”, para interrogarse acerca de sus significados, usos y valores en contextos concretos. En otras palabras, en lugar de inquirir por la esencia de los derechos o incluso de preocuparse, como desde una visión normativa suele suceder, únicamente por si se respetan o no los derechos humanos, se trata de contextualizar y politizar aquellos derechos considerados universales, a partir del estudio de las apropiaciones y los significados socialmente construidos sobre ellos. En suma, se trata de estudiar la práctica de los derechos humanos (Segato, 2004; Fonseca y Cardarello, 2005; Schuch, 2009; Merry, 2010).

Desplazar nuestra lente del registro del cumplimiento o incumplimiento de los derechos no significa ser indiferentes a las injusticias o a aquellas situaciones a las que los grupos y personas con las que estudiamos denuncian como violaciones a derechos. En lugar de eso, implica desplazarse de una visión ingenua de los derechos humanos[6] para analizar las coordenadas particulares y los escenarios políticos locales en los cuales los derechos humanos se han ido construyendo en un lenguaje disponible y legítimo para muy diferentes reclamos y demandas (Tiscornia, 2008; Barros, 2010). Y así, analizar su configuración en cuanto categoría local ya que, como hemos aprendido con Claudia Fonseca y Andrea Cardarello (2005: 10), los derechos humanos “en su forma abstracta y descontextualizada poco significan”. Comprender sus sentidos concretos y específicos ligados a los usos políticos locales e identificar quiénes y desde qué posiciones éticas y políticas en cada contexto y momento histórico han retomado la cuestión de los derechos humanos y quiénes la han combatido o banalizado permite avanzar en un análisis de la práctica concreta y situada de los derechos humanos.

Por otro lado, estudiar la expansión de un particular lenguaje y grilla de inteligibilidad nos llevó a postular la existencia de una configuración recíproca entre diferentes oficinas estatales y distintas organizaciones sociales y comunitarias dedicadas a la administración de la infancia y sus familias. Por ello, hemos privilegiado el análisis de sus dinámicas de interacción y de las redes de relaciones sociales tejidas entre los agentes institucionales y diferentes organizaciones sociales y comunitarias, a fin de visibilizar los procesos concretos de influencia y configuración recíproca, identificando tanto sus acuerdos y alianzas como sus tensiones y conflictos, tal como Cecilia Fernández Tuñón y Julián Pérez Álvarez desarrollan en sus capítulos. A la vez, posibilita examinar –como lo hacen Soledad Rojas Novoa, Mara Tissera Luna y Florencia Paz Landeira en sus trabajos– de qué maneras las redes y coaliciones internacionales compuestas por organizaciones transnacionales y organismos multilaterales desarrollan distintas estrategias de incidencia y conforman un campo específico en el que se generan diferentes categorías y nociones sobre la niñez y su cuidado adecuado que son diseminadas alrededor del mundo con pretensiones de universalidad. De tal manera, todas ellas por diferentes vías focalizan su análisis en las interconexiones entre lo global y lo local a partir de las que también se produce estatalidad.

Este tipo de análisis posibilita observar el Estado en su heterogeneidad y porosidad, así como restituir historicidad y politicidad a las diferentes transformaciones de los últimos años. Y ello, entendemos, resulta indispensable para comprender las particularidades de los procesos de construcción de intervenciones y de institucionalización de demandas y regulaciones sobre el parentesco, la familia y la infancia y adolescencia en nuestro contexto local. En este sentido, es necesario tener en cuenta que las transformaciones ocurridas en este campo de intervenciones en la última década no se construyen en un vacío de sentidos; antes bien, se articulan en escenarios singulares atravesados por significados y por redes de relaciones sociales constituidas históricamente. De tal forma, la indagación sobre esta configuración recíproca permite analizar cómo a lo largo del tiempo se institucionalizan ciertas prácticas sociales y se crea estatalidad a través de la intervención y el activismo. En efecto, las organizaciones sociales han participado activamente, en la Argentina de las últimas tres décadas, tanto en el proceso de tematización de la infancia como un tópico de la agenda pública (Oszlak y O’Donnell, 1982), como en la conformación de un “frente discursivo” (Fonseca y Cardarello, 2005) y un campo de saberes e intervenciones sobre la infancia, la adolescencia y las familias, que hunde sus raíces en un proceso histórico jalonado por distintos momentos en los que la temática se hizo visible en el debate público.[7]

En suma, este libro parte de una premisa central: la de considerar que el Estado no puede ser estudiado como un todo homogéneo con una intencionalidad única y lineal, ni como algo externo a la sociedad. En lugar de ello, entendemos que debe ser abordado como un campo (Muzzopappa y Villalta, 2011) y comprendido como un espacio atravesado por distintas disputas y tramas sociales, en el que actúan diferentes tipos de agentes y en el que los sentidos atribuidos a lo público y lo privado ocupan un lugar central en la definición de sus límites y alcances. En otras palabras, no es posible comprender las formas de gestión estatal de la infancia y las familias sin tener en cuenta que el Estado, lejos de ser una suerte de aparato homogéneo y de límites precisos, es antes bien un campo heterogéneo de fronteras lábiles. Un campo en el que, a través de las formas en que las organizaciones sociales y los destinatarios de las políticas y medidas interactúan con distintas oficinas estatales, disputan sentidos, demandan justicia o acceso a determinados bienes sociales, buscan incidir en la construcción de la agenda pública o impulsan la ampliación de derechos, el Estado se produce y transforma.

De la organización del libro

Este libro se organiza en tres partes y se nutre de diferentes trabajos que han dialogado desde antes de su misma hechura entre sí. Al ser producto de las indagaciones llevadas adelante en el marco de distintos proyectos de investigación financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y como parte de la formación de grado y de posgrado de sus integrantes, recorrer estos trabajos es también recorrer la historia de un equipo de investigación. Por ello, las lecturas compartidas, los intereses teóricos semejantes y un idéntico compromiso con los hechos forman un elemento común sobre el que se edifican los diferentes temas y problemas que son analizados en los capítulos que lo componen.

En la primera parte, titulada “Parentesco, activismos e infancia”, se reúnen diferentes capítulos que dan cuenta de procesos situados de producción de sentidos diversos sobre la protección de la infancia, la adopción de niños y niñas, y el parentesco y la familia. Se trata de procesos atravesados por y resultantes de diferentes tipos de disputas, de prácticas de intervención y de construcción de saberes, de denuncias y de luchas, y de organización y compromiso. Esta primera parte está signada además por trabajos que posan su mirada y construyen su problematización desde una clave de lectura sociohistórica. Pero ello no con el objetivo de reconstruir historiográficamente los procesos de los que tratan, sino de iluminar el presente. Como ha planteado Soledad Rojas Novoa (2017), se trata de realizar una “historia del presente” a fin de indagar –a partir de una reconstrucción genealógica– la densidad de categorías y esquemas de percepción que reconocen una peculiar historicidad.

Desde esta perspectiva, el capítulo de Carla Villalta “Entre lo público y lo privado: historizando la adopción de niños/as en la Argentina desde una perspectiva socio-antropológica” realiza un recorrido por la historia de este instituto legal o artefacto jurídico (Thomas, 1998). Focaliza para ello en los momentos de reforma normativa a los que considera atalayas que permiten analizar los principales tópicos que informaron los debates y las disputas que antecedieron y siguieron a esos procesos de creación legal de nuevos procedimientos para “dar hijos/as y hacer padres”. En esas racionalizaciones, es posible observar específicos sentidos en torno al parentesco, las relaciones familiares consideradas legítimas, la adecuada crianza y protección de los niños y las niñas, y también particulares valores respecto de la autoridad del Estado y los límites acordados a las intervenciones de sus agentes. De esta manera, las transformaciones de las normativas sobre la adopción de niños y niñas pueden ser analizadas desde la clave de lectura de la tensión entre lo público y lo privado, cuestión que aún hoy continúa incidiendo en las formas en que se conceptualizan y tramitan las transferencias de responsabilidad sobre los niños y las niñas y en cuáles de ellas se consideran legítimas y son pasibles de ser legalizadas o, por el contrario, son condenables y no deben ser convertidas en una adopción.

Soledad Rojas Novoa, en su trabajo “Prácticas de producción de sentido: legitimidad, conyugalidad y maternidad en los boletines del Instituto Internacional Americano de Protección de la Infancia (1927-1949)”, busca comprender las condiciones particulares de producción de ciertos saberes que durante el siglo xx fueron dotando de sentido a la categoría de “protección de infancia” en la región. Para ello, se concentra en aquellos mecanismos que, teniendo como objetivo explícito proteger a niños y niñas, avanzan en la regulación moral y material de las relaciones familiares, intentando comprender el papel que ha jugado la preocupación social por la infancia en la construcción de los papeles masculinos y femeninos específicos cuando se trata de padres/madres, maridos/esposas.

Los trabajos de Sabina Regueiro y de Soledad Gesteira analizan cómo el acontecimiento político de la apropiación criminal de niños y niñas ocurrida durante el terrorismo de Estado en nuestro país, construido como tal por la incansable lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, imprimió sentidos singulares al parentesco, la verdad y la biología. Sabina Regueiro nos ofrece un pormenorizado análisis de las formas en que, aun en el contexto de terror imperante, las abuelas de los niños y las niñas secuestrados y desaparecidos o nacidos en el cautiverio de sus madres organizaron su búsqueda y disputaron activamente los sentidos dados a la separación entre lo público y lo privado, en un interesante juego de resignificación política para denunciar los crímenes y legitimar su reclamo. Con esta lente, analiza la confección de la “carpeta madre” en cuanto primigenia herramienta jurídico-política y generadora de posteriores estrategias de Abuelas. Una herramienta fundamental que, al decir de Sabina Regueiro, implicó una primera superación de los grandes obstáculos que tenía esa búsqueda, tales como el miedo, la enorme angustia, la persecución, el exilio y el desconocimiento, y, además, y fundamentalmente, significó el primer paso para una búsqueda colectiva y pública. En suma, fue uno de los primeros artefactos producidos en la tarea de politizar un reclamo.

Por su parte, Soledad Gesteira también analiza cómo el activismo posibilita generar reclamos públicos sobre cuestiones que tradicionalmente fueron significadas como “secretos de familia” y por tanto pertenecientes al orden de lo privado. Así, indaga cómo, a través de la apelación al derecho a la identidad, las asociaciones de personas adoptadas o inscriptas falsamente que buscan sus “orígenes biológicos” despliegan distintas acciones que se traducen en un esfuerzo por visibilizar sus demandas, y en una tarea de acompañamiento y contención a las personas que emprenden la búsqueda de información sobre sus familias de origen. En el desarrollo de estas acciones, se puede apreciar la conformación de particulares sentidos acerca de la familia, los lazos de filiación, la identidad y el parentesco. A partir de su trabajo etnográfico junto a la organización Raíz Natal, analiza la construcción y configuración de sentidos sobre el parentesco y la familia que sostienen y ponen en juego las personas nucleadas en esta organización, e indaga los distintos usos que estos activistas realizan de aquellas configuraciones de sentidos para construir sus demandas en términos de acceso a derechos.

La segunda parte de este libro se titula “Clasificaciones, saberes y técnicas de gobierno” y, a través de los trabajos etnográficos que reúne, nos permite adentrarnos en las dinámicas concretas de intervención de diferentes dispositivos locales de protección de derechos, a partir de los capítulos de Julieta Grinberg y de Julián Pérez Álvarez, y, por otra parte, nos lleva a examinar la circulación de saberes y categorías específicas que son construidas y también resemantizadas y disputadas en el interjuego entre lo global, lo nacional y lo local.

En el artículo “El trabajo con las familias como técnica de gobierno”, Julieta Grinberg analiza los modos en que se despliegan acciones que, en lugar de suplantar a las familias en el cuidado de los niños y las niñas, buscan antes bien “trabajar con ellas” transformando las conductas de madres y padres a fin de convertirlos en sujetos que puedan ser considerados “capaces” de cuidar a sus hijos e hijas. De esta manera, retomando las propuestas de Dominique Memmi (2003) y de Isabelle Astier (2007), caracteriza esas acciones como constitutivas de una especie de “dominación estrecha” basada en la construcción de vínculos de empatía y como parte característica del “acompañamiento” que no apunta a coaccionar u obligar a los destinatarios de las acciones, sino a volverlos responsables y partícipes de su propia transformación.

En el trabajo “La producción de estatalidad en el campo de la intervención sobre la infancia pobre: reflexiones a partir de una investigación empírica en barrios populares”, Julián Pérez Álvarez indaga en torno a la gestión de la infancia de poblaciones vulnerabilizadas, a partir de observaciones y entrevistas con agentes de un Servicio Local de Protección de Derechos de los Niños del conurbano bonaerense. Focaliza así en las técnicas de gestión desplegadas en procesos de intervención por el restablecimiento de derechos. Desde una perspectiva que contempla no solo relaciones asimétricas y coercitivas, sino también resistencias, demandas, acuerdos y conflictos entre los distintos agentes y sus destinatarios, se atiende a la tensión entre las categorías público/privado, examinando cómo en las interacciones cotidianas se legitiman espacios de acción y niveles de intervención. Lejos de ser configuradas linealmente en función de diseños y protocolos institucionales del organismo local de protección de la infancia, las intervenciones son resultado de relaciones entre múltiples actores estatales y no estatales con diversos intereses, perspectivas y capacidad de acción y la propia agencia de los sujetos que son intervenidos a propósito del modo en que cuidan a los niños y las niñas.

El trabajo de Mara Tissera Luna, titulado “Desarmando los discursos legitimadores de las ONG y agencias internacionales: la instalación del cuidado y protección de los niños sin cuidados parentales como una ‘problemática social’”, nos ofrece un particular mirador ya que examina las maneras en que distintas organizaciones, organismos y expertos construyen e instalan a nivel global determinados valores y representaciones sobre los niños y las niñas que se considera “no son cuidados por sus familias” y así son clasificados como “niños y niñas sin cuidados parentales” o “en riesgo de estarlo”. De esta manera, esa multiplicidad de agencias transnacionales construye una particular área de intervención y un campo de saber específico en el que convergen distintas disciplinas. Haciendo uso de diferentes saberes expertos, pero también movilizando diferentes recursos emocionales, desarrollan estrategias de sensibilización y de legitimación y así contribuyen a la construcción y delimitación de una particular problemática social.

En un sentido similar, el trabajo de Florencia Paz Landeira titulado “Entre neuronas, inversiones y derechos. Legitimación, circulación y apropiación de saberes en la regulación estatal de la crianza en los primeros años” focaliza su análisis en la expansión de iniciativas e intervenciones producidas en arenas globales centradas en la “primera infancia” y su educación, cuidado y desarrollo. Indaga en los repertorios argumentativos a través de los cuales se construye esta agenda, que tiene por coordenadas centrales los conocimientos basados en el cerebro –con base en las neurociencias– y la teoría del capital humano. Pero también indaga en la forma en que esas nociones, argumentos e iniciativas son receptadas y discutidas en los contextos locales por parte de actores concretos de las burocracias estatales y de organizaciones no gubernamentales. Así, este trabajo permite complejizar el conocimiento sobre las formas en que la crianza es politizada y disputada en el interjuego de lo global, lo regional y lo local, y construir una llave analítica sugerente para explorar cómo en la actualidad se produce estatalidad a través de esos flujos.

En la tercera parte, titulada “Prácticas judiciales, burocracias y derechos”, los diferentes capítulos se centran en las interacciones producidas en el ámbito judicial y examinan los valores morales que son construidos en los peculiares contextos en los que las autoras han realizado sus trabajos de campo. Así, la Justicia penal de menores, la Justicia de familia y los programas no privativos de la libertad para adolescentes infractores o presuntos infractores son los lugares institucionales que tales trabajos permiten conocer en sus prácticas más microfísicas.

En su artículo “Escenas de la administración judicial. Interacciones y moralidades”, Florencia Graziano nos invita a profundizar el conocimiento de las formas locales que asume la administración judicial para los adolescentes y jóvenes en nuestra sociedad. Lo hace a partir de indagar las microprácticas desplegadas en un particular contexto de interacción: la secretaría tutelar de un juzgado nacional de menores de la Ciudad de Buenos Aires, en la que cotidianamente distintas agentes institucionales se encuentran con los adolescentes acusados de la comisión de un hecho delictivo y con sus familias. Estos encuentros están signados por un repertorio de acciones que incluyen tanto la evaluación y el amedrentamiento, como el consejo, la persuasión y la ayuda. Indaga especialmente en los valores morales, en las formas de clasificación de las conductas y de las personas y en las emociones y los sentimientos que componen el trabajo de estas profesionales. Analiza cómo estas agentes judiciales, en su trabajo, expresan y construyen ciertas moralidades en torno a los jóvenes y a las conductas y contextos que los involucran e identifica cómo se van formando esos pequeños juicios que integran los procesos concretos de construcción de culpabilidad, o de exculpación, entendiendo que también a partir de ellos se consolidan las decisiones judiciales.

Cecilia Fernández Tuñón, en el texto “Jóvenes ‘deprivados’, ‘infractores’ y ‘en conflicto con la ley’: nueva institucionalidad y tradiciones diversas en un programa no privativo de la libertad”, indaga en las formas de sanción no privativas de la libertad destinadas a jóvenes acusados de haber infringido la ley en el conurbano bonaerense. El trabajo de campo llevado a cabo en un programa destinado a jóvenes infractores hace foco en la interacción cotidiana entre los operadores del sistema y los jóvenes en un momento inicial de la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, caracterizado por las imprecisas e inciertas fronteras entre el ámbito estatal y las organizaciones. En ese particular espacio que representa a la vez la faceta menos represiva del sistema, se despliegan estrategias que buscan producir cambios en las conductas de los jóvenes y en las cuales confluyen múltiples legados, prácticas militantes y trayectorias profesionales diversas.

Por último, en el texto “Hablando por los/as niños/as. Discursos y relatos de (sobre) los/as hijos/as cuando se dirime su tenencia en un tribunal de familia del conurbano bonaerense”, Marlene Denise Russo reconstruye la compleja trama discursiva que se teje en nombre de los chicos y las chicas y de su bienestar cuando se define su cuidado (tenencia) en los casos judiciales de familia. En efecto, si para los agentes judiciales el “bienestar de los niños y las niñas” es un tópico utilizado a fin de intentar reconfigurar el “orden familiar” y arribar a acuerdos, para los progenitores de ellos y ellas es un modo tanto de fundar como de legitimar sus demandas. A partir de la construcción de dos casos etnográficos, aborda cómo los afectos y las concepciones acerca del dinero intervienen al momento de dirimir judicialmente cuál de los progenitores obtiene “la tenencia de los hijos y las hijas”.

Este libro, en suma, es una suerte de ventana estratégica que permite conocer una serie de discusiones y trabajos que, en el marco del Programa de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, hemos desarrollado en los últimos años. Trabajos que partieron de la convicción de que la etnografía, al posibilitar una “rotación de perspectiva” (Barrera, 2012) y una mirada extrañada sobre la cotidianeidad de instituciones, políticas, dispositivos y demandas de justicia, permite dialogar, escuchar y así ensanchar las posibilidades de producir e imaginar formas de efectivizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y familias.

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  1. Émile Durkheim y Marcel Mauss (1971) señalan que las categorías sociales utilizadas en el acto de clasificar constituyen formas específicas de calificación de los objetos que remiten a modelos sociales que indican lo que puede ser considerado normal o desviado en un determinado momento y, por eso, sujeto a formas variadas de intervención.
  2. Tal como nos enseñó Edward Thompson a partir de sus análisis sobre la formación de la clase obrera en la Ingaterra del siglo xviii, para analizar la resistencia de los subalternos es necesario descifrar la evidencia de los comportamientos “en parte dando la vuelta a los blandos conceptos de las autoridades dirigentes para mirar su envés. Si no lo hacemos, corremos el peligro de convertirnos en prisioneros de los supuestos de la propia imagen de los gobernantes: los trabajadores libres se consideran de ‘tipo ocioso y levantisco’; los motines, espontáneos y ‘ciegos’; y ciertas clases espontáneas de protesta social se pierden en la categoría de ‘delito’” (Thompson, 1989: 39).
  3. Los trabajos de Viviana Zelizer (1992, 2005) y de Caroline Dufy y Florence Weber (2009) tienen como eje de análisis la intersección o la imbricación de mundos o esferas de la vida social. Estos trabajos, antes que analizar las prácticas que se suceden dentro de cada una de las esferas de “lo público” y “lo privado” de manera separada, focalizan su atención en la intersección entre estas y sus efectos: los circuitos particulares que de ella resultan, los acuerdos y obligaciones que las enlazan, los símbolos y los instrumentos de intercambio. Todos elementos que contribuyen a la construcción de relaciones sociales en las cuales los diversos actores sociales se ven implicados.
  4. En tal sentido, como señalan Ferguson y Gupta (2002), la noción de “gubernamentalidad” resulta también sugerente ya que permite abordar las prácticas estatales y no estatales de gobierno sin caer en objetos de análisis preconstruidos teóricamente. Al focalizar en los modos de gobierno de las poblaciones, y no en su inscripción en cuanto “Estado” u “organización social”, permite romper con esas dicotomías y analizar las características que adopta la intervención sobre los niños, las niñas, los adolescentes y las familias para, desde allí, iluminar las formas en que el Estado y las diversas organizaciones sociales se combinan y acoplan, generando procesos de configuración recíproca antes que dominios separados de la vida social.
  5. Es preciso tener en cuenta que los derechos humanos se vinculan productivamente con las prácticas socioculturales y la producción de subjetividades. En relación con ello, se ha postulado que los derechos habilitan y coaccionan a la vez, producen subjetividades y relaciones sociales, y que su búsqueda y su consecución implica consecuencias no previstas inicialmente (Cowan, Dembour y Wilson, 2001; Cowan, 2010; Bolstanki, 2016). Por eso toda investigación sobre procesos de derechos y su desarrollo teórico debe tener en cuenta sus dimensiones ambiguas, contradictorias, contingentes e impredecibles. En esta misma línea interpretativa, se ha planteado que los derechos humanos deben entenderse fundamentalmente como relaciones sociales que entrañan procesos continuos de producción y transformación.
  6. Esta perspectiva ha implicado, por una parte, no desconocer su origen y por tanto atender a la posible consideración de los derechos humanos como una suerte de “localismo globalizado”, al decir de Boaventura de Sousa Santos (2002) cuando, tras la crítica a las pretensiones universalizantes del discurso de los derechos humanos, trazó sus apuntes respecto de la posibilidad de construir una noción multicultural. O incluso, como otros autores han señalado, una “noción etnocéntrica con pretensiones hegemónicas”. Abordar la cuestión de los derechos humanos desde una perspectiva analítica y crítica implicó tomar recaudos para no caer en visiones normativas de la realidad o en ingenuidades que resultan de ignorar la historia de los procesos sociales locales que se configuran como universales y desconocer en consecuencia que los derechos humanos son también resultantes de disputas de poder.
  7. En el período democrático que se abrió luego de la dictadura militar de 1976-1983, la temática cobró una visibilidad creciente, en un proceso en el que confluyó la actividad de organizaciones de derechos humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos / MEDH) con el trabajo de organizaciones sociales y comunitarias en el campo de las políticas hacia la infancia y la familia; todo ello fue nutriendo un frente discursivo que se constituyó en un antecedente fundamental en el proceso de discusión y sanción de la Ley 26.061 en el año 2005. Asimismo, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, por mencionar uno de sus hitos más visibles, la sanción en el año 2004 de la Ley 13.298 estuvo precedida por cuantiosas acciones impulsadas por las organizaciones que luego conformaron el Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la provincia.


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