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La arena de la educación,
la filantropía y el socorro

Agrupaciones católicas y laicas en Santa Fe, 1890-1910

María Laura Tornay

Planteos iniciales y perspectivas de análisis

Durante mucho tiempo, al sintetizar los rasgos de la sociedad argentina entre finales del siglo XIX y la época del Centenario, el reconocimiento que se hacía de los desarrollos capitalistas sobre la producción, el comercio, las clases sociales, las ciudades y las estructuras estatales nacionales y provinciales asumía el hecho de una modernización y laicización acabada –o bastante acabada– de dicha sociedad. La revisión historiográfica de los estudios sobre el catolicismo y la secularización ha reintroducido complejidad a ese proceso (Di Stefano, 2012), abordando la doble construcción estatal y eclesiástica en Argentina en el siglo XIX (Di Stefano, 2014; Lida, 2007) y alentando a estudios históricos que adviertan las fronteras difusas entre liberalismo y catolicismo y desestructuren visiones monolíticas carentes de matices (Di Stefano, 2011a), así como rótulos no siempre explicativos al estilo de “actor tradicional” o “moderno” (Mauro, 2011). Estas nuevas miradas han conducido a una interpretación no intencionalista de la historia del catolicismo argentino (Lida, 2009). En este caso, ha permitido analizar el desarrollo, la coexistencia y también competencia entre proyectos pedagógicos y sociales alternativos inscritos en grupos e instituciones diversas –laicas y católicas, estas seculares y regulares– dedicados a la beneficencia y la educación en la ciudad de Santa Fe.

De hecho, a nivel de archivo, diversas fuentes –gubernamentales y privadas– que dan cuenta de las iniciativas en pos de la ayuda social de grupos, asociaciones y corporaciones muestran una variedad de actores colectivos movilizados en torno a este tema en Santa Fe a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Cierto es que una destacada presencia tenían entre ellas las colectividades extranjeras nucleadas en sus sociedades de ayuda mutua, así como también las incipientes sociedades de resistencia obreras de la ciudad y las logias masónicas, bajo principios laicos independientes de toda confesión religiosa. Pero en los años finales del siglo XIX y primeros del siguiente, en pleno contexto de debate e implementación de las “leyes laicas” en el país, las agrupaciones religiosas y distintas expresiones del catolicismo redoblaron su presencia pública en Santa Fe, no necesariamente como reacción a los embates de las doctrinas seculares. Aparecieron conferencias en torno a parroquias como Nuestra Señora del Carmen o las Vicentinas de la Sagrada Familia y de San José, sociedades protectoras de la niñez y las jóvenes madres, hogares de ancianos como el San Vicente de Paul, sociedades pías nucleadoras de exalumnos y exalumnas como el Colegio Inmaculada y las Hijas de María. Ellas organizaban colectas de útiles escolares, administraban escuelas y hospitales, actuaban en los hogares de los necesitados, daban cobijo a “huérfanos, enfermos, abandonados y maltratados”, organizaban bazares, repartían ropas, y planeaban entregas de premios por conductas y virtudes acordes a la religión. Por promoción de los jesuitas, regresados a la ciudad en 1862 para retomar sus actividades educativas en un pronto prestigioso colegio, llegaron desde entonces diferentes congregaciones religiosas que construyeron sus propios colegios de educación primaria y secundaria, y posteriormente formaron maestras católicas.

Es plausible que el llamado “momento laico” de avance del Estado en la regulación de funciones antes controladas por el clero y el desarrollo de unas culturas liberal y de izquierda no menguaran la presencia que las entidades católicas tenían en la ciudad.

Política y religión en el fin de siglo

La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por grandes transformaciones en la sociedad, la economía y el Estado en Argentina. Dentro de ese proceso, fueron tomando forma instituciones que, en la medida que se dotaban de recursos y facultades, se sostenían unas a otras, se tratara tanto de las instancias nacionales, provinciales y municipales del Estado (1852-1880), como de la integración de los obispados –de origen colonial e independiente– bajo la primera sede arzobispal del país en Buenos Aires (1865). En el marco de esas variadas y apenas integradas instituciones, distintos sectores amparados en sus dominios o sus pretensiones sobre la economía, la política y la cultura dieron los debates o promovieron las acciones para definir los rasgos ideológicos del nuevo orden social.

Lejos de abandonarla o acorralarla, los constructores del Estado liberal prefirieron sumar tempranamente a la Iglesia al proyecto modernizador (Di Stefano, 2014). Hubo una colaboración aceptable para ambas partes, primando –al menos desde cierto momento– los consensos frente a las discordias. Las ideas y prácticas de los católicos argentinos no fueron en el siglo XIX e inicios del XX disfuncionales al proyecto de construcción nacional de las elites, ya que compartían con estas un umbral de principios básicos, afirma Di Stefano. De allí que liberal y católico no fueran etiquetas contrapuestas y menos aún excluyentes para los actores de la época. Los liberales podían identificarse como católicos, lo cual significaba su distancia respecto del ultramontanismo y luego el integrismo (posición que demandaba una cristianización plena de todos los ámbitos de la vida social), pero aceptaban el tratamiento constitucional de la Iglesia como institución de derecho público a la par del Estado. Inclusive entre los masones, el anticatolicismo y el anticlericalismo no fueron posiciones dominantes ni excluyentes, ya que siempre aceptaron la libertad de conciencia. Los católicos podían no definirse públicamente como liberales (por las condenas papales al liberalismo), pero compartían con ellos un acervo común en torno a la autonomía municipal, la libertad de enseñanza, la profesión liberal y la propiedad privada, aceptando la pluralidad religiosa y la libertad de cultos.

No obstante, en los inicios de la década de 1880, en las hasta entonces relativamente armoniosas relaciones de gobiernos y cleros seculares provinciales, prosperaron las diferencias en las posiciones entre católicos y laicistas. Primero fue en torno al Syllabus Errorum de la encíclica Quanta Cura (1864) –condenatoria de diversas doctrinas del momento, centralmente el liberalismo, el socialismo y la cultura moderna–, el Concilio Vaticano I (1869-1870) –sostenedor de la infalibilidad papal– y la cuestión romana (desde 1870) –fortalecimiento del primado romano en el poder dogmático, doctrinario y disciplinario–. Luego fue en torno a las leyes laicas de la década de 1880, que autonomizaron total o parcialmente ciertas instituciones o funciones de la tutela eclesiástica. Los católicos adherentes a la política romana dejaron de definirse como liberales y adoptaron crecientemente un discurso antiliberal en la prensa católica, los sermones y los discursos en los mítines y el Congreso. En respuesta, recrudecieron los discursos anticlericales y anticatólicos en sectores que rechazaban la orientación antiliberal que el papa Pío IX (1846-1878) estaba dando a la Iglesia. Las controversias en torno a ellas agitaron a la opinión pública, dividida entre un partido católico y una opinión liberal más o menos anticlerical, aunque no necesariamente anticatólica (Di Stefano, 2014).

Pero incluso –como señala Di Stefano– en esa coyuntura álgida suscitada a partir del debate de las leyes de educación común y registro civil (ambas en 1884) y de matrimonio civil (1888), en que las posiciones se distanciaron más que nunca, muchos liberales manifestaron que la laicización del Estado no trataba de postergar las enseñanzas de la religión, y otros tantos católicos, apartados de la identificación como liberales, defendieron las ideas de progreso y modernización del país tanto como sus adversarios. A partir de 1890, un clima de mayor armonía entre estas posiciones se desarrolló por el temor compartido ante una inmigración advertida como peligrosa para la identidad nacional y el orden social. El objetivo de la nacionalización de los extranjeros inmigrantes se llevó a cabo por medio de la educación, de la liturgia patriótica, del voto y del servicio militar obligatorios, pero también –como explica el autor– a través de la revalorización de un catolicismo que constituía uno de los pocos rasgos comunes entre nativos y extranjeros, y entre la mayor parte de los inmigrantes entre sí. El catolicismo finisecular, integrador del papel de la religión y de la modernización cultural, fue importante para la integración de esos extranjeros católicos en la nueva sociedad. Ciertamente, los enfrentamientos, en particular en el ámbito educativo, no acabaron nunca, pero predominó luego de 1890 un acuerdo que compatibilizaba el proceso de laicización con el mantenimiento del culto tradicional, una especie de pacto laico tácitamente firmado entre el gobierno nacional y las autoridades eclesiásticas a comienzos del siglo XX sobre la base del común entendimiento de la necesidad mutua para mantener sus respectivas influencias sobre una sociedad en rápida transformación (Di Stefano, 2011a; Di Stefano y Zanatta, 2000).[1]

Luego de las leyes laicistas y la mencionada etapa de rispideces con la Iglesia (1882-1884 y 1888), desde la presidencia de Luis Sáenz Peña (octubre de 1892 a enero de 1895, continuada desde allí por José Evaristo Uriburu hasta fines de 1898) y más aún durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca (1898-1904), se atenuaron las políticas laicistas, viraje que en varias ocasiones fue denunciado por los sectores anticlericales más radicalizados. En su segunda presidencia, Roca tomó medidas que despertaron simpatías entre los católicos identificados con el punto de vista de los obispos y el nuevo tono del catolicismo social del papa León XIII (1878-1903) desplegado en la encíclica Rerum Novarum (De las cosas nuevas) que dio a conocer en 1891. Entre ellas destacaron los permisos para la educación privada –mayoritariamente católica–, el restablecimiento de relaciones oficiales con la Santa Sede –que el mismo Roca había interrumpido en su primera presidencia–, la suspensión del proyecto de ley de divorcio que se debatió en la Cámara de Diputados en 1902 y la eliminación en 1903 de la cláusula que obligaba a la precedencia del matrimonio civil para la realización del matrimonio sacramental (Di Stefano, 2014 y 2011a). Ello se asentaba en la consideración, tenida ya por los liberales de la generación del 37 y mantenida en la prensa de la década de 1850, de un catolicismo moral que erradicara la barbarie y fuera elemento civilizador de ciudadanos pacíficos y abnegados. También se debía –es preciso admitir– a la dificultad material del Estado para afrontar por sus medios esa tarea en el extenso país. El Estado, laicizado y crecientemente ampliado en funciones, dejaba a la Iglesia un margen de acción considerable para mantener su gravitación en los distintos sectores de la sociedad y colaboraba en la mejora del servicio pastoral y la construcción de templos en ciudades, pueblos y colonias.

El pacto laico, que implicó sancionar jurídica y simbólicamente la hegemonía de la Iglesia católica en el campo religioso, se implementó concretamente de muchas maneras:

  1. creció desde 1853 el presupuesto estatal destinado al culto, una vez suprimidos los diezmos de manera definitiva en la Constitución Nacional, lo que constituyó la base del sostén institucional de la Iglesia argentina centralizada bajo una unidad jurídica, primero con la sede episcopal de Paraná en 1859 y luego con la sede arzobispal en Buenos Aires desde 1865 (Lida, 2007);
  2. se otorgaron numerosísimos subsidios a entidades y manifestaciones católicas de lo más variadas –de escuelas a círculos de obreros, de peregrinaciones a instituciones de beneficencia y congregaciones–;
  3. las autoridades colaboraron con el servicio de bandas y formaciones policiales y militares para las fiestas religiosas, a las que asistieron también miembros de los gobiernos municipales, provinciales y nacional (Di Stefano, 2011a);
  4. la asistencia en curaciones y cuidados en los hospitales públicos confiada a congregaciones religiosas femeninas, al igual que las cárceles de mujeres, encomendadas a la vigilancia de la Congregación del Buen Pastor;
  5. la evangelización de los indios reducidos, que de acuerdo a la Constitución quedaba en manos de religiosos católicos;
  6. la asistencia de las Fuerzas Armadas por capellanes castrenses;
  7. la celebración del tedeum en la catedral metropolitana por el aniversario de la Independencia, al que las autoridades acudían regularmente;
  8. el mantenimiento de una parte de la educación secundaria en manos de las congregaciones de jesuitas y La Salle;
  9. el dominio católico de la enseñanza primaria en los territorios nacionales y en ciudades, pueblos y colonias de las provincias;
  10. la presencia católica en la política de beneficencia, asilos y orfanatos (Di Stefano, 2011b).

Esas medidas de mutuo sostenimiento se daban sobre una sociedad que ya había visto expandirse nuevamente las instituciones religiosas: desde la década de 1860, y más desde 1890, el país había ido recibiendo varias órdenes y sobre todo congregaciones religiosas extranjeras que traían consigo experiencia en áreas como la educación y la asistencia social de los necesitados, a las que se sumaban las crecientes asociaciones del laicado. No obstante, congregaciones y sociedades católicas no fueron las únicas agrupaciones que actuaron en este ámbito, sino que se ensamblaron de distinta manera con otras de complejo perfil que supusieron alternativamente una competencia y un complemento. Esa presencia tuvo también lugar en la ciudad de Santa Fe.

Las entidades de acción social-educativa, sus objetivos, enlazamientos y localizaciones

La ciudad de Santa Fe experimentó un conjunto de transformaciones a partir de mediados del siglo XIX que se acentuaron en las primeras décadas de 1900. Su población creció, aunque con ritmos variantes, de 6102 habitantes registrados en 1858 a 103.536 contabilizados en el Censo Municipal de 1923. Dentro de ese período, hubo, a su vez, una etapa de fuerte presencia extranjera en la ciudad, que alcanzó a más del 30 % de los habitantes entre 1887 –primer censo provincial– y 1914 –tercer censo nacional y año de máxima inmigración al país–. Italianos, franceses, españoles, suizos y alemanes constituían, en ese orden, las principales comunidades extranjeras. La traza urbana tuvo modificaciones importantes, ya que se expandieron las calles y manzanas por fuera del viejo núcleo poblacional (Gioria, 2005-2006). Los planos del período evidencian una cambiada densidad demográfica, que trasladó su mayor peso hacia el norte y el oeste, más cerca del río Salado y hacia los caminos a las colonias, y para el este de la ciudad, en torno a la estación de trenes. La ciudad y provincia creció en su actividad administrativa, se modernizó en su edificación pública y privada, creció en cuanto a su comercio de exportación y el conjunto de actividades ligadas a él, la riqueza de los nuevos negocios recompuso a los grupos dominantes y modificó sus modos de vida, y aparecieron nuevos barrios y una diversidad de tipos habitacionales precarios. Junto a ello prosperaron, entre otras manifestaciones de los cambios sociales y culturales, asociaciones de ayuda mutua para inmigrantes, obreras de socorro y resistencia, económicas, patronales, educativas, cooperativas, masónicas y festivas con tareas específicas, que tuvieron en la ciudad un auge entre 1890 y 1910 (Tornay, 2016). También prosperaron sociedades benéficas, cofradías, congregaciones laicas y religiosas y agrupaciones ligadas a colegios católicos.

Los gobiernos liberales favorecieron el fenómeno asociativo porque concebían la vida asociativa, de vínculos voluntarios e igualitarios, como una escuela civilizatoria, un ejemplo a pequeña escala que contribuiría a la formación de un país republicano y moderno (Di Stefano, 2002). Con solemnidades diferentes y públicos mixtos o sexuados, clasistas o interclasistas, estos espacios viabilizaban relaciones e intercambios y proyectos societales, y los contextos político-ideológicos signados por la expansión estatal y eclesiástica nacional les ofrecieron posibilidades de desarrollo y acción.

El proceso de modernización que tuvo lugar en Argentina le permitió a la Iglesia construirse institucionalmente y afianzar así su presencia a nivel territorial (Lida, 2011). La Iglesia católica que surgió de allí era una institución más compleja, con un entramado institucional denso que actuaba a través de un creciente número de diócesis, sacerdotes, parroquias, capillas y asociaciones de laicos nativos y extranjeros, con funciones en variados asuntos de la sociedad. Esa estructura institucional y social se fue formando desde comienzos de 1860 y se consolidó con la fundación de la diócesis de Santa Fe en 1897. En este período, dos obispos dirigieron Santa Fe: José María Gelabert desde la diócesis de Paraná (1865-1897) y Juan Agustín Boneo desde la diócesis propia de Santa Fe (1898-1932), quien gobernó en un contexto de desinflación de las tensiones entre autoridades civiles y clero y de expansión de la presencia católica en los ámbitos de la sociedad (Di Stefano y Zanatta, 2000, pp. 318-319, 324).

Con la inmigración masiva, hubo también afluencia de clero secular extranjero, bastante numeroso, aunque insuficiente para cubrir todos los pueblos. Era un clero mirado con recelo por autoridades civiles y también eclesiásticas, por sus cuestionables conductas y por su movilidad, que los sustraía al control eclesiástico y a las medidas disciplinarias. Monseñor Gelabert tendió a fundar capellanías en lugar de parroquias para poder remover a sus titulares con más facilidad. Pero cuando, hacia fines de siglo, la autoridad de los obispos se hizo más efectiva, se impuso una disciplina eclesiástica con más control sobre las actividades, la moral, las finanzas y la residencia de los sacerdotes. Los seminarios de sacerdotes crecieron a partir de entonces, con apoyo estatal, para mejorar la formación del clero nacional. El propio Mitre promovió el funcionamiento del de Buenos Aires y decretó su financiamiento público para consolidar el primado de la capital como apuntalamiento de la centralización política. Sarmiento fundó tres seminarios conciliares en las diócesis de Salta, San Juan y Paraná, e hizo incluir en el presupuesto estatal su sostenimiento, compartiendo la preocupación por la formación de un clero nacional ilustrado (Di Stefano y Zanatta, 2000, pp. 321-326).

La llegada de órdenes religiosas y nuevas congregaciones extranjeras al país fue un fenómeno que redimensionó la presencia católica en muchas ciudades, aceptada por el clero debido a la necesidad de repoblar el territorio de agentes eclesiásticos. Ellas se dedicaron a atender la educación, los hospitales, las obras de caridad, las cárceles, las misiones, el mutualismo y otros tantos ámbitos (Di Stefano y Zanatta, 2000, pp. 328-332).

Los jesuitas llegaron por solicitud del presidente Derqui e intermediación del delegado apostólico Marini en 1861. Contaron en Santa Fe con la temprana aceptación de la dirigencia provincial, y recuperaron su antiguo edificio frente a la plaza central. El gobernador Pascual Rosas y el ministro Simón de Iriondo secundaron la iniciativa, conviniendo con el padre Joaquín Suárez un contrato de enseñanza pública y becas estudiantiles pagadas por el gobierno, que luego aprobó la Legislatura y avaló la autoridad eclesiástica de Santa Fe, Gelabert. En 1862, durante la gobernación de Patricio Cullen y en acuerdo con el presidente Mitre, abrieron su Colegio de la Inmaculada Concepción y organizaron las cátedras, que funcionaron más regularmente desde 1864. Ya en 1867 fundaron su Academia Literaria Santa Teresa de Jesús; en 1868 tuvieron su propio taller tipográfico, y ese año fue creada por la Legislatura la Facultad de Jurisprudencia y la Academia de Práctica Forense, lo que abrió en el colegio los estudios superiores o las llamadas “aulas mayores” (Furlong, 1963, tomos 2 y 3; Pérez Martín, 1963). El gobernador Mariano Cabal intentó que los jesuitas se hicieran cargo de algunas misiones de indios de la frontera para la defensa de varias estancias –entre ellas las suyas–, “en parajes donde no estaban establecidos los Padres Franciscanos”, y, pese a otorgarles completa independencia de acción como el rector le había solicitado, finalmente no se establecieron en ellas. No obstante, “se hizo venir al cacique Mariano con una porción de indios a Santa Fe, y los sucesores de Cabal en el Gobierno los trajeron al Colegio para que empezasen a aficionarse a los padres” (Furlong, 1963, tomo 2, pp. 96-97). Con ello la orden tal vez mantenía, aunque mucho más tenuemente que en el pasado, un cierto intercambio con la población indígena del Chaco.

Iglesia y Colegio de la Inmaculada Concepción de los Padres Jesuitas de Santa Fe, 1912 (Banco de Imágenes Florian Paucke, Archivo General de la Provincia de S.Fe –BIFP, AGPSF–).

Los entredichos cuando el gobierno provincial quiso supervisar la enseñanza primaria en el colegio no faltaron. Así sucedió durante la gobernación de Nicasio Oroño, en 1866, conflicto que se cerró con la firma de un nuevo contrato que reconocía la independencia de los jesuitas en la dirección del colegio, concedida por el gobierno “como una medida necesaria y de reconocida conveniencia” (Furlong, 1963, tomo 2, pp. 232-238).[2] El acercamiento se reforzó en gobernaciones posteriores, como la de Mariano Cabal (1868-1871) y Servando Bayo (1874-1878) especialmente, pero también con Simón de Iriondo (1878-1882), quien firmó con los jesuitas la escritura de la restauración edilicia en 1879, y con Manuel Zaballa (1882-1886), quien reivindicó a los jesuitas en su tarea educacional en un contexto nacional de enfrentamiento crecido en torno a las políticas laicizantes, así como también lo hizo José Gálvez (1886-1890) (Furlong, 1963, tomo 2, pp. 241-247).

La relación de la dirigencia política liberal con la orden de los jesuitas era compleja. En los años 80 las diferencias resurgieron sobre la enseñanza que se daba en los seminarios para la reforma intelectual y espiritual del clero, y a fines de 1884 el Congreso votó la eliminación de las subvenciones a seminarios para el siguiente presupuesto (Di Stefano y Zanatta, 2000, pp. 326-327). En el Colegio Jesuita de Santa Fe, la tensión produjo su impacto; la discusión tuvo lugar en torno a la propiedad del seminario: si era de los jesuitas, de los mercedarios o de la curia eclesiástica. Quedó clausurado el colegio secundario desde 1885 por parte del ministro de Instrucción Pública de la Nación Eduardo Wilde, y sus aulas fueron demandadas para establecer en ellas una escuela normal y un colegio nacional, que no obstante no prosperaron. Dirigentes santafesinos mantuvieron por dos años las gestiones para restituir en su tarea pedagógica a los jesuitas, entre ellos Iriondo y Gálvez. La enseñanza secundaria reabrió en 1889. En 1891 Pellegrini les exigió adecuarse a los programas del Ministerio de Educación, que afectaba el Ratio Studiorum –el método pedagógico y plan de estudio de los jesuitas–, pero no lo consiguió. A mediados también de 1891, un grupo de alumnos del Colegio Inmaculada fundó el Centro de Estudiantes Unidos con su propio estatuto. Al mismo tiempo que Gálvez había procedido a la reapertura del colegio en 1889, las cámaras sancionaron la creación de la Universidad de Santa Fe en la institución jesuita luego de “una prolongada discusión pedagógica, constitucional y religiosa”, y fue inaugurada en abril de 1890 por el gobernador Juan M. Cafferata (Furlong, 1963, tomo 3, pp. 7, 23-24 y 28).

Los jesuitas, a su vez, presionaron para impedir la creación de un colegio nacional, tarea postergada hasta 1906 en Santa Fe (Larker y Grandinetti, 2006), y ayudaron a que se demorara la instalación de una escuela normal nacional y una escuela industrial, lo que sucedió recién en 1906 y 1907 (Cervera, 2011).

La compañía promovió la formación de la Congregación de Nuestra Señora de los Milagros en sus ramas masculina y femenina, que existió desde 1870 y fue presidida por laicos influyentes pertenecientes a la elite política, judicial y letrada, y sus esposas –y también en acotadas ocasiones sus hijas solteras– (Furlong, 1963, tomo 2, pp. 175-177). Más tarde en Santa Fe fueron los jesuitas, ya en un nuevo clima social marcado por la conflictividad social creciente de la década de 1890, quienes condujeron la creación del Círculo de Obreros Católicos, a diferencia del rol que en otros lugares como Tucumán habían tenido los dominicos en esta tarea. En 1916 se formó el Centro Católico de Estudiantes, que pronto contó también con el apoyo de la orden (Furlong, 1963, tomo 3, p. 308).

Los franciscanos tuvieron a su cargo en el norte de Santa Fe las colonias indígenas de Santa Rosa, Reconquista, San Antonio, San Martín, San Javier y Sauce, donde mantuvieron reducida a la población chaqueña para la explotación agrícola y forestal (Caloni, 1884). Fueron activos protagonistas de la conquista del Chaco al servicio de autoridades provinciales (Tornay y Suárez, 2011). Los jóvenes estudiantes del Colegio de la Inmaculada y sus padres se sumaban, como podían hacerlo otros miembros de la elite urbana, en distintas acciones contributivas a esa guerra con los indios, como las habituales rifas que se hacían para rescatar cautivos de las incursiones indígenas en las colonias del norte (Furlong, 1963, tomo 2, p. 280).[3]

En los años 70 arribaron al país nuevas órdenes masculinas y cuantiosas congregaciones femeninas, provenientes en su mayor parte de Italia y de Francia, donde habían crecido notoriamente durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX. En Argentina, entre 1854 y 1914, entraron 68 congregaciones de Europa, de las cuales 38 eran femeninas. En la provincia de Santa Fe, en 1899, también la gran mayoría de los sacerdotes diocesanos era italiana: 48 italianos, contra 9 del seminario local y 10 españoles; todavía en 1914 el 78 % del clero de la provincia era extranjero, particularmente de origen italiano (Rosoli, 1997, pp. 231-232). Desde 1870 se habían formado en Italia y otras partes de Europa nuevas asociaciones integradas por laicos y sacerdotes movidos por los modelos de piedad y santidad promovidos por los papas Pío IX y León XIII en abierta oposición al liberalismo. Retomando la preocupación por los pobres y necesitados, actuaron comunidades emigradas e instituciones en la atención a enfermos, pobres, ancianos y huérfanos. Funcionaron alrededor de la estructura orgánica de la parroquia, complejizando su mundo de relaciones y su radiación espacial. Las congregaciones femeninas fueron especialmente capaces de responder a las exigencias de una población activa y joven. Participaron del cuidado en hospitales, orfanatos y escuelas parroquiales (Rosoli, 1997, pp. 239-240).

En Santa Fe llegaron y se instalaron: las Hijas de María con su Colegio Nuestra Señora del Huerto (1863), las Adoratrices con su Colegio San José (1887), las Esclavas del Sagrado Corazón con su escuela en el límite oeste y más pobre de la ciudad, el Colegio Jobson de Artes y Oficios dirigido por los Hermanos de La Salle a encargo de monseñor Boneo (1904), las Terciarias Franciscanas de la Caridad en su Conservatorio Santa Isabel para niñas huérfanas, las Hermanas del Calvario con su colegio (1914) y las Hermanas Dominicas con su Asilo de la Sagrada Familia (Stoffel, 2004).

Alumnas del Colegio San José, Hermanas Franciscanas de la Caridad, Santa Fe, 1880-1910 (BIFP, AGPSF).

Las Hijas de María –instituto de dependencia pontificia con casa de la superiora en Roma– habían sido llamadas en 1856 para atender en Montevideo el Hospital de Caridad; con los mismos propósitos se gestionó su ingreso a Argentina en 1859, y desde el año siguiente aceptaron el Hospital de Mujeres de Buenos Aires y la Casa de Niños Expósitos. En sus distintos destinos, atendieron hospitales, asilos, manicomios, orfanatos y colegios. Llegaron a la ciudad de Santa Fe en 1863 y se instalaron en el mismo solar que hoy ocupan, una antigua casa de ejercicios espirituales de los padres jesuitas, que las guiaron. Desde ese año funcionó su colegio, y en 1869 sumaron la tarea de atender el Hospital de la Caridad. Por donaciones de 1895, consiguieron otro solar donde expandir el edificio. La difusión del culto a la Virgen del Huerto en el Río de la Plata se implementó a través de la fundación de asociaciones de alumnas, exalumnas y padres, a través de la Archicofradía de Nuestra Sra. del Huerto fundada por el arzobispo de Montevideo Mons. Mariano Soler y del Santuario del Hortus Conclusus en Palestina fundado en los últimos años del siglo XIX (Olivello de Neder, 2004; Nuestra Señora del Huerto, 1982). En Santa Fe, la Pía Unión de las Hijas de María fue fundada a poco de establecerse las monjas, la cual congregaba a señoritas de las familias de elite que hacían visitas a los enfermos en sus domicilios y en los hospitales, enseñaban catecismo en el Asilo de Mendigos, en el Colegio del Calvario, en el Asilo Maternal, en el poblado de Alto Verde y en otras localidades; iniciaron también el Coro de la Congregación (Revista aniversario 150 años, 2013). De su actividad salieron los fondos para adornar la capilla y patio del colegio: “[…] es la señorita Ana Aldao Zavalla quien con un puñado de socias recogió fondos para su edificación […] de los Poderes de la Provincia, o de las casas de comercio, o de caballeros y señoras particulares” (Barrera, 1894). Participaron de grupos como el Apostolado de la Oración y el Taller de las Vicentinas. Ellas obsequiaron a las hermanas la estatua de mármol de la Virgen del Huerto en el 50º aniversario de la fundación del colegio (1913).

La congregación Hijas de María estuvo prontamente ligada al accionar de la Sociedad de Beneficencia, entidad que funcionaba en la ciudad desde 1860 y nucleaba a las hijas y esposas de las familias notables con tareas de “dirección y vigilancia de las escuelas de niñas de la capital, atención y cuidado de los hospitales y todos los establecimientos públicos, dirigidos al bien de las personas y al alivio de la humanidad doliente”.[4] Las bases de la entidad fueron redactadas por el presbítero Gelabert y el diputado nacional Mariano Comas (López Rosas, 1997). Estas mujeres de elite, aunque partícipes de una lógica política y social excluyente, se dedicaron al accionar caritativo hacia aquellas “desafortunadas” de las clases populares, sus hijos menores y los enfermos. Como el caso de las Damas de la Caridad de Rosario, cumplieron desde un espacio ético una respuesta política no estatal a la cuestión social, abriendo formas alternativas de participación (Bonaudo, 2006). Junto con las monjas, asumieron como tareas las visitas de cárcel y de barrios pobres, la escuela de niños y el asilo, el hospital de hombres y mujeres, el cuidado de enfermos y lazarinos, el pedido de limosna pública y la organización de kermeses y basares. Recibían donaciones y organizaban funciones teatrales y musicales junto a terceras órdenes. Levantaron con aportes privados y estatales el Hospital de Caridad al sur del antiguo Cabildo y Plaza de Mayo, pero el crecimiento de la ciudad y la necesidad de ampliación de cobertura médica y de asilo a mujeres las llevaron a emprender compras de inmuebles y su formalización jurídica como asociación en 1893. En 1902 solicitaron al gobernador Rodolfo Freyre la donación de un terreno e iniciaron luego la construcción del nuevo hospital en su actual emplazamiento[5], que inauguraron el 9 de julio de 1909. Junto con las hermanas Hijas de María, se encargaron de la educación en la escuela de niñas y la atención de los hospitales de hombres y de mujeres. Desde 1910 patrocinaron los Premios a la Virtud, nominando a mujeres u hombres indigentes que expresaban los ideales de religiosidad, caridad y docilidad femenina por ellas promovidos, para las menciones “al Amor Paternal, al Amor Filial y al Amor Fraternal” –actos cuyas fotografías se hicieron postales para propagandizar su rol tutelar–. También la Sociedad organizó concursos florales y “exposiciones feministas”, y promovió el Premio al Amor Maternal. El obispo de Santa Fe le solicitó en 1912 que organizara un patronato “de damas respetables de nuestra sociedad” para facilitar a los jueces y defensores del Ministerio Público “la colocación de las menores en casas de reconocida respetabilidad y seguridad bajo condiciones razonables y equitativas”.[6] Todas estas actividades y esta última en particular ponían en contacto a las Damas con un universo social más amplio y subalterno con quienes establecían relaciones de patronazgo en una sociedad que cambiaba y que compatibilizaba distintas formas de vinculación social en el marco de una creciente cultura de movilización.

La primera casa de la congregación de las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento se fundó en Córdoba en 1885 por el padre Bustamante, jesuita. Dos años más tarde, en 1887, se propagaron hacia Santa Fe, cuando este sacerdote fue nombrado rector del Colegio de la Inmaculada. El historiador jesuita G. Furlong atribuye esta acción a la lucha de los jesuitas contra el ministro de Instrucción E. Wilde y la política educativa laicista (Furlong, 1963, tomo 3, pp. 28-30). Contó con el apoyo del gobernador Gálvez, exalumno de dicho colegio. Primero fueron ubicadas enfrente de los jesuitas y la plaza central, en un edificio que ocupan hoy los Tribunales. José Gálvez promovió la donación de un terreno para su construcción, tarea que realizó Gregoria Maciel, ingresada luego al primer grupo de monjas Adoratrices. Más tarde el colegio se trasladó a su sitio en lo que eran los bordes del norte de la ciudad, sobre el Boulevard Gálvez, y amplió sus tareas a la formación de maestras católicas y la educación secundaria (Gianello, 1988).

En las zonas sobre las que la ciudad, de creciente población y composición extranjera, se expandía, se instalaron nuevas órdenes y escuelas. Hacia el norte de la ciudad en el barrio Candioti, poblado en su mayoría por familias pertenecientes al personal de la Compañía Francesa de Ferrocarriles, instaló su residencia la congregación de origen francés Hermanos de La Salle (1905), sobre un terreno cedido por el Obispado. Enfrente de ella se construyó el templo de San Juan Bautista (Schafer, 2004b).

En 1889 llegó a la ciudad el grupo de hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, con la intención de fundar un colegio, que levantaron en el oeste de la ciudad, al que lentamente le fueron construyendo su capilla y en torno del cual se generaron agrupaciones de exalumnas y de padres. Las hermanas de la Congregación de Nuestra Señora del Calvario, originaria de Francia, arribaron en 1907 por iniciativa del director del colegio La Salle y el de la Compañía de Ferrocarril Francés, a raíz de la prohibición del ejercicio del magisterio por parte de las religiosas en ese país y para establecer una escuela de niñas en la ciudad (Schafer de Meneghetti, 2004b).

A su vez, muchas agrupaciones con fines asistenciales o caritativos enmarcados en la cultura católica tuvieron presencia en las décadas de 1890, 1900 y 1910. Se fundaron sociedades como la Conferencia Nuestra Señora del Carmen, que pedía al gobierno en 1889 una colaboración para los útiles escolares de niñas pobres que concurrirían a la escuela bajo la dirección de las Esclavas del Corazón de Jesús;[7] la Sociedad Protectora de la Niñez (1902), destinada a dar cobijo a los “huérfanos, enfermos, abandonados y maltratados” en un asilo propio, heredera de la anterior sociedad Pan de los Pobres[8]; la Conferencia Vicentina de la Sagrada Familia, que en 1906 pedía también subsidios para actuar en los hogares mismos de los necesitados; la Conferencia Vicentina de San José, fundadora del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul en 1908; la Sociedad Pía Unión Hijas de María, formalizada décadas después que sus participantes dieran vida a la entidad a través de acciones devotas y bazares; o la sociedad Damas de Misericordia Pro Asilo de Mendigos (1914). En el inicio de siglo, fue numerosa la actuación de entidades católicas de la provincia y ciudad de Santa Fe a través de comisiones protemplo de varias localidades, las comisiones de exalumnos, sujetos nucleados en torno a los Conventos Santo Domingo y San Francisco, y otras ya mencionadas.

Esta profusión de entidades benéficas de impronta católica no colisionó con el conjunto de instituciones educativas públicas, sino que fue usual la interacción entre ellas y el cruce de sus participantes.

Escuela Superior Mixta, reparto de ropa efectuada por la Sociedad de Patricias Argentinas a niños pobres, con motivo de los actos por el Centenario de la Independencia, Santo Tomé, Santa Fe, 1916 (BIFP, AGPSF).

Esta numerosa presencia de órdenes religiosas y entidades masculinas y femeninas permite reconsiderar –como lo reflexionan Di Stefano y Zanatta– las relaciones entre los gobiernos liberales y la Iglesia católica, ya que ellas asumieron tareas de suma importancia. Por ejemplo, para la consolidación territorial, la formación de un mercado de trabajo y la difusión de actividades productivas agrarias bajo criterios liberales, el rol de las misiones y colonias agrícolas franciscanas en el norte santafesino fue fundamental. Las indias cautivas, obtenidas con las incursiones militares que hacían los colonos y mercenarios organizados en cuadrillas, eran llevadas a los conventos, donde permanecían concentradas hasta su distribución en familias de elite y estancias para el servicio doméstico.[9] En materia de educación, dirigieron establecimientos escolares y gestionaron fondos para la asistencia a niñas y varones más pobres, trasladando hacia los nuevos barrios y periferias su accionar. En el área de la beneficencia y la salud, las congregaciones y sociedades actuaban como “madres de las desamparadas”, reproduciendo en parte los criterios de sociabilidad notabiliar, pero al mismo tiempo modernizando las prácticas asistenciales y los discursos médicos. Los gobiernos nacional y provincial no frenaron este ingreso de órdenes religiosas, al contrario. Había terrenos en los que coincidían sus intereses y valores, sobre todo en aquellos que consideraban dominados por la “barbarie” y urgidos a la “civilización”. En Santa Fe se integraron perfectamente en la vida de las elites tradicionales, de los inmigrantes, de los trabajadores criollos y de los indígenas tobas y mocovíes del norte, sobre quienes constituyeron otra instancia de dominio.

La Iglesia era una institución bien enraizada en la vida de la sociedad, tenía prestigio social e influencia sobre la vida pública. A partir de la romanización, la Iglesia aumentó y ramificó su presencia a través de nuevas parroquias e instituciones de caridad. En torno a las parroquias, existía una dinámica vida social. Santa Fe contaba hasta comienzos del siglo XX con unas cuantas: Parroquia de Todos los Santos (1794), Parroquia del Carmen (1862), Nuestra Sra. de Guadalupe (1822), Sagrado Corazón de Jesús (1897), Nuestra Sra. del Tránsito (1900) y San José Agustinos (1912). Desde 1898 existió una Inspectoría de Parroquias. Del obispado dependió un Centro de Propagación de la Fe (1899-1902).[10] Varias “escuelitas” había en los extremos de la Parroquia del Carmen, visitadas cada comienzo de año por los padres jesuitas (Furlong, 1963, tomo 3, p. 121). Las cofradías las tenían como sede: la Cofradía del Santísimo Sacramento, la de Nuestra Sra. del Carmen y la de Ánimas y del Sagrado Corazón, por ejemplo, dependían de la Parroquia de Todos los Santos.

A fines del siglo XIX, las devociones marianas modernas tuvieron una renovada fuerza en Argentina. La coronación de la Virgen de Luján como patrona nacional en 1891 se orientó a fundar una identidad cultural-religiosa unificadora en la recientemente creada Iglesia argentina. En esa época comenzaron a realizarse peregrinaciones a santuarios como el de Guadalupe en Santa Fe y festividades como el Corpus Christi.

Ciertamente, como lo explican Di Stefano y Zanatta, en la vida parroquial y la práctica devocional, la reforma romana avanzó más lentamente, pero de manera clara: hacia fines de siglo aumentó el control sobre las actividades de las fraternidades laicas y las distintas asociaciones al interior de las parroquias, así como también se intentó depurar de heterodoxia a las devociones populares y difundir el culto a la Virgen de Luján como devoción unificadora (Di Stefano y Zanatta, 2000, pp. 335-336).[11] En esa clave puede leerse el conflicto suscitado entre el obispo de Santa Fe monseñor Boneo y las Conferencias Vicentinas, también dirigidas espiritualmente por los jesuitas, cuando este quiso en 1906 pasar la rama femenina a su órbita, como ya habían hecho con su sección masculina. Los jesuitas argumentaron que lesionaba derechos “que habían adquirido en tantos años de dirección espiritual de los habitantes de Santa Fe, tanto en las escuelas públicas como en las de carácter religioso, e instituciones y congregaciones”. También las mujeres protestaron, remarcando que su condición de católicas laicas no las sujetaba a diócesis o arquidiócesis alguna: “Las Conferencias no son una Congregación ni una Cofradía, sino una reunión de señoras piadosas congregadas para ejercer la caridad, pudiendo hacerlo cómo y en la forma que quieran, y reuniéndose donde les convenga”, potestad que reclamaban aun “cuando siempre se ha dado la preferencia a una sala de una casa religiosa o de una parroquia”. Aceptaban acatar las disposiciones del obispo mientras que no fueran “atentatorias a los principios” de su institución (Furlong, 1962, tomo 3, pp. 117-120). Paralelamente, sucedía la creación del primer Consejo de Instrucción Primaria de la Provincia (1884), bajo cuya dependencia quedó la inspección de escuelas (Schafer de Meneghetti, 2004a), lo que muestra la simultaneidad de los intentos centralizadores, al tiempo que la multiplicación de actores con intervención educativa.

El asociacionismo católico se expandió luego de 1890 también en el mundo obrero. Alentado por la encíclica Rerum Novarum de León XIII, el padre Federico Grote fundó los Círculos de Obreros Católicos. En Santa Fe lo hizo en 1904, luego de una reunión en el salón de actos del Colegio de los Jesuitas cuya acta firmaron más de cien miembros. Quedó bajo la supervisión de autoridades diocesanas y de una Junta Central residente en Buenos Aires. Declaraba que sus fines eran “defender y promover el bienestar material y espiritual de la clase obrera en marcada oposición a la funesta propaganda del socialismo y de la impiedad”, responsables de “efímera felicidad” y “males incalculables”. Para ello organizó el socorro mutuo y se propuso fundar escuelas primarias para niños de ambos sexos y de clases nocturnas para los adultos, crear una agencia de trabajo, brindar conferencias, establecer cajas de ahorro, formar una banda de música y celebrar congresos de obreros en el país para discutir y resolver sus problemáticas. Estaba dotado de médicos, farmacéuticos y abogados encargados de atender las necesidades de los asociados, además del director espiritual que daba a los enfermos los auxilios de la religión. Exigía a cada miembro una profesión o industria honesta y “no estar afiliado a ninguna sociedad anticatólica”, llevar una “vida moral” y no contraer “uniones prohibidas”.[12]

En torno a la ayuda a los “desvalidos”, emprendían trabajos las congregaciones y conferencias católicas, pero también las logias masónicas. Estas precedieron y acompañaron a otras formas asociativas y conservaron un fuerte predicamento por lo menos hasta finales del siglo XIX. Diagramaron un proyecto societal armónico, con un funcionamiento reglado, procedimientos y organicidad institucional burocrática. Además de la ayuda a los propios y la tarea política desarrollada, los masones crearon fondos de beneficencia, asistieron a heridos de guerras e insurrecciones, hicieron colectas para ayudar a damnificados por terremotos y tuvieron su propio orfanato en la capital del país. La actividad masónica en la ciudad recién fue posible hacia 1890, pues hasta ese momento se habían frustrado (violentamente) los intentos por instalar logias. Desde entonces, los masones, y en la primera década del siglo XX los librepensadores, actuaron abiertamente en la ciudad e intentaron extender su actividad a las localidades de la provincia (Tornay, 2016). Las mujeres no tenían en principio cabida en ellas, como tampoco en muchas otras entidades mutualistas, salvo en las “tenidas blancas” (reuniones más abiertas) y “bautismos de lowetones” (bautismo masónico de niños y niñas) a los que eran invitadas. Igualmente ellas identificaron en los masones, ya por parentesco o conocimiento social, a sujetos con quienes intercambiar o a quienes apelar en pos de ayuda. En varias ocasiones escribieron a la logia peticionando por distintas variantes del socorro cuando las apremiaba la viudez o la pobreza (y en algunos casos a los hijos la orfandad), a través de pensiones, subsidios, ayuda médica o recursos materiales para producir (Tornay, 2015-2016). Los masones podían ser en algunos casos librepensadores, pero en general no tenían inconvenientes en reconocerse como católicos, y al menos en la Logia Armonía de Santa Fe lo eran en un alto porcentaje. Pese a ello, la actividad benéfica y social era vista como un área de competencia con las organizaciones del mundo religioso eclesiástico y regular.

En la beneficencia femenina, también se desplegaron variantes que podían ser de posición social y respecto del carácter laico o religioso de la motivación del auxilio. Frente al dominio de la “Sociedad de Beneficencia” –cada vez más dotada de recursos, conectada políticamente, reconocida en la prensa y ampliada en funciones sociales y médicas–, las mujeres de otras nacionalidades produjeron la suya propia. La sociedad La Obra de la Mujer y del Niño se fundó en 1898 con la finalidad de “socorrer a los desgraciados”, fueran mujeres o niños y “sin distinción de Religión o de situación regular”, es decir, fueran casadas o solteras.[13] Fue una asociación benéfica de mujeres francesas o hijas de franceses de Santa Fe, que incluía también como tales a alsacianas, lorenesas, suizas y belgas residentes en la ciudad y las colonias, con miembros “bienhechores y bienhechoras”. Para funcionar cobraba cuotas, recibiría donaciones, limosnas y legados testamentarios, realizaban fiestas y colectas, y se encargaban de la compostura y confección de vestidos y ropas. Procuraron conseguir un digno lugar entre las sociedades de caridad y beneficencia de la ciudad.

El terreno de la educación estuvo especialmente marcado por experiencias escolares de sociedades de inmigrantes como las italianas, francesas y españolas, agrupaciones libertarias fundadoras de bibliotecas, sociedades de educadores de diverso perfil y enseñantes particulares que dirigían pequeños establecimientos educativos.

La arena de la beneficencia y la educación: competencia e integración social, cultural y política

La vida de las parroquias y las distintas experiencias asociativas del laicado en pos de la evangelización, la educación y el socorro social acompañaron las transformaciones sociales del comienzo de siglo y fueron impactadas por ellas. Junto a la modernización social y urbanística, cambiaron las fachadas de los templos, los sectores populares participaron de esas obras en las comisiones vecinales protemplo, se hicieron colectas, kermeses, bazares y beneficios, porque esos cambios requerían de recursos. Hubo un extenso desarrollo de la sociabilidad parroquial desde fines del siglo XIX; allí se ofrecían conferencias y cursos, funciones de teatro y libros baratos para ponerlos al alcance de los lectores, como hacían también por otro lado los grupos anarquistas. La prensa católica floreció desde fines del siglo XIX. Las parroquias organizaron procesiones y fueron utilizando las formas de hacer política propias de una sociedad de masas –o en proceso de masificación–, modalidades que el catolicismo supo hacer suyas desde muy temprano en el siglo XX, afirma Miranda Lida (2009).

Las disputas ideológicas movilizaban a muchos grupos, pero ellas no eran únicamente lo que alentaba la participación de hombres y mujeres en asociaciones benéficas y educativas, sino que las mismas transformaciones sociales eran las que impulsaban la actividad en muy distintos espacios, laicistas y religiosos (Mauro, 2011). Conciencia cooperativa, humanismo, defensa de la armonía e integración social, apostolado cristiano, al tiempo que ideal civilizatorio ilustrado, cientificismo y enciclopedismo, y también socialismo, igualitarismo e internacionalismo; eran esas las ideas que acompañaban la puesta en marcha y profundización de la actividad asociativa, congregacionista, filantrópica, caritativa, educativa o emancipadora. Pero estas ideas evidenciaban y respondían a una creciente y temprana movilización por asuntos tan centrales para la sociedad de entresiglos como la educación y la beneficencia. En esos embates sobre la arena de la beneficencia y la educación, en esa activación social, en esos intentos regulatorios por parte de estructuras institucionales que se pretendieron y a la larga fueron superiores, se fueron definiendo las áreas de competencia social, estatal y eclesiástica, que es una de las tantas manifestaciones de las tensiones y luchas entre distintas agencias de la sociedad.

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  1. Este criterio cuestiona la idea de una hegemonía liberal extendida hasta los años 30 del siglo XX.
  2. La cita corresponde al mensaje de Oroño en la apertura de sesiones legislativas, 25/05/1866, mencionado en Furlong (1963, p. 238).
  3. Furlong (1963) menciona la rifa del año 1872.
  4. Archivo General de la Provincia de Santa Fe [AGPSF], Archivo de Gobierno, 1893, Tomo 174, Exp. 30.
  5. AGPSF, Archivo de Gobierno, 1903, Tomo 386, Exp. 23.
  6. Archivo de la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe [ASBSF], Cartas recibidas, 25/11/1910, 15/12/1910, 12/1912, 20/12/1916, 3/7/1919, 5/7/1919 y 3/9/1912.
  7. AGPSF, Archivo de Gobierno, 1889, Tomo 122, Exp. 5.
  8. AGPSF, Archivo de Gobierno, 1902, Tomo 373, Exp. 4.
  9. Así lo muestra también la fotografía de la colección Clementino Paredes del Banco de Imágenes Florián Paucke, AGPSF: bit.ly/353gVdI.
  10. Archivo Histórico del Arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz (AHA), Catálogo.
  11. El AHA de Santa Fe guarda la documentación producida por las congregaciones existentes en las parroquias de su jurisdicción, muestra de un aspecto más de ese proceso de centralización y fiscalización creciente.
  12. AGPSF, Archivo de Gobierno, 1905, Tomo de Abril, Exp. 14.
  13. AGPSF, Archivo de Gobierno, 1899, Tomo 318, Exp.10. Estatuto y Acta de sesión del 10 de agosto de 1898.


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