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Estado municipal, provincial y nacional ante la conflictividad laboral en la ciudad de Santa Fe (1928)

María Josefina Duarte

Introducción

Entre 1916 y 1930, el proceso que desencadenó la aplicación de la llamada Ley Sáenz Peña en Argentina posibilitó el ascenso de la Unión Cívica Radical como partido de gobierno. Desde ese lugar, tanto a nivel nacional como provincial, los dirigentes radicales sostuvieron diversos posicionamientos ante la llamada “cuestión social”, que tuvo entre sus ejes fundamentales a la conflictividad laboral. Algunos autores (Karush, 2006; Horowitz, 2015) destacan la relevancia que tuvo para las distintas facciones radicales el objetivo de asegurar sus bases sociales de apoyo y legitimidad en el contexto de ampliación del sufragio. En términos de Horowitz (2015), las divergencias oficialistas ante la protesta laboral se ligaron no solo a las diferencias al interior del radicalismo y a las características de las jurisdicciones y agencias estatales involucradas en cada conflicto, sino también a las ramas de la estructura productiva en la que las protestas se producían, teniendo como ámbito privilegiado de la intervención estatal al eje ferro-portuario.

Particularmente, bajo la presidencia de Alvear (1922-1928), la conflictividad laboral se vio reducida, no solo en función de cierto mejoramiento en los niveles de vida de la población por una coyuntura económica relativamente favorable y por las disputas organizativas al interior del movimiento obrero, sino también porque el radicalismo antipersonalista intentó profundizar tanto la legislación laboral como los dispositivos institucionales para zanjar las diferencias entre capital y trabajo (Falcón y Monserrat, 2000). Sin embargo, el contexto electoral de 1928 y la inminente vuelta al poder del yrigoyenismo en las diversas arenas estatales sirvieron como alicientes para la apertura de un nuevo ciclo de movilización en la provincia de Santa Fe, que puso en evidencia las diferencias en torno a las formas de intervención ante la cuestión social y las dificultades del radicalismo para lograr una estrategia laboral unificada (Korzeniewicz, 1993).

Abordar estos procesos desde una óptica local nos permite no solo echar luz sobre lo ocurrido en la ciudad de Santa Fe, sino también comprender las diversas estrategias que los agentes estatales municipales, provinciales y nacionales adoptaron ante la conflictividad laboral en el contexto electoral y de transición de mandos que la atravesaban. Aquí, la apertura del ciclo de movilización estuvo protagonizada por dos grupos de trabajadores inmersos en ámbitos bien diferenciados de la estructura productiva. De un lado, nos referiremos a la Sociedad de Lecheros Unidos, organización de repartidores autónomos de leche cuya huelga se efectivizó entre el 20 de abril y el 15 de mayo, en un reclamo por la venta libre de leche dirigido a las autoridades municipales y que tuvo como trasfondo una reacción contra la mercantilización de su fuerza de trabajo. Del otro, nos centraremos en el movimiento huelguístico de los trabajadores del puerto local, el cual surgió el 14 de mayo en solidaridad con los portuarios rosarinos para luego centrarse en sus propias reivindicaciones salariales y de mejoras en las condiciones de trabajo hacia sus patrones, discutiendo sus condiciones de proletarización. El lugar que ocupaban en la estructura productiva local, los regímenes laborales a los que se veían sometidos y los tipos de demandas de ambos grupos de trabajadores delinearon el mapa de interlocutores estatales y las maneras en que estos se involucraron en los conflictos, cuyo camino hacia la mediación ya estaba delineándose.

De esta manera, veremos que, respecto a la huelga de los lecheros, dirigida explícitamente a las autoridades municipales, la seguidilla de intendentes interinos y concejales que atravesó a la ciudad y un pedido de intervención al Ministerio de Agricultura de la Nación en un asunto que también envolvía a parte de las élites económicas santafesinas sirvieron como alicientes para la huelga. Estos funcionarios, pese a sus posturas divergentes, privilegiaron toda una serie de acciones plenamente institucionales. Por otro lado, observaremos que hubo una gran variedad de respuestas estatales ante la huelga portuaria, un sector económico clave en el marco de la economía agroexportadora. Entre los funcionarios municipales, primó la prescindencia, mientras que las fuerzas de seguridad locales y nacionales no recurrieron a la represión directa, aunque sí al control social y espacial. Pero lo novedoso del conflicto fue su culminación mediante el arbitraje del Departamento Provincial del Trabajo, ente público recientemente creado y puesto al servicio en esta oportunidad para la mediación estatal institucionalizada en un conflicto entre capital y trabajo.

Un escenario para la movilización: la ciudad de Santa Fe hacia 1928

Durante la década de 1920, el territorio santafesino se encontraba inmerso en los procesos políticos y económicos que venía atravesando la Argentina desde la década anterior. En el plano económico, dado el contexto internacional signado por la Gran Guerra, comenzaron a adoptarse de manera paulatina algunos de los ejes de lo que luego se constituyó como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (Palacio, 2000). En ese marco, en el año 1928 el país transitaba una coyuntura de expansión económica, aunque con oscilaciones, que comenzó a vislumbrarse hacia 1925. En la provincia de Santa Fe, tanto los altos índices de producción agrícola y de sus exportaciones, como el incremento las actividades industrial-manufacturera y comercial vinculadas a la mecanización de la agricultura y al aumento del consumo fueron puntapiés de ese crecimiento económico (Videla, 2006). Hacia 1928, la ciudad de Santa Fe –que contaba con 120 202 habitantes,[1] algo más del doble de la población registrada en 1914[2]– consolidó su estructura económica por ambas vías (Duarte y Franco, 2019). Es en el marco de esa diversificación de la estructura productiva donde debemos ubicar los alcances del crecimiento económico, las formas de funcionamiento de los circuitos productivos y las modalidades de trabajo a las que se veían sometidos los repartidores de leche y los trabajadores portuarios, protagonistas de las huelgas que abrieron el ciclo de movilización laboral de la ciudad de Santa Fe en 1928, a cuyas demandas diversas agencias estatales debieron dar respuestas. No obstante, consideramos que la coyuntura económica favorable no solo fue un aliciente para la acción colectiva de estos grupos de trabajadores, sino también y fundamentalmente una serie de cambios en la estructura de oportunidades políticas (Tarrow, 1997) que repercutieron en el ámbito local.

Comencemos por el circuito de la leche. El crecimiento cuantitativo del consumo de leche en la ciudad de Santa Fe se evidencia tanto en los litros inspeccionados por la Oficina Pública Municipal, que pasaron de 1 388 423 en 1914 a 9 117 309 en 1928, como en los impuestos indirectos municipales recaudados en torno a su distribución, que crecieron de $m/n 9 567,2 a $m/n 17 303,1 entre ambas fechas.[3] Y ese crecimiento, en el cual se enmarcó la huelga de la Sociedad de Lecheros Unidos de la ciudad de Santa Fe, se vio acompañado de cambios en las formas de procesamiento y comercialización desde mediados de los años 20, dado el desarrollo local de un complejo de industrias procesadoras de lácteos que obtenían la materia prima de los tambos urbanos, de áreas rurales aledañas y de la incipiente cuenca lechera central de la provincia. En 1928 existían tres usinas de pasteurización de leche: “La Unión Santafesina”, de Enrique Monti y Cía. Limitada, “La Técnica”, de Néstor Casabianca S. A., y “Marymil”, de Salvador Macagno.

En ese marco, el reparto de leche se diversificó. Una innovación fue la de la aparición de un grupo de repartidores asalariados a cargo de las usinas mencionadas.[4] Pero, al mismo tiempo, su distribución siguió realizándose por repartidores autónomos de manera tradicional, sin intermediación, una vez que la leche llegaba a la ciudad por medio de camiones o, en menor medida, a través del ferrocarril, aunque también comenzaron a repartir la que se procesaba en los establecimientos de pasteurización.[5] Para clasificar a estos trabajadores, utilizamos la categoría de autónomos, en el sentido de que hacían uso de sus propias competencias y de la disponibilidad de algunos bienes para ganar su sustento (Bologna, 2006), como su fuerza de trabajo, un carro y unos caballos. Típicamente, un repartidor de leche comenzaba sus actividades laborales alrededor de las 4 horas,[6] encargándose de la consecución del producto y de su distribución, que, según nuestros cálculos, rondaría entre unos 100 y 150 repartos diarios.[7]

Fue precisamente este grupo de trabajadores autónomos, constituido por entre 100 y 150 personas y nucleado desde 1914 en la Sociedad de Lecheros Unidos (Duarte y Franco, 2016), el que protagonizó la protesta laboral entre el 20 de abril y el 15 de mayo de 1928. Esta se centró en una serie de acciones colectivas consistentes en una serie de manifestaciones públicas, mítines, sabotajes y presentaciones de petitorios que acompañaron a la principal estrategia, el cese del reparto de leche en la ciudad durante esas semanas. La retención de la fuerza de trabajo (Tarrow, 1997: p. 190) por parte de los lecheros se enmarcó en lo que los actores sociales del período entendían como una huelga. Las consecuencias que trajo esta forma de acción consistieron en la interrupción de las maneras habituales de reparto y abastecimiento de leche en la ciudad de Santa Fe y, con ello, el aumento de la visibilidad pública del reclamo. En el trasfondo del conflicto, subyacía la negativa por parte de este grupo de trabajadores de renunciar a su condición de autónomos, puesto que el circuito de comercialización de la leche tendía a la concentración por parte de los establecimientos lácteos, lo cual suponía el peligro de la proletarización de su fuerza de trabajo (Silver, 2005), en este caso encarnado en la posibilidad de pasar a ser trabajadores asalariados de las usinas.

La protesta de los lecheros de 1928 se enmarcaba en un conflicto de larga data sostenido con las autoridades municipales, ligado a la resistencia a las disposiciones y controles municipales en torno a las normas de calidad de la leche para consumo humano. En este caso, el motivo principal de este conflicto se centraba en la negación al cumplimiento de la ordenanza n.º 2340 sobre la obligatoriedad de la pasteurización de la leche para el consumo, la única que podría comercializarse. Entre sus argumentos, los lecheros aducían hacerse “eco de la protesta unánime del público en general que [solicitaba] el expendio de la leche cruda”,[8] apuntando a la mala calidad de la leche que proporcionaban las usinas de pasteurización, sobre todo por sus métodos de envasado, dada la falta de higiene de las botellas donde se depositaba el producto, que generaba inconvenientes en su conservación. En este punto cabe recordar que la ordenanza había sido sancionada el 12 de noviembre de 1926, pero su implementación efectiva había carecido de solidez. La clave para comprender por qué la huelga de los repartidores de leche se inició entrado el año 1928 se centra en los cambios en la estructura de oportunidades políticas de ese entonces, las cuales, si bien fueron aprovechadas por los trabajadores, no garantizaron la consecución de su objetivo, esto es, la derogación de la normativa, dado que  el día 15 de mayo los repartidores volvieron al trabajo.

Justamente del día anterior data el inicio de la huelga portuaria, el segundo episodio de importancia para el comienzo del nuevo ciclo de movilización laboral de 1928. Al igual que las manufacturas y servicios ligados al consumo interno local, la situación portuaria se encontraba en un momento de alza económica dados el aumento de la demanda del mercado agrícola y su consecuente comercialización internacional a través del Puerto de Santa Fe, la cual se reflejaba en el movimiento de buques de ultramar:

Movimiento de salidas de buques de ultramar. Puerto de Santa Fe

graf 1 cap 5

Elaboración propia sobre la base de MSF (1930). Anuario estadístico de la ciudad de Santa Fe. Volumen XX, Año 1928. Santa Fe, Argentina: talleres gráficos La Unión.

Para este momento, los principales productos del circuito exportador seguían siendo cereales, madera y tanino, a los que se sumaron, en menor medida, algunas manufacturas, como ser harina, aceite comestible, cerveza, vino, azulejos y baldosas. Aunque con oscilaciones, hubo un considerable incremento de la recaudación aduanera entre 1923 y 1928, siendo este último año el que alcanzó los máximos valores registrados en todo el período 1917-1928.

Recaudación de la Aduana de Santa Fe entre 1917 y 1928

graf 2 cap 5

Elaboración propia sobre la base de MSF (1930). Anuario estadístico de la ciudad de Santa Fe. Volumen XX, Año 1928. Santa Fe, Argentina: talleres gráficos La Unión. Valores expresados en pesos-oro a precios corrientes.

Una gran diversidad de tareas eran las requeridas para poner en marcha el circuito de transporte fluvial para la exportación. Estas eran llevadas a cabo por miles de trabajadores, quienes, pese a las diferencias en torno a los tipos de trabajo y la duración de estos, compartían una característica común. Se trataba de trabajadores o bien asalariados, o bien que trabajaban por un jornal, dependiendo para ello de las condiciones impuestas por una gran variedad de contratistas privados que operaban directamente en el puerto o en establecimientos ligados al circuito de comercialización internacional. Estos trabajadores, nucleados en sus respectivas organizaciones, tomaron parte de la huelga portuaria de mayo de 1928: el Sindicato de Obreros Estibadores, el Sindicato de Guincheros, los ferroviarios, los señaleros y los trabajadores de las casas importadoras de maderas,[9] a los que posteriormente se unieron gremios que no estaban vinculados directamente al circuito productivo portuario, como la Sociedad de Resistencia de Artes Gráficas y Anexos y los obreros de la Fábrica de Materias Colorantes, del molino Marconetti y de la Usina Eléctrica Municipal en construcción,[10] pero que compartían con los primeros su condición proletaria.

Si bien la protesta de los trabajadores portuarios comenzó el día 14 de mayo como un paro de 24 horas en solidaridad con los portuarios rosarinos (Scocco, 2009; Menotti y Videla, 2013), pronto adquirió una dinámica local propia. El contexto de bonanza económica funcionó como aliciente para la presentación de las demandas que motorizaron la huelga y otras formas de acción colectiva, tales como manifestaciones, mítines y episodios de violencia. Las reivindicaciones se asociaron directamente con los regímenes laborales a los que estos trabajadores estaban sujetos, centrándose fundamentalmente en la solicitud de mejoras en sus condiciones de trabajo y aumentos en los jornales.

Las demandas, a diferencia del caso de los lecheros, no estaban dirigidas a una agencia estatal, sino a las casas operadoras portuarias. Estas se organizaron bajo el paraguas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, entidad creada en 1912 con el aliento del Poder Ejecutivo provincial y de la entidad homónima de Rosario.[11] Hacia 1928, contaba con 77 socios, entre exportadores, importadores, molineros, acopiadores, agentes marítimos y corredores de cereales. Al menos 51 firmas se posicionaron como interlocutoras de los trabajadores portuarios en un accionar conjunto desde la Cámara Sindical.[12] Sin embargo, como veremos más adelante, los trabajadores portuarios santafesinos, al igual que sus compañeros rosarinos, vieron en la coyuntura política de recambio de las autoridades provinciales una buena oportunidad para hacer visibles sus reclamos. Asimismo, los intentos de mediación propiciados por estas terminaron haciéndose efectivos y la resolución del conflicto se dio a través del arbitraje del Departamento Provincial del Trabajo.

De esta manera, observamos que el contexto de bonanza económica que supuso el año 1928 funcionó como motor para emprender la acción colectiva entre los lecheros, de un lado, y los trabajadores portuarios, del otro. Pero más importante aún para el estallido de la conflictividad laboral en el escenario santafesino resultaron los cambios que implicaron el contexto electoral y las transiciones de mando en las diversas esferas del Estado, cuyos posicionamientos y divergencias fueron cruciales para comprender el devenir de los conflictos, canalizados de manera cada vez más notoria por los medios institucionales propuestos por las agencias del Estado. En los apartados que siguen, haremos alusión, aunque sin inmiscuirnos de manera profunda en las dinámicas de los conflictos, al análisis de las estrategias estatales ante las protestas lechera y portuaria.

Las agencias estatales y el conflicto de la leche

En la ciudad de Santa Fe, las disputas por las normas sobre la comercialización de la leche entre los repartidores autónomos y los funcionarios municipales atravesaron buena parte de las primeras décadas del siglo XX y se centraron fundamentalmente en la vigilancia sobre posibles mecanismos de adulteración del producto. Sin embargo, los reclamos seguidos de la huelga y protagonizados por la Sociedad de Lecheros Unidos en 1928 se dieron como consecuencia de los cambios en el circuito productivo de la leche que analizamos en el apartado anterior y que llegó a su punto culminante en el marco de la transición de mandos del Poder Ejecutivo provincial.[13]

Si bien tanto el gobernador saliente –el antipersonalista Ricardo Aldao– como el entrante –el yrigoyenista Pedro Gómez Cello– no se involucraron de manera directa en el conflicto, compartieron una decisión que repercutió no solo en los desencadenantes, sino también en el devenir de la protesta de los lecheros. Esta consistió en hacer caso omiso a su prerrogativa de designar intendente municipal para la ciudad de Santa Fe, tal como lo preveía la ley provincial n.º 1053. En el marco de esa normativa, era el presidente del Concejo Deliberante quien debía asumir ese cargo. Tras los sucesivos reacomodamientos y traspasos de funciones ejecutivas y, posteriormente, legislativas a nivel municipal, veremos que los diversos agentes que ocuparon esos roles, si bien tuvieron posturas divergentes ante “el asunto de la leche”, desplegaron una serie de estrategias institucionalizadas para la resolución del conflicto.

La primera consecuencia de la prescindencia de los gobernadores a designar un agente para la Intendencia Municipal de Santa Fe fue que el 9 de marzo, tras el cese del mandato de José María Puig, fue Julio César Cabal, presidente del Concejo Municipal, quien asumió dicho cargo. Desde ese lugar, endureció la aplicación de la ordenanza n.° 2340, que había sido sancionada un año y medio antes. El principal objetivo de dicha ordenanza se centraba en la obligatoriedad de que “la leche de consumo que se [expendiera] dentro del Municipio [fuera] ‘higienizada’”.[14] Se le llamaba “leche higienizada” a la que después de filtrada era pasteurizada, de forma que prohibían así la comercialización de leche en estado natural o cruda, sin intermediación de las usinas de pasteurización. Se dispuso entonces toda una serie de medidas de higiene y penalización que abarcaron tanto a esos establecimientos como a los tambos y a quienes distribuían y comercializaban el producto. Para el caso que nos ocupa, interesa destacar la exigencia de que “los vendedores ambulantes y las casas de lecherías” debieran “hacer uso exclusivo de los envases aprobados” en que les hubiera “sido entregada la leche por los establecimientos de higienización”,[15] advirtiendo sobre penas de decomiso del producto y multas para quienes pasaran por alto dichas disposiciones.

Ni bien comenzado su mandato, Cabal realizó diversas acciones tendientes a poner en un primer plano el problema de la calidad de la leche pasteurizada y sus formas de comercialización. Así, observamos:

[…] ha impartido órdenes en el sentido de que se intensifique la vigilancia y el control en los procedimientos de pasteurización de la leche, argumentando […] que ha transcurrido un tiempo más que prudencial para que las usinas se coloquen en las condiciones requeridas por la ordenanza respectiva.[16]

Primeramente, el 23 de marzo, decidió convocar a una reunión a los dueños de las usinas de pasteurización a fin de consensuar con ellos el nombramiento de un interventor ajeno a la administración municipal, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza n.º 2340 en sus establecimientos. Como resultado de esta, el 25 de marzo, el intendente interino elevó una nota al Ministerio de Agricultura de la Nación, solicitando la designación del interventor,[17] función para la cual fue designado el doctor Teodoro Moreno, quien realizó las tareas de inspección solicitadas.[18] El día 14 de abril, dicho funcionario hizo llegar un informe[19] a la intendencia municipal en el que dio el visto bueno al funcionamiento de las usinas Marymil y La Técnica por lo adecuado de sus instalaciones, mientras que denunció las malas condiciones de higiene y salubridad de la usina La Unión Santafesina, de Enrique Monti y Cía. Limitada. Pero también en dicho documento se destacó la condena hacia el pedido que los repartidores autónomos venían realizando por la libre comercialización de la leche. Como consecuencia de las aseveraciones de este informe, no solo el director general de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública, el doctor Echagüe Cullen, decidió clausurar por tiempo indeterminado la usina La Unión,[20] sino que también, el día 20 de abril, la Sociedad de Lecheros Unidos, en pos de dar mayor visibilidad pública a su reclamo, dio por iniciada la huelga en el reparto de leche.

Sin embargo, en el transcurso de la protesta se gestaron algunos giros en la situación política local, propiciados por los comicios de ediles municipales llevados a cabo el 29 de abril. La novedad de estos consistió en que se realizaron mediante la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades n.º 2147, que trajo aparejada una serie de cambios de gran relevancia. Tras años de debates parlamentarios, la sanción de esta ley introdujo modificaciones relativas a la ampliación de la ciudadanía política y del sistema de partidos. Por un lado, establecía el sufragio universal para varones mayores de 18 años nativos y el sufragio censitario opcional para extranjeros y mujeres. Por otra parte, disponía que las elecciones de los concejos municipales se realizaran bajo un sistema de representación proporcional de cociente y resto para la obtención de bancas, lo cual permitió una inclusión mucho mayor de las minorías políticas que no pertenecían a los partidos tradicionales o en ascenso.

Respecto a estos últimos, debemos tener en cuenta que el conflicto de la leche atravesó las disputas al interior del radicalismo a la hora de confeccionar su lista a concejales. El dueño de la usina La Técnica, Néstor Casabianca, ya se había desempeñado como concejal a principios de la década de 1920 (Abad de Santillán, 1967) y figuraba nuevamente en la lista de la Unión Cívica Radical personalista para las próximas elecciones municipales. Pese a que decidió renunciar a la toma de posesión de la banca que le correspondía por estar involucrado de manera directa en el conflicto lechero, envió una nota al cuerpo de ediles a fin de poner su usina a disposición del abastecimiento de leche para la ciudad[21] y se dedicó a realizar una campaña mediática a favor de su establecimiento y en detrimento de la protesta de los lecheros en algunos diarios locales a lo largo de todo el conflicto.[22]

Como resultado del acto electoral que permitió cierto equilibrio en la representación de fuerzas políticas al interior del Concejo, fueron electos 6 concejales de la Unión Cívica Radical Personalista, 2 del Partido Demócrata Progresista y 3 pertenecientes a agrupaciones políticas comunales, constituidas para dar competencia en las urnas en esta ocasión, denominadas Unión Independiente, Unión Santafesina y Defensa Comercial.[23] En relación directa con el conflicto lechero, se destaca que esta última agrupación política llevó a cabo, desde su plataforma electoral[24] y desde el lugar que ocupó en el Concejo, una serie de acciones reivindicativas acerca del reclamo de la Sociedad de Lecheros Unidos. Estas consistieron, principalmente, en hacer eco del petitorio de los lecheros en las sesiones del Honorable Concejo Deliberante, ya sea por medio de notas[25] o de la voz directa del concejal Gregorio Merino. Sus contundentes declaraciones son prueba de ello, en las que afirmó: “Mientras no haya más Usinas de pasteurización y hasta tanto se ponga en condiciones la Usina del Señor Monti, se permita el expendio libre de la leche, pues el pueblo de Santa Fe no puede estar supeditado a dos usinas”;[26] instó, asimismo, al resto de los ediles a “solucionar un conflicto obrero que [afectaba] a ciento veinte o ciento cincuenta personas, que [hacía] un mes que no [trabajaban]”.[27]

La obtención de un aliado político al interior del sistema deliberativo municipal ubicó a los lecheros en una posición ventajosa para sostener la huelga, la cual se llevó a cabo a la par de otros tipos de acciones colectivas menos institucionalizadas, como los mítines y las asambleas públicas, y ciertos enfrentamientos y sabotajes dirigidos a los repartidores asalariados de las dos usinas que seguían funcionando. Al mismo tiempo, se produjeron cambios en los posicionamientos del Ejecutivo municipal. Leonidas Leguizamón, un radical personalista, había quedado como presidente del cuerpo de ediles municipales y, por tanto, a comienzos de mayo se hizo cargo de la intendencia interina municipal.[28] Su postura ante el conflicto de la leche fue muy diferente a la de su predecesor, dado que una de sus primeras acciones fue decretar la reapertura de la usina de pasteurización La Unión, que había sido clausurada. Los ediles resolvieron rechazar esta medida, y a raíz de ese hecho se generó una serie de debates al interior del cuerpo deliberante, en los que se llegó a discutir mociones sobre la destitución del intendente interino. Finalmente, se resolvió expedir una minuta de comunicación en la que los concejales le retiraron la confianza al jefe del Ejecutivo municipal.[29] En medio de esas disputas, se constituyó una comisión especial al interior del Concejo, a fin de investigar las denuncias sobre corrupción formuladas por el señor Enrique Monti, propietario de la usina La Unión, hacia algunos miembros del cuerpo de ediles. Sin embargo, hacia fines de junio, dichas denuncias fueron desestimadas, y quedó sin efecto la comisión.

Al tiempo que el conflicto de la leche fue desenvolviéndose cada vez más en el terreno político, el impacto que la Sociedad de Lecheros Unidos había logrado en la opinión pública fue quedando ceñido al recinto del Concejo, donde tenían un potente pero único edil a su favor. El fracaso en los intentos de buscar aliados dentro de la clase trabajadora santafesina y los mecanismos que los dueños de las usinas propiciaron para deslegitimar discursivamente sus reclamos y para fortalecer el circuito de distribución de leche con sus trabajadores asalariados hicieron que la huelga de lecheros quedase sin efectos tanto en el plano material como en el simbólico. Ya sin posibilidades de sostenerla, el día 15 de mayo los repartidores autónomos de leche decidieron volver a insertar su fuerza de trabajo en un mercado cada vez más monopolizado por las usinas pasteurizadoras en los ámbitos de la producción y comercialización de la leche, mientras que el Estado municipal prosiguió con su carrera en torno a los mecanismos de regulación del consumo de la población santafesina.

Las agencias estatales y la huelga portuaria

Al igual que el conflicto de la leche, la huelga portuaria de la ciudad capital y los episodios similares ocurridos en los puertos del sur santafesino (Menotti y Videla, 2013) constituyen acontecimientos de suma relevancia para comprender las dinámicas de la conflictividad laboral en el marco del nuevo ciclo de movilización que se abrió en 1928. En el plano local, la protesta llevada a cabo entre el 14 y el 24 de mayo por los trabajadores del Puerto de Santa Fe también implicó el aprovechamiento de los cambios en el contexto político, y su devenir estuvo imbricado con las acciones de los agentes estatales, principalmente provinciales y nacionales, que se involucraron en el conflicto.

Más aún, resulta imposible comprender la dinámica de la protesta sin atender a las implicancias del traspaso de gobierno a nivel provincial y las posteriores estrategias que diversos funcionarios se dieron para que el conflicto culminase mediante una salida arbitrada. Como mencionamos más arriba, entre 1922 y 1928 la gestión alvearista a nivel nacional tuvo como objetivo la ampliación de la legislación laboral y la potenciación de formas institucionales de resolución de los conflictos obrero-patronales. Esta actitud tuvo un correlato inusitado en la provincia de Santa Fe bajo la gobernación de Ricardo Aldao (1924-1928), en la que se generó toda una batería legislativa que incluyó normativas para regular las condiciones y jornadas de trabajo, salarios mínimos y la creación de agencias de colocación laboral y del Departamento Provincial del Trabajo en 1927, con sedes en Santa Fe y Rosario. En términos de Karush (2006), estas medidas fueron presentadas desde una óptica cientificista que explícitamente se alejaba de un posicionamiento estatal en favor de la defensa de los intereses de los trabajadores como clase, y fueron utilizadas como herramienta política para profundizar la desmovilización obrera.

Pero la asunción de Pedro Gómez Cello como jefe del Ejecutivo provincial, acaecida el 9 de mayo de 1928, fue leída, primero por los portuarios rosarinos, como una oportunidad para “recibir un mejor trato por parte de la nueva administración yrigoyenista y es por ello [por lo] que, antes de que se hubiese instaurado el nuevo gobierno, presentaron sus demandas” (Karush, 2006: pp. 70-71). Es así que, el día 2 de ese mes, los estibadores del Puerto de Rosario se plegaron en una huelga que se desarrolló de manera pacífica hasta que el 8 de mayo un sicario de la Liga Patriótica dio muerte a la bolsera Luisa Lallana, motivo por el cual la protesta se extendió a otros puertos de la provincia (Menotti y Videla, 2013; Scocco, 2009).

Frente a los acontecimientos mencionados, la solidaridad con los portuarios rosarinos fue el punto de partida de la huelga del Puerto de Santa Fe, la cual, sin embargo, pronto adquirió una dinámica propia. Más allá de haberse enmarcado en formas de acción colectiva clásicas, como el cese de las actividades laborales, acompañado de manifestaciones, mítines y episodios de violencia, constituyó el puntapié para la reactivación de lazos al interior de la clase trabajadora y el fortalecimiento del sindicalismo de presión como corriente organizativa que lideró la nueva coyuntura de conflictividad. Respecto a la primera cuestión, debemos destacar que, luego de un enfrentamiento entre trabajadores federados y no federados en pos del impedimento de que estos últimos tomaran sus puestos de trabajo (que culminó con varios muertos, heridos y detenidos), se propagaron las solidaridades para con el movimiento huelguista, con la adhesión de asociaciones de trabajadores que no estaban vinculados directamente al puerto, como el Gremio de Artes Gráficas y Anexos, y la creación de nuevos sindicatos por parte de los trabajadores de la Fábrica de Materias Colorantes, del Molino Marconetti y de la Usina Eléctrica Municipal en construcción. Todo ello influyó en la mayor visibilidad de la huelga.

Asimismo, observamos que, desde un primer momento, la Unión Obrera Local de Santa Fe, creada en 1926 y adherida a la Unión Sindical Argentina –central sindicalista desde 1922–, fue la organización que se impuso como vocera de las reivindicaciones de los portuarios y la que capitalizó el llamamiento a la movilización de la clase trabajadora. En este sentido, una de las consecuencias del conflicto portuario fue que el Sindicato de Estibadores decidiera unirse a esa central y consensuar un plan de lucha conjunto con la Federación Obrera Marítima, que incluía los Comités Pro-Presos a raíz de la huelga, y de Agitación.[30] La importancia del rol del sindicalismo de presión en la protesta radica en que implicó la consolidación de una tendencia lenta y paulatina hacia el diálogo con el Estado, aunque desde la premisa de sostenerlo por fuera de la dimensión partidaria (Falcón y Monserrat, 2000).

En una misma lógica, del otro lado del espectro, observamos que las casas de contratación que operaban en el puerto santafesino y que se constituían como patrones de los trabajadores en huelga sostuvieron en una primera instancia estrategias informales, sobre todo en relación con la contratación de mano de obra no agremiada con el objeto de deslegitimar la protesta y sostener la actividad económica. Sin embargo, luego del enfrentamiento entre huelguistas y rompehuelgas, fueron abordando progresivamente el conflicto a través del órgano que los nucleaba, la Bolsa de Comercio local, desde la cual reforzaron su apelación al Estado en sus diversas jurisdicciones. Resta por analizar las respuestas y acciones emprendidas por estas.

Comencemos por el ámbito municipal. Un primer dato que se nos presenta es que, ni bien presentado el pliego de condiciones de los trabajadores portuarios, la única agencia que lo aceptó sin objeciones fue la firma Leonidas Leguizamón.[31] Esta llevaba el nombre de su titular, es decir, del radical yrigoyenista que había quedado a cargo de la intendencia municipal en cuanto presidente del Concejo Deliberante tras las elecciones del 29 de abril. Por otra parte, en este plano, cabe destacar que los funcionarios municipales, ya sea porque jurisdiccionalmente no les competía, ya sea por una decisión política, prácticamente no se involucraron de manera directa en el conflicto. Pese a ello, dos cuestiones merecen ser revisadas. De un lado, se evidencia que el día 18 de mayo, en la sesión del Concejo Municipal recientemente electo, el bloque radical presentó un proyecto de ordenanza para establecer el salario mínimo de los obreros municipales en $ 120 y el de los empleados administrativos en $ 150, lo cual representaba un aumento de casi el 50 %. Los concejales del Partido Demócrata Progresista propusieron extender este aumento a los trabajadores de las empresas de obras municipales en concesión.[32] Entre estas, la más importante era la nueva usina eléctrica municipal que se estaba construyendo, cuyos obreros recientemente se habían plegado a la huelga y habían decidido crear su propio sindicato.

Por otra parte, resulta importante tener en cuenta el posicionamiento del jefe de policía de la capital. Para el momento que nos ocupa, este cargo, al igual que el de intendente, era designado por el gobernador, al cual debía responder. Recientemente nombrado, Arturo Gandolla era un hombre relacionado a las filas del radicalismo personalista, pero cuya persona era muy distinta a la de su par rosarino, Ricardo Caballero, quien tuvo un rol protagónico en la huelga portuaria de esa ciudad (Karush, 2006; Menotti y Videla, 2013). Con un perfil mucho más bajo, el jefe de policía capitalino se limitó a negociar la presentación del pliego de condiciones con los dirigentes de los gremios portuarios en huelga[33] y, tras el enfrentamiento entre trabajadores, multiplicó las clausuras de las sedes gremiales y las detenciones a militantes presuntamente involucrados en el suceso luctuoso, pero dejándolos a disposición de la Subprefectura Marítima.[34]

Por su parte, los miembros de esta última, en cuanto jurisdicción estatal que tenía a su cargo el control del perímetro portuario, desde un principio se volcaron hacia la negociación tanto con los trabajadores como con algunos agentes del estado provincial y a concretar el aumento de la vigilancia en la zona portuaria y decretar el estado de fuerza mayor en el puerto, tal como lo había solicitado la Cámara Sindical de la Bolsa de Comercio.[35] Sin embargo, esto no implicó la utilización de la violencia armada directa para disuadir los conflictos entre trabajadores. En ese sentido, es posible afirmar que, pese a los actos de arbitrariedad de la Subprefectura que los trabajadores federados denunciaron tras el enfrentamiento,[36] la represión directa no se constituyó como una táctica por parte de los agentes estatales involucrados en la huelga.

De hecho, las estrategias estatales que se fueron imponiendo con considerable éxito para la resolución del conflicto portuario en la ciudad de Santa Fe fueron las de mediación, sobre todo de la mano de las autoridades provinciales. En un principio, estas cobraron forma bajo las reuniones y negociaciones que los ministros de Gobierno y de Hacienda y Obras Públicas[37] sostuvieron tanto con las autoridades portuarias, como con las casas contratistas y los trabajadores libres contratados por estos. Asimismo, los representantes más elevados de la Cámara Sindical de la Bolsa de Comercio local lograron reunirse con el recientemente asumido gobernador, Pedro Gómez Cello.[38] La decisión de este último de imponer al Departamento Provincial del Trabajo como mediador y árbitro del conflicto aseguró la resolución de este. En un principio, la Bolsa de Comercio local había acudido a la mediación de este organismo. Los gremios involucrados en la huelga primeramente repudiaron dicha intervención, pero con el correr de los días la aceptaron,[39] ya que supuso la aceptación del pliego de condiciones sin cambios por parte de las empresas contratistas.

Además, tras las protestas portuarias que se desarrollaron en la provincia, el director del Departamento Provincial del Trabajo, Manuel Escudero, resolvió incluir en el funcionamiento de este una reglamentación para accionar ante “huelgas, propendiendo a evitar y solucionar conflictos entre patrones y obreros [considerando] la experiencia del reciente movimiento obrero en esta capital, Rosario y otras localidades”.[40] Esto constituyó una novedad, ya que, como afirman Piazzesi y Tettamanti (2014), la creación de esta dependencia, llevada a cabo en 1927, dejaba de lado explícitamente la función de mediación y arbitraje en torno a la conflictividad laboral, centrándose únicamente en objetivos como la investigación y publicación periódica de datos acerca de las condiciones de trabajo, el Concejo al Ejecutivo provincial sobre políticas laborales, la gestión de las agencias de colocación y las tareas de inspección y vigilancia. De este modo, este novel ente provincial rápidamente dio un giro en las funciones para las cuales había sido creado, en un marco en el que la élite política santafesina venía consolidando tanto el fomento de normativas laborales efectivas, como un posicionamiento más sólido e institucionalizado ante los conflictos entre capital y trabajo.

Consideraciones finales

A lo largo del trabajo, hemos analizado las estrategias que los agentes estatales emprendieron ante las protestas que supusieron la apertura de un nuevo ciclo de conflictividad laboral en la ciudad de Santa Fe en el año 1928, que se dio en un marco electoral y de traspaso de mandos a nivel municipal y provincial. El accionar de los agentes estatales, como hemos visto, se desplegó fundamentalmente por mecanismos institucionales. Sin embargo, tanto los grupos de trabajadores que emprendieron las huelgas, como los actores sociales que se vieron interpelados por ellas nos permiten trazar algunas diferencias en torno a los niveles estatales que respondieron y las formas en que lo hicieron.

Por un lado, la huelga de la Sociedad de Lecheros Unidos, gremio de trabajadores autónomos del sector lácteo vinculado específicamente a las demandas de consumo interno de la ciudad, interpeló de manera directa a las autoridades municipales. No solo porque estas históricamente habían regulado el circuito productivo en el que estaban insertos, sino también porque el contexto político del momento, caracterizado por la sucesión de intendentes y la renovación del Concejo Deliberante, supuso una serie de oportunidades para emprender la acción colectiva. Primeramente, de manera reactiva ante el endurecimiento de las disposiciones municipales, luego en cuanto posibilidad de obtener aliados políticos que respaldaron sus reclamos.

Pese a las divergencias en torno a las posiciones de los intendentes y de los concejales, en cuanto agentes estatales involucrados en el conflicto de la leche, observamos que sus acciones se llevaron a cabo exclusivamente de manera institucionalizada, ya sea mediante el sostenimiento de reuniones formales, el pedido de intervención a un ente nacional, o las deliberaciones al interior del cuerpo de ediles locales. Precisamente, el hecho de que el conflicto haya sido canalizado progresiva y luego exclusivamente mediante carriles políticos fue la causa tanto de la fortaleza como de la posterior debilidad y fracaso del pedido de los lecheros por la derogación de la ordenanza n.° 2340.

Del otro lado, la huelga portuaria, si bien constituyó un típico conflicto entre capital y trabajo por las mejoras de las condiciones de proletarización, dado el peso en la estructura productiva santafesina que tenían las actividades del sector ferro-portuario, suscitó la atención de las autoridades tanto portuarias, es decir, nacionales, como provinciales recientemente asumidas. Aquí, el traspaso de la gobernación funcionó como un aliciente para la acción colectiva en los puertos santafesinos. En el caso del Puerto de Santa Fe, diversos factores hicieron que la resolución de la protesta se canalizara de manera institucional. Del lado de los trabajadores, la preeminencia de la corriente sindicalista como líder de los gremios en huelga consolidó una tendencia favorable al diálogo con el Estado. Del lado de los patrones nucleados en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se observa una actitud similar, sobre todo una vez que el conflicto adquirió grados de violencia imprevistos.

Los agentes estatales, por su parte, viraron entre la prescindencia protagonizada por los funcionarios municipales, el control social y espacial llevado a cabo por las fuerzas de seguridad locales y nacionales y la insistencia en la intervención del lado de las autoridades provinciales. Esta última fue una estrategia que se desplegó progresivamente, comenzando por las reuniones entre las carteras del gabinete y el mismo Pedro Gómez Cello con las partes involucradas en el conflicto, que culminó con el exitoso arbitraje del Departamento Provincial del Trabajo, concertando el fin de la huelga con la aplicación del pliego de condiciones de los portuarios. Lo novedoso de esta forma de resolución radicó no solo en la relativamente rápida aceptación de la mediación de patrones y trabajadores, sino también en que, desde una institución creada recientemente por el antipersonalismo saliente, hubieran sido pasados por alto los fundamentos propios de su existencia por parte de la nueva gestión yrigoyenista, cuyos resabios de pragmatismo a la hora de posicionarse ante la conflictividad laboral salieron a la superficie.

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  13. Dicha elección se llevó a cabo de manera dilatada, en el marco de un recrudecimiento de los conflictos entre yrigoyenistas y antipersonalistas a nivel provincial y nacional (Macor y Piazzesi, 2010).
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