“Nuestro lugar es éste, nuestros derechos son éstos, lo que nosotros tenemos que exigir es esto”^[1]

Introducción

Este capítulo aborda un desplazamiento respecto de las modulaciones de las dimensiones que observamos en la experiencia de clase que presentamos en el capítulo 3. En nuestro análisis, un desplazamiento supone encontrar una ruptura e invalidación de los campos de sentido que organizan las dimensiones de la experiencia de clase (situación de clase, antagonismo de intereses, estrategias de acción y solidaridad). En el plano enunciativo, los reconocemos a partir de la presencia de marcas de la negación metadiscursiva.

Las marcas discursivas de estos nuevos sentidos se encuentran mayormente presentes en un conjunto más amplio de comunicados entre 2008 y 2016, y también en las entrevistas realizadas en los años 2010, 2011 y 2016^[2]. Es necesario advertir que la distribución de los comunicados en estos años no es uniforme. Entre 2008 y 2011, las asambleas emitieron entre 4 y 5 comunicados por año; en el año 2012 éstos ascienden a 26. Este aumento notorio de la producción coincide con una serie de eventos importantes, entre los que se encuentra el inicio del segundo gran corte permanente de las asambleas en el paraje de Alto Carrizal, Departamento Famatina, en oposición al convenio de exploración firmado entre el gobierno provincial y la empresa minera Osisko Minining Co. En los años 2013 y 2014, la cantidad de comunicados emitidos es similar: 25 en cada año; en general, éstos focalizan principalmente en las denuncias sobre los avances de los proyectos de explotación de uranio sobre el territorio riojano. Recién en 2015 y 2016 la producción de textos públicos disminuye significativamente otra vez: 10 en 2015, y 7 en 2016.

También en este capítulo los fragmentos de comunicados y entrevistas que incluimos en el cuerpo del texto se seleccionaron de acuerdo a la mayor representatividad y concentración de los sentidos y relaciones que, según el caso, se busca explicar. Estos fragmentos siguen las reglas de transcripción explicitadas en el capítulo 1. Resaltamos en negrita las expresiones, palabras o construcciones gramaticales o sintácticas que queremos destacar, según el aspecto analizado.

Con estas consideraciones, el capítulo se organiza de la misma manera que el anterior, es decir, a partir de las cuatro dimensiones de la experiencia de clase. El apartado 1, se dedica a exponer el tipo de situación de clase, basada en un colectivo de identificación que se nombra como “ciudadanos y ciudadanas”, un daño-desposesión que se elabora como “entrega” y como “violencia”, y un ellos que se amplía y nominaliza como “modelo extractivo” y como “clase política”. El apartado 2, focaliza en la “autodeterminación” como nuevo interés de la lucha, que, en su contraposición con los intereses adversarios, representa un mayor nivel de polarización. El apartado 3 trata la particular ponderación y sentido de dos nuevas estrategias de acción política, en su propio campo de confrontación con las formas de contra-estrategia del adversario. Por último, el apartado 4 muestra una re-elaboración de la solidaridad, que adquiere características de mayor sistematicidad en la creación de vínculos, y no sólo entre asambleas ambientales.

Tabla 5. Resumen de las modulaciones de la experiencia de clase. Momento II

EXPERIENCIA DE CLASE: MOMENTO II
DIMENSIONES	Situación de clase  (Apartado 1)	Nosotros: los ciudadanos El daño-desposesión: la entrega y la violencia Ellos-la oposición: el modelo extractivo y la clase política
	Interés de lucha (Apartado 2)	Interés: la autodeterminación Contraposición de intereses: polaridad
	Estrategias y contraestrategias (Apartado 3)	Información y la producción de conocimiento Ocupación del espacio
	Solidaridades (Apartado 4)	Solidaridad corporativa Solidaridad política

1. La situación de clase

Presentamos en este apartado una nueva elaboración de la situación de clase a partir de sus tres sub-dimensiones: la identificación de un colectivo social –el nosotros–, de una nueva forma de definir el daño-desposesión y, por último, de nombrar la oposición –el ellos.

1.1. Nosotros: los ciudadanos y ciudadanas

Los “ciudadanos” es el vocativo que nombra a los sujetos que ahora serán parte del nuevo conjunto social de referencia para la situación de clase. Como lo advertimos en el capítulo 3, el nosotros siempre se presenta como forma a partir de la cual se despliega el proceso de identificación, pero ya no se trata de un pueblo de “pobladores”, sino que ahora se adopta la noción de “ciudadanos y ciudadanas”.

Tanto en análisis propios como de otros investigadores e investigadoras^[3], se advierte que la categoría “ciudadanía” ha sido reflotada por las luchas ambientales como referente semántico que, lejos de buscar y sellar una identificación con el ciudadano de los textos constitucionales, es apropiada para visualizar el intervalo que separa un conjunto social de otros. Ello confirma, a su vez, tanto la disponibilidad y arraigamiento de esta categoría en la cultura política argentina, como la redefinición constante de sus límites y apropiaciones en el marco de relaciones de fuerza históricas y concretas. Justamente, esto último es lo que mostraremos en este apartado.

En el plano enunciativo recurrimos, nuevamente, al análisis de prodestinatarios (Verón, 1987). Prestamos atención a la expresión del vocativo^[4] “ciudadanos” tanto desde un “nosotros inclusivo” (“nosotros, los ciudadanos”), como en su desarticulación en la segunda (“ustedes, los ciudadanos”) o tercera persona (“ellos, los ciudadanos”) del plural –o, para algunos casos, también el singular–. Por último, también observamos algunos usos a partir de nominalizaciones (“la ciudadanía”). A continuación, tratamos estas modulaciones en tres subsecciones.

1.1.1. Nosotros, los ciudadanos, pobladores con derechos

Con la palabra en bandera,

con este silbo ancestral,

diciendo, los pueblos,

que aquí están para andar.

Juan Arabel, “Un ínfimo hilo de luz”.

En una primera distinción enunciativa, el vocativo “ciudadanos” aparece en los comunicados y entrevistas desde un “nosotros inclusivo”: “nosotros, los ciudadanos”. En la mayoría de los casos, lo que se resalta es que los ciudadanos “saben y están informados”. El sintagma nominal que resume esta idea es: “somos pueblo pensante”, contenido en uno de los comunicados de 2014^[5]. Esta condición “pensante” es, antes que una cualidad cognitiva, una cualidad pragmática y programática que, como veremos, modifica sustancialmente la forma de habitar el lugar.

En esta línea, “ciudadanas y ciudadanos” son poseedores de un saber en tres planos: en primer lugar, un saber sobre las certezas de las consecuencias negativas de la explotación minería^[6]; en segundo lugar, un saber sobre la voluntad propia, sobre lo que se quiere (o no se quiere) para el propio lugar^[7]. Estos son elementos que estaban ya presentes en la modulación anterior del nosotros, vista en el capítulo 3. Pero ahora, y especialmente a partir de 2008, los comunicados advierten que los sujetos poseen otro tipo de “saber”: la posesión del territorio, la forma en la que habitan el lugar, es un “derecho”.

Salvo para el “derecho al ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”, formulado en esos términos en el art. 41º de la Constitución Nacional, la enunciación de un plexo amplio de derechos no es respaldada con una referencia a cuerpos legales nacionales, internacionales o provinciales. Lo que en los comunicados de 2006 y 2007 aparece tímida y formalmente como “nuestros derechos”, adquiere una precisión específica en el primer comunicado de 2008:

Luchar por la vida es luchar contra el saqueo en todas sus variantes porque cuando nos saquean los minerales nos envenenan el aire, la tierra y el agua, cuando nos envenenan la calidad educativa nos envenenan el derecho a la inteligencia, cuando nos envenenan la libertad de prensa envenenan el derecho a la información, cuando envenenan la calidad institucional envenenan el derecho republicano, cuando envenenan los aportes jubilatorios nos envenenan el derecho a una vejez digna, cuando envenenan la independencia de la justicia nos envenenan el derecho a la igualdad, cuando nos atacan la identidad cultural nos quitan el derecho de pertenencia. (CI 2008-C5.ACR)

Fundamentalmente, antes que una protección, preservación o habilitación a una posesión, la asignación de “derechos” a permite una reelaboración de la relación de “los pobladores” con el lugar. Al elaborar un nosotros como “ciudadanos con derechos”, no solo se reconfirma y legitimar su condición de poseedores y propietarios de bienes naturales en el lugar; este desplazamiento discursivo es central en el proceso de identificación porque habilita un régimen de lo que los y las ciudadanas pueden y deben hacer: “exigir” legítimamente el acceso, control, gestión de esos bienes.

nuestro lugar es éste, nuestros derechos son éstos, lo que nosotros tenemos que exigir es ésto. (CI 2010-E03. ASAMBLEA CIUDADANA CHILECITO)

En este primer comunicado de 2008, son los “ciudadanos” los que, resaltando gráficamente la palabra en mayúscula, “EXIGIMOS que de una vez por todas dejen de dar la espalda al pueblo”^[8]; en 2010, son los que saben que “nada cambia si no nos movemos, salimos a la calle y les exigimos a nuestros funcionarios que respeten a este pueblo en sus decisiones”^[9]. En 2012, son los que “tenemos derecho y exigimos el acceso a esa información”^[10]. En el 2014, y ante la instalación de un proyecto de explotación de uranio en el Departamento Capital, “gritamos nuevamente que NO DAMOS LA LICENCIA SOCIAL A LA MEGA MINERIA exigiendo que se vaya la CNEA de nuestros cerros, que se vaya Uranios AG de nuestros llanos riojanos, y exigimos a los gobiernos nacional y provincial la obediencia al mandato popular”^[11]. Son también los que activan el derecho-en-ejercicio frente al ataque de las fuerzas opositoras, especialmente ante la represión: “no hemos cometido ningún delito, sino que simplemente hicimos uso de nuestro derecho constitucional de libertad de expresión y circulación de ideas al repartir los volantes”^[12]; o en 2015, son los que “no aceptamos censuras ni pedimos permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio”^[13].

De ahí que la reelaboración de este nuevo colectivo de identificación no conlleva la asignación de un título vacío, sino que es una operación discursiva que consagra una condición pragmática y programática para los habitantes del lugar^[14]. Los “ciudadanos y ciudadanas” no son sujetos meramente portadores de derechos; en un campo de activas relaciones de fuerza, los “ciudadanos” son siempre-ejercitadores y siempre-exigidores de derechos: “aquí están, para andar”.

En su contraparte, esta reelaboración es una denuncia de un régimen de asignación asimétrico de derechos entre pobladores, empresas y gobiernos que es propio o característico de las comunidades con conflictos por la instalación de grandes empresas mineras (de la Vega, 2013; Machado Aráoz, 2013). Ejercer y exigir derechos, constituirse “ciudadanos o ciudadanas” es la base sobre la que pivotea una nueva elaboración del nosotros, y ello sólo tiene sentido en el marco de una disputa, de sus resultados y de sus movimientos con las fuerzas adversarias. Remarca –antes que un registro informado de los textos legales, constitucionales o normativos– un reposicionamiento del nosotros, que es también una estrategia discursiva ante un nuevo –y siempre inestable– resultado de las relaciones de poder que las luchas cuestionan, atacan y reconfiguran^[15].

1.1.2. Ustedes, los ciudadanos, vengan

Una segunda distinción enunciativa aparece cuando el apelativo “ciudadano” se presenta en su forma alocutiva, bajo la segunda persona (tú/vos/ustedes): “ustedes, los ciudadanos”. Aparece más frecuentemente en los comunicados para interpelar y convocar a los “ciudadanos” a ejercer esos derechos, a seguir haciéndolo, a volver a hacerlo, o a reflexionar sobre la necesidad de hacerlo. Es decir, se trata de un uso en el que el enunciador refuerza y motiva el rol político de los “ciudadanos”, tal como definimos en la sección anterior. En los extractos de abajo, esa exhortación se hace desde fórmulas de cortesía, tales como: “los invitamos”, “los convocamos”; están dirigidas a “todos” los ciudadanos (la forma nominalizada “la ciudadanía” refuerza este llamado a “todos”), y son usadas ante la programación y difusión de acciones masivas de movilización en o hacia espacios públicos:

 

Resistimos a las injusticias y abusos de poder que impiden el desarrollo democrático de los pueblos y la participación activa en defensa de nuestros derechos fundamentales. Por ello, invitamos a todos los ciudadanos a que ejerzan sus derechos por una sociedad más justa, equitativa y sustentable. (CI 2015-C104.CxLV-AER-VACa-ARC-ALL)

Convocamos a los ciudadanos de La Rioja a volver a movilizarnos el día 9 de Diciembre de 2016 a las 10 hs. en Plaza 25 de Mayo y manifestar como lo venimos haciendo desde hace años que no queremos megaminería en nuestra tierra porque sabemos que tenemos derecho a exigir no ser condenados al exterminio como tantos pueblos que han sufrido la contaminación de sus ríos, la destrucción de sus montañas y glaciares, la enfermedad y muerte de sus habitantes para el enriquecimiento de empresas multinacionales con la complicidad de los gobiernos nacionales y provinciales. (CI 2016-C115.ARC)

1.1.3. Ellos, los ciudadanos y los pobladores/vecinos

Una tercera distinción enunciativa aparece cuando el apelativo “ciudadanos” se desprende del “nosotros inclusivo” y se presenta en la tercera persona (del plural o del singular), “ellos, los ciudadanos”. Tenemos aquí una transformación del apelativo hacia su forma delocutiva: ahora los “ciudadanos” son aquello de lo cual se habla. Lo que revela el análisis es una coexistencia entre dos tipos de apelativos: los “ciudadanos” y los “pobladores”; ésta última, recordamos, era la forma de nombrar al nosotros en la situación de clase revisada en el capítulo 3.

Hay una cantidad importante de vecinos que nos ha manifestado su apoyo, nos han pedido que sigamos adelante, que ellos no pueden porque RECIBEN DISTINTAS PRESIONES QUE LES IMPIDEN EXPRESARSE LIBREMENTE. (CI 2010-C16.ACR)

Yo creo que una democracia no puede, no debe ser representativa; tiene que ser absolutamente participativa porque ya te das cuenta lo que hacen nuestros representantes con la democracia: se la pasan por el orto y la voz de la gente se la pasan por ahí también. Entonces me parece que no sirve, que si la conciencia ciudadana del poblador, de la gente común no va cambiando vamos a seguir teniendo esto que tenemos. (CI 2010-E12 ASAMBLEA RIOJANA CAPITAL)

Toda esta experiencia acumulada en nuestras luchas ha fructificado en nuestros pueblos: cada vez más son los vecinos que toman conciencia, sacan sus conclusiones, y sostienen firmemente que la mega minería MATA. (CI 2016-C109.ARC-CxLV-CCAY)

De esta coexistencia se advierten dos relaciones importantes para nuestro análisis. La primera, es una relación de diferenciación entre “los vecinos”, “la gente común” o “los pobladores”, por un lado; y “los ciudadanos y ciudadanas”, por otro. Los primeros, son vocativos que, cuando son presentados en tercera persona, advierten una doble distancia enunciativa: no son “ciudadanos” y no están dentro del nosotros. Todos ellos, no saben y no ejercen-exigen derechos, en algunos casos, porque “reciben presiones para no hacerlo”, tal como lo define el primer extracto de arriba.

La segunda relación entre “pobladores/vecinos/gente común” y “ciudadanos/ciudadanas”, es una relación de transformación: los primeros pueden transformarse en los segundos, pasar de ser “pobladores/vecinos/gente” a ser “ciudadanos”, transformación que podríamos graficar como: poblador→ciudadano. Esta posibilidad de transformación es importante porque, como ya explicamos, conlleva un cambio cualitativo en la forma de habitar el lugar. Especialmente en los comunicados entre 2008 y 2016, esa transformación se presenta como incompleta o inacabada, es decir, no todos los “pobladores” han recorrido el camino para transformarse en “ciudadanos”. No obstante, sí se registra que los “pobladores” son el origen y la base para llegar a transformarse en “ciudadanos”. Así, la ciudadanía siempre se presenta atada al lugar donde se vive con otras y otros; sin ello, no tendría ninguna validez^[16]. Pero a su vez, es una versión cualitativamente superior en términos de politización de la subjetividad.

Comprender tal coexistencia y relaciones entre “ciudadanos/ciudadanas” y “pobladores/vecinos/gente común” exige reconocer algunas circunstancias particulares del periodo analizado. En primer lugar, entre 2008 y 2016 se multiplican los focos de organización asamblearia, lo que llaman la atención sobre nuevas localidades y pueblos, posible o efectivamente afectados por proyectos mineros: allí son primero los “pobladores” quienes descubren la operación de nuevos proyectos de explotación o exploración, dando origen a nuevos núcleos de organización. Así, por ejemplo, comienza a caminar la Asamblea de los Llanos por la Vida, que adopta la expresión “por la vida” en su nombre, de la misma manera en la que se habían bautizado las asambleas de Chilecito y Famatina. La Asamblea de los Llanos por la Vida emite su primer comunicado en 2012^[17], ante el anuncio del inicio de proyectos de explotación de mármol y uranio en una zona conocida como Quebrada del Vallecito. En 2014, también se organiza la Asamblea El Retamo, en Nonogasta y alrededor de la contaminación provocada por la curtiembre en las particulares circunstancias que describimos en el capítulo anterior. En 2014, además, firman su primer comunicado los Vecinos Autoconvocados de Las Higuerillas, Puerto Alegre, El Duraznillo, Agua Blanca, Las Cañas y El Cantadero, que se congregan ante el inminente inicio de operación de un proyecto de explotación de uranio a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en la zona conocida como El Cantadero, Departamento Capital –ello, a pesar de que en 2012 se había sancionado la ordenanza n° 4.930 que declaraba al municipio como “no toxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”. En estos casos, nuevos “pobladores” entran en la escena de lucha, con sus acoples y desacoples respecto del proceso de las ya consolidadas asambleas de Famatina, Chilecito y Capital.

En segundo lugar, el uso de los apelativos “vecinos/pobladores/gente común” o “ciudadanos/ciudadanas” es una elección condicionada por el registro que las asambleas tienen respecto de los resultados y efectos de sus estrategias y el estado de la correlación de fuerza con quienes identifican como adversarios. Ello puede observarse en dos tipos de situaciones. Por un lado, cuando la relación es favorable a las asambleas, el acento se pone en la posibilidad efectiva –aunque inacabada– de la transformación pobladores→ciudadanos, en tanto efecto directo de las propias estrategias políticas de formación e información: “no hubieran sido posible sin el trabajo sostenido”, dice el extracto de abajo. Las expresiones de “triunfo” o “logro”, sin duda, son marcas del registro del triunfo propio, que, aún, representa una batalla parcial, más no un “salto”:

La Asamblea Riojana de Capital considera que la sanción de la Ordenanza MUNICIPIO NO TÓXICO, NO NUCLEAR Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE, es un triunfo del pueblo de La Rioja que ha expresado de manera masiva en diferentes movilizaciones y a través de las redes sociales su rotundo No a la mega minería y que estas manifestaciones no hubieran sido posibles sin el trabajo sostenido de información y concientización que las asambleas de toda la provincia y la ciudadanía vienen realizando desde hace años. (CI 2012-C32.ARC)

Porque creemos que el verdadero cambio sobrevendrá con el salto de conciencia de la comunidad, a través de su participación activa que impedirá que las dirigencias y/o gobiernos sigan reproduciendo el mismo sistema y empleando las mismas prácticas; logro ya referenciado en el reciente estallido de la ‘primavera estudiantil’ de la UNLAR y en el freno a algunos emprendimientos mega mineros devenidos de la autoconvocatoria popular. (CI 2013-C69.ACR)

Por otro lado, puede advertirse un “regreso” al uso de los apelativos “pobladores/vecinos/gente común”, que podríamos graficar como pobladores←ciudadanos. Ello sucede cuando prima una percepción desfavorable en el resultado de la correlación de fuerzas con el adversario. Es el caso de los comunicados donde aparece la firma de los Vecinos Autoconvocados de Las Higuerillas, Puerto Alegre, El Duraznillo, Agua Blanca, Las Cañas y El Cantadero –que son relativamente pocos, 3 en 2014 y 1 en 2015, y en casi todos ellos, otras asambleas acompañan con la firma^[18]. En ellos, es notoria la preponderancia del uso del vocativo “vecinos”, incluso se refleja en el nombre de este nuevo colectivo. En estos comunicados, se elige hablar de “los vecinos”, y no de “los ciudadanos”. Pero aquí son los “vecinos” los que reclaman, exigen, y, ciertamente ejecutan acciones contundentes –por ejemplo, el corte permanente que sostuvieron en la ruta nacional 38 por 6 meses, desde marzo de 2014. Son también los “vecinos” los que “tomaron plena conciencia”^[19]. En estos comunicados, hay más bien un uso que asimila “vecinos” y “ciudadanos”. Ello no representa la anulación de la relación de transformación cualitativa que supone el paso pobladores→ciudadanos, sino que la elección de resaltar a los “vecinos” en los enunciados se produce aquí cuando, simultáneamente, se registra un ataque hacia las asambleas que cuestiona la legitimidad “de origen” de los ciudadanos, la condición de habitantes o pobladores efectivos del lugar. Cuando el nosotros “ciudadano” se percibe agredido como “foráneo” o “extranjero”, entonces resulta necesario reforzar el vínculo vital de los enunciadores con el lugar, se vuelve necesario hablar otra vez de “pobladores”^[20].

Lo anterior nos abre un panorama nuevo para las discusiones sobre los sentidos que las luchas ambientales actualizan alrededor de las categorías de “pobladores/vecinos/gente común” y, su relación con la categoría de “ciudadanía”. Por un lado, su uso produce formas de (i)legitimidad para determinados grupos sociales. Pero, por otro lado, siguiendo la advertencia de Tufró (2013), justamente por lo anterior la categoría “vecino” es pasible de ser inscripta en una multiplicidad de discursos y, algunos de ellos,  no necesariamente proponen una defensa del espacio público^[21]. Ello conlleva la necesidad de observar, para cada caso de movilización política, los diferentes efectos de sentido que tiene su uso. Para el caso de las asambleas riojanas, el uso de la categoría “vecinos” no puede ser considerada, superficialmente, como la manifestación de una posición a-política, sólo sobre la base de suponer que el contenido de la categoría “vecinos” representa una des-politización del “ciudadano”, que recluye a los sujetos a un supuesto espacio privado. Esta lectura privilegiaría el valor político de la condición “ciudadana” por sobre la condición “vecinal” y ha sido especialmente usada en el análisis de luchas ambientales. Por ejemplo, en el texto de Merlinski (2013) se subestiman estos matices respecto de la condición política de “vecinos” o “ciudadanos”, cuando advierte que ambas categorías suelen ser usadas indiferentemente y connotan una forma de involucramiento colectivo que resalta la “honestidad”.

Como ya vimos, para las asambleas riojanas, la desconfianza y el descrédito al sistema político-partidario no solo están presentes, sino que, más aún, se ratifica la crítica hacia aquella autonomización de la relación política representativa –tal como vimos en el capítulo anterior^[22]. No obstante, el uso de la categoría “vecinos”, más que apuntar a un espacio social de confianza y homogeneidad, se expone como un operador de diferencia y de calidad política (los “vecinos” son distintos a los “ciudadanos”) que atiende al tipo de relación entre los sujetos y el lugar que habitan. La visibilización o el énfasis de una u otra condición, es decir, el uso discursivo de una u otra categoría, se comprende mejor como una estrategia de disputa de sentido en respuesta a una contra-estrategia adversaria que ataca ya las condiciones asociadas a los “pobladores y pobladoras”, ya las condiciones asociadas a los “ciudadanos y ciudadanas”.

1.2. El daño: la entrega y la violación de derechos

Verificamos dos desplazamientos respecto de la manera anterior en la que se elabora el daño-desposesión. Por un lado, el daño impugnado es nombrado, ya no como “contaminación” o “destrucción”, sino como “entrega” de la tierra, el suelo, el agua. Esta “entrega” se ve y se denuncia ya consumada en la experiencia pasada y presente de los sujetos, es decir, en la enunciación del daño-desposesión se borra cualquier noción de riesgo o posibilidad. Aquí, el daño-desposesión es siempre un hecho ya producido y, por eso, posible de ser constatado. Por otro lado, el daño que en la modulación vista en el capítulo 3 constituía un “desprecio” sobre la voluntad de los “pobladores; ahora adquiere una valoración mucho más intensa como “violencia” a los “derechos ciudadanos”.

Explicamos a continuación ambos desplazamientos y, para ello, al igual que en el capítulo anterior, recurrimos a identificar aquellas marcas de modalidad valorativa que nos permiten reconocer qué es lo que se vuelve objeto de impugnación. Luego, incluimos el análisis de las formas de evidencialidad en la enunciación, esto es, la manera en que el enunciador se relaciona con los indicios o puntos de vista que autentifican, justifican o desencadenan la constatación de tal daño.

1.2.1. El daño-desposesión: la entrega consumada, pasado y presente

Por diferentes razones, durante casi diez años,

he cantado desengaños, rebeldías e ilusiones;

esas fueron mis canciones durante todo ese tiempo; a algunas las llevó el viento y otras dejaron memoria, pero el tiempo no es la Historia, ni la vida es pensamiento.

Alfredo Zitarrosa, “Diez décimas de autocrítica”.

En los comunicados que las asambleas publicaron entre 2008 y 2016, aquello que con mayor presencia se vuelve objeto de impugnación es la “entrega”. A diferencia del daño-desposesión que se elaboraba en la modulación del capítulo anterior, la “entrega” subordina explícitamente la “contaminación ambiental” o la “destrucción natural” como efectos de algo más grave y lógicamente anterior: el saqueo, el robo, el remate y la expropiación de los bienes naturales. Así entendida, la “entrega” es calificada negativamente con adjetivos como “vergonzosa”, “obscena”, “inescrupulosa”; tal valor negativo también se produce a través de sufijos como “entreguista” o “entregador”^[23]; o es representada al halo de una escena validada (Maingueneau, 1996)^[24] de impugnación: aquella en la que los gobiernos “sirven en bandeja” manjares a “los buitres”.

Hemos hecho público en los meses anteriores, la constante entrega oficial de territorio riojano (Cerro Blanco a Suramina en Villa Castelli, El Tendal, Vinchina, a LATAM; Malanzán, Chepes, Olta, Los Colorados, Sañogasta. Miranda, Guanchín, Guandacol, a Uranios del Sur; Sanagasta y la Costa a la CNEA), y del mismo modo, múltiples cesiones de territorio y bienes comunes sociales a diversas empresas multinacionales mineras. (CI 2009-C8.ACR)

Todo el pueblo riojano se está viendo afectado por la entrega de nuestros bienes comunes a las grandes empresas. (CI 2013-C55.ACR)

Latinoamérica estaba y está en remate, los buitres vienen por todo y los gobiernos nacionales y populares les sirvieron y les sirven nuestros manjares en bandeja, es más prepararon leyes para apalear, judicializar y encarcelar a los que se opusieron y aún hoy se oponen. (CI 2013-C49.ARC)

La “entrega” describe un daño-desposesión que es permanente y ya no conserva cualquier carácter inminente o potencial. La “entrega” es un daño siempre consumado y efectivo; no una posibilidad o un riesgo pues no se constata para una coyuntura específica, sino que tiende a enunciarse en un plano continuo y atemporal. Esto se hace evidente a partir de tres estrategias discursivas:

1. el uso de una nominalización verbal (“la entrega”, “el saqueo”, “la cesión”, “el remate”), que permite que el discurso se enfoque más estados, o en productos de proceso, más que en las acciones que los motorizan;
2. la adjetivación de “la entrega” como “constante” o “múltiple”, lo que establece una idea de estado permanente que no cesa de producirse;
3. su descripción en los modos indicativos del presente simple o continuo, acompañado por el modo del pasado simple y continuo.

Si esta “entrega” es reiteradamente comprobada en el discurso asambleario es porque, en el periodo que se abre en 2008, una serie de cambios en los cuerpos legales provinciales habilitaron la concreción, sustento normativo y difusión de una serie de nuevos convenios de exploración minera. En agosto de 2008, la Legislatura provincial sanciona la ley provincial Nº 8.355 que en su artículo 7º deroga explícitamente las leyes Nº 8.137 y Nº 8.138, que prohibía la explotación minera a cielo abierto y llamaban a consulta popular en los Departamentos de Famatina y Chilecito; meses después, sanciona la ley Nº 8.380 crea la Empresa Estatal de Energía y Minerales, Sociedad del Estado (EMSE). Esto le permite al gobierno provincial una serie de acciones:

1. firmar convenios en 2008 con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la prospección, exploración y evaluación de depósitos de uranio en 12 áreas de la provincia;
2. aprobar en 2009 los derechos de exploración del proyecto Salamanca a cargo de Minas Argentinas S.A., subsidiaria de la canadiense Yamana Gold; también publica la vacancia de la mina El Oro, ubicada en el lado oriental de la sierra de Famatina, a 35 km de Chilecito;
3. firmar en 2010 un acuerdo de compromiso de inversión con la empresa china Betec Group Pr., por 26 millones de pesos para tareas de exploración minera; y efectiviza un convenio con Caudillos Resources, empresa de capitales australianos, para la exploración y eventual explotación de uranio específicamente para la localidad de Los Colorados.
4. efectivizar en 2011 el controvertido acuerdo de explotación del cerro Famatina, entre EMSE y Osisko Minning Corp., empresa con radicación legal en Canadá.
5. anunciar en 2012 la explotación de una cantera de mármol negro en La Quebrada del Vallecito, localidad de Olta, por la empresa cordobesa Kursaal S.A; así también, se emite la resolución Nº 280/12 de la Secretaría de Ambiente provincial, en la cual se reglamentan las actividades turísticas y mineras en la zona cordillerana de reserva natural Laguna Brava, conociéndose por ello una serie de empresas que entre 2003 y 2012 obtuvieron permisos de exploración o explotación en el área^[25].

Para dar cuenta de “la entrega” como un daño-desposesión “múltiple”, los comunicados incorporan un  registro evidencial que se muestra preponderante desde 2012, y que, a modo de ejemplo, puede advertirse en los siguientes fragmentos:

El estudio retrospectivo de los Boletines Oficiales de La Rioja, prácticamente la única fuente de documentación oficial pública disponible, -en muchos casos faltantes o mutilados- sigue revelando la real dimensión del mapa de la entrega de nuestro territorio al modelo extractivista megaminero. Un estudio reciente focalizado en los permisos mineros dentro de Laguna Brava, reveló que más de 240 mil hectáreas de nuestra Reserva Ramsar han sido concedidas a 17 empresas mineras, violando el Convenio Internacional Ramsar y la ley nacional 23.919 que lo ratifica con jerarquía constitucional. Esta segunda etapa de investigación, revela que además de lo que ocurre dentro de Laguna Brava, existen otras 28 mil hectáreas que han sido concedidas a 4 empresas mineras (uranio, oro, cobre, entre otros) en otras áreas protegidas, afectando en tres Departamentos de nuestra provincia, a un Parque Nacional, una Reserva Natural, un Sitio Arqueológico y tres Sitios declarados de Interés Turístico, violando legislación provincial. (CI 2012-C47.ARC)

Los análisis fueron realizados por CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada), perteneciente a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Los parámetros indicados en el Informe Técnico Nro. 1310283/01 dan cuenta que Nonogasta está frente a una situación catastrófica, pues los efluentes tienen niveles altísimos de contaminantes que se ambientalizan y socializan impunemente. (CI 2015-C106.AER-CxLV)

Hace unos días terminábamos el mapeo de permisos mineros en nuestra Provincia de acuerdo a las publicaciones del Boletín Oficial y el resultado nos causó gran preocupación por el avance registrado en los últimos 3 años en los que no habíamos actualizado completamente el trabajo presentado en el año 2013. El 27,58% de la superficie total de la Provincia de La Rioja está ocupada por proyectos mineros, la Secretaría de Minería ha entregado desde el año 2003 a esta fecha 790 permisos y la Secretaría de Ambiente ha firmado aprobando 78 declaraciones de impacto ambiental. En algunos departamentos como los del Oeste (Vinchina, Gral Lamadrid o Felipe Varela) la superficie afectada supera la mitad del territorio de esos departamentos y la Reserva Laguna Brava tiene 20 empresas mineras autorizadas por la Secretaría de Minería desarrollando 61 proyectos, afectándose el 71,23 % de la superficie total de la Reserva. (Casi 3/4 partes de la misma). (CI 2016-C115.ARC)

Once de los comunicados entre 2012 y 2016 se presentan como “informes” que incluyen datos estadísticos para cuantificar la magnitud y extensión de “la entrega”^[26]. Se presenta así un enunciador que construye y muestra su propia fuente de información. A partir de un registro evidencial indirecto y citativo (la enunciación se apoya en otro discurso que es, por ello, fuente de enunciación; por ejemplo, el Boletín Oficial de la Provincia o informes de universidades públicas nacionales) se presenta un daño-desposesión que puede ser contabilizado, precisado en términos cuantitativos. Los números y las estadísticas son aquí los medios primarios para desplegar persuasivamente la objetividad, y con ello, reforzar la credibilidad de la enunciación (Van Dijk, 2005). A su vez, cuando la enunciación se apoya en este tipo de fuentes permite que el hablante se oculte: tal como se muestra en los fragmentos anteriores, es “el estudio” o “la investigación” la que revela, muestra y dice sobre “la entrega” o sobre una “situación catastrófica”, y no el propio enunciador –las asambleas. Esto crea un ethos más bien racional y objetivo que desplaza a aquel descripto en el capítulo 3 que ubicaba la vivencia propia –la de “los pobladores”– como fuente directa de evidencialidad del daño.

Lo anterior no clausura el uso del registro evidencial directo, en el que el propio enunciador se ubica como garante y testigo del daño (“yo lo vi”, “yo estuve ahí”). Pero éste registro pasa a ser utilizado para mostrar ahora la certeza sobre la afectación de un derecho particular: el derecho a la tierra y al agua. Especialmente, ello aparece con la denuncia sobre la desposesión de tierras a pobladores por parte de la empresa curtidora de Nonogasta, y también para el caso del inicio de los proyectos de exploración de uranio a cargo de la CNEA, en el departamento Capital.

Lamentablemente, mientras se desarrollaba esta reflexión en torno al territorio, llegó la noticia de la detención de un vecino de Nonogasta acusado de delito de usurpación en flagrancia (con las manos en la masa). Este hecho es parte de un proceso que viene sufriendo la comunidad de Nonogasta como consecuencia del avance de la curtiembre sobre tierras que circundan el predio de la fábrica, en las cuales viven vecinos que tienen una posesión mayor de veinte años en las mismas. Este avance sobre el territorio local constituye una irregularidad legal en tanto que la posesión veintenal es un derecho que está por sobre la ‘alegada titularidad’ que hoy ostenta la curtiembre. Paradójicamente el vecino detenido se le acusó de usurpar tierras que ya le pertenecen por ley-posesión veintenal. (CI 2014-C80.AER)

En los primeros días del mes de Febrero la Secretaría de Minería de la Provincia de La Rioja ha concedido a la Comisión Nacional de Energía Atómica (C.N.E.A) servidumbres de Paso, de uso del suelo y de campamento minero, por lo que  propietarios de las tierras donde se vienen realizando las exploraciones deben ceder parte de sus  derechos para que la C.N.E.A avance con los trabajos en los 11 proyectos de uranio que tiene en marcha en la zona de El Cantadero. La ASAMBLEA RIOJANA CAPITAL viene denunciando la destrucción que ya han causado estos emprendimientos, registramos imágenes que muestran la degradación que sufre la vegetación como efecto de los trabajos mineros; los cerros muestran marcas de exploración y daños por la utilización de maquinaria de gran tamaño. También hemos demostrado la utilización de grandes cantidades de agua que extraen de las vertientes de la zona lo que ha ocasionado la falta de agua a los vecinos de las zonas más bajas quienes vienen reclamando una solución ante las autoridades. (CI 2014-C74.ARC)

Si la “entrega” se verifica en el presente –y se predice su “avance” para el futuro–, es en el plano del pasado que, discursivamente, se le asigna una específica trayectoria o historicidad. Emerge así una más amplia memoria del daño-desposesión. En tanto recurso discursivo que selecciona eventos y elementos del pasado, si en la forma anterior del daño se ubicaba como principal antecedente el proceso de explotación minera de La Mexicana a inicios del siglo XX, ahora el inicio o punto cero del daño-desposesión se extiende más atrás en el tiempo, y se reconoce en una misma línea con la conquista española. Las referencias al proceso de colonización como el “inicio” del saqueo permiten enunciar el presente como un “nuevo proceso de recolonización” o un “nueva instancia colonialista”. Así, el daño-desposesión se densifica con una lista de “infinidad de saqueos” pasados –tal como dice el fragmento de abajo– que permite engrosar su historia, su carácter permanente y su incesante “repetición”.

Nuestros gobernantes, en todos los niveles, siguen empeñados en permitir este nuevo saqueo iniciado hace más de 500 años, que ha dejado a los pueblos originarios miseria y devastación. Como pueblo nos negamos a repetir la historia y DENUNCIAMOS. (CI 2008-C4.CACV)

Sabemos que el saqueo que hoy vivimos ocurre porque antes hubo infinidad de otros saqueos que quedaron impunes gracias a la complicidad de entregadores locales, que se valieron del empobrecimiento sistemático del pueblo para concretar la entrega vergonzosa de nuestros bienes comunes. (CI 2008-C5.ACR)

Este “entrega” también se amplifica en un espacio geográfico regional y continental. Esta operación ya se anunciaba, aunque limitada, en la forma anterior. Pero ahora, como dicen los fragmentos de abajo, la “entrega” o el “remate”, es un “problema provincial, regional, nacional y continental”. Asimismo, es posible encontrar en enunciados que establecen que la “entrega” es “eslabón” de una “cadena”; o que es un “parte” de un conjunto de problemas; o que es causa y efecto, de otros problemas. Ello tiene como efecto de sentido una expansión del espacio social en el que las asambleas reconocen, estructuran e impugnan el daño-desposesión.

No se trata solamente de la “resonancia” del conflicto riojano en otros territorios o espacios de deliberación^[27], es decir, del avance de un conflicto en otros territorios. En vez, los comunicados producen e inscriben en sus enunciados una ampliación de la escala o del espacio social donde ocurre el daño-desposesión, y con ello, llegan a reelaborar también el conjunto social que lo sufre: “nuestra humanidad”, dice uno de los fragmentos de abajo.

El pueblo de La Rioja no se quedó tan solo con el corte, comenzaron a opinar, publicar en el Facebook, de pronto lo que sucedía en cada punto de la pre cordillera hacía eco en nuestra humanidad, y llegó la represión en los Valles de Catamarca, en Tinogasta y en Andalgalá, y ya dejó de ser un problema local, para ser provincial y después regional, nacional hasta que entendimos que el problema era continental, Latinoamérica estaba y está en remate. (CI 2013-C49.ARC)

Las personas que integramos la Asamblea el Retamo estamos convencidas que la situación de Nonogasta es sólo un eslabón de la cadena de problemas que asolan a distintas provincias y regiones de Argentina y América Latina. (CI 2014-C78.AER)

Este efecto de amplificación del daño-desposesión, a partir de la noción de “entrega”, presenta, ciertamente, un contrapunto a la discusión sobre el localismo de las luchas o resistencias ambientales o cuando se les imputa cierta estrechez en sus reclamos, en tanto se estructuran indisociables de condiciones geográficas particulares y locales^[28]. La “entrega” como forma impugnatoria con las que se nombra un daño-desposesión brinda una plataforma importante para repensar la crítica hacia el localismo de este tipo de luchas y redimensionar la base social de sus denuncias. Por último, esta nueva reelaboración repercutirá, como veremos más adelante, en la manera en que se entiende y entrelaza la solidaridad.

1.2.2. El daño-desposesión: la violencia sobre la voluntad

Si en la forma anterior de la situación de clase, el daño sobre la voluntad se procesaba como “desprecio” o “burla”, aquí se reelabora como una “violencia”. A partir de reconocer la presencia de negaciones metalingüísticas (García Negroni, 2009)^[29], los comunicados abren un nuevo campo discursivo para el daño-desposesión al producir una re-semantización asociada al registro de la “violencia”. La “violencia” denuncia algo más que una erosión o una alienación respecto de la capacidad de control y disposición política de los ciudadanos respecto del lugar. Denuncia un maltrato y una vejación de magnitud mayor: la “única violencia” es aquella que es “constantemente” ejercida sobre y en contra de la “voluntad” o los “intereses” del pueblo, como dicen los extractos de abajo:

RESPONSABILIZAMOS al gobierno de Beder Herrera por la provocación y constante violencia ejercida sobre la voluntad de los pueblos de Chilecito y Famatina expresada en reiteradas oportunidades y por distintos medios desde hace cuatro años. (CI 2010-C13.CxLV-ACR)

RECHAZAMOS el discurso mentiroso y genuflexo que reproducen funcionarios públicos y medios de comunicación alineados a la política del gobierno por el cual se desacredita las luchas y movimientos sociales calificándonos de violentos, cuando la única violencia es la ejercida desde el Poder de turno en contra de los intereses del pueblo riojano. (CI 2011-C20.ACR)

La “voluntad popular” no tan solo se “viola” en decisiones gubernamentales y empresariales que se le oponen explícitamente, sino de otra manera más inicua: cuando se “compra”, se “presiona” o “se produce” para que se exprese en cierta dirección y no en otra. Forma parte del daño-desposesión el influir por la fuerza física o la amenaza; el mercantilizar la voluntad, los deseos y las necesidades de los “ciudadanos”; y el producir “pobreza” o “depredar economías regionales” para obligar a aceptar la minería como única salida.

Denunciamos también el accionar de operadores sociales, como el señor Daniel Salomón, que recorre las escuelas de Famatina ofreciendo a los jóvenes viajes a emprendimientos mineros. ¿Cómo se entiende que mientras el gobernador expresa que a la provincia no ingresan fondos, que mientras las escuelas y los hospitales tienen múltiples necesidades, se gaste dinero en ‘comprar’ voluntades con este tipo de viajes? (CI 2008-C4.CACV)

La pueblada del Famatina conoce las prácticas y metodologías que realiza el gobierno liderado por Luis Beder Herrera, es por eso que rechazamos el ‘plan de información y capacitación’ entendiendo que se trata de un disfraz de compra de voluntades. Repudiamos enérgicamente las perversas amenazas y aprietes de funcionarios del gobierno como la diputada Adriana Olima, entre otros. Estas presiones que se ejercen sobre los vecinos son una burla a las diversas y sentidas necesidades de nuestras comunidades. (CI 2012-C23.ACR)

El Ejecutivo provincial aplica estas políticas y firma convenios con empresas multinacionales, violando la voluntad de un pueblo que ya expresó el rechazo a la megaminería, entregando grandes extensiones de territorio, empobreciendo a los productores para apropiarse de esos territorios, creando innumerables SAPEM que depredan las economías regionales, ocultando información pública, reprimiendo y judicializando a los pobladores que se oponen a este ‘genocidio’ y violando la Constitución Nacional. (CI 2013-C58.ARC)

En el plano enunciativo, el uso de nominalización y de los tiempos presente simple y continuo marcan esta “violencia” sobre la voluntad como habitual, organizada de una manera sistemática a partir de “prácticas y metodologías” (como dice el fragmento de arriba); o de “campañas de compra de voluntades”^[30]; o de “políticas clientelares”^[31]. El uso de estos sintagmas nominales para referirse al daño sobre la voluntad presenta, otra vez, una constante: lejos de estructurarse como excepción o como situación coyuntural, el daño-desposesión adquiere esta condición de norma, de lo normal.

1.3. Ellos, la oposición: el modelo extractivo y la clase política

Como lo hicimos en el capítulo anterior, aquí analizamos aquello que, según las asambleas, constituyen “los responsables” del daño: a qué o a quién se asigna la producción de ese daño-desposesión. Para esta sección, recurrimos al análisis discursivo de las formas de contradestinación de los enunciados y a las marcas de descalificación que reciben.

El cambio más evidente respecto de la modulación explicada en el capítulo anterior es el uso discursivo de nominalizaciones y adjetivos relaciones para nombrar al ellos, y también, la recurrencia de adjetivos deverbales con marcas axiológicas negativas para oponer la distancia de ese ellos con el nosotros. Especialmente, Verón (1987) advierte que cuando el ellos adquiere la forma de un sustantivo singular, no ennumerable, se potencia el efecto de mostrar un contradestinatario imposible, sordo e impenetrable. Esto representa un quiebre respecto de la elaboración del adversario en la situación de clase vista en el capítulo anterior –que, por el contrario, se comprendía como un adversario personalizado, cercano y disponible a habitar una escena del diálogo y la escucha.

Dos son las nominalizaciones principales: el “modelo extractivo” y la “clase política”. Tratamos ambas, a continuación.

1.3.1. El modelo extractivo

El “dispositivo pro-minero”, el “camino desarrollista”, “las políticas mineras”, “el proyecto megaminero”, “el proceso de promoción minero”, el “plan minero”, el “modelo de desarrollo”; son expresiones en las que el núcleo es siempre una nominalización. Son este tipo de construcciones las que se presentan, ahora, como “responsables” de la de producción del daño-desposesión. No obstante, ello no borra de los enunciados a los agentes o a las acciones que las producen: cuando los enunciados hablan sobre el “plan” o el “proceso” nombran también a los agentes concretos que los “operan”, “concretan”, “perpetran” o “gerencian” (por caso, los “funcionarios”, las “empresas multinacionales”). Los agentes también son reconocidos mediante estrategias discursivas de personificación que asignan a esas entidades nominales, por ejemplo, una “intencionalidad”^[32] o una capacidad de realizar acciones –“falsas promesas”, como marca el extracto de abajo. En definitiva, el uso de nominalizaciones expone, antes que un borramiento de agentes, un resultado común de un conjunto de acciones de esos agentes.

Entendemos que el modelo extractivista y saqueador impulsado desde el gobierno nacional de la mano de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, enmarcado en el pseudo proyecto nacional y popular, tiene sus aplicadores en cada una de las provincias cordilleranas Gioja en San Juan, Corpacci en Catamarca, Urtubey en Salta, Alperovich en Tucumán y Pérez en Mendoza, como también Beder en La Rioja, pero que también los Intendentes, Diputados, Senadores y Concejales son parte y no ajena a esta política. (CI 2012-C37.ARC)

RECHAZAMOS el modelo de desarrollo que se nos quiere imponer, que con las falsas promesas de crecimiento, sólo acarrea más destrucción y pobreza en nuestros pueblos. (CI 2011-C20.ACR)

Esta estrategia discursiva se confirma cuando, en el conjunto de comunicados entre 2008 y 2016, observamos el uso frecuente de un sintagma nominal particular: el “modelo extractivo”. En general, algunos comunicados hablan de un modelo “de desarrollo” o “de producción”, remitiendo al campo de la organización económica; pero es la anexión del adjetivo “extractivo” lo que permite generar un agrupamiento de agentes, acciones y efectos, que superan el ámbito de lo estrictamente “económico” y que, en su conjunto e interacción, explican la producción del daño-desposesión. Es que el adjetivo “extractivo” funciona como un adjetivo relacional, es decir, su presencia referencia una serie de vínculos entre distintas clases de objetos, y por ello, permite colocar, bajo una misma categoría, a diversidad de elementos (Fábregas, 2017); en este caso a: agentes extractivos, políticas extractivas, acciones extractivas, lugares extractivos, empresas extractivas, gobiernos extractivos.

Este agrupamiento del adversario bajo el “modelo extractivo” permite la conexión entre formas de organización económica estrictamente “extractivas” de naturaleza, y desde ahí, producir discursivamente una paridad entre la explotación agrícola y la explotación minera en el país. Por ejemplo, un comunicado de 2013 de la Asamblea Riojana Capital^[33] enumera bajo este paraguas: al “aparato de leyes para propiciar la implementación del saqueo”, “el plan IIRSA (Iniciativa de Infraestructura para Sudamérica) como herramienta operativa del proyecto extractivista”, la “sojización del territorio”, la “ley de inversión para bosques cultivados”, la “extranjerización de la tierra a manos de mineras, petroleras, pasteras y otras grandes empresas extranjeras”, la “implementación de la explotación no convencional de petróleo y gas (fracking)”, la “concreción del proyecto megaminero” y el “plan nuclear nacional”. Todo ello, permite ubicar el “modelo extractivo” como parte de una histórica forma global de vinculación geopolítica de las economías nacionales latinoamericanas:

EL URANIO QUE PRETENDE EXTRAERSE DE NUESTROS TERRITORIOS NO ES PARA NOSOTROS, SINO PARA PAÍSES DE ALTO CONSUMO QUE YA HAN CERRADO CONVENIOS CON EL GOBIERNO NACIONAL COMO CHINA, COREA Y RUSIA, ENTRE OTROS. (CI 014-C77.ARC)

En general, en este tipo de conexiones, hay una remisión a un uso bastante extendido del término “extractivismo” que, en el debate académico y político sobre los conflictos ambientales, remite a la forma socioeconómica que combina modalidades extractivas de materias primas, con políticas que postulan la inclusión social como meta de la intervención del Estado (Bartra, 2016; Gudynas, 2009; Moncada y Hernández Suárez, 2013; Svampa, 2010). Además de cierta utilización autónoma y automática de este concepto para la explicación de los modelos de desarrollo y organización política, el “extractivismo” ha extendido un foco de atención sobreponderado en la extracción capitalista de materias primas que no es errado, pero que en su elaboración y denuncia arrastra una débil conexión con formas de extracción del capital en espacios urbano y peri-urbanos, con las formas de extracción capitalista sobre el trabajo humano, y con las cada vez más importantes formas de extracción del capital financiera (Bartra, 2016; Galafassi y Riffo, 2018). Gago y Mezzadra (2015) indican que es notable la difusión particular que este concepto alcanzó en América Latina durante los últimos años, a tal punto que logró convertirse en un discurso ampliamente disponible para muchas experiencias de resistencia.

En el discurso de las asambleas riojanas, este emplazamiento discursivo en la “extracción” de materias primas es una constante para describir la cualidad del “modelo”, y en general, opera como punto argumentativo para explicar un patrón de desarrollo económico como su derrotero político. Este recorte que las asambleas realizan sobre lo “extractivo” se mantiene cuando, en vez de “modelo extractivo” se utiliza otro sintagma nominal: “sistema capitalista”. Por ejemplo, en un comunicado de 2008 y en otro de 2016, “sistema capitalista” aparece relacionado casi exclusivamente a la desposesión de la “tierra”, la “naturaleza”, o el “territorio”^[34]:

El sistema capitalista en el que estamos inmersos se sustenta en una concepción de ‘naturaleza inagotable’, en la cual los bienes naturales se convierten en mercancía. Expropian y usurpan nuestras tierras, contaminan nuestros ríos, fuentes de vida, arrasan con nuestros bosques y nuestra posibilidad de vivir de manera autosuficiente. Alambran nuestro futuro, el del pueblo; nos aíslan de nuestro contexto natural haciéndonos perder la capacidad de sentir y valorar la naturaleza por sí misma. (CI 2008-C5.ACR)

La vida de nuestras comunidades está en manos de las luchas por los territorios. La crisis mundial, se llama capitalismo. […] Así nació la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en el año 2006, en clara oposición al modelo extractivo y defendiendo el territorio de la avanzada de la megaminería, el fracking, los agrotóxicos, la energía nuclear, las pasteras, los desmontes, el acaparamiento de acuíferos y humedales, la contaminación urbana, el descontrol inmobiliario y una larga lista de tantas otras formas de violencia sobre el ser humano y la naturaleza. […] Porque ya nadie puede hablar de megaminería, agronegocios, pasteras, desmontes como si nada pasará, sin saber de qué se trata ya que el daño es visible. (CI 2016-C114.ARC-CxLV-AER-ALL-CSK)

Ciertamente, hay una focalización en la extracción de naturaleza que borra o vuelven muy ambiguas las marcas alrededor de la dinámica extractiva, por ejemplo, sobre el trabajo. Al respecto, dos operaciones observamos en los enunciados. En primer lugar, es posible observar una vinculación subsidiaria y jerarquizante: “trabajo a costa de contaminación”. Aquí, “trabajo” y “modelo extractivo” no son realidades independientes, en la medida en que se reconoce que el propio “modelo extractivo” genera formas de “trabajo precario, temporario y riesgoso”.

¿Trabajo a cambio de miles de años de contaminación? ¿Trabajo a cambio de sequía y pérdida de la agricultura? ¿Trabajo a cambio de enfermedades para ésta y para las generaciones futuras? (CI 2006-C1.VAF)

Osisko Mining Corporation no es otra cosa que una megaminera que comparte acciones con otras como Barrick Gold y que limpian su cara para lograr aceptación de las comunidades engañando con puestos de trabajo, riesgosos y temporarios y unas cuantas monedas mientras consiguen el permiso para llevarse las riquezas que se cotizan a nivel mundial. (CI 2011-C19.ACR)

Exigimos a las autoridades que se comprometan en la solución de la contaminación y remediación del pasivo ambiental que la curtiembre produjo y sigue produciendo en nuestra tierra. No queremos que el trabajo se alcance a costa de la vida de nuestro pueblo, del que también son parte los trabajadores de la curtiembre. (CI 2016-C111.AER-CxLV)

En segundo lugar, resulta particular que el problema de la explotación del trabajo se presente de una manera diferente cuando aparece en el centro del problema la curtiembre de Nonogasta, industria en actividad y con alrededor de 800 operarios en planta. En general, resulta infrecuente encontrar referencias extensas a la extracción capitalista sobre el trabajo humano como forma de daño-desposesión producida por el “modelo extractivo”, básicamente, porque no hay empresas instaladas en el territorio riojano; salvo, justamente la empresa curtidora en Nonogasta. En este sentido, los comunicados de la Asamblea El Retamo se centran en el cuestionamiento a la contaminación y a la desposesión de tierras que genera la curtiembre, pero la explotación del trabajo y sus condiciones resulta más bien obturada. A su vez, si hay alguna mención a las “precarias condiciones laborales” de los operarios de la fábrica, esta se expone tímidamente en uno de los comunicados de las Asambleas Ciudadanas Riojanas, que agrupa a varias asambleas de base y no en los comunicados de la Asamblea El Retamo. El hecho más evidente es que en ninguno de los comunicados públicos de todo el periodo analizado aparece la demanda por, ejemplo, por el cierre y erradicación de la planta industrial (por ejemplo, en un “fuera Curtume”).

Cuando se trata del conflicto que involucra a la curtiembre, se mitiga la subordinación del “trabajo” a la “contaminación”, y en el discurso se elabora, más bien, una relación de conjunción. En los enunciados que refieren a la Curtiembre –que no son aquellos firmados por la Asamblea El Retamo–, se muestran sucesivas marcas de conjunción, mediante el conector “y”: por ejemplo, una extracción capitalista “de la naturaleza” y una extracción de “naturaleza humana”. En general, la conjunción “y” tiene un valor aditivo y las proposiciones que enlaza tienen la misma jerarquía, es decir, son independientes. Esta independencia se trasladará luego a otras, tal como se muestran en los fragmentos de abajo: “las realidades de trabajadores y de pobladores”; o a “ex empleados que siguen soportando los daños a su salud y las precarias condiciones laborales”; o a la demanda de “producción limpia” y “trabajo decente”. Como veremos en el último apartado, ello repercutirá directamente sobre la forma de elaborar la solidaridad.

Por el contrario está incentivando la generación de políticas públicas hacia el mercado neoliberal neocolonial, extractivista y devastador de naturaleza humana y no humana en nuestros territorios, fundado en la ficción del ‘progreso y desarrollo’ generando una suerte de enclave territorial al servicio de los intereses de las multinacionales y descuidando las realidades locales de los trabajadores y la autodeterminación de sus pobladores. (CI 2012-C31.ARC)

LA CONTAMINACIÓN DE LA EX CURTIEMBRE YOMA QUE DURANTE TREINTA AÑOS ENFERMA Y CONTINÚA ENFERMANDO A UN PUEBLO QUE EXIGE PRODUCCIÓN LIMPIA Y TRABAJO DECENTE. Bajo la excusa de la protección de las fuentes laborales, se impuso a Nonogasta esta fuente de contaminación con cromo que provoca deformaciones, abortos espontáneos y otras enfermedades. Tras la quiebra de la empresa las cosas no cambiaron, no sólo no se cumplió con la prometida remediación de los desechos tóxicos sino que aún hoy los ex empleados cobran su indemnizaciones en ínfimas cuotas anuales mientras que siguen soportando los daños a su salud y las precarias condiciones laborales. (CI 2013-C52.ACR)

1.3.2. La clase política

Una vez comprendido este particular recorte sobre el carácter “extractivo” del “modelo”, resulta importante resaltar que los comunicados y entrevistas admiten conjuntamente otra forma de presentar al adversario. Respecto de la forma anterior del ellos, donde la enunciación de contradestinatarios directos y personalizados no advertía una vinculación necesariamente sistemática entre ellos o con otros actores, ahora el adversario se comprende en términos de una serie compleja y constante de articulaciones entre actores. La variedad de agentes incluye los ya mencionados funcionarios de los ejecutivos locales y provinciales; las empresas mineras (Barrick Gold, Osisko Mining, Curtume, Shandong Gold, CNEA) y los medios de comunicación. Estos actores ya aparecían nombrados en los comunicados de 2006 y 2007. Pero en el periodo comprendido entre 2008 y 2016, surgen y se diversifican las aristas y aspectos en conflicto nuevos actores:

1. el Poder Ejecutivo nacional^[35]; como responsable máximo y centro de racionalidad de las leyes y políticas mineras;
2. la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR)^[36]; que en el marco de la toma del Rectorado que realizan los estudiantes en septiembre de 2013 (con una fuerte demanda de democratización y autogobierno), entra en frente de oposición de las asambleas en tanto se cuestiona la recepción de fondos provenientes de la distribución de utilidades al sistema universitario nacional que, por ley, debe realizar la empresa estatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)^[37];
3. el Poder Judicial Provincial y Federal^[38]: en ocasión de la judicialización del proceso de concesión y exploración a CNEA de proyectos ubicados en el Departamento Capital, que se contrapone a la ordenanza municipal Nº 4390 que, -sancionada en agosto de 2012, prohíbe la actividad de explotación nuclear en el Departamento Capital^[39].

La distancia con este ellos no personalizado se muestra a partir de marcas de descalificación que recurren ya no a estrategias ad-hominen –como sucedía en la forma anterior– sino a estrategias basadas en el uso de adjetivos deverbales marcados axiológicamente con valor negativo. Por un lado, el adjetivo “extractivo” se usa negativamente con las alteraciones morfológicas mediante los sufijos ista (en extractivista^[40]) o ismo (en extractivismo^[41]). Simultáneamente, por otro lado, los comunicados valoran el “modelo extractivo” a partir de otros adjetivos deverbales, cuya base de descalificación está en la acción a la que remiten. Nos referimos a adjetivos como: “destructivo, impositivo y transgresor”^[42]; o “saqueador, contaminante y secante”^[43]; “depredador”^[44] o “represor”^[45]. El efecto de sentido que así se produce permite admitir que cualquier acción de cualquier agente que el discurso califique de “destructiva”, “impositiva” o “transgresora”, formará, por ello, parte del “modelo extractivo”.

El aspecto más radical, no obstante, es la presentación del ellos como una “clase política”. La “complicidad” o la “connivencia” es el nombre de una articulación subsidiaria y coadyuvante entre funcionarios locales, provinciales y nacionales, empresas mineras, medios de comunicación, grupos de choque. Su apariencia compacta se expresa en expresiones como: “aparato de complicidad”^[46], “todos los sectores políticos” –como aparece en el fragmento de abajo–, o “clase política cómplice”^[47].

El gobierno nacional y el gobierno provincial, intensifican y profundizan el modelo que fue gestado a espaldas del pueblo y en abierta connivencia con las multinacionales mineras […] Lamentamos que existan personas que no dimensionan la importancia ni la trascendencia de la lucha de los pueblos contra la clase política cómplice y culpable de la entrega más obscena sufrida en nuestro país. (CI 2012-C32.ARC)

Lo que se deja en claro es aquello que más de una vez denunciamos: todos los sectores políticos vienen operando de distintas formas para desmovilizar la cuestión de la megaminería de uranio en La Rioja. (CI 2014-C89.ARC)

Ello no obtura que, en los comunicados y entrevistas se adviertan movimientos, quiebres y alianzas móviles dentro de esa “clase política”. El adversario se mueve continuamente; por eso, engaña y confunde. Por ejemplo, se detectan agentes que se trasladan o modifican sus intereses: de “ex sacerdote angelellista” a “diputado kirchnerista”, dice el primer fragmento de abajo; o “sindicalismo recién vestido de oposición”, el segundo fragmento de abajo. Esta movilidad permite “vestirse de oposición” o construir “falsas dicotomías”^[48].

En La Rioja el ex sacerdote angelellista, aliado de las Asambleas contra Barrick en 2007, y actual diputado kirchnerista aliado a Beder, Delfor ‘Pocho’ Brizuela, presentó el proyecto que dio lugar a la sanción de la ley 9.193 que declaró de Interés Provincial la creación de la OFEMI. (CI 2012-C35.ACR)

La convocatoria de la oposición K para el próximo 8N mezcla sectores empresarios como el Grupo Clarín, políticos de derecha como Macri, sindicalismo reciénvestido de oposición como Moyano y grupos antidemocráticos como el que lidera la Sra. Pando. (CI 2012-C45.ACR)

EO1: En el cachivache de Fuerza Cívica, anti-Beder, hasta ahora son anti-Beder. Lo único que han hecho en forma coherente, digamos, ser anti-Beder. EO2: Unirse con Macri por ejemplo para hacer esto, en algunos sectores algunas cosas (-) locos, ¿viste? Están locos como con Massa. EO1: Pero han estado con Quintela, han estado con los radicales, se pelean con los radicales, vuelven con Massa, han hecho así, han ido y han vuelto. EO2: Llegar era el objetivo.EO1: Fuerza Cívica, en lo personal, creo, para mí, es un cachivache político. Me acuerdo, una vez le hacen una nota a Julio Martínez, hace mucho ya, y le preguntan cómo van a hacer dentro de fuerza cívica porque responden a distintos sectores: está el ARI que va a responder al candidato a presidente que salga por el ARI, ustedes por el candidato radical, mucho antes de que se forme el UNEN y todas las cosas que se formaron a nivel nacional, Bordagaray respondía a Massa, otro que respondía a Pino Solanas y así había varios. Entonces Julio dice: ‘Bueno, nosotros estamos planteando una estrategia provincial, donde estamos juntos a nivel provincial y después cada uno en lo nacional, responderá a la estrategia que su partido defina a nivel nacional’. (CI 2016-E27.ARC)

Pousadela advierte que, en contraste con el término “elite”, el uso de la expresión “clase política”, en la cultura política argentina posterior a 2001, posee connotaciones dicotómicas que se reactivan en momentos de crisis social para estructurar una específica oposición: por un lado, la “gente común”, y por otro, los “privilegiados que viven de la política” (2006, p.61). “Clase política” es un sintagma que, como marca discursiva, da cuenta de las redes de cooperación que expresan intereses corporativos de “todos los sectores políticos”, como dice el último de los fragmentos citados arriba. Progresivamente, esta noción tiene el efecto de desdibujar las fronteras partidarias e ideológicas, pero más aún, cualquier diferencia entre “gobierno” u “oficialismo” y “oposición”: ninguno de los partidos, sindicatos o empresas nunca está, verdaderamente, “fuera” del gobierno. La supuesta distancia que sostiene el principio de alternancia entre “gobierno” y “oposición” pierde, en efecto, todo carácter de mecanismo de control o sanción, y entonces, nuevamente, la democracia no es más que una “formalidad”. Esto último nos traslada directamente a la forma de reelaborar intereses de la lucha y de presentar la contraposición con los intereses adversarios.

2. Intereses y contradicción de intereses

A la situación de clase que describimos en el apartado anterior le corresponde una específica delimitación del interés de lucha: la “autodeterminación” y la “democracia real”. Ello habilita una forma de subjetividad política ya no como “vecinos reunidos y autoconvocados” sino como “ciudadanos organizados y en lucha”. Por su parte, la contraposición del propio interés con el interés asignado a los adversarios identificados adquiere una nueva intensidad que se expresa en tres formas de polaridad: como diferencia y alternativa, como inversión de la carga de mando y como suspensión. Revisamos estos aspectos a continuación.

2.1. Interés de lucha: democracia real y autodeterminación

Dueños del incendio, de la bondad del crepúsculo, de nuestro hacer, de nuestra música, del único amor incoherente; soberanos de esa calle donde los tactos y la impresión hicieron su universo.

Paco Urondo, “El ocaso de los dioses”, 1956.

Respecto de la forma anterior de esta dimensión, el primer desplazamiento que observamos es la autodefinición que las asambleas hacen de sí mismas: “somos quienes decidimos”, y “estamos en lucha y organizados” dice el fragmento de abajo. A la “reunión”, el “encuentro”, el “cara a cara” que enmarcaban una forma de subjetividad política como “auto-convocados”, se agrega ahora un aspecto central: “decisión” y “organización”. Sobre ambas categorías pivotea ahora un nuevo sello de auto-identificación que abre y reclama, en consecuencia, un nuevo espacio de acción política:

Y somos quienes decidimos decir no. Decimos NO una vez más y que estamos dispuestos a detener todo avance que se propongan. Estamos alertas. Seguimos en pie de lucha, organizados defendiendo nuestros cerros y la vida de todos. (CI 2014-C92.ARC)

Yo creo que lo hace, o sea, el gobierno que nos tildó de ambientalistas es para no reconocer que, como ciudadano, te podés organizar. Entonces desvía la importancia que tenés vos, como ciudadano. Es mucho más groso, más importante, más fuerte que la comunidad se organice, a que seas ambientalista. Entonces eso me molesta: de que no reconozcan que los ciudadanos nos podemos organizar sin ser ambientalistas, sin ser políticos, sin ser, eh…científico, sin ser nada. Sino como ciudadano vos te podés organizar; entonces veo que lo desmerecen, no les conviene a que vean que uno como ciudadano organizándose puede conseguir más cosas que cualquiera. Por eso, eso es lo que a mí me molesta, que te digan ‘los ambientalistas’, porque cuando a vos te dicen ambientalista, el ciudadano común se queda de lado, porque no es ambientalista, ¿entendés? Eso es lo que yo veo, que es una estrategia para, para que la gente se sienta fuera. (CI 2010-E03. ASAMBLEA CIUDADANA CHILECITO CXLV)

Una cosa es política y otra cosa es política partidaria. La acción de la asamblea es una acción política y eso se tiene que entender como una acción política que todos llevamos adelante en la vida, ¿no? En la vida ciudadana. Lo otro es una política partidaria. No es que la gente de la asamblea no es que todos somos de una misma religión, que todos somos de un mismo partido, ¡no! Hay diferencias, pero esas diferencias quedan de lado a la hora del objetivo en común que es defender, de alguna forma, esto que es…esta causa de decirle NO a la mega minería. (CI 2010-E04. ASAMBLEA CHILECITO CXLV)

La reivindicación de la “decisión” y la “organización” se oponen al principio de representación política y, particularmente, refutan la dinámica y la lógica electoral de selección de los representantes. Como decíamos en el capítulo anterior, una de las primeras formas de negación metadiscursiva^[49] que pone en jaque el principio de la representación política era:

Pasen los gobernantes que pasen, pasen los funcionarios que pasen, pasen los jueces que pasen, el aval social no lo tendrán nunca. (CI 2007-C116.VAF-VAPi-VACha-CxLV-VARC-Ochi)

Este tipo de negación que aparece por primera vez en 2007 se comprende en un particular contexto: durante ese año, los riojanos transitaron por instancias electorales cuyos resultados fueron centrales para comprender estas redefiniciones del interés de lucha. En agosto de ese año, para los cargos del Ejecutivo provincial los riojanos designan con un 42,49% de votos a la fórmula de la Alianza Frente del Pueblo Riojano: Luis Beder Herrera y Teresa Luna (además, el mismo partido incorpora 21 diputados provinciales a la Legislatura provincial). Meses después, en octubre, resulta ganadora en las elecciones presidenciales nacionales la dupla de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos; en la Provincia de La Rioja, esta fórmula gana con un 48.79% del total de votos^[50]. En este marco, progresivamente, el enunciado “pasen los gobernantes que pasen”, será desplazado por otra forma de negación metadiscursiva que conserva, no obstante, el mismo efecto refutativo de la dinámica electoral de selección de representantes: “Gane quien gane, aquí no habrá minería.” (CI 2011-C17.VAF)

Este enunciado se expone por primera vez en 2011, y se repite en 2013, 2015 y 2016^[51], años en los que produjeron elecciones nacionales legislativas y presidenciales; y a nivel provincial, se define la continuidad de los representantes del Ejecutivo en 2011 y en 2015, con Beder Herrera y Sergio Casas –respectivamente–, ambos por el Frente para la Victoria^[52].

En el plano enunciativo, el “gane quien gane” clausura el principio de representación política al consagrarlo al mismo tiempo alienante y violatorio de aquello que se ha establecido como “voluntad popular”, es decir, aquello que debiera ser “representado”. Pero el enunciado ofrece seguidamente el punto de vista con el que el hablante se identifica: “aquí no habrá minería”. Esta última parte del enunciado tiene un efecto performativo que permite entender la naturaleza de la “decisión” como re-elaboración del interés de lucha: si ya no hay representación política posible y válida, ya no hay ninguna falla que corregir; el interés de la lucha se elabora alrededor de la re-apropiación de una capacidad de “decisión” que ha sido expropiada.

“Decisión” y “organización” se unen como referentes de un nuevo espacio para el interés de la lucha política: la “autodeterminación”. La “autodeterminación” se presenta como un interés que desplaza la “defensa” hacia un espacio político mucho más amplio, y, al mismo tiempo, desafía el mismo sistema político institucional al anular la relación de representación política. Esta modulación del interés tiene la fuerza de abrir un uso propio del espacio público: consagra la posibilidad de “recuperar espacios, territorio y “libertades”, dirá un comunicado citado abajo. La “autodeterminación” prevalece en la calle, recordando que cualquier “voluntad” sólo es posible como decisión efectiva. Si el “El Famatina no se toca”, era la fórmula consagratoria de la “defensa” como interés de la lucha, ahora lo será otra fórmula: “La democracia real no se toca”. La impugnación y la clausura de la representación política se completan con la incorporación sistemática al final de la mayoría de los comunicados del periodo 2008-2016 de esta una nueva consigna:

Nuestras acciones no van a limitarse sólo a la cuestión ambiental, porque no somos ambientalistas, somos ciudadanos dispuestos a recuperar los espacios perdidos, a cuestionar este modelo que se nos ha impuesto y que sólo ha servido para enriquecer a unos pocos, a participar en la construcción de un nuevo modelo de provincia y de país donde los ejes de la lucha sean la denuncia, la participación activa, el compromiso, la solidaridad, la esperanza bajo el lema ‘La Democracia real no se toca’. (CI 2008-C5.ACR)

Nuestra lucha de 7 años sigue siendo por la reapropiación de nuestros territorios y libertades, contra gobiernos títeres hacia afuera, autoritarios hacia adentro y siempre corruptos. Democracia Real y Autonomía Asamblearia. La Democracia Real No Se Toca. (CI 2012-C32.ARC)

La “democracia real no se toca” es un topoi que sostiene un encadenamiento argumentativo al establecer que la “democracia real” conlleva necesariamente la activación del principio de “autodeterminación”, y particularmente, una “autodeterminación sobre la forma del modelo”, tal como dice el primer fragmento de arriba. Así, el topoi encadena dos bloques semánticos a través de una conexión del tipo normativo, esto es, la conexión la realiza un operador del tipo “por lo tanto” (García Negroni, 2016b): hay democracia, por lo tanto, hay decisión/autodeterminación sobre el modelo de desarrollo. En una expresión formal, el topoi dice:

Todos estos enunciados del “no” (“no se tocan”) lejos están de transportar un punto de vista, una opinión, o de transmitir una demanda. Los estudios de Svampa y Viale (2014) o de Composto y Navarro (2012) retoman la expresión de Antonelli (2009) de “comunidades de no”, pero lo enmarcan como un tipo de demanda de los colectivos movilizados. Por el contrario, sostenemos que los enunciados “Aquí no habrá minería” o “La democracia real no se toca” no son demandas porque no se está pidiendo o demandando la capacidad de decidir; simplemente, ya se decide. Es que se trata de enunciados empoderantes: la “autodeterminación” como interés encierra un fuerte carácter performativo. “Aquí no habrá minería” es, en sí mismo, un enunciado performativo que, conjugado en un uso apodíctico del futuro^[53], expresa y realiza la acción que se enuncia. El “No” que cierra todos los comunicados es un acto de habla que, al mismo tiempo, es acto de “decisión”. La acción de demandar pierde todo su valor al considerar el carácter performativo de este tipo de enunciados: no se demanda “autodeterminación” o “decisión”, son acciones que operan sobre el presente de la enunciación, imponen un aquí y un ahora, y, en consecuencia, implican también una nueva modulación en el proceso de constitución de una subjetividad política.

Comprender esta forma de elaborar el interés en el plano de los performativos nos permite comprender, al mismo tiempo, que se trata de acciones que se presentan “haciéndose”, en movimiento. Por ello, el uso del presente en su forma progresiva prevalece en estos enunciados. Observamos construcciones sintácticas que modelizan una “autodeterminación” siempre actualizándose y produciéndose: “estamos protagonizando”, “se está sublevando”, “el pueblo está construyendo”, “apostamos a seguir creciendo hacia una mayor incidencia del control social”, o “continuaremos reconquistando”. Este uso del presente progresivo arroja dos efectos efectos enunciativos: por un lado, presenta una acción produciéndose, sucediendo aquí y ahora; de ahí que pueda advertirse cierto carácter incompleto, inacabado, imperfecto. Por otro lado, aunque inmediato o muy próximo en el tiempo, emerge un efecto de seguridad respecto del poder de realización de esa acción por parte de los sujetos enunciantes (Alequín y Ortiz López, 2010). Por ejemplo, en el último de los fragmentos citados abajo, el “continuaremos reconquistando” representa una sentencia firme sobre el interés en el presente de la enunciación, y con él, un evidente sentido de certeza respecto de la continuidad de la lucha en el futuro:

Sabemos que la historia está cambiando, la estamos protagonizando, las voces silenciadas se están haciendo escuchar. Ya no estamos dispuestos a pregonar el sometimiento y la resignación. La tierra se está sublevando. (CI 2009-C9. ACR)

Como todo acto oficial, sólo les sirvió a estos gobernantes para lavarse la cara y limpiar la imagen frente a ellxs mismos pero ahí estuvimos presente para recordarles que hay un pueblo de pie que está construyendo otra provincia por Agua, Tierra, Trabajo y Justicia para todxs los riojanos. (CI 2013-C55.ACR)

En nuestro caso apostamos a seguir creciendo desde abajo, al tiempo promedio de la mayoría, hacia una mayor incidencia del control social en la democratización de la economía y la construcción de democracia participativa y real. (CI 2013-C53.ACR)

Los riojanos hemos decidido que no queremos la megaminería en nuestro territorio y continuaremos reconquistando con la lucha cada hectárea de nuestro suelo que Beder o cualquier gobernante que lo suceda entregue al saqueo y la contaminación. (CI 2015-C101.ARC)

Aquí, la confianza en los efectos de la “autodeterminación” abre con mucha más fuerza el plano del futuro de la lucha. Si, tal como vimos en el capítulo 3, al elaborar el interés de lucha como “defensa” aparecía un entramado temporal con base en el presente y ante el cual, pareciera que solo el pasado es suceptible de constituirse como zona de seguridad y preservación; la “autodeterminación”, en cambio, se prefigura hacia el futuro. Por ello, la “autodeterminación” como interés de lucha impulsa y empuja la experiencia de clase, por primera vez, a un horizonte de “cambio social”. Ello se confirma cada vez que, en 10 años, la lucha organizada de las asambleas efectivamente “decidió”, “autodeterminó” e impidió la instalación de cuatro empresas mineras en territorio riojano:

Porque esta Democracia Representativa (delegativa) no da respuesta a la demanda popular y las asambleas conforman un espacio de participación activa, necesario para un cambio estructural. (CI 2013-C69.ACR)

Porque creemos que el verdadero cambio sobrevendrá con el salto de conciencia de la comunidad, a través de su participación activa que impedirá que las dirigencias y/o gobiernos sigan reproduciendo el mismo sistema y empleando las mismas prácticas; logro ya referenciado en el reciente estallido de la ‘primavera estudiantil’ de la UNLAR y en el freno a algunos emprendimientos mega mineros devenidos de la autoconvocatoria popular. (CI 2013-C69.ACR)

Por último, es interesante reconocer un particular desplazamiento en la forma de elaborar el interés que ayuda a reconocer los límites o fronteras de la “autodeterminaicón”. El siguiente fragmento corresponde a un comunicado publicado un año después del inicio del corte de Alto Carrizal de 2012, en Famatina, y de las movilizaciones convocadas en la capital riojana durante enero y febrero en el mismo año.

Quedará grabada en la memoria colectiva de este pueblo el Enero y Febrero de 2012, donde todos y no faltaron ciudadanos, recuperamos la Plaza 25 de Mayo como símbolo de lucha, de resistencia, de decir NO, BASTA, esa plaza que albergó las palabras del Pelado Angelelli cuando definió que ‘Pueblo es el que no oprime y lucha contra la opresión … es el que se abre a los demás con amor en la solidaridad, en la hospitalidad, en el compartir con los necesitados, con los que sufren, en la lucha diaria, no solo por subsistir, sino para reasumir su papel liberador.’, pero que también separó las aguas y definió en aquel entonces a quienes eran y son el antipueblo, ‘El antipueblo es el que representa a intereses extraños… es el que frena la historia, es el que entrega sin escrúpulos nuestro patrimonio posibilitando una dependencia económica a grandes intereses internacionales.’ Sus palabras reviven este presente. Es la plaza que en 1993 fue testigo solemne del Riojanazo y que en 2012 se vistió de banderas en contra de la megaminería. Chacareras, zambas, hip hop y cuanta tonada más vociferan las acciones de los riojanos, diciéndole al poder ‘Que el agua vale más que el oro’, ‘Que el Famatina no se toca’, ‘Que se vayan las mineras’. Parte de esta historia ya está escrita. (CI 2013-C49.ARC)

Este fragmento concentra marcas explícitas de citación (“esa plaza que albergó las palabras del Pelado Angelelli cuando definió” o “sus palabras reviven este presente”), para incorporar la palabra de Enrique Angelelli, Obispo de la Rioja asesinado el 4 de agosto de 1976. Lo central de la voz recuperada, cuya figura de autoridad se invoca^[54], es que la cita formula una nueva negación metadiscursiva con un valor ascendente (García Negroni, 2009)^[55] para elaborar el interés de lucha: el objetivo de la lucha no puede ser solamente subsistir, “decir y decidir NO”, sino “reasumir un papel liberador”. La rectificación es introducida por las conjunciones “no solo” y “sino”, que permiten reemplazar una caracterización juzgada incompleta por otra presentada como adecuada y superadora. El mismo comunicado reitera que hay una parte de esta historia que ya está escrita: la de la subsistencia, la del “no”, la de recuperar espacios perdidos –la plaza, “testigo solemne”–; pero opone un valor ascendente para el nuevo punto de vista (“más que subsistir”, “más que decir basta”): la “liberación”^[56]. Este punto de vista niega el anterior, es decir, supone un desplazamiento que supera y trasciende la “autodeterminación” como manera de elaborar el interés; no obstante, no será desarrollado ni explorado en profundidad por los comunicados y entrevistas que conforman el corpus de análisis.

2.2. El antagonismo de intereses: alternativa, inversión de la jerarquía y suspensión

Para este momento de la experiencia de clase, encontramos fenómenos retóricos que exacerban la oposición de intereses hasta volverlas inconciliables: la manifestación de afectos intensos y la escalada de violencia en los insultos dirigidos al adversario, o a propósito de él –tal como vimos en el apartado sobre el contradestinatario de los comunicados–, dice Amossy (2009), van de la mano con un mayor carácter hiperbólico en las posiciones discursivas. Dentro de esta perspectiva, la construcción de las oposiciones de intereses como dicotomías, como polos mutuamente excluyentes, lleva a bloquear toda posibilidad de solución, y a encerrar a las partes en posiciones incompatibles. Los contendientes no aceptan en ningún momento definir la oposición como un desacuerdo fundado en un error; no existen procedimientos mutuamente aceptados para decidir la disputa. En otras palabras, el conflicto no tiene solución, a lo sumo, puede disolverse o ser disuelto, y consagrar el triunfo de uno de los contrincantes (Dascal, 1998).

Esta incompatibilidad de intereses puede observarse a partir de tres tipos de manifestaciones, que, en un nivel creciente, van acentuando una mayor relación de contradicción. Desarrollamos estos tres niveles a continuación.

2.2.1. La contraposición como inversión de la carga de mando y responsabilidad

Qué me hablás de privilegios, de una raza soberana.

Superiores, inferiores; minga de poder.

Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte.

Ambiciones de poder.

Flavio Cianciarulo (Fabulosos Cadillacs), “Mal Bicho”.

En un primer nivel, los intereses propios se disponen frente a los intereses adversarios como una inversión de la carga de la relación entre representantes y representados, entre gobernados y gobernantes. Este nivel de contraposición continua asumiendo la lógica representativa, pero ahora ya sin la mediación de los partidos políticos.

Las asambleas somos vecinos unidos por la lucha y nuestra función es socializar la información de vecino a vecino, interpelar al poder, denunciar sus abusos y exigir que cumplan su mandato bajo la premisa ‘el pueblo manda, el gobierno obedece’. En instancias del Fallo del Juzgado Federal que da nueva vigencia a la Ordenanza 4930, el Municipio de Capital ‘debe’ clausurar la Mina Alipán, decomisar y custodiar con poder de policía que la CNEA no vuelva a trabajar. ESTE ES UN LOGRO DEL PUEBLO. Ellos, los mandatarios solo cumplen con la obligación que les corresponde como funcionarios. SEAMOS CLAROS. (CI 2014-C98.ARC)

A UN MES DE INICIADO EL BLOQUEO EN LA RUTA 38  DENUNCIAMOS Y RESPONSABILIZAMOS: […] AL GOBIERNO PROVINCIAL POR AUTORIZAR ESTE AVASALLAMIENTO Y DESOBEDECER LA VOLUNTAD DE UN PUEBLO QUE YA SE HA EXPRESADO MASIVAMENTE CONTRA LA MEGA MINERÍA. (CI 2014-C77.ARC)

En el plano enunciativo, los anteriores fragmentos presentan marcas de lo que Dascal (1998) llama estratagemas, esto es, una estrategia discursiva que, en un intercambio polémico, pretende ubicar y posicionar a una determinada proposición como invulnerable a cualquier objeción: “el pueblo manda, el gobierno obedece”. El uso de una estratagema como este permite “triunfar” (al menos momentáneamente) ante los ojos de la audiencia relevante; el tipo particular de “fuerza” de este movimiento reside no en obligar al destinatario a que éste crea algo o lleve a cabo la acción que se intenta causar, sino más bien en dejarlo “sin habla”, incapaz de reaccionar con un contra-movimiento satisfactorio. La expresión imperativa “SEAMOS CLAROS”, del primer fragmento de arriba, funciona aquí como un cierre e inhibición de cualquier contra-argumento. Además, esta inversión de la relación de mando desplaza la posición de igualdad o paridad que supone la escenografía del diálogo que exhortaba a resolver de ese modo el conflicto de intereses en capítulo anterior. Lo que se invierte es la jerarquía que imponía respeto a los “representantes”: ahora, son ellos los que “solo cumplen con la obligación que les corresponde” y los que “deben” obedecer –tal como resalta con comillas el extracto anterior.

Pousadelas, retomando a Pitkin, advierte que este tipo de posiciones suponen una perspectiva de la representación que, acentuando el componente de responsabilidad, define a un representante como alguien que debe responder ante otro (el representado) por lo que haga en su nombre: hay aquí un “elemento de control, al afirmar que aquel que es autorizado para actuar sólo puede hacerlo dentro de ciertos límites, pues debe rendir cuentas de sus actos” (Pousadela, 2006, p.17). Desde esta perspectiva, el representante es un mero ejecutor, carente de iniciativa y autonomía, de las instrucciones que le imparten sus representados. La posición del representante es a tal punto subordinada que podría afirmarse que no es ya el representante el que actúa por su representado sino, más bien, éste actúa por medio de aquél. Para trasladarse al campo de una “democracia real”, un sistema político de decisión basado en el mandato imperativo, que elimina la mayor cantidad de mediaciones, trasciende el campo de la democracia representativa. En efecto, la democracia representativa ha sido –y sigue siendo– extremadamente controvertida porque supone la existencia de cierto margen de autonomía de los representantes para decidir acerca de las cuestiones que afectan a sus representados. Este aspecto de la autonomía es un objeto central del siguiente nivel de delimitar la contraposición de intereses.

2.2.2. La contraposición como alternativas

En un segundo nivel, la oposición de intereses expone una relación de diferenciación y externalidad entre los intereses propios y los intereses del adversario: unos son irreductibles a los otros, no tienen puntos en común y, entonces, resulta imposible conciliarlos. Ello conlleva una operación discursiva que obliga a una audiencia a escoger en favor de una u otra posición. Retomando a Dascal (1998), la radicalización de una polaridad acentúa la inexistencia de alternativas intermedias, subrayando tanto el carácter evidente de la dicotomía como el polo favorable que representa la posición del enunciador: “hay una sola forma de hacerlo y es a través de la resistencia organizada” o “son la alternativa más genuina de construcción colectiva”; son enunciados que, en los fragmentos siguientes, acentúan el polo favorable de la relación de intereses:

Desde la Asamblea Riojana Capital seguimos sosteniendo que en la lucha por la defensa del territorio y la soberanía del pueblo de decidir qué proyecto económico tener, hay una sola forma de hacerlo y es a través de la resistencia organizada, despojada de partidismos y menos aún ligada a sectores de poder que otrora impulsaron lo que hoy supuestamente rechazan. (CI 2012-C37.ARC)

Hemos logrado el movimiento autónomo más importante de los últimos 30 años en la provincia sin aparatos, sin líderes, sin partidos, sin gremios, sin fondos, desde el llano y a pulmón, en una construcción militante, popular, genuina y autodeterminada. (CI 2012-C45.ACR)

SE RATIFICA EL CARÁCTER AUTÓNOMO Y APARTIDARIO DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS, QUE SI BIEN TOMAN POSICIONES DE TIPO POLÍTICO ESTAS SE CONSTRUYEN DE MANERA HORIZONTAL Y BUSCANDO SIEMPRE FORTALECER EL PODER POPULAR, PERO FUERA DE LAS ESTRUCTURAS PARTIDARIAS, LA CONCIENTIZACIÓN ENTRE CIUDADANOS Y LA ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA POR LOS BIENES COMUNES PUESTOS EN PELIGRO POR LA MEGAMINERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS, POR LO QUE NO SURGEN DE SU SENO CANDIDATOS QUE LAS REPRESENTAN NI SE APOYAN CANDIDATURAS PARTIDARIAS. (CI 2013-C67.ARC)

Porque creemos que las Asambleas Populares, con las características antes mencionadas, son la alternativa más genuina de construcción colectiva, diversa e integradora, capaz de hacerle frente al Poder con sus viejas y viciadas estructuras políticas, verticalistas y autoritarias. (CI 2013-C69.ACR)

La insistencia en la “autonomía”, en este conjunto de enunciados, puede ser comprendida –insisten diversos autores (Pousadela, 2006; Svampa, 2010; Zibechi, 2003 y 2008)– como una narrativa que, heredada de los procesos de movilización en el país del 2001-2002, se nutre casi exclusivamente del rechazo y la desconfianza al sistema institucional y a sus mediaciones políticas. Así, la confrontación de intereses a este nivel, acentuará discursivamente a las asambleas “por fuera de” o “distintas a” las estructuras mediadoras de la democracia representativa y de sus espacios de decisión: los gremios y partidos. No obstante, en los comunicados de las asambleas riojanas la “autonomía” no adquiere una referencia postestatista (Lewkowicz, 2006) o una consigna en contra del Estado. En este entramado de enunciados funciona mejor como un marcador de la diferencia que permite, por un lado, desvincularse de los tiempos y las lógicas de la dinámica electoral y representativa, y, por otro lado, constituirse como criterio de exclusión del espacio asambleario a quien asuma la carrera y la competencia electoral. Esto es un rasgo común con otras asambleas ambientales, especialmente para el caso de Esquel (Weinstock, 2011); de hecho, Bottaro y Sola Álvarez señalan que, para el caso de las asambleas de Esquel, la autonomía se entiende “circunscripta, fundamentalmente, a la relación con los partidos políticos y el Estado. Como consecuencia estos actores no pueden participar como tales de la composición interna de las asambleas ni de las instancias de articulación inter-asamblearia” (Bottaro y Sola Álvarez, 2012, p.173).

2.2.3. La contraposición como destitución

He llegado a mis inseguridades definitivas.

Aquí comienza el territorio donde es posible quemar todos los finales

y crear el propio abismo, para desaparecer hacia adentro.

Roberto Juarroz, “Sexta poesía vertical”.

En el plano enunciativo, Dascal (1998) afirma que, en ciertas disputas argumentativas, los contendientes ven en la posición del oponente, y en su impermeabilidad a la argumentación racional, síntomas de una enfermedad contra la cual la única medida razonable es el castigo, la terapia o la indiferencia. Es que la última forma de polaridad declara no tan solo la polaridad de intereses, sino también la imposibilidad de la coexistencia. Por eso, en la superficie discursiva, este tipo de disputas no tiene solución, sino que tiende a ser disuelta; en este caso, por la desaparición o castigo de una de las partes.

Este es el punto más intenso del carácter antagonista de los intereses en este momento de la experiencia de clase: el interés propio se posiciona como freno, suspensión o castigo al interés adversario. El “Fuera Barrick” ya ofrecía una incipiente pista de este sentido, pero a la exigencia de suspensión o cese se sumarán funcionarios públicos e instituciones que, a juicio de las asambleas, cristalizan esos intereses adversarios. Aquí se entienden las demandas de modificación o anulación de leyes (código minero, ley de inversiones mineras, del tratado binacional con Chile), de los proyectos mineros en ejecución; de las decisiones judiciales; y la destitución o remoción de cargos. La suspensión o remoción no se circunscribe a los funcionarios públicos electos o designados, sino también al sistema institucional que lo sostiene y estabiliza.

Seguiremos luchando en las calles y en las rutas hasta conseguir la anulación del Código Minero y de las leyes que habilitan estos proyectos que ponen en riesgo nuestro territorio y nuestras vidas. No permitiremos que las pocas normas que tenemos a favor sean manipuladas por conveniencias políticas electoralistas, como se vino haciendo. Escracharemos y denunciaremos a cada funcionario que viole el mandato popular, exigiendo su destitución si fuese necesario. (CI 2014-C97.ARC)

Desde fines de junio, antes de la mediatización sobre el tema, distintas organizaciones sociales rechazamos la designación del Gral. César Milani como Jefe del Estado mayor del Ejército.  Desde la Asamblea Riojana Capital exigimos no sólo la reapertura de la causa del entonces conscripto Alberto Ledo (quien estaba bajo su mando durante el servicio militar), sino también la remoción al cargo de Milani, responsabilizando al Gobierno Nacional por la terrible incoherencia entre su discurso y el nombramiento de este personaje oscuro de la historia argentina. (CI 2013-C60.ARC)

Es cierto que el procedimiento de remoción o deposición de cargos públicos o anulación de instituciones y normas que subyace a esta forma de entender la contraposición de intereses no conlleva exactamente un explícito carácter destituyente –acompañado o no por un poder constituyente (Negri, 2008)– del orden capitalista^[57]. No obstante, el carácter impugnatorio señala una operación discursiva que se propone quitar fundamento a la posición del adversario. En este sentido, se produce una contraposición de intereses que priva de todo fundamento –jurídico, ético e incluso existencial– al adversario; aunque ello no signifique, aun, declararle la guerra abierta. La remoción o la suspensión revela lo contingente y vulnerable del adversario, que sólo se mantiene en tanto despliega estratagemas, artimañas, trucos: “Es forzar al gobierno a ponerse al mismo nivel de los insurrectos, que no pueden seguir siendo ʻmonstruos’, ‘criminales’ o ‘terroristas’, sino simplemente enemigos” (Comité Invisible, 2015, p.80). La prioridad no es tanto el proyecto de construcción de un nuevo “modelo de provincia”, sino la suspensión de lo que existe, la puesta en crisis de lo que hay: quemar los finales y crear el abismo.

3. Estrategias y contraestrategias

Observamos una reconfiguración de las estrategias de acción política en dos campos de confrontación que se relacionan, por un lado, con la información y el conocimiento; y, por otro, con la ocupación del territorio. Ya que, como explicamos en el capítulo 1, ni las estrategias ni las tácticas pueden concebirse desde un carácter esencialista respecto de los sujetos políticos que las ejecutan, ambos campos de confrontación comportan un reacomodamiento de estrategia y de sus tácticas. La imagen de abajo resume los nuevos campos de confrontación de estrategias. 

Imagen 2. Estrategias y contraestrategias. Momento II de la experiencia de clase de asambleas riojanas

3.1. La producción de información y conocimiento

Nos tratan como a ignorantes, como a faltos de conciencia, se apropian logros ajenos y hablan de pesada herencia […] Así es con los oligarcas, abusan de la mentira, hablan de un solo camino, habiendo mil avenidas.

Ramiro González, “La indecorosa”.

La producción y difusión de información propia, o la sistematización y publicación de otras fuentes de información es una de las estrategias de acción política ponderada como central para modificar las relaciones de fuerza. Ya vimos en el primer apartado que el recurso a la información es la modalidad más importante para argumentar y evidenciar la existencia de la “entrega” como daño. Pero a diferencia de las definiciones estratégicas de la experiencia de clase del capítulo 2, la producción/difusión de información y conocimiento no se dispone como un recurso al cual las asambleas recurren para habitar y transformarse en locutores válidos de un diálogo (para formar-se). En este nuevo momento de la experiencia de clase, “los ciudadanos y ciudadanas ya saben y entienden”, entonces la información y el conocimiento, su producción y, especialmente, su difusión y comunicación; se transforman en un campo de lucha en sí mismo.

Es común encontrar en los comunicados del periodo 2008-2016 verbos performativos como: “informamos”^[58], “denunciamos”, “alertamos”^[59], “aclaramos”^[60], “hacemos saber”^[61], “desmentimos”^[62], “advertimos”^[63]. A ellos se suman otras expresiones particularmente modalizadas en el plano de la necesidad y obligación de informar o dar a conocer determinada información: “es necesario precisar”^[64] o “nos vemos en la obligación de aclarar”^[65]:

Siempre fue un proceso de información, de la misma manera que lo hace el gobierno también lo hace a través de un proceso de información. Utiliza canales diversos a los nuestros, porque tienen mayores accesos, por decirlo de alguna manera, entonces utilizan medios de comunicación de todo tipo, tienen la infraestructura para hacerlo. Entonces, bueno, es como una cosa medio desigual. (CI 2010-E04. ASAMBLEA CHILECITO CXLV)

La pueblada del Famatina conoce las prácticas y metodologías que realiza el gobierno liderado por Luis Beder Herrera, es por eso que rechazamos el ‘plan de información y capacitación’ entendiendo que se trata de un disfraz de compra de voluntades. (CI 2012-C23.ACR.)

NO PERMITIREMOS que la Secretaría de Ambiente de la Provincia se haga cargo del inventario de glaciares, ya que consideramos han demostrado su incompetencia en reiteradas oportunidades, habiendo manifestado que en nuestra provincia no existen glaciares y que, no dudamos, acomodarán la información/investigación a favor de sus intereses políticos y económicos, en detrimento del medio ambiente y la conservación racional de los recursos naturales. (CI 2012-C35.ACR)

Particularmente, la producción o incorporación de información científica desde las organizaciones ambientales es una estrategia que ha sido registrada y difundida en diversos estudios previos sobre conflictos ambientales. De acuerdo a una parte de estos estudios, el recurso al conocimiento técnico y científico es concebido como parte de una importante herramienta de las asambleas y colectivos ambientales que adquieren, de este modo, una gran capacidad para constituirse en “expertos” (Besana y Monserrat, 2013; Bottaro y Sola Álvarez, 2012; Montera, 2016; Wertheimer, 2013). Por ejemplo, Skill y Grinberg (2013b) sostienen que, en contexto en los cuales los expertos y las autoridades no gozan de confianza, las organizaciones ambientales construyen su propia expertise: adquieren los suficientes conocimientos para apropiarse de investigaciones académica y utilizarlas como parte de su lucha. Estos autores registran, particularmente, las experiencias del Colectivo “Paren de fumigar” y de las “Madres de Ituzaingó”, como organizaciones activas en la producción de conocimiento. En este sentido, Wagner (2010) destaca que, la preocupación por la corroboración de los datos y la fundamentación científica de los cuestionamientos a la megaminería son un aspecto fundamental de las acciones llevadas a cabo por muchas organizaciones ambientales. Merlinsky, por su parte, los agrupa como ejercicios de una “epidemiología popular”: “ciudadanos comunes (legos o no expertos) reúnen estadísticas, información, recursos y conocimiento experto para comprender la epidemiología de una enfermedad” se contraponen o agregan a otros “conocimientos expertos” (Merlinsky, 2017, p.122). En la misma sintonía, Svampa y Viale valoran estas estrategias como parte de la creación de espacios de articulación e intercambio de saberes y disciplinas diversas que permiten, luego, gestar “un saber experto crítico, independiente de los discursos y poderes dominantes (económico, político y mediático), y donde logra un lugar la valorización de los saberes locales, entre ellos los de raíz campesina-indígena” (Svampa y Viale, 2014, p.34).

Tensionando la oposición con la hegemonía del conocimiento científico producido en centros autorizados y legitimados (universidades, centros científicos, etc.), Avalle, Gallo, y Graglia (2012), registran para tres casos de asambleas en contra de la minería –entre las que se encuentra el caso riojano–, un profundo cuestionamiento del valor social y económico del conocimiento científico, impugnando así sus fronteras de enunciabilidad. Esta última lectura es comprensible bajo una tendencia que Didriksson (2016) describe como dominante y cada vez más excluyente: la producción de conocimientos y tecnologías ya no está desarrollándose en exclusividad en los ámbitos de la universidad, sino en las empresas, laboratorios, redes sociales, entre otras. En otras palabras, se trata de un cuestionamiento al conocimiento científico cuando la realización de la ciencia ya no está sujeta a y en las universidades, aun cuando éstas siguen manteniendo un papel único, sobre todo por su capacidad para generar aprendizajes organizados en disciplinas o en áreas determinadas del trabajo académico y educativo, sin los cuales la ciencia no podría existir en el sentido moderno.

Siguiendo este último planteamiento, la contraposición de estrategias se organiza como una economía política del conocimiento y de la información^[66]. La contra-estrategia adversaria puede ser comprendida, según el discurso de las asambleas, como gestión del (des)conocimiento y la (des)información que tiende a una reproducción ampliada y multiplicada de la ignorancia. La descalificación de las asambleas a partir de la asignación de “ignorancia” era ya parte de una de las tácticas del adversario, según vimos en el capítulo 3; pero en esta otra contra-estrategia, la ignorancia se inscribe como horizonte de una producción sistemática de ocultamiento, invisibilización o desaparición del dato, de la información o el conocimiento. La contra-estrategia adversaria, entonces, recurre a la información, no para poner a las poblaciones bajo conocimiento de ciertos asuntos, sino en función de una necesidad de encubrir, disimular o esconder. El “silencio absoluto” sobre los proyectos de exploración o explotación, la producción de confusión, y en su extremo, de “falsedad”; son las tácticas que completan esta contra-estrategia adversaria de gestión del (des)conocimiento y la (des)información:

Una vez más, informamos a la comunidad de nuestra provincia que el gobierno avanza en el más absoluto silencio en la entrega del cordón del Famatina (Famatina; Helvecia, El Potro, Peñas Negras, El Oro, etc.). (CI 2009-C8.ACR)

Por su parte, la Secretaría de Ambiente de La Rioja jamás hizo mención pública a la existencia de este permiso de tránsito en favor de Barrick, No comunicó a la población qué tipo de materiales se transportaban –como tampoco lo hace respecto a ninguna otra empresa minera en la provincia– y mucho menos qué clase y periodicidad de controles se realizaban y sus resultados. Con decenas de aprobaciones de Estudios de Impacto Ambiental sin siquiera llamar a audiencias públicas ni dar difusión masiva a esos documentos; con más de 240 mil hectáreas de la Reserva Laguna Brava Ramsar (el 60% de su superficie) entregadas a la mega minería a cambio de un simple informe ambiental y 2.500 pesos/mes de canon; con 720 millones 800 mil litros de agua riojana por día del Río Blanco en venta a mineras de Chile (130 millones de dólares USA anuales); con la negación absurda de la existencia de más de 400 glaciares y/o cuerpos de hielo ya detectados en un estudio preliminar en abril pasado, esta Secretaría se ufana en anunciar que nuestra provincia recibirá el 15 y 16 de octubre próximo al c. Esta es otra muestra del clásico carácter sigiloso del accionar de la mega minería, y del triste rol de garante complaciente del Estado a favor de sus grandes socios corporativos. (CI 2012-C35.ACR)

Si la minería no está en la agenda del gobierno, desafiamos a Azulay a dejar sin efecto cada informe de impacto ambiental presentado para muchos de los proyectos mineros, que suman más de 2 millones de hectáreas en nuestra provincia y que han sido aprobados por esa secretaría. Informes falsos y que ocultan los efectos dañinos de esos proyectos en el ambiente. (CI 2015-C101.ARC)

¿Qué quiere decir esto? ¿Qué Dioxitek operará en La Rioja? Bueno, evidentemente es imposible tener ese tipo de precisiones cuándo la CNEA es la que está trabajando. Por eso decimos que estamos cansados de secretos, misterios e intrigas. Máxime, cuando nuestra salud y el medio ambiente están de por medio. (CI 2012-C48.ARC)

En este campo confrontación, la disputa sobre el error, la inexactitud o la falla de la evidencia pierden su importancia porque, de acuerdo a las entrevistas y comunicados, la mentira se erige como una de las tácticas del adversario. No es una simple mentira, sino una mentira en donde el adversario sabe que miente; habla sobre el mundo y los hechos desde la manipulación deliberada y sistemática. Se trata, según las asambleas, de una mentira cohesiva y sistemática en la que la coherencia interna le gana al anclaje al mundo real: “la negación absurda de la existencia de más de 400 glaciares”, decía uno de los fragmentos anteriores.

Desde algunas perspectivas teóricas, se podría inscribir estas disputas como parte del entrevero en el campo de la posverdad^[67]. Más cuando, por ejemplo, entre los resultados de este tipo de tácticas, las asambleas denuncian un desvanecimiento de la univocidad de determinados conceptos o ideas, por tal, lo que se entiende como “mineral”^[68] o como “ambientalmente sustentable”^[69]. No obstante, en los relatos hay un reclamo y un esfuerzo por mantener y defender criterios de verdad y objetividad, de información que ciertamente se corresponde con hechos, y, en consecuencia, donde no toda información es igual de verdadera:

O sea que no es que no estábamos informados, no es que éramos unos loquitos, no, no… teníamos sobrada información, tenemos… por eso no han podido con nosotros. (CI 2011-E13. ASAMBLEA DE VA DE FAMATINA)

Es decir, hay algo grave que es la desinformación, el desinformar, el no dar la información tal cual ha sucedido, ahí es donde se plantea lo grave y eso es lo que nosotros denunciamos. Estos medios no pueden hacerlo. El medio puede decidir no publicar que la Asamblea de Ciudadanos por la Vida se manifestó ayer en la plaza. Puede decidir no hacerlo porque no le parece relevante o porque… pero no puede poner la información y decir que, por ejemplo, eran dos personas y dedicarle, en esa misma nota, a hablar sobre las maravillas de la minería. En ese caso estás desinformando, estas planteando cosas que no son. (CI 2010-E05. ASAMBLEA CHILECITO CXLV)

La estrategia de producción de información y conocimiento de las asambleas riojanas sólo toma sentido en este marco, es decir, al momento que es la (des)aparición del dato y la (des)información sobre el mundo y los hechos lo que se disputa y se coloca como objeto de confrontación:

Eso lo vienen denunciando nuestros compañeros de Sanagasta; quedamos en juntarnos para ir a ver de qué se trata esto y sacar fotos y denunciarlo públicamente porque todo eso se hace con plata de la Provincia, con ningún tipo de información, están violando las leyes de información pública en casi toda la información que tiene que ver con la minería. De hecho, yo misma he hecho varias presentaciones, pedidos de informes de impacto ambiental que no te los contestan o te dan 10 mil vueltas para contestártelos o te mienten como la última vez respecto de una exploración que se está haciendo en Guandacol. (CI 2010-E12 ASAMBLEA RIOJANA CAPITAL)

La disputa en este campo es ciertamente inestable, y, en general se reconoce una ventaja relativa del adversario al reconocerle el control sobre los medios de comunicación, como “arena” privilegiada^[70]. No obstante, no hay en los comunicados o en las entrevistas una declaración de absoluto dominio o de un dominio “natural” del adversario. Por ejemplo, en uno de los extractos de abajo, se define en términos de “juego” estas tensiones estratégicas, donde se reconoce las posibilidades constantes de reacción y de transformación. Ello exige “ver en qué agujero se va metiendo con la información” –como dice el extracto de más abajo.

Este carácter inestable del campo de confrontación es confirmado por ciertos “triunfos” de las mismas asambleas: la gran visibilidad que tuvieron los cortes de Peñas Negras y de Alto Carrizal en medios de circulación nacional es uno de los momentos más referenciado y recordado. En este sentido, también el estudio de Cerutti (2017) registra que este último corte se convirtió en un acampe permanente, con un amplio flujo de circulación de personas de puntos muy diversos del país (y de otros países de América Latina y del mundo).

Y claro, una vez que entramos en los medios nacionales, ya se fue tomando cada vez más cuerpo y más y más… y hoy, lo tocás al Famatina y está el mundo ya. La XXX fue a Canadá, no sé si te habrá contado. Así que vos mirá, te das cuenta cómo está nuestra lucha de fuerte, y esas no son macanas, nos van a tener que respetar les guste o no. Habrán hecho la ley de las minas así, que quede así… pero la ley de los pueblos es más fuerte, y nos van a tener que respetar. (CI 2011-E13. ASAMBLEA DE VA DE FAMATINA)

Entonces, nosotros vemos como que…es un trabajo fuerte que ellos están haciendo y que nos lleva a buscar los mecanismos como para, bueno, tenemos un evento, ¿cómo difundimos, si sabemos que una sola radio nos va a difundir…? Bueno, la propaganda callejera, hacemos afiches, vía mail, pegamos en los negocios y así. (CI 2010-E06. ASAMBLEA CIUDADANA CHILECITO)

Y bueno, después tenemos las radios; con las radios es un poco más fácil pero siempre va a ser mucho más acotado también y más premeditado, entonces también es todo un tema. Medios alternativos hay muy pocos, eh, en la capital de La Riojas hay dos (risas) dos muy pequeños y bueno, después qué sé yo, todos los demás medios te difunden si la coyuntura política lo permite. Todo está dependiendo de la pauta: si le dan la pauta no dicen nada; si están peleando la pauta dicen mucho para apretar y que se la den, entonces es todo un juego de conveniencias y de tensiones para ver qué logran en ese juego. Y todo esto lo sabemos, y lo sabemos todos. Entonces uno tiene que estar muy atentos, leer los diarios, escuchar las radios para ver en qué agujero se va metiendo con la información, es un poco también parte del juego. (CI 2010-E12 ASAMBLEA RIOJANA CAPITAL)

En definitiva, la acción en este campo estratégico exige un esfuerzo extra por buscar y adueñarse de la victoria: la ventaja del adversario obliga a ello –“nos lleva a buscar los mecanismos”, dice la entrevista de arriba. Un estudio de los medios, la creación y uso de canales alternativos de producción y difusión de información; de esto se trata, de crear y mantener un “estado permanente de movilización social” como lo expresa el fragmento de abajo:

Con trabajo comunitario, con trabajo de base, con los pocos medios que nos publican y que… nosotros creemos poderosamente que la permanente interacción con la comunidad desde las actividades que se van generando desde la asamblea es lo único…el mantener el estado permanente de movilización social es lo único que va a contrarrestar esta avanzada del gobierno, de los medios, de las mismas empresas mineras a través del gobierno, a través de los medios. Eso, el trabajo de base, el estar permanente saliendo a los barrios, informando, con el poco tiempo del que disponemos cada uno, pero eso. (CI 2010-E05. ASAMBLEA CHILECITO CXLV)

3.2. Ocupación de territorios

La certeza de tomar lo que atacas significa atacar un punto que el enemigo no protege. La certeza de conservar lo que defiendes es defender un punto que el enemigo no ataca.

Sun Tzu, “El arte de la guerra”.

En el momento de la experiencia de clase visto en el capítulo 3, uno de los campos de contraposición de estrategias era la gestión del paso desde y hacia el lugar. La transformación que observamos aquí es que los enunciados de comunicados y entrevistas van a tener una mayor acentuación en la “ocupación efectiva” del territorio, en tanto toma de posición y posesión sobre una parte de él, ya sea en las zonas posibles de explotación, o en las calles y plazas de las principales ciudades.

Este campo de confrontación incluye la identificación de una contra-estrategia basada en el avance del adversario en diferentes espacios, geográficos pero también simbólicos. Esta contra-estrategia incorpora, según los comunicados y testimonios, lo que llamamos “tácticas de ocupación” y “tácticas de desocupación”. Entre las primeras, se incluye:

1. la proliferación y aprobación de nuevos proyectos de exploración y su implementación efectiva es el ejemplo más claro –hemos detallado en el primer apartado cuáles son estos nuevos proyectos de exploración;
2. la realización de eventos o actividades que, especialmente en las ciudades, promueven y difunden información a favor de la minería, especialmente en las ciudades. Entre los comunicados se encuentran referencias a la circulación de materiales promineros en la “Feria el Libro” del año 2013 en la ciudad Capital^[71]; la realización en la misma ciudad de la 71° Reunión Regional Ampliada del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)^[72]; o el encuentro de gobernadores de provincias vinculadas a la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en la próxima ciudad de San Fernando de Catamarca^[73].

Por su parte, las “tácticas de desocupación” son aquellas dirigidas a desplazar a las asambleas de los espacios ocupados. La activación del aparato represivo –que incluye tácticas de intimidación, represión y criminalización a través de la activación de la vía judicial– se disponen ahora de manera sistemática y articulada para contrarrestar el avance de las asambleas sobre el control del territorio, para forzar y reconstituir una “asimetría”:

Y nos ha pasado, bueno, de situaciones puntuales en los espacios públicos que nos ha reprimido la Policía, que ha venido algún asesor, como pasó una vez en La Rioja capital, en la apertura de la Feria del Libro, que vinieron los guardaespaldas del gobernador a querer sacarnos. Esa respuesta la tienen porque es lo único que les queda, no tiene otra cosa que decir, no tienen forma de confrontar. Esto que como te decía, algo asimétrico se da permanentemente…en esa asimetría su único fácil que les queda, el recurso que tienen es el golpe. (CI 2010-E05. ASAMBLEA CHILECITO CXLV)

Aquí, la represión y el uso del aparato policial es una táctica móvil: si bien se reconoce parte de la contra-estrategia adversaria frente al avance de las asambleas en el territorio, también se entiende que es una táctica subsidiaria y subordinada respecto de los resultados en el campo de confrontación de estrategia sobre la producción/difusión de información. Esto es, cuando en la disputa por la información/desinformación, las asambleas pueden lograr el retroceso del adversario, a éste “solo le queda el golpe”, tal como expone el fragmento anterior. Con ello, la represión y criminalización de la acción política no aparecen con un carácter de contra-estrategia, con un sentido por sí misma,  sino más bien son tácticas que, según cada momento, las asambleas identifican como parte de una contra-estrategia más amplia. 

Aquí, las asambleas responderán, de un modo especular, con una estrategia que disputan también el espacio y su ocupación efectiva. Acentuamos que la estrategia que emerge en el discurso se asienta en una ocupación “efectiva”: es que será esa carga de certeza la que envuelve los enunciados. Como dice uno de ellos: “el bloqueo no es simbólico, es efectivo”. Es que, para 2014, ya el corte de Peñas Negras impidió la continuación de trabajos de Barrick Gold; el corte de Alto Carrizal impidió la entrada de Osisko Mining; y el corte de El Duraznillo, la continuación de los trabajos de la CNEA.

Hace casi tres meses estamos impidiendo que la CNEA continúe su trabajo en la mina de uranio ubicada en Las Cañas, quebrada de Alipan a solo 20km de esta plaza. Este bloqueo no es simbólico, es efectivo, nuestro Velasco sigue en pie sólo porque vecinos y vecinas en el corte de la ruta 38, no permitimos el ingreso de las máquinas para el inicio de la explotación. (CI 2014-C97.ARC)

La táctica estrella que se corresponde con esta estrategia es la de los cortes y bloqueos permanentes a accesos de las zonas de explotación. El vínculo entre auto-organización y bloqueo, forma parte del eje central de la acción política de este momento de la experiencia de clase. Esta táctica no sólo sigue estando disponible y considerándose como válida, sino que se consagra como la “única táctica efectiva” ante el avance del adversario. En los comunicados y entrevistas se puede encontrar expresiones modalizadas en el plano de la necesidad y de la obligación, tales como: “sólo puede hacer esto para defenderse”^[74]; o “no tenés otros medios, entonces tenés que cortar la ruta”^[75].

Ahora bien, en el periodo 2008-2016, el corte a la CNEA, en El Duraznillo, ciudad Capital, desde marzo de 2014, es el tercero de los bloqueos a accesos de zona de explotación y, por ello, no es casual que sea en ocasión de los comunicados que a él se refieren que se cristalicen y vuelvan evidentes para la organización asamblearia que los cortes y bloqueos son posibles en virtud de la creación de “sistemas de alerta y reacción” y “tareas permanentes de resistencia y monitoreo en la zona”, tal como dicen los fragmentos de abajo:

Después preparar o una vez que hacés el tema de lo que nosotros llamamos ‘acciones concretas’, digamos, que son tácticas, tratamos, bueno, de evaluar las circunstancias y de ver qué vamos a hacer; desde un, no sé, desde una intervención en un acto público hasta un corte o lo que sea, todo demanda, digamos, una tarea, ¿no? O sea, organización, de juntar un mango. Si es muy de coyuntura y muy urgente, que nos ha pasado cuando Chilecito paró, porque pasaron por Famatina tres camiones que venían de Chile y se mandaron por ahí y de allá nos avisan ‘Van a ir, fíjense si van por la ruta 38’. Y no hay tiempo para preparar, hay que rajar, rápido, y venir, ¿no? Tener el aguante, ver por dónde van a pasar y pasar una noche esperándolos, parados, y para pasar otra noche negociando para que se vayan, ¿entendés? (CI 2010-E12 ASAMBLEA RIOJANA CAPITAL)

Lograr la suspensión de este proyecto implicó sostener un acampe durante 6 meses y tareas permanentes de resistencia y monitoreo en la zona, que permanecen hasta la actualidad. (CI 2015-C99.ARC)

Se logró AVANZAR EN LA ORGANIZACIÓN ENTRE VECINOS tanto para la concientización como para la resistencia contra estos emprendimientos; habiéndose creado sistemas de alerta y reacción ante posibles intentos de retomar los trabajos mineros por parte de la CNEA. (CI 2014-C93.ARC)

El sonido de las campanas como “llamado y punto de atención”, las rondas de comunicación y vigilancia en las rutas y acceso a la ciudad eran ya en Famatina y Chilecito las primeras claves de esos “sistemas”. Pero la planificación de este tipo de acciones alcanza aspectos centrales: cuándo cortar, cómo iniciar el bloqueo, cómo llegar, quiénes no deben ir; qué llevar y cómo sostener esos bloqueos. Es decir, los cortes y bloqueos adquieren una mayor sistematicidad en su planificación e implementación que no era exactamente advertido en la estrategia revisada en el capítulo 3. Nuevamente, la versatilidad de las tácticas admite que, en la perspectiva de las asambleas, los cortes y bloqueos se conciban también como espacios de información y formación interna. Tanto en Alto Carrizal como en El Duraznillo, se organizaron espacio de talleres, ferias^[76], proyecciones de documentales, conferencias o festivales artísticos. Con ello, este tipo de “acciones directas” no son subsidiarias de las acciones institucionales o administrativas de reclamo, sino de aquella estrategia más amplia de información y combate a la desinformación que describíamos en el subapartado anterior.

Pero, finalmente, digamos, somos conscientes que lo que aporta en definitiva es a la subjetividad del colectivo en el sentido de que, bueno, de la conciencia colectiva porque en la realidad no estamos parando la minería ni menos el paso de camiones, ¿entendés? Lo que es concreto es que sí aporta todo eso a que la gente vaya tomando conciencia de que se está haciendo algo y por qué se está haciendo y en el mejor de los casos se ponga a leer el material que les podemos entregar en esas circunstancias. Tratamos de no hacer cortes que jodan mucho a la gente, lo máximo que hemos molestado ha sido parar una hora a toda la gente para generar algún tipo de…que estos también lo haces especuladamente porque cuando vos cortás una ruta nacional lo que intentás es que lleguen los medios nacionales. Entonces te tenés que comer el garrón que se come el que va pasando de pararse una hora y a los camiones los parás, ‘Sé pacientes hasta que termine el corte’. Pero y pedirle, hablarles y decirles que lo único que pretendés es que colaboren con esa horita de su tiempo, mientras tanto le das material para que lean, lo tratás bien, les ofreces lo que… ¿me entendés? Hay una diferencia entre un corte piquetero tradicional y el nuestro en verdad, pero finalmente molesta, y sabemos pero es la única manera, a veces son necesidades que…que surgen porque a veces no tenés otros medios, no hay un…no tenés medios para difundir la información, no tenes…entonces tenes que cortar la ruta. Entonces bueno generar esta conciencia también genera un trabajo aledaño, decirle a la gente, y te digo, en general han sido muy pocas las personas con esta metodología que se han zarpado. Siempre alguno que está a favor de la minería obviamente, esos que pasan por encima tuyo, no les importa si te aplastan, te rompen las banderas, es decir, pero en general se lo bancan y bien. Hemos tenido experiencia re linda de gente que se baja, nos convidan mate y nos ceban y nos dejan lo que tienen en el auto de comida y de agua para que aguantemos y nos dicen ‘Sigan adelante’. (CI 2010-E12 ASAMBLEA RIOJANA CAPITAL)

Dos tácticas más integran esta estrategia. Una, apunta a la creación de nuevas asambleas en pueblos y ciudades riojanas, como respuesta directa a los nuevos proyectos anunciados por el gobierno provincial y ampliación de la lucha en un espacio geográfico más extenso^[77]. La otra táctica, contracara de las reuniones y eventos realizados en la provincia para consolidar la institucionalidad minera, es aquella en la que las asambleas se asumen anfitrionas de sede de tres reuniones generales de la Unión de Asambleas Ciudadanas: en junio de 2007 en Chilecito; en mayo de 2014, en Nonogasta^[78]; y en diciembre de 2016, en la ciudad Capital^[79]. Esta última, se vincula de manera directa con las nuevas maneras de elaborar la solidaridad en la experiencia de clase.

4. Solidaridades

Cuando nos miramos,

nos unen todos los hilos del mundo.

Roberto Juarroz, “Segunda poesía vertical”.

El principal desplazamiento de la solidaridad que tratamos en este capítulo muestra que las luchas-otras no solo aparecen en el discurso de las asambleas riojanas como experiencias disponibles para ser imitadas o apropiadas –como “ofrendas de batallas exitosas”, tal como explicábamos en el capítulo 3. Aquí, comienzan a aparecer la creación de unas formas más institucionalizadas de la solidaridad, vínculos más permanentes, estables y organizados de la colaboración o del “relajamiento” del antagonismo.

Esta modulación de la solidaridad puede, a su vez, adquirir dos niveles que, siguiendo las advertencias gramscianas, “corresponden a los diferentes momentos de la conciencia política colectiva” (Gramsci, 2010, p.414). Nos referimos a la diferencia que este autor hace entre el momento “económico-corporativo” de las alianzas entre fuerzas sociales; el momento “económico-sectorial”, donde se reivindica el derecho a participar en la reforma y modificación de los marcos fundamentales del orden existente; y, finalmente, el momento del “partido”: “donde se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación, de un grupo puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados”. Mostramos a continuación estos dos niveles que, haciendo una adaptación de la clasificación gramsciana, decidimos convenir en llamar el nivel económico-corporativo y el nivel económico-político.

4.1. El nivel corporativo de la solidaridad

Advertimos en los apartados anteriores que la particular delimitación de la situación de clase y de los intereses de lucha son la base para iniciar una fuerte política de alianzas con otros colectivos ambientales. El “modelo extractivo”, la “entrega” y la “defensa” son los ejes que aglutinan a diversas organizaciones asamblearias y crean así nuevas formas identitarias de articulación que se proyectan como estables y constantes. Estas, no obstante, sólo integran a organizaciones o colectivos que se inscriben dentro de la lucha en contra del “modelo extractivo”, con los límites que tiene este concepto en el discurso asambleario –como ya vimos en la primera parte de este capítulo. Por ello, este nivel de constitución de alianzas es aún “corporativo”, entre luchas afectadas por lo “extractivo”.

En el plano provincial, la “Asambleas Ciudadanas Riojanas”, la “Coordinadora en Defensa del Territorio y de los bienes comunes”; y en el plano interprovincial, las “Regional Cuyo de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)”. Por su parte, a nivel nacional, como reconoce Cerutti (2017), el nacimiento de la “Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)” está marcado por una articulación de diferentes luchas desde una fuerte reivindicación de la autodeterminación de las comunidades. El estudio de Cerutti y Silva (2011) describe la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) como una instancia asamblearia de segundo y hasta tercer grado que nuclea a numerosos movimientos sociales, asambleas ciudadanas y/o de autoconvocados, organizaciones políticas, artísticas, ecologistas, de educación popular, territoriales, e intelectuales de todo el país.

La Asamblea Riojana Capital invita a la población toda a la radio abierta que realizará en Plaza 25 de mayo a partir de las 17 hs. participar en la manifestación popular, bocinazo, intervención artística, entrega de documentación que articuló con otras organizaciones de base junto a la COORDINADORA en DEFENSA del TERRITORIO y de los BIENES COMUNES de conclusiones y contrapropuestas a lo que significa el verdadero sentir popular frente a la OFEMI, organización federal de estados mineros que no quieren otra cosa que funcionar como gerenciadores del saqueo sin licencia social sobre nuestros bienes. (2012-C31.ARC)

Las personas que integramos la Asamblea el Retamo estamos convencidas que la situación de Nonogasta es sólo un eslabón de la cadena de problemas que asolan a distintas provincias y regiones de Argentina y América Latina. Asimismo tenemos la certeza que ninguno de los problemas se podrán resolver de manera aislada; por ello valoramos sobremanera la instancia de la Unión de Asambleas Ciudadanas como una oportunidad para conocer y conocernos en las luchas y resistencias de cada uno de los pueblos. (CI 2014-C78.AER)

Eh, pero la UAC en este momento está en el ojo de los políticos y de los expoliantes porque justamente está siendo la organización visible y que nuclea y que tiene cierta cohesión y de que de alguna manera está como rompiendo con esta cosa de hegemonía que tuvieron hasta ahora. (CI 2010-E02.ASAMBLEA CHILECITO CXLV)

La intención explícita de trazar y diseñar la composición de las alianzas no se reduce al encuentro o a la reunión, o a ser espacios de identificación mutua. La creación de una institucionalidad solidaria adquiere fuerza como centro de disputa de hegemonía en tanto y en cuanto puede dar cauce a un programa de acción común, al menos en el nivel provincial, como se muestra en el siguiente fragmento de comunicado:

En Junio de 2008, luego de casi tres años de lucha contra el extractivismo neoliberal, todas las Asambleas de la provincia acordamos en Plenario y por Unanimidad lo siguiente: –Provincializar las luchas bajo el nombre ‘Asambleas Ciudadanas Riojanas’. –Reafirmar que las Asambleas son genuinas instancias de organización popular autodeterminada, autónomas, horizontales y apartidarias. –Profundizar la articulación con las luchas hermanas en todo el país como Regional NOA – CUYO dentro del espacio nacional llamado ‘Unión de Asambleas Ciudadanas’ (UAC) que lleva una década de lucha concreta en la Argentina contra el saqueo y la contaminación. –Avanzar en la socialización de causas estructurales. (CI 2013-C69.ACR)

Este tipo de formas institucionalizadas, a nuestro entender, traducen formas de solidaridad que no fijan las distintas experiencias de clases en roles y funciones definidas y concebidas de antemano, sino que ofrecen “una consistencia” –dice Lazzarato (2006)– a las distintas experiencias de lucha; no las reproducen automáticamente, sino que les ofrecen un tejido en el cual bordar la producción de lo nuevo, un espacio para abrir mundos posibles.

4.2. El nivel político de la solidaridad

Este nivel implica que la política de alianzas comienza a extenderse para mirar a colectivos no necesariamente “ambientales” o sólo con organizaciones que se declaran en contra del “modelo extractivo”. En este plano, encontramos formas de solidaridad que si bien se mantienen presentes en el discurso de las asambleas, tienen un sentido más inestable cuando se trata de crear formas institucionalizadas, o, dicho de otra manera, la constitución alianzas tiene un carácter menos programático y más bien simbólico. 

En primer lugar, la específica forma de elaboración del daño-desposesión y del ellos explica la configuración de una solidaridad expresa y constante en los comunicados y entrevistas con las luchas en contra de la represión y desaparición de militantes durante la última dictadura militar. Los comunicados operan un acercamiento entre lo que presumen que es el daño para estas luchas, la desaparición de personas, y el daño que definen para sí, la “entrega” y la “violencia” del “modelo extractivista”. Aquí, la operación discursiva une y hace partícipe especialmente a estas luchas-otras de un mismo sistema de dominación, uno basado simultáneamente en la destrucción de la vida y la naturaleza. En los fragmentos de abajo, el enunciado “nuestros 30 mil desaparecidos” expone una apropiación de lo que se considera es el daño-desposesión de esas luchas pasadas; y el enunciado “delitos de lesa humanidad y lesa naturaleza” no solo une “humanidad” y “naturaleza” como objetos de expropiación y explotación, sino que reviste el mismo registro que, de una manera muy extendida, se utiliza para hablar de los crímenes de desaparición de personas durante el periodo militar y del proceso de juzgamiento que iniciaron tras la anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida^[80].

Nuestros 30 mil desaparecidos se jugaron la vida por sus ideales, no dudamos que los ‘Ledo’ de entonces estarían hoy luchando contra el extractivismo y cualquier otra causa ligada a este modelo económico y político. Si el ‘Nunca Más’ no fue sólo una consigna sino una bandera de ‘nueva conciencia’ debemos repudiar este nombramiento y responsabilizar a quienes posibilitaron. (CI 2013-C60.ARC)

Las Asambleas Ciudadanas Riojanas denunciamos que el modelo extractivista perpetrado por este gobierno no sólo es la continuidad de las etapas anteriores, sino también promotor del nuevo genocidio, ecocidio y delitos de lesa humanidad y lesa naturaleza que un día nuestra sociedad deberá juzgar. (CI 2013-C56.ARC)

Por otro lado, cuando se trata de procesos de otras luchas contemporáneas, la política de alianzas es marcadamente menos explícita y sistemática. Se presenta, dice el testimonio de abajo, como un “impulso de querer estar”, o una “conciencia de que hay que acompañar”; pero los alineamientos son más bien coyunturales y se dirimen entre la mera expresión de apoyo (como sucedió en la lucha de los trabajadores de la curtiembre, la lucha en contra de la refuncionalización del edificio y relocalización de los Profesorados que funcionaban en la Escuela Normal Pedro Ignacio de Castro Barros^[81]); o, en la manera más intensa, como participación puntual en acciones sostenidas de lucha común, como lo fue el caso de la toma del Rectorado por parte de los estudiantes de la UNLAR^[82].

Entonces, por ejemplo, sabemos que cuando fue lo de, cuando hubo ese conato de toma de la fábrica de Nonogasta, de la curtiembre, la asamblea se acercó a apoyar porque, bueno, obviamente estamos hablando del, de esto, era contaminante, tenía que ver con […] Finalmente ellos terminaron arreglando. Es decir, tenés que entrar con mucho cuidado porque como es muy perverso el sistema y es muy fuerte la bajada política, tenés que tener cuidado también a dónde vas porque es, lo más probable es que te quedes pegado ahí o que se te confunda. Y porque muchas veces el laburante, el que tiene miedo de perder su, su fuente de trabajo, ¿viste?, de última transa porque es lo que hace todo el mundo, ¿entendés? Le cuesta mucho menos eso que decir ‘Me mantengo acá y, no sé, tomamos la fábrica y recuperamos esto desde nuestros paradigmas’. Para eso tenés que tener un proceso de formación. En algunos casos se ha logrado, muchas fábricas recuperadas, ustedes lo saben, por suerte, y hay gente que lo está pudiendo hacer y otros que todavía no es el tiempo; y así les va, ¿viste? Ahora les metieron otra empresa brasilera y están como el culo otra vez, o sea, esto te quiero decir. Se aprenderán o no, entonces, eh, desde la asamblea hay siempre un impulso de querer estar. […] lo que pasa es que uno tiene que ser cauto porque si no caes en la misma que hacen los partidos y no queremos hacer eso. O sea, nosotros acompañamos esos procesos pero la decisión final la tiene que tomar el protagonista, el grupo protagonista […] Bueno, esto también tiene que ver con los aprendizajes y uno como la ve, tiene conciencia, la viene transitando, estás en el día a día de la lucha digamos, la ves y vas y tratás de aportar. Pero si el grupo que es el protagonista y los que van a estar finalmente…perjudicados por la situación directa, no toma la decisión es porque no está en condiciones y no está, no está, no está, ¿entendés? Entonces no podés, tenés que ir y ver y replegar si es necesario o acompañar hasta el final, lo que se pueda. Pero si hay una conciencia de que, digamos, de que hay otros procesos que hay que acompañar, ¿no?, y que dentro de las reivindicaciones laborales, eh, pero es muy difícil. (CI 2010-E12 ASAMBLEA RIOJANA CAPITAL)

En el registro de la entrevista anterior, la posibilidad de una solidaridad institucional con estas luchas-otras se instituye como dependiente de la decisión política de los propios sujetos involucrados en esos conflictos: en otras palabras, de la necesaria expresión de una “decisión/autodeterminación”, en tanto interés de esas lucha-otras. Es decir, aquí se muestra cómo la elaboración del interés de la lucha puede ampliar los horizontes de articulación y vinculación solidaria, mas no la homogeneidad de demandas, ni de auto-identificaciones, ni de trayectorias individuales.

Por último, es importante advertir que, en este nivel político, las articulaciones o desarticulaciones de alianzas son móviles y no exentas de disputa sobre la “dirección” o “conducción”^[83]. Las políticas de alianzas, entonces, no pueden sustancializarse, ni considerarse establecidas de una vez y para siempre. También aquí juegan un papel central los (des)equilibrios que requiere cualquier “relajamiento del antagonismo” hacia el interior de los sectores subalternos y en lucha.

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Hasta aquí mostramos las modulaciones o formas de las cuatro dimensiones que organizan un segundo momento de la experiencia de clase. En el siguiente capítulo presentamos, de manera organizada, un último desplazamiento observado sobre las dimensiones de la experiencia de clase.

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