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Protestas vecinales durante la transición democrática argentina

Estudio sobre su desarrollo en un municipio de la provincia de Santa Fe (1982)

María Cecilia Tonon

Introducción

El presente trabajo surgió del hallazgo de fuentes periodísticas a partir de las cuales fue posible comenzar a reconstruir un hecho histórico: el desarrollo de una protesta vecinal en contexto de dictadura en la ciudad de Rafaela, en el centro-oeste santafesino. Este acontecimiento podría pasar desapercibido si no fuera porque las protestas sociales en localidades de esta zona fueron casi inexistentes o, cuando las hubo, tuvieron escasa repercusión. Pero en agosto de 1982, casi contemporáneamente a las manifestaciones de vecinos en los partidos del Gran Buenos Aires y de Córdoba, el diario Castellanos de Rafaela informaba acerca de la movilización vecinal en contra del aumento de la tasa municipal. ¿Quiénes participaron de esta protesta? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuáles fueron las demandas y los repertorios de acción? ¿Por qué, en una ciudad donde “nunca pasa nada”, aparece esta protesta, visibilizada, además, a través de los diarios que contaban con amplia difusión en la ciudad y en la región? Estos interrogantes estarían señalando un recorte analítico sobre un ciclo de protestas vecinales que se dio en las postrimerías de la última dictadura militar en la Argentina; sucesos poco estudiados, a excepción de los trabajos de González Bombal (1985) y Ana Carol Solís (2016), que abordan los casos de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente.

La propuesta abreva en dos vertientes. Por un lado, en la historia del tiempo presente, es decir, aquella historia que se escribe al tiempo que se está produciendo, sujeta al movimiento entre la experiencia y las expectativas de los actores, por tanto, una historia móvil, que nunca termina de pasar. Como diría el historiador Julio Aróstegui (2004), el presente no es una creación física, sino una construcción sociocultural, por ende, es distinto en cada sociedad, en cada sujeto. De esta forma, no es posible hablar de un presente, sino de “presentes”, en plural. Allí, el historiador tiene que dar cuenta de cómo es la historia de los que la hacen, atendiendo a las voces de sus protagonistas, lo que lo lleva a trabajar con la peculiaridad de las fuentes orales, contrastándolas con otras fuentes, de otro tipo de archivos.

En la Argentina, se ha preferido la noción de “historia reciente” para denominar este estudio del pasado cercano, atendiendo a un

fuerte predominio de temas y problemas vinculados a procesos sociales considerados traumáticos: guerras, masacres, genocidios, dictaduras, crisis sociales y otras situaciones extremas que amenazan el mantenimiento del lazo social y que son vividas por sus contemporáneos como momentos de profundas rupturas y discontinuidades, tanto en el plano de la experiencia individual como de la colectiva (Franco y Levín, 2007, p. 34).

Se trata de un estatuto epistemológico inestable y con periodizaciones más o menos elásticas, como señalarían las autoras de la cita, pero que, como categoría para iluminar cierto tipo de historia, la del corto plazo, nos interesa esencialmente para el recorte analítico de este trabajo.

Por otro lado, es posible indagar el objeto de estudio en el horizonte de los movimientos sociales, o de los nuevos movimientos sociales, surgidos hacia finales de la última dictadura argentina y que se focalizaron en torno a cuatro tipos de movimientos: de derechos humanos, barriales o vecinales, de mujeres y juveniles. Todos estos tenían en común que representaban formas de organización y movilización sociales en un contexto de renovación democrática, pero que “confrontaban con los modos clásicos de la política corporativa” (Pereyra, 2008, p. 237). Asimismo, colaboraron con la proliferación y consolidación de organizaciones específicas, el desarrollo de amplios consensos y redes de solidaridad que se desplegaron por todo el entramado social y político.

En el universo de los movimientos sociales, las protestas sociales ocupan un lugar central, sin perder de vista, como refiere Federico Schuster, que estas “constituyen un modo especialmente interesante de la acción colectiva” (Schuster, 2005, p. 43)[1]. En este sentido, entendemos por “protesta” “un acontecimiento visible de acción pública contenciosa de un colectivo, orientado al sostenimiento de una demanda” (Schuster, 2005, p. 67). Algo que ocurre y como tal puede ser contado, medido, objetivado, dando cuenta de la presencia de sujetos que ponen en el mundo realidades a partir de su propia intervención. Ahora bien, siguiendo a Carlos Aguirre Rojas (2010), es posible observar distintas formas y expresiones de la protesta social (luchas, motines, rebeliones, insurrecciones y revoluciones de las clases populares y subalternas), atendiendo:

  • a los gestos individuales de descontento e insubordinación;
  • a las formas colectivas y masivas;
  • a las expresiones subterráneas y encubiertas o, por el contrario, públicas y abiertas;
  • al grado de extensión: efímeras y fugaces, o sostenidas en el tiempo;
  • a su espontaneidad e inmediatez, o bien, la planificación u organización;
  • a las luchas de distinta magnitud, carácter, duración y estructuración que se limitan a expresar una respuesta al agravio, la explotación, la discriminación, pero sin trascender el horizonte del sistema social, en contrapartida de aquellas que van más allá del horizonte intrasistémico, con objetivos antisistémicos y revolucionarios.

Atendiendo a estas nociones, como otras que se encuadran en el análisis de la protesta social y de la acción colectiva, nos es posible enmarcar conceptual y metodológicamente el universo de análisis de este artículo.

Ambos enfoques permiten analizar la experiencia de las protestas vecinales en el contexto de transición democrática, un proceso complejo en el que se pusieron en juego distintos procedimientos de salida de la dictadura y de entrada a la institucionalidad democrática. Rasgos principales de esta transición, según diferentes autores que analizan este proceso, podrían ser una retirada militar “desordenada”, que puso en evidencia las divergencias y los conflictos al interior de la cúpula castrense y que afectó la autoridad de las Fuerzas Armadas frente a la sociedad (Canelo, 2008; Acuña y Smulovitz, 2007; Fontana, 1986); el renacimiento partidario y la profusión de afiliaciones en casi todos los partidos –especialmente en los mayoritarios– (Novaro y Palermo, 2006); todo ello en el marco de un “convulsionado armado de un sistema político” (Cavarozzi, 2006) reflejo, a la vez, de una incertidumbre política (Vommaro, 2006).

En el recorte espacial que seleccionamos para este estudio, la ciudad de Rafaela, algunos de estos aspectos pueden evidenciarse a pesar de tratarse de una ciudad que logró sortear la intervención militar (a diferencia de otras localidades de la zona)[2] y que conoció una suerte de aislamiento o, como diría Gabriela Águila (2008), en la que

la política local quedó limitada a actividades cuya puesta en marcha respondía a las iniciativas del poder comunal, determinando que la vida política se “congelara” durante años, mientras la actividad municipal quedaba reducida a las visitas del intendente y sus funcionarios a los barrios, la supervisión de la marcha de las obras públicas, la participación en actos y celebraciones de distinto tenor y las convocatorias a la ciudadanía en apoyo a las obras del Ejecutivo (Águila, 2008, p. 271).

Entre 1976 y 1983, en la ciudad de Rafaela, hubo una apuesta por la eficiencia y el mejoramiento en general, que hizo mella en el rafaelino medio. Durante todo este período, se produjo un importante crecimiento de la ciudad asociado a una política de racionalización de recursos, de inversión en infraestructura por parte del gobierno municipal, sumada a la inversión privada. Esta tendencia modernizadora pareció coincidir con cierta aquiescencia del “pueblo rafaelino”, renuente a la radicalización política, particularmente en esos años, tanto en el aspecto de la movilidad sindical, como en el de la actuación de grupos de izquierda (Tonon, 2011). En este sentido, podría decirse que en Rafaela se fue cristalizando una cultura de “isla”, imaginario a partir del cual también es posible analizar la movilización social en clave local.

El interés por descubrir las características de la protesta en esta realidad social particular nos permite recurrir a un enfoque microanalítico que centre su atención en la descripción y análisis detallado del objeto de estudio a partir de datos cualitativos. Estos últimos se derivan del tratamiento de fuentes escritas, provenientes de la prensa gráfica, y orales, resultado de entrevistas a participantes en el conflicto, juntamente con la revisión bibliográfica sobre la temática.

Somos conscientes de las limitantes que pueden encontrarse tanto en las fuentes seleccionadas, como en la profundidad de su análisis. Sin embargo, al tratarse de una primera aproximación a un universo de estudio escasamente indagado, nos permitimos avanzar por estos carriles metodológicos, advirtiendo la labilidad de los datos.

La protesta vecinal en Rafaela: orígenes, características, actores y desarrollo

Durante la última dictadura militar, en consonancia con la situación nacional, la provincia de Santa Fe fue intervenida por las Fuerzas Armadas, y, a cargo del gobierno provincial, se sucedieron una intervención y dos gobernaciones militares[3], para asumir al final del periodo dos civiles[4], tras la apertura para su participación en el marco del Proceso de Reorganización Nacional. En el nivel municipal, cesaron las autoridades previas al golpe militar y se procedió a su intervención[5] con autoridades militares o civiles. En el caso rafaelino, fue confirmado como comisionado comunal interino el intendente de la gestión anterior, que pertenecía al Partido Demócrata Progresista (PDP), quien asumió por poco tiempo, puesto que luego pasó a la provincia como subsecretario de Educación, y el cargo quedó bajo un miembro de su equipo, el contador Juan Carlos Borio. Su intendencia se caracterizó por tres aspectos fundamentales: control del gasto público, gestión de recursos, y una importante obra pública (Tonon, 2011). Como veremos a continuación, estos rasgos condicionarían fuertemente la protesta que aquí estudiamos y determinarían en gran parte su resolución.

A fines de agosto de 1982, se publicó un pequeño comunicado en el diario Castellanos, que refería al decreto del departamento Ejecutivo Municipal por el que disponía al cobro de las cuotas 6.º y 7.º de la tasa general de inmuebles, como reajuste de lo que estaba previsto adicionar en el año a ese impuesto[6].

Esta medida implementada por el gobierno municipal generó una reacción en diferentes agrupaciones políticas, manifestadas en una seguidilla de comunicados que aparecieron en los días subsiguientes en los medios gráficos[7] de la ciudad. Así, el Comité Central de Rafaela de la Unión Cívica Radical (UCR) fue el primero en expresar su disconformidad con la medida, seguido por la agrupación multisindical Lealtad, conformada por los secretarios generales de los gremios del vestido (SOIVA), de los mecánicos (SMATA), de los metalúrgicos (UOM), de los municipales (SEOM) y de la carne (SITCA). Por último, la Multipartidaria[8], de reciente creación y que agrupaba a representantes del Partido Justicialista (PJ), UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Movimiento Línea Popular (MOLIPO), confluyó también en el reclamo[9].

Los términos de las diferentes declaraciones manifestaban el mismo tono: repudio, rechazo al aumento, por tratarse de una decisión inconsulta, “a espaldas del pueblo”, y en la que este solo aparecía como “el convidado de piedra”. Además, se tachaba al incremento de “socialmente injusto”, o (en el caso de la solicitada de la multisindical), como “expoliación del bolsillo de los trabajadores”. Es dable destacar esta generalización del reclamo en torno al vocablo “pueblo”, que aparece en las diferentes solicitadas, como portavoz de “todos los sectores de la ciudadanía”. Las divergencias entre los comunicados se pueden observar respecto de los formatos propuestos para discutir el problema, como así también de las medidas a tomar. El presentado por la UCR convocaba a conformar un “movimiento de fuerte extracción popular” y a no pagar la tasa, mientras que la multisindical Lealtad apelaba a constituir una “comisión de lucha” a los fines de que las autoridades municipales estudiasen una “reducción” y una “moratoria” de la carga impositiva, e invitaba a “todos los compañeros trabajadores y a la ciudadanía en general” a una reunión informativa. La declaración de la Multipartidaria, por su parte, instaba a la ciudadanía a ejercer sus derechos de peticionar a las autoridades, según el artículo 14 de la Constitución Nacional, acto más que provocador si se tiene en cuenta que desde 1976 la dictadura había clausurado todos los canales para el ejercicio de derechos políticos (Piccone, 2017).

De la asamblea convocada por la multisindical, participaron representantes de las organizaciones anteriores y vecinos de la ciudad, que conformarían la matriz identitaria (Schuster, 2005, p. 59) de la protesta. En ella se resolvió no abonar el reajuste de la tasa, además de elevar un planteo a la municipalidad para que no iniciase demandas judiciales de cobro, mantuviese un trato preferencial en la determinación de gravámenes para personas de bajos ingresos, y habilitase la consulta a la ciudadanía en la determinación de tributos, todo ello canalizado en una audiencia que se le iba a solicitar al intendente. Para ello se conformó una comisión de vecinos integrada principalmente por profesionales reconocidos de la ciudad, muchos de ellos vinculados a partidos mayoritarios (PJ y UCR), e integrantes de diferentes sindicatos y entidades representativas de la localidad.

De acuerdo con una fuente periodística de la capital provincial[10] que se hizo eco del conflicto rafaelino, el gobierno municipal había informado horas antes de la asamblea por todos los medios locales la necesidad del incremento de la tasa, a razón de los niveles de inflación que se vivía en el país[11] y justificando que era la forma de “evitar que los servicios públicos” se resintieran “en calidad o cantidad”.[12] Esta situación podría indicar que las autoridades municipales estaban en conocimiento de la realización de la reunión vecinal y, por tanto, se habían adelantado reivindicando públicamente la necesidad del aumento.

Para el gobierno de facto, se trataba de una medida necesaria para contener el impacto de la alta inflación que se venía dando desde la segunda mitad del año 1982[13]. Resultaba, también, el impuesto más bajo de la provincia, además de que se había negociado la postergación del vencimiento de la primera cuota y brindado facilidades a los propietarios de un solo inmueble y con bajos recursos y, sobre todo, que a la fecha del vencimiento de la primera cuota ya hubieran pagado el 75 % aproximadamente de los contribuyentes, lo que evidenciaba el respaldo de los vecinos a la gestión. Sin embargo, de acuerdo con datos que los vecinos habían indagado en entidades bancarias, solo se llegaba al 40 % del pago por parte de la población[14].

En el ambiente se fueron generando tensiones a medida que el conflicto cobró notoriedad pública no solo ya a nivel local, sino también provincial, y en el que cada parte desplegó argumentos en contra o a favor del impuesto. En este sentido, Mather e Yngevson utilizaron el concepto process of rephrasing para explicar cómo a medida que avanza una disputa se produce algún tipo de reformulación en un discurso público. De esta forma, aquello originado como un litigio entre partes se modifica cuando aparece un tercero o mediador en el conflicto (Mather e Yngevson, 1981, pp. 776- 777). Como veremos a continuación, la protesta fue transformándose como resultado de la interacción e intervención de otros participantes (medios de comunicación, gobierno provincial, organizaciones intermedias, etc.) en el proceso de disputa, lo que derivó en posiciones cada vez más antagónicas con un desenlace opuesto al pretendido por los manifestantes.

Repertorios de acción vecinal: entre asambleas, audiencias, petitorios y movilización

Las asambleas les habían brindado a los organizadores el marco desde donde instalar la protesta y formalizar las acciones a seguir. De la primera entrevista que habían tenido con el intendente, los resultados no habían sido demasiado concluyentes y el conflicto había retornado a su punto inicial, mientras que las divergencias se ahondaron. La comisión vecinal volvió a elevar un nuevo petitorio, esta vez más recargado, porque, a la decisión de no pagar el impuesto, se le iba a sumar la exigencia al intendente de que incluyera a dos contadores “designados por el pueblo” como veedores de la medida. Asimismo, lo instaban a vender un inmueble municipal como alternativa para enfrentar los gastos comunales y lo invitaban a participar de la próxima reunión. Por su parte, el Departamento Ejecutivo anunció públicamente que la recaudación hasta el momento había sido exitosa (66 %, sobre un porcentaje histórico de recaudación no mayor al 80 %), hecho que evidenciaba la “responsabilidad” del vecino rafaelino, a la vez que solicitaba a aquellos deudores que, “confundidos tal vez por la campaña de resistencia al pago de la tasa”, realizaran el pago, atendiendo a una última prórroga otorgada sin recargos ni intereses[15].

Como se puede observar hasta aquí, la manifestación de la contienda había pasado del desacuerdo primigenio a la confrontación entre ambas partes y la resistencia por parte de los demandantes. También parecía haber un intento por parte de las autoridades de señalar públicamente –y aquí el papel de los medios iba a ser fundamental como tercero implícito en la disputa ­­­­­­(Mather e Yngevson, 1981, p. 776)– una diferenciación de conducta cívica entre el contribuyente rafaelino promedio, al que consideraban respetuoso de las normas e independiente de opinión en materia de problemas ciudadanos, respecto de aquel sector de incumplidores y alborotadores.

Luego de un impase de noticias sobre la problemática, a fines de septiembre volvieron a aparecer comentarios sobre el tema, con motivo del inminente vencimiento de la prórroga para el pago de la primera cuota del reajuste. Sobresale en la información que, tras los desairados pedidos de audiencia formulados por la comisión de vecinos, se había elevado la solicitud de una entrevista directamente al gobierno provincial. La respuesta no se hizo esperar y, si bien no fueron atendidos por el gobernador Casís, los recibió el secretario de Acción Comunal, Jorge Gorosito, quien habría prometido su intervención ante el pedido de los vecinos de Rafaela de que se dejase sin efecto la aplicación de aumentos en las tasas municipales[16]. Apareció aquí un intermediador que trascendía el horizonte de poder local operado hasta el momento, que reposicionó la disputa en otro nivel de jerarquía. Si bien las promesas cayeron en saco roto, puesto que, al tiempo, la comisión formuló una declaración en la que criticaba al funcionario provincial por su silencio e inoperancia[17], el hecho de haber logrado provincializar el conflicto daba cuenta de la fortaleza de la propia organización de la protesta.

A partir de esta instancia, el formato de la disputa tomó un nuevo cariz, y pasó de la asamblea a la calle, y de la gestión de una minoría que representaba la comisión y algunos vecinos que asistían a las asambleas a un petitorio firmado por alrededor de cinco mil personas. Esto se fue pergeñando en los primeros días de octubre, y en cuyas condiciones podrían haber colaborado las acciones colectivas previas, ya conocidas sobre todo por los sectores sindicales, de apelar a las solidaridades de base para juntar firmas y reunirlas en una movilización:

Nuestro sindicato fue una maravilla, de gente… y de firmar, era por nosotros, para darnos una mano y la UOM […] ese también estaba […] el resto… siempre tenían que… no se los puede culpar, pasa que a veces el dirigente no tiene tanto contacto con la gente…[18]

La asamblea de vecinos del 5 de octubre dispuso una concentración el día 7 en la Plaza 25 de Mayo, la principal de la ciudad, y su posterior movilización por bulevar Santa Fe hasta el edificio municipal (en ese momento emplazado en un inmueble sobre el mismo bulevar, a tres cuadras de la plaza), para hacerle entrega del petitorio al intendente. El documento contenía las reivindicaciones tratadas en las reuniones previas:

  • ratificación del fundamento democrático que avalaba el petitorio sobre la base de un plebiscito con cinco mil firmas;
  • reclamo del derecho de peticionar y reivindicación de la vocación dialoguista de la asamblea;
  • exigencia de reconsideración de la medida; y
  • decisión de no pagar los reajustes hasta que no se resolviera el conflicto.

Este documento fue leído durante el acto en la plaza, en el que se convocó a entre “doscientas” y “cuatrocientas” personas[19] que se movilizaron hacia la municipalidad, atravesando en su marcha la arteria principal de la ciudad. En las fotografías del diario, se puede observar gente caminando pacíficamente, algunos incluso abrazados, otros con sus bicicletas en la mano, gestualidades que evidencian cánticos, y, como refiere un testimonio oral, “tal vez algún cuete”[20].

Tras la llegada de la columna a las puertas de la municipalidad, los manifestantes entonaron el himno nacional y, a continuación, el secretario privado del intendente transmitió que podían ingresar solo tres integrantes. Los miembros de la comisión vecinal exigieron la participación de todos sus miembros en la reunión, pero, como no llegaron a un acuerdo, no se entregó el petitorio y “permanecieron entonces 20 minutos coreando estribillos adversos al gobierno municipal y a la dictadura militar”[21].

Foto en blanco y negro de un grupo de gente  Descripción generada automáticamente

Archivo La Opinión (8 de octubre de 1982). “El avance de la columna de manifestantes por bulevard Santa Fe”, p. 1.

¿Cuál fue el resultado de la concentración y de la movilización? A primera vista, se podría pensar que para los manifestantes tal vez no fue el esperado, ya que no lograron hablar con el intendente ni dejarle el documento, mientras que el gobierno municipal pareció imponer, una vez más, los criterios de las tratativas, trabando cualquier posibilidad de acuerdo[22]. Sin embargo, si ajustamos el foco en las características de la protesta, podemos llegar a otras observaciones. Por un lado, los asamblearios instalaron en el espacio público la discusión y negociación del impuesto; por otro, visibilizaron el malestar, el repudio contra la medida municipal, a la vez que movilizaron a un número tal vez poco representativo, pero que significaba un hecho fundante para una ciudad y en un momento en que era renuente a este tipo de manifestaciones. Como bien referirían dos entrevistados:

[…] habíamos estado conformes con la gente que fue. Tal vez no fue la que pensábamos, pero estábamos conformes[23].
[…] cien tipos caminando, cortando el tránsito en avenida Santa Fe […]. Fue un hecho que, para esa altura de las cosas, que no se podían expresar, que nunca ni chicha ni limonada, era importante estar, hacer y decir “Mirá, no estamos conformes con esto”[24].

Hacia la resolución (unilateral) del conflicto vecinal

Dos días después de la movilización vecinal, el diario La Opinión informaba sobre el estado de situación del conflicto. El titular de la noticia era contundente: “Tasa: tema aclarado”. En la foto de tapa, aparecían el intendente municipal y algunos miembros de su gabinete; en la del interior del periódico, más panorámica, se observaba la presencia de otros actores, representantes de las “fuerzas vivas” de la ciudad[25], que habían sido invitadas especialmente a la conferencia de prensa, pero en ningún momento se veía o mencionaba a los vecinos.

Imagen que contiene foto, interior, viejo, vehículo militar  Descripción generada automáticamente

Archivo La Opinión (11 de octubre de 1982). “El intendente municipal Juan Carlos Borio, durante la reunión informativa del viernes en su despacho, ante el periodismo y representantes de diversas instituciones locales”, p. 4.

En esta reunión organizada por la Intendencia, los asistentes fueron: representantes del Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos, de la mesa directiva de la Regional Rafaela de la Confederación General del Trabajo, de la Sociedad Rural, de las comisiones vecinales, del Rotary Club, del Club de Leones, del Rotary Club Rafaela Oeste, de Rotarac, del club Leo Fides, de la Fundación Universitaria Rafaelina y de los medios de comunicación de la ciudad[26]. De esta forma, las autoridades pretendieron exponer la resolución del conflicto en una mesa más amplia de negociación, dando muestras de apertura y diálogo con todos. Sin embargo, se trataba de una reformulación orquestada desde arriba, en la que los terceros involucrados vinieron a consolidar la versión estatal del litigio.

El resultado de la reunión fue ampliamente documentado en el artículo de La Opinión a través del cual se vehiculizó el discurso oficial. Se reprodujeron datos de guarismos de gastos del municipio para contrastar el reclamo de un alza, justificando la suma del índice del 300 % de inflación a nivel nacional que se esperaba para fin de año, además de mencionar ejemplos de aumentos de tasas en otros municipios de la provincia, aseverando (como ya se había hecho en otra oportunidad) que “Rafaela esta[ba] en categoría segunda ‘A’ y [que] fue el aumento más bajo de todos”[27]. Asimismo, se trascribieron dichos del intendente respecto de las obras realizadas y la compra de edificios, aduciendo que no se trataba de obras “faraónicas”, sino de obras “de envergadura, de largo aliento y costosas”, relativamente “baratas” si se las comparaba con otras obras particulares (mencionó la de SMATA) y en el marco de una política de austeridad que caracterizaba al municipio. Por último, el matutino cerró la información aduciendo que “las puertas del municipio esta[ban] abiertas”, en alusión a ciertas “ausencias” que el intendente justificó como una política de los últimos seis años de la gestión de “no invitar a partidos políticos” –en especial y en el marco de este conflicto al sector sindical, puesto que el día anterior habían recibido insultos agraviantes por parte de algunos de sus representantes–, pero que dejaba abierto un diálogo futuro siempre que fuese “con respeto”[28]. Dos entrevistados que formaron parte del gobierno municipal del momento recordaban la situación:

Fue magistral. Fue una clase. […] tiraban números, y porque esto, y porque esto, y la cara se les transformaba… Y viste cuando empezaban a mirarse entre ellos y empezaban a mover los pies y había más de uno que debió haber pensado “Por qué estoy acá”[29].
No debemos olvidar que para esos tiempos ya se había anunciado el próximo llamado a elecciones […] y los sectores políticos empezaban a actuar recurriendo muchas veces a posiciones sin el fundamento probatorio. […]. El rol municipal fue aportar las pruebas necesarias para respaldar la medida que, por supuesto, redundarían en beneficio de la comunidad toda[30].

Las palabras de los testigos son muy indicativas y, en parte, se corresponden con lo que se puede indagar a través de la prensa: información probatoria de transparencia en el manejo de los fondos públicos, inversión en obras, pero, a la vez, austeridad, ejemplaridad y eficiencia, aspectos que se condicen con la política de “modernización neutral” puesta en marcha por el Proceso Militar (Novaro y Palermo, 2006).

Un par de días después, el mismo diario planteaba que la polémica suscitada por las cuotas sexta y séptima de la tasa general se daba por concluida. Explicaba que, según las cifras y el nivel comparativo ofrecidos por el intendente en la última reunión informativa, no dejaban dudas sobre la necesidad de aumentar un 80 % más que el año anterior, en una clara connivencia con los argumentos del Ejecutivo municipal. Además, se refrendaba la actitud municipal con la reciente política elevada por el nivel nacional de autorizar a las provincias a aumentar las tasas impositivas en lo que quedaba del año[31]. Se clausuraba así, unilateralmente, el conflicto. Quedaba más que clara la posición del gobierno local, que, desde el poder que le confería la situación de facto, había manejado la situación resolviéndola a su favor.

La comisión vecinal no se mostró inactiva luego de que las diferentes intervenciones del intendente dieran por ocluidas las discusiones. Por la información que apareció en el diario La Opinión entre el 14 de octubre y noviembre de 1982, continuó reuniéndose para organizar los pasos a seguir en el futuro, sin descartar la idea de convocar a una conferencia de prensa, en la cual se refutarían los datos brindados por Juan Carlos Borio, de la misma manera que afirmaba solicitar una nueva audiencia al gobernador Casís. Es decir, a pesar del evidente fracaso en las negociaciones, el malestar y la confrontación pervivió por un tiempo, al menos en el plano de los principios, porque lo que siguieron fueron acciones contenciosas en un ámbito que no pasó de la denuncia pública a través de la prensa local.

En enero de 1983, apareció en ambos periódicos una solicitada firmada por la “Comisión de Vecinos de Rafaela” en la que se describían características y actitudes del ente vecinal respecto de las del gobierno local, evidenciando una clara diferencia y una posición bipolar. De una parte, la comisión reivindicaba su origen “popular”, derivado del “mandato de una Asamblea de vecinos” y de las firmas de cinco mil ciudadanos que habían avalado el reclamo, a la vez que se destacaban la “vocación dialoguista” y el “espíritu democrático” que todo el tiempo habían manifestado durante el conflicto. Por otra parte, criticaban al gobierno local, que, elegido por un “almirante, de espaldas a la conducta de la voluntad popular”, atentaba contra el “federalismo”, haciendo “imposible la autonomía municipal”[32].

En la comunicación se reconoció que no se habían logrado los objetivos propuestos por la actitud “vanidosa”, “arrogante”, “injusta” por parte de las autoridades municipales, pero que, por otra parte, significó una toma de conciencia de los vecinos, un reconocimiento de sus derechos, para lograr formas “viables” de participar en el manejo de los intereses comunitarios. Uno de los asambleístas entrevistados indicaba:

[…] no sé si se ganó, se perdió, se empató, no importa. A los 15 o 20 días o al mes, no me acuerdo… Vos ves que no hay resultados, tenés que cortar. ¿Por qué? Porque, si no, te vas muriendo solo y perdés como un pelotudo. ¿Qué hacés?: “Muchachos, hasta acá llegamos”. No tuvimos fuerza, empatamos, tal vez perdimos o ganamos, pero yo… trabajaba así. Porque hay un desgaste infernal[33].

La protesta por el aumento de la tasa general de inmuebles entró en un cono de sombras luego de esta solicitada aparecida en enero de 1983. La idea del “empate” trunco es sugestiva en esta lucha porque, si bien quedó más que claro para los manifestantes que la gestión municipal había salido victoriosa, el fracaso tras no haber podido cumplir con los objetivos inmediatos propuestos no fue más que una evocación cuyo trasfondo reveló una victoria: la de haber construido un “hecho político”[34].

Algunas reflexiones finales

El aumento de la tasa municipal en la ciudad de Rafaela a mediados del año 1982 pareció instalar una contienda entre partes que trascendió la mera preocupación de los contribuyentes. ¿Qué era lo que se estaba jugando en dicho conflicto? ¿Quiénes y qué intereses se pusieron en pugna? Aquellas interpretaciones (Schuster, 2005) que analizan las protestas sociales indican que una manifestación de protesta puede ser, por ejemplo, la acción de un movimiento previamente existente o no, y, por tanto, hay que atender a sus orígenes. De este modo, se pueden encontrar mixturas en las que:

  • los agentes de la protesta integraban ya (en conjunto) un movimiento;
  • algunos de los miembros eran parte de uno o más movimientos anteriores, con o aún sin relación alguna con la acción actual;
  • la acción manifiesta constituyó una completa novedad, que no surgió de ningún movimiento conocido ni reconocía antecedente alguno en acciones anteriores de sus miembros.

En el caso de la protesta analizada, encontramos una combinación de todos estos elementos: había agentes que provenían de organizaciones previas, como los representantes de la comisión de vecinos, que venían militando en sindicatos u organizaciones políticas, pero que se aglutinaron con otros miembros, la mayoría sin ninguna militancia previa, en este caso, vecinos o contribuyentes afectados por el alza del impuesto, que se movilizaron para el sostenimiento de la demanda. Por lo que se pudo indagar en las fuentes, entre los cinco mil firmantes y los “doscientos” o “cuatrocientos” participantes de la marcha, había muchos trabajadores que respondieron al pedido de sus dirigentes.

Estas evidencias podrían estar indicando lo que Charles Tilly (1978) observó tras la idea de reticidad, o netnesses, es decir, que siempre hay alguna clase de interacción social antes de una acción de protesta. Gran parte de los manifestantes se conocían previamente, pero también se fundaron nuevos vínculos e interacciones sociales, como lo pusieron en evidencia las reuniones en las que interactuaron trabajadores y sindicalistas, juntamente con representantes de los diferentes partidos políticos que comenzaron a nuclearse en la Multipartidaria local. Por tanto, se trató de una protesta con una identidad social bastante heterogénea, que desplegó diferentes repertorios de acción, como las discusiones asamblearias, la toma del espacio público –en lo que fue la concentración en la plaza principal de la ciudad y la marcha hacia el palacio municipal–, manifiestos en los diarios locales y regionales, reuniones con los representantes del Estado local y provincial. Todo esto, en torno a la demanda concreta de no aumentar el impuesto, pero cuyo trasfondo estaría señalando, también, un contexto histórico particular que configuró, en cierta forma, las condiciones estructurales de la protesta, esto es, la renovación de la participación política y ciudadana en el marco del debilitamiento de la dictadura luego del conflicto Malvinas. En este sentido, la movilización social estudiada puede insertarse en lo que Tarrow (1997) denomina los “ciclos de protestas”, en los que, a partir de las oportunidades creadas por las primeras movilizaciones, se genera un proceso de difusión de las protestas.

Encontramos registros gráficos que datan de todo 1982, pero fundamentalmente de la segunda mitad de ese año, de manifestaciones en la ciudad de Santa Fe y en la región centro, de agrupaciones de amas de casa en contra de la carestía[35], y de deudores hipotecarios por las cláusulas indexatorias[36]. Sin embargo, en el caso del aumento de la tasa general de inmuebles, la protesta de Rafaela fue una precursora dentro de la región centro-oeste de la provincia de Santa Fe, y resultó contemporánea de los “vecinazos” (González Bombal, 1985) en el Gran Buenos Aires, que se desarrollaron entre octubre y noviembre de 1982. Pero, a diferencia de estos últimos, que cobraron repercusión nacional por el grado de radicalización y masividad de las movilizaciones (además de por tratarse de la provincia más importante del país) y por las consecuencias que produjeron en cuanto a la remoción de autoridades de facto en algunas localidades, la protesta rafaelina no supo (o no pudo) domeñar al Estado local y movilizar a la sociedad rafaelina, en general, frente a los cuestionamientos que se estaban planteando y que atravesaban a todos los contribuyentes.

Podrían esgrimirse algunas explicaciones posibles a esta situación. Siguiendo los análisis de Gabriela Águila (2008) y Daniel Lvovich (2010), al mantener el proyecto dictatorial los gobiernos municipales previos al golpe de 1976 (como fue el caso de Rafaela) generaron un amplio grado de consenso político, no solo bajo la forma de “alguna figura con amplio reconocimiento en la comunidad” (Lvovich, 2010, p. 415), sino también a través de las vinculaciones que estas mismas autoridades fueron tejiendo con diferentes asociaciones de la sociedad civil, de manera que generaban redes de intereses comunes y contrarrestaban cualquier tipo de cuestionamientos. De esta forma, le permitió a la ciudad seguir con su rutina diaria, centrada en la producción y el progreso que la caracterizan, aislándose de los conflictos (Tonon, 2011). Esto fue muy evidente durante la negociación por el impuesto, momento en que el intendente se reunió con las “fuerzas vivas” de la ciudad para generar el respaldo necesario que le permitiera refrendar la política municipal. En este sentido, un entrevistado comentaba:

[…] pero qué pasó, Rafaela medio se cerró más todavía […]. Entonces, la relación del gobierno municipal fue muy fuerte, con el centro comercial […], con la gente de la Rural […] y también muy buena relación con la CGT […]. Aparte porque era una relación muy rápida. […] Siempre para las grandes cosas se los convocaba, desde el Centenario… siempre estuvieron. Siempre hubo muy buena relación y muy fluida[37].

Palabras más que indicativas para sostener el predominio del consenso, la renuencia por parte del Estado local a cualquier tipo de manifestación que comportara una ruptura del orden social, y la situación política que, como nos refería el entrevistado anterior, “no daba mucho para protestar”; aspectos que terminaron por congelar el tibio despertar ciudadano en esta localidad.

El estudio de la protesta vecinal en Rafaela no se cierra con este trabajo, en el que solo damos cuenta de algunas de sus características principales. Consideramos que queda mucho por indagar aún. De los testimonios recolectados, faltan todavía varias voces por escuchar: otros sindicalistas, algunos representantes de otras fuerzas políticas que integraron la comisión vecinal, responsables de asociaciones civiles, etc. Asimismo, será interesante adentrarnos en el estudio comparativo con los casos del Gran Buenos Aires, contemporáneos al aquí abordado, para poder encontrar el sentido o el impacto que los vecinazos tuvieron durante la transición democrática.

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  1. Para ampliar el concepto de “acción colectiva”, véase Tilly (2000).
  2. Tal como refiere Águila: “En las distintas localidades de la provincia y en diversos momentos – en tanto algunas ciudades quedaron en manos de interventores militares en los primeros tiempos–, los gobiernos municipales o comunales fueron ocupados por civiles pertenecientes a partidos políticos que actuaban legalmente […]” (Águila, 2008, p. 273).
  3. Interventor coronel José González (24/03/1976-19/04/1976); gobernadores de facto vicealmirante Jorge Desimoni (19/04/1976-30/03/1981) y contraalmirante Carmelo Luchetta (31/03/1981-14/01/1982).
  4. Roberto Casís (15/01/1982-24/02/1983) y Héctor Salvi (25/02/1983-10/12/1983).
  5. Ley Orgánica de Comunas n.º 2439 del decreto n.º 0015/76 de la Intervención militar.
  6. Castellanos (23 de agosto de 1982). “Vencimientos Tasa General”, p. 4.
  7. Para la época convivían dos diarios en Rafaela: Castellanos y La Opinión. No existen investigaciones que los hayan tomado como objetos de estudio a partir de los cuales podríamos caracterizarlos en profundidad. A título informativo, y sobre la base de datos muy generales que disponemos, señalaremos que el diario Castellanos fue fundado en 1938, por Juan B. Audenino y Francisco Pérez Torres, ambos representantes de la UCR a nivel local. Por su parte, La Opinión, que surgió en 1921, desde la década del cincuenta estuvo más ligado al peronismo, teniendo en cuenta que uno de sus socios fundadores, Rafael Actis, fue un destacado representante del PJ local. Si bien para la época circulaban diarios de tirada provincial (El Litoral) y nacional (Clarín y La Nación, mayormente), los más leídos eran los rafaelinos, puesto que en ellos convergían tanto las noticias nacionales, como provinciales (que aparecían en la primera plana y las primeras páginas), juntamente con las locales.
  8. La Multipartidaria fue una organización surgida a nivel nacional a comienzos de 1981, que configuró un espacio de articulación entre distintas agrupaciones políticas con las intenciones de promover acciones para volver al Estado de derecho, la normalización de la actividad política, gremial, cultural y empresaria, el retorno a la institucionalización, etc. A partir de esta entidad nacional, se configuraron distintas multipartidarias en los órdenes provincial y local. En el caso de la provincia de Santa Fe, la convocatoria fue casi simultánea a la nacional y estuvo conformada por el MID, PJ, UCR, Partido Revolucionario Cristiano, Frente de Izquierda Popular y MOLIPO. Más tarde se sumaron: Partido Federalista, Partido Comunista, Partido Socialista Popular, Partido Socialista Unificado, Movimiento Progresista, Frente de Izquierda Popular, Confederación Socialista Argentina. De acuerdo con el estudio de Águila, un sector del PDP, “el movimiento Latorrista, ingresó a la Multipartidaria provincial cuestionando duramente la línea oficial del PDP y el colaboracionismo con la dictadura” (Águila, 2008, p. 312).
  9. Los comunicados aparecieron con algunos días de diferencia: Castellanos (30 de agosto de 1982). “Comunicado al pueblo de Rafaela”, p. 3; Castellanos (6 de septiembre de 1982). “Comunicado de la Agrupación Multisindicalista ‘Lealtad’”, p. 2; Castellanos (8 de septiembre de 1982). “Tasa General: rechaza el reajuste la Multipartidaria”, p. 2.
  10. Se trata de El Litoral, de la ciudad de Santa Fe, cuya amplia trayectoria desde 1918 contribuyó a consolidarlo como diario hegemónico de la ciudad y de la región (Pisarello, 2013).
  11. Véase Aspiazu, 1991.
  12. El Litoral (11 de septiembre de 1982). “Tratóse en una asamblea la tasa municipal”, p. 9.
  13. En una entrevista con la autora, el responsable en ese momento de la Secretaría de Hacienda del municipio nos expresó que el aumento de la tasa se debió a la situación en que funcionaban las reparticiones municipales y la dependencia financiera del nivel provincial: “Eran épocas donde los municipios no tenían la libre disponibilidad de los recursos, y dependían de la distribución a través de la coparticipación provincial, que siempre llegaban tardíamente. Por ejemplo: Patente Única de Vehículos, impuesto inmobiliario, etcétera, que recaudaba la provincia y luego remitía. Esto comprometía muchas veces los servicios que debía prestar (recolección de residuos, riego, luz eléctrica en calles, etcétera)”. L. T. (comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
  14. La Opinión (7 de octubre de 1982). “Se realiza hoy la movilización vecinal”, p. 4.
  15. Castellanos (15 de septiembre de 1982). “Desacuerdo: municipalidad y vecinos” y “El gobierno municipal informa a la población”, pp. 1-3.
  16. Castellanos (24 de septiembre de 1982). “La necesaria coincidencia”, pp. 1-2. Castellanos (27 de septiembre de 1982). “Vecinos rafaelinos con el doctor Gorosito”, p. 2.
  17. Castellanos (4 de octubre de 1982). “Asuntos en trámite”, pp. 1-2. La Opinión (7 de octubre de 1982). “Se realiza hoy la movilización vecinal”, p. 4.
  18. O. M. (comunicación personal, 4 de enero de 2019).
  19. El diario Castellanos mencionó cuatrocientas, La Opinión informó trescientas, mientras que El Litoral refirió doscientas. Castellanos (8 de octubre de 1982). “Se realizó una manifestación” , p. 1; La Opinión (8 de octubre de 1982). “Se cumplió la movilización”, p. 1; El Litoral (8 de octubre de 1982). “Protesta contra el reajuste en Rafaela”, p. 9.
  20. O. M. (comunicación personal, 4 de enero de 2019).
  21. El Litoral (9 de octubre de 1982). “Amplio informe del intendente Borio”, p. 9.
  22. En este sentido, en alguna instancia de las discusiones, el diario Castellanos hizo referencia a un “plan de ‘acción psicológica’”, llevado adelante por el Departamento Ejecutivo contra los manifestantes. Castellanos (24 de septiembre de 1982). “La necesaria coincidencia”, p. 1. El uso de este concepto por parte de este matutino no era ingenuo. Se trataba de un método bélico muy ligado a la guerra contrainsurgente, que habían utilizado los militares argentinos en la lucha contra la subversión entre los años setenta y comienzos de los ochenta (Novaro y Palermo, 2006). En un momento en que el tema de la “guerra antisubversiva” era un hecho candente, puesto que para 1982 organizaciones políticas y de derechos humanos estaban poniendo en la palestra la cuestión de los desaparecidos, apelar a este término habilitaba interpretaciones contradictorias, sobre todo teniendo en cuenta un gobierno municipal que llevaba implícito su colaboración con el Proceso (González Bombal, 1991).
  23. O. M. (comunicación personal, 4 de enero de 2019).
  24. L. T. (comunicación personal, 28 de enero de 2019).
  25. En cierta forma, la actitud del gobierno local parecía corresponderse con los procedimientos implementados por la Junta Militar durante el “diálogo político”. De acuerdo con González Bombal, al momento de instrumentalización de los primeros encuentros con los dirigentes partidarios, estos se hallaron dosificados e intercalados con instituciones diversas, expresión de las vinculaciones con fuerzas civiles que intentaban mostrar las Fuerzas Armadas (González Bombal, 1991, p. 30).
  26. El Litoral (9 de octubre de 1982). “Amplio informe del intendente Borio”, p. 9.
  27. La Opinión (9 de octubre de 1982). “Tasa: tema aclarado”, p. 4.
  28. La Opinión (9 de octubre de 1982). “Borio: ‘Las puertas del municipio están abiertas’”, p. 12.
  29. G. Z. (comunicación personal, 8 de agosto de 2019).
  30. L. T. (comunicación personal, 31 de agosto de 2020).
  31. La Opinión (11 de octubre de 1982). “Para el municipio: polémica concluida”, p. 4.
  32. La Opinión (12 de enero de 1983). “Comisión de vecinos de Rafaela”, p. 8; Castellanos (12 de enero de 1983). “Comunicado de la comisión de vecinos de Rafaela”, p. 3.
  33. O. M. (comunicación personal, 4 de enero de 2019).
  34. L. T. (comunicación personal, 28 de enero de 2019).
  35. El Litoral (18 de septiembre de 1982). “La marcha de los bolsos vacíos se realizó ayer”, p. 5.
  36. Cfr. El Litoral, entre octubre y diciembre de 1982.
  37. G. Z. (comunicación personal, 8 de agosto de 2019).


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