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La instauración del régimen municipal en el área de colonización del centro-oeste santafesino

El caso del Consejo Municipal de la Colonia Esperanza entre 1861 y 1872

José Miguel Larker y Franco Exequiel Airaudo

Introducción

Durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, el espacio santafesino se vio sometido a un profundo proceso de cambios. Como parte de estos, los territorios de la región central de la provincia se incorporaron al control estatal santafesino y fueron ocupados paulatinamente por inmigrantes europeos que se dedicaron al desarrollo de actividades agropecuarias en las denominadas “colonias”. Los nuevos núcleos poblacionales fueron expresando necesidades y generando demandas a las que las elites gubernamentales debieron dar respuestas, creando o redefiniendo normas, instituciones y prácticas, designando a los agentes encargados de gestionarlas o estableciendo las condiciones y los procedimientos para su elección. Cabe recordar que para 1856 Santa Fe ya era un estado provincial, al igual que las otras 14 unidades políticas que componían la Confederación Argentina, puesto que, como lo plantean Miguez y Bragoni (2010), existían “formas institucionales propias de una dominación social estatal” pese a su todavía limitada capacidad para ejercer el control social y el monopolio de la coerción.

La primera colonia agrícola en la provincia se instaló durante el año 1856 con el nombre de Esperanza. Su concreción se debió al compromiso asumido por el estado provincial y un empresario privado a partir de la firma de un contrato en 1853 y al activo accionar del gobierno en la colonia durante los difíciles años iniciales del emprendimiento. Pasado algo más de cinco años y logradas ciertas condiciones de estabilidad, el 16 de mayo de 1861 los colonos eligieron el primer Concejo municipal que se pondría en funciones pocos días después. De esa manera, una población rural conformada por extranjeros asumía roles y obligaciones propias de los ciudadanos aunque no lo fueran, quedando facultados para ocuparse del amplio conjunto de demandas emergentes en la colonia. Al respecto, Bonaudo y Sonzogni (2010) advierten que la territorialización de la geografía provincial no se asentó sobre el criterio de la construcción de comunidades políticas basadas exclusivamente en la noción de “ciudadano”, sino que los inmigrantes extranjeros que se radicaron en las colonias o los centros urbanos tuvieron restringidos sus derechos, reducidos a la condición de “ciudadano territorial (vecino)”. Esa lógica funcionó hasta 1890 “sin mayores conflictos” y “al calor de la expansión cualitativa y cuantitativa de las experiencias municipales en cuyo interior una vecindad con fuertes marcas de extranjeridad encontraba espacios reconocidos para tomar decisiones y ‘administrar’ la agenda local” (Bonaudo y Sonzogni, 2010, p. 239).

De acuerdo con lo expresado, y entendiendo al Estado no como un actor autónomo, consolidado, “o en el constreñimiento normativo-institucional”, sino como relaciones concretas de poder, de asimetría, de conflicto, que se manifiestan en las pugnas para institucionalizar determinadas pautas de comportamiento (Sedrán, 2018, p. 17), nos interrogamos sobre la conformación y desarrollo de una “estatalidad a nivel local, forjada por y desde los actores sociales” (Palacio, 2005, p. 113). Pretendemos así realizar un aporte a la comprensión del proceso de integración a la estructura estatal de los nuevos grupos poblacionales que se establecieron en el área de colonización agrícola, analizando la instalación y el accionar del Concejo municipal de la Colonia Esperanza entre 1861 y 1872, atendiendo a su organización y funcionamiento, considerando las principales cuestiones que se abordaron y las formas en que intervinieron en el ámbito local, así como el papel desempeñado por el estado provincial santafesino participando de los marcos de definición del accionar de aquella institución y controlando sus actuaciones.

Establecimiento y desarrollo de los primeros años de la Colonia Esperanza

En la segunda mitad del siglo XIX, la provincia de Santa Fe comenzó un proceso de modernización en la producción agrícola. Las colonias fueron los pilares del proyecto provincial y, en cierta medida, un objetivo compartido por todos los territorios del centro-este de la actual Argentina. La idea de las autoridades provinciales era aprovechar la gran cantidad de tierras baldías ganadas a los indígenas para ponerla en producción mediante mano de obra extranjera (Martiren, 2012). En este contexto general, debe ser comprendida la fundación en 1856 de la Colonia Esperanza, la primera de todas y la que marcó el inicio del traspaso de tierras públicas a manos privadas para el poblamiento del territorio. Esta era un establecimiento de 3 o 4 leguas cuadradas, que contenía 210 concesiones de 20 cuadras cuadradas cada una. Se organizó en dos secciones, una de habla francesa y otra alemana, divididas por una calle comunal destinada a la construcción urbana de la colonia.

Los orígenes de la colonia se remontan al contrato celebrado entre Aarón Castellanos y el gobierno de Santa Fe en 1853. En ese documento se establecieron las obligaciones tomadas por cada parte: por el lado del empresario, correspondía la inserción de mil familias labradoras europeas en el plazo de 10 años (200 familias cada 2 años); por el otro lado, el gobierno debía hacer los preparativos para facilitar el establecimiento de los colonos, desde la construcción de los ranchos hasta la provisión de harina, semillas y ganado para la puesta en marcha de la colonia (Ensinck, 1979). Sin embargo, ninguno de los dos cumplió con lo acordado. Castellanos había especulado con una rápida ganancia que no obtuvo, dado que los inmigrantes que reclutó no tenían experiencia en el trabajo agrícola. El gobierno tampoco respetó lo acordado. El territorio que eligió se encontraba a 8 leguas de Santa Fe sobre el Río Salado en una línea de frontera, lo que infringía el artículo 6 que indicaba que la ubicación debía ser sobre el río Paraná a la altura del pueblo San Javier hacia el norte. Además, tampoco cumplió con otros artículos, como, por ejemplo, el que estipulaba la construcción de los ranchos y la provisión de los insumos para la vida de los colonos durante los primeros tiempos. El 2 de julio de 1856, se suprimió el contrato, y Castellanos fue indemnizado. La colonia quedó a cargo del gobierno nacional, el cual exoneró a los colonos del pago de la mayor parte de las deudas que habían contraído al firmar el contrato.

El gobierno de la Confederación Argentina designó como comisionados especiales de la administración de la colonia a Adolfo Gabarret y Genaro de Yanis (Gori, 2012), y, recomendado por estos, el gobierno de la provincia de Santa Fe nombró a Luis Federico Carrel como el primer juez de paz. En el marco de los primeros tiempos de existencia de la colonia, la tarea del juez de paz no debió haber resultado sencilla, máxime cuando su labor consistía en arbitrar en las demandas civiles y mercantiles de escaso valor monetario y también tenía el deber de oír y resolver en primera instancia y verbalmente en las demandas por injurias o delitos leves, imponer multas o arrestos que no pasaran de los cinco días[1]. Estas funciones debía realizarlas sobre una población que se dividía en dos secciones, una de habla alemana y otra francesa, y que profesaba cultos distintos, algunos el católico, otros el protestante. Durante los años siguientes, se sucedieron varios hombres ocupando el cargo y fue Adolfo Gabarret quien, desde esa condición, cumplió con dar instalación a la municipalidad en mayo de 1861.

En el transcurso de los primeros años, la colonia padeció dificultades generadas por el entorno natural. Al respecto, el cónsul inglés Hutchinson señaló que “en los primeros cuatro años de su establecimiento sufrieron horriblemente por la seca, y por la langosta” (Grenon, 1947, p. 59), y Guillermo Perkins (1864) nos dice en 1863:

el año pasado que fué muy fatal en todas partes del litoral para las cosechas de trigo, por las abundantes lluvias que cayeron antes que el grano pudiera asegurarse, lo fue también para las Colonias, que tenían entonces grandes siembras.[2]

La falta de experiencia en los trabajos agrícolas y los problemas generados por el comportamiento de la naturaleza condujeron al abandono de las concesiones por algunos colonos, y otros se dedicaron a la explotación de los montes de los alrededores para la obtención de leña y carbón (Grenon, 1947) para comercializar y poder vivir. No obstante, a partir de 1862 la situación mejoró y empezó un período de relativa prosperidad. El 10 de diciembre de aquel año, el gobierno comenzó a otorgar los títulos de propiedad de las concesiones y pocos días después se puso en público remate una porción de los terrenos fiscales “con destino a los edificios” que habían de “formar ciudad en la Colonia Esperanza”[3].

La Colonia Esperanza experimentó un particular periodo de bonanza a partir del año 1865, a causa de la demanda generada por los ejércitos que luchaban en la guerra del Paraguay. Sin embargo, es importante señalar que la colonia se vio limitada en su expansión agrícola. Ello se debió, por un lado, a la planificación de la colonia, que quedó encerrada por un terreno comunal de pastoreo que impedía la adquisición de nuevas concesiones y el aumento de la superficie productiva. Por otro lado, el ya reducido tamaño de las concesiones se fue fragmentando por motivos de herencias u otras causas, por lo que perdió capacidad productiva (Wilcken, 1873). Esta situación impulsó a los colonos a comprar tierras en los nuevos asentamientos que surgieron desde la segunda mitad de la década de 1860, como Humboldt (1868), Cavour (1869) y Franck (1870) (Martiren, 2012).

Relacionado con lo anterior, es necesario señalar dos particularidades observables en el desarrollo de la colonia. Una referida a la población y la otra, a la orientación económica que adoptó. En cuanto a su evolución demográfica, el censo de Esperanza de 1856 registraba 1 162 residentes (Grenon, 1947), pero para 1869 se observa un incremento que lleva a la población al número de 1856. En 1871 la población se redujo a 1 720 individuos (Wilcken, 1873) como producto de la compra de tierras y migración a otras colonias. No obstante, la población no disminuyó de forma significativa y el arribo de nuevos inmigrantes mantuvo el equilibrio poblacional durante los años iniciales de la década de 1870.

Por otro lado, las dificultades que limitaron el desarrollo agrícola de la colonia, así como la instalación de asentamientos en las proximidades de Esperanza, influyeron en su tendencia comercial e industrial. Durante la década de 1860, los colonos llevaron adelante diversas empresas. Por ejemplo, en 1865 Cárlos Henry estableció un acuerdo con el gobierno provincial, mediante el cual se encargaba del servicio de correo y diligencias entre Esperanza, Santa Fe, San Jerónimo y San Carlos[4]. Esta empresa fue favorecida por la construcción de un puente sobre el río Salado, en el llamado Paso de Mihura, cuya obra estuvo a cargo de los colonos Claus y Müller[5]. Ambos servicios dan cuenta de la orientación artesanal, manufacturera y comercial de Esperanza. Por ejemplo, hacia fines de la década de 1860, ya se habían construido molinos a vapor y a fuerza animal, así como seis herrerías, dos aserraderos de maderas, y un horno de ladrillos. Se debe destacar que, en una de las herrerías pertenecientes al señor Taberning, se fabricaban arados que se vendían por toda la zona, y que dos carpinteros fabricaban los ventiladores utilizados por los labradores (Wilcken, 1873). Crecieron en número y se desarrollaron pulperías, tiendas y almacenes, fondas, posadas, un café y billar, panaderías y carnicerías, entre otros establecimientos que servían como “centro comercial de La Esperanza y demás colonias circunvecinas” (Wilcken, 1873, p. 6).

Con respecto a la educación, las circunstancias de los primeros años hacían imposible que los hijos e hijas de los colonos se instruyeran en las escuelas, debido a que estas eran escasas y se necesitaba la mayor cantidad de brazos posibles para el trabajo. Pero, con el tiempo, las escuelas comenzaron a tener un papel relevante, y para el año 1864 ya existían cuatro (Grenon, 1947). A fines de la década del 60, Esperanza contaba con cinco escuelas y una sexta por abrir.

Como podemos observar, los primeros años de la instalación de la colonia fueron dificultosos y las expectativas de éxitos fueron escasas. Sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno provincial y el esfuerzo de los colonos permitieron afrontar las adversidades que se encontraron. La guerra de la Triple Alianza favoreció la economía de la colonia, dado que los ejércitos requerían de alimentos, animales y productos elaborados. Esperanza se fue posicionando cada vez más como núcleo comercial e industrial de la región, estimulando la construcción urbana y el incremento poblacional.

El conjunto normativo sobre el que se instituyó la municipalidad de Esperanza

La instalación de colonias agrícolas a partir de la década de 1850 planteó desafíos y problemas a la capacidad del gobierno de Santa Fe para dar forma a un orden social que atendiese a las expectativas de los grupos dominantes. Esto implicó la construcción de un cuerpo legislativo y de un sistema institucional que lo posibilitase. Es en este contexto sociohistórico en el que se debe comprender el conjunto normativo sobre el que se instituyó la municipalidad de Esperanza, a la vez que se daba nueva forma al aparato gubernativo de la provincia en relación con el gobierno nacional.

En este sentido, la Constitución de la Confederación Argentina de 1853 se presentó como el marco principal de un proyecto nacional en el cual se insertó la Constitución Provincial de 1856 y las leyes para municipalidades. De hecho, el artículo 5.º señalaba que cada provincia tenía que elaborar su propia constitución bajo el sistema representativo republicano, disponiendo de su administración de justicia y régimen municipal y asegurando la educación primaria. Por otro lado, las determinaciones jurídicas generales que se impusieron en la provincia tuvieron raíces en la Constitución Nacional, siendo parte del “pueblo soberano” los varones mayores de edad con nacionalidad argentina (Megías, 1992). El artículo 20.º atendía específicamente a la población extranjera, que no fue considerada parte de la ciudadanía, pero que recibió todos los derechos civiles propios de un ciudadano. Para más, el artículo 21.º señalaba que los extranjeros que pidiesen la nacionalización eran libres de no servir en armas por el plazo de 10 años; esta particularidad fue crucial para preservar la mano de obra agrícola en las colonias[6]. En relación con esto, la constitución de la provincia de Santa Fe de 1856, en el artículo 60.º, establecía la instauración de municipalidades en los Departamentos, para lo cual expresaba que se debía dictar una ley orgánica que determinara las atribuciones y objetivos de dichas instituciones. De todas maneras, no se trató de un autogobierno, sino de una administración, por lo que el artículo 61.º expresaba el carácter de su subordinación al gobierno provincial. Para control e inspección de la administración municipal, se disponía un Juzgado de Alzadas. Según el artículo 49.º , el juez de Alzada era el encargado de inspeccionar todos los juzgados menores y arbitrar entre las competencias de jurisdicción de cada unidad jurídica y las funciones de los miembros del Poder Ejecutivo provincial (Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe, 1970).

Como lo señalaba el artículo 60.º de la Constitución Provincial, el 20 de diciembre de 1858 se dictó la “ley municipal” para la ciudad de Rosario. Esta ley sirvió como modelo para las demás leyes municipales. En su artículo 4.º aludía a que cualquier vecino varón mayor de 25 años o emancipado, con un capital de 2 000 pesos o una profesión u oficio que produjera una renta equivalente, podía ser municipal. Además, el artículo 5.º indicaba que la elección se haría popularmente por los vecinos (Ensinck, 1967). Ambos artículos dejan en claro que, para el gobierno local, el pueblo soberano era el vecino y no el ciudadano, instaurándose un sistema electoral censitario. De todas maneras, no se aplicaba el carácter exclusivo de dicho sistema, dado que eran considerados vecinos todos aquellos que abonasen los impuestos, una práctica habitual de los colonos (Megías, 1992). En 1860 se promulgó la ley municipal para los Departamentos de la provincia, en la que se reiteraban varios de los artículos existentes en la ley municipal de Rosario, con lo cual se sostenía el voto censitario de los vecinos y se aseguraba la participación de extranjeros en los procesos electorales municipales. En cuanto a las obligaciones que tenían las municipalidades, el artículo 7.º expresaba que debían velar por los intereses materiales y morales del pueblo, la administración de la justicia y la policía municipal. Todas estas tareas debían realizarse en función del carácter administrativo y “con prescindencia de toda cuestión política” de la municipalidad[7]. El juez de paz era quien presidía el cuerpo y el único que podía comunicarse con las demás autoridades provinciales, así como el encargado de vigilar el cumplimiento de los reglamentos. Sobre esta figura es importante tener en cuenta que su designación recaía en manos del gobierno provincial, lo que nos permite observar la dependencia de aquel respecto de este último y el control que ejercía sobre la misma municipalidad a partir de ello.

El cuerpo normativo sobre el que se instituyó la municipalidad de Esperanza debe ser analizado teniendo en cuenta las relaciones que se dejaban planteadas entre los distintos niveles gubernamentales. Como señala Kozul,

preguntarse por la conformación histórica de los municipios decimonónicos en Hispanoamérica es poner en evidencia su naturaleza doble y ambigua: por un lado como representante de intereses locales frente al poder central; pero por el otro, subordinados a los conjuntos estatales en formación que intentaron transformarlos en un poder administrativo capaz de asegurar el control de sus territorios (Kozul, 2020, p. 3).

En este sentido, la Constitución de la Confederación Argentina fue la base del ordenamiento político y jurídico con el cual dialogaba la Constitución de Santa Fe. A su vez, esta última delegó en las municipalidades algunas de las funciones de administración de justicia, seguridad, educación, desarrollo de mejoras en las condiciones materiales de la localidad (obras y servicios públicos). Las municipalidades actuaron también como representantes de las políticas provinciales a nivel local; no obstante, siempre operaron como representante de los intereses de los vecinos, generando esa función “doble y ambigua” expresada más arriba.

La instalación del Concejo Municipal, sus primeros trabajos y organización interna

A cinco años del arribo de los primeros colonos y, tal como se expresa en un decreto del gobierno provincial, “siendo preciso llenar las bases del contrato celebrado con los empresarios de la Colonia Esperanza, para el establecimiento de la municipalidad en dicha colonia”[8], se ordenó llamar a elecciones para el domingo 12 de mayo de 1861, con el objeto de elegir a diez vecinos para conformar el Concejo municipal. Para ello, el mismo decreto establecía que la elección debía realizarse de acuerdo a los procedimientos formulados en la ley de elecciones existente en el apéndice de la Constitución provincial de 1856.

Atendiendo al Decreto del 16 de mayo, el juez de paz realizó la convocatoria para la “instalación del Concejo Municipal de la Colonia”, acto que se llevó a cabo el 26 de mayo. Durante éste, Adolfo Gabarret abrió la sesión con un discurso y luego procedió a tomar juramento a los concejales electos de acuerdo a las formas establecidas. La reunión concluyó con la designación de Mauricio Jost como “secretario intérprete”[9]. Es interesante señalar este último dato, pues las discusiones en el seno del Concejo se daban en los idiomas francés y alemán y la comunicación que se mantenía con las autoridades provinciales se realizaba en castellano, por lo que el secretario debía tener conocimiento de aquellos idiomas. Para más, durante los primeros cinco años las actas del Concejo Municipal se redactaron en francés. Dos días después de instalado el Concejo, el juez Gabarret, en su calidad de presidente de la municipalidad de la colonia, enviaba una nota al ministro general de gobierno en la que informaba aquel acontecimiento, adjuntándole el acta y el discurso pronunciado, “vertido al castellano”; pero, además, y esto es lo importante, solicitándole: “Tenga a bien remitirme el texto de la ley y reglamentos que rigen la materia juntamente con las necesarias instrucciones para poner esta corporación en actitud de deliberar con el deseado acierto”[10]. Por lo expresado, los miembros del Concejo puesto en funciones carecían de los conocimientos de los marcos legales y reglamentarios para comenzar con su labor. Según lo que se puede leer en las actas y las notas del juez de paz remitidas al gobierno, las primeras sesiones se dieron a la tarea de informarse y comenzar a producir la normativa necesaria a tal fin. Esa fue la demanda planteada por el juez de paz en la primera reunión posterior a la constitución del Concejo Municipal cuando señaló la “necesidad de formular un Reglamento interno para regular, sea el orden de las deliberaciones, sea la distribución de los trabajos sometidos a los cuidados del Concejo”[11].

Las reuniones del Concejo Municipal se llevaron adelante con una regularidad semanal, se fueron estableciendo funciones al interior del cuerpo y abordando los temas que eran de interés para los representantes de los colonos. Por ejemplo, durante la sesión del 1 de junio, se tomó juramento al secretario intérprete, se eligió un vicepresidente y dos tesoreros, uno por cada sección de la colonia. El resto de la reunión se dedicó a tratar la necesidad de establecer una “Guardia Colonial”, con el objeto de garantizar la seguridad en la colonia, puesto que las fuerzas del cantón Iriondo que estaban encargadas de esa función se habían retirado de la zona[12]. El Concejo decidió entonces conformar una comisión encargada de preparar un proyecto para la creación de esa fuerza. En la sesión que siguió, continuaron con el tratamiento de esa cuestión y se comprometieron a elaborar un reglamento. No obstante, el tema pareció haberse dejado de lado, pues no se lo volvió a retomar. Los temas que se abordaron durante los meses de junio y agosto fueron variados, aunque se les dedicó mayor atención a la construcción de un edificio comunal (para lo que se solicitó la realización de un plano y un presupuesto), la reglamentación del cuidado de los animales y la regulación de las actividades de los carniceros. También fueron objeto de deliberación la designación de maestros para cada sección de la colonia, entre las cuestiones que evidentemente ocuparon un lugar de relevancia en las deliberaciones.

El juez de paz volvió a insistir en la reunión del Concejo Municipal del 29 de junio sobre la necesidad de “redactar un Reglamento concerniente a su régimen interior y a determinar la cantidad para satisfacer las reformas locales así como el sostenimiento del sacerdote y el culto”[13]. Atendiendo a ello, se designó una comisión encargada de la elaboración de un presupuesto de gastos y de las contribuciones que deberían realizar los colonos (así como los procedimientos a los efectos de recaudarlos) para poder ejecutarlo. De esta manera, se cumplía con lo que planteaba la ley municipal para los departamentos en los artículos 16.º y 19.º[14].

En la sesión del 10 de agosto de 1861, el presidente del cuerpo leyó una comunicación enviada desde el gobierno provincial en la que se dice:

El Concejo Municipal de la Colonia Esperanza tiene la más amplia libertad de aplicar la suma prevista en el presupuesto y la facultad de constituir un Reglamento concerniente al régimen interior de la colonia y aprobar todas las medidas que el Concejo tomará en provecho y mejoramiento de la misma[15].

Dada esa libertad de acción por parte del gobierno provincial, el 17 de agosto la comisión encargó exponer el proyecto de reglamento interno de la municipalidad, que fue aprobado con una ligera corrección.

A través del reglamento interno, quedaron instituidas varias de las formas y los procedimientos que se venían siguiendo en el Concejo Municipal desde su constitución. No obstante, se establecieron un conjunto de regulaciones para su funcionamiento, pautando los marcos sobre los que se debía regir y dando previsibilidad al accionar de los miembros. Quedó fijado el número de miembros del cuerpo en diez titulares y dos suplentes que debían ser elegidos por “asamblea colonial”. Se estableció la división de la municipalidad en tres comisiones: una de seguridad, higiene y educación, otra de trabajos públicos, y una última de finanzas. Cada comisión se compondría de dos miembros y se renovaría cada año “al mismo tiempo que la Municipalidad [renovaría] cuatro miembros salientes”[16]. El reglamento también pautó que, al término del trabajo encomendado a cada comisión, se debía poner en conocimiento del presidente para que convocase al Concejo y lo presentase. Quedó estipulado que todos los miembros del cuerpo municipal estaban obligados a asistir a las sesiones y se establecieron los procedimientos en caso de que se produjeran faltas a fin de contar con las condiciones necesarias para poder sesionar. El presidente era el encargado de hacer cumplir el reglamento, convocar al Concejo, presidir las sesiones, firmar las actas y las decisiones. También se determinó que, para los casos de enfermedad o ausencia del presidente, se nombrara un vicepresidente. El cuarto capítulo del reglamento fijaba los procedimientos para el desarrollo de las sesiones y las discusiones que se produjeran y señalaba: “El Presidente tiene voz deliberativa pero no votará sino en los casos de división o empate, ni tomará parte en las discusiones sin abandonar su puesto, haciéndose reemplazar por el Vicepresidente”. Una última cuestión referida a las sesiones es que estas tendrían lugar “siempre que la necesidad lo [exigiera], salvo los casos que el Concejo se [convocara] extraordinariamente a pedido de dos miembros”. De acuerdo a ello, las reuniones del Concejo se llevarían a cabo según los criterios que acordasen los miembros del cuerpo. Por último, el capítulo cinco daba cuenta de los trabajos a realizar por “los empleados”, es decir, el secretario, el tesorero y el síndico. Todos estos podían ser elegidos de dentro o fuera del Concejo Municipal. En lo que respecta al primero, debía:

1º) asistir a todas las sesiones del Concejo; 2º) redactar las Actas de las sesiones en un libro destinado al efecto; 3º) refrendar las deliberaciones, actas, comunicaciones y órdenes emanadas del Concejo o del Presidente; 4º) conservar y tener en buen orden los archivos[17].

Además, traducir del alemán al francés y viceversa. El tesorero debía llevar un libro para anotar las recaudaciones y gastos, “no pudiendo hacer ningún pago sino por orden escrita del Presidente”[18]. También estaba obligado a enviar al Concejo cada tres meses un balance de los gastos y la recaudación. El síndico procurador sería el encargado de representar a la municipalidad en los asuntos contenciosos.

El Concejo Municipal y su tarea de regular trabajos y prácticas en la Colonia Esperanza

Las tareas que el Concejo Municipal desarrolló durante los años que estamos considerando abarcaron múltiples aspectos. En lo que se refiere a lo que podríamos denominar como “obras públicas”, se abocó a la reparación y construcción de los edificios para el funcionamiento de la municipalidad, la escuela, la iglesia católica y la protestante, el corral público, y la compostura de la plaza, entre otras[19]. Se realizaron gestiones ante el gobierno provincial para la construcción del “camino real” que uniera la ciudad de Santa Fe con la colonia. El ordenamiento de los entierros en el cementerio y la forma en que debían realizarse las sepulturas también fueron materia de regulación por parte del Concejo. Cabe mencionar también que, con la autorización del gobierno provincial, el Concejo Municipal procedió a realizar dos remates de terrenos en el centro de la colonia, uno el 6 de enero de 1863 y el otro el 6 de enero de 1865[20]. Estos fueron de significativa importancia puesto que sobre ellos se comenzó a conformar el casco urbano de la colonia y significaron un ingreso importante de dinero a la caja municipal.

Otro de los aspectos que debieron afrontar fueron aquellos relacionados con el sostenimiento del culto. Esto implicó asegurar la presencia de un sacerdote y un pastor, según las iglesias. Para ello fue necesario realizar diversas gestiones, entre las que se pueden mencionar los contactos con el obispado o la búsqueda de un nuevo pastor cuando se produjo la ausencia del que estaba. El sostenimiento también significó la necesidad de reunir entre los vecinos de la colonia el dinero necesario para la satisfacción de las necesidades materiales de ambos ministros de la iglesia.

En lo que respecta a la educación, la municipalidad se encargó de buscar y conseguir los maestros, evaluar aquellos que se ofrecían para desempeñar la función y establecer los criterios para pagar sus servicios. Asimismo, en el caso de los maestros para la escuela pública, las acciones fueron dirigidas al logro de dar un local y el mobiliario necesario para su funcionamiento[21]. Las dificultades emergentes de cubrir las necesidades de una población constituida por habitantes que hablaban dos idiomas distintos y profesaban diferentes creencias no era materia sencilla de resolver.

Las cuestiones vinculadas a la seguridad y sostenimiento del orden interno fueron objeto de tratamiento desde el mismo inicio de las sesiones del Concejo Municipal. Al respecto, no fueron menores los intentos de crear y sostener una guardia colonial, reglamentar el uso de armas o la compra y venta de animales. El sostenimiento económico de quienes fueron designados como guardias rurales o comisarios vigilantes, para realizar acciones de comunicación, prevención, vigilancia y persecución del delito, fue una tarea que la municipalidad sostuvo a lo largo del tiempo.

Todo lo expuesto hasta aquí requirió de la creación de un sistema de contribuciones por parte de los vecinos de la colonia, que implicó considerar montos y formas de pago, así como procedimientos para el requerimiento de lo que se adeudara. Esto fue materia de permanente preocupación por parte de los municipales y de continuas negociaciones, pues se hacía necesario contar con los recursos que posibilitaran cumplir con los presupuestos que año tras año se formulaban.

Si bien a escasos tres meses de haberse instalado la municipalidad logró darse, como hemos visto, un reglamento interno que estableció las normas relativas a su constitución y los procedimientos que debían seguirse para la realización de las sesiones, las normas municipales que debían regir en la colonia no se definieron y articularon en un único documento hasta un año después. Si bien durante el primero y el segundo año de existencia la municipalidad fue estableciendo algunas ordenanzas, no fue hasta el 22 de agosto de 1862 cuando entró en vigor el “Reglamento de Policía para la colonia Esperanza”. Con este instrumento se determinó el rol de los agentes que tenían a su cargo la vigilancia del “orden” en la colonia, así como las reglas a las que se debían someter los vecinos para el cuidado de las calles, la preservación de la propiedad privada, la regulación del ocio, las fiestas y entretenimientos y los juegos de azar, entre otros aspectos vinculados a la vida y las relaciones sociales en la colonia. El proyecto del reglamento se fue elaborando durante el año 1861 y se presentó al seno del Consejo por la comisión que estuvo a cargo de su redacción, el 20 de febrero de 1862. Luego fue enviado al gobierno provincial para su estudio y aprobación; el trámite se demoró seis meses, y recién a fines de agosto comenzó a regir el reglamento en la colonia.

El “Reglamento de Policía para la colonia Esperanza” quedó compuesto de 8 artículos y 16 ordenanzas. Los dos primeros artículos aludían a la composición del Concejo Municipal y no cambiaba en nada lo que ya se había normado en el reglamento interno del Concejo[22]. Lo significativo y relevante en estos primeros artículos es que se observa que, del proyecto enviado desde Esperanza, el gobierno provincial eliminó la presencia del cura católico y del ministro protestante como parte de las autoridades municipales, tal como estaba propuesto. Esto es un cambio significativo en el que se plantea la clara intención de separar la esfera religiosa de los organismos de conducción municipal.

El artículo 3.º planteaba que el Concejo debía renovarse anualmente por mitades, “conforme a la ley de la Municipalidad de la Capital”. Como venía sucediendo, y como se observa en las prácticas de elecciones sucesivas, este artículo no se cumplió, y en su lugar se renovaron de forma anual cuatro miembros del Concejo, dos por cada sección, como se había planteado en el proyecto inicial[23]. Sin embargo, no debería considerarse que dicha ley no se consultaba. Por ejemplo, en la sesión del 7 de mayo de 1864, ante la propuesta de sortear a los miembros del Concejo que debían abandonar su cargo para cumplir con el proceso de renovación parcial de este, uno de los municipales rechazó “ser sorteado hasta que [viera] el Reglamento de Santa Fe”[24].

El reglamento de policía estipulaba que el Concejo debía nombrar tesorero, un secretario intérprete, un maestro de escuela, un juez tasador y un comisario vigilante de policía para cada una de las secciones. Es interesante señalar que en el proyecto original se planteaba como obligación del Concejo la designación de un maestro para cada culto que pudiera enseñar francés y alemán. Sin embargo, en el reglamento definitivo no se aludió a la necesidad de enseñar los dos idiomas extranjeros. La cuestión del idioma en que debía impartirse la educación quedó definida en la “Audiencia Extraordinaria” que llevó a cabo el Concejo Municipal el día 29 de diciembre de 1864. En esa oportunidad se discutió sobre la escuela que debía abrir el próximo 1 de enero, y se decidió que el idioma que se debía enseñar en la escuela pública era el castellano y que “el que [quisiera] hacer aprender a sus hijos francés o alemán, lo [haría] a su costo”[25].

Los comisarios vigilantes de cada sección quedaban bajo la autoridad del juez de paz, en su calidad de jefe del Departamento de Policía local. De acuerdo a lo establecido por el mismo reglamento y las prácticas que ya se venían realizando, correspondía a los comisarios:

[…] asistir a reuniones y fiestas públicas de sus respectivas secciones, cuidar del orden público, informar diariamente al Jefe de Policía las novedades que ocurran en sus secciones, dar parte inmediatamente de los delitos o infracciones que se cometan, publicar las ordenanzas del Concejo y citar a sesión a todos los municipales de su sección correspondiente y hacer observar y cumplir las ordenanzas[26].

A continuación de los 8 artículos que formaban parte del reglamento de policía, se exponían, como ya hemos señalado, 16 ordenanzas. Las ordenanzas 1 y 2 definían los horarios en que debían cerrar las casas de negocio y prohibían “vender bebidas espirituosas durante la celebración de los oficios religiosos en los días domingo y feriados”[27]. A los comisarios se les asignaba la obligación de realizar rondas para constatar el cumplimiento de dichas normas. En consonancia con ello, la ordenanza número 13 estipulaba las multas para las personas que turbasen “el reposo público durante la noche después de las nueve en invierno, y las 11 en verano”[28]. Con el mismo sentido regulador que las anteriores, la ordenanza número 11 disponía controlar los momentos de ocio y esparcimiento, expresando que “los bailes y diversiones públicas [deberían] ser autorizados por escrito por el Presidente de la Municipalidad”[29]. Desde un posicionamiento más liberal y menos restrictivo, el gobierno provincial no dio lugar al artículo 5.º del proyecto y lo ignoró a la hora de sancionar el definitivo. En ese artículo se planteaba:

[…] los domingos y días festivos serán estrictamente observados y respetados. Toda persona que se permita trabajar tales días serán castigadas con una multa de $ 4- siempre que el caso lo exija, la autoridad competente de conformidad con la eclesiástica autorizará ciertos trabajos, después de los oficios religiosos[30].

Se observa en ello una diferencia de criterio importante entre lo que proponían los esperancinos y lo que decidió el gobierno provincial. No obstante, tal como lo expresaba el proyecto, el reglamento ordenó que los juegos de azar debieran ser autorizados por el presidente de la municipalidad y abonar el 2 % de las ganancias obtenidas a la caja municipal.

La ordenanza 3 expresaba la obligación de mantener en buen estado las calles que diesen al frente de los terrenos de cada propietario. Vinculado al tránsito, se prohibía por la ordenanza 14 obstaculizar los espacios públicos con animales atados. También se obligaba por la ordenanza 4 cubrir los pozos para evitar eventos desafortunados. Por la ordenanza número 10, se asignaba a los individuos la responsabilidad por los daños que ocasionaran por iniciar fuego sobre su terreno u otro campo.

En el documento que estamos analizando, se deja establecida la obligación de cuidar de los animales para que no causasen daños a los vecinos. Las ordenanzas 5 y 6 planteaban el procedimiento para los casos en que las partes afectadas por daños que los animales de una de ellas ocasionaran sobre los bienes de la otra no lograran ponerse de acuerdo “amigablemente”. Para evitar esas situaciones, se expresaba que quienes estaban a cargo de trasladar ganado “cuando lo [llevaran] al pastoreo común” lo debían hacer por las calles[31]. A los efectos de ofrecer un lugar para el encierro de los animales, la ordenanza número 9 expresaba: “El corral municipal situado en el Centro de la Colonia es destinado al servicio público y las personas que quisieren encerrar sus animales, abonarán al departamento de policía por cada animal dos reales por noche”[32].

La ordenanza número 8 establecía las condiciones en las que se debía realizar la compra y venta de animales. Para ello era obligación la presencia del juez de paz, quien debía llevar un registro de dichas operaciones comerciales. También se estipulaba por esta ordenanza que los que no se ajustaran a dicho procedimiento serían condenados a la pérdida de los animales y ocho pesos de multa por cabeza. Vale destacar el valor de la multa pues era la más elevada de las que quedaban establecidas en el conjunto de las ordenanzas. Cabe decir también que los carniceros debían matricularse y estaban sometidos a las respectivas disposiciones reglamentarias a la faena de animales. De acuerdo con estas últimas, se designaron inspectores que tenían como tarea reconocer si los animales de una carnicería habían sido bien adquiridos y si no habían padecido alguna enfermedad. Se establecía también: “Quien mate al animal sin permiso tendrá que pagar una multa de cuatro piastras sin perjuicio de sufrir otra pena si el animal ha sido mal adquirido”[33].

La ordenanza número 15 fijaba la prohibición de usar cuchillos en espacios públicos, estableciendo multas de dos pesos y confiscación del arma blanca[34]. Así como esta ordenanza determinaba una pena pecuniaria ante su incumplimiento, lo hacían también las demás normas contempladas en el reglamento. El destino de los fondos de dichas multas era la “Caja Municipal”, y quedaba el dinero a disposición del Concejo.

El 12 de octubre de 1865, se propuso modificar y ampliar el reglamento que se ha descripto, “pero observando siempre el antiguo Reglamento Colonial”[35]. Los 8 artículos que componían la propuesta del nuevo reglamento eran iguales a los del anterior, salvo la importante modificación que establecía que el presidente del Concejo Municipal sería electo por el pueblo. Esto significaba un cambio sumamente importante puesto que se planteaba que el juez de paz ya no sería designado por el gobierno provincial. En lo que respecta a las ordenanzas, se observan cambios en la redacción de las que ya existían, pero sin alterar sus implicancias, y se sumaban nuevas en las que se establecían penas para los pulperos que vendieran bebidas alcohólicas a personas ebrias y para quienes se encontraran en ese estado en la calle. Se establecía que los abastecedores de carne tendrían que faenar en el corral municipal y pagar a la caja municipal por cada cabeza de ganado que matasen. Para la venta de productos, se imponía el pago de un porcentaje del valor del producto que se comercializaba. También se regulaba el tráfico de carros, el cuidado de los perros y el procedimiento a seguir en los casos en que se presentase un “perro bravo” que cause daño. Como última novedad, se expresaba en el artículo 27.º que “en los mismos aniversarios o días de fiesta cívica” se enarbolaría “en todos los edificios públicos la Bandera Nacional, y en las particulares la misma o cualquier otra de distinta nacionalidad”[36]. El proyecto del nuevo reglamento fue elevado para la aprobación del gobierno provincial el 24 de octubre de 1865, pero no obtuvo respuesta. Un año después, el 23 de octubre de 1866, se envió otro proyecto, y la respuesta que el gobierno dio el 26 de diciembre de ese año fue:

No apareciendo en la forma debida el Reglamento sancionado por la Municipalidad de la Colonia y remitido para la aprobación del gobierno con las ordenanzas que en el mismo reglamento aparecen incluidas con la nota correspondiente devuélvanse a la Municipalidad de la colonia adjuntándole un ejemplar del Reglamento de la Municipalidad de La Capital y otro de las ordenanzas de la misma, para que tomándolos como modelo puedan formular el reglamento y ordenanzas que la dicha municipalidad convenga conforme a sus necesidades propias[37].

Se hacía evidente que las propuestas enviadas al gobierno por parte de la municipalidad no satisfacían al gobierno, por las formas, aunque muy probablemente también por el contenido. Particularmente el artículo que establecía la elección del presidente del Concejo Municipal por parte del pueblo, debido a que esta modificación implicaba para el estado provincial una forma de socavamiento del control que ejercía sobre el Concejo dado que el gobernador provincial era el encargado de elegirlo. Por estas razones hubo que esperar hasta 1872 para que se produjeran reformas significativas en la municipalidad de la Colonia Esperanza.

A modo de cierre

Con el objeto de contribuir a la comprensión del proceso de integración a la estructura estatal de los nuevos grupos poblacionales que se establecieron en el área de colonización agrícola del centro-oeste de la provincia de Santa Fe en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, hemos analizado la instalación y el accionar del Concejo Municipal de la Colonia Esperanza entre 1861 y 1872. Como se puso de manifiesto, el proceso planteó desafíos y problemas a la capacidad de gobierno de Santa Fe para dar forma a un orden social que atendiera a las expectativas de los grupos dominantes, por un lado, y a las demandas y necesidades de los colonos, por el otro. En función de ello, se construyó un cuerpo legislativo y se fue dando forma a un sistema institucional que lo posibilitase. La Constitución de la Confederación Argentina de 1853 dio el marco en el que se insertó la Constitución Provincial de 1856 y las leyes para municipalidades. De acuerdo con la normativa, las municipalidades debían velar por los intereses materiales y morales de sus representados, la administración de la justicia y la policía “con prescindencia de toda cuestión política”. Se estableció que el juez de paz, designado por decreto del gobernador, era quien presidía el cuerpo, vigilaba el cumplimiento de los reglamentos y articulaba la comunicación del ámbito local con las autoridades provinciales. En función de las demandas planteadas por los colonos y siguiendo un decreto del gobierno provincial, en mayo de 1861 quedó instalado el Concejo Municipal de Esperanza. Entre las primeras tareas, los miembros del cuerpo se dedicaron a la elaboración de un reglamento interno para regular las deliberaciones y los trabajos a cargo del cuerpo.

Las acciones encaradas por la municipalidad abarcaron múltiples aspectos, tales como la reparación y construcción de los edificios para el funcionamiento de la municipalidad, la escuela, la iglesia católica y la protestante, el corral público y la compostura de la plaza, el ordenamiento de los entierros en el cementerio y remates de terrenos en el centro de la colonia, con los que se comenzó a conformar el casco urbano. También se ocupó del sostenimiento del culto, de buscar y conseguir a los maestros y el mobiliario necesario para el funcionamiento de la escuela pública. El mantenimiento de la seguridad fue una preocupación de los colonos y del Concejo Municipal, por lo que se intentó crear una guardia colonial, reglamentar el uso de armas, así como la compra y venta de animales. Se designaron comisarios vigilantes para realizar acciones de comunicación, prevención, vigilancia y persecución del delito. Todo ello requirió contar con recursos monetarios, por lo que se debió crear un sistema de contribuciones por parte de los vecinos de la colonia, estableciendo montos y procedimientos de pago. El “Reglamento de Policía para la colonia Esperanza” elaborado por el Concejo y aprobado por el gobierno provincial contuvo los aspectos normativos y regulatorios de los agentes que tenían a su cargo la vigilancia en la colonia, así como las reglas a las que se debían someter los vecinos para el cuidado de las calles, la preservación de la propiedad privada, la regulación del ocio, las fiestas y entretenimientos y los juegos de azar. Todo el trabajo realizado por la municipalidad y desde ella, con la aprobación y asistencia del gobierno provincial, contribuyó a la construcción de una particular forma de estatalidad a nivel local, no exenta de tensiones y conflictos que se fueron resolviendo en el marco de relaciones de poder concretas. En el desarrollo del proceso, los esperancinos se fueron integrando al orden que esas relaciones de poder posibilitaron.

Bibliografía

Bonaudo, M. (2005). Hecho Jurídico… hecho político. La conflictiva relación entre poder y justicia en la construcción de la República Posible. Santa Fe 1856-1890. En Carzolio, M. I. y Barriera, D. G. (comps.), Política, Cultura, Religión. Del Antiguo Régimen a la Formación de los Estados Nacionales (pp. 215-240). Rosario, Argentina: Prohistoria.

Bonaudo, M. (2016). “Vivir la política” o una manera de revisitar la configuración de la república: vínculos, poderes, instituciones (1850-1890). En Quinto Sol, Vol. 20, n.º 3, pp. 1-13. Disponible en bit.ly/2JCVFmR.

Bonaudo, M. y Sonzogni, E. (2010). Las resistencias y demandas ciudadanas frente a las lógicas del mercado y las políticas del Estado (Santa Fe, Argentina, 1890-1912). América Latina en la Historia Económica, 2010, n.º 34, pp. 235-267. Disponible en bit.ly/2JCVV5j.

Bragoni, B. y Míguez, E. (coords.) (2010). Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional, 1852-1880. Buenos Aires: Biblos.

De los Ríos, E. (2013). Hacendados y colonos construyendo las normas a través de las prácticas cotidianas. Santa Fe, segunda mitad del siglo XIX. En Illes I Imperis: Estudios de Historia de las Sociedades en el Mundo Colonial y Postcolonial. Disponible en bit.ly/3p22y1m.

Ensinck, O. L. (1979). Historia de la inmigración y la colonización en la Provincia de Santa Fe. Buenos Aires, Argentina: Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Gori, G. (2012). Familias fundadoras de la colonia Esperanza. Santa Fe, Argentina: Editorial Colmegna.

Grenon, P. (1947). La ciudad de Esperanza (Prov. de Santa Fe). Historia Documentada e Ilustrada. Córdoba, Argentina: Córdoba.

Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe, Imprenta Oficial de la provincia de Santa Fe, Documentos del Tomo I, Tratados, convenciones y Constituciones, Santa Fe, 1969.

Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe, Imprenta Oficial de la provincia de Santa Fe, Tomo III, El problema del indio, Régimen municipal, Instituciones religiosas, Moneda y Bancos, Heráldica, Banderas, Santa Fe, 1970.

Kozul, P. R. (2020). Instalación y supresión del primer gobierno municipal en Entre Ríos (Paraná, 1860-1862). En Historia Regional, 23(42), pp. 1-18. Disponible en bit.ly/2Gy9LVB.

Martiren, J. L. (2012). Lógica de planeamiento y mercado inmobiliario en las colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe. Los casos de Esperanza y San Carlos (1856-1875). En Quinto Sol, 16(1), pp. 1-26. Disponible en bit.ly/32k4XuF.

Megías, A. (1992). Los modos de hacer política en Santa Fe en la segunda mitad del S. XIX. Rosario, escenario y protagonistas. En Estudios Sociales, 3(1), pp. 107-130. Disponible en bit.ly/32kgn1g.

Palacio, J. M. (2005). Hurgando en las bambalinas de “la paz del trigo”: Algunos problemas teórico-metodológicos que plantea la historia judicial. En Quinto Sol, n.º 9-10, 2005-2006. Disponible en bit.ly/2Idx9b6.

Perkins, G. (1864). Las colonias de Santa Fe. Su origen y progreso y actual situación. Con observaciones generales sobre la emigración a la República Argentina. Rosario, Argentina: El Ferrocarril.

Sedrán, P. (2018). Moral y orden. Sentidos y prácticas en la transformación de los comportamientos públicos (Santa Fe, 1856-1890). Buenos Aires: Teseo.

Wilcken, G. (1873). Las Colonias. Informe sobre el estado actual de las colonias de la República Argentina. Buenos Aires: Imp., Lit., y fundición de tipos a vapor de la Sociedad Anónima Buenos Aires.


  1. Al decir de Marta Bonaudo, se trataba de “una justicia de proximidad para la vida cotidiana” (Bonaudo, 2005, p. 221).
  2. Perkins, 1864, p. 23.
  3. Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe [R.O.P.S.F.], 1889, Tomo III, pp. 414 y 444.
  4. R.O.P.S.F., 1889. T. IV, pp. 390 y 391.
  5. R.O.P.S.F., 1889, T. IV, p. 264.
  6. Constitución de la Confederación Argentina [CCA].
  7. R.O.P.S.F., 1889, T. III, p. 159.
  8. R.O.P.S.F. 1889, T.III, p. 252.
  9. Actas de Consejo Municipal de la Colonia de Esperanza 1861- 1865 [ACMCE 1861-1865], 2007, p. 13.
  10. Archivo General de la Provincia de Santa Fe [AGPSF], Archivo de Gobierno, 1861, T.21, f.669.
  11. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 15.
  12. Cabe tener en cuenta que el planteo de organizar una guardia colonial no era una novedad en la colonia. En 1859, el juez de paz organizó un sistema de centinelas móviles para “proteger la colonia de posibles ataques indígenas ante los rumores que preveían una invasión”. El proceso y las características del proyecto de organización de centinelas móviles en Esperanza es analizado en De los Ríos, Evangelina (2013). Para más, un decreto del gobierno de la provincia de Santa Fe emitido en el mismo mes de instalación del Concejo Municipal de Esperanza expresaba: “Art. 1 todos los vecinos de la colonia Esperanza están obligados a prestar al Juez de Paz de ella, la mayor cooperación para guardar y conservar el orden toda vez que lo reclame”. R.O.P.S.F., 1889, T. III, p. 254.
  13. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 17.
  14. R.O.P.S.F., 1889, T. III, p. 160.
  15. ACMEC 1861-1865, 2007, p. 20.
  16. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 21.
  17. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 22.
  18. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 23.
  19. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 162.
  20. ACMCE 1861-1867, 2007, pp. 127 y 174.
  21. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 161.
  22. Quedaba establecido: “Art. 1. El Concejo Municipal de la colonia Esperanza se compondrá de diez miembros en propiedad y dos suplentes bajo la presidencia del Juez de Paz inmediato. Art. 2. Los miembros de que habla el artículo anterior, serán elegidos con arreglo a las leyes vigentes de la Municipalidad de la Capital y en la forma siguiente: por la sección francesa, cinco miembros en propiedad y un suplente, y otros tantos por las secciones alemanas”. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 73.
  23. ACMCE 1861-1865, 2007, pp. 58 y 59.
  24. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 141.
  25. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 158.
  26. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 73.
  27. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 73.
  28. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 74.
  29. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 74
  30. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 46.
  31. Se hace evidente que el reglamento recogía y sistematizaba preocupaciones y decisiones del Concejo Municipal que se habían planteado desde los tiempos iniciales de su puesta en funcionamiento. Observamos que en la sesión del 8 junio de 1861 se nombró una comisión a los efectos de “formular un Reglamento para el cuidado de los animales”, y que, quince días después, se expuso el trabajo realizado y fue aprobado para su “adopción” (ACMCE 1861- 1865, 2007, p. 17).
  32. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 74.
  33. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 18.
  34. Se había puesto en vigencia una ordenanza en el mismo sentido el 13 de julio de 1861. Durante la sesión que tuvo lugar ese día, el juez de paz Gabarret había llamado la atención sobre “la necesidad de prohibir a los individuos que [circulaban] en la Colonia, sean colono o no, el portar armas, sea cuchillo o pistola, a fin de prevenir el aumento de la violencia”. Según se desprende de los dichos del juez de paz, se venía observando desde tiempo atrás un incremento de la violencia “principalmente de los hijos del país que [trabajaban] en el monte”. El Concejo aprobó por unanimidad la medida (ACMCE 1861-1865, 2007, p. 19).
  35. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 166.
  36. ACMCE 1861-1865, 2007, p. 171.
  37. AGPSF, Archivo de Gobierno, 1866, t.28, f. 1132.


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