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8 La legitimidad y los juegos estratégicos de libertades

8.1. La cuestión ciudadana y el Traslado Silencioso: la mutación de una tecnología

El análisis de la traducción de una racionalidad política a los programas de gobierno elaborados en torno a ella, lleva a la indagación del despliegue de las tecnologías de gobierno abocadas a la resolución de las situaciones distinguidas como problemas. Desde los aspectos más iracundos hasta los más sutiles, he distinguido tecnologías que tienden tanto a modos de integración de la diversidad cultural al mercado de trabajo, como aquella reactivación del aparato represivo dirigida a producir efectos disuasorios y consolidar ciertas formas de subjetividad. En esta oportunidad me ocuparé de exponer hallazgos relativos a la modulación de otras tecnologías dentro del dispositivo de israelización. Efectivamente, durante la era Barkat, las políticas de educación y las de revocación de permisos de residencia (conocida desde 1995 como la política del «Traslado Silencioso») sufrieron mutaciones que, a mi entender, pueden comprenderse a partir de la distinción de la economía política elaborada por el ex alcalde: aquella que denominé con la categoría de Jerusalén abierta.

La política del «traslado silencioso» fue comprendida como mecanismo clave de la «des-arabización/judaización» de Jerusalén Este: aquí será entendida como una tecnología inserta en el dispositivo de israelización. Interesará repasar en qué consiste pues sus derivaciones tienen que ver con una modulación del ejercicio del poder que es característica de Barkat[1]

Desde 1995, el Ministerio del Interior de la Nación (MI) promovió una política de revocación de permisos permanentes de residencia a habitantes palestinos jerosolimitanos que se dirigían a dicha entidad para realizar trámites, entre ellos, la renovación de dicho permiso. Alegando que las familias o personas habían mudado su centro de vida[2] fuera de Israel, el MI rechazaba las solicitudes revocando los permisos. Luego, demandaba a los afectados la devolución de sus tarjetas de identidad despojándolos del derecho de residir en sus hogares: esto se extendía, por defecto, de los adultos a los menores del hogar[3].

La medida apuntaba también a personas que se hallaban en el extranjero al momento del vencimiento de sus permisos. Es notable que Gaza y Cisjordania fueron consideradas dentro de esta categoría, pues algunas ciudades y aldeas cisjordanas son colindantes al ejido de Jerusalén. En suma, el plazo para dejar el país era de quince días. Hasta mediados de los noventas, esta medida se reservaba para casos más bien excepcionales, como el del líder palestino nacido en Jerusalén, Mubarak Awad[4] y afectaba a quienes tuviesen una ciudadanía extranjera (se prevé que un residente permanente no puede poseer una ciudadanía «extranjera»). Luego, la revocación de permisos se hizo más frecuente y se amplió a otros casos. Esto no se traduce en el desalojo efectivo: muchas familias y personas continuaron viviendo en Jerusalén como «residentes ilegales», expuestos a arrestos, multas y eventual deportación, y excluidos de los registros civiles, privados de derechos básicos y acceso a servicios públicos elementales.

Otra categoría de afectados surge de la «Ley de acceso y residencia», que establece que la residencia es un atributo que el gobierno confiere a las personas que voluntariamente habitan la jurisdicción estatal. Así, quienes hubieren abandonado el país por plazos «largos» (actualmente se estipulan siete años[5]) o adquirido una tercera (o primera, para el caso) ciudadanía, habrían facultado la cancelación de sus permisos. En suma, el «traslado silencioso» representa un mecanismo técnico-burocrático para abordar las conductas demográficas de la población: procede según incumplimientos a la norma; de acuerdo a irregularidades cuya corrección propicia. En síntesis, las autoridades comprenden, desde la institucionalización de esta tecnología, que si una persona o familia trasladó su «centro de vida»[6] fuera de Jerusalén (Jefferis, 2012b), entonces, corresponde el despojo del permiso de residencia.

Existe, no obstante, otra categoría de afectados, sólo que la dimensión técnico-burocrática ya no propende a la restitución de una normalidad meramente legal: me refiero a la clave punitiva que se hace visible en casos de quienes cometieron actos de terrorismo y, por extensión, a sus familias, incluyendo a veces la carga suplementaria de demolición de sus viviendas. Una condena moral prosigue, o prevalece, en el despliegue de estos operativos. Del desplazamiento del centro de vida a quienes, conforme al Estado, habrían elegido «deshacerse» de sus propios permisos de residencia se ha pasado al tratamiento de sujetos peligrosos: sus actos contra la ciudadanía y la vida, demandan una cierta reacción: un exceso de «fuerza». La ejecución del castigo restituye una normalidad a partir de redadas policiales que suelen ser nocturnas para arrestar a los acusados: estos sujetos peligrosos son despojados de su permiso a residir en la ciudad, y a efectos simbólicos y materiales, la demolición del hogar afecta por extensión a sus familias. Las agencias penales estatales responden la irascibilidad del terrorista con un gesto ejemplar, reactivando el poder soberano momentáneamente para volver a estos ciudadanos de ninguna parte residentes ilegales: de ello se desprenderán nuevas y futuras privaciones.

Estos casos no son frecuentes ni generalizados. Justamente, son excepcionales manifestaciones del ejercicio del poder gubernamental, a partir de una reactivación del poder soberano. Se trata de una faceta eminentemente punitiva que hace sentir su peso con una intensidad sin correlato con casos comprendidos por la racionalidad técnico-burocrática. Aunque las circunstancias sean sumamente distintas, observemos que la «penalidad» para migrantes y acusados de terrorismo, es en definitiva la misma: una subsiguiente disminución, sino la última, de la calidad de status ciudadano. Antes de observar cómo la economía política de Barkat «reaccionó» a estas tecnologías de gobierno, ofrezco el siguiente gráfico, de realización propia y construido en base a información provista por el sitio web de la ONG Btselem[7] sobre ellas, desde 1967 a 2018.

Gráfico N°1. Número de palestinos cuya residencia fue revocada, 1967-2018

Cap 8.1.

La cantidad de revocaciones de residencias desde la anexión de Jerusalén Este afectó a 14.643 personas[8]. La evolución del número de afectados indica que desde 1967 hasta 1982 no se evidencian grandes variaciones, presentando valores que pasaremos a considerar «bajos» y que no superan las 400 revocaciones por año. En 1983 se produce un incremento significativo (732%) y la cifra asciende a 616. Luego, se retorna a valores similares al período 1967-1982 hasta 1996, como consecuencia inmediata del comienzo del «traslado silencioso» en 1995, año en que se produce otro incremento abrupto (87,7%), superando el pico de 1983 con 739 revocaciones para alcanzar en 1997 las 1067 revocaciones. A partir de ese año se inicia una tendencia descendente hasta retornar a valores «bajos» a partir del 2000. Hasta el 2005 tienen lugar algunas leves oscilaciones hasta que en 2006 se da otro gran incremento (83,71%), alcanzando una cifra de revocaciones (1363) algo superior a la de 1997. En 2007 el indicador vuelve a descender al valor previo al incremento experimentado en 2006 y en 2008 se dispara de manera abrupta (70,22%), alcanzando las 4577 revocaciones, cifra que sobrepasa en más de tres veces la del pico de 2006. En 2009, con la asunción de Barkat, la cantidad de revocaciones retorna a valores similares a 1996 y luego se estabiliza en torno a valores bajos, muy lejanos a los de las eras de Olmert y Lupolianski, años de la Segunda Intifada.

El contexto en que surge y se consolida el Traslado Silencioso como tecnología de gobierno es el de los Acuerdos de Oslo[9] (1993-1995) y los Parámetros de Clinton. Cabe recordar que la década de 2000 comienza con las vicisitudes de la Segunda Intifada. Estos sucesos son claves para rastrear la emergencia del entramado de racionalidades y tecnologías estudiadas: a ellos responden y, a su vez, los configuran a partir de los escenarios que propician. A propósito de ello, y pese a que el MI haya revocado[10] un total de 14.643 residencias desde 1967 (Ramon & Lehrs, 2015), existe otra tendencia por parte de la población palestina jerosolimitana desde los años 2000. En efecto, se da un sustancial incremento en la cantidad de aplicaciones a la ciudadanía israelí. Según información del MI, Btselem señala que el número creció de 114 aplicaciones en 2003, a entre 800 y 1000 aplicaciones anuales a 2015: la mitad de ellas, exitosas. Por ejemplo, el MI indicó haber recibido 1434 aplicaciones entre 2012-2013, de las cuales 189 fueron aprobadas, mientras que 1061 seguían en proceso de auditoría y 169 habían sido rechazadas[11]. Desde 2003 a 2017, unas 15.000 personas aplicaron pero menos de 6.000 fueron aprobadas [12]

Obsta señalar la relación entre la posible pérdida de la residencia y la creciente tendencia a propugnar una mayor seguridad para conservar el hogar e incluso ampliar el ejercicio y acceso a derechos. Esto también se ha visto en relevamientos periódicos sobre opinión pública en los Territorios Ocupados que buscaron dilucidar las representaciones que llevan a la población palestina a una decisión percibida como acto de traición. Actualmente, aproximadamente 15.000 palestinos jerosolimitanos son ciudadanos israelíes (Kukali & Pollock, 2011).

Acorde a Jalil Tafakji, geógrafo y antiguo miembro del equipo palestino de negociación, las crecientes aplicaciones a la ciudadanía israelí constituyen «…una tendencia de bienvenida para el gobierno de Israel«[13]. Esto es de particular interés para esta tesis, pues esta política de admisión «controlada» puede comprenderse dentro del arte de gobierno que Barkat estableció: «Con respecto a Jerusalén Este, mi objetivo es mejorar la calidad de vida. Existe una correlación directa entre una economía en mejora y las bajas tasas de delincuencia y violencia. Cuando las personas tienen mucho que perder, juegan a la pelota[14]

8.2. Una pedagogía para el rendimiento: la promoción del Bagrut en Jerusalén Este

Retomando la cita anterior, puede decirse que las políticas de educación dirigidas a los palestinos de Jerusalén Este comportan una evidencia empírica sobre el paso de una racionalidad a una tecnología de gobierno. Asimismo, la modulación de la tecnología que presentaré a continuación permite observar que la vocación desde la esfera de gobierno por forjar subjetividades conforme al molde del homo economicus demostró sutilezas notables. Me refiero a que la articulación del dispositivo de israelización en este período demuestra la disposición de las autoridades políticas a la asunción del costo de etiquetar como terrorista a ciertos sujetos entendiendo que posiblemente, junto a la disuasión generada se provocará una subsiguiente reacción de actores cuyas acción recaerán, en un futuro, bajo dicha categoría.

Entonces, si por un lado se constituyen sujetos, diríamos, anormales en el sentido de su desviación amoral, apartados de la humanidad según los términos de la racionalidad imperante, por otro lado, se configuran sujetos de rendimiento cuyas prácticas deben alentarse. A algunos recaen castigos, a otros, incentivos y premios. Es cierto que el castigo colectivo de las demoliciones punitivas recae sobre toda la población, sin embargo, su principio táctico sólo apunta a fortalecer predisposiciones consideradas por las autoridades como aceptables: es más, dichas prácticas pueden ser, en todo caso, alentadas, y para eso, se generan tácticas que consolidan ciertas formas de subjetivación.

En el contexto de aliento a una integración controlada, propulsada por Barkat, entre los palestinos jerosolimitanos surgió una cierta tensión en torno a la decisión de qué currículum escolar elegir para sus hijos: si permanecer con el Tawjihi[15], el programa secundario jordano tradicional que imparte hoy en día la Autoridad Nacional Palestina en los Territorios Ocupados, o pasarse al Bagrut[16] israelí. Ambos son exámenes generales de nivel secundario que habilitan pasar a un nivel terciario o universitario pero, al no haber existido equivalencias entre ellos, la aceptación o rechazo a universidades se derivaba del examen tomado. La formación de los palestinos jerosolimitanos mediante el Tawjihi obturó, tradicionalmente, su acceso a casas de estudio israelíes, pues éstas no reconocían su validez.

Durante los años de Barkat, se inauguró una tendencia: progresivamente, algunos colegios de Jerusalén Este adoptaron el Bagrut y un creciente número de padres estuvieron dispuestos a enviar a sus hijos a escuelas que los prepararan para rendir dicho examen[17]. En la conferencia de EduAction de 2015 se publicó que el número de adolescentes jerosolimitanos inscriptos o preparando el Bagrut ascendió de 1.392 en 2013 a 1.934 para dicho año: 542 estudiantes más, o sea, un crecimiento del 38,9%[18]. La Municipalidad tomó nota de ello. Un programa de estímulos económicos fue destinado a escuelas palestinas que adoptasen el Bagrut. Es decir, se manifestó un modo de intervención en prácticas existentes que apuntó a su modulación: en este caso, apuntalando a su afianzamiento a partir de incentivos monetarios que, para población en condiciones marginales, resultan indispensables para mejorar los establecimientos educativos que el Estado, de otra forma, mantiene como están.

Por tanto, subyace a este premio económico una noción más amplia de responsabilización: las oportunidades de crecimiento y realización pasan por decisiones que deben sacrificar algún elemento (el Tawjihi) para ver perspectivas reales de acceso a estudios superiores y a otro estilo de vida. Asimismo, el «hacerse cargo» uno mismo de la educación de los hijos enviándolos a una escuela que instruya según el Bagrut, devuelve a los gobernados la autoridad para decidir cómo actuar: ello tiene una incidencia en los destinos de los grupos poblacionales. La promoción de esta adopción podría verse, superficialmente, como una política de «normalización» en la que el palestino es «israelizado» según el ensamblaje de prácticas constitutivas de un amplísimo dispositivo. La sutileza radica en la economía política en juego: se le dijo a la población, concisamente, que la permanencia en una situación de marginalidad recae en una decisión estrictamente personal; la inmediatez de la necesidad económica puede empujar hacia el Bagrut, en cuyo caso, la alineación con la aceptación del esquema general de ejercicio del poder se allanaría.

El sistema escolar en Jerusalén Este presenta una diversidad de escuelas[19]: municipales; sin reconocimiento municipal; privadas. Además, existe un porcentaje de jóvenes no contabilizados oficialmente debido a irregularidades que enfrentan sus padres: por ejemplo, cuando carecen del permiso de residencia o alguno de ellos no es ciudadano israelí[20]. Esto ilustra las diferencias estructurales respecto al acceso a la educación en general. En relación a aspectos más puntuales, algunos problemas son la disponibilidad de fondos, de personal capacitado para gabinetes pedagógicos, la deserción escolar de jóvenes palestinos respecto a sus coetáneos, no ya israelíes[21] y palestinos cisjordanos y gazíes, sino de la parte Occidental de la ciudad[22].

En 2011, la Corte Suprema falló[23] a partir de una petición presentada en 2008 por padres palestinos de niños en etapa escolar junto a ACRI, exhortando a la Autoridad de Educación de la Municipalidad de Jerusalén (y al Ministerio de Educación de la Nación) a resolver el déficit de aulas en escuelas, compeliendo al gobierno de la ciudad a crear en un plazo de cinco años, la infraestructura física necesaria para absorber a jóvenes interesados en matricularse en escuelas municipales oficiales de entre un total de 40.000 con derecho a hacerlo[24].

Barkat solía referenciar su tarea como alcalde a partir de la palabra inglesa «accountability«[25]: con ella, se diferenció de sus antecesores aportando un profesionalismo presuntamente transparente y eficaz para gobernar. El déficit de aulas suficientes para albergar a los estudiantes palestinos de Jerusalén Este se debía, según él, a la incompetencia y la superposición de tareas de personal no idóneo para planificar expansiones edilicias. Barkat presumió de la asunción de la responsabilidad de dotar de inteligibilidad la gestión pública: acataría el fallo con un buen desempeño del Estado, reflejado en el ordenamiento de las jerarquías y el empoderamiento de la Municipalidad para intervenir en esta cuestión. Así lo expresó:

«Lo que he traído es un poco de «inteligibilidad» (accountability) al sistema. Hoy tenemos 300 aulas en diferentes fases de edificación (en Jerusalén Este) y aprobado y financiado por el gobierno y la municipalidad. Llevó algo de tiempo – pues se debe asignar la tierra. Tuvimos que delegar a terceros –dado que la municipalidad no posee las herramientas– para comenzar a planificar y manejar un gran número de edificios nuevos. Hoy me siento cómodo no solo por cuanto estamos propulsando estas aulas, sino porque estamos viendo los resultados. Le hemos dado a cada barrio una foto aérea de dónde estamos construyendo, qué estamos construyendo, cuándo […] Así que esas 300 aulas están en una matriz y hemos mostrado esto al público para que podamos ser responsables por proveer estas aulas a tiempo.»[26]

Pasamos en esta racionalidad de un decir veraz pagando un alto precio (como señalé en el Capítulo III) al normalizar los procedimientos para gobernar la Municipalidad, a un sentirse «cómodo»: se revela en estos enunciados el vislumbramiento de una política de securitización que descansa en la «inteligibilidad», en la «transparencia» de ordenar lo disperso. En el campo de la educación, la institucionalización del paso del Tawjihi al Bagrut ejemplifica un modo en que lo anterior tuvo lugar. Una vez más, los incentivos económicos apuntaron a potenciar conductas consideradas virtuosas, en este caso, invirtiendo en la inclusión de parte de aquel «otro» cultural, no ciudadano, integrante de una especie de etno-clase de reserva: ¿será su acceso al sistema escolar israelí una clave de integración controlada, neutralizada, que torne a un creciente número de estudiantes palestinos en futuro capital humano competitivo? ¿Será esta una vía de acceso con la que «cómodamente», esta parte de la población acceda a ese tótem representacional, común, que es la ciudad de Jerusalén como una marca o mercancía?

En 2012, el Estado lanzó un programa piloto a lo largo de los 125 colegios secundarios financiados o administrados directamente por la Municipalidad en Jerusalén Este, promoviendo la inscripción en el currículum israelí, anunciándose para 2013, doblar o triplicar el número de estudiantes dentro del programa: es decir, elevando la cifra a 2.500 jóvenes sobre un total de 100.000 en edad escolar para ese año[27]. En vísperas del inicio del calendario escolar de 2013, la Municipalidad ofreció un incentivo de US$550 por estudiante inscripto en el Bagrut en escuelas de barrios palestinos: cinco de 185 contactadas aceptaron. En esos colegios, los estudiantes pueden bien tomar uno de ambos programas, pero no ambos. Existen otros casos donde los colegios aceptaron mantener (o abrir) cursos extra curriculares preexistentes consistentes en clases complementarias donde se prepara para el Bagrut fuera de horario escolar (también se enseña el idioma hebreo, indispensable para entrar en la academia israelí).

Las respuestas de estas escuelas palestinas son un correlato posible a la voluntad de inscripción de conductas para su afianzamiento y enraizamiento en los canales que comprueben mayor eficacia para gobernar la otredad que suponen. Esto no implica un mero acomodamiento al poder, sino una de tantas formas que este grupo puede hacer valer las técnicas que se despliegan sobre ellos para aprovecharlas en otros sentidos: ¿no es la prospección de movilidad social derivada del Bagrut una estrategia capaz de acrecentar libertades individuales? De serlo, ¿se tratará acaso de libertades que podemos identificar como democráticas, o se centrarán en la posibilidad de compensar la desigual posesión de capitales económicos?

El financiamiento a escuelas, rotulado de «excelencia» por autoridades municipales como David Koren[28], asesor de Barkat, es aprehendido aquí como una técnica sofisticada. Una que apunta al desplazamiento de un programa pedagógico diseñado para transmitir una cierta historia, junto a los valores y actitudes que entraña dicha matriz de contenidos, por otro que establece una visión diferente de los mismos eventos históricos y supone la formación de un modo distinto de pararse y actuar frente y a partir de ellos. En otras palabras, se habilitan trayectorias y acceso a otro tipo de capitales simbólicos, sociales y económicos que seguirán obturados para aquellos que sólo rindan el Tawjihi[29]. Como homines politici en formación, los jóvenes que asistan a estas escuelas «sacrificarían» parte de su acervo cultural en pos de potenciar sus rasgos como eventuales homines economici: eso implica una reducción, según Brown, de sus libertades. En semejante contexto, ¿no cabe considerar que esta estrategia «desde abajo», más que sumisión, implica una forma de tomar los mecanismos que el poder monta sobre el colectivo para acceder a capitales culturales y obtener libertades que de otra forma son negadas?

Las mismas salvedades que introducimos para aprehender la tendencia de solicitud de la ciudadanía israelí deben señalarse en este caso. Antes que nada, el paso al Bagrut no constituye un movimiento masivo, pero manifiesta la irrupción de actitudes y representaciones originales sobre la relación que los palestinos de Jerusalén guardan con las autoridades estatales israelíes, la sociedad israelí y la palestina local. Hablamos sólo de un puñado de escuelas que adoptaron el Bagrut (otras no llegaron a hacerlo por el rechazo de las familias[30]), lo que no exime a directores y padres de tener reservas[31] sobre ello, pero se pone de manifiesto cómo determinados valores comienzan a pesar más que otros. Así, la expectativa de asegurar el acceso a una mejor calidad de vida para las generaciones más jóvenes deviene en un factor de decisión que no contradice la perspectiva de transmitir la identidad palestina familiar.

Segundo, reparemos en el despliegue gubernamental de tecnologías propendientes a la regulación de tendencias y comportamientos, desatando mecanismos para su acomodamiento. Este ejercicio de desenmarañar lo disperso y encauzarlo tornándolo inteligible, es una expresión de la apuesta de «accountability» de Barkat. Dentro de esta racionalidad, la Municipalidad dio cuenta de una situación y tematizó que la responsabilidad del Estado por intervenir en ella entrañaba el rasgo de una obligación ética vinculante[32] abocada a empoderar a quienes actúan conforme al marco institucional israelí, responsabilizándolos de su devenir y del de sus hijos. Esta accountability es sensible a aquello que configura como «problemático» (jóvenes queriendo estudiar en universidades israelíes, e impedidos de hacerlo) y rigurosa en el cumplimiento de su deber ético (la futura vida cívica, económica, política del sujeto que ayuda a constituir, pareciera depender de la intervención que esta racionalidad sea capaz de concebir).

Podría decirse que la inoculación de la presencia del Otro en su configuración conforme el molde del homo economicus, en este caso, vía su inserción en el sistema académico, o sea, de acuerdo a un tipo de constitución normativo de subjetividad, se aprecia la confección de un «medio del buen acercamiento» entre comunidades etno-nacionales en conflicto. La adopción del Bagrut representa una tecnología que dirige las prácticas a puntos de contacto y de amalgama, de asimilación de la irreductibilidad del Otro en un mismo régimen de verdad: primero la escuela, luego el ámbito de trabajo.

Deviene distintivo del período que, por motivos que escapan a su propia esfera de acción e injerencia, se tornó posible para las autoridades representarse un modo que compatibilice la reproducción de la soberanía territorial a lo largo del tiempo sin que esto demande la expulsión del otro. La racionalidad política de la Jerusalén indefectible y eternamente unida puede admitir la presencia de su población palestina produciendo aún, una mayor diversidad en su campo de representaciones y conformación de identidades: instituyendo una forma de vida colectiva en la cual ésta se halle más fragmentada aún en su interior en términos de etno-clase.

Un último y tercer factor tiene que ver con el establecimiento de otra dimensión del discurso que se imbrica con la obligación ética de la accountability gubernamental. Funcionarios palestinos vinculados a la ANP en Jerusalén, como Amir Jibril[33], director de la oficina local del Ministerio de Educación palestino, y Saeb Erekat[34], jefe negociador en instancias internacionales, criticaron duramente la promoción del Bagrut en desmedro del Tawjihi y su consecuente desplazamiento de la instrucción sobre la historia del pueblo palestino. Por su parte, Mazen Jabari, director del Departamento de Juventud de la tradicional «Orient House«, añadió en su rechazo a esta medida, una contextualización significativa[35]: ésta surge debido a la restringida (y a los efectos, nula) presencia institucional de la ANP en la ciudad. Una vez más, la construcción y expansión del Muro de Separación entre Cisjordania y Jerusalén Este en tanto «frontera dura» (Dumper, 2014) devino en una condición de posibilidad clave para la situación actual.

Desde fines de la década de 2000, los residentes palestinos sólo pueden mirar a las autoridades israelíes para compensar la merma de oportunidades, respuestas, apoyos que otrora brindaban determinadas estructuras de la ANP y que han quedado desterradas con el Muro debiendo ser, por mucho que le pese a los actores locales, compensadas por el ocupante[36]. De manera que una tecnología de gobierno diseñada para regular la circulación de la población entre los Territorios Ocupados y los barrios anexados a la Municipalidad, propia de un dispositivo de seguridad, llevó al desmantelamiento de estructuras proto-estatales y partidarias, y así, a la aproximación a la institucionalidad israelí como salvoconducto para anclar el centro de vida en la ciudad de donde esta población es oriunda, con el caso de la aplicación a la ciudadanía, y con la expectativa de alcanzar una mejor calidad de vida, como surge con la opción por el Bagrut.

Esta complementariedad no necesariamente programada entre técnicas diversas (pues no son exactamente contemporáneas, sino sucedáneas unas de otras), su sedimentación, y los usos polivalentes que asumen, llevan al disciplinamiento de los cuerpos en sus modos de habitar y circular por la ciudad y el territorio, facultando a un régimen político a instituir su legitimidad soberana con mayor ahínco, produciendo sujetos políticos y constituyendo a los actores sociales de un modo inédito. El despliegue del dispositivo de israelización evidencia su inteligibilidad a través del ejercicio del poder gubernamental; uno que reconoce escenarios suscitados del proceso de su propia configuración. El advenimiento de la sociedad de seguridad desde el nuevo milenio, afina los usos estratégicos de los instrumentos de su consolidación y aprehende modos más eficaces de sostenerlos y reproducirlos en una nueva economía de su despliegue.

Un punto importante para dar cuenta de la conformación de una cierta forma de sociedad es atender al vínculo entre la agencia de los actores locales con respecto al plano de acción de las autoridades políticas. En la articulación espacio-temporalmente de coordinaciones, puntos de apoyo, resistencias y dinamismo en la red de posiciones de fuerza que asumen los actores se establecen los rasgos de dicha forma de sociedad. El presente análisis buscó mostrar cómo estos elementos interactúan configurándose de manera recíproca y no determinada. Lejos de confiar en que los subordinados se deben a la mera resistencia ni que aquellos que ostentan los mecanismos de control encarnan la pura opresión, prioricé dilucidar el proceso de construcción del poder en una desigual justa que hace mella en el encuentro del planeamiento y ejecución de políticas públicas y el plano de sus inspiraciones, colaboraciones, rechazos.

A continuación, la traducción de la leyenda de un póster en árabe que la Municipalidad confeccionó para el año escolar 2016-2017 y que comunicó a través de la cuenta de Facebook del gobernador Barkat[37] ilustrará la emergencia de la economía política en cuestión:

«Alcalde de Jerusalén Nir Barkat: Anunciando la apertura de una escuela primaria mixta en Shuafat, en la cual el curriculum que se enseñará será acorde al format del Bagrut [matriculación secundaria israelí], comenzando en el año académico, 2016-2017. La inscripción será en el Departamento de Educación del sector árabe, 3º piso, edificio 3 en la Plaza Safra, Lunes-Jueves de 08: 30-13:30. Documentos requeridos para la inscripción: – Tarjeta de identidad del padre – Boletín académico del primer semestre del año académico 2015-2016. Para mayor información, por favor llame al departamento de inscripción: 02-6296626. Deseándole éxito.»

Este documento condensa la enunciación de un horizonte estético político: una forma de sociedad que refleja los elementos estudiados. Shuafat, un barrio palestino tradicional en el cual se han asentado colonias israelíes deviene locación de una escuela mixta (en cuanto a género, no identidad nacional) que impartirá el currículo oficial del Estado de Israel. La admisión no requiere más que el documento de identidad de los padres –variable sujeta a una multiplicidad de situaciones– y al boletín académico, pudiendo provenir de tipos de escuelas no oficiales. Ninguno de estos documentos presenta rasgos inocuos, por eso, el acceso a este auspicioso proyecto se asienta sobre la distinción entre quienes voluntariamente se nacionalizaron israelíes, adoptaron el bagrut, quienes intentaron ambas cosas infructuosamente debido a un precario ejercicio del derecho de acceso a la ciudad[38] y quienes rechazan estas políticas.

Aquella aspiración de congraciarse con el otro que manifiesta la Municipalidad, evidencia la desigual proporción de fuerzas entre quien construye el enunciado y aquel que es objeto de su mensaje: los palestinos jerosolimitanos pueden bien rechazarlo como también habrá sectores cada vez más reflexiva y persistentemente proclives a saturar esa instancia en que es posible congraciarse con el gobierno local, andamiaje institucional del ocupante. La escuela, tal y como figura en el texto, puede concebirse como la metáfora de aquel horizonte en que la ciudad puede configurarse como un espacio de vida compartida para israelíes y para palestinos en proceso-de-devenir ciudadanos israelíes, o al menos, sujetos asimilables[39], compatibles con una forma de sociedad cuyo régimen político sostiene, la ciudad debe quedar bajo la completa soberanía instituida por la identidad judía israelí (encarnada por el Bagrut).

Para cerrar, aunque no se trate de una política municipal, es sumamente destacable que, en 2017, y dos años después de haber anunciado la apertura de cursos preparatorios para el ingreso a estudios superiores para palestinos jerosolimitanos, la Universidad Hebrea de Jerusalén (UHJ) anunció el reconocimiento del Tawjihi[40]. La respuesta fue saludada por ONGs del campo de los derechos humanos por bregar por un acceso más equitativo a la educación universitaria. Podría pensarse que esto obtura la necesidad de escuelas locales de pasar de un programa curricular a otro, pero hay que considerar que el acceso a la UHJ sigue requiriendo un puntaje alto que, no necesariamente, los alumnos formados en escuelas afectadas por escacez de aulas y recursos básicos, pueden alcanzar[41].

8.3. La cuantificación de la legitimidad

Las políticas de educación y las prácticas punitivas estudiadas anteriormente comparten un rasgo común: unas y otras pueden pensarse como tecnologías de gobierno propendientes a la configuración de subjetividades en torno al modelo del homo economicus del neoliberalismo. Si existen prácticas que pueden encauzarse y recompensarse a partir de alicientes económicos, otras serán conductibles acorde a desincentivos: el individuo habrá de sopesar según un cálculo económico si el beneficio obtenido de tal conducta es mayor que la pena que comporta.

La grilla de inteligibilidad del homo economicus dota de un sentido específico la articulación de prácticas de gobierno que producen sujetos morales y amorales según su acercamiento o alejamiento a un ideal. De un lado, pasa a ser responsabilidad de las familias y las direcciones de las escuelas, elegir qué modelo educativo adoptar: si el Bagrut abre una serie de posibilidades futuras en la realización profesional de la persona, el Tawjihi abrirá otras. La Municipalidad sabrá estimular la adopción del Bagrut otorgando subsidios, es decir, premiando conductas, reforzándolas; es más, acercándolas a un ideal moral de humanidad.

Por otro lado, las conductas que habrán de ser desestimuladas, asociadas a penas tales como la demolición punitiva de viviendas, son aquellas relacionadas con el terrorismo. Esta etiqueta comporta al sujeto una categoría de inhumanidad tal que las autoridades estatales deciden actuar conforme a principios de seguridad provenientes de la lógica militar: la suspensión de la ley, o prácticas extra-legales amparadas dentro de la legalidad, son activadas cuando parecen imprescindibles para la defensa de la sociedad. Las tecnologías que premian y las que castigan conductas relegan por igual al individuo a tomar la decisión de actuar: el raciocinio guiará evaluando desenlaces, estimando beneficios, contemplando costos.

Otra tecnología ayudará a aprehender cómo Barkat cuantificó una categoría clave en el ejercicio del poder: la legitimidad. Me refiero a las prácticas de benchmarking, es decir, a la creación de valores numéricos a partir de conceptos o prácticas que denoten preferencias, aptitudes, talentos, desempeños. En efecto, el benchmarking tiende a la producción de escalas, rankings, mapas de datos en los cuales ciudades, regiones, países, compiten como empresas, marcas, firmas. Ya habiéndome referido a esto en el Capítulo VI, pasaré a demostrar la relación entre la evidencia empírica y la teoría a partir de la evaluación del propio desempeño realizado por Barkat a partir de encuestas de «satisfacción» sobre su liderazgo.

Precisamente, una sucesión de encuestas ha mostrado que a lo largo de los últimos años, el número de palestinos jerosolimitanos que preferirían la ciudadanía israelí sobre una hipotética ciudadanía palestina creció de un 35% sobre el total de encuestados en 2010[42] (un 30% hubiera optado por la palestina), a cerca del 40% un año después[43] (mientras solo un 23% hubiese «definitivamente» preferido la palestina), tendencia que se confirmó en 2015[44] con un 52% de respuestas positivas (junto a una creciente proporción de 42% de encuestados que elegirían la ciudadanía palestina). Asimismo, habría mayor cantidad de interesados en mudarse a otro barrio[45] en virtud de permanecer bajo jurisdicción israelí en desmedro de una hipotética soberanía estatal palestina sobre una parte de Jerusalén.

Entre las preferencias indicadas por los encuestados en esta serie de estudios realizados por Kukali y Pollock, se destacan beneficios tanto materiales como simbólicos que la ciudadanía israelí puede garantizar, como una mayor libertad de movimiento (transitar no sólo por la parte Occidental de la ciudad sino por todo el Estado de Israel y Cisjordania)[46], el acceso a mejores ingresos y oportunidades de empleo, a servicios de salud y beneficios sociales como beneficios para discapacitados y pensiones. Es más, los participantes de dichas encuestas han contestado estar progresivamente menos insatisfechos con las injusticias estructurales[47] que entraña la burocracia gubernamental israelí, por ejemplo, las complicaciones que surgen al solicitar permisos de edificación[48].

Por otro lado, cabe mencionar que los palestinos jerosolimitanos, según estos relevamientos, están al tanto de la corrupción dentro de la ANP y sobre la inferior calidad de servicios provistos por su estructura gubernamental a lo largo de Cisjordania[49], motivo por el cual les preocuparía su situación económica en el caso que se arribase a una solución de dos Estados que implicase una soberanía palestina sobre Jerusalén Este. Esto puede ser una condición de posibilidad nada desdeñable respecto a la moderación que se ha dado en sus respuestas acerca de la reclamación israelí sobre la tierra. Además, esta moderación se traduce a la percepción de la imagen que esta población tiene respecto a las autoridades israelíes[50]: el gobernador Nir Barkat tuvo un 34% de aprobación en su primer mandato, no lejos del dirigente Ismail Haniyeh de Hamas (40%) e incluso apenas por encima del líder del Movimiento Islámico Sheij Raed Salah (33%), como indicó una encuesta de 2011 (Kukali & Pollock, 2011). No obstante, esto no implica que los sentimientos patrióticos de esta población hayan mermado o dejado de existir expectativas de que los grupos armados sigan combatiendo, sino que estas ventajas materiales y simbólicas parecieran superar esas reservas nacionalistas en lo que respecto a los beneficios que puede comportar una u otra pertenencia ciudadana[51].

En suma, la libertad de movimiento por el territorio jerosolimitano, israelí y bajo ocupación israelí (Cisjordania), constituye uno de los factores de mayor preocupación para la población local[52], cuya creciente actitud a adoptar la ciudadanía israelí se da en el marco de un contexto que presentó ciertas características diferentes a los años de irrupción del «traslado silencioso», especialmente debido al estilo de gobierno de Barkat. Contraria a una claudicación de reclamos nacionales, la aspiración a obtener la ciudadanía israelí podría constituir una manera particular de enraizar, a partir de canales institucionales estatales, la permanencia de la población palestina en la ciudad en los términos de la lógica técnico-burocrática subyacente al despliegue del «traslado silencioso». Dentro del período comprendido, sugerí pensar esta tendencia como una posible resistencia «silenciosa» (no violenta) que, no a pesar suyo y no por eso contradictoria, coexiste con manifestaciones, enfrentamientos y atentados terroristas. Una de las novedades históricas del período es que autoridades oficiales israelíes como Barkat se refiriesen a ellas en términos morales desde una racionalidad política neoliberal, pues este registro ofrece una tematización sobre la humanidad del otro cultural moldeada según la grilla del homo economicus, y no en base a un choque cultural o civilizatorio binario, o basada en presuntas, y falaces, enemistades religiosas.

Aun proponiendo que este beneplácito cuantitativo de un creciente número de palestinos es susceptible de concebirse como una resistencia[53], cabe notar la eficacia del particular despliegue de los mecanismos institucionales operantes: resistencia o no, la aplicación a la ciudadanía da cuenta de un contra relato de la racionalidad técnico-burocrática israelí, que legitima la institucionalidad de quien otorga o niega la ciudadanía, de quien sostiene o revoca la residencia. Esta aspiración torna más complejas las relaciones de fuerza en la enmarañada red de pertenencias identitarias culturales, religiosas y políticas.

Si los mecanismos institucionales israelíes pueden servir de puntapié para una mejora consistente en las condiciones materiales de vida de los actores interesados en obtener la ciudadanía, entonces, la obtención de este capital simbólico conlleva la potencial adquisición y acumulación de otro tipo de capitales que dan lugar a nuevas modalidades de habitar el espacio y de vida cívica (acceso a títulos universitarios reconocidos, a mejores empleos, servicios de salud y públicos de todo tipo). Puede aprehenderse del estudio de esta relación entre Estado y población local, aquel régimen de verdad emplazado en el mercado. En función de las desproporcionadas posiciones que ocupan los actores en la red de relaciones de fuerzas, la legitimidad del ocupante y su facultad para establecer lo que es legal o ilegal, es confirmada por quienes están dispuestos a configurarse una manera inédita de ser palestinos jerosolimitanos, vinculándose de otra manera con israelíes y connacionales palestinos de Gaza, Cisjordania y residentes en la ciudad.

Las tendencia de aplicaciones a la ciudadanía israelí y la de adopción del Bagrut dan cuenta del reconocimiento de otra modalidad de apelar a los mecanismos de la ocupación para actuar sobre ellos y granjearse las condiciones para una futura mejora en la calidad de vida familiar, en el goce y acceso a derechos sociales, políticos y humanos. [54] El carácter polivalente de los dispositivos, de los mecanismos de seguridad, de las tecnologías de gobierno, presenta en el plano performativo, efectos (no por ello causales) que revelan el reverso del flujo del poder.

A continuación, reproduciré una cita extensa de Pullan (2013) cuyo desglose crítico me permitirá especificar aún más el análisis que pretendo introducir con esta tesis:

«La tiranía de la tarjeta de identidad es potente y en buena medida arbitraria; También es una ilustración relevante de la interpretación de Deleuze (1992, 5) de los espacios disciplinarios de Foucault. Deleuze caracteriza nuestra condición actual como un período de transición entre «espacios de disciplina» y «espacios de control». Siguiendo a Foucault, atribuye a las sociedades disciplinarias anteriores dos polos, uno representado por la firma del individuo y el otro por la numeración administrativa que indica su posición dentro de una masa. En las sociedades de control posteriores, una firma o número ya no es importante; más bien es necesario un código digital para ofrecer acceso o rechazo. Las firmas y números operados en el marco temporal de un sistema cerrado ahora se reemplazan por códigos y contraseñas en «formas ultrarrápidas de control de flotación libre» (Deleuze 1992, 4). Los palestinos, con sus tarjetas de identificación obligatorias, son prisioneros del espacio disciplinario, literalmente contra la pared, confiando en el color correcto y la autorización para permitirles pasar. Las tarjetas de identificación son una manifestación notablemente anticuada del sistema de seguridad israelí. En otros aspectos, el sistema israelí apenas está pasado de moda, y se empodera con unidades militares móviles, cámaras de vigilancia y computadoras masivas. Los palestinos son, por supuesto, parte del sistema digitalizado israelí, pero la tarjeta de identificación de color simboliza el estado y define el camino actual de la vida de cada persona; este pedazo de tarjeta se ha convertido en el foco y el resumen de una existencia limitada y rodeada de fronteras.» (Pullan, 2013:138)

Pullan también reconoce el advenimiento de un cierto tipo de sociedad de control (o de seguridad) que brega por la «conducción de las conductas» y el «ordenamiento de lo disperso» en la configuración de campos de intervención y construcción de saber/poder. La cita refiere a un ensamblaje de seguridad en el que el documento de identidad personal opera como un dispositivo ordenador, capaz de requerir la activación de determinadas tecnologías en lugar de otras. El cifrado comporta una determinada pertenencia a la comunidad política, un correspondiente emplazamiento geográfico, una serie de posibilidades ligadas a la circulación por el espacio público, un tipo de acceso al derecho a la ciudad. En suma, la clasificación de ciudadanías diferenciales otorga una posición relativa en la red de relaciones de fuerza.

Ahora bien, corriéndome un tanto del planteo de Pullan, señalaré que el hecho que existan formas de vida enraizadas y/o configuradas por las «fronteras» que representan las diversas tecnologías de gobierno existentes no es sinónimo de un «aprisionamiento disciplinario». En otras palabras, sostengo que el sujeto nunca está abyecto de su propio proceso de configuración, carente de inventiva, determinado exclusivamente por la moldura primigenia con que el poder intenta constituirlo e irresoluto a los términos con que, a su vez, se propicia la conducción de su conducta, siendo incapaz de contestarla aun cuando eso no sea sinónimo de revolución, sino un componente intrínseco de toda relación de poder (de Marinis, 1999).

Esta investigación plantea una tensión entre dos de los tres niveles analíticos del poder en el registro foucaulteano: entre los «juegos estratégicos entre libertades» y los «estados de dominación»[55]. Es sustantivo para una analítica del ejercicio del poder gubernamental aprehender que no debe tomarse a uno de sus mecanismos, cualquiera fuera, como un objetivo en sí mismo dentro de un esquema general de poder circular, edificado por la complementariedad de instituciones correlativas pero carentes de exterioridad[56]. La tendencia aquí rastreada evidencia las condiciones de posibilidad de una posible sumud, una resistencia no violenta, en tanto aprovechamiento de los mecanismos institucionales que comporta el reconocimiento de la estatalidad israelí. Esto pareciera ceder intereses y expectativas de auto-determinación nacional ante un discurso de poder que pretende hablar en nombre del pueblo: así lo hace Barkat cuando convalida su legitimidad en las proyecciones numéricas que proveen los relevamientos mencionados, haciéndolos funcionar como benchmarks, es decir, indicadores de satisfacción de la población local y de rendimiento del ejercicio del poder municipal.

El estadio intermedio, el pasaje del «no» al «sí» a la ciudadanía, este juego estratégico entre libertades y campos de dominación comporta tanto una mayor economía en el despliegue de los mecanismos de gobierno como también un potencial empoderamiento de futuras generaciones de palestinos jerosolimitanos. En este nivel de análisis es posible observar otro hecho significativo: la aplicación a la ciudadanía israelí representa asimismo una forma de resistencia a la ilegitimidad de la dirigencia palestina, es decir, un «rechazo» a su pretensión de «conducir la conducta» de los palestinos jerosolimitanos en virtud de su inoperancia.

Los programas de gobierno están sujetos a contextos de reelaboración[57]. Como se anticipó ya en el primer capítulo, es significativo que el propio alcalde legitimara su acercamiento a la población remitiéndose a encuestas para establecer una cadena equivalencial entre israelíes y palestinos. Como homines economici situados en el mercado, al margen de sus identidades etno-nacionales, los individuos podrán elegir y ser premiados o castigados por sus decisiones. Según la racionalidad de Barkat, entre aquellos que optan por lo primero, se hallaría una creciente porción rastreada gracias al relevamiento cuantitativo, que convalida la legitimidad del gobierno israelí sobre una nueva base: la posibilidad de satisfacer determinadas condiciones para la vida para un grupo aspirante a un grado de ciudadanía superior del que simbólica y prácticamente goza.

Por un lado, este ejercicio de gubernamentalidad halla su apoyatura en una presunta validez empírica extraída del discurso científico: los hechos son como se los presenta. En base a ello, este arte de gobierno se presenta como aquel que ha establecido una eficiente articulación entre el despliegue del poder y las libertades y expectativas de la población. Esta «preocupación» gubernamental por los residentes palestinos es «correspondida» con su reconocimiento: una curiosa y probablemente inédita correlación entre el sentido de pertenencia de la población palestina, aparentemente, cada vez más convencida de convalidar la soberanía israelí.

Esto representa una mutación sustancial en la concepción de la forma de sociedad que se pretende asegurar y un tratamiento radicalmente diferente de la «cuestión demográfica» por parte de las autoridades israelíes. Quizás no se trate de una configuración del poder capaz de suavizar la transición de un régimen de ocupación al de una democracia formal, mas una donde la ocupación muestre mayor habilidad para sugerir ese pasaje a través de la israelización de la población. Lo primero, sólo podría sostenerse tomando al pie de la letra la cita de Barkat[58] y entendiendo como dato la tendencia de aspiración palestina a la ciudadanía israelí (que tampoco es generalizada, sino limitada a sectores cuantitativamente cada vez más numerosos, pero aun no masivos) en lugar de comprenderla como una acción social contextualizada y no subordinada exclusiva y causalmente al plano gubernamental desde arriba.

De manera que, advirtiendo este tipo de recaudos, propongo mantenernos en el plano del análisis sobre el conjunto de mecanismos y procedimientos gubernamentales consistentes en el afianzamiento del poder soberano, y en las modalidades con que asumen representar a quienes nunca confesaron hacerlo: lo novedoso es que las autoridades estatales que ejercen el poder admitan su interés en que, de entre los miles de palestinos jerosolimitanos, algunos pueden llegar a ser israelíes sin comprometer la cuestión demográfica ni el futuro de la ciudad. Por lo contrario, esta racionalidad que presenta una vida común compartida y unos «medios del buen acercamiento», reproduce la institucionalización del poder en la clave de una Jerusalén que seguirá bajo mandato israelí inoculando/neutralizando, la problemática demográfica. Del traslado silencioso se pasa a la admisión, una que no es total, pero que implica una ocupación/colonización que no requiere del desplazamiento de esta otra población de la ciudad, mientras logre torcer las relaciones anteriores de poder dentro del campo palestino al volverla más proclive a adaptarse al estilo de vida israelí.


  1. Traducción literal del término en inglés, «quiet» o «silent transfer«.
  2. La definición del «centro de vida» que toma el MI desde 1995/1996, de acuerdo a Riman Barakat, ex co-directora del Israel-Palestine Center for Research and Information, se construye a partir de documentación como las facturas telefónicas, de electricidad, pruebas de pagos de impuestos por propiedades dentro de la jurisdicción municipal. Para la renovación de las tarjetas de identidad de la residencia permanente (como para solicitudes de permisos para viajes), es imprescindible la presentación de alguno de estos documentos so pena de revocación efectiva. Ver: «Quietly, East Jerusalem Palestinians acquiring Israeli citizenship», +972 blog, 20/05/ 2012.
  3. «…a los residentes de Jerusalén Este se les permitió una vez, como al resto de los residentes de los Territorios Ocupados, pasar tiempo en países árabes para diversos fines, como por trabajo, educación o incluso vida familiar. A mediados de la década de 1990, el Ministerio del Interior comenzó a revocar el estado de muchas de estas actividades. El estado de residencia fue interpretado como uno que requiere una demostración constante de la prueba de que el «centro de la vida» está en Jerusalén» (Klein, Sasson, Maimon, Luster, 2012:38).
  4. Residente desde 1967 y luego ciudadano norteamericano, en 1987, Awad solicitó la renovación de su permiso de residencia a las autoridades israelíes topándose con su revocación. La Corte Suprema falló en su contra. Ver: https://cutt.ly/mQXuf1J; https://cutt.ly/cQXukOD.
  5. Una detallada descripción es accesible en: David, Ariel, «Who Are East Jerusalem’s Permanent Residents’?» Haaretz, 09/12/2014.
  6. La frase «centro de vida» se usó por primera vez en 1988 en el caso «Awad v. Primer Ministro» y replicó en 1995, cuando se instituyó el Traslado Silencioso con el caso «Shiqaqi v. Ministerio del Interior» (Jefferis, 2012b).
  7. Btselem, o «El Centro de Información Israelí sobre los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados», informó que para el año 2002 no se contaban con datos. Véase: https://cutt.ly/CQXucTH. Última actualización: 23/05/2019.
  8. Btselem provee datos más concretos aún pero sólo para el período 1997-2011: 10.376 de ellos radicándose en el exterior (91,8%), mientras que los 597 restantes lo hicieron en los Territorios Ocupados (8,2%). Ver: https://cutt.ly/UQXuUx8.
  9. Importan aquí el «Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip» (Washington, D.C., 28/09/1995) y el «Palestinian Interim Self-Government Authority Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements» (13/09/ 1993).
  10. Aunque el MI haya reinstituido algunos permisos revocados las cifras conocidas son fragmentadas.
  11. The Times of Israel, 8/19/2015; The Times of Israel, 8/5/2015; Haaretz, 8/5/2015; Reuters, 8/3/2015.
  12. Para más, ver los datos aportados por el Ministerio Israelí de Población e Inmigración, según: Laub, Karin & Daraghmeh, Mohammed, «More East Jerusalem Palestinians seek Israeli citizenship», The Times of Israel, 22/03/2017
  13. Seeking stability, more East Jerusalemites become Israeli citizens, The Times of Israel, 05/08/2015.
  14. Horovitz, David, «Nir Barkat: How I’m ensuring Israeli sovereignty in Jerusalem», The Times of Israel, 29/02/2012
  15. امتحان الثانوية العامة,, en árabe, significa examen general secundario. Se implementa también en Jordania.
  16. תעודת בגרות, en hebreo, Teudát Bagrut, que significa literal, «Certificado Bagrut».
  17. Ver: Hasson, Nir, «More Arab Students in East Jerusalem Seeking Israeli Matriculation Certificate», Haaretz, 30/04/2015.
  18. Idem anterior.
  19. Dentro del número actual de estudiantes palestinos jerosolimitanos, 105.405 contabilizados oficialmente, un 41% está actualmente matriculado en escuelas municipales oficiales, otro porcentaje idéntico lo está en escuelas que operan con aval municipal pero sin reconocimiento oficial, mientras el 17% restante estudia en escuelas privadas. ACRI señala que el 43% de las aulas se encuentran en condiciones inadecuadas y que el porcentaje de deserción escolar es del 26% en el 11º grado y del 33% en el 12º (ACRI, 2015).
  20. Sobre este punto, se puede ampliar en: https://cutt.ly/jQXuSYJ.
  21. Un análisis sobre las diferencias entre las tasas de abandono escolar entre los estudiantes palestinos en Jerusalén, Cisjordania y la población árabe de Israel, y sobre las deficiencias derivadas de la falta de inversión en el sistema educativo puede encontrarse en (ACRI, 2015).
  22. Para una comparación pormenorizada entre la situación del sistema educativo en Jerusalén Este y Oeste, ver: https://cutt.ly/dQXuHxg.
  23. El fallo está rotulado como «HCJ 5373/08 – Abu Libdeh et al. v. Minister of Education et al. Judgment». Una traducción en inglés puede hallarse en el sitio de la organización Ha Moked (Centro para la Defensa del Individuo). Ver: https://cutt.ly/SQXu2AN.
  24. El diagnóstico aceptado por el Tribunal de la Corte Suprema esclarece las características del sistema educativo en Jerusalén Este. Puede accederse a él a través de: https://cutt.ly/SQXu2AN.
  25. «Nos tomó tiempo descubrir cómo ponernos al día con la construcción de escuelas y aulas en el este de Jerusalén. La escasez es de aproximadamente mil aulas en el este de Jerusalén y cerca de mil aulas para la comunidad ultraortodoxa de Jerusalén. Lo que decidimos hacer es asumir la responsabilidad. Creo que compartí con ustedes la última vez que estuve aquí que la palabra «responsabilidad» no se traduce al hebreo. Cuando pregunté quién está a cargo de construir todas estas aulas, todos se miraron y dijeron «Sí lo están». El municipio no sabía cómo lidiar con esto y lanzaron el desafío a los directores de las escuelas. Pero, ¿cómo sabe el director de una escuela cómo construir una escuela? Entonces tenías décadas de escuelas que se construyeron de manera incorrecta; no cumplieron con los estándares; el municipio no fue responsable; y hoy pagamos el precio». Idem 14 .
  26. Idem 14.
  27. Eglash, Ruth & Booth, William, «Israeli official try introducing Israeli textbooks in East Jerusalem’s Palestinian schools», The Washington Post, 14/09/2013.
  28. «La subvención ha sido etiquetada como una «subvención de excelencia en el estudio» por parte del municipio y David Koren, asesor del alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, que ha negado cualquier motivación política. ‘‘Ofrecer el bagrut no es un problema político, es un problema educativo. Es un deber humanitario, un deber religioso. Se trata de la calidad de vida, ofreciendo nuevos horizontes en la educación», dijo Koren». Ver: Shuttleworth, Kate, «For Arabs in Israel, Curriculum Choice Is Politically Charged», New York Times, 20/01/2014.
  29. «Hablo con muchos jóvenes y me dicen: Terminaré la secundaria a los 19 años y ¿cuáles son mis opciones? Iré a Wadi Joz y trabajaré en un garaje, ¿o tendré un futuro mejor?» » Idem 27.
  30. «Otra, la escuela Ibn Khaldoun para niños, con 1.400 estudiantes, propuso la opción del plan de estudios israelí a sus padres, quienes lo rechazaron.». Idem 28; «Los maestros han tenido muchas amenazas durante la semana pasada y están teniendo muchos problemas «, dijo Lara Mubarichi, subdirectora de educación de Jerusalén Este. «En una escuela, había 300 padres que se inscribieron, y ahora [el número] se ha reducido a 86», dijo. «En otra escuela, todos los padres se retiraron.» Idem 27.
  31. «La Escuela Media y Secundaria para Niñas Abdullah Bin Al Hussein, donde el plan de estudios israelí se está introduciendo en dos clases en los grados séptimo y octavo, se encuentra en la línea verde, que desde 1948 hasta la victoria de Israel en la guerra de 1967 fue un tierra prohibida entre Jordania e Israel. «Si quiero que mis alumnos obtengan mejores resultados en matemáticas, inglés, árabe y ciencias, creo que esto será mejor. Si quiero abrir oportunidades para mejores trabajos y educación superior, esto es mejor», dijo Liana Jaber, directora de la escuela intermedia para niñas. «Pero por otro lado, personalmente creo que vendrá a expensas de su identidad palestina»» Idem 27.
  32. «Moshe Tur-Paz, director de la Administración de Educación de Jerusalén, dijo que visitó una escuela en el barrio árabe de Beit Hanina hace dos semanas con el alcalde Nir Barkat. «El alcalde le preguntó a uno de los estudiantes qué hace en la tarde, y esperábamos que dijera que jugaba al fútbol, pero en lugar de eso dijo que va a una clase para estudiar para el bagrut israelí y paga 12,000 shekels ($ 3,100) a una escuela privada […] Ese fue un momento decisivo para nosotros. Entendemos que es nuestra obligación ofrecer esta opción. No se lo estamos imponiendo a nadie, pero tenemos que ofrecerlo.» Idem 17.
  33. Idem 28.
  34. Idem 27.
  35. «El aumento de la demanda de un certificado de matriculación israelí (bagrut) se ha atribuido a la finalización de la barrera de separación entre Jerusalén y Cisjordania, lo que dificulta que los estudiantes de Jerusalén Oriental lleguen a las universidades de Cisjordania. Sin un certificado de matriculación israelí, tampoco pueden estudiar en colegios y universidades israelíes.» Idem 17.
  36. De acuerdo a Mazen Jabari: «Francamente, sentimos que estamos en el medio, y no sabemos qué hacer … Tenemos dos autoridades que nos exprimen: los israelíes y los palestinos.». Idem 27.
  37. La cita puede recuperarse del siguiente póster (la traducción es propia): https://cutt.ly/tQXit8h.
  38. Sea ya por el rechazo del sistema burocrático en cuanto a la aplicación de la ciudadanía, o bien, en relación a las posibilidades reales de acceder a una de las pocas escuelas que dictan el Bagrut: Jerusalén Este es geográficamente vasto, geológicamente irregular, y los barrios palestinos no están comunicados entre sí por medios de transporte eficientes como en otro tipo de ciudades, sumado el hecho que están contiguamente interrumpidos por espacios verdes y colonias israelíes.
  39. Actor cuya representación acerca del Estado de Israel es, progresivamente, una de mayor renuencia, aceptación: más aceptado o menos combatido por las maneras tradicionales de resistencia.
  40. Hasson, Nir, «Hebrew University to Become First Israeli School to Recognize Palestinian Authority Test Scores», Haaretz, 03/03/2017.
  41. Para que el lector tenga idea de la situación: «Un total de 109.481 estudiantes de escuelas palestinas estudian en Jerusalén. De estos, solo el 41% asiste a escuelas públicas reconocidas administradas directamente por el Municipio de Jerusalén; la cantidad de escuelas simplemente no es suficiente para el tamaño de la población. Otro 41% de los estudiantes asiste a escuelas reconocidas pero no oficiales, que reciben fondos parciales del Ministerio de Educación, mientras que el 18% restante asiste a escuelas privadas.3 Jerusalén Este tiene un total de 88 escuelas públicas, 97 escuelas reconocidas pero no oficiales, y 79 escuelas privadas. En 2017, 1.633 estudiantes palestinos presentaron una solicitud al Municipio de Jerusalén para pasar de escuelas reconocidas pero no oficiales a escuelas públicas oficiales. De estos, 1.209 fueron aceptados y 424 rechazados. El Tribunal Superior dictaminó que a partir de 2016, las autoridades deberán cubrir las tasas de matrícula para los estudiantes de Jerusalén Este que deseen trasladarse a las escuelas públicas, pero para quienes no hay plazas disponibles. Hay una escasez de alrededor de 2.000 aulas en el sistema de educación pública oficial en Jerusalén Este, según la estimación del municipio. El costo de construir estas aulas es de dos mil millones de shekels. En 2016, solo se agregaron 44 aulas nuevas en las escuelas públicas de Jerusalén Este. En los próximos tres años, se construirán 339 aulas nuevas adicionales. En el período de cinco años comprendido entre 2011, cuando se otorgó la resolución judicial de principios sobre la escasez de aulas y el registro de estudiantes en Jerusalén Este, y 2016, se construyeron 247 aulas y se alquilaron otras 218 aulas. (2-3)». Ver: ACRI (2017) East Jerusalem: Facts and Figures 2017, 21/05/2017
  42. Ver: «The Palestinians of East Jerusalem: What Do They Really Want? Detailed Survey Results», Pechter Middle East Polls & the Council on Foreign Relations, 12/01/2011. Recuperado de: https://cutt.ly/xQXiszJ. Para más: https://cutt.ly/tQXijtb.
  43. Hallazgos de una encuesta patrocinada por The Washington Institute. Relevamiento realizado por el investigador palestino, Dr. Nabil Kukali, del Palestinian Center for Public Opinion (PCPO), junto al Pechter Middle East Polls. Ver: Pollock, David, «East Jerusalem Palestinians Say UN Move Would Hurt Them; Many Prefer Israeli Citizenship», 22/09/2011; Pollock, David, «PolicyWatch #1867. Poll Shows 40 Percent of Jerusalem Arabs Prefer Israel to a Palestinian State», 02/11/2011.
  44. Hallazgos de una encuesta del Palestinian Center for Public Opinion junto al Dr. David Pollock (Kaufman Fellow, The Washington Institute). Ver: https://cutt.ly/7QXizx6. De ahora en más, Pollock, 2015.
  45. «Aún más notable, el 42 por ciento dijo que en realidad se mudarían a un vecindario diferente si fuera necesario para permanecer bajo la autoridad israelí en lugar de palestina, confirmando los resultados de una encuesta similar administrada por un encuestador palestino en noviembre de 2010 y copatrocinada por el Consejo de Asuntos Exteriores de los EE. UU. Relaciones» (Kukali, Pollock, 2011).
  46. «La libertad de movimiento bajo el dominio israelí también ocupaba un lugar muy alto; Contrariamente a la idea errónea común de una comunidad «aislada», alrededor de dos tercios de estos palestinos informaron que visitan no sólo Jerusalén occidental, sino también otras partes de Israel y Cisjordania al menos una vez por semana.» (Kukali, Pollock, 2011).
  47. «Solo una minoría relativamente pequeña (24%) de los palestinos del este de Jerusalén ahora dice que no está satisfecho con «la facilidad o dificultad de obtener permisos de construcción» en la ciudad, un hallazgo sorprendente dada la preocupación por este problema entre algunos medios de comunicación y ONG. Esto marca una fuerte disminución desde noviembre de 2010, cuando dos tercios (66%) informaron insatisfacción sobre este tema. Y si bien el 70 por ciento de los encuestados de septiembre dijo que la discriminación en los servicios municipales es al menos un problema «moderado», solo el 7 por ciento nombró permisos de construcción, desalojos o demoliciones como ejemplos de tal discriminación en respuesta a una pregunta abierta» (Kukali, Pollock, 2011).
  48. «Por ejemplo, una mayoría (57 por ciento) ahora está satisfecha con su nivel de vida, frente al 44 por ciento en noviembre. Y solo el 43 por ciento ahora dice que no está satisfecho con el tema de obtener permisos de construcción, en gran medida por debajo del 70 por ciento en la encuesta anterior. Del mismo modo, sólo el 16 por ciento ahora reporta insatisfacción con los funcionarios municipales de Jerusalén, una mejora significativa en comparación con el 35 por ciento en noviembre» (Kukali, Pollock, 2011).
  49. «De hecho, dos tercios informaron que viajan no sólo al Oeste de Jerusalén, sino también a otras partes de Israel cada semana. Al mismo tiempo, más de la mitad de los encuestados dijeron estar preocupados por el aumento de la corrupción y la disminución de la libertad de expresión bajo el dominio palestino.» (Kukali, Pollock, 2011)
  50. «En algunos otros aspectos, también, los palestinos de Jerusalén oriental han adquirido actitudes relativamente moderadas hacia Israel. Un sorprendente 70% dice que aceptaría la fórmula de «dos estados para dos pueblos: el pueblo palestino y el pueblo judío». En Cisjordania, la cifra comparable es del 56%; en Gaza, 44%. Un 40% igualmente notable en Jerusalén Este dice que «los judíos tienen algunos derechos sobre la tierra junto con los palestinos», en comparación con solo el 13% en Cisjordania o el 11% en Gaza. Y con respecto a la propia Jerusalén, solo el 23% de sus residentes palestinos insisten en la soberanía palestina sobre toda la ciudad, solo la mitad del porcentaje con esa opinión en Cisjordania o Gaza» (Pollock, 2015)
  51. La siguiente cita ilustra el punto: «Lo más sorprendente de todo a este respecto son los hallazgos sobre la afinidad partidista. El 39% de los palestinos de Jerusalén Este dice que Hamas «representa más estrechamente su afiliación política». Posiblemente esto se deba en parte a que son relativamente religiosos; el 37% elige «ser un buen musulmán» como su primera o segunda prioridad personal, de una lista de diez opciones diferentes. Pero incluso más habitantes de Jerusalén Este (47%) dicen que son políticamente «independientes». Estos números también pueden estar algo sesgados por la realidad de que Fatah y la Autoridad Palestina […] no pueden operar oficialmente en Jerusalén» (Kukali, Pollock, 2011). En un artículo más reciente Pollock aclaró: «Esto no significa que los palestinos de Jerusalén sean moderados en todos los aspectos. Por ejemplo, el 55% dice que incluso después de una solución de dos estados, todavía querrían «liberar a toda Palestina histórica», aunque no necesariamente para expulsar o privar de derechos a los judíos israelíes. Combinado con su preferencia comparativamente generalizada por la ciudadanía israelí, esto puede indicar una deriva entre los palestinos de Jerusalén Oriental hacia una «solución de un solo estado». Mientras tanto, sin embargo, una mayoría (61%) también ofrece al menos apoyo verbal para la «lucha armada y los ataques automovilísticos contra la ocupación». Esta cifra es algo menor que entre los banqueros occidentales o los habitantes de Gaza, pero no mucho» (Pollock, 2015).
  52. Acorde a Riman Barakat, ex co-directora del Israel Palestine Center for Research and Information: https://cutt.ly/TQXivQJ.
  53. «¿Por quién aceptamos ser conducidos? ¿Cómo queremos serlo? ¿Hacia dónde queremos que nos conduzcan? Ésta es mi segunda observación sobre la especificidad no autónoma de esas resistencias, esas rebeliones de conducta.» (Foucault, 2014:232).
  54. «Son movimientos cuyo objetivo es otra conducta, es decir: querer ser conducidos de otra manera, por otros conductores y otros pastores, hacia otras metas y otras formas de salvación, a través de otros procedimientos y otros métodos. Y son además movimientos que procuran —eventualmente, en todo caso— escapar a la conducta de los otros y definir para cada uno la manera de conducirse. En otras palabras, yo querría saber si a la singularidad histórica del pastorado no correspondió la especificidad de rechazos, rebeliones, resistencias de conducta. Y así como hubo formas de resistencia al poder en cuanto ejercía una soberanía política, y otras formas de resistencia o de rechazo, igualmente deliberadas y encauzadas contra él en cuanto ejercía una explotación económica, ¿no hubo formas de resistencia que se le opusieron en su carácter de conducta?» (Foucault, 2014:225).
  55. «Una vía de acceso al elemento mediador entre ambos niveles está en la distinción de dos niveles de análisis del gobierno: en general y en sentido más restringido» (Lemke, 1998, 149). «La noción de gobierno girará así alrededor de tres nociones distintas, pero estrechamente vinculadas entre sí: conducción de la conducta, racionalidad política y tecnología de gobierno» (de Marinis, 1999; 84). El sujeto presenta un relativo margen de maniobra pero, capaz de presentar resistencia, es parte intrínseca de la relación de fuerzas vigente. Por otro lado, los estados de dominación refieren a un tipo de relación de poder más estructurada, estable e institucionalizada en juegos de penalidades y coerciones: margen de maniobra de los objetos del poder se halla mucho más restringido, o sea, las prácticas de libertad apenas existen o están muy limitadas.
  56. Al poner la mirada en el nivel operativo del desenlace de estas tecnologías de gobierno que gobiernan y conducen la conducta de los dominados, puede observarse que la racionalización política dominante lleva a una planificación tecnócrata y a la institucionalización de la discriminación cultural enraizándose en grados de pertenencia a la ciudadanía según la pertenencia etno-nacional. Luego, esta condición ciudadana es modulada por tecnologías como las del traslado silencioso, sustituida por su modulación de «integración controlada», gobernada colateralmente por dispositivos de seguridad como mecanismos de resolución del problema demográfico tematizado como problema político para la parte que constituye la cives, el todo.
  57. «Al desinstitucionalizar y desfuncionalizar las relaciones de poder, se puede [ver] en qué y por qué son inestables. -Permeabilidad a toda una serie de procesos diversos. Las tecnologías de poder no son inmóviles: no son estructuras rígidas que apuntan a inmovilizar procesos vivientes en virtud de su misma inmovilidad. Las tecnologías de poder no dejan de modificarse bajo la acción de muy numerosos factores. Y cuando una institución se desmorona, no es forzosamente porque el poder que le servía de base ha quedado fuera de circulación. Puede ser porque se ha tornado incompatible con algunas mutaciones fundamentales de esas tecnologías. Ejemplo de la reforma penal (ninguna revuelta popular, y ni siquiera una presión extrapopular)». (Foucault, 2014:145)
  58. «la dimensión de lo que es preciso hacer sólo puede manifestarse, creo, dentro de un campo de fuerzas reales, vale decir, un campo de fuerzas que un sujeto hablante jamás puede crear por sí solo y a partir de su palabra; es un campo de fuerzas que no se puede controlar de manera alguna ni hacer valer dentro de ese discurso. Por consiguiente, en cuanto al imperativo que sirve de base al análisis teórico que intentamos hacer —pues es menester que lo haya—, me gustaría que se limitara a ser un imperativo condicional de este tipo: si quiere luchar, aquí tiene algunos puntos clave, algunas líneas de fuerza, algunos cerrojos y algunos obstáculos. En otras palabras, me gustaría que esos imperativos no fuesen otra cosa que indicadores tácticos…[para]…saber en qué campos de fuerzas reales orientarnos para hacer un análisis que sea eficaz en términos tácticos. Pero, después de todo, ése es el círculo de la lucha y la verdad, es decir, de la práctica filosófica, justamente». (Foucault, 2014;17-18)


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