La historia humana es trágica por naturaleza, y, cuando se cambia para mejorar, siempre hay costos intermedios. Sabíamos perfectamente que desprenderse de las empresas públicas y la flexibilización laboral iba a dejar a gente en la calle. Pero son fenómenos transitorios en una estrategia que me parece que ha servido al desarrollo humano. Por doloroso que sea, era necesario pasar por todo esto para hacer empresas más productivas. 
Michel Camdessus (ex Director General del Fondo Monetario Internacional).

Las tecnologías manageriales de control son producto de una derrota de la clase obrera de conformación histórica. El desarrollo de la nueva institucionalidad managerial reguladora de la flexibilización laboral comenzó a constituirse entre mediados y fines de la década de 1970. Esta institucionalidad, junto con sus tecnologías que en su conjunto conformarían un dispositivo de la implicación para con el capital, es parte fundamental de la fase global del capitalismo en su versión neoliberal. No se postula que el neoliberalismo tiene sus orígenes en el Japón, sino que la recomposición hegemónica del capital transnacional concentrado se apropió y resignificó técnicas previamente asentadas en Japón para, en un primer momento, restablecer la productividad y la tasa de ganancia. Y en una segunda instancia, ya probada la eficacia de las tecnologías manageriales, constituir una serie de regulaciones por la vía de organismos internacionales, y, posteriormente, configurar un ordenamiento. Este ordenamiento se sustenta en la codificación y normalización global de la conducta competitiva tanto del pequeño y mediano empresariado subcontratista como de los trabajadores.

La recomposición hegemónica del capital transnacional concentrado asumió sus particularidades en cada país en los que fueron desmembrados los derechos laborales conquistados por las organizaciones de los trabajadores en el marco del pacto fordista.

En Argentina, el proceso de recomposición hegemónica se remonta al gobierno de la dictadura militar de 1976 que bajo la modalidad del terrorismo de estado avanzó sobre los derechos laborales y la imposición de la flexibilización laboral. Una vez restablecidos los niveles de productividad y rentabilidad por parte de los sectores más concentrados del capital de nuestro país por la vía represiva-coercitiva, el proyecto neoliberal se consolidó con las reformas estructurales que se llevaron a cabo de la década de 1990.

Es en este sentido que entiendo que las tecnologías manageriales ocupan un rol fundamental en la conformación de la hegemonía global del capital transnacional concentrado, y que estas tecnologías no son solo “organizacionales” o de “producción”. Son, en definitiva, las técnicas que proporcionan la base material, en la conformación de cuerpos/mercancías del proyecto político neoliberal del capitalismo global. Técnicas que articulan las especificidades de sus niveles de actuación entre los organismos internacionales, el estado y las empresas.

1. Antecedentes a la emergencia del Orden Managerial

La dictadura militar que toma el poder en marzo de 1976 inicia un proceso de transformaciones en el plano político, económico y social con el objetivo de resolver la crisis de hegemonía que caracterizó el periodo 1955-1973. Esta crisis, siguiendo a Portantiero (1977), se manifestó en un “empate hegemónico” donde ninguno de los sectores de la burguesía argentina logró imponer ni legitimar sus intereses en el nivel de la sociedad civil. Tanto la tradicional burguesía agroexportadora, como la burguesía nacional industrial, como la tecnocracia vinculada al capital extranjero tuvieron durante ese periodo la capacidad de vetar los proyectos de las otras burguesías, pero no los recursos suficientes para lograr imponer los de su facción de clase.

Se produjo durante el periodo mencionado, previo al golpe del 76, una particular situación en Argentina de una burguesía heterogeneizada que chocaba con un movimiento obrero relativamente homogéneo.

Los conflictos irreconciliables entre estratos o fracciones de las clases propietarias, sus fracturas ideológicas que se expresaban en términos de “nacionalismo” frente a “liberalismo”, sus contradicciones políticas, hablaban de una fragmentación por arriba que no alcanzaba a resolverse en hegemonía sino que se expresaba en situaciones de empate, exclusión, enfrentamiento. Enfrentamientos en los que terciaba la presencia amenzante, prefigurando la posibilidad de una alternativa propia, (…) de unas clases subordinadas cuya capacidad de movilización se potenciaba por el peso dominante de los obreros industriales y la homogeneidad en las condiciones de trabajo, de ingresos, de vida comunitaria^[1].

La indefinición hegemónica de los sectores dominantes chocaba con una clase obrera madura y un movimiento sindical que se había constituido como un importante factor de poder en la vida nacional de esos años (Torre, 1989a)^[2]. Se puede caracterizar al movimiento obrero de los años previos a la dictadura del ´76 como un movimiento obrero plenamente integrado al proceso de industrialización que se había iniciado en la década de 1930, y que había sido plenamente integrado también a la vida institucional y política del país durante el periodo 1945-1955 (Torre, 1989b). Este proceso de integración se mantuvo también durante el periodo 1960-1973, y dada su cohesión política se configuró un movimiento obrero con un alto grado de homogeneidad (Torre, 1989a)^[3].

En cuanto a la movilización de los sectores populares, el periodo anterior al terrorismo de estado, 1969-1973, se caracteriza por una alta conflictividad que se inicia con el cordobazo y la formación de organizaciones armadas (Svampa, 2003). La imposibilidad de los sectores dominantes de imponer un proyecto hegemónico, el alto grado de homogeneidad y madurez de la clase obrera, y el estado de fuerte conflictividad, daban lugar a una inestabilidad crónica de la Argentina y a la percepción de una sociedad “ingobernable” (Portantiero, 1977:531)^[4]. Así, el periodo inmediatamente anterior al terrorismo de estado, 1973-1976, se caracterizó por el recrudecimiento de la violencia política (Svampa, 2003:429).

En este contexto, la dictadura militar (1976-1983) llevó adelante un proceso de reestructuración social tendiente a la fragmentación de los sectores populares y a la concentración y fortalecimiento de las bases de la dominación de los grandes sectores propietarios. La recomposición hegemónica giró en torno a la predominancia del sector financiero como eje articulador de los intereses de los sectores propietarios y del capital transnacional (Villarreal, 1985).

El golpe militar dio inicio a un cambio profundo en la estructura económica argentina, cuyo núcleo fue el desmantelamiento del modelo de industrialización sustitutiva y la instauración de un nuevo patrón de acumulación centrado en la valorización financiera^[5]. Estas transformaciones se enmarcaron en un contexto de cambios económicos a nivel internacional a mediados de la década del ´70, que incluyeron el ocaso del régimen fordista, la reestructuración de la producción industrial a nivel mundial, una creciente preeminencia del capital financiero, y el desarrollo de nuevas tecnologías y formas de organización de la producción (Basualdo, 2006).

La fragmentación de los sectores populares por vía de la desindustrialización y la represión ilegal dio como resultado la reducción del peso de obreros industriales, el crecimiento del trabajo no asalariado que fortaleció la figura de los trabajadores por cuenta propia, y el avance de la terciarización^[6] (Villarreal, 1985:206).

A nivel empresarial, este proceso de recomposición hegemónica del capital se llevó adelante mediante medidas de eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, apertura progresiva de las importaciones, eliminación de subsidios a las exportaciones no tradicionales, y liberalización de los mercados cambiarios, que destruyeron una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas (Canitrot, 1980).

El proceso de desindustrialización impactó fuertemente sobre la integración que había mostrado el movimiento sindical a la vida política del país en tanto factor de poder durante el periodo 1945-1976, y sobre el alto grado de homogeneidad que había tenido la clase obrera en dicho periodo^[7]. Ya en los años ´80, la estrategia de fragmentación mostraba ciertos resultados:

– se hace presente la tendencia al crecimiento del trabajo por cuenta propia que pasó del 21% en 1976 al 24% en 1981 (Villarreal, 1985:257).

– disminuyó el peso del salario básico y aumentó la participación de otros rubros como premios y bonificaciones por productividad en las remuneraciones industriales dando lugar a diferencias salariales entre trabajadores de similar calificación y jerarquía (Villarreal, 1985:250).

– para el año 1982, se redujo la cantidad de obreros industriales y creció el empleo terciario^[8].

El cambio cualitativo más importante de esta etapa consiste en que el rubro de los “empleados” desplaza a los “obreros” como mayoría entre los asalariados, en tanto que el sector servicios va desplazando al sector industrial. Esta tendencia constituye una heterogeneización de los asalariados no solo porque el sector terciario se compone de un conjunto muy diverso de actividades sino también por la limitada tradición de lucha de los “empleados” y su falta de cohesión que contrasta con la relativa homogeneidad que mostraba la clase obrera (Villarreal, 1985:255).

El desplazamiento de la producción industrial como actividad ordenadora de lo social por la valorización financiera se profundizó luego de la hiperinflación de 1989. El proceso hiperinflacionario posibilitó la instrumentación de las “tareas pendientes” sobre las que el primer gobierno democrático (1983-1989) no había avanzado: la privatización de empresas públicas y una mayor apertura y liberalización de la economía (Levit y Ortíz, 1999:53).

2. Las condiciones de emergencia del Orden Managerial

El proceso de fragmentación del sector trabajo que se inició durante la dictadura de 1976 se profundizó con las reformas neoliberales que se llevaron adelante durante la década de 1990^[9]. Las políticas de liberalización en consonancia con las recomendaciones del consenso de Washington y los organismos internacionales de crédito, consolidaron la tendencia a la desindustrialización y sus efectos en la concentración y la centralización del capital, el predominio de la valorización financiera, la caída de los salarios reales, el desempleo, la precarización laboral, y la distribución regresiva del ingreso (Basualdo, 2006).

El argumento que esgrimían los defensores locales del proyecto neoliberal desindustrializador era que la actividad industrial mostraba un alto grado de ineficiencia debido a las políticas económicas proteccionistas de excesivos subsidios por parte del aparato estatal. Se tomaron medidas tendientes a favorecer el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado con el objetivo de ”modernizar” la estructura productiva. Como resultado de este proceso que buscó aumentar la competitividad y la productividad, se consolidó una estructura manufacturera articulada en torno a un reducido grupo de actividades y concentrada en un reducido número de grandes empresas. Este proceso de “simplificación productiva” destruyó una parte considerable del tejido manufacturero local que estaba conformado por pequeñas y medianas empresas que eran las principales generadoras de empleo y a su vez consideradas como no competitivas^[10]. La profundización de la desindustrialización del periodo 1989-2001 dio lugar a un fuerte proceso de expulsión de mano de obra (Schorr, 2002)^[11].

En el nivel del trabajo, se conformó un modelo de regulación estatal tendiente a la flexibilización. En los nuevos empleos que comenzaron a crearse durante el proceso de desindustrialización fue cada vez menos utilizado el tradicional contrato por tiempo indeterminado, y tanto en el sector público como en el privado se recurrieron a modalidades precarias de contratación. Estas modalidades se habilitaron a partir de la sanción de la Ley Nacional de Empleo 24013/91. La legalización de empleos precarios bajo modalidad eventual, tales como “pasantías”, contratos por tiempo determinado y cuentapropistas (monotributistas), generalizó la desprotección y la inestabilidad laboral. El decreto 342/92 autorizó la intermediación de oferentes y demandantes de empleo privado y reglamentó el funcionamiento de sistemas de contrataciones y empresas de servicios eventuales.

La flexibilización en el uso de la fuerza de trabajo se instituyó mediante la ley 24465/95 (Ley de flexibilidad) y la ley 24467/95 (para PyMEs) que estimulaba el uso de las formas promovidas de empleo sin derecho al preaviso e indemnización (Neffa, 2004). La ley 25013 del año 1998 de Reforma laboral creó la figura del Contrato de Trabajo de Aprendizaje y el Régimen de Pasantías. Asimismo redujo la indemnización por despido injustificado e introdujo modificaciones sobre el periodo de prueba determinando una duración de uno a seis meses, extensible por convenio. Cabe señalar como uno de los hitos de la flexibilización la ley de Empleo estable 25250, más conocida como “ley banelco”, sancionada en el año 2000 que extiende el periodo a prueba aun más para las pequeñas empresas e implementa un régimen permanente de reducción de las contribuciones patronales. Esta ley introdujo también nuevos artículos al Régimen Jurídico de las Convenciones Colectivas de Trabajo independizando a los convenios de menor ámbito respecto de los de mayor nivel y avanzó en la limitación del principio de ultraactividad de los convenios (Marticorena, 2011:98).

En materia de jornada de trabajo, consecuentemente con las medidas flexibilizadoras, se eliminaron las restricciones máximas en cuanto a la cantidad de días y horarios y a los límites del número de horas extraordinarias, autorizando el trabajo en domingos y días feriados. Estas disposiciones beneficiaron directamente a los super e hipermercados. Todas estas medidas permitieron la intensificación del trabajo para obtener incrementos en la producción y en la tasa de ganancia (Neffa, 2004:125).

El salario también fue objeto de las medidas de flexibilización. Específicamente, en cuanto a la intensificación del trabajo, el decreto 1334/91 condicionó el aumento salarial a la obtención de incrementos previos de productividad y a las competencias evaluadas (Figari, 2001). Asimismo, se incrementó en las remuneraciones la proporción de rubros adicionales de carácter no remunerativo, es decir, no sujetos a las diversas contribuciones al sistema de seguridad social, y se crearon instrumentos financieros para incrementar el salario directo a menor costo para los empleadores como los ticket canasta otorgando beneficios de carácter no remunerativo (Boyer y Neffa, 2004).

Entre las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Menem se encuentra la limitación al derecho de huelga que otorgaba al Poder Ejecutivo Nacional la posibilidad de declararla ilegal toda vez que considerara que afectaba “servicios esenciales” (Battistini, 2000:161). El año 1995 se caracterizó por una oleada de leyes que deterioraron aun más las condiciones de trabajo^[12]. Un elemento central de este proceso de deterioro está definido por la magnitud que alcanzó tanto el desempleo estructural y la imposibilidad de acceder a fuentes alternativas de supervivencia autónoma por parte de los desocupados, como la precarización de las relaciones laborales y de las condiciones de trabajo de los trabajadores ocupados. Ambas situaciones nutren el debilitamiento que experimentó la capacidad de presión de los sindicatos en la negociación colectiva (Salvia, 2000: 142).

En relación a la negociación colectiva de trabajo, entre los años 1991 y 1993 se llevaron a cabo importantes transformaciones en su reglamentación. El decreto 2284/91 habilitaría la posibilidad de elección del nivel de negociación para la celebración de convenios colectivos de trabajo, en tanto que, posteriormente, el decreto 470/93 abrió la posibilidad de negociación articulada en diferentes niveles (Marticorena, 2011:93). Entre 1991 y 1999 se negociaron un total de 498 convenios colectivos de trabajo de los cuales solo 126 correspondieron al nivel de actividad mientras que los restantes 372 fueron celebrados en el nivel de la empresa (Novick y Trajtemberg, 2000). El periodo que se abre a partir de la nueva legislación laboral en el año 1991 muestra un fuerte avance de la negociación colectiva en el nivel de la empresa en detrimento de las que se desarrollaron en la actividad o la rama^[13]. Esto contrasta claramente con las características de la ronda del año 1975 en donde se negociaron un total de 456 acuerdos a nivel de actividad y 187 a niel de la empresa, de los cuales 58 correspondían a empresas del Estado y el resto al sector privado (Battistini, 2000:238). Los datos acerca de la negociación colectiva de trabajo muestran una baja intensidad en las negociaciones y la preponderancia de la negociación en el nivel de la empresa durante el periodo 1990-2001.

Uno de los instrumentos privilegiados utilizados fundamentalmente por el capital durante los ´90 para la reducción de costos fue la subcontratación o tercerización de actividades. Particularmente en Argentina, la práctica de subcontratación es realizada fundamentalmente por grandes empresas que ofician de empresa núcleo de la red de subcontratación que generan. Si bien las estrategias de tercerización que implementan las grandes empresas son particulares, pueden mencionarse algunas de las principales actividades que son objeto de la subcontratación. Por ejemplo, la logística, la limpieza industrial, el mantenimiento, la producción de partes, la construcción, la limpieza de edificios, y los call centers. Al generalizarse la subcontratación se produjo una proliferación de PyMEs encargadas de proveer los nuevos servicios, antes desarrollados por la misma empresa “madre”. En general, estas empresas subcontratistas se caracterizan por ofrecer condiciones laborales bajo la modalidad de contratación eventual o directamente, y en muchos casos, bajo el empleo no registrado (“en negro”). Otra forma de tercerización que se ha ido generalizando en Argentina es la contratación de trabajadores independientes. Generalmente, se trata de profesionales o estudiantes universitarios que son contratados por las empresas para tareas específicas por plazos determinados. Esta práctica se caracteriza por la paga de un monto definido de dinero y se le exige al trabajador que entregue a cambio una factura personal (monotributo) (Battistini, 2010).

El proceso que se abre durante el periodo 1976-2001 se caracteriza por la fragmentación de los colectivos obreros. Mientras en el subperiodo 1976-1983 se avanza en el proceso de desindustrialización y de reestructuración del capital en el cambio de la matriz productiva por la valorización financiera mediante la vía represiva, durante el subperiodo 1990-2001 se avanza y se consolida la reconversión productiva a través de reformas estructurales por vía democrática.

La fragmentación de los colectivos de trabajo durante los ´90 se hace presente en todos los niveles. A nivel “estructural” el desempleo, la precarización contractual y el trabajo no registrado constituyen un primer nivel de la fragmentación. Un segundo nivel se constituye al interior de cada colectivo de trabajo mediante la diferenciación salarial que habilitan las remuneraciones por productividad y por evaluación de competencias laborales. Así, trabajadores que realizan las mismas tareas para la misma empresa tienen remuneraciones diferenciadas. Por último, un tercer nivel se constituye a partir de la generación de espacios de producción diferenciados que se abren en las prácticas de subcontratación. Por ejemplo, en la fabricación de un mismo producto o en la provisión de un mismo servicio pueden intervenir distintas empresas, cuya fuerza de trabajo puede contar con relaciones laborales completamente diferentes, salarios y condiciones de trabajo totalmente distintas (Battistini, 2010:28).

Las relaciones laborales tal como se habían conformado en Argentina durante los periodos 1945-1955 y 1955-1976 tienen aspectos característicos de aquello que denominamos en el primer capítulo, siguiendo fundamentalmente a Holloway (1988), como “pacto fordista”. Se entiende por “pacto fordista” a un proceso de integración negociado de la clase obrera a la vida institucional del capitalismo moderno. Este proceso de integración, aun cuando surge en las fábricas trasciende ampliamente sus límites y tiene, como se ha dicho anteriormente, sus particulares características:

– En el nivel de la organización del trabajo se caracteriza por una centralización de la producción en una empresa mediante los métodos del taylorismo-fordismo.

– El estado se constituye como regulador e interventor en la conflictividad laboral en un contexto de pleno empleo

– La forma que adopta esta modalidad de regulación del conflicto es la negociación colectiva de trabajo entre las empresas y los sindicatos en las que prevalece la modalidad de contratación de la fuerza de trabajo por tiempo indeterminado.

– Este dispositivo de regulación pone en funcionamiento una política salarial de relativos “altos salarios” y beneficios sociales que permiten el acceso al consumo de masas a la clase obrera.

La convención fordista significa que funcionan una serie de compromisos y reconocimientos implícitos en donde el capital reconoce al trabajador como parte de un colectivo y como poseedor de derechos sociales. Asimismo, el capital reconoce que, aun cuando los trabajadores son miembros de otra clase social, debe integrarlos para la consecución de sus intereses.

Podemos concluir que, entre el año 1976 y 1983 comienza un proceso de desintegración del pacto fordista en Argentina. Y durante el periodo 1990-2001 se consolida esa desintegración dado que:

– Si bien las prácticas de tercerización de la producción y de los servicios siempre existieron, lo que marca una ruptura en el nivel de la organización del trabajo es la generalización de la tercerización. Esta generalización produce una serie de sujetos trabajadores sumamente diferenciados tanto en la pertenencia a distintas empresas en un mismo espacio productivo, como en las tareas que realizan y en las competencias laborales que detentan, como así también en la remuneración individualizada que reciben, y en las condiciones contractuales que regulan su actividad o en la ausencia de ellas.

– Las regulaciones en el nivel del Estado favorecieron y generalizaron nuevas formas precarias de contratación por fuera de la modalidad “por tiempo indeterminado”. Asimismo, el pleno empleo y la política de altos salarios y beneficios sociales dejó de ser una meta para el arte de gobierno neoliberal.

– La negociación colectiva perdió vitalidad y se evidencia un fuerte avance de la negociación en el nivel de la empresa.

Al tiempo que el pacto fordista comenzó su proceso de desintegración durante la dictadura militar del ´76, comenzó a conformarse a inicios de la década de 1990 un nuevo ordenamiento laboral sustentado en la doctrina managerial del Kaizen (mejora continua). Este proceso de modernización empresarial tuvo como resultado la configuración de un nuevo perfil de trabajador (Figari, 2001).

2.1. La generalización de la Mejora Continua de la Calidad

En Argentina, el proceso de modernización empresarial que se produce durante la década de 1990 tiene su condición de posibilidad en la recomposición hegemónica del capital que llevó adelante durante la dictadura de 1976. Las formas particulares que asumió en nuestro país esta recomposición fue: la homogeneización de los sectores concentrados de la economía mediante la valorización financiera (desindustrialización), y la fragmentación del movimiento obrero. La fase 1976-1983 es interpretada como un inicio de ciclo en donde el estado terrorista cumplió un rol central en beneficio del capital concentrado^[14].

El proceso de modernización empresarial en sí mismo, en tanto transformaciones estratégicas de flexibilización laboral, tecnológicas y productivas en todos los niveles mencionados anteriormente, completa la desintegración del pacto fordista al tiempo que da lugar a la emergencia de un nuevo orden laboral. En la conformación de este nuevo orden, la política de calidad juega un rol central como dinamizadora de estas nuevas configuraciones laborales (Figari, 2001).

La introducción en Argentina de las tecnologías de gestión vinculadas a los métodos japoneses de producción comienza a hacerse visible a mediados de la década de 1980. Estas tecnologías de gestión de la calidad se caracterizan por el logro de una mayor flexibilización mediante transformaciones en la organización del trabajo sin la necesaria utilización de tecnologías informatizadas (Novick, 1991:78). Las tendencias generales que muestra la tecnología de la calidad en términos de herramientas de gestión del trabajo son:

– una mayor recurrencia a la subcontratación

– la adopción de formas de organización just in time

– el achatamiento de las categorías laborales

– la organización del trabajo en equipos

– la adopción de la polivalencia como modalidad de uso de la fuerza de trabajo

– la diversidad salarial

– la implementación de Círculos de control de Calidad

– y la contratación de jóvenes sin tradición sindical (Figari, 2001, Neffa, 1999, Martinez y Ximénez Sáez, 1997; Novick, 1991)

La característica que adopta la implementación de las nuevas tecnologías de gestión de la calidad es que ingresan en un contexto económicamente recesivo en el que el sector trabajo había sido profundamente diezmado. A su vez, pueden identificarse, en términos generales, dos momentos en la implementación de las políticas de reestructuración productiva centradas en el paradigma de la calidad. Un primer momento se caracteriza por una fuerte reducción del personal fijo mediante despidos o modalidades de retiros voluntarios. Y un segundo momento de reincorporación de fuerza de trabajo subcontratada^[15].

Coincidiendo con varios autores (Giniger, 2011; Palermo, 2010; Hernández y Busto, 2009; Figari, 2001) sostenemos que la modernización empresarial constituyó una estrategia global del capital concentrado tendiente a desconcentrar la producción, y a individualizar a los colectivos de trabajo. Identificamos tres niveles de la estrategia de modernización empresarial.

– El nivel de la tecnología de la normalización-certificación de los sistemas de gestión: se expresa a través de la certificación de la adopción de la filosofía de la mejora continua de la calidad a escala global. Su ámbito privilegiado de localización es la serie de Normas ISO 9000 de Gestión de la Calidad y marca tendencia y regula los avances en términos de las tecnologías de gestión.

– El nivel del estado: expresa las políticas públicas de mejora continua y el entramado legal-normativo que regula la flexibilización laboral.

– El nivel de las tecnologías de gestión: en este nivel pueden visibilizarse los sistemas de gestión de cada empresa concentrada y las especificidades que asumen las herramientas de gestión, tanto la doctrina empresarial (su uso táctico particular) como las estrategias de tercerización de la producción y de individualización de la fuerza de trabajo en cada empresa en particular.

De acuerdo a las investigaciones realizadas desde el Programa de Estudios Críticos sobre el Movimiento Obrero (PECMO) del CEIL CONICET, la tendencia general que puede observarse en los sistemas de gestión de las grandes empresas en Argentina en sectores como el automotriz, la siderurgia y el petrolero, responden a la estrategia global de implementación de la doctrina de la mejora continua de la calidad, expresada fundamentalmente en la ISO. El aspecto constitutivo de esta doctrina es la flexibilización tanto en el ámbito de la externalización de la producción (tercerización) como en las políticas de racionalización e individualización de la fuerza de trabajo^[16]. Aun cuando el uso táctico de las herramientas de gestión de la calidad son particulares a cada empresa, la doctrina y la orientación estratégica muestran un alto grado de homogeneidad. Esto nos da lugar a postular la hipótesis de la existencia de un dispositivo managerial-corporativo que actúa a nivel nacional bajo doctrinas y prácticas de “calidad” en vínculo orgánico con la regulación internacional de la mejora continua de la calidad expresada en la serie ISO 9000. Al hacer referencia a esta regulación internacional damos cuenta de que la doctrina de la serie ISO 9000 (trabajada en el capítulo II de la tesis) “encarna”, se hace efectiva en los procesos de normalización y certificación de los sistemas de gestión de las empresas a nivel nacional.

2.2. La concreción hegemónica: los vínculos orgánicos entre la Mejora Continua de la Calidad y el Estado

El entramado global-managerial se articula, entonces en tres niveles de actuación: los organismos internacionales, los estados y las empresas.

Los tres niveles de actuación en los que se expresa la modernización empresarial muestran en su funcionamiento lo que Gramsci (1992) denomina como vínculo orgánico entre cada uno de ellos. Mientras las grandes empresas transnacionales producen en términos de gestión las “mejores prácticas empresariales”, en el seno de los Organismos Nacionales representativos en los Organismos internacionales (como por ejemplo en la ISO) estas prácticas se sistematizan y estandarizan. La vía de generalización e imposición de estas prácticas son los estados que producen los marcos legales y normativos necesarios para la efectivización de las prácticas empresariales mediante la certificación. A su vez, otros organismos internacionales funcionan como financiadores y divulgadores configurando el ordenamiento global.

Además de la implementación que ya estaban realizando muchas empresas transnacionales en sus modelos de gestión, la Mejora Continua de la Calidad comienza a filtrarse en el estado argentino a partir de la sanción de la ley 24.127 en agosto de 1992 que instaura el Premio Nacional a la Calidad, Público y Privado^[17]. Siguiendo la estrategia de difundir la noción de calidad en todos los niveles por recomendación de los organismos internacionales, al igual que en todos los países miembros de la ISO^[18], se declara el mejoramiento de la calidad de interés nacional.

ARTICULO 1 – Declárase de interés nacional el mejoramiento de la calidad en los procesos de producción de bienes y servicios e institúyese el Premio Nacional a la Calidad que será instrumentado con entrega de trofeo y diploma cuyo diseño, material e inscripciones serán determinados en la reglamentación.

ARTICULO 2 – El premio que se establece por la presente ley tiene como objetivo la promoción, desarrollo y difusión de los procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y en los servicios, que se originan en el sector empresario y en la esfera de la administración pública, a fin de apoyar la modernización y competitividad de esas organizaciones. Serán atributos de calidad, no excluyentes de otros: el desarrollo, capacitación y participación de todos los miembros de la organización, la satisfacción del consumidor, la utilización de tecnologías que aumenten la productividad, la integración conceptual y operativa con los proveedores, la preservación del ambiente y la conservación de recursos^[19].

A partir de esta ley surge la Fundación Premio Nacional a la Calidad con la misión de promover la mejora en la calidad de gestión de las organizaciones. Esta Fundación, cuyo Consejo Administrativo está formado por funcionarios de grandes y medianas empresas nacionales, mediante una Junta evalúa a las empresas postulantes al Premio y seleccionan a los ganadores. El premio es entregado de manera anual a los ganadores por Presidencia de la Nación. Desde su primera edición en el año 1994 los ganadores han sido todas grandes y medianas empresas^[20]. En tanto que los criterios que rigen en las bases del Premio abarcan todos los aspectos referentes al gerenciamiento de la calidad establecidos en la Norma ISO 9001 y en consonancia con la matriz epistémica de la calidad trabajada en el capítulo III^[21]. El Premio Nacional a la Calidad no está vinculado a la certificación de los sistemas de gestión de las empresas sino que busca otorgar un reconocimiento a la “mejor práctica de gestión empresarial”. Sus efectos tienen que ver con la divulgación y el incentivo a la adopción o al mejoramiento de la gestión de la calidad.

Los objetivos de promover y difundir desde el estado la mejora continua de la calidad mediante el establecimiento de un premio de interés nacional es la antesala del decreto 1474/94 que establece la creación de un Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. Este decreto convierte a la mejora continua de la calidad en política pública desde el punto de vista de la certificación de sistemas de calidad, productos, servicios y procesos bajo la órbita de la Secretaría de Industria de la Nación. Para tal fin, se crearon en el marco de este Sistema un Organismo Normalizador y un Organismo de Acreditación, delegando tales facultades en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y en el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) respectivamente, bajo el gobierno de un Consejo Nacional de Normas, Calidad y Certificación^[22]. El IRAM fue designado como el Organismo referente para la elaboración, la emisión, el registro, la certificación y la difusión unificada de las normas de calidad^[23]. Esta entidad ejerce también la representación de la Argentina como miembro pleno ante la ISO. Mientras que el OAA tiene como objetivo acreditar a los organismos de certificación de los sistemas de calidad, productos, servicios y procesos, certificar a los auditores, y auditar a los organismos de certificación. Es decir, que el IRAM tiene la potestad de emitir y certificar las normas mientras que el OAA, al ser la acreditación definida como la exigencia de demostración de capacidades, tiene funciones de evaluación y de control mediante las auditorías.

La importancia que reviste este decreto es que inicia un proceso de normalización y certificación de la gestión de las empresas en el marco de las exigencias de la globalización y de las transformaciones estructurales que se llevaron adelante en nuestro país en los ´90. El Decreto 1474/94 se crea considerando:

Que la promoción de la calidad de los bienes y servicios es parte del proceso de transformación social como garantía de una mayor excelencia de la organización social (…).

Que la economía argentina se inserta en un mercado internacional altamente competitivo en el que las transacciones de bienes y servicios presentan, en particular y en forma creciente, la modalidad de exigir certificaciones de calidad. (…)

Por tanto, se crea dicho sistema para

(…) brindar instrumentos confiables a nivel local e internacional para las empresas que voluntariamente deseen certificar sus sistemas de calidad, productos, servicios y procesos, a través de un mecanismo que cuente con los organismos de normalización, acreditación y certificación, integrados de conformidad con las normas internacionales vigentes^[24].

La centralidad que reviste este decreto en el marco de las transformaciones de esos años es que la gestión empresarial, ámbito hasta ese momento de decisión particular de cada empresa, sufre un proceso de normalización que instaura regulaciones en torno al proceso de integración de la Argentina a las normas internacionales de la gestión empresarial.

La representación de la Argentina en la ISO, particularmente en las Comisiones Técnicas de la serie ISO 9000 que normaliza la Gestión de la Calidad, la ejerce el IRAM^[25]. El IRAM es una asociación sin fines de lucro constituida por funcionarios del sector público y privado especializados en la elaboración y certificación de normas vinculadas a los sistemas de gestión de la calidad. Su Consejo Directivo en general está compuesto por representantes de las grandes empresas transnacionales, del capital nacional concentrado, de la Unión Industrial Argentina y de otras cámaras empresariales, y representantes de la gestión pública. Es preciso destacar que el IRAM elabora y certifica las normas técnicas nacionales, mientras que a nivel internacional participa en las Comisiones de elaboración de normas para su posterior certificación a nivel nacional^[26]. Como puede observarse en el cuadro 1, la cantidad de sistemas de gestión certificados va en ascenso desde que se inició la certificación ISO 9001 en 1994 hasta 2008, solo interrumpida en el interregno 2001-2002 a raíz de la crisis^[27]. Lo mismo ocurre a partir de 2008-2009 en relación a la crisis internacional de ese periodo. Si se toma el periodo 1994-2002 de fuerte profundización de la desindustrialización en relación al periodo 2003-2012 de reactivación industrial, puede notarse que la certificación de sistemas de gestión de la calidad adquiere una gran vitalidad en este último sobre todo durante el subperiodo 2004-2008.

Cuadro 1: cantidad de certificados ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad emitidos en Argentina (1994-2012).

Año	Cantidad de certificados emitidos
1994	23
1995	86
1996	302
1997	397
1998	807
1999	1388
2000	2056
2001	2324
2002	2260
2003	1790
2004	4149
2005	5556
2006	7934
2007	8808
2008	8812
2009	4428
2010	5093
2011	4753
2012	6605

Fuente: elaboración propia sobre “ISO survey 2012”.

En este sentido, el proceso de reactivación industrial que se inicia en el año 2003 muestra un fuerte impulso de la mejora continua de la calidad, en término de certificaciones a los sistemas de gestión.

El IRAM ejerce la representación en la ISO como Organismo Nacional Normalizador (ONN) para la certificación de la serie ISO 9000 desde el decreto del año 1994 mencionado anteriormente. Como miembro del Comité Técnico 176 que es el encargado de la creación y desarrollo de las ISO 9000 referente a la Calidad, el IRAM adhiere a los 8 principios de la gestión de la calidad como base para establecer las certificaciones a nivel nacional. Es decir que, la obtención de un certificado de gestión de la calidad para una empresa que opera a nivel nacional se rige por criterios que se definen en el marco de la Comisión Técnica 176 de la ISO que es la que desarrolla las normas. Estos criterios los elaboran las grandes empresas transnacionales en tanto estas son las que constituyen las “mejores prácticas empresariales”.

Las Normas ISO, y en particular la serie ISO 9000, juegan un rol fundamental en el comercio internacional. Por un lado porque es una práctica habitual que las empresas que participan de este deben tener sus sistemas de gestión normalizados y certificados. Y por el otro, porque la adopción de la gestión de la calidad y su certificación es un requisito que imponen las grandes empresas contratistas, en general localizadas en los “países desarrollados”, a las subcontratistas localizadas en general en países “en desarrollo”. Algunos estudios de caso difundidos por la CEPAL (2011) revelan que las normas constituyen un potencial obstáculo técnico al comercio que excluye a los países “en desarrollo” de los mercados internacionales, específicamente del mercado de los países “desarrollados”^[28]. La normalización (o estandarización) de los sistemas de gestión empresarial a nivel global distribuye posiciones de sujeto empresarial dominante y subalterno: las grandes contratistas y las subcontratistas que viven de los procesos de externalización de aquellas.

La serie ISO 9000 además de constituir un cuerpo doctrinario, dispone de manera efectiva a todas las empresas a adoptar la gestión de la calidad. Dado que la mejora continua de la calidad es una política de estado a través del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación, el vínculo orgánico, punto de contacto entre la doctrina managerial global y las empresas argentinas locales es el IRAM. Porque es este el Organismo que tiene el poder de emitir las normas internacionales y venderlas a nivel nacional y de certificar los sistemas de gestión de las empresas^[29]. La certificación ISO 9001 inscribe a las empresas en una “visión” cuya doctrina está expresada en los 8 principios básicos de la gestión de la calidad a nivel global. El pasaje del nivel doctrinario empresarial a la conducta empresarial se garantiza mediante la certificación y las auditorías de los sistemas de gestión.

Tal como fue trabajado en el capítulo II, la serie ISO 9000 regula los sistemas de gestión a partir de dos dimensiones: las prácticas de subcontratación y la implicación de los trabajadores en el proceso de racionalización Estas dos dimensiones expresan una política de flexibilización laboral por la vía de la externalización en la primera, y por la disposición flexible en el uso de la fuerza de trabajo en la segunda. La política de flexibilización certificada fija la conducta empresarial competitiva dando lugar a una jerarquización de las exigencias de reducción de costos en forma de cascada:

– las empresas contratistas presionan a las subcontratistas para conseguir mejores productos y/o servicios al precio más bajo,

– mientras que las empresas subcontratistas imponen a sus trabajadores condiciones laborales precarias para reducir costos y poder así satisfacer las exigencias de las contratistas.

La serie ISO 9000 es un potente instrumento en el marco de un nuevo ordenamiento laboral a escala global más complejo en donde las grandes empresas contratistas tienen a su disposición herramientas que en su conjunto constituyen regulaciones de las prácticas empresariales. Estas regulaciones se instituyen por vía legal pero su funcionamiento, en general, está atravesado por una red de normas de adhesión voluntaria. El ordenamiento vinculado a los sistemas de calidad se compone, además de las empresas, por un complejo entramado institucional:

– Organismos internacionales de normalización, certificación y de acreditación de sistemas de gestión de la calidad.

– Políticas públicas estatales que incentivan, mediante los sistemas nacionales de normas de calidad y certificación, a los sistemas de gestión de la calidad.

– Organismos Nacionales de Normalización y de acreditación que participan en la creación de normas y en la certificación de la gestión de la calidad.

– Organismos internacionales y regionales que intervienen en los países mediante programas de asistencia técnica e incentivos a la adopción de sistemas de gestión de la calidad por parte de PyMEs.

– Organismos de la sociedad civil tales como ONGs, sindicatos, fundaciones y cámaras empresariales que difunden la gestión de la calidad en pequeñas empresas y en cooperativas.

A este entramado de empresas, instituciones, y marcos legales y normativos regulatorios de los sistemas de gestión de la calidad que se expresa a escala global y en distintos niveles lo denominamos Ordenamiento Hegemónico Managerial. Es un “ordenamiento” porque esta red compleja vinculada a la gestión de la calidad configura una “infraestructura de la calidad” (CEPAL, 2011)^[30] con determinadas “reglas de juego”, doctrinas, conductas y lenguajes comunes a todos los participantes a nivel global. Estas condiciones se encuentran institucionalizadas, legalizadas y reglamentadas por los estados participantes y la “comunidad internacional”. Es “managerial” porque el campo a ordenar y el foco de las regulaciones son los sistemas de gestión de las empresas. Y es hegemónico porque la “infraestructura de la calidad” define localizaciones y posiciones de sujeto dirigente (las grandes empresas contratistas), de sujeto auxiliar-subalterno (las pequeñas y medianas empresas subcontratistas) y de sujeto subordinado-excluido del ámbito de las decisiones (los trabajadores y sus organizaciones).

3. Reactivación del sector trabajo y persistencias de la hegemonía managerial en la posconvertibilidad

El proceso de fragmentación de los colectivos obreros que se profundizó a partir de las reformas estructurales de la década de 1990 se caracterizó por una tendencia al reflujo de la conflictividad laboral tradicional^[31]. La embestida hacia el sector trabajo que significaron la política de flexibilización laboral tanto en el nivel del estado como de las empresas y la política antisindical marcaron un declive de la actividad sindical. Esta última se caracterizó por despidos selectivos de los trabajadores “activistas”, por la amenaza de despido como mecanismo de control, y por la proliferación de una política de contratación de trabajadores jóvenes, sin experiencia sindical y sin derechos laborales (Lenguita, 2011:139).

La particularidad que asumió el proceso de reflujo de la conflictividad sindical durante la década de 1990 fue la despolitización de los espacios de trabajo. Es decir, la ausencia relativa de militancia gremial de base por la liquidación o neutralización de los cuerpos de delegados y/o comisiones internas. Precisamente, fue esta despolitización de los ámbitos laborales la que desplazó la conflictividad “de la fábrica a los barrios” (Varela, 2009) en los ´90. Durante este periodo surgieron nuevas formas de protesta social, los piquetes, y el protagonismo lo tomaron los trabajadores desocupados y sus demandas de trabajo. Hasta que en el año 2001se produjo la implosión del régimen de convertibilidad y de la hegemonía del modelo de valorización financiera, junto con el estallido social de diciembre.

La devaluación del año 2002 sentó las condiciones para que a partir del 2003 la economía argentina y en particular el sector manufacturero inicien una senda sostenida de expansión con altas tasas de crecimiento. Se abre un periodo, al menos hasta el 2008, de fuerte reactivación industrial que contrasta notablemente con el periodo 1991-2001^[32]. Este modelo de desarrollo, sin embargo, muestra ciertas sombras que persisten de la década anterior como la tendencia hacia la concentración económica y la extranjerización con eje en una acelerada centralización del capital (Azpiazu et al., 2011)^[33].

La reactivación industrial que inicia en el año 2002 fue determinante en la evolución del mercado de trabajo, particularmente en la ocupación fabril^[34]. En el período comprendido entre 2003 y 2010 se crearon 3,1 millones de puestos de trabajo. El fuerte aumento de la ocupación implicó que la tasa de empleo superase los máximos históricos registrados a mediados de la década de 1970^[35]. Este crecimiento del nivel de empleo fue acompañado, además, por un incremento aún más fuerte del empleo pleno (el empleo sin contar a los subocupados). El aumento en los niveles de ocupación y el mantenimiento de una tasa de actividad relativamente constante, permite comprender el descenso de la tasa de desocupación abierta^[36]. Asimismo, y a pesar del aumento en los niveles de ocupación, el empleo no registrado se mantuvo en niveles similares a los de la década del ´90 (González y Fernández, 2012:12)^[37].

En el plano de la legislación laboral las reformas tendieron a reempoderar al sector trabajo^[38]. Según Marticorena (2011:105) puede sostenerse que, durante el periodo kirchnerista, la legislación laboral y las disposiciones implementadas hasta el año 2007 se refirieron fundamentalmente a las condiciones salariales con modificaciones que tienen impactos en la distribución y en aspectos vinculados a las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo. Mientras que en los últimos años, al menos hasta 2010, cobraron impulso, por la acción de la clase trabajadora, algunas medidas que modifican ciertas condiciones en el uso o consumo productivo de la fuerza de trabajo por el capital, imponiendo límites. Aunque estas medidas se encuentran restringidas al universo de trabajadores registrados^[39].

En cuanto a la negociación colectiva, el periodo que se abre en el año 2003 se caracteriza por un gran dinamismo y expansión de la cobertura de la negociación, prevaleciendo la celebración de acuerdos por sobre los convenios^[40]. En cuanto al nivel de la negociación se destaca entre 2003-2010 el retorno a la negociación colectiva por actividad o rama, aun cuando sigue registrándose una importante cantidad de negociaciones por empresa. Entre los contenidos negociados, en sintonía con la política de recomposición salarial, adquieren gran relevancia las cláusulas salariales (Senén González y Borromi, 2011). Y en cuanto a los contenidos no salariales negociados resulta escasa la atención prestada a la presencia o reversión de aspectos de carácter flexibilizador introducidos en los ´90 (Marticorena, 2011:173). En este sentido, Delfini (et al., 2013:54) plantea que el periodo que se inicia en 2003 sustituye algunas normas sancionadas desde 1990, pero sin modificar sustancialmente los pilares vinculados a la flexibilidad y la precarización de las condiciones de trabajo. Se puede decir, que no se desarrolla un viraje profundo de las políticas laborales de la década de 1990 sino que el conjunto de normas y leyes sancionadas frenan el proceso de flexibilización para no llevarlo al extremo.

Con sus luces y sombras, el proceso de desarrollo que se inicia en el año 2003 es caracterizado por autores de diversas perspectivas como un periodo de “reactivación” del sector trabajo en varios sentidos (Etchemendy y Collier, 2007). Senén González (et al., 2013; 2011; 2009) sostiene que en este periodo puede encontrarse un renovado protagonismo (“revitalización”) de las organizaciones sindicales a partir de tres indicadores: el aumento del conflicto laboral, de los trabajadores afiliados y de las negociaciones colectivas de trabajo. Desde esta perspectiva, esta recuperación del “poder sindical”, en el marco de una legislación laboral y un contexto político favorable a los trabajadores, habría dado marcha atrás sobre muchas de las disposiciones flexibilizadoras de los ´90s (Senén González y Haidar, 2009:10)^[41]. Lenguita (2011) plantea que existe una “revitalización” en el nivel del sindicalismo de base. Esta se expresaría en general por jóvenes sin experiencia sindical pero que han logrado éxitos resonantes por fuera de las conducciones gremiales como en el caso de los SUBTES de la Ciudad de Buenos Aires. Varela (2009) plantea que el periodo posdevaluación inicia un proceso de “repolitización” en los lugares de trabajo que recompone la centralidad de la fábrica como espacio privilegiado de la conflictividad social luego de las experiencias piqueteras que tomaron protagonismo a mediados de los ´90. La particularidad de este proceso sería la “politización parcial” de jóvenes trabajadores que darían cuenta de una nueva militancia de base en general opositora a las conducciones sindicales a nivel nacional, y de toma de decisiones de carácter asambleario.

Dado el problema de investigación en torno a las políticas manageriales de flexibilización laboral, cabe preguntarse si este proceso de reactivación del sector trabajo implica un retorno o una “reintegración fordista”. Sostengo categóricamente que no, tanto por las transformaciones que se han dado en las formas de organizar el trabajo que se constituyeron, como por la “infraestructura de la calidad” a nivel global (CEPAL, 2011), a la que he denominado ordenamiento global managerial, que se ha configurado y profundizado en la actualidad^[42]. Mi hipótesis, en este aspecto, es que aun cuando un Estado tenga la voluntad de modificar la flexibilización laboral avanzando en reformas legales y políticas protectoras, encontrará fuertes limitaciones en un ordenamiento global de carácter hegemónico que tiene por principio de funcionamiento la flexibilización. Tal como se mencionó anteriormente, la punta de lanza de la flexibilización laboral es la gestión de la calidad. En Argentina, desde la perspectiva de la gestión empresarial y según los datos proporcionados en el cuadro 1, el proceso de reindustrialización ha impulsado fuertemente la práctica de la mejora continua de la calidad. Aun así, el ordenamiento managerial no se expresa solo a través de la normalización y la certificación de los sistemas de gestión sino también a través de un complejo entramado de programas de cooperación de Organismos internacionales y regionales junto con otros organismos de la sociedad civil. Pero, por sobre todas las cosas, son las grandes empresas transnacionales las que tienen asumida la subcontratación (o tercerización) en tanto política de externalización y la implicación en tanto política de racionalización, como principios fundamentales para la reducción de costos en el marco del funcionamiento en red de las prácticas globales empresariales. Es decir, la flexibilización laboral es parte constitutiva del capitalismo global, un núcleo duro que comienza a configurarse a mediados de la década de 1970 y se vuelve hegemónico entre mediados de los ´80 y principios de los ´90.

El problema que subyace es que los intentos por reconstruir los “verdaderos empleos”, propios del pacto fordista, chocan con una infraestructura de la calidad (que insisto, no es otra cosa que la consolidación de la hegemonía global de las grandes transnacionales) regulada, normalizada, certificada y dispuesta a escala global. En este sentido, el problema que se plantea es que la flexibilización laboral, bajo el dogma y las prácticas de gestión de la calidad, ha diversificado sus fuentes de legitimación en términos de la expansión de un dispositivo centrado en la reducción de costos. La calidad, en tanto dispositivo que sustenta la flexibilización laboral, no es solo una ideología empresarial. La legitimación en un cliente que exige menores costos ha encontrado eco en los estados, que han asumido la calidad como política pública y en muchos sindicatos. Aun más, los propios trabajadores son formados bajo ese paradigma. Podría decirse que la política de calidad, mediante una diversidad de tecnologías de poder, ha batallado y en cierta forma ganado la sociedad civil y el estado en pos de los intereses del capital transnacional concentrado.

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