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Introducción

El objeto del discurso de un hablante, cualquiera sea el objeto, no llega a tal por primera vez en este enunciado, y el hablante no es el primero que lo aborda. El objeto del discurso, por decirlo así, ya se encuentra hablado, discutido, vislumbrado y valorado de las maneras más diferentes; en él se cruzan, convergen y se bifurcan varios puntos de vista, visiones del mundo, tendencias.

Mijaíl Bajtín, “Estética de la creación verbal”, 1979.

Este libro presenta los resultados de la investigación doctoral de la autora. De manera focalizada, este trabajo inició en el año 2014 y concluyó en el año 2018. No obstante, la vinculación con el análisis de la problemática de luchas sociales, en general, y luchas ambientales, en particular, forman parte del campo de estudio desde mucho antes y, especialmente, en el marco de un abordaje más integral en el marco del Colectivo de Investigación El llano en llamas. Tras defenderse la tesis doctoral en noviembre de 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y recomendada la publicación por el tribunal evaluador, esta versión del texto ha sido preparada y revisada durante el año 2020 para su publicación en Teseo. 

Ahora bien, los resultados de investigación que presenta este libro tuvieron origen en el objetivo estudiar las formas que adquiere la experiencia de clase de las asambleas que en la provincia de La Rioja se pronunciaron públicamente en contra de la megaminería metalífera en la última década. La construcción de nuestro objeto de estudio es resultado de la vinculación entre una particular posición teórica y analítica sobre la clase y su formación, por un lado; y la observación de las particulares condiciones de emergencia y lucha política de las asambleas ambientales en La Rioja, por el otro. Metodológicamente, ello resultó posible a partir de privilegiar un enfoque cualitativo, discursivo y diacrónico para el abordaje de comunicados públicos y entrevistas a miembros de estas asambleas, comprendidos entre el año 2006 y el año 2016.

En continuidad con nuestras anteriores investigaciones (de la Vega, 2009, 2013, 2014, 2015 y 2017), la atención de este trabajo se focaliza en las asambleas ambientales que desde inicios de siglo XX emergieron con importante visibilidad en la escena pública argentina, a partir del cuestionamiento a la instalación, continuidad o consecuencias de proyectos de explotación intensiva de recursos naturales. Concretamente nos referimos a las asambleas, grupos autoconvocados, organizaciones o colectivos ambientales que surgieron en resistencia u oposición a la minería a cielo abierto o a la extracción de gas y petróleo mediante la técnica del fracking; a las movilizaciones y debates en torno a la protección de bosques nativos o glaciares; a la oposición a las instalaciones de rellenos sanitarios en algunas ciudades; a las denuncias por contaminación por desecho de químicos en cursos de agua (el caso Riachuelo en Buenos Aires, por ejemplo), o por el uso de agroquímicos (conocido por conformarse una red de “pueblos fumigados”) o por la instalación de industrias de ese sector (el caso Monsanto, por ejemplo).

Estos casos se insertan en un contexto regional de sostenida y variada conflictividad ambiental en América Latina durante los últimos 20 años. En el marco de la observación de trayectorias de movilización y politización, no obstante, es importante llamar la atención sobre el hecho que, en tal periodo, no se ha producido un movimiento ambientalista coordinado y estructurado orgánicamente en los diferentes países del subcontinente. En este sentido, dice Machado Aráoz (2013) que, en nuestros días, lo ecológico o lo ambiental se ha convertido en un flagrante campo de batalla donde se pueden constatar significativas mudanzas respecto a los sujetos y sectores que se involucran en estas cuestiones, respecto a sus principales escenarios geográficos, a las materias y modalidades de las expresiones conflictuales, así como de los sentidos y los alcances políticos de las mismas.

Esto explica la constitución de un campo específico de análisis y debate que ha pregonado y difundido la necesaria interacción entre diversas disciplinas. Particularmente, la producción que interesa a nuestro objetivo se ha concentrado en valiosos análisis empíricos que, desde marcos conceptuales relacionados a la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía o la psicología; apuntan a identificar configuraciones y acciones novedosas de las luchas colectivas que emergieron en este tipo de conflictividad. Los análisis de casos constituyen la estrategia analítica más usada en este tipo de estudios y, desde allí, se ha contribuido a posicionar a las organizaciones, asambleas, grupos autoconvocados y colectivos ambientales dentro de los sujetos colectivos más activos de la región[1].

En general, los análisis disponibles sobre estos sujetos en lucha pueden clasificarse entre, por un lado, aquellos que se dirigen a mapear y localizar de forma precisa estos conflictos y sus actores a partir de herramientas cuantitativas y/o georreferenciadas –por ejemplo, los observatorios de conflictos ambientales[2]–. Por otro lado, encontramos abordajes de corte más cualitativos que se orientan a identificar la “gramática” de los sujetos colectivos, esto es, los lugares y momentos de emergencia, las maneras en que configuran sus identidades, demandas y objetivos, o los repertorios de organización y protesta. Estos análisis han sido muy valiosos para comprender las particularidades y especificidades de estos sujetos en el escenario político de la región y, especialmente, en Argentina[3].

Para nuestro estudio resulta central destacar que gran parte de los antecedentes en Argentina coinciden en mostrar que, a los procesos de emergencia y lucha que motorizan organizaciones y colectivos ambientales, subyacen maneras heterogéneas –y no necesariamente coherentes– de entender la relación histórica y contingente entre ambiente, sociedad, mercado y Estado. Desde estas miradas, entonces, se entiende que los colectivos ambientales articulan o hacen coexistir distintos lenguajes, narrativas, demandas y expectativas sobre lo que debe ser la vida en sociedad o sobre la forma de organizarla[4]. En otras palabras, la producción académica respecto de los casos argentinos no ha dejado de inscribir este tipo de conflictos, y a los sujetos que los protagonizan, en un espacio político de formación o transformación de las pautas del orden social.

En este plano, un primer eje aglutinador de una importante cantidad de planteamientos actuales es la conexión de la conflictividad ambiental con las renovadas –y siempre móviles– lógicas de extracción y valorización capitalistas. El “extractivismo” es, entre estos, uno de los conceptos más usados en el debate académico. En sintonía con lo que se considera un nuevo ciclo capitalista de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), el concepto de “extractivismo” ha desplegado un gran consenso que sitúa la emergencia de estos sujetos en resistencia en el marco de las encrucijadas que oponen las modalidades extractivas de materias primas en la región, combinadas con políticas que postulan la inclusión social como meta de la intervención del Estado (Bartra, 2016; Cerutti, 2017; Galafassi y Riffo, 2018; Gudynas, 2009; Machado Aráoz, 2013; Moncada y Hernández Suárez, 2013; Svampa y Viale, 2014; Veltmeyer, 2017).

Además de este concepto, existen también otros que dan marco a la relación entre la emergencia de procesos de resistencias ambiental y las formas capitalistas de estructuración social. Por ejemplo, la noción de “sociedad del riesgo” (Beck, 2002) apunta a marcar que, lejos de constituir un freno, los cada vez más amenazadores impactos derivados de la gestión capitalista de la naturaleza, se convierten en un nuevo y dinámico ámbito para la valorización y expansión del capital, que multiplica, a su vez, los sujetos que se le oponen y resisten.

Por otra parte, encontramos análisis que señalan las denuncias ambientales como parte de un “giro-ecoterritorial” (Svampa, 2010) o un “giro biocéntrico” (Gudynas, 2009) en la escena política. Asimismo, también es reiterada la inscripción de sujetos en lucha dentro de una perspectiva del “postdesarrollo” (Escobar, 2005) o desde los horizontes programáticos del “buen vivir” (Machado Aráoz, 2013) o “vivir bien” (Ceceña, 2012) que, como dice Navarro Trujillo (2015), desnudan las actualizadas tramas constitutivas y persistentes del capital en América Latina.

La amplísima aceptación y uso de la noción de territorio es también otro ejemplo de la inscripción de los colectivos ambientales en aquella intersección con las formas capitalistas de orden y dominación. Desde la reconocida influencia de una línea de la geografía brasilera[5], este concepto colabora a resaltar lo que para muchos estudios constituye una de las particularidades de estas luchas: son “luchas por el territorio” o “luchas socio-territoriales” (Ceceña, 2005; Svampa, 2010; Zibechi, 2003). Allí, en general, el territorio aparece asociado a algo mucho más que una reivindicación de protesta o una identidad de un grupo social: el concepto de territorio es recuperado –incluso por propios análisis previos (Ciuffolini, 2012; de la Vega, 2014 y 2015)– como una categoría de denuncia de relaciones sociales expropiatorias sobre los sujetos y sobre la naturaleza; como una forma de resistencia ante las enormes desigualdades sociales; y como vehículo de la reapropiación, re-significación y creación de nuevas relaciones sociales (Bucio Feregrino, 2015; Giarraca y Mariotti, 2012; Hadad y Gómez, 2007; Machado Aráoz, 2013; Navarro Trujillo, 2015; Naveda, 2017; Schmidt, 2014; Wahren, 2011).

Esta variedad de antecedentes resalta, cada uno desde su propia perspectiva, que los colectivos y organizaciones ambientales emergen, oponen y pelean desde una producción de nuevos y distintos “lenguajes de valoración” (Martínez Allier, 2006), “marcos” (Renauld, 2013), “esquemas de interpretación” (Merlisnky, 2013) o “racionalidades” (de la Vega, 2015) que, en definitiva, visibilizan un rechazo parcial o total sobre las lógicas capitalistas de dominación sobre los hombres y mujeres y sobre la naturaleza.

En segundo lugar, la asociación entre la emergencia de las organizaciones ambientales y la crítica capitalista explica una consiguiente focalización –y preocupación– de los análisis empíricos sobre los alcances y límites de los cambios que proponen o defienden estos colectivos. La necesidad de reconocer orientaciones “nacionalistas”[6], “conservacionistas”[7] o “autonomistas”[8] que subyacen a la variedad de reclamos o demandas de las organizaciones ambientales es una manifestación de ello. Otros estudios exponen esta preocupación a partir de notar la “flexibilidad discursiva” (Weinstock; 2006) o el “carácter híbrido” de las reivindicaciones que sostienen (Renauld; 2013) estos colectivos en el país. Incluso, existen análisis que, apuntando al problema sobre la condición difusa de los horizontes programáticos y de cambio social de las denuncias y reclamos ambientales, delinean y diagnostican encrucijadas propias de su devenir: se trata de procesos de lucha que se dirigen ya hacia procesos de mayor institucionalización política (por medio de la formación o incorporación en partidos políticos, o por medio de la incorporación a algún nivel de gestión estatal); o hacia proceso de autorreferencialidad y estancamiento en torno a sus demandas específicas o “corporativas” (Massetti y Gómez, 2017; Svampa, 2010; Wahren, 2011).

En estos planteos brota el interés por la coincidencia o no de la crítica ambientalista con la crítica anticapitalista o, más arriesgado aún, con la crítica antisistémica: para algunos análisis importa si los cambios que proponen estas asambleas y colectivos representan reformas más o menos profundas sobre el actual sistema de explotación, producción o distribución, o si postulan más bien una transformación total del orden constituido y de la vida en él (cfr. Aguirre Rojas, 2017; Franci Álvarez y Dehatri Miranda, 2013; Machado Aráoz, 2013; Polastri, 2012; Seoane y Algranati, 2012). Veltmeyer (2017), más determinantes, coinciden en que la hibridación de lenguajes y narrativas que articulan las organizaciones ambientales aún no ha logrado condensar una propuesta capaz de erigirlos como agentes que piensan y deciden un proyecto de vida social en común; sino que, más bien, la imaginación política de estos colectivos se ha articulado contingentemente en un proyecto dirigido en lo inmediato a detener el avance del capital expropiador y depredador.

Una tercera gran dimensión de análisis de los colectivos y organizaciones ambientales en el país ha trabajado sobre la composición social de estas organizaciones, atendiendo especialmente a las filiaciones culturales, étnicas, sociales, económicas, militantes y políticas de sus miembros. La constatación de la diversidad de trayectorias de vida de sus integrantes ha llevado a confirmar la dimensión plebeya (Svampa, 2010) de estos colectivos, enfatizando la condición de pobladores o habitantes de una localidad o zona; o resaltando su raíz local comunitaria (Seoane, 2013; Korol, 2012). A su vez, encontramos posiciones que asignan un carácter policlasista o multisectorial a las asambleas ambientales o a los espacios de coordinación interasambleario (Weinstock, 2000; Svampa et.al., 2009; Polastri, 2013; Renauld, 2013). Otros estudios, como los de Renauld (2013), intentan encontrar algunas características en común entre los “militantes ambientalistas”, y señalan ciertos rasgos predominantes, tales como su condición etaria joven, niveles educativos relativamente altos y su inscripción como trabajadores de las áreas de salud y de la educación. En lo que hace a experiencias individuales de militancia previas, nuestros trabajos sobre resistencias mineras en las provincias argentinas de Córdoba, La Rioja y Catamarca, han registrado vinculación, implicación o militancias simultáneas en gremios o sindicatos docentes, en comunidades de base religiosas, y en partidos de izquierda (Ciuffolini, 2012). En este tipo de observaciones emerge como una característica particular de las organizaciones ambientales la ausencia, el borramiento o el desanclaje entre sus miembros de alguna base de socialización política o de pertenencia común[9].

Frente a tal heterogeneidad de trayectorias individuales adquiere relevancia la cuestión sobre la manera en que se configura e identifica “lo común”; en otras palabras, sitúan el problema de “lo común” como objeto necesario de análisis. En este camino, amplia aceptación y uso tienen las nociones de “ciudadanía” o “vecindad” como referencia común de socialización política entre los miembros de las asambleas, en tanto base de enunciación y actuación política colectiva.

Por ejemplo, nuestros trabajos previos registran que la condición de “vecinos” o “pobladores” está asociada al reconocimiento de un espacio común y vital, donde toma legitimidad el vivir o habitar el territorio en conflicto (de la Vega, 2015). En estos casos, la vecindad hace referencia al denso tejido de relaciones sociales y entramados comunitarios (de parentesco, etarios, estudiantiles, laborales o de afinidad) que se actualiza como una red de poder social que es el soporte básico y primario para la lucha. Por su parte, análisis como los que compila Merlinsky (2013 y 2016) también advierten que, en un contexto de asignación de valores asociados a la corrupción, al descrédito y a la desconfianza del mundo de la política partidaria y estatal, la condición de “vecino” –más si se le suma el adjetivo “autoconvocados”– resalta la honestidad asociada a la proximidad, al momento de calificar los criterios de organización y participación política. A su vez, otros análisis (Delamata, 2013a; Machado Aráoz, 2013; Rosas Landa, Malerba, Carrizo, Ferreyra, y Berger, 2014; Wagner, 2010) advierten que es el recurso a la “ciudadanía” lo que ha sido reflotado por estas asambleas como referente común, en un ejercicio que, lejos de buscar una identificación con el ciudadano de los textos constitucionales, o con identidades preestablecidas por determinadas relaciones sociales, permite rastrear la constitución de sujetos políticos a partir de visualizar el intervalo que los separa de ciudadanos con derechos reconocidos institucionalmente.

El mapeo anterior confirma una fructífera y alumbradora empresa de focalización sobre los sujetos que se constituyen en el marco de estos conflictos. Esta tarea ha sido posible gracias a la exploración, re-activación y combinación de un conjunto de herramientas conceptuales que, según cada caso, se justifican como pertinentes para captar estas múltiples dimensiones que despliegan la conformación de sujetos políticos bajo la dinámica de la conflictividad ambiental. Aquí, los análisis disponibles sobre luchas ambientales en Argentina confirman –con adaptaciones o relecturas– la fuerte influencia que tienen los paradigmas teóricos dominantes de la acción colectiva: la Teoría de la Movilización de Recursos (TMR), el enfoque de las Estructuras de Oportunidades Políticas (EOP) y el paradigma de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Surgidos entre los años ʻ60 y ‘70 en Europa y los EE.UU., tales perspectivas significaron una renovación teórica en el campo de estudio de los movimientos sociales, por lo que, no es de extrañar que conceptos como “repertorios de acción”, “ciclos de protesta”, “formas de organización”, “identidad”, “oportunidades políticas”, se introduzcan –de manera más o menos reflexiva sobre su estatus epistemológico– en las investigaciones empíricas sobre luchas y colectivos ambientales. Si a ellas se le suma la propuesta teórica y analítica de Laclau y Mouffe[10], tenemos ya una gran parte de la paleta conceptual que en Argentina estructura los análisis sobre las luchas sociales de los últimos 20 años en la región. En tanto herramientas teóricas, tales perspectivas han contribuido, en términos generales, a la comprensión de aspectos centrales en relación al surgimiento y aparición de movimientos sociales; y, en términos particulares, a la lectura y análisis de colectivos y organizaciones ambientales, combinando en diferente medida los conceptos provenientes de estas distintas líneas teóricas y analíticas, lo que ha permitido proponer aportes que, muchas veces, rebasan la capacidad explicativa de estos marcos teóricos dominantes[11].

A pesar de ello –y salvo las lecturas donde son estructurantes los conceptos de la geografía brasilera, que se muestran más abiertos a una perspectiva clasista–, la importante penetración de las propuestas analíticas de la “acción colectiva” y de los “nuevos movimientos sociales” ha contribuido a re-producir y naturalizar un alejamiento –si no es que un rechazo explícito– de la teoría marxista como referente teórico para dar cuenta de los vigentes procesos de movilización ambiental. Más aun, lo anterior se conjuga con un infrecuente registro de los estudios disponibles sobre la autorreferencia en términos de clase por parte de los mismos colectivos u organizaciones ambientales. Ello delinea un diagnóstico –preocupante para algunos autores (Galafassi, 2012; Gómez, 2014; Navarro Trujillo, 2015; Veltmeyer, 2017)– que constata la presencia cada vez menor de grupos, agentes o colectivos sociales concretos que invocan la clase para construir sus demandas u objetivos.

De ahí que, en general, resulta infrecuente que los análisis de colectivos y organizaciones ambientales opten por sostener una perspectiva explícitamente marxista para explicar su emergencia y lucha, esto es, un enfoque de clase. Resaltamos que es sintomática justamente porque los tres aspectos que señalan los antecedentes disponibles y que listamos arriba –la lógica capitalista que se asocia a la emergencia y lucha de las organizaciones ambientales, la preocupación por el alcance de los cambios que proponen o motorizan, y el interés por la composición social de estos colectivos– brindan un anclaje único y particular para desplegar parte del andamiaje teórico que el marxismo ha desarrollado para explicar la emergencia y constitución de sujetos políticos.

Los motivos de este alejamiento al enfoque de clase pueden ser resumidos en dos vertientes. En una primera vertiente teórico-metodológica, Modonesi (2010 y 2016), Gómez (2014 y 2017) y Pérez (2014) coinciden en señalar la acusación realizada al marxismo por su supuesta desatención o su simplificación para explicar la emergencia de la acción colectiva. A su vez, Modonesi (2016) advierte que, en los últimos años, el debate marxista más interesante sobre la constitución de los sujetos políticos se desarrolló, fundamentalmente, en el terreno de la filosofía política, arrastrando con ello un gran nivel de abstracción[12].

Frente al relativamente escaso desarrollo, sistematización o difusión de herramientas operativas para hacer aprehensible la constitución de subjetividades clasista en estudios empíricos, esta acusación se difundió y aceptó en el mundo académico sin mayores cuestionamientos y contribuyó a hacer relativamente escasa la investigación empírica[13]. Como corolario, señala Gómez (2017), se produjo una convergencia y una normalización de enfoques y metodologías que tienden a la híper-especialización del objeto de estudio, profundizando la omisión de la relación entre lucha, movilización y condiciones materiales de vida.

Para una segunda variante de motivos que podríamos llamar político-teóricos, es necesario considerar que, en el marco de las crisis políticas del mundo socialista post ‘89 y del consenso sobre el fin de cualquier proyecto anticapitalista, el “fracaso” de la clase obrera y su proyecto transformador se tradujo en el entierro automático de la noción de clase y la noción de conflicto de clase como base de la reflexión académica –o al menos como una parte fundamental (Galafassi, 2006; Galafassi y Puricelli, 2017; Meiksins Wood, 2013; Parra, 2005; Zibechi y Hardt, 2013).

Ciertamente, y aun cuando la tradición marxista nunca ha dejado de estar presente en el pensamiento latinoamericano, la atracción que operaron los enfoques sobre la “acción colectiva” y los “nuevos movimientos sociales”, por un lado; y la inercia a naturalizar la alternancia u oposición de estos campos conceptuales, por el otro; abrió una tendencia al des-clasamiento del análisis empírico de los procesos de movilización histórico-políticos[14].

Ello ha colaborado a reproducir una asunción acrítica respecto de una asumida o probada “distancia” de los “nuevos” sujetos protagonistas de la conflictividad social en América Latina, con los “viejos” –por ejemplo, sindicatos u organizaciones de trabajadores. En este tipo de miradas, el análisis de los conflictos y luchas ambientales se dispone, casi por obviedad, a diferenciarse con lo que, según ellas, entienden como luchas “propiamente de clase”. Aquí pesa fuerte un consenso respecto de la cuestión ambiental o ecológica que, junto con las cuestiones de género, constituye una de las temáticas sobre la que más se ha aceptado su “diversidad” respecto de las luchas clasistas[15]. Pero además, opera, según Gómez (2017), un prejuicio que admite que solo las “clases populares” o “pobres” son acreedoras de un enfoque de estudio que las relacione con sus condiciones de vida. Este planteo, lógicamente, concluye que un análisis clasista no debería usarse para analizar sujetos colectivos o movimientos que son heterogéneos e inconsistentes desde el punto de vista posicional u ocupacional. La confusión es obvia entre, por un lado, los movimientos o la acción política de sujetos que se autoreconocen y se nombran como clase; y el análisis clasista de los movimientos, sujetos colectivos o de la acción política, por otro.

Lo que se resalta y reivindica como “diferencia” o “especificidad” de los sujetos colectivos involucrados en luchas ambientales se traduce, así, en la instalación –a priori– de nuevas fronteras o miradas esencialistas y estigmatizadoras entre los distintos modelos de lucha y sus expresiones identitarias y organizativas[16]. En este sentido, Seoane, Taddei y Algranati (2011), Kabat y Egan (2017) y Ciuffolini (2015) coinciden en advertir que es alto el riesgo de un sesgo relativista que tiende a desdibujar las posibles articulaciones entre las luchas, en parte por causa de la exaltación permanentemente de los particularismos que las definen, antes que los problemas y sentidos comunes que las atraviesan y organizan.

La constatación de esta tendencia se observa en las lecturas sobre la ausencia o fragilidad de los vínculos entre las organizaciones ambientales y aquellos sujetos considerados “puramente clasistas”: los partidos políticos o sindicatos. Ciertamente, la distancia o brecha entre organizaciones ambientales, por un lado, y partidos y sindicatos, por otro, se inscribe en una tradición histórica en Argentina en la que éstos últimos se han mostrado refractarios a la incorporación o apropiación de narrativas o discursos ambientalistas. Para gran parte de la izquierda latinoamericana –partidaria y sindical– las cuestiones ambientales hasta no hace mucho tiempo fueron consideradas exógenas o importadas, especialmente por mirar con recelo las posturas antiproductivistas y anticonsumistas. Privilegiando en muchas ocasiones una perspectiva que exaltaba un imaginario desarrollista asociado a la expansión de las fuerzas productivas, los resquemores de los sindicatos y partidos de la vieja izquierda cimentaron su poder sobre las banderas del crecimiento con bienestar y distribución (Svampa, 2010; Mazzeo, 2014; Gómez, 2017). Y por si fuera poco, la inexistencia de “partidos verdes” en el país también aporta un factor a la evidente desconexión del campo partidario con el frente ambiental (Acosta y Machado, 2012; Dachary y Arnaiz Burne, 2014)[17].

Las explicaciones sobre esta desconexión son variadas. En un plano espacial o geográfico, Giarraca y Mariotti (2012) constatan que la desconexión se explica porque las organizaciones que critican las actividades intensamente extractivas de recursos naturales en Argentina están más ligadas al ámbito rural y a las pequeñas localidades; mientras que los partidos o sindicatos han sido protagonistas de escenarios de contestación en la ciudad o en los ámbitos urbanos. Pero incluso dentro de las zonas urbanas, dice Gómez (2017), la debilidad manifiesta de los análisis es la atribución clasista basada exclusivamente en las locaciones geográficas: luego de dar por sentado el carácter de clase media o baja por el barrio o zona donde habitan los sujetos, el análisis de las formas de lucha, organización y subjetividades parecen prescindir de las diversas mediaciones por las condiciones sociales y materiales de existencia.

Por su parte, Berger (2014) registra una directa hostilidad de sindicatos y ciertos partidos políticos hacia las organizaciones y colectivos ambientales; inclusive –según este autor– lo mismo sucede desde otros movimientos sociales cuyas estructuras ya burocratizadas (sea por su integración a las estructuras de gobierno o por la demora en procesar los nuevos problemas y los reclamos de los afectados por la contaminación) se muestran ajenos a las situaciones de injusticias o daños ambientales en las mismas ciudades. Esta hostilidad, por cierto, aumenta en los territorios en donde son fuertes los sindicatos de trabajadores mineros: por ejemplo, para el caso de la provincia de San Juan, “en el mapa de alianzas, [los sindicatos de trabajadores mineros] se posicionan del lado de la defensa de la actividad […] junto a las empresas transnacionales y del gobierno” (Naveda, 2017, p.243)[18]. Finalmente, Svampa añade a esta caracterización que, en el país, las formas de militancia socio-ambiental,

“Expresan una vocación nómade por el cruce social y la multipertenencia, en el marco del desarrollo de relaciones de afinidad y redes de solidaridad con organizaciones rurales y urbanas, sean campesinos, indígenas, o conglomerados más heterogéneos desde el punto de vista social y étnico.” (Svampa, 2015, p.25)

Cuando efectivamente se registran relaciones o articulaciones de las asambleas ambientales con sujetos cuyo “carácter clasista” ha sido menos cuestionado, tales registros adquieren un carácter descriptivo, acompañado de una escasa profundidad explicativa o interpretativa. Nos referimos a sectores en lucha por la cuestión de la tierra y del trabajo: campesinos e indígenas organizados por el acceso o recuperación de sus tierras[19]; organizaciones representantes de la lucha obrera y sindical[20]; o sectores organizados de trabajadores informales o de desocupados[21]. Aquí, ha sido más bien concentrado el esfuerzo por mostrar los “contenidos ambientales” en otros sectores movilizados y en conflicto –el contenido “verde” de las luchas “obreras”, por ejemplo–, mientras que poco sistemáticos son los ejercicios que realizan el camino inverso, esto es, analizar los contenidos “clasistas” en las resistencias ambientales.

En su reverso, los análisis muestran que es más frecuente, en vez, la relación de las asambleas ambientales con sectores académicos o profesionales, con los medios de comunicación, con personalidades mediáticas o sujetos individuales, incluso con ONG’s u organizaciones culturales y religiosas[22]. Muchos de estos vínculos son descriptos como procesos de conformación de redes, de plataformas de acción conjunta, de espacios de coordinación regional, nacional e, incluso, internacional (Taddei, 2013; Ciuffolini, 2012; Berger y Carrizo, 2014). En el país, expresión de esta tendencia es la concentrada atención analítica sobre la conformación en 2006 de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), aunque también se pueden incluir en esta lista otras experiencias de coordinación como la Red CAMA (Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina), la red “Pueblos Fumigados”; la “Acción Global en Defensa de la Madre Tierra” o el “Día de Acción contra Monsanto”[23].

Estos abordajes sobre las articulaciones de las asambleas ambientales son maneras de concentrarse en los vínculos con otros sujetos políticos que, aun en el caso de ofrecerlas desde lecturas conceptuales más expresamente reivindicadoras de la perspectiva marxista, es al menos laberíntica y enredada su inscripción como parte de un mirada clasista de la conformación de la subjetividad política. En su lugar, la centralidad del concepto de “red” para explicar estas alianzas y vínculos se manifiesta como la opción teórica más reiterada.

Por ejemplo, recuperando perspectivas sobre los “nuevos movimientos sociales”[24], el estudio de Giarraca y Mariotti elige hablar de una “red o espacio de movimiento social”, es decir, “un conjunto de redes de interacción informales entre una pluralidad de individuos, grupos y organizaciones, comprometidas en conflictos de naturaleza política o cultural, sobre la base de una específica identidad colectiva” (Giarraca y Mariotti, 2012, p.97). Cerutti (2017) ubica este concepto de red para conceptualizar la articulación de actores en “comunidades en resistencia” o “comunidades del no” (2017, p.27). Por su parte, articulando algunas perspectivas sobre la multitud, Berger (2014) también habla de una apropiación de la forma red que les permite a las asambleas y colectivos ambientales constituir una nueva subjetividad política múltiple, diversa y dispersa. Relaborando aportes de Latour, Berger señala que la red es “la conexión de una cantidad de entidades, diversidad de demandas y posicionamientos […] que ensamblan y re-ensamblan lo colectivo en una pluralidad de regímenes de existencia, conectando o desconectando experiencias y mundos, formas de vida, relatos, instituciones” (Berger, 2014, p.201).

A partir de estos diagnósticos, y asumiendo la heterogeneidad histórica de los sectores subalternos, la diferencia o la desconexión generalizada entre los “viejos” y los “nuevos” agentes de luchas sociales en el escenario político argentino lejos está de encontrar fundamento en la oposición entre demandas “culturales o identitarias” y demandas “materiales o económicas”. Mucho más complejo que eso, los alejamientos involucran posiciones políticas divergentes sobre cuestiones más bien relacionadas a las lecturas sobre la situación política que atraviesan, los objetivos de lucha, las estrategias de acción política implementadas y las formas de entender los modelos de relación entre los distintos sujetos políticos[25]. Y en este plano, un enfoque clasista sobre la conformación de sujetos políticos tiene mucho que aportar: en efecto, el aspecto más original de esta propuesta de investigación radica en la vinculación del análisis de la emergencia, organización y lucha de colectivos y organizaciones ambientales, con una perspectiva relacional, antagonista y procesual de la clase.

Es que, como advierte Gómez (2017), el descarte del concepto de clase para entender las movilizaciones de nuevo tipo en las democracias capitalistas no se produce sólo porque el concepto no encaja con el fenómeno, sino porque el fenómeno pone de manifiesto las inconsistencias y contradicciones del concepto. Es decir, no se trata de rehabilitar un viejo y enceguecedor concepto de clase, sino navegar bajo otros principios, otros instrumentos y otra arquitectura.

En este plano, el desafío analítico para esta propuesta llama a revisitar una lectura marxista que, en la preocupación por las formas de subjetividad política, reclama entender la formación de la clase como proceso y como relación antagónica. Ello supone suspender otras miradas que asumen que la clase es una condición dada ya por alguna posición prefijada de los hombres y mujeres en la estructura social; ya por la simple posesión/desposesión de medios de producción y vida; o, incluso, como una cualidad derivada de la presencia de algún tipo de atributo intrínseco o esencial a determinado conjunto de individuos. Además de ser una mirada extendida sobre la clase dentro del marxismo –tal como es identificado por diversos autores (Bonavena, 2011; Bonefeld, 2004; Gómez, 2014; Gunn, 2004; Meiksins Wood, 1983)–, una vertiente de esta interpretación es la que dice instalarse en los análisis de organizaciones o colectivos ambientales cuando, por ejemplo, se define y justifica el carácter “policlasista” o “multisectorial” de los colectivos ambientales –definición más bien descriptiva y basada en una elemental constatación de los espacios sociales o de las características socioeconómicas y ocupacionales de los miembros de los grupos movilizados[26]. Así, la clase es asociada a la forma social grupal o colectiva que asume una coerción estructural –y por ende, relativamente estática– sobre los lugares, posiciones o formas coercitivas de emplazamiento y distribución de los sujetos y de bienes materiales y simbólicos.

Por el contrario, y desde una mirada que rescata la posibilidad y el horizonte de la acción política de los sujetos, nuestra propuesta elige reubicar la noción de clase como forma subjetiva que emerge dentro del proceso y del campo antagonista de la lucha. De la mano de las observaciones de autores contemporáneos (Bhattacharya, 2018; Gunn, 2004; Holloway, 2005; Marín, 2000; Meiksins Wood, 2013; Modonesi, 2010), y reconociendo la influencia tripartita de Marx, Gramsci y Thompson, lo anterior nos lleva a destacar como indispensables dos claves conceptuales e interpretativas: la clase como proceso en constitución y la clase como lucha antagónica.

Brevemente, el proceso de constitución de clase remite a la forma subjetiva a partir de la cual los sujetos se reconocen y actúan en el marco de un conjunto de enfrentamientos antagónicos que tienen con otros sujetos por establecer, reorganizar o alterar sus condiciones sociales de existencia. Esas condiciones no son otra cosa que la sedimentación de relaciones sociales que regulan y organizan histórica y contradictoriamente dinámicas culturales, sociales, ideológicas, institucionales y políticas en las que los sujetos viven y, ocasionalmente, luchan. Así, la constitución de clase es un devenir posible (mas no necesario) a partir del momento en que un colectivo social asume una disposición a la lucha originada en una experiencia común de específicas e históricas condiciones de vida.

A nivel analítico, es la categoría thompsoniana de experiencia la que, para este estudio, justificó la pertinencia de un abordaje específico para la investigación empírica: la experiencia representa el modo constitutivo que tienen los sujetos de comprenderse a sí mismos y junto a otros en el mundo, de actuar sobre él y de comprender ese actuar[27]. El concepto resalta un componente principal de la clase, que es su existencia en el terreno ideológico-cultural, pero en un sentido amplio: “dentro de las coordenadas de su conciencia y su cultura” (Thompson, 1981, p.253).

Dice Thompson que, es la experiencia 

“la superficie donde los hombres y las mujeres retornan como sujetos: no como sujetos autónomos o ‘individuos libres’, sino como personas que experimentan las situaciones productivas y las relaciones dadas en que se encuentran en tanto que necesidades e intereses y en tanto que antagonismos, elaborando luego su experiencia dentro de las coordenadas de su conciencia y su cultura (otros dos términos excluidos por la práctica teórica) por las vías más complejas (vías, sí, ‘relativamente autónomas’), y actuando luego a su vez sobre su propia situación (a menudo, pero no siempre, a través de las estructuras de clase a ellos sobrevenidas).” (Thompson, 1981, p.253)

A su vez, la definición thomposoniana de experiencia es la que nos permite desagregar una serie de dimensiones que guían el análisis sistemático de este trabajo. Es en el terreno de la experiencia, donde los sujetos identifican, describen y articulan:

  1. una situación de clase, esto es, el conjunto de relaciones y posiciones sociales que, para los sujetos, se presentan definiendo sus condiciones de vida;
  2. unos intereses que los convocan y oponen a otros, con cierta escala e intensidad en el grado de oposición;
  3. unas determinadas estrategias de acción política, que se definen en relación antagónica con aquellas adoptadas por sus adversarios;
  4. y, por último, unas formas de solidaridad, desde y hacia otros sujetos en lucha. 

La delimitación de estas dimensiones es lo que permite constatar que no todas las experiencias vividas por un conjunto de sujetos puedan, en igual forma y sin distinción, ser interpretadas como expresión de una experiencia de clase. En otras palabras, el proceso de constitución de clase de un colectivo en lucha se dirime en la particular combinación y disposición histórica de estos cuatro aspectos que involucra su experiencia de clase. Son estas dimensiones de la experiencia las que, a su vez, admiten modulaciones que nos permiten reconocer diferentes momentos. Por ello, la apuesta a un análisis de clase, tal como lo planteamos, exige un diseño cualitativo y diacrónico que permita acceder a posibles desplazamientos o tránsitos. Con ello, este enfoque tiene como principal potencialidad la de permitir analizar empíricamente diversas formaciones de clase a partir de la variabilidad (o no) que pueda presentar su experiencia de clase, sin depender necesariamente de un auto-reconocimiento discursivo o una auto-identificación de los sujetos desde una “identidad clasista”.

Bajo estas coordenadas, entonces, resulta pertinente abordar procesos empíricos que muestren cierta permanencia en el tiempo. En este plano, solo algunas experiencias de lucha ambiental en el país han mantenido activa la conflictividad a lo largo de varios años, y entre ellas, este trabajo de investigación centraliza su atención en las asambleas de la provincia de La Rioja[28]. Nacidas en el año 2006 en el marco de un conflicto por la instalación o continuidad de proyectos de explotación minera metalífera a gran escala, estas asambleas sostuvieron ininterrumpidamente un proceso de resistencia ocupando un lugar central en la conflictividad local y en el noroeste del país. Durante este periodo, un abordaje respecto de su constitución como sujetos de clase encuentra justificación en la variedad de objetos de crítica y conflicto, de adversarios y aliados, de escenarios de lucha, de alternativas de vida social y política que se proponen desde estas asambleas y que ha sido mostrado parcialmente por nuestros estudios previos (Ciuffolini, 2012; de la Vega, 2014), y también por otros (Cerutti, 2017; Sola Álvarez, 2016).

Mirar las formas de lucha y conflicto de estas asambleas ambientales representa, además, un punto de anclaje para dar cuenta, en general, de las trayectorias y derivas de las formas de movilización sociopolítica del campo popular en un periodo que es clave. Es que, como dicen Massetti y Gómez, hacia el año 2003, y al menos por 10 años más, puede ubicarse en Argentina el inicio de una serie de transformaciones complejas y no lineales de la relación entre el Estado y las organizaciones en lucha; pero también de una forma de la cultura política y de las estrategias de acumulación política (Massetti y Gómez, 2017)[29]. Por ello, el estudio de la movilización política ambiental en el país puede contribuir, en este plano, a la pregunta que estos autores plantean sobre los cambios, clivajes y derivas de la movilización colectiva durante los desafíos que enfrenta la conflictividad sociopolítica en la “década ganada” (Féliz, 2017; Massetti y Gómez, 2017).

La principal hipótesis orientativa con la que se encaró este estudio sostuvo la posibilidad de identificar una específica o particular constitución de clase en el proceso de lucha de las asambleas riojanas, que se revela en la forma móvil que adquiere su experiencia de clase. Asimismo, presumimos que, a lo largo de 10 años, esa experiencia de clase no constituiría un proceso lineal y permanente en el tiempo, sino que se producirían desplazamientos; son estos desplazamientos los que, creemos, resultan aprehensibles en el modo en el que las asambleas elaboran, enuncian y articulan su situación de clase, el antagonismo de intereses con quienes consideran sus adversarios, sus estrategias de acción política y sus formas de solidaridad con otros sujetos en lucha.

Un planteo como el anterior se sostiene metodológicamente en la pertinencia del análisis del lenguaje de los sujetos como lugar de visibilización de aquellas formas variables de la experiencia de clase. Para Gramsci (2010), todo lenguaje contiene elementos de una concepción del mundo: el lenguaje es la más inmediata manifestación de actividad intelectual, que hace aprehensible el conocimiento social en tanto se instala como sentido común; pero también es el terreno a partir del cual los hombres y mujeres se mueven, adquieren conciencia de su posición y luchan. Consecuentemente, en el espesor del lenguaje se vuelve posible descubrir la relación que los sujetos asumen con otros y con el mundo, los efectos de sentido asociados a esos antagonismos.

Estos supuestos explican que los materiales y las técnicas específicas seleccionadas se correspondan con un diseño metodológico cualitativo. Por un lado, este trabajo constituyó un corpus de análisis específico de 117 comunicados públicos escritos por las asambleas riojanas, entre los años 2006 y 2016. A ello se le suman 34 entrevistas en profundidad realizadas a integrantes de estas asambleas entre los años 2010 y 2016. Por otro lado, a efectos de reconstituir los contextos de lucha a lo largo de 10 años, recurrimos al análisis de datos secundarios: notas periodísticas, documentos legales (leyes, políticas, resoluciones ministeriales) y resultados de otras investigaciones. El análisis cualitativo de estos materiales incluye una combinación entre técnicas de análisis de contenido –apoyadas en el uso de herramientas informáticas– y técnicas propias del análisis del discurso –especialmente basadas en las marcas de la enunciación.

En las últimas consideraciones de esta Introducción, cabe resaltar que este trabajo de investigación tiene como principal antecedente los resultados de la investigación de maestría de la autora. Esta tesis se tituló “Conflictos por el territorio: las políticas mineras y la estabilización de fuerzas entre actores sociales. Los casos de Córdoba y La Rioja” y fue presentada en el año 2014, obteniendo la autora el título de Magíster en Administración Pública, con mención en Políticas Públicas, del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. No obstante, tal como advertimos en el primer, gran parte de las contribuciones teóricas y analíticas son maduración de más de 15 años de trabajo colectivo en diversos proyectos de investigación sobre luchas sociales en Argentina, bajo ejecución del equipo de investigación “El llano en llamas”[30]

En este libro, presentamos los resultados de investigación organizados en tres partes principales, y una sección final con anexos que contienen información adicional sobre el corpus de análisis y su procesamiento. Detallamos a continuación el contenido y relación de estas partes y sus capítulos. 

  • En la primera parte:

El capítulo 1 fundamenta y desarrolla las claves teóricas y analíticas que, en nuestro caso, guían el estudio de procesos de constitución política clasista de sujetos políticos. Para ello, recogemos en un mismo trazo los aportes de Marx, de Gramsci y de Thompson, y rescatamos los aspectos teóricos de sus obras que insisten en la clase como forma de subjetividad política. Justificamos allí que la clase se constituye en la intersección histórica y móvil de experiencias de colectivos en lucha que se expresan, autodefinen y organizan, a partir de relaciones de antagonismo en torno a la producción y reproducción de condiciones de vida.

El capítulo 2 explicita la pertinencia del abordaje discursivo como arena privilegiada para observar las modulaciones o desplazamientos de la experiencia de clase. Aquí detallamos el conjunto de métodos y técnicas que, en coherencia con el planteamiento teórico del capítulo 1, fueron utilizados para nuestra investigación.

  • En la segunda parte:

Los capítulos 3, 4 y 5 muestran, en su conjunto, el principal resultado de este estudio: la identificación de tres momentos distintos que presenta la experiencia de clase de las asambleas riojanas, dentro del periodo analizado. Cada uno de estos tres capítulos muestra una específica modulación de las cuatro dimensiones analíticas de la experiencia de clase, y su respectiva correspondencia o relación interna. Estos tres momentos no son exactamente sucesivos en términos cronológicos; aunque algunas modulaciones se concentran más intensamente en ciertos periodos temporales, en otros, aparecen más bien de manera aislada. Justamente por ello, cada capítulo aporta datos contextuales sobre el escenario más general del conflicto y los eventos alrededor de los cuales se produce cada elaboración de la experiencia de clase. No obstante, para comprender las secuencias cronológicas de eventos, remitimos a los y las lectoras a la tabla del Anexo III, donde ordenamos y exponemos los eventos y hechos más significativos del conflicto durante el periodo analizado[31].

Entonces, de manera esquemática, los capítulos 3, 4 y 5  se organizan a partir de una misma estructura de apartados; comparativamente y en su conjunto, presentan los tres momentos de la experiencia de clase en las asambleas riojanas:

Tabla 1. Organización de los resultados del análisis en capítulos
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5

 

Momento I de la Experiencia de clase

 

 

Momento II de la Experiencia de clase

 

Momento III de la Experiencia de clase

  • En la tercera parte:

Los dos capítulos de esta parte integran las conclusiones y hallazgos principales del estudio.  Ofrecemos una lectura general de los resultados de los capítulos 3, 4 y 5, desde las principales claves teóricas y analíticas que delimitamos en el capítulo 1. Habilitar la discusión sobre la pertinencia, los límites y las potencialidades de este estudio es, finalmente, el ejercicio crítico que, al menos en toda su condición provisoria, resume la intención de esta parte final.


  1. Es ciertamente abundante la cantidad de compilaciones sobre estudios de casos de conflictos ambientales en toda América Latina: cfr. Alimonda (2011); Alimonda, Toro Pérez, y Martín (2017b, 2017a); Alonso y Costa (2002); Korol (2010); Merlinsky (2013); Merlinsky (2016); Modonesi (2015); Rosas Landa et al. (2014); Salazar Villava y Cabrera Amador (2015); Zibechi (2003)
  2. A nivel regional, son representativos: el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), o el más amplio Observatorio Social de América Latina (OSAL), de la red CLACSO. En Argentina, el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN), o el Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente, de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF). En la provincia de Córdoba, funciona también el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y el Observatorio de Conflictos Sociales del Equipo de Investigación “El llano en llamas” (Ciuffolini, 2017)
  3. Entre ellos, han servido fructíferamente a este estudio los análisis previos de Antonelli (2009); Bottaro y Sola Álvarez, (2011); Cerutti (2017); Delamata (2013b); Machado Aráoz (2013); Merlinsky (2013 y 2016); Svampa (2012); Svampa, Acselrad, Aráoz, Acosta, y Giarraca (2012); Wagner (2010).
  4. Esta línea se puede rastrear en diferentes estudios sobre conflictos ambientales en Argentina: cfr. (Delamata, 2013b; Machado Aráoz, 2013; Merlinsky, 2013; Svampa y Viale, 2014).
  5. Esta influencia de la geografía brasilera es evidente a partir de la recuperación, por ejemplo, del clásico estudio de Santos sobre la Metamorfosis del espacio habitado (1995) y de sus actualizaciones en los trabajos de Oslender (2002), Fernándes (2005) o Porto-Gonçalves (2009). Para trabajos como los de Wharen (2011) o de Hadad y Gómez (2007), la recuperación del concepto de territorio es el puente para introducir perspectivas poscoloniales (como las de Leff o las de Sousa Santos) o la línea de estudios culturales (como la de García Canclini).
  6.  Orientativamente, siguiendo a Bebbington y Bebbington (2009), las posiciones nacionalistas podrían referenciarse desde la preocupación, sobre todo, por la cuestión de quién tiene acceso a los recursos naturales y a su puesta en valor monetario. Según la clasificación de estos autores, son posiciones que pueden ser negociadas a través, por ejemplo, de sistemas impositivos más agresivos (junto con sistemas para el cobro de regalías), o a través de algún nivel de estatización de la explotación; pero que no cuestionan ni apuntan a transformar el modelo o forma de explotación, producción, o distribución, sino sólo la legitimidad de quién lo explota. Por su parte, los estudios que compilan Palermo y Reboratti (2007) identifican la presencia de símbolos y elementos de la retórica nacionalista en los procesos de movilización de Gualeguaychú durante el conflicto por la instalación de dos plantas de celulosa sobre los márgenes del río Uruguay. Renauld (2013) también constata el discurso en clave nacionalista e imperialista para las asambleas de la localidad de Esquel, pero advierte la dificultad de anclaje y expansión de esta narrativa en el caso de la asamblea de la localidad de Ingeniero Jacobacci, Provincia de Río Negro, en la medida en que en este conflicto tuvieron significativa presencia las comunidades mapuches, en donde los discursos críticos al Estado nacional son una constante. En el caso de las asambleas en contra de la minería en Córdoba y en La Rioja, hemos analizado ya algunos elementos de esta narrativa (de la Vega et.al., 2012; de la Vega 2014).
  7. Martínez Allier (2006) referencia estas posiciones con el nombre de “ecología profunda” o de “culto a la vida silvestre”, ya que tienden a anclar sus preocupaciones en la necesidad de proteger los ecosistemas de un uso humano. Renaud (2013), en su análisis sobre cuatro procesos de lucha ambiental en la Patagonia, constata la fuerte tradición que tiene este tipo de narrativa dentro de esta región, visible en la cantidad de zonas de reserva y en la centralidad de la actividad turística. En trabajos previos, identificamos la presencia extendida de este tipo de sentidos y posiciones en la legislación ambiental del país, y, especialmente, minera (de la Vega, 2013a, 2013b, 2014); y señalamos el riesgo que esto implica en términos de la construcción de sentidos desde las resistencias (de la Vega, 2017).
  8. La narrativa autonomista, en los discursos de asambleas ambientales en el país, presente se nutre del rechazo al sistema institucional y a sus mediaciones políticas (sistema de partidos o de representación) (Zibechi, 2003; Merlinsky, 2013). Ello, más bien, ha significado que la demanda de autonomía, lejos de relacionarse más fuertemente con un horizonte político emancipatorio o de ser entendida como autodeterminación de una comunidad, funciona como un “valor refugio” frente a la desconfianza hacia los representantes políticos locales y nacionales, o frente a los sucesivos intentos de cooptación por parte de organizaciones estatales, pro-gubernamentales o por parte de las empresas extractivas (Svampa, 2010).
  9. Veltmeyer generaliza esta preocupación de análisis para los actores que protagonizan conflictos socioambientales en América Latina y se pregunta por cuál es la base social común de estas organizaciones y su relación con las relaciones de producción y extracción capitalista. En este sentido, advierte que: “the prevailing view is to see community members as a proletariat, the latest victims of the capitalist development process in which the direct producers are separated from their means of production as a mechanism of capital accumulation” (2017, p.64).
  10. En su libro Hegemonía y estrategia socialista, Laclau y Mouffe (1987) desarrollan una crítica a lo que consideran un esencialismo de la teoría marxista, esto es, elegir una clase particular y elevar sus intereses a todo el conjunto social. Para romper con este esencialismo, explican que la sociedad se compone de una pluralidad de demandas particulares y que sólo hay sujeto de emancipación global en la medida en que se dé una equivalencia entre estas demandas. Estas demandas, una vez construida la “cadena de equivalencias”, no permanecen cerradas a sus propios intereses, sino que esta cadena universaliza sus reclamos; es decir, produce un efecto universalizante. Laclau plantea que, en la relación hegemónica, lo particular representa lo universal mediante la producción de significantes vacíos. Esta representación es constitutiva de la hegemonía ya que se necesita que los objetivos de un sector actúen como nombre de una universalidad que los trasciende. Esta compleja dialéctica entre universal y particular estructura la identidad de los agentes que componen el campo hegemónico.
  11. Los estudios de Hadad y Gómez (2007), Marín (2009), Wagner (2010), Christel (2013), Wahren (2011), Bottaro y Sola Álvarez (2011), Giarraca y Mariotti (2012), Bárzola (2013), Cerutti (2017); son ejemplo de este uso combinado.
  12. El autor se refiere a los aportes de Negri, Zizek, Ranciere, Holloway o Badiou.
  13. Una excepción a ello es la propuesta de operacionalización del concepto de conciencia de clase realizada por Mann (1973), con escasa difusión en Argentina.
  14. Así lo denuncian los trabajos más amplios de Tischler (2004), Galafassi (2006); Cortes (2011), Modonesi (2010), Gómez (2014), Nievas (2016). Recuperando a Gohn, el trabajo de Wagner (2010) señala incluso que las reflexiones teóricas europeas fueron más aceptadas por ser más críticas y articuladas a presupuestos de una naciente nueva izquierda, opacando una extensa producción norteamericana por ser considerada funcionalista.
  15. Por ejemplo, en la lectura de Machado Aráoz es una clave de las contradicciones del capitalismo en su fase actual que “las expresiones más dinámicas de la conflictividad social se fueron trasladando desde el campo ‘clásico’ de la lucha contra la explotación de la fuerza de trabajo al de las resistencias contra la expropiación de los territorios” (Machado Aráoz, 2013, p.124). En trabajos sobre otros países de América Latina, esta distancia es reproducida con igual énfasis. Por ejemplo, el trabajo de Guimarães (2002) asume que “socialismo” y “ambientalismo” constituyen dos tipos de resistencia antisistémicas -y es este su punto de coincidencia-, aunque con trayectorias históricas distintas. Por su parte, la propuesta de Soto Fernández et.al. (2007) también consideran la “naturaleza distinta” entre el “conflicto ambiental” y el “conflicto de clases”, y critica aquellas miradas que suponen a priori una superioridad ontológica y performativa del conflicto protagonizado por clases sociales.
  16. Quizás este interés por buscar las “particularidades” de las luchas y conflictos ambientales fuera más comprensible al momento de la emergencia de este tipo de conflictividad en el país, en el primer lustro del siglo; pero este tipo de propuestas sorprende tras más de 10 años de análisis y estudios al respecto. Por ejemplo, en un artículo del año 2013, Delamata continúa afirmando que “Sin soslayar la confluencia de reclamos campesinos y/o indígenas con reclamos ambientalistas en determinados conflictos y en instancias organizativas concretas, mantener el deslinde entre ambos repertorios nos permite destacar, desde el inicio, la autonomía relativa de la ‘identidad’ ambientalista en Argentina, producto de su particular genealogía, así como de la especificidad de los discursos que la atraviesan” (Delamata, 2013, p.58).
  17. En el escenario regional latinoamericano, ello tampoco cambia demasiado, a pesar de la existencia de la “Global Greens”, red internacional de partidos verdes, agrupa “partidos verdes” en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela. La presencia de esta red tiene más bien carácter testimonial, ya que la mayoría de los partidos verdes que la integran no han sido precisamente los protagonistas de procesos de instalación de la temática ambiental en el espacio público (Dachary y Arnaiz Burne, 2014).
  18. La autora se refiere a la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
  19. Por ejemplo, Svampa (2010) advierte que los sentidos asociados al territorio que construyen las asambleas ambientales, en clave de comunidad de vida y de defensa de los bienes comunes, exhibe de manera progresiva una afinidad con la cosmovisión de los movimientos campesinos e indígenas en el país, rescatando especialmente a organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), ligado a Vía Campesina, o el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNSCI), así como las luchas de las comunidades Mapuches en la Patagonia, sobre todo, aquellas ligadas a la Confederación Mapuche Neuquina (COM).
  20. El estudio de Renauld (2013) advierte el gran peso en términos de organización que asumieron los gremios docentes de las Provincias de Río Negro y de Santa Cruz para con las asambleas ambientales en contra de proyectos megamineros en esa región.
  21. A pesar de que las movilizaciones ambientales han tenido muy pocos puntos de contacto con los movimientos “piqueteros”, ambas luchas pueden ubicarse en un mismo ciclo de protesta con elementos comunes respecto a los repertorios de acción y formas de organización (Weinstock, 2009; de la Vega et.al, 2012) Ante ello, sostenemos que una base clasista de análisis puede ofrecer importantes nuevos cauces a los temas y dimensiones sobre la emergencia y desarrollo de colectivos ambientalistas, especialmente cuando lo que se pone en perspectiva y lo que importa a una investigación social y políticamente dispuesta es el aporte que este tipo de luchas hacen a los procesos más amplios de transformación social. Lo anterior resulta relevante si reconocemos como una característica del escenario regional latinoamericano la diversidad de sujetos sociales actuales que no se deja reducir o centralizar en un sujeto político hegemónico.
  22. Ver los estudios compilados en Svampa y Antonelli (2010); Ciuffolini (2012); Giarraca y Mariotti (2012); Renauld (2013); de la Vega (2014, 2015).
  23. Los estudios compilados en Svampa y Antonelli (2009); los estudios de Cerutti y Silva (2011), Weinstock (2009); Polastri (2013); Renauld (2013); son expresión de este tipo de atención.
  24. La TMR explora también la riqueza de las mediaciones colectivas preexistentes a la acción colectiva misma, a las que llaman “contextos de micromovilización”. Son estas redes o microcontextos los que asumen un importante papel explicativo de la movilización de recursos (Oberschall, 1973).
  25. Dice Gómez que, como consecuencia de esta diferenciación, los enfoques europeos de la identidad marcan que las “clases” y los “movimientos sociales” viven en mundos paralelos que no se tocan: “Los movilizados tienen por esfera de acción privilegiada al sistema cultural, a la introducción de nuevos valores, y las clases siguen luchando por el dinero y el control de excedentes. Así, no puede haber acción instrumentalista en el campo cultural, es decir, las formas de organización y acción de los movimientos tienen que ser expresivas en la búsqueda de efectos identitarios y normativos que tienden a cuestionar ‘estilos de vida’ y no poderes de decisión y de distribución” (2017, p.103).
  26. Llamamos la atención a las lecturas en clave ciertamente obtusa de la difundida perspectiva sobre el ecologismo de los pobres –representada por Guha y Martínez Allier–, para quienes son, entonces, “los pobres” quienes protagonizarían este tipo conflictos. En la crítica de esta reducida interpretación, Wagner (2010) apunta que la categoría “pobre”, cuando se inscribe en la propuesta de Martínez Allier y Guha, representa una categoría conceptual de demarcación teórico-política y no una forma de auto-posicionamiento ideológico de los grupos sociales involucrados en los conflictos. Por otro lado, propuestas como las de Renauld (2013) consideran importante advertir que la categoría “pobre” no refiere al nivel socioeconómico de las comunidades o los grupos movilizados, sino a la centralidad que en esa movilización adquiere la defensa de sus modos de subsistencia y de sus espacios de vida.
  27. Aunque no especializados en luchas ambientales, interesantes ejercicios representan los trabajos de actualización sobre la noción de clase que, para la investigación empírica, han aportado Modonesi (2010), Pérez (2014), Ciuffolini (2015), Nievas (2016).
  28. Otro ejemplo son las luchas asamblearias en Esquel y en Gualeguaychú.
  29.  Massetti y Gómez señalan que la llamada “década kirchnerista” obligó a modificar las formas de movilización sociopolítica de los sectores populares: los ejes de organización política, los componentes simbólicos y los objetivos de lucha. Entre ellas, las organizaciones ambientalistas representan, para los autores, uno de los pliegues que complejizan las trayectorias de politización de los sectores populares y de la sociedad en general especialmente para el periodo que va entre el año 2003 y el 2015.
  30. Entre los proyectos con financiamiento público más importantes en los que ha participado la autora de esta tesis en el marco de la ejecución colectiva del Equipo se encuentran los siguientes: 

    1) “Precarización, gobierno de la vida y resistencias. Un estudio de los conflictos políticos y sociales de la última década en Argentina”, (UA-CONICET, Universidad Católica de Córdoba), FONCYT-PICT 2015, Res. 240/16, Proyecto Nº 2242.

    2) “Precariedad y resistencias. Un estudio del acerca del gobierno de la vida y los conflictos políticos y sociales en Argentina, 2002-2015” (UA-CONICET, Universidad Católica de Córdoba), Secretaría de Investigación (SIV) de la Universidad Católica de Córdoba.

    3) “El derecho en disputa: uso/s del ordenamiento legal en conflictos por el acceso a la tierra y el ambiente en la provincia de Córdoba”, (CIJS, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba), Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, Res. SeCyT Nº 202/16.

    4) “Subjetividad y trabajo en tiempos de precariedad: una aproximación al análisis de las resistencias y modulaciones de los trabajadores en el marco del gobierno del trabajo” (UA-CONICET, Universidad Católica de Córdoba) Convocatoria GRFT 2015 del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) de la Provincia de Córdoba. Res. 45/16.

    5) “Gramática e historia de los conflictos sociales en Córdoba (2003-2013)”, (Fac. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba), Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica de la Universidad Católica de Córdoba.

    6) “Semántica de la conflictividad social en Córdoba (período 2013-2014)”, (CIJS, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba), Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Res. SeCyT Nº 203/14.

    7) “Territorios en Disputa. Un estudio sobre los conflictos territoriales urbanos y rurales en la Provincia de Córdoba”, (CIJS, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba)”, Proyectos PIO 2011, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. Res. Nº 216/11.

    8) “Gestión de la vida: políticas públicas y conflicto en el uso del territorio y los recursos naturales. Un estudio comparativo de tres provincias argentinas”, (Fac. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba), Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Córdoba.

    9) “Territorios de utopías. Experiencias y expectativas en las luchas sociales urbanas y campesinas de hoy”, (Fac. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba), Secretaría de Investigación de la Universidad Católica de Córdoba.

    10) “El llano en llamas. Movimientos y luchas sociales urbanas y campesinas en la Córdoba de hoy” (Fac. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba), Agencia Córdoba Ciencia S.E. de la Provincia de Córdoba, y Secretaría de Investigación de la Universidad Católica de Córdoba.

    Otros proyectos y publicaciones del Colectivo pueden ser consultadas en su web: www.llanocordoba.com.ar

  31. Agradezco enormemente a Claudio Garrot la colaboración invaluable para la elaboración de esta cronología.


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