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2 La cocina del Mugica: una política pública desde la perspectiva etnográfica

En esta sección se analizan diversos elementos que, de acuerdo con la hipótesis de este capítulo, permiten comprender las condiciones de posibilidad y la forma en que surge el PJPM, así como las razones por las cuales se convierte en el proyecto institucional de la DNJ durante 2008 y 2011. La emergencia del PJPM es analizada a partir de transformaciones que tienen lugar en el MDSN durante la gestión de Alicia Kirchner, concretamente: una nueva interpretación del estado promotor y presente y la incorporación de militantes al entramado institucional, así como de narrativas, prácticas y discursos que se desplazan hacia el estado. Ambas premisas forman parte del diseño del Mugica, junto con la incorporación del desplazamiento territorial de la tarea y el rol de promotoras/e también recuperado de la experiencia ministerial.

Se busca mostrar que estos componentes no responden única o exclusivamente a la normativa y a los lineamientos instituciones, sino que resultan de una mirada integral del PJPM en su funcionamiento cotidiano. Por ello, el capítulo reconstruye la agencia estatal de la que depende su diseño y que promueve el trabajo, atendiendo a los modos concretos en que sus trabajadoras/es llevan adelante el trabajo, los acuerdos que realizan para la territorialización del mismo y la heterogeneidad del plantel estatal que lo lleva a adelante. Todos estos elementos son ineludibles para comprender la trastienda de la producción de dicha política pública y sus efectos.

Con la mirada puesta en la escala nacional, se recuperan las dinámicas singulares de la gestión en la agencia estatal para mostrar que el Mugica adquiere un modo de implementación que lo diferencia de otras acciones de políticas públicas del organismo que, al igual que en este programa, consideraron la promoción de la participación juvenil como premisa e imperativo.

1. Des-trazar los márgenes entre el estado y la sociedad civil

Néstor Kirchner asumió en 2003 con el propósito de poner en movimiento una recomposición social que no se agotara en aspectos materiales. Una de las estrategias políticas fue la conformación del Frente de Transversalidad Nacional (FTN), como una herramienta que favoreciera “por un lado, a restituir cierta normalidad institucional y por otro, pudiera procesar las demandas sociales que se habían manifestado brutalmente durante la crisis de 2001” (Da Silva, 2012: 83). Ello estimuló la incorporación de dirigentes de los movimientos sociales para cubrir cargos en el ejecutivo como así también en las listas electorales del Frente para la Victoria (FPV). Ese fenómeno en el estado obtuvo distintas apreciaciones. De un lado, se puso la mirada y énfasis en el rol disciplinador y de control del gobierno o como estrategia estatal de contención de la protesta y se leyó como intencionalidad de “integrar, cooptar y disciplinar” a los movimientos sociales (Borón, 2004: 202; Svampa, 2008: 21). Del otro, perspectivas relacionales, recuperaron las instancias deliberativas de las organizaciones y los consideraron “como sostén de los procesos sociopolíticos y como agentes de cambio dentro de la gestión pública” (Massetti, 2010:87). El abanico de valoraciones es más variado sin dudas (Gómez, 2010; Schuttenberg, 2012; Natalucci, 2012; Perelmiter, 2016). Sin embargo, hay acuerdo en considerar que “el gobierno de Néstor Kirchner significó un quiebre en los modos tradicionales de hacer política e inauguró un nuevo espacio de participación para las organizaciones sociales” (Pagliarone, 2012: p.67) lo que se replica también en el marco de la gestión estatal. De este modo, la proposición que afirma que “la voluntad de un gobierno es importante pero esta voluntad se moldea en escenarios históricos que le dan sentido, la orientan y le marcan alcances y límites” (Felder, 2012:16) sintetiza los aspectos interés de este capítulo.

El contexto regional en que se reconfiguró el mapa del conflicto a partir de la composición frentista fue interpretado entonces como auspicioso por la emergencia de nuevos gobiernos denominados progresistas y promotores de un “giro a la izquierda” en América Latina[1] (Lynch, 2009; Natalucci, 2018). Con la ampliación de la base social del nuevo gobierno, se instalaron formas de organización y participación caracterizadas por la autonomía de los partidos, la horizontalidad y el modo asambleario para la toma de decisiones de acuerdo a la experiencia forjada en la década del noventa[2] y crearon las condiciones de un nuevo escenario de construcción política provisto de diversas experiencias militantes[3]. El MDSN acogió a esas/os militantes sociales y políticos lo que produjo la renovación de discursos y prácticas en el entramado institucional (Boyanovsky Bazán, 2010; Perelmiter, 2016) que sin duda, permearon también al organismo nacional de juventud. La incorporación de organizaciones se da durante la gestión de Néstor Kirchner, mientras que la emergencia del PJPM tiene lugar tiempo después durante la gestión de Cristina Fernández[4]. No obstante, el primero de los procesos configura un entramado institucional, una “burocracia plebeya“, como lo representó Perelmiter (2016), que crea condiciones de posibilidad para el diseño e implementación del PJPM. Concretamente, esa matriz de gestión de las políticas públicas se afianza y se replica en la DNJ en sintonía con las líneas de las “política sociales en acción” trazadas por la ministra Alicia Kirchner en su libro La bisagra[5] (2007) y que trazaron las líneas programáticas del nuevo gobierno con respecto al rol del estado, los Derechos Humanos (DD HH), la territorialización de las políticas y la promoción social ciudadana.

2. Transversalidad, continuidades y rupturas en las prácticas y en las narrativas institucionales

En el contexto de post crisis 2001, el MDSN fue un área clave para dar respuesta a las demandas urgentes. Por su función del diseño y ejecución de políticas sociales asumió dicha tarea con la confluencia de ciertas características novedosas entonces. Primero, el ya mencionado trasvasamiento de activistas barriales de los movimientos sociales que se incorporaron con diversas funciones y responsabilidades en la gestión pública[6]. Segundo, la permanencia de Alicia Kirchner en el cargo casi los doce años de gobierno dando inédita continuidad de planes y programas, inserción comunitaria y de planteles de dirección, a pesar de las tensiones y los recambios efectuados en algunas áreas[7]. Tercero, la ministra poseía formación en Trabajo Social, estudios doctorales y había sido funcionaria de áreas de acción social en su provincia de origen, Santa Cruz, a nivel provincial y municipal. Un perfil pocas veces visto en la autoridad máxima de dicha cartera social. Otro aspecto novedoso, ha sido la jerarquización de las/os trabajadores/as sociales, como profesión prestigiada por la ministra, por concebirla como la carrera del área social con más herramientas para trabajar con los sectores empobrecidos y en los barrios. Ello significó el reconocimiento en el escalafón y en el salario de esas/os profesionales, no así a otras profesiones del área social también insertas en la política pública[8]. Esas características particulares que adquirió el entramado institucional alcanzaron a la agencia nacional de juventud. El conjunto de acciones que dieron existencia al Mugica se anclaron en esa trama burocrática, pero además fue un espacio de producción simbólica y cultural que deben comprenderse de manera singular (Ferguson y Gupta, 2002: 981, traducción propia) como se hará en el capítulo 3.

3. Ampliación de derechos y promoción de oportunidades para volver a creer en la política de estado

Los calendarios electorales son insuficientes para elaborar explicaciones posibles de los fenómenos sociales, en general, y del PJPM en particular. Por ello, el Mugica es analizado considerando el período 2003-2015 (Chaves, 2006) de las tres gestiones kirchneristas. Un ejemplo que la continuidad o ruptura de cuestiones de agenda y políticas públicas no responden de modo exclusivo a los tiempos de elecciones, es la continuidad en la gestión de la ministra del MDSN. Hay políticas institucionales que estuvieron presentes durante la gestión del programa, venían implementándose desde 2003 y caracterizan el proyecto de gobierno en la gestión estatal. Asimismo, que aportan para comprender la emergencia del Mugica destinado a jóvenes y a la vez que los aspectos simbólicos que lo atraviesan. Por una parte, la política de DD HH y de la memoria (Capítulo 3) iniciada por Néstor Kirchner y expresada fundamentalmente con la derogación de las leyes de impunidad y reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad. Por otra, el rol del estado promotor como gestor excluyente de políticas públicas. Como señaló Néstor Kirchner en su discurso de asunción[9], se propuso un “estado reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades”, con clara alusión y oposición al estado ausente de los noventa. Cristina Fernández dio continuidad cuando asumió en octubre de 2007 a estos posicionamientos.

En el documento base del programa Cómo se llega a diseñar un programa como el Jóvenes Padre Mugica (2008: 2), puede leerse el marco teórico que lo sustentó y que plantea una estrecha vinculación del estado y la sociedad civil, a la vez, que le otorga al estado un rol importante en la promoción de la participación. En un apartado, además de definir que las políticas públicas son “el Estado en acción. Es el Estado dando respuesta a aquellas cuestiones socialmente problematizadas” se asegura que “todo proceso de cambio implica el rescate de experiencias de la gente; que se construye en la interacción de actores institucionales y organizaciones de la sociedad civil”. Las políticas públicas, continúa el informe, no solo refiere a las necesidades y problemáticas sino que deben actuar en

Lo político: Promoción de los derechos humanos y la construcción de ciudadanía.

Lo cultural: Promoción de la reconstrucción del tejido social basado en el principio de la solidaridad y la participación colectiva. Reconociendo la diversidad cultural.

Lo económico: Fomentar la equidad territorial y la justicia social. Actuar desde una política de Inclusión social. Ligar lo social, cultural y político. Fortalecer la economía social promoviendo el desarrollo local.

Lo social: La persona y la familia como matriz de la intervención. Fomentar la participación de los actores sociales en la formulación, ejecución y evaluación de las Políticas Sociales: planificación “de abajo hacia arriba” (op. cit., 2).

En el documento mencionado, se marca como compromiso del estado garantizar la inclusión social de las/os jóvenes y el ejercicio de los DD HH. La idea de promoción que forma parte de la narrativa se presenta también como responsabilidad del estado interactuando con las organizaciones sociales y con la activa participación de las/os jóvenes. Lo explicita del modo citado a continuación.

Es importante tener en cuenta dos modos de diseñar y ejecutar las políticas públicas de juventudes: políticas CON la juventud y políticas DESDE la juventud. Las políticas CON la juventud tiene como principio básico la participación de los/las jóvenes no solo en la ejecución de programas y proyectos sino también en los procesos de reflexión y en la toma de decisiones. Son políticas participativas no impuestas desde arriba sino que, por el contrario, son políticas creativas, abiertas y sujetas a mutuo debate crítico entre el Estado y las Juventudes. Por otro lado, las políticas DESDE la juventud proponen generar actividades e iniciativas imaginadas, diseñadas y realizadas por los mismos jóvenes de forma autogestionada (op. cit., 3).

La alusión en el texto al paradigma de los derechos supone una definición de los DD HH en sentido integral vigente en la Convención sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes[10]. La referencia al paradigma de los derechos en PJPM, hace énfasis en “las relaciones cívicas, el fortalecimiento de las capacidades y derechos juveniles y la ampliación de los atributos de la ciudadanía en la constitución de las identidades” (Krauskopf, 1998: 123) en contraposición a la estigmatización que subyace en las producciones de las juventudes como problema imperante en los años noventa (Sidicaro y Tenti, 1998) que les señala como “potencial peligro social” (Gentile, 2015). En otro libro posterior, Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular (2010: 226) puede leerse

En este sentido, reconociendo los Derechos Humanos, la equidad y la necesidad de recomponer el tejido social, el Programa Nacional “Jóvenes Padre Mugica” expresa la decisión de trabajar de manera integral, trasversal y articuladamente. Consideramos que para el pleno ejercicio de los derechos de los/as jóvenes deben existir instituciones que trabajen en conjunto y garanticen la concreción y materialización de los mismos.

La mención a los DD HH en las fuentes citadas, permite ver cómo se replica la dimensión de dicha cuestión más allá de las acciones y políticas vinculadas a los organismos sectoriales estatales y se constituye como transversal en otras políticas del estado nacional.

3.1. Estado promotor y promotores/as en el estado

Los atributos adjudicados al estado fueron, ser presente, promotor y articulador y que fuera un espacio generador de estrategias que motiven a “volver a creer en la política del estado”, tal el testimonio de un promotor del Mugica de Corrientes. En el documento sobre el diseño del programa citado en el apartado anterior, la conceptualización de estado se realiza de modo especular presentado un cuadro comparativo entre “’Modelo neoliberal” y el “Modelo Popular” (2008: 5), siendo el segundo el modelo propuesto por el gobierno como superador (Cuadro 1). El pleno ejercicio de la ciudadanía se logra a través del protagonismo y la participación, propiciado por “el enfoque promocional de la persona, y de cada persona, de la familia como eje de inclusión social, de la comunidad y de la organización social como espacios de integración y reconstrucción” (Op. Cit., 2008: 4). De acuerdo a lo explicitado, es posible inferir que el Mugica, fue pensado como herramientas para la inclusión social juvenil y el desarrollo colectivo. Este propósito, supone una continuidad con la gestión de Néstor Kirchner ya impulsada con la creación del Consejo Federal de Juventud en marzo de 2007[11] como órgano participativo (Rofman, 2007) en el ámbito de la agencia de juventud nacional. El consejo acompañó a la agencia de juventud, y propició la participación juvenil y de las organizaciones sociales a la vez que fomentó la territorialización de las políticas a través del diálogo con organismos gubernamentales provinciales como otra estrategia que evidencia la política de las políticas. Cuando asume Cristina Fernández da continuidad respecto a las líneas trazadas por su antecesor se materializa con el MJPM, que se constituye, parafraseando a la ministra, como una bisagra en lo que respecta a las políticas participativas por varios aspectos que se desarrollan en este trabajo.

Sin embargo, hay que analizar cómo se expresan y se concretan, las premisas contenidas en las letras de las formulaciones de programas como este y cuál es el alcance explicativo de la noción una vez reconocidas las fronteras porosas o “fronteras borrosas” (Gupta, 2015) donde se construyen los vínculos y articulaciones con las/os actores e instituciones sociales. En las narrativas del programa, el estado promotor supone que las instituciones públicas deben asumir responsabilidades con respecto al diseño e inversión de las políticas públicas a partir de la relación y diálogo con las/os sujetos de esas políticas. La noción de estado presente se construyó como juego de los opuestos frente al estado de funcionamiento mínimo de los años noventa y su dimensión de promotor, expresa una diferenciación política contenida en la definición que presenta por lo menos dos aspectos. Por una parte, la idea que dicho estado se sitúa como un espacio estatal (Ben Plotkin y Zimmermann, 2012: 22) y lugar material constituido por las agencias estatales en donde acontece la normalización institucional y la generación de políticas públicas emprendidas por Néstor Kirchner en 2003. Un lugar que promueve la integración e inclusión social y reconstrucción de lazos sociales, a partir de movilizar recursos tendientes a garantizar masividad en las prestaciones, un abordaje territorial y el fomento del desarrollo local y la economía social. Para lograr la integralidad en la intervención se ampliaron las fronteras espaciales a través de la creación de oficinas en las jurisdicciones para articular la gestión en el territorio: los Centros de Referencias (CDRs) y Centros de Integración Comunitaria (CICs)[12]. Los CDR tenían la función de asesorar y facilitar acceso a programas o beneficios con que contaba el ministerio y se instalaron más de 1000 en todo el país. Los CICs proponían una gestión mixta con las autoridades locales y la comunidad a partir de las mesas de gestión en la que las/os jóvenes estaban convidadas/os a participar y “el objetivo principal de los CICs es implementar un modelo de gestión pública integral en el territorio nacional que tienda al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y al desarrollo local” (Documento institucional-mimeo, 2007: 2).

Por otra parte, también contiene una dimensión con fuerte simbolismo, que consagra al estado promotor como herramienta para una construcción desde abajo con mirada colectiva que incluye la activa participación del espacio extra estatal (Ben Plotkin y Zimmermann, 2012) iniciado con el trasvasamiento de militantes de las organizaciones sociales y políticas a la gestión y que había augurado “la posibilidad de construir poder social organizado” (Da Silva, 2012: 98). En el Mugica se potenció el diálogo con otras organizaciones de las comunidades ampliando y diversificando el espectro y reforzando su legitimidad como interlocutoras porque “todo proceso de cambio implica el rescate de las experiencias de la gente; que se construyen en la interacción de actores institucionales y organizaciones de la sociedad civil” (2008: 2), puede leerse en el documento base del diseño del Mugica citado más arriba.

3.2. El Programa Promotores Territoriales para el Cambio Social: una marca de origen

El apoyo de las organizaciones sociales recibido por Néstor Kirchner llevó a que en “un hecho hasta entonces inédito abrió las puertas del Estado para que estos dirigentes sociales llegaran a ocupar diversas áreas de gobierno” (Boyanovsky Bazán, 2010: 7). La expresión de ello en el MDSN –tal vez el más permeado por esos acontecimientos-; fue el programa Promotores Territoriales para el Cambio Social (PTCS) que comenzó a funcionar 2004[13] en la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria, la misma de la que dependía la dirección de juventud. El PTCS fue uno de los recursos centrales de la política de participación comunitaria, organización y capacitación popular y habilitó esa incorporación masiva de militantes de base al ministerio. Por ello, por una parte, puede comprenderse como uno de los vectores de la estrategia de territorialización institucional del MDSN (Perelmiter, 2016: 101). Y por otra, estas alianzas marcaron para las organizaciones sociales o piqueteras, entre otros elementos, “un tránsito hacia un nivel más complejo. Más político” (Boyanovsky Bazán, 2010: 14). Ambos aspectos configuran una tecnología legítima de la gestión estatal (Perelmiter, 2010; Massetti, 2010) que se instaló e inauguró una inédita relación entre estos actores, el sistema político y el estado.

La nueva matriz del entramado burocrático habilitó un ejercicio profesional de la política y aceitó la articulación personal de esas/os dirigentes con la escala barrial. Desde el programa PTCS se realizó un trabajo político (Gaztañaga, 2008; Vommaro y Quirós, 2011) en tanto enlazó ambas escalas de inserción de esas/os referentes comunitarios. La participación activa de militantes en el PTCS significó “producir políticas materiales e inmateriales, e implica articular el mundo de las relaciones personales con el tejido institucional” (Gaztañaga, 2008: 141). El programa estatal activa desde la gestión los componentes de la promoción, la presencia y la articulación de políticas y, a través de sus promotoras/es garantiza además, la territorialización de la política. Así se expresa en el documento de creación presentado a continuación.

El programa se propone fortalecer y acompañar los procesos de organización y participación comunitarios para articular los distintos aspectos promocionales de las políticas sociales que se llevan a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Social, en vinculación con otros ministerios, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos provinciales y locales en todo el territorio nacional[14].

El objetivo de fortalecer y acompañar procesos de organización y participación comunitaria y lograr la interrelación entre diversos actores sociales e institucionales se alcanzaría “recuperando la participación como ciudadanos, y no como meros receptores de planes o programas sociales” (La bisagra, 2007: 279) para mejorar las condiciones de vida, más concretamente, como dice el nombre: lograr el cambio social. En el capítulo sobre la Organización Social del mismo libro, estos elementos están también presentes con el título Jóvenes para el cambio social y se lee “los jóvenes deben ser protagonistas convirtiéndose en sujetos activos, en actores sociales de esa transformación, mientras el Estado debe promover esa participación” (Op. Cit., 282) a partir de las líneas de intervención de la entonces la dirección de juventud. Las líneas existentes eran: capacitación, financiamiento de propuestas impulsadas por grupos juveniles u organizaciones y promoción, esta última, referida a las jornadas solidarias (Op. Cit., 283). Estas líneas serán agrupadas para concebir el Mugica un año después, tomando como modelo la matriz de PTCS y su concepción política. Así lo recuerda un entrevistado:

… se sintetizó dos o tres años de gestión a partir de unificar líneas de acción existentes y lo novedoso que planteaba era el nivel de articulación política, que participen todos los ministerios y el otro aspecto, el rol del promotor que ya se había instalado en otras iniciativas (Diego Rivas. Secretario Consejo Federal de Juventud, 2010-2014).

Del mismo modo, la noción de promotoras/es se constituyó en una nominación que trascendió las fronteras del PTCS y que fue utilizado en otras experiencias que no tuvieron articulación directa con estos programas y el MDSN. En el material institucional puede leerse acerca de las/os promotoras/es de PTCS, que tenían la responsabilidad del trabajo en el territorio, la proximidad e identificación con sus pares y fueron reclutados de las organizaciones que se incorporaron a la transversalidad.

El perfil de los promotores fue definido como militantes sociales con amplia y reconocida trayectoria de trabajo comunitario, con predisposición para poner en juego sus capacidades, aportando al aprendizaje colectivo e impulsando los procesos de organización y participación popular (La bisagra, 2007: 276).

La serie de atributos que configuran la identidad de promotoras/es y/o cuáles dicha identificación contiene, fue parte de las consignas trabajadas de los talleres con jóvenes del PJPM con el propósito de lograr una producción colectiva. A través de las consignas, las/os participantes pusieron su propia impronta de puño y letra en los afiches respecto de esta forma de nombrar-se a sí mismas/os y a su tarea en el programa tal como se recupera en este afiche de un taller en la ciudad de Toay, La Pampa en agosto de 2009 (Imagen B).

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Imagen B. Afiche del trabajo en talleres. Toay, La Pampa, agosto de 2009.

Esto muestra que existen múltiples actores involucradas/os en estos procesos, además de las/os agentes que “determinan la emergencia y las condiciones de existencia de grupos sociales” (Llobet, 2013: 26), en tanto jóvenes- promotoras/es del Mugica. Se ve, que nada ocurre de manera unilateral y el escenario estatal de producción de las políticas públicas y las implicancias simbólicas que ello supone (Balbi, 2007: 44) es una interacción que excede los límites de las agencias estatales y signo de las gestiones. Asimismo, con matices y con sentidos diversos, la figura del promotor/a se utilizó en otras jurisdicciones, inclusive en gestiones no kirchneristas, como es el caso del Presupuesto Participativo en Zarate[15] (Arpini, 2017). En el municipio de Zárate, esta función fue asignada a trabajadoras/es rentados de la municipalidad, quienes cumplen horario y participan de las reuniones (19 a 21 hs.) inclusive los sábados. Este perfil difiere al propuesto en La bisagra que define a las/os promotoras/es como militantes sociales y a quienes se les contribuye con viáticos. Aún dada la diferenciación entre trabajadoras/es o militantes, se percibe cierta similitud en tareas que asumen, distribuidos por barrio o zonas que el programa se divide: repartir volantes, contactarse con asociaciones y vecinos para convocarles a participar de las reuniones, etc. para asistir a las reuniones del presupuesto participativo, en Zárate. En el PTCS, no sólo para realizar diagnósticos participativos, sino además para incorporarse a las Unidades de Trabajo y Participación y a diversas tareas comunitarias y colectivas. Por ello, es posible recomponer la noción de promotor o promotoras/es, por un lado, presentada como acción, promover como verbo y propósito de un tipo estado y de políticas públicas. Por otro, supone la identificación de las personas que lo llevan a cabo, es decir, quienes accionan para que los enunciados se conviertan en realidad y como modo de entender el trabajo en el territorio.

4. Recomendaciones y transformaciones en los paradigmas de la participación juvenil

Antes que irrumpiera la noción de promotoras/es en las narrativas de la agencia estatal y se usara en el PJPM había otras formas habituales de nombrar a las/os jóvenes. Durante la gestión de Mariano Cascallares, director nacional entre 2002 y 2006, se implementó el programa Líderes Comunitarios Juveniles[16], el INCLUIR[17] (2004-2006) y con Gras, las acciones de Animadores Comunitarios. Ser líder o animador/a, más tarde, promotor/a marca un modo de concebir el rol deparado para esas/os jóvenes convocadas/os para la participación propuestas desde estas acciones. Estos desplazamientos también se comprenden a la par del doble posicionamiento institucional manifiesto respecto de las/os sujetos jóvenes a la luz de los lineamientos institucionales y recomendaciones internacionales. Por un lado, el estado reconociendo a las/os sujetos jóvenes como un/a interlocutor/a válido/a y respetado/a –sujetos de derecho-; en el proceso de interrelación entre actores sociales y el estado. Y por otro, porque propició y facilitó el reconocimiento y valoración por parte de las/os jóvenes de aquellos saberes, recursos, habilidades, conocimientos propios como herramientas útiles y necesarias para que junto con otros sectores, colectivos y grupos sociales sean protagonistas de la transformación social (Norman, 2010). Parafraseando a Dávila (2001), en los primeros años del kirchnerismo, se observa un pasaje en la conceptualización de las/os jóvenes de co-reproductoras/es a co-constructoras/es y, en palabras de Ernesto Rodríguez (2012:2) en valorizarlas/los como actores estratégicos de desarrollo. No hay que soslayar, que la incorporación de nuevas terminologías y conceptos para el trabajo respondió también a la influencia que tuvieron los lineamientos de los organismos internacionales[18] en las agencias estatales. Con respecto a los discursos y recomendaciones de dichos organismos acerca de paradigmas participativos y el lugar de las juventudes en sus agendas hay un interesante aporte de Lorena Plesnicar (2010) respecto del discurso de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) entre 1980 y 2000. A modo de ejemplo, en ese trabajo es posible visualizar “los modos de plantear discursivamente la participación de la juventud en el desarrollo” económico, político y social (Plesnicar, 2010) que se fueron colando en la propia retórica de las instituciones locales. La autora vincula las nociones de desarrollo regionales que inciden en las definiciones sobre la participación de la juventud en los procesos de desarrollo. Con la influencia de ese y otros organismos en las acciones regionales es posible constatar

… la identificación de una retórica común, el uso de un repertorio de nociones y de conceptos que ponderan el valor de la participación social, ciudadana o el empoderamiento juvenil permite advertir la impronta de las recomendaciones formuladas desde esos organismos para la implementación de políticas para juventudes a nivel estatal, tanto en Argentina como en otros países de la región (Vázquez, 2015: 40).

4.1. Un lugar común: el imperativo de la participación en la agencia estatal de juventud

Si bien la participación es un imperativo que está instalado en la agencia de juventud desde su creación[19], el PJPM no ha sido la única acción presente en las políticas públicas para jóvenes ni hubo un solo modo de comprender esas maneras de promover la participación en los equipos que trabajé. En el estado nacional, las políticas públicas que tuvieron a las/os jóvenes como usuarias/os estuvieron presentes en la totalidad de ministerio nacionales, Anses, Jefatura de Gabinete, INADI, durante los años del kirchnerismo. En 2014 se contabilizaron un total de 156 según el relevamiento de Melina Vázquez (2015). La autora además aporta material sobre la orientación y tipo de políticas que tiene a las juventudes como propósito y entre ella, una cuarta parte (Vázquez, 2015: 35) tiene a la participación como medio o como fin. Alguna de esas acciones fue contemporánea del PJPM y con los organismos promotores se desplegó una articulación interministerial, aunque no fue sostenida hasta fin del programa. Más allá de las definiciones de la participación que pueden constatarse en la normativa, en los planteles de la agencia estatal a la par que se reeditaba el imperativo de la participación en el PJPM, había posiciones en tensión respecto del rol de las/os jóvenes en estos procesos y su relación con las instituciones, como expresión de la disputa de sentido cotidiana al momento del diseño de acciones concretas. El esquema analítico de Sáez Marín (1988) coincide con esas maneras de comprender que resume en tres modos de relación: a-Políticas para la juventud; b- Políticas por la juventud y c-Políticas con la juventud. Durante la gestión del kirchnerismo se enunció una nueva manera de pensar ese vínculo y se incorporó una cuarta, Políticas desde la juventud.

En definitiva, lo que se juega en las tensiones respecto de los alcances y características que deben tener estas acciones participativas es, por un lado, posiciones con énfasis en las acciones de las/os jóvenes y el rol secundario del organismo nacional que debe acompañar y apoyar. Por otro, aquellas que refuerzan el rol en las propuestas institucionales en las que se convoca a las/os jóvenes para incorporarse en instancias abiertas o creadas para tal fin. Quién regula la participación, qué tipo de actividad puede ser considerada como participativa o quiénes legitiman esos espacios como productivos en procesos de participación son interrogantes latentes y constantes en los procesos de diseño y ejecución de este tipo de programas. Inclusive, puede presentarse una tensión entre los enunciados y las condiciones territoriales concretas que fuerzan a revisar esas definiciones sobre qué es participación juvenil y qué tarea es la que debe desempeñar un organismo nacional sectorial. Esos y otros interrogantes persisten dado que este tipo de acciones participativas resultan difíciles de evaluar (Bergami et al, 2018) entre otras cosas, por la dispersión de enfoques y criterios que los fundamentan y que además, se vinculan con los contextos socio-políticos e institucionales en que surgen. No obstante, un rasgo persistente a lo largo de los años, es la constante del imperativo de la participación como requisito de las acciones de política pública para juventudes a través de la utilización de mecanismos e instrumentos de gestión participativos. De tal modo, junto con los giros idiomático fijados en el léxico laboral que impusieron cambios conceptuales acerca de la tarea, algunas/os trabajadoras/es intercambiamos nuevas lecturas, de modo autogestivo y con rotación de materiales para escribir documentos institucionales y dar un debate respecto a esta categorías y prácticas que, por momentos, se instalaban como fijas e indiscutibles. La lectura no fue una práctica organizada ni coordinada como tarea de capacitación institucional mientras que la escritura se nutrió además del diálogo con sectores de la universidad que fue sostenido desde el inicio del área de juventud, como se ya dijo. Esos contactos con áreas académicas se dieron de manera institucional algunas veces y otras de modo personal por la inserción en la investigación y/o docencia universitaria de algunas/os trabajadoras/es o por la organización de actividades conjuntas y/o partir de invitaciones a paneles o seminarios[20].

Esa asociación entre juventud y participación, por un lado, confluyó en el impulso de una mirada a nivel general de las juventudes como sujetos participativos como narrativa instalada en el kirchnerismo. Segundo, el impulso de programas o acciones que tuvieron como propósito o, como medio en el INCLUIR y el diseño de estrategias participativas que se replicaron en otras escalas y en otros organismos que no eran kirchneristas (Landau, 2005; Baumann, 2012; Morales Torres, 2015; Arpini, 2017). Por último, el desarrollo de un conjunto de saberes y prácticas de estado (Ben Plotkin y Zimmermann, 2012) que están vinculados con la formación en una manera de trabajar (participativa) por parte de las/os trabajadoras/es del área y que encuentra puntos de contacto con las narrativas de la participación. La dimensión de la participación aparece como requisito necesario para lograr el desarrollo humano[21], tal como expresaban los documentos de organismos internacionales de crédito y de desarrollo que comenzaban a redefinir sus estrategias, impulsaron y acompañaron políticas en América Latina, como fue e INCLUIR hasta el 2006[22]. Esta escueta genealogía de las acciones inauguradas por la gestión kirchnerista, son las que anticipan al Mugica, incorporan los desplazamientos al territorio que luego será un rasgo excluyente en futuras intervenciones. Con estas prácticas y conceptualización sobre la tarea como antecedentes, años más tarde se acuñará la noción de políticas públicas participativas, propia del periodo kirchnerista y acorde a la periodización de Chaves (2006) ya referida.

4.2. La incorporación de jóvenes a la política basista

En 2006 asume Mariana Gras como directora nacional de juventud. La joven provenía de Militancia Social Kirchnerista (MSK) y antes de su designación acudía a las oficinas periódicamente junto con militantes juveniles de Libres del Sur, Movimiento Evita, Partido Comunista Congreso extraordinario, Federación de Tierra y Vivienda y Hábitat y Frente Transversal, todas organizaciones ya instaladas en la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria del MDSN. Ello significó un tenue trasvasamiento de jóvenes militantes de organizaciones territoriales afines al gobierno que ya habían incursionado en el PTCS. Algunas/os de las/os militantes habían iniciado sus experiencias de organización y participación en los movimientos sociales durante los últimos años de los noventa y crisis de 2001. También cursaban o tenían estudios universitarios y, en el caso de Mariana Gras, contaba con experiencia laboral en justicia antes de llegar a la DNJ. El ingreso de militantes que asistían con continuidad a las oficinas del 6to piso de Avda. de Mayo 869, no fue una incorporación para realizar tareas burocráticas ni sumarse a equipos de trabajo de acuerdo al régimen laboral. Se dispuso un espacio, una mesa, algunas sillas y computadora para que ocuparan esas/os jóvenes. Allí se reunían, dialogaban, de vez en cuando recibían gente y estaban en situación marginal con respecto al resto de las/os trabajadoras/es, que les observábamos con la desconfianza que produce la llegadas de extrañas/os o forasteras/os (Elías, 1994) que además se desconocía para qué se instalaban en las oficinas. Junto con Gras, asistían Juan Cabandié, joven que había recuperado su identidad y formó parte del Consejo Federal de Juventud, Victoria Donda y Daniel Menéndez, entre otras/os[23]. Según el testimonio de Gras, la ministra Alicia Kirchner le ofreció el cargo y le trasmitió

Necesito cambiar el eje de Juventud, que en ese momento estaba más enfocado, por lo menos lo que nosotros vimos cuando llegamos… a una lógica de financiamiento internacional, que era el INCLUIR… Por lo cual era más esquemático y el planteo de Alicia era más rupturista, más de generar un espacio, un protagonismo de los jóvenes y las jóvenes. Y nos dice: ‘Háganse cargo de la Dirección Nacional de Juventud’. En ese marco yo tenía 24 años (Mariana Gras, Directora Nacional de Juventud).

De este testimonio, es posible inferir, que la ministra interpeló a un grupo de militantes que frecuentaban la agencia estatal, con cierto rasgo de ajenidad e informalidad, para que asumieran su lugar como funcionarias/os del estado. “Háganse cargo” fue el reclamo de Alicia como se la nombraba en las oficinas, mientras que se cerró el INCLUIR y se emprendió una redefinición del rumbo de las políticas de juventud, según expresa el testimonio. Esto coincide con lo escrito en el documento Lineamientos para una política de juventud hoy. Informe de trabajo (2011) realizado por la DNJ y UNESCO donde se explicita tal cambio de perspectiva, que va “de la mano de la negociación por el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional” y se describe como el comienzo de “una nueva etapa en la relación argentina con los internacionales de crédito” (Op. Cit., 15) y agregaría, la intención de un cambio de concepción respecto del imperativo de la participación de las políticas de juventud. Ese nuevo vínculo refiere a la autonomía política y no solo económica de las políticas públicas de juventudes respecto de dichos organismos. Porque “al contar con fondos asignados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el diseño, ejecución y evaluación de las líneas de acción estuvieron enmarcados en los condicionamientos de ‘objetividad’, ‘neutralidad’, ‘tecnicismo’ de los préstamos internacionales” (Op. Cit.15, resaltado del original). Para ello, la ministra renovó a las autoridades, afianzando el clivaje militante y materializó la retórica del protagonismo juvenil garantizando funciones formales juveniles en el área de juventud nacional. Otra vez, el organismo sería gestionado por militantes jóvenes y como peldaño para una posterior carrera política[24].

Dos años más tarde de la llegada de Gras, hay otro aspecto para contemplar el contexto que se sitúa el surgimiento del programa y que refuerza la presencia militante en el área. La etapa de diseño del PJPM ocurrió prácticamente en paralelo a lo que se conoció como crisis del campo[25]. Este es un hito interesante para considerarlo como un motivo articulador de voluntades que también repercute en cómo se va delineando un modo de definir la condición juvenil, desde la militancia o bien, se impone un ideal de participación y “de vuelta a la política” (Kriger, 2016) que encontró con esta crisis el motivo de reunir a diversos sectores con el propósito de frenar los intentos destituyentes[26]. La repercusión y reagrupamientos que suscitó la Resolución 125, es visible también hacia el interior de las agrupaciones afines al gobierno con desplazamientos y recomposiciones orgánicas a partir de la emergencia de una polarización entre quienes estaban con el gobierno y quienes con el campo (Vázquez y Vommaro, 2013). Este elemento aporta para comprender la génesis de un programa que encuentra un plantel de jóvenes militantes que había recibido el imperativo de la ministra para que formalizaran su compromiso dos años antes. Un contexto de movilización social fortalecido a la luz del conflicto con el campo da impulso a esos sectores juveniles para que renueven las acciones participativas en la gestión estatal.

5. Las disputas de sentido en la trastienda de la gestión. ¿Quiénes hacen y cómo se hace un programa nacional?

En marzo de 2008, se iniciaron las reuniones para diseñar un programa que, según se murmuraba por los pasillos de la dire de juventud, había sido “pedido” por la presidenta Cristina Fernández apenas asumido su primer mandato en diciembre de 2007. Si fue la presidenta o la ministra no hay certeza, en lo que hay coincidencia es que el surgimiento de un nuevo programa, no fue una demanda del equipo de la agencia de juventud. Lo que merece reflexión, se refiere a cierta lógica vertical y jerárquica que no escapó al organismo, aun subrayando la presencia de jóvenes a cargo. Entonces aquel pedido de tareas o las directivas desde arriba, se activó como una obligación que era propia y legitima de las relaciones jerárquicas y las atribuciones de las autoridades de mayor rango, más no, como un rasgo proclive de juzgarse como adultocéntrico y contradictorio con la narrativa del protagonismo juvenil en la gestión de políticas. Más bien, motorizaron las acciones encomendadas por adultas/os y, supervisadas por ellas/os. Entonces, las reuniones para diseñar el PJPM se sucedieron en una pequeña oficina del edificio del ANMAT[27] donde funcionaba el organismo. El cuarto un poco oscuro, estaba escondido y se accedía sorteando mamparas, esas que se colocan en las oficinas para optimizar el espacio disponible pero dejan sin ventilación a los pequeños habitáculos. Por esa razón, esa oficina permanecía reservada para juntarse a comer o para reunirse en equipos. En la primera reunión de trabajo en medio de una lluvia de ideas[28], pregunté a un participante del equipo, que se había desempeñado como sacerdote y era quien más insistía sobre la condición de padre de Carlos Mugica: ¿por qué ponerle Padre Mugica?, haciendo énfasis tal como lo escribo. Ese interrogante lo hacía una trabajadora de planta permanente, socióloga y con varios años de trabajo en la gestión de políticas de juventudes. Mi interlocutor respondió: porque lo era y, además, era un hombre comprometido. Vuelvo a intervenir con énfasis, ante la mirada del resto, algunas/os inclusive militantes, que quedaron en silencio y observando: ¿lo quieren reivindicar como cura o como militante político y social? Sin más, se pasó a otro tema evidenciando una de las paradojas con respecto de una de las premisas de Mugica que se presenta como propicio para la participación de las/s jóvenes en la formulación de las políticas públicas mientras que quienes formábamos parte ello, encontramos ciertas fronteras que ceñían el debate.

A la distancia y más aun tratándose de Carlos Mugica[29], hay escisiones que se presentan imposibles de hacer, inclusive desde lo discursivo. O bien, mi pregunta no era más que la expresión ingenua entonces, de lo que hoy puede ser leída como expresión de la lucha por el sentido de narrativas, nociones y prácticas habituales del trabajo cotidiano en una agencia estatal. Mientras ante mis ojos predominaron los componentes religiosos, a otras/os les remitía a valores de militancia, compromiso y lucha como parte de una simbología kirchnerista que valoraba la militancia de los setenta. Disputa de sentido también, respecto de la recuperación de nuestra memoria a partir de remarcar y apropiarse de ciertos atributos de personalidades de la historia (Capítulo 3). Mi preocupación se comprende por mi posición como trabajadora técnico-profesional[30], según anuncia el escalafón y expresaba mi atención al estado laico que entendí se desdibujaba al priorizar el perfil religioso por sobre el militante territorial de Carlos Mugica al incorporar padre en el nombre del programa, cosa que sucedió. Esas disputas de sentido son cotidianas aunque imperceptibles cuando se trabaja en una agencia estatal. Tal vez, poner en cuestión tales dimensiones, debate nunca profundizado por cierto, devino en mi alejamiento de la etapa de diseño del programa y no por propia voluntad. De nuevo, a la distancia, permite divisar otra posible paradoja con respecto de la elección de la figura del sacerdote. Uno de los objetivos del Mugica expresa que se quiere “fortalecer la creación de una identidad colectiva a partir de la participación de los y las jóvenes en diferentes espacios culturales” (Primer informe 2008 y Propuestas 2009: 3, resaltado del original). Vale preguntarse qué contiene esa noción de Identidad colectiva juvenil, qué representan los valores asociados a un sacerdote y recuperado como padre, con las connotaciones religiosas que eso supone, antes que como militante u otras posibles figuras desde las que se interpele su accionar. Más aún, teniendo en cuenta la importancia dada al compromiso militante que otorgó la gestión de gobierno. Sin embargo, para una joven trabajadora militante la elección de la figura del sacerdote y su pertenencia religiosa no fue cuestionada entonces. Pero sí, su condición de “hombre y no joven”, dado que se trataba de un área y un programa destinado a jóvenes. Cabe destacar que la reflexión fue hecha en el momento de ser entrevistada y no entonces.

El cuestionamiento a los componentes religiosos que contenía el significante padre en el marco de un programa gubernamental, parece no ser lo único que aceleró mi partida del programa. No tener filiación kirchnerista, desde mi percepción y junto con una posición considerada muy crítica, fue lo que desencadenó quedar fuera de ese grupo inicial de diseño e incorporarme a la implementación. Mi alejamiento podría ser entendido como una simple reorganización de equipos en un ámbito laboral. Sin embargo, este apartamiento denota un rasgo particular del período analizado, que es la prioridad de trabajar con jóvenes, adscriptos a agrupaciones vinculadas con el partido de gobierno. Como ya se dijo, mi condición de trabajadora de planta permanente, con años en el área, me puso en un lugar de sospecha. La insistente asociación entre compromiso con la gestión de las políticas públicas con la adhesión con la gestión de gobierno, fue un elemento que minimizó el compromiso de las/os trabajadoras/es con la tarea. A su vez, plasma una valoración diferencial entre trabajadoras/es según edad y perfil político ideológico. No obstante, y más allá de la experiencia personal, ese dato se convierte en una clave central para interpretar el programa y los modos de consagrar una idea de participación que involucran la promoción de la participación juvenil entre quienes son destinatarias/os del programa, pero también entre quienes lo llevan adelante.

5.1. Producción juvenil-supervisión adulta

La responsabilidad para diseñar un nuevo programa recayó en un equipo de confianza de la directora que dedicó varias semanas a crear el Mugica. Según un testimonio, el trabajo era intenso ya que “nos quedábamos noches, nos quedábamos hasta la madrugada en la dire, porque era ‘mañana hay que llevarle a las 7 de la mañana la propuesta a Alicia’ y nos quedábamos laburando” (Coordinadora programa-nivel nacional). El trabajo era en cierto modo artesanal y no contaba con expertos o académicos como sí había sucedido con otras experiencias, como el INCLUIR, elaborado y gestionado mayoritariamente por técnicas/os contratados por BID y PNUD[31]. Esto último revela un cambio de las concepciones acerca de los saberes legitimados en el diseño y ejecución del programa donde el saber militante prima por sobre el saber experto que fuera requerido en otras coyunturas de crisis. Quienes estuvieron en la cocina del Mugica habían ingresado a la dirección en la gestión para trabajar especialmente en las líneas de capacitación y talleres y no como un equipo destinado al diseño de las políticas. Esas semanas, los borradores eran revisados por la ministra y regresaban “de puño y letra marcadas en lápiz y empezar a entender la lógica que ella lo que pedía era algo mucho más sintético en lo teórico y que tuviera algo más pragmático, bueno: ¿cómo? Siempre las respuestas venían apuntadas a, muy lindo pero ¿cómo?” (Coordinadora programa-nivel nacional).

A partir del PJPM se operaron dos cuestiones hacia el interior de la DNJ: por una parte, una estrategia vinculada con la organización del trabajo, nuevas áreas, responsabilidades, tareas, etc. conforme a la planificación que imponía el programa. Se reunió en un solo programa las acciones existentes y que se presentaban como fragmentadas (Financiamiento de Proyectos Productivos y Socio-comunitarios; Actividades de Capacitación y Formación y Jornadas Solidarias)[32], y se agruparon en cuatro líneas: a) Movimiento Juvenil Solidario; b) Construyendo Oportunidades; c) Movimiento Solidarios, cultural y deportivo juvenil y d) Nuevas Tecnologías (Cuadro 2). Se propuso una articulación interministerial[33] que involucraba al Consejo Nacional de Políticas Sociales; Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Derechos Humanos; Ministerio de Salud; Secretaría de Medio Ambiente; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Plan Más y Mejor Trabajo); Otras organizaciones: CGT, CTA, Organizaciones Sociales, Cooperativas, Universidades, etc. En la agencia estatal, las tareas se organizaron repartiendo a las/os trabajadoras/es en regiones (NOA; NEA; CUYO; CENTRO; PATAGONIA) cada una tenía coordinador/a, técnico/a y administrativas/os, porque de acuerdo a la experiencia ya establecida en otros programas del ministerio, se argumentaba que permitía fortalecer el contacto entre la nación y las instancias locales y hacer la efectiva la territorialización de la política pública. La ministra lo describía así

El territorio permite optimizar recursos, la Red Federal de Políticas Sociales permite mayor participación y diálogo entre Nación, provincias, municipios y organizaciones. Además, trabajar con equidad territorial sin criterio clientelista revaloriza una mayor representatividad de los actores sociales. La participación contribuye al ejercicio de la responsabilidad social y ese es el objetivo de estas herramientas, es lo transformador de la política social (La bisagra, 2007: 242).

Esta unificación, coincidió con la apuesta de darle una nueva identidad a la DNJ para profundizar la gestión de las políticas sociales en acción líneas rectora del MDSN a la vez que coincide con la crisis del campo en el contexto nacional. Esta lógica más que un modo de trabajo en el área, merece comprenderse como una estrategia para la construcción política desde las agencias del estado. Una unificación similar se dio cuando se incorpora a la dirección Laura Braiza y da por terminado el Mugica, en 2011. Sin embargo, ese proceso a diferencia de ser comprendido como estrategias para fortalecer una modalidad de gestión de las políticas públicas en acción, más bien obedeció a una estrategia para el fortalecimiento de la base juvenil con vistas al proceso electoral de 2011. La otra cuestión, además del reordenamiento interno, refiere que a partir del Mugica se produce el aggiornamento del área de juventud a la lógica de trabajo institucional instalada en el MDSN. El proceso iniciado con PTCS, aún no había incorporado masivamente al sector juvenil a la base social territorial y se apreció necesario incorporales para ampliar y profundizar la “nueva institucionalidad de políticas sociales integrales en territorio” (Memoria 2008. 186). Para garantizar la incorporación de militantes jóvenes de las provincias a la gestión, junto con las acciones del Consejo Federal de Juventud, la agencia estatal se imponía como el lugar indicado, además, para que algunas/os jóvenes ejercieran su carrera como funcionarias/os[34]. Sin embargo, ambos espacios funcionaron a la par y no “en conjunto y los jóvenes no eran los mismos” (Coordinador programa nivel nacional-Corriente), y por tensiones políticas, la masividad de las actividades territoriales se dispersaron desdibujando los propósitos de creación del consejo. Entre 2007 y 2010, desde el consejo federal, se realizaron Democracia Participativa y Organizarnos para Transformar y Argentina Soberana y Popular[35] ejercitando dispositivos participativos en territorio similares al de PJPM. Este desplazamiento de la matriz de gestión ministerial a las políticas de juventudes, puede pensarse como parte de la estrategia territorial que se delineaba transversal también en términos de clase de edad (Criado, 2009) ya que la perspectiva generacional (Vommaro, 2015) no había sido requisito hasta entonces, para incorporar de militantes a la gestión.

5.2. Agenda abierta. Destino Chapadmalal

Apenas listo el programa, se preparó el lanzamiento oficial multitudinario al que se convocó a delegaciones de todas las provincias del país. En las semanas previas al mega evento, la convocatoria se hizo contactando organizaciones u organismo gubernamentales locales que ya venían trabajando con el área nacional. No hubo algún mecanismo de inscripción abierto que permitiera que las/os jóvenes se inscriban por su cuenta. Se priorizaron las organizaciones que ya eran mediadoras entre ellas/os y la agencia estatal a partir de gestionar el financiamientos de proyectos y de jornadas solidarias. Esas organizaciones, áreas de gobierno local o contactos en cada provincia fueron los encargados de las convocatorias locales. Sobre selección de equipos locales, un testimonio indica

… no eran referentes legítimos de los pibes. Después, en el camino uno pudo haber encontrado una excepción a eso pero no eran referentes legítimos de los chicos. Había muchas organizaciones o, que habían presentado proyectos, o las políticas, pero sobre todo las organizaciones tenían que ver con que se habían acercado a la dire para presentar algún proyecto (Coordinadora del programa, Nivel nacional).

La directora de juventud, recordó que estuvo días enteros llamando personalmente a referentes sociales y políticos insistiendo en que mandaran a “…Cuanto mundo había… Agenda abierta, organizá, trae, trae… vamos, vamos… Abierto…” y remarcó la amplitud de la convocatoria. Más allá de la valoración acerca del modo como se convocó, es importante saber que en el ministerio existía un prerrequisito formal respecto a las pautas administrativas formales y excluyentes para apoyar las iniciativas juveniles, tanto sean financiamientos como cualquier apoyo a actividades de formación o trabajo comunitario. Para acceder a subsidios, además de llenar y presentar los formularios, era indispensable contar con los papeles (personerías, actas de asamblea, autoridades elegidas, etc.) que sólo poseían organizaciones ya constituidas y en funcionamiento. Algunas consideradas más representativas que otras a criterio del técnico/a evaluador/a de proyectos pero lo cierto es que sin sus papeles y avales, las/os jóvenes no podían ser destinatarios de las acciones que implicaban destinar dinero del presupuesto ministerial[36]. Este condicionamiento puede haber influido para priorizar contactos locales, entre otras razones que se verán en el capítulo 4. Lo que no se puede soslayar, más allá de los casos subnacionales, los procedimientos, contactos, vínculos o estrategias que se tejieron desde la agencia estatal, muchas veces por contacto político partidario o, por vínculos de otra índole, muestran las tareas cotidianas de estas/os armadoras/es que, con sus negociaciones (Gené, 2019), motorizan y hacen posible la implementación de una política pública y dejan a la vista la estrecha relación entre la gestión y la política (Schavelzon, 2006).

5.3. Gente nueva, chicos de todas las ciudades, de todos los barrios

El 18 de agosto de 2008 llegué en comisión al Complejo Turístico de Chapadmalal[37], otras/os compañeras/os de trabajo habían llegado un día antes y otras/os lo harían durante la jornada hasta completar el total de trabajadoras/es del plantel de la DNJ. La afectación de la totalidad de trabajadoras/es al evento por tres días marcó un hecho inédito en el organismo y demuestra la importancia y expectativas que generaba el nuevo programa a nivel institucional. El lunes 18 fueron arribando los micros que trajeron a los 1100 jóvenes de todas las provincias del país. La tarea principal de parte del equipo nacional era la recepción y acreditación de las delegaciones prevista entre las 10 y las 12 hs. de ese lunes. Si bien había funciones asignadas de acuerdo a las tareas de cada una/o, en la medida que la acreditación colapsaba acudíamos a colaborar aún quienes no teníamos tal labor fijada. La masividad significó preocupación y desconcierto para las/os trabajadoras/es, más aún para quienes era su primera experiencia y se enfrentaron a asumir una responsabilidad de autoridad con sus pares que no resultó tarea sencilla, porque “había pibes por todos lados, yo era muy joven… [estaba] cuidando pibes más grandes que yo. Tratando que no tomen. Me acuerdo persiguiendo pibes por todos lados. Hacían fogones en la playa” (Trabajadora-militante). Desde temprano, se generó un clima festivo y de solidaridad entre compañeras/os de trabajo que permaneció hasta el regreso, tal vez, por la magnitud de lo que se avecinaba sostener. Tal vez, fue la adrenalina de la masividad, la que producía una especie de emoción colaborativa, como algunas/os definimos esas sensaciones, y mística militante (Boyanovsky Bazán, 2010: 8) como la recuerdan otras/os (Foto 1).

Una vez que llegaron las delegaciones, almorzamos en un comedor dispuesto para reunirles y donde las/os cocineros/as del complejo se dedicaron tiempo completo al contingente. Luego se pasó al trabajo en talleres, modalidad de trabajo preponderante en los eventos del PJPM.

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Foto 1. Equipo de DNJ, Chapadmalal, 2008.

5.4. Carlos Mugica: un rompecabezas para armar

Los talleres le siguieron al almuerzo y ocuparon casi los tres días (Cuadro 3). Se desarrollaron diversas actividades, todas, en torno al programa, la figura del sacerdote y de las/os promotoras/es. Se armaron grupos mixtos, se procuró heterogeneidad por procedencia y fueron coordinados por una dupla de trabajadoras/es de la agencia estatal. Las consignas (Cuadro 4) fueron distribuidas a las/os talleristas previamente designados y se fijó un color asociado a un valor[38] y para diferenciar a los equipos, en mi caso, tuve la responsabilidad de coordinar en dupla, el grupo Azul-Organización. Cada pareja de talleristas buscó un lugar amplio para trasladar el grupo asignado que rondaba en unos 80 jóvenes. Cada consigna fue acompañada por una dinámica de grupo, aproximadamente de 15 minutos, que pretendió relajar a las/os jóvenes y promover la confianza e intercambio entre quienes se veían por primera vez. Más allá de los resultados de las jornadas tal como se evaluó con criterio institucional (Cuadro 5), recuerdo que el nivel de participación fue sostenido, aunque fueron constante las escapadas de algunas/os para pasear por la playa o recorrer el complejo hotelero. Se notó diferencias en la actitud y discurso entre jóvenes que eran parte de organismos de juventud o de organizaciones sociales y políticas que estaban más rígidos y con ciertas narrativas que parecían guionadas como expresó entonces un trabajador. En cambio, otras/os, que habían salido del barrio por primera vez, a la par de la agitación estaban sorprendidas/os porque sentían considerada su opinión tanto por sus pares como por el organismo nacional encargado de las políticas púbicas de juventudes.

El taller, a su vez, se estructuró en partes. La primera, supuso un recorrido por la sala o bien, una zona en el parque que rodeaba el complejo y a pesar que hacía frio, se incorporó el trabajo al aire libre. En el lugar ya, se hicieron dinámicas para romper el hielo, es decir, aquellas que facilitan el intercambio entre participantes que no se conocen, relajan y posibilitan entrar en confianza, algo necesario para las actividades posteriores de discusión y construcción de propuestas. La primer consigna, planteó hacer subgrupos, repartir recortes de diarios y revistas y proponer armar con ello collages que diera cuenta de cómo creen que ellas/os, como jóvenes, son vistos por las/os adultas/os y cómo quisieran que se les viera. Se realizó una puesta en común entre los subgrupos y se pasó a la siguiente consigna. Manteniendo los subgrupos, se entregó las piezas de un rompecabezas para ser armado por cada equipo. En la medida que se fue logrando, quedaba a vista la figura del sacerdote y las/os talleristas incorporaban los aspectos de su biografía que se traducían en los valores seleccionados para el programa. El segundo día, después de dinámicas lúdicas para relajar se retomó el trabajo grupal a partir de la proyección del video institucional (Capítulo 3), en el que se resumen estos aspectos y se pasa al final de taller con la entrega de copia impresa de la canción de León Gieco para leerla y comentarla. Luego, se dispuso una nueva consigna que a modo de pregunta interpeló a esas/os jóvenes ¿Qué es ser un promotor/a Mugica? Momento que ellas/os tenían libertad de armar sus propios afiches en los que volcaron los aspectos excluyentes del buen/a promotor/a. Hubo momentos para la recreación y la pintada de banderas y pancartas que fueron llevadas al lanzamiento en Mar del Plata.

Fueron dos días de trabajo intenso que culminaron con un pequeño diagnóstico participativo, para lo que se reunieron por zonas afines, con la propuesta de dejar sentadas las bases para las consignas que se deberían elaborar para los futuros encuentros regionales y provinciales que ellas/s mismas/os deberían comenzar a promover y preparar una vez de regreso a sus provincias. La actividad se cerró con un plenario general, donde cada grupo llevo las conclusiones y propuestas trabajadas y las compartieron con el resto de las delegaciones. Con similar modalidad, los talleres se sucedieron durante todas las actividades territoriales y, aun en diferentes escalas y contextos en que se implementaron, fueron las escenas de la participación (Arpini, 2020) predominante durante el Mugica. Esos talleres, que más tarde se denominaron foros, tuvieron ciertos rituales y dinámica de funcionamiento que los constituyeron como los dispositivos adecuados para el ejercicio de la participación juvenil junto con las jornadas solidarias. Se instalaron en el sentido común (Schütz: 1972) tanto de trabajadoras/es como de jóvenes, como los sitios donde hacer efectiva la circulación de la palabra, el intercambio entre pares y productores de iniciativas y demandas por parte de las/os promotoras/es. Pero también significaron práctica de formación política, el encuadre de la participación promovida por el programa y escenarios para la producción del ser promotor/a Mugica, que incluía la propuesta de las/os jóvenes (Imagen C).

El Primer Encuentro del PJPM, se cerró con un lanzamiento oficial el miércoles 20 de agosto, donde se trasladaron todas las delegaciones y el equipo de trabajo nacional. Se concretó en el estadio de básquet del complejo Preolímpico de Mar del Plata y albergó alrededor de 5000 jóvenes de todo el país. La DNJ garantizó el traslado y alojamiento para el grupo de jóvenes que participaron en los talleres, durante dos jornadas y medias. Mientras que el traslado de otras/os 4000 que participaron del acto de cierre, fue financiado por instituciones u organismos de las provincias.

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Imagen C. Afiche de trabajo grupal en Jornadas de talleres en Chapadmalal, agosto de 2008

Tal como fue programado, luego de las jornadas en talleres, recreación y baile nocturno la noche previa al lanzamiento oficial, encabezado por la presidenta Cristina Fernández, en un gesto de apoyo político a la iniciativa de la agencia estatal de juventud. Estos acontecimientos y otros subnacionales de la implementación (Capítulo 4), contribuyen para pensar que se inaugura una nueva etapa de políticas públicas en el organismo sectorial de juventud. Junto a la presidenta estuvieron la Ministra Alicia Kirchner, la Directora Mariana Gras y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, entre otras/os funcionarias/os nacionales[39], lo que se leyó por parte del plantel estatal, como indicio que el programa sería de gran envergadura y esas/os funcionarias/os lo iban a acompañar (Foto 2).

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Foto 2. Lanzamiento del Programa Jóvenes Padre Mugica en Mar del Plata, 20 de agosto de 2008

Si bien el eje de la participación fue un rasgo constante a lo largo de la historia del organismo estatal como se dijo, el Mugica surgió en un contexto en se dan dos elementos que por su conjunción imprimen novedad para este análisis. Por una parte, la insistencia explicita del gobierno acerca de la necesidad de construir políticas públicas de largo plazo para diversas temáticas, que se concretó en varias cuestiones[40] y que colocaría a este programa como una acción pensada para largo alcance en el área de juventudes. Y por otro, el rol y preponderancia de la participación juvenil no solo en la gestión de gobierno sino también, como valor para la construcción de un proyecto de país, es decir, como cuestión social y causa pública (Vázquez, 2013). En su discurso[41], la presidenta, explicitó con claridad el espíritu del programa y su contenido político diciendo que:

Hay que recuperar la noción de lo colectivo, la necesidad de saber que tenemos que avanzar juntos, también entender y comprender que el país de todos nosotros los necesita a ustedes, unidos y solidarios, comprometidos y con convicciones, con ideas, con argumentos, sin insultos y sin agravios.

Continuó instando a las/os jóvenes a

Organizarse para vencer a la pobreza, al descreimiento, a la desesperanza, a los que todavía no creen pero que los vamos a convencer, porque sabemos que cambiar el país, seguir transformando, no es tarea de un sector ni de un grupo, sino de todos los argentinos.

En los primeros documentos institucionales[42] recuperados, hay un detalle que es interesante. Me refiero a la afirmación que dicho programa

… es el resultado de la iniciativa y demanda concreta de cientos de miles de jóvenes de todo el territorio nacional. Continuando el camino transitado desde el 25 de mayo de 2003, en el marco de un proyecto nacional y popular, para revertir los embates de las políticas neoliberales sufridos durante más de treinta años en el país (Mimeo, 2008: 3).

El discurso presidencial en sintonía con los objetivos del PJPM contienen un llamado desde el estado a asumir compromiso, organización y participación para acompañar el proyecto nacional donde se reserva a las juventudes un lugar preferencial en el proceso hegemónico y presenta al kirchnerismo como fuerza política excluyente para albergar la movilización juvenil. Si bien el PJPM se presentó como el resultado de la iniciativa y la demanda de las/os jóvenes, no hay registro de indicadores o procedimientos usados como para asegurarlo. Sin embargo, en las políticas públicas de juventudes se instaló y se fue afianzando un modo de enunciar y comprender la condición juvenil en el discurso oficial, o bien, la recuperación de la dimensión generacional en la política apelando a la participación y la organización como condición excluyente y como finalidad. El objetivo general del PJPM, lo presenta como una acción que propone “promover la organización y la participación de las/los jóvenes para garantizar el ejercicio pleno de una ciudadanía activa en el marco de la cultura de los derechos humanos” (Mimeo-documento de trabajo, 2011).

Finalizada la jornada del lanzamiento, en la agencia estatal se inicia una etapa que presagiaba un arduo trabajo territorial y la articulación con las diversas instancias institucionales involucradas (Cuadros 6 y 7). Las/os jóvenes participantes de los talleres de Chapadmalal recibieron de las/os talleristas, además de “explicar los lineamientos fue pedirles a los chicos que su rol dentro del Mugica era ser nuestros ojos en el territorio” (Trabajador nivel medio del programa) y no los de ellas/os, por cierto. Dicha proposición, apoyada en los lineamientos del programa, marca un recorte autorizado y legitimado que provine de nivel nacional y demuestra “la solidez que se le supone al Estado y a su poder de autoridad suprema para conformar los asuntos públicos” (Franzé Mudanó, 2013: 12). Asimismo, guía y orienta la tarea sobre la base de una noción de juventud unificada, definida como clase de edad, que contiene ciertos rasgos de adultocentrismo (Duarte Quapper, 2012), más aún pensar en la supervisión de puño y letra hecha por la ministra a los manuscritos del programa para afilar la iniciativa y profundizar el mandato ministerial de institucionalizar la territorialización. Ser los ojos de las autoridades nacionales en el territorio, – afirmación que tiene connotación foucaultiana-; refuerza la paradoja mencionada más arriba respecto a los márgenes de debate trazados y supervisados desde las autoridades adultas y de mayor rango respecto al diseños del programa. A la vez que contradice la retórica instalada acerca de la horizontalidad en las decisiones y el protagonismo en la elaboración de políticas públicas, a menos que eso refiera al equipo de jóvenes que diseñaron e implementaron el programa desde la agencia estatal nacional. Paradoja también respecto a la autonomía que podrían alcanzar las/os promotoras/es, dado que debían “volver pero ya ahí por provincias a relevar cuestiones que ellos podían ver, qué se podía ayudar desde las líneas del programa” (Trabajadora nivel medio del programa).

Los lineamientos, formales y administrativos se constituyeron en una guía para las/os técnicas/os que iban a territorio, recibían las demandas y las evaluaban. Pero además, eran una referencia para las/os jóvenes y sus organizaciones ya que explicitaban los límites y alcance que tenía el Mugica para responder a sus demandas. En el caso de los financiamientos contaban con formularios y procedimientos para darle respuesta y la dinámica para facilitarlo se presenta como una extensión del circuito administrativo. Estos desplazamientos, sumados a los enclaves institucionales de referencia en cada localidad, “no hacen más que deslizar una mediación que, a partir del Mugica, incorporará actores locales”. (Trabajadora nivel medio del programa). Las particularidades que ello supuso, se retomará en el capítulo 4 a partir del análisis subnacional comparativo entre Corrientes y Santiago del Estero y, con ello, las formas de agenciamiento juvenil del programa por parte de las/os promotoras/es.

6. Nos fuimos juntando. Cambio de gestión y cambio de rumbo en las políticas

Cuando asumió Néstor Kirchner, a pesar que la legislación establece que el porcentaje de trabajadoras/es en planta transitoria no debe superar el 15%[43] de la planta permanente, la relación era la inversa. Sin embargo, se contaba con un plantel de profesionales, en especial de las Ciencias Sociales que habían ingresado para el INCLUIR, bajo modalidad de contratos PNUD y BID, para hacer frente a una situación de crisis (Ben Plotkin y Zimmermann, 2012) provocada por las políticas neoliberales de la década del noventa. La necesidad de regularizar el empleo público ante el rol que se presagiaba para el estado, el gobierno de Néstor Kirchner pone en vigencia un régimen de ingreso a planta transitoria que se formalizó con La 48[44] y de ese modo, se inició la incorporación de trabajadoras/es que provenían de organizaciones o bien, de quienes ya trabajaban allí con contractos de locación de servicios, pasantes o monotributo. Para las/os sobrevivientes de varias gestiones eran habituales los movimientos espaciales y las migraciones de personas, entre quienes llegan o se van porque acompañaron políticamente determinada gestión de gobierno[45]. Durante las reformas de los noventa, la agencia estatal de juventud sufrió al igual que otros organismos, un profundo desgranamiento de su plantel permanente producto de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas o reagrupamientos de organismos y traslados. Sin embargo, cuando asumió Mariana Gras, el equipo tenía preponderancia de una elite técnica compuesta por las/os profesionales y personal de apoyo administrativo contratados por el INCLUIR, incorporadas/os a la planta transitoria. Esa elite técnica y administrativa podría caracterizarse como un grupo de “profesionales o subgrupos dentro de ciertas profesiones que (en un sentido weberiano) podrían definirse por vivir “de” y “para” el Estado” (Ben Plotkin y Zimmermann, 2012). No obstante, en este capítulo se desarrollará los varios matices de esa descripción.

Cada cambio de autoridades, no necesariamente de gobierno, revive para los elencos estatales un cierto ritual y, la llegada de Gras, no fue una excepción. Ese rito comienza por una etapa de desconfianza por parte de las/os nuevos, que activan mecanismos de control de asistencia u observaciones personalizadas, reforzada porque el área de juventud ha sido señalada como un espacio indisciplinado por contar con un plantel juvenil. Mientras que las/os viejas/os más que desconfianza, sienten cierta incertidumbre y expectativas por el pronto retorno a la rutina. Cada cambio de gestión, suele ser una ruptura y vuelta a empezar y no solo en el área de juventud. A esto último, se añade un sentimiento de resistencia de quienes se sienten parte de la historia institucional y temen no tener reconocimiento de sus saberes acumulados. Pasando el momento pico de las tensiones, llega la etapa de conocimiento que por lo general, se da con reuniones entre responsables nombradas/os y sus equipos o, revisión de CV que piden a cada trabajador/a. Finalmente, la etapa de integración una vez conformados los equipos de trabajo de acuerdo a perfiles o experiencia. Esto último, puede presentar algunos desacuerdos o conflictos, ya que las personas designadas en lugares de mando, suelen proceder de fuera de la institución, afines a la gestión o militantes y, en no pocos casos, genera por parte de las/os viejas/os una sensación de no ser respetadas/os o bien, sentir que son coordinadas/os por quienes no poseen suficientes recursos o saberes u oficios, considerados válidos para la gestión estatal y/o que son propios del sentido común institucional. Estos sentimientos se hacen más visibles para quienes son planta permanente, dado que dicha condición carga con una estigmatización y/o desprestigio que se reedita con cada cambio de autoridades. Quien conserva su trabajo en el estado o es estatal es juzgada/o como afín a la gestión saliente, que está burocratizada/o porque que se aferra a procedimientos esquemáticos y desactualizados, o bien, que no tiene suficiente formación y que trabajar en el estado es un fracaso por no haber podido encontrar espacios superadores. Estos prejuicios u opiniones son recurrentes en la agencia estatal.

A las tensiones producidas entre autoridades y trabajadoras/es, subyacen otras de manera transversal, donde se construyen lazos de autoridad y respeto propio de las relaciones humanas. A esos vínculos de reconocimiento, a menudo impuestos por las designaciones administrativas que establecen jerarquías, acordes a la lógica racional-normativa de las instituciones, se le agregan aquellos que se dan entre pares trabajadoras/es por el reconociendo de saberes y oficios. Los “saberes de Estado” en palabras de Ben Plotkin y Zimmermann son caracterizados como “esos saberes expertos y operativos demandados por, y a la vez constitutivos del Estado moderno” (2012: 10). Esos conocimientos y prácticas estatales, fueron un factor fundamental no tanto en el armado de los equipos del programa, sino que se manifestó como un elemento de cohesión[46] (Jenson, 1998) de la comunidad laboral en la etapa de implementación y trabajo territorial. En los términos de Bourdieu (2000: 113) se trata del reconocimiento del capital simbólico que posee esa elite técnica y administrativa – las/os viejas/os-, por parte de las/os nuevos, por haber vivido un proceso de entrenamiento dentro del organismo. Cuando surge el Mugica, habían pasado dos años desde el comienzo de la gestión de Gras, el equipo estaba integrado con mayoría de trabajadoras/es jóvenes y militancia. Una entrevistada consultada sobre esa etapa del cambio de gestión y de políticas y su llegada a la DNJ, recordó que “nosotros los nuevos después, dejamos de serlo. Después fuimos juntándonos, no sé si homogeneizándonos es la palabra” (Joven trabajadora DNJ).

6.1. Los clivajes en el elenco estatal de la agencia de juventud

El elenco estatal de la agencia de juventud durante el PJPM se caracterizó por su heterogeneidad. El mosaico ministerial se compuso por diversos perfiles que Perelmiter (2016) distingue y tipifica como académicos, burócratas y militantes en las agencias estatales del MDSN que analizó y que sirven para pensar el organismo de juventudes. En la DNJ en particular y, respecto a los elencos estatales en general, para el análisis de esos perfiles vale incorporar las diferentes procedencias, condiciones y posiciones con que se habitaba el espacio laboral. Durante el PJPM, los clivajes coinciden con los presentados por la autora: una vasta porción de la elite técnica (Ben Plotkin y Zimmermann, 2012) fue reclutada para el INCLUIR, es decir, las/os académicas/os que perduraron en su mayoría, hasta 2006. Una porción de planta permanente mínima luego de las reformas del estado, y de acuerdo a la tipología de Perelmiter, se trata de burócratas de carrera o trabajador/a del estado. Ésta última, cargaba con una connotación negativa, que como se mencionó, persistió aun cuando esas/os agentes tuvieran formación académica o vinculación directa con equipos de investigación. Y, por último, la porción de militantes que fue ingresando de modo más fluido a partir de 2006. En los años del PJMP, el plantel permanente en el MDSN era aproximadamente del 20 % y un 80 % el transitorio. En ambos casos, había perfiles tanto académicos como burócratas. Esto a su vez, estaba cruzado de modo transversal por militantes y no militantes.

Sin embargo, la complejidad de tal mosaico institucional no solo debe tomarse la procedencia, trayectoria o modo de ingreso, sino que debe cruzarse con condiciones de contratación, es decir, estabilidad en el empleo y salario. La estabilidad, es un aspecto que debe considerarse, ya que distingue el empleo público de otros y requiere para adquirirla, transitar un proceso de selección mediante la instancia de concurso. Ello tiene una particular significación en el plantel porque actúa como diferenciación conflictiva y marcan otra línea entre dos categoría de trabajadoras/es: quienes poseen estabilidad y la consideran un derecho y quiénes no, que la comprenden como un privilegio. La situación de planta transitoria, supone compartir las condiciones laborales con la planta permanente excepto la estabilidad en el empleo. Por lo tanto, en el PJPM, se hallaban las/os trabajadoras/es que tenían una trayectoria dentro de la dirección o en la gestión, aun con diferente modalidad de contratación. Segundo, las/os trabajadoras/es ingresantes que se reconocían como parte de una organización, movimiento o agrupación afín al kirchnerismo. Las designaciones de las/os militantes se producían en común acuerdo entre autoridades del ministerio y sus pares en los movimientos, en algunos casos, no intervenían las autoridades de la DNJ. Tal fue el caso de Juan Cabandié, que ingresó al Consejo Federal de Juventud, sin contar con larga militancia previa, sino que su empuje devino cuando recuperó su identidad por ser hijo de desaparecidos. No todas/os las/os militantes ingresaban a cubrir cargos de coordinación o de mando. Sí era evidente, la subordinación a los lineamiento políticos de la gestión por sobre los administrativos, tuvieran o no rol de directivo, lo que produjo no pocas complicaciones en el trabajo diario y tensiones. Reforzado esto por el descrédito de las/os trabajadoras/es preexistentes a la gestión, más aun en casos de planta permanente. Tercero, las diversas posiciones que devienen del tipo de vínculo o contratación laboral garantiza o no cierto grado de estabilidad en el puesto y percibir un salario.

En la agencia estatal de juventud ser trabajador/a o ser militante, ser planta permanente, transitoria o pasante y sus diferentes cruces se evidenciaba en roles, funciones y responsabilidades más o menos cercanas al espacio decisional y modos de cómo se comprendía y debía organizarse la tarea. Percibir o no un salario era un elemento importante, aunque no el único, que contribuía a la percepción e identificación respecto a si la tarea se correspondía con trabajar en el estado o militar en la gestión (Vázquez, 2014; Rocca Rivarola, 2019) y la significación que esto implicaba. Durante los años del PJPM, no hubo contratos de consultores externos, de agencias internacionales como BIB o PNUD. La posición y reconocimiento que obtuvieron esas/os contratadas/os como garantía de saberes especializados y diferenciación salarial, marcaron una brecha profunda entre trabajadores de la burocracia y trabajadores de la academia en el estado, aunque entre las/os primeros podían hallarse profesionales de igual o mayor formación académica que las/os consultoras/es externas/os. También hubo trabajadoras/es preexistentes a la gestión kirchneristas, que manifestaron su acompañamiento al gobierno, aunque no militante, lo que les valió el reconocimiento como compañeras/os[47], por reconocer que esa lealtad (Balbi, 2007) al proyecto de gobierno les asemejaba a las/os militantes. De alguna manera, la diferenciación pasaba más entre quienes apoyaban al kirchnerismo aun sin ser militantes y, quienes no, que fundamentaban sus compromisos en valores expresados en clave no partidaria. Es decir, compartir un compromiso por lo público y con la gestión de políticas públicas, pero reconociéndose como trabajadoras/es de agencias estatales.

El nuevo programa les reunía en torno a su impronta participativa asentada en un modelo de gestión inclusivo y un desafío de trabajo territorial novedoso. Por esa particularidad del Mugica se veía como un espacio propicio para desarrollar nuestro trabajo, como se dijo, tantas veces desprestigiado. Sus objetivos auspiciaban un modo participativo de construcción de políticas públicas con protagonismo juvenil, frente a lo que habitualmente estaba en manos de adultas/os y varias veces cuestionado por los equipos de la agencia estatal de juventudes. Por ello, esa emoción colaborativa, puede comprenderse como manifestación de ser parte de un programa que, más allá de las valoraciones personales, se inscribía en fundamentos explícitos respecto de las políticas públicas participativas. Por lo menos, era la expectativa los días que siguieron a Chapadmalal. Para el grupo de militantes, esa mística, era otra cosa, era militar en el estado (trabajadora-militante de la dirección) como parte de un posicionamiento político-partidario como también ha quedado expresado en el PTCS. Es evidente que esas expectativas fueron vividas de manera diferente por estas/os trabajadoras/es y por las/os militantes. Al respecto, el coordinador a nivel nacional de la provincia de Corrientes, que llevaba seis años en la DNJ, evocó su paso por el programa de la siguiente manera

… en toda mi experiencia en el estado fue la primera vez que me tocó trabajar a la par de los jóvenes, involucrado, detectando demandas locales que las traían ellos y nos sentábamos en una mesa y tratábamos de resolverlo en conjunto que me parece que es la forma de hacer políticas públicas desde el estado, brindar una solución a esas demandas.

Lo cierto es que el Mugica, abría una posibilidad de incorporar masivamente a jóvenes de todo el país en el proceso de politización que había iniciado el kirchnerismo, propiciaba crear espacios de organización y militancia propios (Vázquez, 2014: 74) y se convertía así en estrategia del proceso hegemónico (Mallon, 2003) emprendido por el kirchnerismo.

Se consagra así, no solo una forma de entender el activismo que se relaciona con el trabajo en el Estado y con el desarrollo de una forma de gestión de lo público a partir de valores que se reconocen como «militantes», sino además una forma de tramitar los compromisos que involucran al Estado como objeto de sus acciones. En síntesis, los activistas se definen como «mi­litantes de la gestión» y el repertorio de acciones militantes involucra tareas realizadas «en», «desde» y «para» el Estado (Vázquez, 2014: 75. Comillas del original).

Otro aspecto fue el generacional, es decir, la coexistencia de trabajadores/as con larga permanencia en la dirección y las nuevas incorporaciones, lo que significaba una diferenciada estratificación de experiencias (Mannheim, 1961) y de procesos variados de socialización en el estado frente a las/os recién llegados. La brecha es perceptible dada la diferenciación en el aprendizaje y la vinculación con maneras de trabajar y sus transformaciones en el tiempo. Ese escenario favoreció para que quienes provenían de otras gestiones fueran vistas/os como poseedores de recursos anacrónicos y/o desactualizados, algo que fue muy potente en el inicio de la gestión de Gras y precipitó el alejamiento de muchas/os profesionales o expertas/os reclutadas/os por el INCLUIR que sintieron desvalorizados sus saberes en el nuevo escenario. Inclusive, fue rechazado el posicionamiento de quienes explicitábamos no ser militantes kirchneristas porque se tenía una perspectiva que, en el estado, ser trabajador/a y militante no eran factibles de ser escindidos y que solo postularlo era asimilable con formar las filas de la burocracia más rancia. Aquí se presenta otra paradoja, en la medida que un área nacional se reconoce como la agencia estatal excluyente en temas de juventudes, propone un modo de trabajo en el estado que mientras pregonaba el protagonismo de las/os jóvenes acaba consagrando un modo de vinculación que desvaloriza ciertos saberes ligados, precisamente, con la acumulación de saberes producto de la experiencia laboral en el estado. En particular, de la socialización con un punto de vista y una manera de trabajar en temas de juventudes, es decir, profesionales formados en políticas públicas de juventudes. Ese prejuicio además, oculta otro aspecto conflictivo y es que quienes llegan con cada gestión, a diferencia de los equipos preexistentes, se anclan en una trama de actores y relaciones que propicia la existencia de vínculos específicos con ciertos sectores juveniles con los que se prioriza trabajar.

De todos modos, lo generacional no debería considerarse como un factor de tensión en sí mismo, a no ser por la insistencia manifiesta que para trabajar en políticas de juventudes es condición ser joven y esto definido en especial, por clase de edad. En lo cotidiano, ese aspecto se argumentaba como obturador de discusiones políticas y conceptuales al interior de los equipos, es decir, lo que se cuestionaba era señalado como una limitación para comprender por la sola razón de no tener alrededor de 30 años. Esta condición junto con la de pertenecer al partido de gobierno, plasma una valoración diferencial entre trabajadoras/es según edad y perfil político ideológico. En definitiva, las clasificaciones por edad ponen límites, marcan un orden donde cada quien ocupaba un lugar y “vienen a ser siempre imposiciones de límites y producciones de un orden al que todos deben atenerse, en que cada uno ha de mantenerse en su lugar” (Bourdieu, 2000: 143). Lo contrario de lo que plantea el autor en el ensayo aludido, en este caso quienes activan esas clasificaciones son las/os jóvenes y no las/os adultas/os. Pero más allá de la edad, lo que subyace a esta distribución de poder es quién o quienes detentan el monopolio de la representación de las causas juveniles. El rasgo generacional no fue exclusivo de este periodo, por el contrario, fue un lugar común en el organismo de juventudes desde sus inicios en 1987 y se revitaliza durante la gestión del kirchnerismo y más aún, respecto de la planta permanente con la que la brecha generacional era evidente[48].

Un modo posible de comprender el énfasis del protagonismo juvenil en los procesos de cambio, puede ser atribuido a rasgos esencialistas respecto del ser joven y fue expresado en reiteradas oportunidades por referentes del gobierno o por motivos epocales. Afirmaciones por el estilo, otorgan a las/os jóvenes tener propiedades como agentes de cambio de manera intrínseca y de modo natural que les convierten en artífices de los procesos fundacionales de una nueva nación. Primero lo dijo Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández repitió en sus discursos, “cuando la polea de la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable”[49]. Esta frase queda como marca de origen del llamado generacional y que expresa respecto de la juventud, “su objetivación, también como una causa consagrada por los adultos” desde arriba (Kriger, 2016: 72) y es expresión de los atributos que tuvo el vínculo forjado entre juventudes y kirchnerismo. En cualquier caso, lo que se puede afirmar es que ni en la “gestión militante” (Vázquez, 2014), ni en la gestión de las/os trabajadoras/es del estado en sus diversas procedencias, en el plantel del Mugica había “valores de neutralidad y devoción desinteresada al bien público, que se impone con una fuerza creciente a los funcionarios del Estado” (Bourdieu, 1993, 2000: 12). Por el contrario, se trató de una actitud ética o deber ser que excedió la filiación política orgánica y cruzó de manera transversal las posiciones y procedencias definiéndose como un posicionamiento político respecto del compromiso con la gestión. Ello demuestra que “el término ‘política’ es polisémico y admite un espectro amplio de significaciones” (Gené: 2019: 24) pero que es un rasgo constitutivo de los procesos de gestión pública. Esos aspectos, hicieron posible la gestión del programa y otras acciones dentro de la DNJ a pesar de las diversas concepciones que la habitaban. De ese modo, el Mugica se consolidó como espacio de intersección de las múltiples identidades que en diálogo y aun con tensiones, adhirieron a “una ética contra-burocrática, cuyos contenidos y pruebas, sin embargo, eran variables y disputables” (Perelmiter, 443). Prueba de ello, fueron los nuevos interrogantes surgidos en la ejecución del programa. Ya no se cuestionaba la ausencia del estado sino que se estructuró un nuevo eje de discusión conceptual, pero también política, hacia el interior del equipo de la dirección referido a de qué modo vamos al territorio y qué discursos se enuncian para legitimar ese trabajo. Este tipo de debate conceptual y político atraviesa de modo constante la agencia de juventud y demuestra las disputas de sentido que acontecen en las agencias del estado. Con ello, comprenderlas y reconocerla también como lugares de producción de conocimientos, aun cuando esos intercambios se dan mientras se arma algún expediente o se intercambia un mate (Fotos 3, 4 y 5).

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Foto 3. Escena de trabajo durante el programa en la agencia estatal de juventud.

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Fotos 4 y 5. Escena de trabajo durante el programa en la agencia estatal de juventud.

6.2. Las metáforas espaciales de las políticas públicas

Luego del lanzamiento del PJPM se activó la implementación del programa en varias provincias del país de acuerdo a una planificación que contemplaba articulaciones, metas y actividades (Cuadro 2). Esa planificación en forma de cuadro, contaba con las metas esperadas entre 2008 y 2011 expresadas numéricamente, distribuidas por líneas de acción y vinculadas con una lista de las actividades requeridas para el logro cuantitativo de esas metas. Más allá de la normativa, es curioso ver en el cuadro, una columna con los valores que se enuncian en el Mugica, que se asocian y se ejercitaría con la realización de cada una de las actividades de las líneas de acción. Los equipos técnicos, agrupados por regiones, comenzaron a viajar de acuerdo a las demandas y/o particularidades a nivel subnacional (Capítulo 4) y no hubo un patrón general para la implementación territorial. Estos desplazamientos hicieron efectiva la política en acción de la ministra Kirchner e inauguraron un ciclo de territorialización de la política que significó un hecho inédito y se introdujo ese rasgo distintivo de la gestión kirchnerista en la agencia estatal. En cada caso, la inserción del Mugica adquirió diferente dinámica de acuerdo a las particularidades locales y vínculo político establecido con la nación. El discurso cotidiano acompañó esas prácticas e ir a territorio significaba que “no era nada más cuestión de ir al territorio a hablar sino que había que tomar un rol más de cómo encarar la acción” (Coordinadora del programa-nivel nacional). Esta manera de trabajar, se establece como rutina del PJPM y la articulación con la escala subnacional se nombra como ir a territorio y ya no como bajar las políticas, modo usado en los noventa en el que subyace una marcada jerarquización y preponderancia de la jurisdicción nacional o nivel central y la dimensión simbólica que subyace en la autoridad del estado (Bourdieu, 2000).

A pesar de las metáforas espaciales y las pirámides de jerarquía que encierran ese modo de nombrar, a partir de los enclaves nacionales en la escala local, se interpretó que con el PJPM como expresión de una matriz de gestión, no se bajarían solo las acciones sino el estado mismo. De ese modo, bajar el Estado (Perelmiter, 2016: 156) se fue resignificando a la luz de las nuevas formas de comprender la tarea, la dinámica territorial y las representaciones que se hacían de ello. Básicamente, sintetizó un modo de garantizar la proximidad entre funcionarias/os y usuarias/os de programas y contrarrestar tensiones de las burocracias e intereses políticos locales. Las representaciones acerca de ese trabajo territorial responden a la inscripción de sujetos situados y diversas interacciones que ofrecía el contexto de trabajo en la agencia estatal. Por ello, “antes que nada concierne a la manera cómo nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las caracterizaciones de nuestro medio ambiente, las informaciones que en el circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano” (Jodelet, 2010: 473). No se trababa simplemente de enunciar sino creer en un desplazamiento real y una forma de habitar las oficinas y el territorio que en definitiva, daba cuenta de la producción de nuevas subjetividades. Ello, no termina en Buenos Aires y para reforzar lo dicho se instalaron oficinas en las provincias lo que requirió del acondicionamiento de recursos físicos, materiales y humanos fijos en el territorio, tal fue el caso de los CDR y CICs ya mencionados.

Las metáforas espaciales resultan útiles para pensar un posible reposicionamiento respecto de las interacciones entre trabajadoras/es de la DNJ y las/os jóvenes y entre las/os jóvenes promotoras/es y sus pares de acuerdo a los lineamientos incorporados. Para comprender la premisa de trabajo, puede atribuirse a la equidad dada en la relación con clase de edad. Pero más bien, significaba dejar de plantear una relación vertical en la que arriba están los funcionarias/os y/o agentes con recursos, saberes, decisiones, etc., y abajo, pasivos las/os destinatarias/os de las acciones. Así las relaciones entre actores involucrados en las acciones de política pública, pretendieron ser –desde el discurso institucional-, horizontales y desarrolladas junto con o desde las/os jóvenes en los lugares que habitaban. Lo que disminuiría además, la mediación que suponen los vínculos solo con las ONGs, rasgo imperante en los años noventa y también cuestionado por la gestión kirchnerista. Por esto último, también, se priorizó la relación con organizaciones genuinas, es decir, las organizaciones con inserción territorial. Más allá de los enunciados del PJPM, la horizontalidad y cercanía entre personas e instituciones involucradas hay que verla a escala subnacional (Capítulo 4). En Santiago del Estero, se fortaleció la manera institucionalizada y vertical de gestión, mientras que en Corrientes, fue posible “acercarse más a la letra del programa” de acuerdo a la opinión generalizada que había en la agencia estatal durante los años del Mugica.

6.3. Del barrio al estado promotor – del estado promotor al barrio

La dialéctica dada entre el estado, las/os jóvenes y sus organizaciones, se asentó a partir de la premisa que, desde el territorio y no al revés, surgirían las demandas y motivos de las futuras políticas públicas de este y otros sectores sociales. Las/os promotoras/es del PTCS se incorporaron a la gestión estatal a partir de su inserción barrial y sentían como imperativo volver al barrio. Un recorrido que va del barrio al estado-del estado al barrio. Por la magnitud de réplica esperada para el Mugica, si se toma en cuenta la dimensión de su lanzamiento, más que incorporar una perspectiva generacional a la institucionalización territorial, se emprendió la meta de sumar a las/os jóvenes de todo el país a la tarea similar a la desarrollada desde el PTCS. Los sujetos jóvenes eran necesarios para ampliar la base social y profundizar las políticas sociales integrales en territorio. La incorporación basista y consolidación de una matriz de gestión territorial fue transversal al MDSN y significó una re conceptualización local del estado nacional que distingue a esta gestión de otras. Ello, se consolidó, por un lado, a partir de la posibilidad de decidir y supervisar las acciones de las políticas públicas por parte de estas/os actores y además, por un tipo de trabajo político que tendiera al reclutamiento y movilización juvenil (Vommaro y Quirós, 2011: 72) en el caso del PJPM. Por otro, por un trabajo social, en la medida que tendría la tarea supervisar la redistribución de los recursos para sus pares (financiamiento de proyectos, jornadas solidarias, etc.), que seguían construyendo estrategias de supervivencia en los barrios.

No obstante, por las heterogéneas procedencias, perfiles y militancias no fue posible pensar en un colectivo juvenil unificado. A diferencia de las/os dirigentes barriales adultas/os que ingresaron a diversas áreas del ministerio, no todas/os las/os jóvenes procedían de algún tipo de activismo o militancia y ser promotor/a Mugica significó la primera actividad para luego incorporarse al activismo, a la gestión o ambas. De acuerdo a una evaluación realizada en los primeros meses de 2011 el programa había llegado a alrededor de 15 de las 24 provincias del país (Cuadro 8) de manera dispar. Las razones por las que no llegó a todas las provincias, y las particularidades que se dieron en las que sí se logró de alguna manera, pueden atribuirse a: las condiciones políticas subnacionales en cada provincia del país, al vínculo político entre la nación y las provincias, que dependía de las afinidades partidarias entre el gobierno nacional y el provincial y, finalmente al cierre del programa decidido unilateralmente por las autoridades de la agencia estatal de juventud que dejó sin concretar actividades comprometidas ni entregar financiamiento de proyectos evaluados. Lo cierto es que las/os promotores/as Mugica locales, una vez que se auto percibieron de ese modo y se apropiaron de los lineamientos formales, sintieron el imperativo devolver a sus barrios y con sus pares ya desde el rol de gestores en el estado y se entrenaron en “las formas de la comunicación burocrático-legal: sistematizar, archivar, informar, certificar” (Perelmiter, 2016: 145) como era la confección de los formularios para lograr el financiamiento de proyectos productivos o comunitarios. Esos procedimientos implicaban adjuntar tres presupuestos o boletas pro forma como fundamento del pedido de subsidios y debían estar acompañados de aval de organizaciones barriales, gubernamentales locales con balances, estatutos, entre otros requerimientos. La primera etapa de financiamiento se orientó a los proyectos ya estaban en circuito en la DNJ en momentos de inicio del Mugica y que habían presentado las organizaciones locales y primeras convocadas tanto para el lanzamiento como para coordinar acciones a escala sub nacional, desde ya, con los matices en cada provincia.

Otras actividades en-territorio o escenas de la participación (Arpini, 2020) instaladas por el programa fueron los encuentros locales y provinciales (Cuadro 9 y 10), que replicaban la dinámica de Chapadmalal y reunieron jóvenes de diversas procedencias en talleres o foros durante dos o tres jornadas[50]. Los temas que debatían eran el estado, las políticas públicas, los DD HH, la participación y el rol de las juventudes en la producción de políticas públicas y de su lugar en el proceso de transformación social para lograr una sociedad justa. De este modo, se comenzó a conformar grupos de jóvenes en las provincias, que más allá de las procedencias se sintieron motivadas/os para participar de los talleres y foros o de alguna jornada solidaria en sus barrios y se consolidaron como referentes o contactos locales. Esta dinámica permitió la incorporación al trabajo territorial a jóvenes que no estaban en organizaciones o partidos antes de su inserción en el Mugica. A partir de estas actividades promovidas por el programa, se va configurando un modo de actor, el/a promotor/a y una manera de participar, ser parte del Mugica del organismo de juventud nacional. Durante los casi tres años de implementación del programa la extensión de las fronteras barriales hacia el espacio del trabajo en el estado tuvo también matices subnacionales como se verá en el capítulo 4. Este proceso que “constituye una de las grandes novedades en la composición burocrática asistencial de los años del kirchnerismo” (Perelmiter, 2016: 145) tuvo su modo de manifestarse en la dirección de juventud con el Mugica.

De este modo, el territorio de trabajo que habitaban estas/os activistas, devenidos promotores Mugica, se desplazó del barrio/escuela/sociedad de fomento/ONGs, al ministerio o las áreas de gestión locales que habían acordado con la autoridad del organismo central hacer efectiva la implementación en la provincia. La decisión política manifiesta fue priorizar el trabajo territorial por sobre el trabajo de escritorio e instalar iniciativas comunitarias en lugar los denominados programas compensatorios. Esto último, era parte de la retórica cotidiana de trabajadores/as y/o militantes y señalado como un rasgo generalizado de las políticas sociales durante los años noventa, propios de un estado ausente, aislado e indiferente de las necesidades sociales. En contrapartida, las políticas sociales en acción (La bisagra, 2007) sintetizaron ese cambio de paradigma superador del asistencialismo, que encarnaba el kirchnerismo. Es decir, “la cuestión era, al mismo tiempo, qué herramienta era capaz de producir un vínculo político que pusiera ‘en escena’ la preocupación de Estado por los ‘olvidados’ del neoliberalismo (Perelmiter, 2016: 132).

7. A modo de cierre

En este capítulo se analizó la experiencia del PJPM (2008-2011) como parte de un proyecto institucional (Soprano, 2007:29) y como acción de políticas públicas participativas (Vázquez, 2015; Liguori, 2017; Arpini, 2017). Se recuperaron los diversos contextos que propiciaron su emergencia, las condiciones de posibilidad para su génesis y el rol adquirió el estado en su función de promotor, articulador y presente en el proceso hegemónico (Mallon, 2003). El particular escenario del MDSN, el entramado burocrático y las escenas cotidianas de la agencia estatal fueron los ejes que permitieron revelar los distintos clivajes de trabajadoras/es, su lugar en la dinámica laboral y la percepción de esas/os actores acerca de su tarea en el PJPM y en un proceso de producción de políticas públicas de juventudes. Los diferentes clivajes de las/os hacedoras/es mostrados no solo dan cuenta de la heterogeneidad de los elencos estatales sino, además, los diversos sentidos que otorgan al compromiso por lo público y que de ninguna manera se agotan en las identificaciones partidaria. Asimismo, este programa puede interpretarse también como un modo de intervención con jóvenes desde el estado para lo que legitimaron ciertos grupos para realizar esa tarea y valorizan ciertos saberes militantes por sobre los saberes técnicos presentes en el estado.

En el próximo capítulo el interés se centra en las dimensiones simbólicas de la producción del programa como una acción de política pública participativa del período kirchnerista. Se muestra la manera que el programa oficializó y consagró un punto de vista sobre la figura del cura, los valores que atribuyeron y exaltaron a partir de los que se activó un modo de socializar a las/os destinatarias/os. La oficialización de una memoria colectiva y selectiva funcionó como una manera de reconocer ser joven y el ser militante como atributos enlazados y valiosos por sobre otros. Esto último, como parte de un proyecto político que se atribuyó la referencia de la movilización juvenil y artífice de la transformación social.


  1. En otros países de América Latina, se consolidaban Lula da Silva en Brasil y Hugo Chávez en Venezuela, seguirían Evo Morales en Bolivia y Tabaré Vázquez en Uruguay. Un hito fue la IV Cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Mar del Plata, Argentina los días 4 y 5 de noviembre de 2005. De la cumbre participaron 34 países de América Latina y Cuba. En esa cumbre se rechazó firmar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propiciado por George W. Bush, presidente de EE. UU. Estos acontecimientos marcaron un punto de inflexión entre las relaciones políticas entre América Latina y los Estados Unidos.
  2. Los rasgos fundamentales de la trayectoria de los movimientos sociales pueden sintetizarse en: el modo de protesta implementado, cortes de ruta o piquetes; inserción territorial, trabajo de base en los barrios y un rol de mediadores entre el asistencialismo y las/os desocupadas/os a partir de recepción y/o administración de ayudas y planes sociales. Puede verse, (Auyero, 2002); (Pereyra y Svampa, 2003); (Pereyra, Pérez y Schuster, 2008).
  3. Las fuerzas políticas que se fueron incorporando al llamado de la transversalidad, Federación Tierra y Vivienda, Barrios de Pie, Movimiento Evita y Frente Transversal Nacional y Popular; más adelante se agregarían la organización barrial jujeña Túpac Amaru y parte del Movimiento Territorial de Liberación y de derechos humanos (Asociación Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y un sector importante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), el sindicalismo disidente de la Confederación General del Trabajo, liderada por el camionero Hugo Moyano y parte de la Central de Trabajadores Argentinos y dirigentes de la centroizquierda del arco político provenientes de agrupaciones desprendidas del FREPASO, parte del Partido Socialista y del Partido Justicialista disidente, también a dirigentes de la centroderecha, entre los que sobresale la incorporación del partido Nueva Dirigencia, y de su referente, Gustavo Beliz, como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos como el Frente Grande, Memoria y Movilización Social o GESTAR.
  4. Ver cita 13 de esta tesis sobre periodización de las políticas de juventudes propuesta por Mariana Chaves.
  5. La bisagra. Políticas Sociales en Acción. Publicación institucional de distribución gratuita producida por Alicia Kirchner y colaboradores del Ministerio de Desarrollo Social y significó un documento base para su gestión y su nombre refiere a su afirmación respecto a que con este paradigma superador del asistencialismo http://www.fts.uner.edu.ar/secretarias/academica/catedras_en_linea/politica_social/documentos/La_Bisagra_Politicas_Sociales_en_accion.pdf.
  6. A modo de ejemplo pueden mencionarse los casos de Emilio Pérsico, Movimiento Evita; Jorge Ceballos y Humberto Tumini de Libres del Sur; Edgardo Depetri del Frente Transversal (FT); Luis D’Elías de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV); Mariana Gras de Militancia Social Kirchnerista (MSK), etc.
  7. Sólo dejó el cargo de ministra entre 10 de diciembre de 2005 y 16 de agosto de 2006 mientras se desempeñó como Senadores Nacional. Durante ese lapso la reemplazó Juan Carlos Nadalich.
  8. Un completo trabajo etnográfico puede encontrarse en Burocracia plebeya de Luisina Perelmiter donde de modo detallado, desarrolla los procesos aquí presentados. La autora toma tres áreas programáticas. – Programa de Seguridad Alimentaria, Economía social y Promotores Territoriales para el Cambio Social-; para su análisis en los que se diseñan sus respectivos programas durante la gestión Kirchnerista. Esas experiencias analizadas en el libro coexistieron con el Programa Jóvenes Padre Mugica promovido por la Dirección Nacional de Juventud, por lo tanto aspectos del entramado institucional serán revisados a la luz de la experiencia del Mugica.
  9. https://www.lanacion.com.ar/politica/el-texto-completo-del-discurso-presidencial-nid498849.
  10. En nuestro país se sancionó una ley en sintonía con la convención que pretende dejar atrás el paradigma del patronato con respecto a las personas que eran consideradas como “menores” a quienes se le reconoce derechos progresivos e interés superior de niñas, niños y adolescentes, por Ley 26061, de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de 2005. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm.
  11. En marzo de 2007 se creó el Consejo Federal de Juventud por Ley 26.277. La misión del consejo “será colaborar con el diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas de juventud”. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/127525/norma.htm (15/03/2020). Si bien la creación del consejo acontece formalmente unos meses antes de las elecciones que consagran a Cristina Fernández, traza líneas programáticas para su gestión. Desde el Consejo, se diseñaron las jornadas Democracia Participativa y Políticas Públicas para generar espacios de participación local y propiciar el debate y construcción de políticas con y desde las juventudes tal como se explicita en la publicación del mismo nombre y propone profundizar los cambios, impulsando la reconstrucción de una ciudadanía activa, protagonista y transformadora. Sobre materiales del consejo se puede consultar en: http://www.nuevatierra.org.ar/materialesmapas/tmp/08/material_juventud_baja.pdf.
  12. http://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/3.-CIC-Estrategia-de-gestion.pdf.
  13. El programa se organizaba en los siguientes ejes: a) Formación de formadores, promotores territoriales y sociales desde la mirada de la educación popular. b) Conformación de las Unidades de Trabajo y Participación (UTP). c) Reconocimiento de los actores locales: mediante el relevamiento en el territorio. d) Realización de diagnósticos participativos comunitarios y e) Capacitación como herramienta para facilitar la organización social y asegurar el acceso a la población a las políticas sociales vigentes.
  14. http://www.infoleg.gob.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno2-2-2009-2.htm.
  15. El trabajo tomado como referencia es la tesis de maestría de Emilia Arpini (2017), Las formas de producción de generalidad en la deliberación. El caso del presupuesto participativo en la localidad de Zárate y aportes del diálogo con la autora.
  16. El programa que dio origen a esta línea de trabajo fue “Enredando pibes” que había sido una experiencia realizada en la provincia de Buenos Aires.
  17. El programa de inclusión juvenil-INCLUIR, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estaba dirigido a Jóvenes de 18 a 25 años desocupadas/os o sub ocupadas/os en situación de pobreza, con bajo nivel de escolaridad y/o baja calificación laboral lo que suponía una política de características focalizadas. Sobre el INCLUIR puede profundizarse en Schmidt, S. y van Raap, V. (2008) “El caso del Proyecto Joven y el Programa Incluir. ¿Rupturas o continuidades en los principios orientadores?” en Salvia, A. (Comp.) Jóvenes promesas. Trabajo, educación y exclusión social de jóvenes pobres en la Argentina. Buenos Aires. Miño y Dávila. También Salvia, A. y Tuñón, I. “Los jóvenes pobres como objeto de políticas públicas: ¿una oportunidad para la inclusión social? En el mismo libro. https://www.aacademica.org/agustin.salvia/87.pdf. Para ver una experiencia subnacional puede consultarse a Barbetti, P. (2005) Políticas socio laborales juveniles: el caso del programa INCLUIR en la provincia del Chaco ¿Una nueva política? https://aset.org.ar/docs/Barbetti%2031.pdf.
  18. Entre los organismos internacionales se puede citar a Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ambos organismos financiaron programas y honorarios de consultores. UNICEF, CELAJU entre otros.
  19. En el decreto 280/87 de creación refiere que su misión era “Asistir al Secretario de Desarrollo Humano y Familia en la elaboración, ejecución y control de las políticas de desarrollo humano y referidas a la promoción de la juventud a fin de lograr su plena participación en la sociedad” (énfasis de la autora).
  20. El Grupo de Infancias, Adolescencia y Juventud del Instituto Gino Germani conformado en 1994 y coordinado por Mariela Macri y Silvia Guemureman nos convocó en 1996 como área de juventud para participar en el Primer Seminario de Intercambio de Investigaciones sobre Juventud en el que presenté una ponencia en representación de la Dirección Nacional. Mientras que simultáneamente participamos de seminarios de formación en FLACSO, en especial, durante los noventa.
  21. El concepto de Índice de Desarrollo Humano es un concepto incorporado por la gestión y tomado del (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) PNUD que se mide de acuerdo al acceso de las personas a tres dimensiones: tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.
  22. Innovar para incluir: jóvenes y desarrollo humano. Informe sobre desarrollo humano para el Mercosur 2009-2011. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD. Nueva York, diciembre de 2009. P. 271.
    https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/RHDR_Mercosur_2009_ES.pdf
  23. Se nombran a estas tres personas a modo de ejemplo. En diciembre de 2019 con el inicio de la gestión de Alberto Fernández, Donda fue nombrada al frente del INADI, Cabandié, Ministro de Ambiente de la Nación y Menéndez en la Subsecretaría de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
  24. Varios funcionarios que han tenido cargos en el área continuaron luego sus carreras políticas. Alejandro Tullio (1987-1989), se desempeñó como Directos Nacional Electoral entre 2001-2016 y Director de Asuntos Públicos del Correo Argentino en 2017. Julián Domínguez, fue Intendente en su ciudad natal, Chacabuco, Diputado Provincial y Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación entre 2011 y 2015, entre otros cargos. Mariana Gras, fue Directora del Consejo Nacional de las Mujeres entre 2010 y 2015. Por nombrar algunas/os.
  25. Con la resolución 125/2008 que firma el entonces ministro de economía Martín Lousteau se inicia el conflicto que se extendió desde 11 de marzo hasta el 18 de julio del 2008. La resolución 125 establecía un sistema de retenciones móviles para soja, trigo y maíz frente a lo que se opusieron las organizaciones del campo representativas agro ganaderas, entre las que estaban, la Sociedad Rural Argentina; Confederaciones Rurales; CONINAGRO y Federación Agraria Argentina reunidas en lo que se denominó la Mesa de Enlace. Acompañaron a dichos sectores del campo empresas de transporte lo que complicó mucho más la situación. La presidenta envió entonces un proyecto de Ley para ser debatido en el Congreso. Frente al empate, el entonces vicepresidente Julio Cobos y a cargo del senado, emitió su voto “no positivo” que significo retirar la medida luego de 127 días de paro. Marca también el comienzo del deterioro de la relación entre la presidenta y el vice que persistió hasta fin del mandato.
  26. La dimensión de “destituyentes” fue una de las consignas políticas de un nuevo espacio que se conformó a la luz de esos acontecimientos llamado Carta Abierta. Ese espacio reunió es especial a muchos intelectuales afines al gobierno, o bien, otras/os que vieron en este intento destituyente el motivo para iniciar su apoyo al Kirchnerismo.
  27. El organismo de juventud nacional, desde sus inicios, estuvo ubicado en diferentes lugares físicos, muchos de ellos pertenecientes a otras reparticiones que nada tenían que ver con las políticas de juventudes. El caso más llamativo fue la localización de las primeras oficinas fuera del ministerio de Salud y Acción Social, en 1987. Las mismas estaban ubicadas en el piso 11 del edificio de PAMI en la esquina de Avda. de Mayo y Piedras. Durante el paso por el Ministerio del Interior (1994-2000) estuvo en el ex BANADE. Entre 2000 y 2011 la dirección ocupó el 6to. piso en el ANMAT, organismo regulador de medicamentos y alimentos. Entre otros.
  28. Lluvia de ideas o Tormenta de ideas es una técnica que se usa habitualmente para que las/os participantes expresen libremente y sin demasiados escuadres, ideas o propuestas para el trabajo, en ese caso, un proyecto.
  29. El sacerdote Carlos Mugica fue un cura de la Iglesia Católica que, motivado por el Concilio Vaticano II comienza a intervenir en la institución para promover los cambios que proponía el Papa Juan XXIII en 1959 y continuado por su sucesor Pablo VI. El Concilio, proponía una renovación en la Iglesia Católica, condenaba la pobreza, la injusticia y la explotación como resultado del afán humano de poder y riqueza. También postulaba nuevas maneras de vincularse con otras religiones, promover la fe católica y la ética cristina de sus fieles. A partir de la apertura dada por el Concilio, en la década del sesenta se formó el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y, Carlos Mugica estuvo entre sus fundadores. Asimismo, desde su opción por los pobres trabajó en la villa 31 de Retiro y tuvo una adhesión manifiesta al peronismo en los años setenta.
  30. Este aspecto será profundizado en este capítulo, pero puede anticiparse que hay formas de denominar las diversas identidades de quienes trabajan y desempeñan una función en el estado, que en muchos casos, esas definiciones son más producto de la jerga cotidiana que de una estratificación formal y mucho menos, reconocida y/o legitimada en una normativa. En términos generales, si se posee calificación académica acorde a la tarea, son reconocidos/as como trabajadores/as técnico-profesionales. Quienes se dedican al circuito administrativo, es decir, a ejecutar procedimientos que se requieren en la dinámica burocrática de tramitaciones, son llamadas/os trabajadoras/es administrativas/os o asistentes. Los planteles se completan con las/os funcionarias/os del Poder ejecutivo o de la gestión de gobierno que toman las decisiones políticas o bien, son autoridad para gestionar recursos para implementar políticas. También se incorporan trabajadoras/es-militantes que acompañan las gestiones, en muchos casos sin reconocimiento de salarios y/o derechos como trabajadoras/es lo que se explica como que no cobran porque militan. Por último, hay también trabajadoras/es contratadas/os externos por organismo internacionales tales como PNUD, BID, etc.
  31. BID – Banco Interamericano de Desarrollo y PNUD- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En las agencias estatales suele contarse con especialistas o expertas/os contratadas/os por esos organismos para asesorar, diseñar o coordinar programas nacionales, con o sin financiamiento externo.
  32. El financiamiento de iniciativas productivas y de desarrollo comunitario era una línea vigente en el ministerio transversal a diversos organismos. Refiere a promover presentación de proyectos, de carácter asociativo, en este caso de jóvenes, se evaluaba su viabilidad y se financiaban. La condición era presentar comprobantes de inversión y no se reintegraba el dinero. Estos proyectos eran productivos, para fortalecer las condiciones laborales y socio-comunitarios que tenían el propósito de fortalecer espacios barriales deportivos, culturales, etc. donde las/os jóvenes participaban. Las actividades de capacitación, expresadas en los programas como líderes comunitarios o promotores socio-comunitarios ofrecía, según demanda, talleres con jóvenes en todo el país. En los encuentros se trabajaban temáticas de interés juvenil con el fin de brindar información y fortalecer la prevención y propiciar la atención de las mismas en el territorio. Las jornadas solidarias suponían, a partir de pedidos concretos, la entrega de insumos y asistencia del equipo técnico para la realización de actividades que procuraran mejorar espacios informales o instituciones, como así también predios al aire libre, con el fin de constituirlas en lugares para ser disfrutados o bien, apropiados por la comunidad.
  33. Este tipo de articulación de acciones gubernamentales para jóvenes fue intención de diversos gobiernos. Ya en el gobierno de Alfonsín se constituyó una interministerial en la cual participaron activamente referentes de la entonces Subsecretaría de Juventud. Sin embargo, el abrupto final de dicha gestión dado la entrega anticipada del gobierno a Menem, interrumpió la iniciativa. Lo mismo sucedió luego, con este intento en 2008. Durante el gobierno de Alfonsín, se creó, por Decreto 1618/88, la Comisión Interministerial de Juventud (1988). Por su parte, en el gobierno de Menem, por el Decreto 550 (24/05/99), se creó el Gabinete de la Juventud con funciones de coordinación de políticas. Este Gabinete, debía elaborar un “Plan Nacional de Juventud” a partir de propuestas sectoriales y a través del desarrollo coordinado de todas las acciones del Gobierno Nacional destinadas a la juventud. En ninguno de los dos casos, la instancia de coordinación logró concretarse.
  34. En el área de juventud la totalidad de sus funcionarias/os eran jóvenes. Sin embargo, la incorporación de jóvenes mujeres y varones en puestos directivos se replicó en otros organismos del gobierno. Esto también marca una acción coincidente con el lugar protagónico que se le asigna a las juventudes durante esta etapa.
  35. Según datos de una trabajadora del consejo entrevistada por el equipo GEPoJu, en el primer encuentro de Argentina Soberana y Popular realizado el 7, 8 y 9 de mayo de 2010 en Chapadmalal, participaron 2.500 jóvenes de todo el país. El Segundo, en Córdoba, alrededor de 5.000.
  36. Durante ese período se asistía a las/os jóvenes agrupadas/os para tramitar personería o bien, a grupos que fueran avalados por organizaciones sociales ya establecidas en el territorio y portadoras de la documentación necesaria. No se implementaban respuestas individuales ni se apoyaban iniciativas que no tuvieran dimensión comunitaria. Los casos de ayuda individual que requería asistencia inmediata, sea para jóvenes o adultas/os, se canalizaba por el Área de Ayudas urgentes y por única vez, como aún se realiza en el MDSN.
  37. La Ciudad Balnearia de Chapadmalal fue construida por decreto 9305/1945 por iniciativa de la Fundación Eva Perón durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Tiene nueve hoteles, de dos pisos, con techos de tejas rojas y fachadas con piedras de la zona. El complejo preveía una administración, un correo, un centro de salud y zona de comercios en las plantas bajas, entre otros servicios que la convertía en una ciudad en sí misma. Los hoteles para turismo social estaban destinados para que empleadas/os públicas/os, trabajadoras/es, niñas/os, adultas/os mayores y personas con discapacidad accedan a vacaciones frente al mar de manera gratuita.
  38. Los valores que se le asignaron al sacerdote Mugica son Equidad, Igualdad, Integración, Compromiso, Organización, Justicia Social, Participación, Solidaridad, Identidad y Libertad. Aspectos simbólicos relacionados a los valores se trabajan en el capítulo 3, Los guardianes de Mugica. La producción simbólica de una política púbica. No hay en los documentos del programa motivo de la selección de estos valores por sobre otros. Más bien, todo indica que se elaboró en base a una matriz idealizada respecto de los atributos de la figura militante.
  39. Estuvieron además, Jefe de Gabinete, Sergio Massa; Ministro del Interior, Florencio Randazzo; Ministra de Defensa, Nilda Garré; Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el de Trabajo, Carlos Tomada.
  40. Las leyes de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Géneros o Asignación Universal por Hijo entre otras.
  41. http://discursosdecristina.blogspot.com.ar/2008/08/palabras-de-la-presidenta-sobre-el.html.
  42. Varios de los documentos consultados corresponden a mi archivo personal. Se trata de diversos materiales producidos para información pública entre 2008 y 2009, y muchos son inéditos.
  43. Decreto Nº 214/06 Homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Vigencia. Artículo 156. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114315/texact.htm.
  44. Ver cita 21 de esta tesis sobre Resolución 48 de regulación del empleo público nacional, sancionado por la Función Púbica en diciembre de 2002 y puesto en vigencia en mayo de 2003.
  45. Como cualquier espacio laboral, también hay personas que se van por decisión, en busca de otro trabajo o bien por cuestiones personales, etc. La referencia a este aspecto es porque es distintivo de estos ámbitos.
  46. Se toma el concepto de cohesión, que la autora canadiense Jane Jenson trabaja en su texto sobre cohesión social, porque resume aspectos que son de utilidad para comprender la situación de integración y compromiso que se manifestó en el período de ejecución del programa. Jenson plantea que la cohesión se basa en valores compartidos y descompone el concepto en 5 dimensiones constitutivas las que resumen la noción de cohesión aquí planteada: pertenencia, inclusión, participación, reconocimiento, legitimidad, atributos que se compartía durante el período analizado. Mapping Social cohesion. The State of Canadian Research. CPRN Study Nº F/03 p.15 http://www.cccg.umontreal.ca/pdf/cprn/cprn_f03.pdf (Traducción mía).
  47. Compañera/o es el modo que se nombran las/os militantes peronistas entre sí. Ser compañera/o significa estar del mismo lado, ser peronista.
  48. El último ingreso de trabajadoras/es a la planta permanente en el MDSN había sido en 1987, es decir, llevaban aproximadamente 20 años en sus funciones. En 2014, se reanudó el ingreso a planta permanente por medio de concursos, que se repitieron en 2015, 2017 para el caso del ministerio de referencia.
  49. No se debe soslayar el origen de esa frase que fuera tomada también para ilustrar el Eternauta. La pronunció con motivo de la puesta en marcha del INCLUIR ya nombrado en este capítulo.
    https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24595-blank-37007483.
  50. El programa contemplaba una etapa de foros en los que los talleres y diagnósticos locales centraban las discusiones en las políticas públicas y hacían énfasis en las de Derechos Humanos, Asignación Universal por Hijo, Ley de Medios Audiovisuales, todas políticas centrales de la gestión durante el período analizado.


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