Julián Ignacio Pérez Álvarez

En el campo de la gestión de la infancia y las familias, la tensión entre las categorías de “lo público” y “lo privado” se encuentra presente tanto en las reflexiones analíticas de esos procesos, como en las prácticas de los sujetos que de un modo u otro participan activamente de ellos. En lugar de establecer una definición a priori, considero entonces que, a través de la exploración etnográfica, pueden detectarse significados particulares que localmente se atribuyen a “lo público” y “lo privado” o “doméstico”, en cuanto dimensiones construidas situacionalmente.

La intervención estatal sobre la infancia y las familias de poblaciones subalternizadas, tal como han señalado distintos autores (Donzelot, 1998; Vianna, 2002; Fonseca y Cardarello, 2005; Grinberg, 2008; Villalta, 2001, 2004; Ciordia y Villalta, 2012; entre otros) se lleva a cabo a través de dispositivos orientados a la evaluación, regulación y modelación de comportamientos de los adultos en relación con la crianza de los niños. Esto implica la observación y el involucramiento por parte de distintos agentes en prácticas relacionadas con los cuidados de los chicos de sectores populares, de manera más intensa y más notoria de lo que es esperable que ocurra con otros grupos sociales. Se trata de una población más propensa a quedar expuesta en sus debilidades respecto de la crianza, no solo porque las precarias condiciones de vida, marcadas por las penurias y las privaciones padecidas en relación con el acceso a recursos materiales, inciden directamente en el desarrollo de las tareas necesarias para lograr que se encuentren “bien cuidados”, sino también porque pertenecen a sectores que, en la práctica, son puestos a priori en el foco de la política pública de protección de la infancia. Y esto es así independientemente de que la normativa actual, basada en la Convención de los Derechos del Niño, contemple a los niños, las niñas y los adolescentes como categoría universal. De este modo, tanto las situaciones problemáticas asociadas a la precarización material de la vida, como aquellas que no son exclusivas de su sector social –entre otras, abusos sexuales infantiles y violencia familiar– suelen ser señaladas, visibilizadas y denunciadas, y las responsabilidades son individualizadas, con mayor frecuencia e intensidad que cuando similares hechos suceden en otros contextos.

Asimismo, en las últimas décadas, la intervención social del Estado en la Argentina se caracterizó por la implementación de políticas sociales de tipo compensatorio, descentralizadas y focalizadas sobre los sectores empobrecidos de la población. Esto redundó en una territorialización de la gestión (Santillán, 2012), siendo “el barrio” el centro de la atención para el diseño de dispositivos impulsados por las políticas destinadas a la infancia, y se constituye, además, en escenario donde se desarrollan prácticas significativas en este sentido. Las modalidades locales de intervención sobre la infancia que despliegan organismos tales como los servicios locales de protección de derechos^[2], entendidas en el marco del “gobierno de las poblaciones” (Foucault, 1992), y específicamente de procesos de “normalización y moralización de las familias” (Donzelot, 1998) de sectores populares, se producen a través de interacciones que en ocasiones llegan a los ámbitos próximos de esas familias. Así, la participación de agentes y programas con presencia territorial se revela como un aspecto fundamental en la construcción de la estatalidad en este campo.

La población a la que aquí me refiero en cuanto destinataria de las prácticas de gestión de la infancia en el oeste del conurbano bonaerense, más allá de sus variantes, es en alto grado homogénea en lo que respecta a su pertenencia a los llamados “sectores populares”, y se encuentra segregada residencialmente, con obstáculos en el acceso al transporte y a los servicios y las oportunidades laborales de la ciudad. Como plantea Ramiro Segura (2014), se trata de barrios que responden a un patrón de urbanización excluyente iniciado en la década de 1970 y que tuvo continuidad en las periferias metropolitanas aun en los primeros años del nuevo milenio, cuando hubo algunos indicios de reducción de la desigualdad de ingresos^[3].

Al interrogar acerca del modo en que los actores (tanto agentes pertenecientes a distintas instituciones estatales u ONG dedicadas a temas de infancia, como sus destinatarios) experimentan los procesos a los que me estoy refiriendo, el análisis nos lleva a abordar una realidad compleja, que no es apropiado reducir a la idea de la invasión del Estado en el ámbito doméstico, en un movimiento unidireccional de control (Vianna, 2002). Esto no implica dejar de considerar las relaciones asimétricas que se encuentran en la base de la gestión pública sobre las familias de sectores populares, ni los elementos coercitivos que se ponen de manifiesto más claramente cuando se producen interacciones orientadas a que los adultos responsables cumplan con indicaciones precisas –entendidas como necesarias por quienes asumen el poder de tomar las decisiones últimas– para evitar la separación de los niños de sus tutores. Sin embargo, la atención en las formas variables que pueden asumir esas intervenciones y la relevancia que adquiere la participación de los diferentes actores para la configuración de estas en circunstancias diversas resulta crucial en un contexto en el que la intervención se territorializa. De este modo, y tomando además los planteos de autoras como Vianna (2002) y Ciordia y Villalta (2012), que matizan el sentido de las nociones foucaultianas relacionadas con la normalización de las familias al momento de aplicarlas a sus respectivos campos de investigación, más que pretender encontrar un dispositivo rígido y autoritario de control, el énfasis de la exploración estará puesto en las negociaciones, las alianzas, los acuerdos, las demandas y las resistencias a la intervención.

Siguiendo a Laura Santillán (2009a, 2009b), la distinción entre “lo público” y “lo privado” proviene del discurso de la modernidad que enfatizó la idea de una escisión entre esos dos ámbitos, que fueron además pensados como antitéticos. Asimismo, ello fue acompañado de la difusión de modelos de familia propios de las clases dominantes, a partir de los cuales se fue construyendo una moralidad familiar hegemónica que implicó la asignación de determinadas responsabilidades parentales. Ahora bien, al analizar las modalidades que toman las políticas sociales en la Argentina actual, Santillán plantea que los sentidos propios de la modernidad persisten en un movimiento dual que incluye también redefiniciones de las responsabilidades entre “lo público” y “lo privado”, en un proceso de debilitamiento de la demarcación entre ambas dimensiones. Es por esto por lo que las resignificaciones, los cambios y las combinaciones entre los sentidos hegemónicos con otros que se les oponen merecen la indagación en contextos específicos, atendiendo a cómo los distintos sujetos se apropian de esos discursos activamente en sus prácticas.

El análisis de estos procesos a través de la descripción etnográfica estimula la reflexión acerca de los sentidos heterogéneos y contradictorios, propios de la vida cotidiana (Rockwell, 2009), que se construyen sobre la niñez y las responsabilidades parentales. Asimismo, constituye un aporte al conocimiento sobre la implementación de políticas públicas destinadas a la infancia y las familias, ya que posibilita observar las formas locales en las que el Estado se manifiesta a través de sus agencias y entabla distintos tipos de relaciones con organizaciones de la sociedad civil y referentes barriales, así como con los sujetos destinatarios de las intervenciones, con quienes interactúa en formas variables.

En este trabajo busco contribuir a la reflexión acerca del modo en que se construye la estatalidad en la gestión sobre la niñez, focalizando en la tensión público/privado para plantear interrogantes en torno a la intervención sobre las familias de sectores populares. El análisis situado sobre la construcción y definición de problemas de la infancia y las prácticas desplegadas para dar respuestas a ellos me permitirá considerar “lo público” y “lo privado” como dimensiones cuyos alcances y demarcación se establecen mediante acuerdos y disputas locales a través de los cuales los actores delimitan y legitiman espacios de intervención, derechos y responsabilidades.

La indagación sobre los tópicos aquí propuestos es parte de un trabajo más amplio que tiene como eje central las concepciones y prácticas en torno a la construcción de la infancia como problema social en contextos de precariedad socioeconómica, atendiendo a las intervenciones sobre aquellas situaciones que, de acuerdo a la retórica y a las normativas vigentes, son definidas como “casos de vulneración de derechos” en niños y adolescentes^[4]. De este modo, focalizando en actores pertenecientes a distintas instituciones y en la propia población asistida/intervenida en barrios del conurbano bonaerense, indago en la trama local de relaciones sociales con el fin de observar cómo se imponen, acuerdan y disputan prácticas y sentidos en relación con los niños y las familias. Asimismo, además de considerar las prácticas locales a través de las cuales los sujetos destinatarios de las políticas públicas son asistidos, juzgados y controlados respecto a sus conductas frente a los niños, pongo especial atención en su participación activa, acompañando, demandando o resistiendo esos procesos de intervención^[5].

Dejando la dimensión normativa y los modelos formales de acción en segundo plano, el foco estará puesto en las interacciones que tienen lugar entre distintos actores en procesos de intervención efectivos sobre situaciones problemáticas. La tensión entre las instancias de “lo público” y “lo privado” será planteada como un eje a partir del cual poder observar el modo en que distintos actores intervinientes interactúan con la población intervenida desarrollando acciones que conllevan efectos concretos sobre las dinámicas familiares. Estos son consecuencia de tecnologías de gobierno tendientes a la regulación y modelación de conductas, puestas en práctica a través de interacciones que van desde el seguimiento de iniciativas de las propias familias, facilitando el acceso a diferentes tipos de asistencia y recursos, hasta, en casos extremos, la separación de los niños de sus padres o tutores, ante situaciones consideradas graves^[6].

Si la construcción de la estatalidad en el terreno de la gestión de la infancia es abordada etnográficamente a partir del registro de las diferentes prácticas que localmente se despliegan entre distintos sujetos, la tensión público/privado constituye un tópico estratégico para analizar los significados diversos que adquieren esas prácticas en las dinámicas cotidianas. Ello porque, entre otras cosas, permite atender al modo en que estos dominios se constituyen mutuamente en las interacciones concretas, incluyendo acuerdos y disputas entre actores implicados de distintas maneras con los niños, sus derechos y las familias.

La construcción del campo: abordaje etnográfico

La perspectiva etnográfica me lleva a situarme en la cotidianeidad de un ámbito local en el que los dispositivos formalizados de intervención se implementan a través de prácticas que los sujetos protagonistas (técnicos, operadores, referentes barriales) llevan a cabo, adaptando aquellos modelos oficiales al contexto en el que se encuentran, apropiándose selectivamente de sus elementos y, cabe también la posibilidad, resistiendo o resignificando en alguna medida sus protocolos. En este sentido, la indagación en torno a los sujetos sociales particulares, sus prácticas y representaciones permite observar cómo efectivamente se pone en juego el “sistema integral de promoción y protección de derechos de los niños”^[7] con los matices y las particularidades locales, abordables a través del análisis etnográfico.

La investigación se inicia con observaciones de reuniones de “redes comunitarias”^[8], entrevistas y conversaciones informales con sujetos involucrados en prácticas diversas relacionadas con la crianza, educación y asistencia en general de los niños, tomando como referencia empírica principal un barrio del tercer cordón del conurbano bonaerense, específicamente del partido de La Matanza^[9]. De este modo, se avanzó en principio en la exploración de prácticas y sentidos de sujetos colectivos ubicados en ámbitos próximos de los niños y las familias. Me refiero a las instituciones educativas, la sala de salud, los agentes municipales con tareas asistenciales sobre la población, los centros comunitarios y otros actores que llevan a cabo distintas actividades para niños y adolescentes, en cuanto iniciativas de la sociedad civil a cargo de ONG, movimientos sociales o entidades religiosas.

Los vecinos, por su parte, interactúan entre sí con una intensidad que es propia de la dinámica barrial, asociada a la producción colectiva de la vida en un contexto de precariedad. La necesidad de relacionarse para afrontar la cotidianeidad conjuntamente –y esto implica tanto relaciones de reciprocidad para la satisfacción de necesidades básicas inmediatas, como construcciones colectivas de demandas a distintos organismos estatales para lograr “beneficios para el barrio”– también implica un nivel significativo de involucramiento entre las familias en lo que respecta a cuestiones relacionadas con los cuidados de los niños. Los “referentes barriales”^[10], actores fundamentales que hacen de nexo con entidades estatales en lo que respecta a las demandas de recursos para el barrio, participan, de modo recurrente, en las tramas de intervención de las que también forman parte efectores estatales específicamente dedicados a esa tarea (Santillán, 2012). Entonces, además de los actores mencionados, cuyas actividades y responsabilidades en torno a los niños pueden considerarse complementarias a los cuidados proporcionados por sus familias, es pertinente explorar las prácticas de aquellos sujetos que, por su pertenencia a instituciones estatales con responsabilidades sobre la protección de la infancia, intervienen ante situaciones problemáticas definidas en términos de “vulneración de derechos de los niños”. Encontraremos, entre estos actores, tanto a agentes judiciales como a aquellos que trabajan en diferentes organismos y programas dependientes del Poder Ejecutivo.

Cabe destacar que las instituciones mencionadas y diferenciadas en dos grupos^[11] con frecuencia entran en relación ante situaciones problemáticas; en general, las primeras solicitan intervención a las segundas, aunque también puede darse el camino inverso. En ocasiones, una vez iniciada la intervención por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes^[12] (en adelante, servicio local) o por algún organismo del Poder Judicial, sus agentes “articulan” con actores con presencia cotidiana en el barrio, solicitando colaboración específica para el abordaje del “caso”.

Para esta indagación, trabajaré con registros obtenidos de las interacciones con miembros de un equipo técnico del servicio local de La Matanza, cuya zona de atención de casos problemáticos incluye el barrio mencionado anteriormente^[13]. Así, procuraré analizar diferentes aspectos que hacen a las modalidades de abordaje de las problemáticas que involucran a niños y adolescentes y que, por diferentes razones y motivos, son pasibles de ser administradas por este organismo. Para ello tendré en cuenta principalmente algunos relatos en torno a sus intervenciones sobre casos de niños en situación de “vulneración de sus derechos”.

Ahora bien, es pertinente aclarar que los elementos con los que esos relatos están construidos –categorías, nociones, formas de denominar determinadas problemáticas– no son desconocidos ni exteriores para mí. El hecho de haber integrado el equipo técnico de un servicio local me ha familiarizado con determinadas prácticas y conceptos que, a través de este trabajo, intento analizar e interpretar como investigador. De esta manera, el movimiento de “exotizar lo familiar” (Lins Ribeiro, 1998) se vuelve relevante en mi trabajo, ya que no solo sus narrativas, sino también –y sobre todo– las prácticas, las experiencias, los modos de hacer y las situaciones con las que se enfrentan y deben lidiar los agentes estatales destinados a la protección de la infancia me resultan cotidianas y familiares. Por esta razón, la elaboración de los registros utilizados para este trabajo ha sido condicionada y enriquecida no solo con el bagaje de la práctica previa relacionada con la propia investigación, sino también con las experiencias que he tenido como trabajador en una institución de protección de derechos de los niños, similar a la que aquí describo.

Políticas públicas de gestión de la infancia: “lo público” y “lo privado” en la construcción de estatalidad en territorio

Las intervenciones a través de interacciones en territorio

Una mañana de abril del año 2014, visité la sede del equipo técnico de la zona 3 del servicio local^[14] con el fin de conversar con Damián, trabajador social que se desempeña desde el año 2007 y que tiene asignado el trabajo en una localidad que incluye el barrio que tomé como referencia principal para mi investigación. En esa charla, en la que conversamos primordialmente sobre una reunión de “red comunitaria” en la que ambos habíamos participado (él como representante del servicio local y yo como investigador), se refirió extensamente a una situación que desde el año 2011 el servicio local se encontraba trabajando en “articulación”^[15] con otros actores territoriales, por una niña que finalmente fue dada en guarda^[16] a una vecina.

La construcción de la problemática en el registro de la protección o el restablecimiento de derechos fue definiéndose sucesiva y alternadamente como “abandono”, “violencia”, “trabajo infantil” de acuerdo a las diferentes manifestaciones y apreciaciones de los sujetos involucrados. Prestar atención al trayecto de una situación problemática devenida en “caso” nos permite observar que, si bien el servicio local se constituye en el organismo responsable de establecer las decisiones últimas, especialmente si las medidas adoptadas van a tener consecuencias jurídicas, esas medidas son resultado de la participación de distintos actores, quienes van a incidir de variadas formas en la transformación de la realidad sobre la que se consideró necesario intervenir.

Julián: ¿Cómo llega el caso al servicio?

Damián: El caso se presenta por dos vías, una a nivel judicial, por oficio^[17], con una vecina del barrio denunciando a una mujer [Marta] por ejercer violencia hacia su sobrina [Luz], y la otra vía fue a través de diferentes instituciones barriales que se presentan directamente en el servicio a denunciar la misma situación. Fue una denuncia en comisaría y después lo tomó un juzgado de familia. Llegó un oficio con solicitud de intervención por el tema de la violencia […]. Y como entró por dos vías, se dio que dos técnicos en simultáneo empezaron a intervenir en paralelo, el oficio le llega a un técnico y la demanda de las instituciones le llega a otro técnico.

J: ¿Qué instituciones se presentaron?

D: Vecinos, sala de salud, una organización barrial que en ese momento no lo aclararon, pero después nos enteramos que era de una agrupación política. Tienen un comedor que lo atiende una vecina que es quien se está haciendo cargo actualmente de la niña. El terreno donde funciona el comedor estaba en disputa, porque la agrupación le había cedido una parte a la tía de la nena y después parece que ella había usurpado una parte o se lo quería quedar, no me acuerdo bien […]. Es una nena de 10 años que nació en la provincia de Chaco, abandonada por su madre, quien tenía algún problema de salud mental. Luz fue boyando por casa de familiares hasta llegar a la casa de esta tía, de más de 60 años de edad, quedándose a vivir con ella en el barrio. Marta sería entonces… la tía abuela de Luz. La nena estaba escolarizada, pero asistía con poca frecuencia a una escuela de X [localidad limítrofe con la de la residencia]. Aparentemente había unos familiares que tenían algún contacto con ella, que vivían cerca de esa escuela. Además, primos mayores que eran convivientes, uno al límite de la mayoría de edad, que después supimos que tenía alguna causa por delito menor.

J: ¿Y qué denuncian las instituciones?

D: Denuncian que esta tía mandaba a Luz a pedir y a hacer tareas domésticas… y tareas barriales… Marta ofrecía en el barrio lavado de ropa a vecinos y se lo hacía hacer a la nena. La hacía ir a pedir comida a los vecinos tanto para ella como para otros familiares. Además, la golpeaba: la gente del barrio se fue enterando porque la nena, al tocar la puerta en las casas para pedir comida, empezó a contar lo que le hacía la tía (entrevista con Damián, técnico del servicio local de La Matanza, 23 de abril de 2014).

Las nociones acerca de un niño bien cuidado (o descuidado) se construyen en los barrios con la participación de una multiplicidad de actores que, de una forma u otra, intervienen en los asuntos familiares y despliegan distintas acciones que se encuentran asociadas al desarrollo de políticas en el “territorio”. En efecto, como argumenta Santillán (2012), es posible observar que, en ámbitos donde la distinción moderna entre la instancia de “lo público” y “lo privado” ha sido trastocada, principalmente por las transformaciones en las formas de gestión del Estado, distintos agentes –estatales y no estatales– participan activamente en la modelación de conductas de los destinatarios de las políticas.

Las relaciones de reciprocidad y la solidaridad, entendida como ayudas entre los sujetos, constituyen aspectos insoslayables para describir la trama social al nivel de la vida cotidiana en el barrio. Tener en cuenta esto permite entender la tendencia al involucramiento de los vecinos entre sí en diferentes asuntos, de un modo por lo menos más intenso de lo que podemos esperar observar en otros contextos sociales^[18]. Claro que ese involucramiento en la vida del vecino puede también traer aparejado un conflicto, especialmente si el modo en que se está cuidando a un niño es considerado reprochable. De acuerdo con los planteos de Santillán (2012), las concepciones legitimadas acerca de lo que significa ser un padre responsable forman parte del repertorio conocido por los tutores, quienes adoptan, resisten o resignifican esos discursos a partir de sus propias decisiones. Podría pensarse que, en contextos de privaciones y carencias, las demandas de intervención estatal a través de la denuncia de la situación de vulnerabilidad de un niño son consecuencia de un maltrato inaceptable para los propios vecinos, o bien pueden estar estimuladas por conflictos barriales preexistentes.

De un modo u otro, lo primero que aparece como significativo desde la perspectiva de Damián tiene que ver con una situación que podría ser considerada de precariedad económica: la niña trabajaba para la familia y pedía comida pasando por las casas de los vecinos. Antes de esto, Luz fue “abandonada” por su madre, quien, según dice Damián, padecía algún problema de salud mental, y esa era toda la información que él tenía. Si bien la situación de violencia fue planteada desde un principio, como relató Damián, el equipo técnico del servicio local visitó el domicilio e interactuó con Marta (tía abuela de la niña), tras lo cual gestionó un subsidio como primera acción. Él justificó esto del siguiente modo:

“[…] los vecinos y la gente de la salita dicen que Marta mandaba a la nena a pedir y, cuando volvía a la casa, la olía para detectar si había comido, le miraba la boca y, si descubría que ya había comido, la golpeaba […], no quería que coma dos veces”. Con esto, Damián explica que, si bien lo que se denuncia es una situación de violencia, la misma aparecía muy ligada a la pobreza, de modo que consideró oportuno, junto con su compañera de equipo, conversar ante todo con Marta y gestionarle una “ayuda económica”^[19]. No obstante, las instituciones y vecinos denunciantes sumaron argumentos en contra de la tía de Luz: “Cuando visité el domicilio, se me acercó una vecina y me empezó a hablar mal de Marta. Me dijo que trataba mal a Luz y que no la higienizaba, salvo cuando cada tanto la bañaba tirándole detergente o jabón en polvo a la intemperie, como a un perro” (entrevista con Damián, 23 de abril de 2014).

Lo interesante de la situación, tal como la relata Damián, es que la vecina (Chachi) que más denunció los malos tratos de Marta en perjuicio de Luz era la persona responsable del Comedor Comunitario (iniciativa territorial de la organización barrial perteneciente a una agrupación política) que funciona en un espacio lindante con el terreno donde la tía de la niña tiene su vivienda. De hecho, ese terreno es propiedad de la agrupación y había sido cedido hacía un tiempo a Marta, con el propósito de colaborar y apoyar su buena predisposición para cuidar a Luz, luego de que la nena fuera “abandonada” por su madre. Me manifestó Damián:

Cada vez que pasaba algo, Chachi nos llamaba para contarnos la situación […], la verdad es que nos tenía podridos, pero después la empezamos a llamar nosotros, pidiéndole que mire un poco los movimientos de esa casa y ya a lo último, le pedimos que nos ayude a traer a la nena a la sede.

La entrevista en la sede del servicio local finalmente se llevó a cabo y Luz llegó junto con Chachi y otros vecinos. La niña, en principio con mucha dificultad para comunicarse y expresando temor hacia su tía, finalmente manifestó su malestar, situación que Damián relató como un momento clave de la intervención ya que, tal como él lo explicó, ante el pedido de ayuda de la propia niña, no era posible pensar en otra opción que no fuera la de resguardarla de quien la maltrataba:

Luz nos empezó a contar las cosas que le hacía la tía y nos pidió por favor que no le contemos nada de lo que estaba diciéndonos. En un momento pensó que llegaba Marta y se metió debajo de la mesa […], le tenía mucho miedo a la tía.

Ante esta situación, el servicio local adoptó una “medida de abrigo” y la niña quedó bajo la responsabilidad de Chachi, que fue quien más había bregado para que se produjera la intervención a fin de proteger a Luz del maltrato. En el momento de decidir dónde permanecería Luz luego de ser separada de su tía, otro vecino (conocido en el barrio porque es “el verdulero”) y su esposa se propusieron como potenciales cuidadores para responsabilizarse transitoriamente de Luz. No obstante, Damián refirió que, ni bien Chachi se mostró predispuesta a hacerse cargo de la situación, desde el equipo técnico no dudaron de que debía ser ella quien acogiera a la niña. Indudablemente, Chachi, madre de otros niños, encargada del Comedor Comunitario y responsable de haber llevado adelante acciones orientadas a denunciar malos tratos hacia Luz, fue considerada apta por estar dotada de valores acordes con lo que comúnmente se entiende por “padre responsable”.

Como se puede notar en el registro de campo, el ritmo de la intervención se fue definiendo de acuerdo con el protagonismo alternado de diferentes sujetos. El servicio local es el que definió la acción compulsiva separando a Luz de la responsabilidad de Marta, pero la información relevante y las acciones intermedias para establecer el estado de situación y la respuesta considerada más adecuada fueron aportadas por actores territoriales, vecinos que se involucraron con la problemática y referentes barriales (especialmente Chachi) que tomaron partido hasta las últimas consecuencias. Damián, por su parte, lejos de dar cuenta de la intervención describiéndola como confusa o asistemática, ponderó las “articulaciones” establecidas como algo deseado y que cumplió con el ideal de “corresponsabilidad”, concepto central del llamado “paradigma de la protección integral de derechos de los niños”, que promueve la horizontalidad del abordaje de problemáticas de infancia en detrimento de la discrecionalidad de los jueces de menores (Villalta, 2004).

Tal como lo analiza Lucía Eilbaum (2012) en su investigación sobre procedimientos de justicia penal en el conurbano bonaerense, en las intervenciones sobre conflictos y problemáticas asociadas a situaciones cotidianas en “el barrio” (intervenciones que, como ella lo aclara, difieren de otras en las que la dimensión política constituye una variable decisiva), la frontera entre los agentes judiciales y la población con la que se interactúa no es tan tajante como podría presuponerse, sino que se produce una aproximación entre ellos en relación con determinados intereses y valores morales. Aunque se trata de prácticas sobre problemáticas diferentes (las de la justicia penal y los de los servicios de protección de derechos de los niños), el análisis que hace la autora sobre “el barrio”, reconociendo la participación activa de diferentes sujetos involucrados directa o indirectamente en las situaciones tratadas, ilumina aspectos fundamentales de las interacciones que los técnicos del servicio local llevan a cabo en el territorio y cómo estas inciden en el tratamiento de los casos y en la toma de decisiones. En efecto, los agentes estatales se vinculan con distintos sujetos durante un proceso en el que interacciones concretas motivan la selección de determinados acontecimientos y voces consideradas relevantes, en detrimento de otras que no se toman en cuenta o que no se las aprecia como válidas. Eilbaum (2012), para ello, propone el concepto de “moralidades situacionales” para dar cuenta de cómo los agentes en esas relaciones se identifican con ciertas personas o grupos, a partir de valores e intereses que confluyen bajo ciertas circunstancias, orientando la práctica en determinado sentido. Así, más que pretender definir identidades a partir de tendencias profesionales estáticas, lo que interesa es analizar sus decisiones en circunstancias particulares y atendiendo a relaciones territorializadas.

En el accionar del servicio local, es posible notar cómo los técnicos indagan en la dinámica de las familias con las que trabajan para poder desarrollar las intervenciones, llegando en muchas ocasiones hasta lo que se conoce como “comunidad” (OSC locales, referentes barriales, vecinos y familiares de las personas intervenidas), tal como fuera planteado a propósito de la territorialización de la intervención. En situaciones como la analizada, esto tiene lugar con mayor fuerza que en otras, teniendo en cuenta que un grupo de vecinos, ya vinculados previamente con las protagonistas del caso tratado, se involucraron y lograron que la situación problemática llegara al servicio local, generando ellos mismos el inicio de la intervención estatal. La interacción con las personas que rodeaban a la niña y a su cuidadora causó que los técnicos se identificasen con quienes, en principio, se manifestaban (por sus actos frente al conflicto, por su biografía conocida y su trayectoria personal o institucional en relación con los cuidados de niños) a tono con los criterios considerados adecuados para una “buena crianza” y los comportamientos que se espera de los adultos cuidadores para con los niños.

Siguiendo a Eilbaum (2012), “el barrio” constituye una categoría nativa que puede ser utilizada y dotada de sentido en forma variable tanto por los pobladores en función de sus interacciones previas, como por los mismos agentes, a partir de identificaciones morales y el reconocimiento de intereses comunes con aquellos. En relación con esos vínculos cotidianos construidos previamente a la emergencia del “caso”, no solo podrá haber “buenos y malos vecinos” según quien los defina, sino que, mientras que determinado grupo puede ser visto como perteneciente al barrio, a otro es posible quitarle simbólicamente esa condición, en función de la proximidad o distancia social generada como consecuencia de tales relaciones. En este sentido, resulta apropiado abordar analíticamente las relaciones entre los mismos vecinos desde el concepto de “territorio social” propuesto por María Pita, entendido como “resultado de redes de relaciones que configuran espacios sociales y morales antes que –exclusivamente– una base territorial y física” (Pita, 2007). El “territorio social” es configurado por las relaciones sociales que conforman las “redes de sociabilidad”, producto de las dinámicas de las interacciones entre los sujetos y grupos que conforman la población. Es así que “el barrio” entendido como categoría nativa (Eilbaum, 2012) se acerca al concepto de “territorios sociales” (Pita, 2007), en cuanto son definidos por los mismos protagonistas a partir de esas redes de relaciones.

Lo cierto es que, en este caso, un reducido número de vecinos e instituciones comunitarias se atribuyó la posibilidad de manifestarse haciendo llegar sus denuncias como si se tratara de la voz del barrio. Sus argumentos se tornaban creíbles a partir de ciertos valores morales compartidos con los técnicos, quienes, en función de sus propios intereses, otorgaron legitimidad a sus relatos. De esta manera, sin faltar a los protocolos ni desafiando las consideradas “buenas prácticas”, los técnicos llevaron adelante una intervención a partir de apreciaciones que no solo se basaron en sus bagajes profesionales y en parámetros propios de la institución a la que pertenecen –los que a su vez se encuentran impregnados de concepciones socialmente aceptadas acerca de lo que es una “buena crianza”–, sino que además estaban condicionadas por criterios personales y subjetivos y se construyeron in situ en interacción con diferentes personas, puntos de vista, rumores, denuncias y valoraciones provenientes del barrio. Es así que esa identificación moral y situacional, generada en el mismo proceso de intervención, habilitó las voces de quienes, además, facilitarían información extra que permitiría que los técnicos tomasen decisiones y ejecutaran sus prácticas a partir de la “creencia” en esos datos como válidos y legítimos (Eilbaum, 2012).

Así, a través de conceptos como el de “corresponsabilidad” y el de “articulación” (ambos ponderados en pos de limitar las decisiones unilaterales de un único actor), actualmente indiscutibles en lo que respecta a las retóricas de la protección integral de derechos de los niños –aunque sí eje de disputas entre trabajadores en lo referido a modelos de intervención^[20]–, es posible legitimar prácticas que se fueron construyendo contextualmente en interacción con actores barriales. Como aparece en el relato de Germán, fueron personas que residen en el barrio, representando en algunos casos instituciones estatales (sala de salud) y no estatales (comedor comunitario), quienes se asumieron como actores intervinientes ante la situación de vulneración de derechos de la niña. La elevación de sus denuncias y apreciaciones al estatus de palabra autorizada del barrio para describir la problemática de la niña bajo los cuidados de su tía fue fundamentada por los técnicos a partir del concepto según el cual la participación de la “comunidad” en las situaciones abordadas por el servicio local es valorada positivamente para evitar intervenciones arbitrarias y descontextualizadas.

“Mi familia y mis hijos son asunto mío”

En otra visita a la sede del servicio local, estuve presente cuando dos profesionales pertenecientes al equipo técnico desarrollaron un relato acerca de una situación con la que se encontraban trabajando, inmediatamente después de concluir una entrevista con los padres de los niños por los cuales la institución intervenía.

Cristina (trabajadora social) y Valentina (psicóloga) se acercan al salón donde se ubican sus compañeros, manifestando preocupación por una situación, luego de entrevistar a los padres de unos chicos. La entrevista concluyó, pero sus entrevistados aún aguardan en la sala de espera. Ellas quieren contar acerca del caso a quien se sume de sus compañeros para poder oírlas y eventualmente opinar, ya que deben resolver cómo continuar con la intervención. Cristina comenta que se trata de un caso presentado por la escuela a la que concurren los chicos, quienes padecerían maltrato en su hogar. El equipo de orientación escolar (EOE) se había presentado previamente en la sede del servicio local para describir la situación y solicitar intervención. Según manifestaron sus integrantes en esa oportunidad, los niños relataron en la escuela episodios recurrentes de violencia en su perjuicio, de la cual sus padres eran los responsables. Desde el servicio local se envía una citación a los padres de los niños, quienes se presentan para tener una entrevista. Luego de que la dupla de trabajadoras plantea el interés de conversar acerca de la situación de los niños, los padres se disponen a describir cuestiones que hacen a la cotidianeidad de la familia y la crianza de sus hijos. El hombre es quien se apresura para tomar la palabra, mientras que la mujer le cede la iniciativa de los relatos. Él demuestra estar interiorizado en los temas relacionados con sus hijos (una nena de 8 años y un varón de 10 años de edad), dando cuenta de una situación familiar “normal”, sin aspectos problemáticos a destacar, aunque con privaciones económicas que, sin embargo, no constituyen un obstáculo que impida cubrir las necesidades que ellos consideran básicas. Aunque el padre de los chicos demuestra conocimiento de pormenores relacionados con su escolaridad, controles médicos y demás cuestiones que hacen a sus cuidados, Valentina dice que, por la manera de expresarse, él pareciera asumir una postura defensiva, recurriendo a largas descripciones para demostrar el buen ejercicio de su “rol paterno”. No obstante, cuando las profesionales indagan en aspectos relacionados con los vínculos y los tratos en el hogar, el hombre no tuvo mayor reparo en manifestar que a sus hijos los retan y a veces él los golpea “cuando se portan mal”, dando a entender que se trata de castigos aleccionadores, necesarios para “poner límites” a sus conductas. La mujer asiente, pero no agrega comentarios.

Ante esos dichos, las trabajadoras interpelan a los entrevistados sobre sus comportamientos, indagando más profundamente en las situaciones de conflicto y de tensión en los vínculos familiares y, de algún modo, procurando que especialmente el hombre reconozca prácticas “violentas” en el modo utilizado para educar y disciplinar a los chicos. Él, sin embargo, se refiere a su dedicación para “mantener a la familia”, trabajando de guardabarreras, tarea que, según explica, lo estresa y que, por esta razón, en ocasiones se encuentra “nervioso” en el hogar, aunque no relaciona esto con los golpes, que, según interpretan las entrevistadoras, forman parte de la dinámica cotidiana.

Avanzando con la conversación, el señor refiere que, cuando su pareja no realiza satisfactoriamente sus quehaceres domésticos, él también “la reta” del mismo modo que a sus hijos, haciendo un gesto que, según lo imitan las trabajadoras al describirlo, hace referencia a golpes con mano abierta. Valentina aclara que, mientras el hombre comentaba esto, la mujer sonreía. Luego expresa: “Para mí le debe dar… pero lo dijo haciéndose el gracioso” (nota de campo, sede del servicio local, 19 de mayo de 2014).

Hasta aquí podría pensarse que se trataba de una situación –similar a muchas otras que se suelen tratar desde el servicio local– en la que cierto nivel de maltrato (contra los niños y probablemente también contra la mujer), cuya intensidad aún se desconoce, se encontraba instalado y naturalizado en la familia. Lo que motivó el relato del “caso”^[21] por parte de las trabajadoras, sin embargo, no era la problemática familiar en sí, sino el límite impuesto por el padre de los niños a la intervención, recurriendo al argumento de que no debían meterse en su “vida privada”.

Cristina y Valentina dicen que les plantearon a los entrevistados su apreciación, según la cual sería importante modificar las conductas de los adultos (no recurrir a golpes por parte del hombre y no permitir que eso ocurra contra los chicos ni en su propio perjuicio, por parte de la mujer) para que la familia sea un ámbito contenedor para los chicos, donde “tengan garantizada su integridad psicofísica” (la frase motiva expresiones irónicas de complicidad entre los compañeros cuando Cristina la enuncia, como si tal ideal planteado en las normativas de protección de derechos de los niños resultara pretencioso). Continuando con el relato de lo que sucedió durante la entrevista, las trabajadoras comentan que, en función de la problemática que se presenta, ellas les proponen la posibilidad de gestionar un turno para iniciar una terapia familiar, aunque también les sugieren que asistan ambos a un centro dedicado al tratamiento de la violencia doméstica. Sin embargo, el hombre interrumpe la orientación, argumentando que él no acepta ninguna de las opciones propuestas, ya que no está de acuerdo con el problema que se está planteando. La mujer, sin agregar comentarios, pareciera aceptar lo que su pareja expresa, aunque no queda claro si comparte su idea o si no quiere contradecirlo. Ante la insistencia de las trabajadoras, el señor manifiesta, ya en tono de enojo, que nadie le va a decir qué hacer con su “vida privada”, y que por su parte ellas hagan lo que crean más apropiado, expresando; “Mándenme un patrullero si quieren, pero nadie me va a decir cómo me tengo que manejar […] es mi vida privada y ustedes no se van a meter […] mi familia y mis hijos son asunto mío”.

Se intercambian algunas opiniones entre los compañeros, resaltando la voz de uno de ellos, que expresa: “Que ahora se vayan y después nosotros con tiempo lo vamos viendo”, lo que provoca algunas risas, debido a que la expresión “Lo vamos viendo” la suelen utilizar para dar cierre a discusiones sobre intervenciones en las que no se tiene claridad sobre qué hacer frente al problema que se presenta. Cristina y Valentina se dirigen a conversar con los padres de los niños y, minutos después, tengo la oportunidad de preguntarles qué sucedió finalmente. Valentina dice que, como la situación no parecía tan grave como para adoptar inmediatamente una medida de abrigo, despidieron a los padres de los niños, planteándoles que probablemente sean citados junto con sus hijos para tener una nueva entrevista y que, mientras tanto, el equipo del servicio local realizará un seguimiento de la situación de los chicos a través del EOE (nota de campo, sede del servicio local, 19 de mayo de 2014).

Es interesante observar un aspecto que no llamó la atención de quienes intervinieron en el caso ni de sus compañeros. Durante la entrevista, tal como la describen Valentina y Cristina, no hubo resistencias notorias de parte de los entrevistados para detallar cuestiones relacionadas con lo que podríamos definir como “vida doméstica” o “íntima” o bien “la vida privada”, tal como posteriormente reclamó el padre de los niños. Al comenzar la entrevista, ellos (especialmente el padre de los niños) hablaron sin resistencias y no se preocuparon por averiguar en detalle el motivo de la citación antes de contar cómo eran sus rutinas domésticas. El límite al acceso a “la vida privada” –dimensión que simbólicamente se configuró en el acto, en función de los intereses en juego– justamente se estableció una vez que las profesionales intentaron encuadrar las conductas de los adultos relacionadas con la crianza de los niños, en principio, sugiriendo tratamientos por los tratos entendidos como “violentos”.

No se puede obviar el hecho de que los padres de los chicos fueron citados por la policía^[22] y que es de esperar que algún tipo de idea previa llevara a recortar los relatos para defenderse de posibles cuestionamientos. Probablemente, esto tenga alguna relación con la observación de Valentina sobre el posible sobredimensionamiento del buen ejercicio del “rol paterno” que el hombre se esmeró en destacar en la primera etapa de la entrevista. No obstante, es indudable que, de acuerdo a como se fue desarrollando la conversación, existió ese punto de inflexión en el que el hombre estableció el límite sobre qué decir sobre su vida y la de su familia y, en consecuencia, un obstáculo para la intervención futura del equipo técnico. Aun así, cabe destacar que, una vez marcado ese límite, el padre de los chicos no tuvo mayor inconveniente en contar acerca de su trabajo, reconocer que se estresaba y que en el ámbito familiar solía estar “nervioso”, cuestiones que, sin embargo, él no permitía que se vinculasen con los castigos impartidos a sus hijos.

El “caso” analizado, entonces, exhibe el carácter flexible de la construcción simbólica de “la vida privada” cuando lo que está en juego es la posibilidad de acceso al conocimiento de las relaciones familiares para la ejecución de dispositivos de intervención sobre poblaciones vulnerabilizadas. La “vida privada”, en este caso, pretende remitir a ese espacio de experiencias y relaciones que quedan reservadas a quienes están siendo observados desde una instancia pública, como lo es un organismo estatal de protección a la infancia. La “vida privada” o la preservación de determinada realidad cuyo control no se resigna, se constituye como dimensión a la que no debería acceder y menos aún intervenir, el equipo técnico del servicio local. El contenido de la categoría no necesariamente debe coincidir con el de “vida doméstica” ni tampoco mantener un significado rígido, en cuanto su relevancia para la indagación empírica radica en los sentidos que se disputan a través de su utilización y definición situada.

La impresión es que, desde la perspectiva de los efectores del Estado, el conflicto aparece cuando la posibilidad de intervenir en aquellos aspectos que hacen a las relaciones familiares se encuentra obstaculizada. Y cabe pensar que, si esto es así, es porque se da por sentada la necesidad de entablar relaciones asimétricas entre intervinientes e intervenidos y de acceder a esa dimensión (llamémosle “doméstica”) de la vida de las personas con las que interactúan, con el fin de proteger a los niños o bregar por sus derechos.

Podría considerarse entonces que la preocupación puesta en el obstáculo para la futura intervención debido al límite que este hombre pretendió imponer, el modo en que se asumió con naturalidad el hecho de que los entrevistados relataran sin resistencias cuestiones de su vida mientras no se sintieron cuestionados y, podríamos agregar, la dirección que tomó la entrevista, orientando la conversación en torno a la “violencia doméstica”, en cuanto problemática social en la que es legítimo intervenir e incluso trasponer el umbral de “lo privado” o “lo íntimo”, son aspectos cuya observación aporta elementos para comprender las características del accionar habitual del servicio local.

Por otra parte, es interesante recuperar las apreciaciones de sus agentes, en cuanto trabajadoras reflexivas. En una conversación con Valentina, en la que charlamos sobre sus percepciones frente al caso comentado, fue posible advertir la complejidad de la situación, y comprender que el obstáculo para la intervención trae aparejadas otras implicancias.

Valentina refiere que los casos de violencia hacia los niños y contra las mujeres son muy frecuentes en la población con la que ella trabaja junto con Cristina. Generalmente son abordados en “articulación” con un centro de asistencia a la víctima de violencia familiar, escuelas u otras instituciones que, al tomar conocimiento de las situaciones, demandan intervención al servicio local. En muchas ocasiones, cuando algún miembro de la familia pide ayuda, se los orienta a realizar denuncias penales para dar un encuadre a la intervención, aunque esto es difícil cuando quien llama la atención sobre el problema se encuentra muy vinculado con el “agresor”. Según explica Valentina, el mismo servicio local muchas veces efectúa denuncias penales ante situaciones de violencia. No obstante, en la mayoría de los casos trabajados, la violencia es un aspecto que está presente en las familias y, si bien el equipo lo toma como problemático y lo considera digno de atenderse, de ningún modo se actúa tomando automáticamente medidas de abrigo, excepto situaciones extremas de agresiones físicas graves y recurrentes o casos de abuso sexual infantil. Como explica Valentina, “si hubiera que adoptar medidas de abrigo por todos los casos de violencia que nos llegan, armaríamos un desastre en los barrios”. En lo que respecta a la situación comentada con los compañeros, Valentina dice que, independientemente de que desde el equipo solo se intente dar alguna orientación “para que la cosa mejore un poco”, cuando los adultos de la familia se resisten a seguir conversando y a reconocer dificultades, la intervención se hace cuesta arriba. Entonces, para el caso puntual, ellas seguirán intentando conversar con los chicos y con su madre sin la presencia del padre y estarán atentas a los informes de la escuela, pero no tomarían una medida de abrigo sin tener mayor información que dé cuenta de una situación extrema. Valentina explica que en general, con casos como estos, la situación queda en suspenso hasta encontrar una forma de “entrarle a la familia”, pero en ocasiones puede complejizarse si la coordinadora o alguien de la dirección del servicio local se entera de la intervención cuando, por ejemplo, hay un reclamo de una escuela. Si la escuela reclama a la dirección del servicio local argumentando que existe una situación grave, que el equipo del servicio local ya conoce, pero que aún no resolvió, la demanda recae sobre el equipo técnico, que, sin lograr llevar a cabo un “acompañamiento” con los miembros de la familia, se ve en situación de tomar medidas compulsivas “para proteger a los niños”, aun sin estar de acuerdo con tal decisión (nota de campo, conversación con Valentina, psicóloga del servicio local, 26 de mayo de 2014).

Si bien existe un nivel significativo de autonomía en las prácticas cotidianas de los trabajadores del servicio local, es necesario tener en cuenta que en la sede hay una coordinadora y, subiendo la pirámide, trabajadores que asumen cargos directivos. Aunque no es habitual una supervisión sistemática del tratamiento de los casos, lo cierto es que estas personas pueden revisar las actuaciones de los equipos ante circunstancias en las que la institución se encuentre interpelada por otros actores.

Los profesionales del equipo técnico del servicio local tienen la posibilidad de solicitar la adopción de una “medida de abrigo”, en casos en los que se considere necesario. De acuerdo con la normativa vigente, esto debería producirse como última opción en situaciones en las que otro tipo de intervenciones ya llevadas a cabo no resultaran efectivas o viables para modificar la problemática de origen, o cuando el motivo de la vulneración se considere lo suficientemente grave como para exigir la medida compulsiva y resguardar a los niños, antes de considerar otro tipo de “estrategias” para revertir la situación. Independientemente de que, según comentó Valentina, iban a continuar intentando nuevas alternativas para abordar el caso (en principio, se planteó entrevistar en otra oportunidad especialmente a los chicos y a la madre de estos sin la presencia del padre), es evidente que la definición más precisa del problema y de las acciones a seguir se encontraban condicionadas, en buena medida, por la posibilidad de profundizar la interacción con estos u otros miembros de la familia o referentes afectivos. Si la resistencia se mantuviera firme, la posibilidad de acceder a la cotidianeidad de la familia o a esa dimensión que el padre de los niños determinó como “la vida privada” –para conocer los pormenores, definir mejor el problema, evaluar su gravedad y plantear estrategias para la intervención– sería nula, salvo que, en función de lo conocido sobre la base de las entrevistas ya efectuadas y los datos aportados por otras instituciones, se considerara que existen elementos suficientes para tomar la decisión de separar a los niños de sus padres.

Siguiendo el relato de Valentina, se entiende que, ante el reclamo de otras instituciones, el servicio local puede ser cuestionado más por no avanzar con la intervención que por llevar a cabo acciones compulsivas, como separar a los niños de sus padres. Si así fuera, la opción de poner pausa a la intervención, de tomarse el tiempo de encontrar la mejor forma posible de “entrarle a la familia” (o dejar la intervención en suspenso por no encontrar esa manera) sería dejada de lado, debiendo las trabajadoras “proteger a los niños” haciendo uso de sus facultades, es decir, introduciéndose por la fuerza en ese terreno que el padre de los niños reclamó como su “vida privada”. Como expresa Valentina, la decisión de adoptar una “medida de abrigo” en estos casos puede ser una indicación precisa de la dirección del servicio local. De este modo, ante el fracaso en el intento de desarrollar una intervención basada en el “acompañamiento” de la familia a través de orientaciones para modificar la realidad considerada problemática, las acciones requeridas podrían implicar el alojamiento de los niños en un espacio alternativo de cuidado, sin necesidad de acordar tal decisión con los padres.

Cabe aclarar que, si bien lo planteado no es efectivamente lo que sucedió con el tratamiento del caso analizado, una resolución de este tipo es posible que ocurra en situaciones donde converjan las variables consideradas hasta aquí: un caso del que no se conoce lo suficiente como para determinar si reviste gravedad; dificultades en la interacción que obstaculizan la realización de un “acompañamiento” para modificar una situación familiar considerada problemática; reclamos de otras instituciones para que el servicio local resuelva el conflicto “protegiendo a los niños”; la decisión de la dirección del servicio local de adoptar una “medida de abrigo”, evitando posibles cuestionamientos a la institución.

El registro analizado, a su vez, es interesante como pista para rastrear las resistencias de los propios trabajadores a seguir de manera rígida los protocolos de intervención formales y el modo en que adaptan las normativas y las acciones esperadas a los contextos sociales en los que se encuentran trabajando. Del relato expuesto, esto puede observarse a través de cierta distancia crítica sobre ideales que se desprenden de las normativas, como “garantizar la integridad psicofísica de los niños”. Puede interpretarse que la ironía que se generó en torno al postulado no necesariamente apuntaba al significado de este en cuanto ideal, sino debido a lo descontextualizado que pudiera resultar abordar las situaciones –construidas como casos individualizados– planteando objetivos en esos términos en poblaciones atravesadas por la desigualdad y conflictividad social, en las que diferentes problemáticas –no necesariamente todas exclusivas de los sectores populares– son amplificadas dadas las privaciones económicas y la exclusión social. Las dificultades para la inserción laboral, el hacinamiento en condiciones habitacionales precarias, la abultada oferta de las sustancias psicoactivas para el consumo de los jóvenes y el fácil acceso a ellas, y la consecuente fragilidad y resentimiento de los vínculos familiares configuran un contexto que no es desconocido por los agentes que intervienen sobre problemáticas en torno a la niñez. Entonces, si bien en el relato analizado es apreciable la inclinación de las trabajadoras por encuadrar la problemática en torno a los chicos como una situación de “violencia”, entendiendo que tal categoría permite englobar diversas realidades con una característica común que habilita determinadas intervenciones y posibles resoluciones, también ellas en su práctica reflexionan críticamente sobre este aspecto.

Conversando acerca de las problemáticas con las que trabaja el servicio local y, en particular, sobre cómo estas se definen y jerarquizan al momento de abordar los casos, Valentina comenta que hace unos días fue convocada a una reunión, a propósito de una prueba piloto de trabajo conjunto que se va a intentar hacer entre técnicos del servicio local y del programa ENVION^[23], cuyas zonas de abordaje coinciden. En dicha reunión estuvieron presentes tanto equipos técnicos como personal jerárquico representando a ambas instituciones. Valentina destaca que los directivos se centraron en describir acciones posibles a partir del planteo de determinados problemas e hicieron hincapié en la importancia de la definición del motivo de la intervención para luego desplegar “estrategias” para la “restitución de derechos”. Cuando Valentina toma la palabra, argumenta que la definición del problema y el nivel de urgencia establecido para ocuparse de él en buena medida son determinados en relación con el contexto de la población con la que se trabaja y los recursos con los que se cuenta para poder dar respuestas a él. Los directivos del servicio se opusieron a su argumento y enfatizaron que de ningún modo el contexto puede condicionar la definición del problema (nota de campo, conversación con Valentina, 26 de mayo de 2014).

Aunque, tal como lo describe Valentina, en esa reunión fue desestimado su punto de vista sobre el modo en que deben definirse problemas y urgencias para el abordaje desde el servicio local, el hecho de haberlo planteado permite inferir un nivel considerable de autonomía del equipo técnico en su práctica cotidiana. Entonces, podría pensarse que, mientras que los agentes del sistema de protección de la infancia, por un lado, se encuentran condicionados por modelos oficiales para definir situaciones, rotularlas y clasificarlas según el modo en que actualmente se considera legítimo, por el otro, existe un margen de decisión para establecer qué cuestiones son prioritarias y en qué circunstancias problemáticas determinadas exigen intervenciones drásticas y en cuáles no. De una forma u otra, una vez encarado un caso, la posibilidad de conocer e intervenir sobre la vida de las personas y, en particular, sobre aquellos aspectos que hacen a las relaciones familiares y el cuidado de los niños parece llevar a los técnicos a desarrollar acciones orientadas a la asistencia y el “acompañamiento” para intentar contribuir a la modificación de situaciones problemáticas, evitando tomar medidas que impliquen separaciones, salvo excepciones en las que se aprecie que es necesario hacerlo. Esa accesibilidad al terreno de lo doméstico, que, a modo de resistencia, el hombre entrevistado reclamó como su “vida privada”, es indudablemente la condición para realizar abordajes inclinados hacia lo asistencial. Una visión reflexiva de las características de la población con la que se trabaja y una distancia respecto de los modelos formales de abordaje prescriptos por las instituciones del Estado en el marco de políticas públicas de infancia permiten que sus agentes, en ocasiones, pongan límites a la intervención cuando el curso de ella lleva a condenar a las familias pobres en nombre del restablecimiento de los derechos de los niños. No obstante, ese margen de acción se reduce significativamente cuando, como planteaba Valentina, el servicio local es cuestionado desde otras instituciones con argumentos que enfatizan la desprotección de los niños y la falta de resolución del organismo de protección a la infancia.

Consideraciones finales

A partir de los registros de campo, intenté plantear aspectos que resultan relevantes para reflexionar en torno a las prácticas de gestión de la infancia, teniendo en cuenta tanto modalidades coercitivas de gobierno de las poblaciones vulnerabilizadas, como aquellas que pueden pensarse más como dispositivos asistenciales, de “acompañamiento”, en pro de respuestas ante problemas cuya entidad también puede ser asumida, o en alguna medida aceptada, por quienes reciben la intervención.

La indagación en torno a la tensión entre “lo público” y “lo privado” sobre el territorio y el carácter flexible y contextual en el que ambos dominios se definen, en el marco de intervenciones concretas desplegadas a través de interacciones entre distintos sujetos, constituye un disparador para profundizar en las características de las políticas públicas de infancia. Es así que, poniendo el foco en las relaciones asimétricas entre los agentes y las familias, y en las interacciones entre distintos actores que conforman el mapa de la intervención (desde efectores del Estado hasta vecinos involucrados en casos puntuales), podemos observar, más que un modelo rígido de acción estatal, un abanico de posibilidades que dependen, en buena medida, de las relaciones mencionadas. La territorialización de la intervención, a su vez, genera que la visibilización de los problemas sea mayor, en cuanto los actores demandantes y los técnicos llegan a los ámbitos próximos de las familias. Allí, como he planteado, se producen interacciones que acercan a los técnicos a determinados grupos del barrio, al identificarse situacionalmente con valores morales e intereses que los guían en sus intervenciones y que permiten otorgar credibilidad a ciertas apreciaciones sobre la realidad familiar en cuestión.

Es posible establecer, por otra parte, que quienes trabajan directamente sobre los “casos” pueden discernir entre situaciones graves que exigen soluciones contundentes y rápidas y otras que tienen que ver más con las condiciones estructurales de las poblaciones empobrecidas. En este sentido, puede decirse también que existe cierta tendencia entre los técnicos a no generar situaciones dramáticas en las familias, evitando procedimientos rígidos y compulsivos, acordes con una visión descontextualizada de los derechos de los niños (Fonseca y Cardarello, 2005). No obstante, la posibilidad de impulsar prácticas tendientes al “acompañamiento” y la asistencia en lugar de la aplicación de medidas drásticas exige, por parte de las familias, aceptar condiciones de intervención que implican el acceso al conocimiento de las relaciones familiares, propias de la realidad doméstica o “la vida privada”, en los términos del discurso de la modernidad. Solo así es posible llevar adelante interacciones tendientes a recomponer o modificar estados de situación considerados inapropiados en relación con los cuidados que los niños requieren, sin determinar la desvinculación con sus tutores.

Por lo analizado a través del segundo caso, cabe suponer que las resistencias de las familias ante los intentos de los técnicos del servicio local de abordar problemáticas no suelen ser tan directas como la que manifestó el padre de los niños. Esa forma de evadir la evaluación de los comportamientos en torno a la crianza de sus hijos impidiendo explícitamente el acceso a la “vida privada”, si bien en principio no conllevó repercusiones desfavorables para esas personas en cuanto las trabajadoras no se mostraron dispuestas a tomar una “medida de abrigo”, podría culminar en acciones de ese tenor bajo circunstancias en las que, debido a las demandas y la observación atenta de otras instituciones, el servicio local sea puesto en tela de juicio. Es por esto que aun en situaciones en las que, por encontrarse compenetrados con la realidad de las poblaciones con las que interactúan, los técnicos intentan tomar distancia de los esquemas formales de intervención, ese margen de autonomía se reduce si los “casos” dan lugar a controversias y comienzan a escucharse puntos de vista diferentes a los suyos. En estas circunstancias toman partido ya no actores en contacto directo con las familias, sino las cúpulas de las instituciones implicadas, que frecuentemente demandan medidas compulsivas. Esto condiciona las decisiones de los técnicos, cuya capacidad de acción queda constreñida a lo que se espera de ellos (no solo desde la dirección del servicio local, sino por directivos de escuelas y centros de salud, jueces de familias, asesores de menores, etcétera) como ejecutores de protocolos más o menos sistematizados, orientados a priorizar la adopción de “medidas de abrigo” como modo de “proteger a los niños”^[24] de determinadas situaciones.

En suma, la red de relaciones en la que se desenvuelven los agentes del servicio local puede ser abordada analíticamente, en términos de Elias, como una “configuración” en la que los individuos interactúan entre sí, ocupando posiciones predeterminadas (Elias, 1984). Esa “configuración” no es rígida ni eterna, pero sí más estable y duradera que los individuos que forman parte de ella. Los técnicos del servicio local, en esa figura constituida por las relaciones entre diferentes actores, se encuentran habilitados a desarrollar acciones y tomar decisiones ejerciendo un poder que varía según los diferentes estados que puede adquirir el tratamiento de un “caso” y que será más o menos limitado, como se ha podido observar a través de los casos analizados, dependiendo de las prácticas del resto de los actores con los que mantiene interdependencias recíprocas (Elias, 1984). Las familias con las que trabajan, los coordinadores y directores del servicio local, los vecinos, los referentes barriales y demás actores territoriales, los directivos de diferentes instituciones, entre otros tantos sujetos que eventualmente son protagonistas en el abordaje de un “caso”, constituyen el mapa de actores que es preciso conocer a partir de sus interacciones, para comprender las características principales de la gestión de la infancia en el contexto observado.

Para concluir, es posible a partir del análisis efectuado plantear como hipótesis la existencia de un tipo de relación entre los agentes del Estado y las familias basada en un acuerdo tácito por el cual los padres o tutores, a cambio de no ponerse en situación de riesgo de desvincularse de los niños, se dejan acompañar en un proceso que, en el mejor de los casos, contribuye a mejorar superficialmente alguna cuestión vista como problemática. De este modo, quienes intervienen sobre los casos de “vulneración de derechos de los niños” pueden llevar a cabo su tarea, impulsando acciones que, si bien no transforman las situaciones de fondo, permiten encuadrar las dinámicas familiares a través de iniciativas posibles, a tono con la realidad de las poblaciones y de los recursos efectivos del Estado.

Bibliografía

Ciordia, C. y C. Villalta (2010). “Administrando soluciones posibles: medidas judiciales de protección de la niñez”, Revista Avá, n,º 18, pp. 111-131.

Ciordia, C. y C. Villalta (2012). “Procesos judiciales y administrativos de adopción de niños: confrontación de sentidos en la configuración de un ‘medio familiar adecuado’”, Etnográfica, vol. 16, n.º 3, pp. 435-460.

Donzelot, J. (1998). La policía de las familias, Valencia, Pre-texto.

Eilbaum, L. (2012). “‘O bairro fala’: conflitos, moralidades e justiça no conurbano bonaerense”, San Pablo, Anpocs, Hucitec.

Elias, N. (1984), La sociedad cortesana, México, Fondo de Cultura Económica.

Fonseca, C. y A. Cardarello (2005). “Derechos de los más y menos humanos”, en Tiscornia, S. y Pita, M. (eds.), Derechos humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil, Buenos Aires, Antropofagia.

Foucault, M. (1992). “Derecho de muerte y poder sobre la vida”, en Historia de la sexualidad. Tomo I. La voluntad de saber, México, Siglo xxi Editores.

Grinberg, J. (2008). “Transformaciones en el tratamiento de la niñez en riesgo. Reflexiones sobre un dispositivo de protección a la infancia en la Ciudad de Buenos Aires”, Cuadernos de Antropología Social, n.º 27, pp. 155-174.

Lins Ribeiro, G. (1998). “Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica”, en Boivin, M. F., Rosato, A. y Arribas, V. (eds.), Constructores de otredad, Buenos Aires, Eudeba.

Manzano, V. (2013). La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas estatales en la vida del Gran Buenos Aires, Rosario, Prohistoria Ediciones.

Merklen, D. (2005). Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003), Buenos Aires, Gorla.

Pita, M. (2007). Formas de morir y formas de vivir: el activismo de los familiares de víctimas de la violencia policial. Tesis de doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos, Buenos Aires, Paidós.

Santillán, L. (2009a). “La crianza y educación infantil como cuestión social, política y cotidiana: una etnografía en barrios populares del Gran Buenos Aires”, Revista Antropológica, n.º 27, pp. 47-73.

Santillán, L. (2009b). “Antropología de la crianza: la producción social de ‘un padre responsable’ en barrios populares del Gran Buenos aires”, Revista Etnográfica, vol. 13, pp. 265-289.

Santillán, L. (2012). Quiénes educan a los chicos. Infancias, trayectorias educativas y desigualdad, Buenos Aires, Biblos.

Segura, R. (2012). “Elementos para una crítica de la noción de segregación residencial socio-económica: desigualdades, desplazamientos e interacciones en la periferia de La Plata”, Quid 16, n.º 2, pp. 106-132.

Segura, R. (2014). “El espacio urbano y la (re)producción de desigualdades sociales. Desacoples entre distribución del ingreso y patrones de urbanización en ciudades latinoamericanas”, desiguALdades.net, Working Paper Series, n.º 65, Berlín.

Shore, C. (2010). “La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la ‘formulación’ de las políticas”, Antípoda, n.º 10, pp. 21-49.

Vianna, A. (2002). “Quem deve guardar as crianças? Dimensões tutelares da gestão contemporânea da infância”, en De Souza Lima, A. C. (ed.), Gestar e Gerir: Estudos para uma Antropología da Administração Pública no Brasil, Río de Janeiro, Relume Dumará.

Villalta, C. (2001). “Atribuciones y categorías de una justicia para la infancia y la adolescencia”, Cuadernos de Antropología Social, n.º 14, pp. 95-115.

Villalta, C. (2004). “Una filantrópica posición social: los jueces en la justicia de menores”, en Tiscornia (ed.), Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica, Buenos Aires, Antropofagia.

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