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Una ciudad del interior argentino en época de dictadura[1]

El caso de Santa Fe y las formas del control social entre 1976 y 1981

Julieta Citroni

Cuestiones preliminares

En este artículo se propone una indagación sobre los modos de control social impuestos por las administraciones dictatoriales de gestión local. Forma parte de una línea de trabajo que comenzó analizando los dispositivos de ordenamiento urbano aplicados por el gobierno de facto de 1976-1981[2] en la ciudad de Santa Fe[3] (Citroni, 2013). Actualmente, tiene continuidad en el estudio de las políticas urbanas adoptadas por las intendencias de Santa Fe y Rosario durante la última dictadura militar argentina. Si bien se trata de una investigación en curso, algunos de sus presupuestos y los primeros resultados han sido presentados y publicados (Citroni, 2018).

En esta ocasión se retoman los primeros desarrollos, donde se había constatado que la gestión autoritaria encaró una serie de reformas en la ciudad que, sin modificar sustancialmente su trazado, procuraban delinear una imagen de orden y regular su desarrollo. A continuación, examina las operaciones de reforma y reordenamiento urbano, las políticas urbanísticas que le dieron sustento y los modos de significación fijados en el espacio. Todos estos procesos aparecen inspirados y justificados en un discurso de orden y reforma moral hegemónico en la esfera pública local, lo cual dio como resultado un particular orden urbano en el cual se priorizaba a los grupos sociales que lo acompañaban. Finalmente, atiende a los discursos de las autoridades municipales y los medios de comunicación, interpretando el significado de estos en función de los dispositivos de control conducentes a la reproducción de la dominación dictatorial.

Como punto de partida, define al control en cuanto “capacidad que ciertos actores, grupos o tipos de actores poseen de influir sobre las circunstancias de acción de otros” (Giddens, 1998, p. 309). Y adopta la teoría e historiografía de la dominación social como marco conceptual orientador para definir los procesos de producción, reproducción y ejercicio de un tipo de relaciones de poder sistemáticamente asimétricas. En términos de J. B. Thompson (2002), explica el entramado de poderes de todo sistema social espaciotemporal situado como un campo de fuerzas en el cual algunos agentes o conjuntos de ellos están institucionalmente dotados de poder de un modo que excluye a otros.

Asimismo, desde la geografía crítica concibe al espacio como una realidad social en sí misma. Esto es, una realidad relacional formada “por un conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia”. En ella, las estructuras espaciales y las relaciones sociales son entendidas en permanente interacción e interconexión, constituyendo las primeras el medio en el cual las segundas se (re)producen: “Los sistemas de objetos, el espacio-materialidad, forman las configuraciones territoriales, donde la acción de los sujetos, acción racional o no, viene a instalarse para crear un espacio” (Santos, 2000, pp. 54 y 249).

Por su parte, el campo proveniente de la teoría crítica de la cultura forja el concepto de ideología. Según Eagleton (1997), es un efecto de discurso vinculado con prácticas concretas, que sirve para reproducir la desigualdad de medios o dominación anteriormente definida. De esta manera, se procura articular las diferentes interpretaciones que pueden tener lugar de acuerdo con las posiciones que ocupan los distintos agentes involucrados en un mismo proceso. Parafraseando a Giddens (1998), esto implica tener en cuenta las propiedades estructurales específicas del sistema social en el que los actores situados se mueven.

Finalmente, el carácter o enfoque relacional de la historia social enmarca estos desarrollos. Siguiendo a Kocka (2008), la dimensión social refiere a métodos, técnicas y prácticas históricamente situados, pero también se pretende una subdisciplina crítica que busca explicaciones, conexiones, causas y consecuencias. Para ello, analiza estructuras, procesos, hechos sociales y acontecimientos, por un lado; percepciones, experiencias, discursos, significados y el lenguaje, por el otro. Además, solo tiene sentido en articulación con los múltiples campos de la historia, ya que su objeto de estudio no puede aislarse, así como los aspectos sociales del individuo no pueden hacerlo respecto de otras facetas de su ser (Hobsbawm, 1998). Esta caracterización la sitúa en igualdad de condiciones con la disciplina histórica, la cual “ha sido siempre una forma híbrida de conocimiento, que mezcla pasado y presente, recuerdo y mito, el registro escrito y el testimonio oral” (Samuel, 2008, p. 516).

Un cierto estado de pánico moral

Desde fines de 1975, pero in crescendo hacia 1976, la reiterada presentación –en colaboración con la prensa local– de una imagen caótica de la sociedad condujo a la creación de un estado de temor o pánico moral en la esfera pública santafesina. Este fue conjurado por el gobierno autoritario en el poder desde el 24 de marzo, con una reforma moral a propósito de la instalación de un discurso de orden y la correspondiente puesta en marcha de una serie de intervenciones urbanas desplegadas principalmente en la zona céntrica. De esta manera, se dio forma a un particular ordenamiento urbano en el cual resultaban claramente favorecidos los sectores con opinión política, presencia social e intereses económicos dominantes en la localidad, quienes acompañaban estos procesos.

Siguiendo a Ealham (2005), esta construcción se originó en la obsesión de las élites sociales, políticas y económicas por el orden y por la consiguiente adopción de remedios que impusieran la “paz social” en las calles[4]. En virtud de esto, identificaban nuevos peligros sociales, los conjugaban con los existentes y luego los presentaban como una ofensiva total hacia el cuerpo social en su conjunto. Ello a partir de perfilarlo como unido y armónico, haciendo hincapié en el interés cívico común y dirigiéndose a una comunidad política imaginaria. A la vez, esta construcción ejercía gran atractivo y hacía posible cierto consenso al interior del colectivo que conformaban los “hombres de orden”, quienes debían dirimir sus diferencias y unirse para preservar su poderío ante el “enemigo interno” que los asolaba.

Sin necesidad de conformar un conjunto de ideas coherente, sino partiendo de un enfoque fragmentado y ambiguo de la realidad, el pánico moral producía una preocupación general respecto al futuro del orden social, económico y político ante fenómenos que en realidad solo afectaban a una minoría. En consecuencia, y con un pronunciado contenido clasista, se constituía en la herramienta discursiva legitimadora de un proyecto hegemónico que expresaba la cultura del control social. Asimismo, se erigía en una ofensiva ideológica a través de la cual los poderes locales buscaban reforzar y cerrar la esfera pública que controlaban, al tiempo que aplicaban una política social excluyente. Asumiendo que el problema de las clases populares no era su pobreza, sino su inmoralidad, se establecían divisiones binarias maniqueas entre los “elementos sanos” y los “subversivos” dentro de ellas y se concluía que los últimos serían quienes pondrían en peligro el “bien común”.

Como corolario, este estado de temor se instituía en una guía para el accionar represivo, al que necesariamente acompañaba y del que exigía un continuo incremento. Atento a ello, justificaba la presencia y el ejercicio fuerte de la autoridad frente al “desorden”, estableciendo un nuevo y perpetuo sistema de vigilancia sobre la sociedad civil y extendiendo el poder del Estado sobre el tejido de la ciudad, para “limpiarla” y liberarla del “peligro”. Finalmente, se trataba de “un lenguaje del poder que permitía a la burguesía urbana definir las calles como propias, delineando los usos aceptables del espacio público y castigando toda resistencia a la expansión del orden urbano capitalista”[5] (Ealham, 2005, p. 52).

La esfera pública santafesina

A comienzos del siglo XX, en la capital catalana, Ealham (2005) señala que el pánico moral se valía de los medios de la esfera pública burguesa, entre los que se incluía la prensa periódica. De la misma forma, en Santa Fe, durante la última dictadura militar se constituyó en el núcleo central del discurso al que El Litoral recurrió una y otra vez para reducir las diferencias y condensarlas en “la opinión pública”. Previamente, aún en el mismo clima de fuerte censura, pero a instancias de un sistema democrático, se inscribe la circulación del matutino Nuevo Diario. Si bien desde una postura política e ideológica –incluso social y económica– diferente a la de su predecesor, en sus columnas también puede constatarse el estado de pánico moral que dominaba la esfera pública santafesina[6].

Desde 1976, el vespertino fue el único impreso diariamente y con una distribución que superaba a la localidad. A partir de la propuesta de Pisarello (2013), se lo caracteriza como medio de comunicación gráfico hegemónico, por haberse impuesto en dicho ámbito y ejercer un monopolio en el plano informativo y de opinión. Además, sus capacidades económicas, la situación política imperante, su estrecha red de relaciones con las élites santafesinas y su vasta trayectoria lo convertían en un medio confiable. También, en cuanto agente institucional, legitimaba las pautas de dominación imperantes con la cotidiana reproducción de un conjunto de valores tradicionales vigentes en la localidad, sobre los cuales existía un consenso que validaba acríticamente. De allí que expusiera una visión del mundo y una interpretación de la realidad que se imponían sobre otras, y que los demás actores legitimaban[7].

Aunque es inaplicable el concepto de “ciudadanía” a un régimen dictatorial, se observa algún tipo de esfera pública oficialmente reconocida o autorizada. Justamente, la presencia del periódico como actor político caracterizaba la esfera pública burguesa santafesina –a la que se dirigía y concebía como lector– y contribuía a la formación de una opinión pública en torno a un entramado de relaciones institucionales, empresariales, culturales y familiares. Esta situación implicaba un ámbito de intercambios discursivos y de acción limitado, tanto en los actores que podían intervenir, como en los aspectos de la vida social que podían convertirse en objeto de discusión.

Sumado a ello, El Litoral mantenía estrechos vínculos con las agencias gubernamentales, y llegó a constituirse en el vocero e interlocutor más directo y próximo de la dictadura. Esto le concedió una altísima capacidad de incidencia en la agenda de políticas públicas locales, que se percibe en sus juicios respecto de las medidas adoptadas, en las muestras de satisfacción ante las decisiones consideradas acertadas, en sus argumentos acerca de los errores cometidos, en las sugerencias de prioridades y cursos de acción a seguir. En tanto se permitía aleccionar a los funcionarios, también lo hacía con los pobladores, constituyéndose en el vocero sin autorización de una masa no consultada. Así, entre las voces del poder político y del económico-mediático, los habitantes aparecían como una masa indiferenciada por la que se hablaba y a la que se interpretaba[8].

No obstante ello, el vespertino no presentó sin discrepancias unas concepciones congruentes con las de los administradores de facto. Por el contrario, se convirtió en uno de los espacios donde se desarrollaron algunos debates sobre los procesos de reforma urbana, que no fueron en la línea de las pretensiones oficiales. Según Pisarello (2013), puesto que era considerado un medio confiable por distintos agentes que hicieron oír sus propuestas y reclamos y hasta dirimieron disputas en sus páginas. Además, manifestó sus propios conflictos y tensiones con la gestión, al dar lugar a representaciones alternativas de otros actores, contribuyendo a la difusión y fomento de algunos de los tantos reclamos y quejas que las disposiciones suscitaban, hasta en franca empatía con ellos.

Pánico moral y orden social

Puesto que el pánico moral encarnaba una crónica de la evolución urbana conforme a la óptica de las élites, en Santa Fe hacía coincidir una imagen de la ciudad supuestamente anárquica e inmoral, análoga con el caos político, social y económico generalizado. Más aún, contaba con referentes concretos en la gestión comunal de signo justicialista iniciada en 1973 y que sería derrocada el 24 de marzo de 1976. Ello debido a que, aparentemente, desde el año anterior sus acciones sobre el tejido urbano habían ido deteniéndose, luego de haberse caracterizado por acometer el desarrollo de los barrios más desfavorecidos. Al decir de Oszlak (2017), por propender a la ampliación de los derechos de los sectores populares a la ocupación del espacio urbano.

Como puede leerse preferentemente en Nuevo Diario, esto se evidenció en las numerosas visitas, reuniones con representantes y destino de fondos para obras de servicios públicos en esas zonas, tanto desde el gobierno municipal como el provincial. Asimismo, en las incontables transferencias de tierras públicas y la concesión de exenciones de pago a sindicatos, asociaciones vecinales y otras instituciones de la sociedad civil para la construcción de viviendas y otros servicios aledaños, a tono con el clima de época. No obstante, muchas de las acciones propuestas en aquellos años –tanto por el Estado como por las entidades intermedias– no llegaron a hacerse efectivas.

En este sentido se pronunciaba El Litoral, por ejemplo, a propósito de la paralización de las obras de una gran avenida de acceso que desemboca en el microcentro: “Aun conociendo el cúmulo de dificultades que retardan ese momento, se debe insistir, por todos los medios, en lograr una definición favorable”, ya que “languidece postergada por el olvido, la indiferencia y las penurias económicas”[9]. Esto demuestra lo que para el periodismo santafesino sucedía con la localidad en su conjunto, al graficar la parálisis, desidia o desarrollo lento de todos los ámbitos de actividad oficial. Los lugares comunes al informar sobre la ciudad eran la suciedad, el desorden, la falta de funcionarios eficaces y, como corolario, la carencia de una administración eficiente. Siguiendo a Franco (2012), esta representación iba en consonancia con aquella que hacían los diarios nacionales de lo que ocurría fuera de la ciudad (y se veía reforzada por ella).

Así, la política de orden que venía perfilándose con la instigación de un estado de temor en la esfera pública por las autoridades y los medios de comunicación triunfó con la intendencia autoritaria. Esta, desde los comienzos de su mandato, enfatizó lo improvisado, mediocre y descuidado de su predecesora: “El pueblo de Santa Fe soportaba una virtual ausencia de gobierno municipal; vacío que, como es lógico, era llenado por la acción inorgánica de los factores de poder anárquicos y descontrolados, que se mueven en toda sociedad moderna”[10]. Y el secretario de Gobierno agregaba: “Lo anterior a mí [sic] gestión es historia que será juzgada por los conciudadanos y por Dios”[11].

Esta imagen de la etapa previa como reino del caos o subversión del orden establecido no tenía un lugar institucional ni social delimitado, sino que se hallaba extendido a todos los ámbitos de la vida y era entendido como “peligro” en un sentido amplio. Ello a partir de “la palabra que guio el accionar del régimen, mediante la cual el poder militar se construyó a sí mismo, a la sociedad sobre la que ‘operaba’ y a su enemigo” (Canelo, 2001 p. 104)[12]. Como afirma Vezzetti (2002), la intervención autoritaria sirvió para atribuirles un origen concreto, evidente y palpable a la inestabilidad y al desgobierno que se experimentaban.

Fueron esos sentimientos de desorden e incertidumbre, percibidos como la ruptura de toda rutina colectiva como sociedad, los que hicieron que la prensa pudiera presentar el país del 25 de marzo de 1976 como la vuelta al reino de la normalidad (Franco, 2012, p. 280).

Dadas estas circunstancias, el estado de pánico moral –al preocupar a las élites en relación con el sistema social, político y económico venidero– vehiculizó la generación de consenso por contraste. Esto es, le confirió el apoyo espontáneo e incondicional del cuerpo social que la dictadura necesitaba para legitimarse y presentarse como contrafigura de su antecesor. Conforme a esto, consagró como su principal blanco a este gobierno populista y, especialmente, a su particular forma de constituir a los actores sociales y políticos ligados a él. De manera específica, se dirigió a

la doble relación asimétrica y ‘patológica’ por la cual, por una parte, el Estado intervenía abiertamente en la sociedad vía políticas económicas, asistenciales, de bienestar social, etc. y por otra, la sociedad civil gravitaba sobre el Estado obstaculizando su gestión y desafiando su autoridad (Canelo, 2001, pp. 109-110).

De esta forma, el gobierno de facto justificó su propia existencia y constituyó el concepto sobre el que se basaba el pánico moral, ya que esa construcción encarnaba la idea de una amenaza interna a la supuesta unidad armónica de la sociedad. Amenaza que provenía de un agente patógeno, un enemigo que, si no era controlado, erradicado o aniquilado, “infectaría” la ciudad. Como en Barcelona en torno a 1930, formaba “parte de un proyecto para aislar y reprimir a los ‘violentos’, peligro mortal para la reforma futura, e integrar políticamente a los ‘buenos’, […] dispuestos a aceptar un cambio gradual ‘desde arriba’” (Ealham, 2005, p. 240).

La reforma moral autoritaria

Ante la inminencia del derrumbe total, los poderes económico-sociales dominantes a nivel local hacían su petición de orden, depositando en la dictadura las esperanzas de una sociedad/ciudad regulada y autorregulada. Ambos se proponían hacer posible el tránsito de un opuesto al otro: del desorden a la posibilidad de un orden mediante una reforma moral, como una tríada caos-reforma-orden. Este era entendido como el retorno mancomunado del gobierno y la sociedad a un supuesto tiempo en el cual dicho peligro no habría existido. Y la reforma, en cuanto correlato del estado de pánico, trataba de conjurar la amenaza definida con el despliegue de una serie de dispositivos que incluían el control del ordenamiento social, territorial y de las conductas.

Desde las columnas de El Litoral, se invocaba reiteradamente un tiempo en el cual la capital provincial habría sido reconocida como una ciudad limpia, ordenada, tranquila, de buenas costumbres y con “prestigio vegetal” que concitaba el elogio de los visitantes. De ahí se deduce que la reforma moral del cuerpo social consistía en el regreso a una tradición patricia muy al gusto de las familias que enlazaban su linaje con el de los antiguos pobladores, en torno a “la ciudad: la aristocrática del Sur, con su tradición de iglesias y conventos y la nueva y pujante de ‘sangre gringa’ que abría comercios y realizaba los más variados oficios”. Épocas en las cuales “la vida de ese mundillo compuesto por gente de espíritu fidelísimo acompañó a enseñar los senderos de la moral y muchas veces sirvió como guía de las inteligencias sin rumbo”[13].

Dado que la prensa y la dictadura colaboraban en la instalación del estado de pánico moral en la esfera pública, la voz de la primera era, de cierto modo, expresión de la segunda. En esta línea, las autoridades inmortalizaban un aparentemente glorioso siglo XIX de fraternidad y libertad que había constituido “un estado con caracteres sólidos, con pujanza, con deseos de empresa y anhelos de prosperidad”. De este modo, exhortaban a conformar el sistema social deseado y especificaban los elementos que lo producirían:

Hoy, más que nunca, debemos proponernos afirmar esa realidad, con fines útiles, desechando lo vicioso, lo que perturba y nada edifica. […] debemos estrechar filas y frente al caos, la violencia destructora y el desorden, ponernos en la tarea de continuar la gran empresa nacional iniciada entonces[14].

Frases que se explican porque al gobierno autoritario “no le bastaba intervenir sobre el Estado y las instituciones sino que la Nación misma debía ser objeto de una profunda reconstrucción, una regeneración, podría decirse, social y política” (Vezzetti, 2002, p. 55). Ello a partir de la limitación de las diferencias y opiniones, de la negación de los conflictos, de la disciplina duradera de la vida cotidiana. Esto implicaba la definición de un conjunto de formas de proceder a internalizarse en cada conciencia, pretendiendo que se hicieran espontáneas en las costumbres y conductas. Acciones que funcionaban como estrategias “destinadas a la organización del consenso, esto es, a producir y extender comportamientos de adhesión en relación con el poder” (Lvovich citando a Guaitini y Seppelli, 2006, p. 42).

En palabras de Alonso (2007), en el estado de cosas ansiado, las adhesiones de los nuevos sujetos a construir marcharían junto a las resistencias vencidas, las disidencias desalentadas, el cambio social detenido y los actores dominados, desmovilizados, despolitizados y desestructurados. En esta cruzada, los jóvenes constituían un colectivo de especial significación, esgrimiéndolos en depositarios del porvenir y con la responsabilidad de llevar a buen término los objetivos que se había propuesto el régimen. Poniendo como modelo “al hijo guerrero de la patria”, el primer mandatario santafesino hacía manifiesto el deseo: “[…] que nuestra juventud al contemplar tu nombre, encuentre las raíces más profundas de nuestra nacionalidad y las bases más firmes del futuro nacional”[15].

La particular forma que en la ciudad capital revistió la condena a la situación previa para destruir las bases del desorden y restaurar el orden fue la contribución local a la superación del caos general. Aunque no exclusivamente, esto fue posible por el establecimiento de un discurso que, ante la emergencia de elementos conflictivos, retornó constantemente al imaginario de un pasado idílico. Así, en cuanto meta que había sido incumplida o negada por la gestión anterior, este constituyó el objetivo “positivo” de la dictadura ante la situación “negativa” planteada y se explica en un marco más general, en el que se pretendía generar consenso entre la población. Evidentemente, este recurso comparativo justificaría y daría más brillo a la nueva línea de acción propuesta.

Reforma moral y orden urbano

Dada la pronunciada dimensión espacial del pánico moral, “este discurso también dejaba traslucir una ‘geografía moral’ al producir una cartografía de la ciudad con partes ‘buenas’ y ‘malas’” (Ealham, 2005, p. 46). Como corolario, en el caso bajo estudio, los sectores dominantes locales contribuyeron a inspirar, justificar y diseñar los procesos de intervención urbana que permitirían “lograr el ‘Santa Fe de hoy, para el Santa Fe del mañana’”[16]. Y las agencias estatal-represivas, que compartían representaciones e intereses comunes, intentaron producir la imagen de ciudad deseable, una suerte de metamorfosis urbana.

Esto fue posible a raíz de una serie de reformas que no suponían grandes innovaciones o nuevos emprendimientos, ni alteraban sustancialmente el ordenamiento urbano. Alegando la falta de presupuesto, que solo permitía emprender obras pequeñas y a corto plazo, estas fueron encaradas a organizar entusiastamente “una ciudad populosa y moderna como la nuestra”. Atento a esto, el gobierno comunal –exclusivamente a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, por encontrarse clausurado el Concejo Deliberante– emitió casi diariamente un sinfín de ordenanzas y decretos sin demasiada perspectiva o proyección futura, sino más bien ante el apremio de las circunstancias[17]. A la vez, revisaba minuciosamente la normativa existente, dado su manifiesto demérito hacia el régimen constitucional derrocado[18].

Además, se pretendía regular la expansión urbana y constituir una imagen de orden asociada a la reglamentación, planificación, limpieza e intervención razonable. Para ello, se retomaron las líneas trazadas por la Dirección de Planeamiento Urbano municipal, durante el anterior período dictatorial. Esta estaba abocada a confeccionar un plan urbano, como parte de un proceso ralentizado durante la intendencia justicialista, hasta que, finalmente, fue promulgado en 1980 como Plan Director de Santa Fe. Así concluiría el primer conjunto normativo en materia urbanística de la ciudad[19].

Puesto que sus diagnósticos consideraban a la localidad limitada en los aspectos más importantes a “una zona residencial central, ‘entre bulevares’, que se desarrolla en torno al centro comercial”, los mayores recursos y esfuerzos se desplegaron en ella. Esto debido a que allí se ubicaban “las principales locaciones comerciales, financieras, administrativas y de esparcimiento”, de manera que conformaba un área de alta densidad de edificación dotada de la totalidad de los servicios públicos y coincidente a la vez con el casco histórico de la ciudad[20]. Consecuentemente, se eliminó de ese sector todo lo que se consideraba rastro vetusto del pasado, lo que tenía el color de las clases populares, lo que se veía sucio y desordenado, lo que entorpecía el progreso de la ciudad. Ello gracias al establecimiento de pautas “que aseguren la preservación de la estética edilicia de la Ciudad”, así como las “condiciones higiénicas sanitarias mínimas a los fines de preservar la salud y bienestar de la población”[21].

En este sentido, dos ordenanzas aprobadas en 1977 resultan iluminadoras acerca de la reforma moral emprendida en connivencia con las élites santafesinas. La primera, “por razones de estética y reordenamiento urbano”, otorgaba a los frentistas quince días para eliminar toda leyenda de carácter sedicioso, partidario o de cualquier naturaleza que existiera en sus muros particulares, so pena de multas. Entre otros motivos, esgrimía “que el país en forma unánime ha manifestado el rechazo total a la demencial delincuencia subversiva, y además, las normas vigentes han declarado la suspensión de las actividades políticas”[22]. Sin embargo, en el vespertino se registran alusiones a la medida mucho antes de su sanción, como en esta sugerente fotografía, cuyo epígrafe se transcribe a continuación.

El Litoral (26 de abril de 1976). “Esfuerzo malogrado” , p. 5.

Muchos han cumplimentado la disposición de limpieza de los frentes. En este caso, su propietario, al día siguiente de haberlo hecho, comprobó la destrucción que manos anónimas –como siempre– hicieron de su esfuerzo. Es el caso de reiterar la necesidad de que todos colaboren en tal sentido, absteniéndose de deteriorar la “cara” de la ciudad, y que quienes sean testigos de un acto similar, lo denuncien a las autoridades policiales más próximas. Lamentablemente, no hay otra forma de poner coto a estos abusos.

La siguiente ordenanza tuvo más trascendencia y repercusiones tanto para los santafesinos como en la reglamentación respectiva, en parte porque daba continuidad y proponía una serie de soluciones a la preocupación por la formación de basurales que había llenado las planas de los periódicos locales y la agenda de los gobernantes justicialistas. A tono con ellos, Nuevo Diario se pronunciaba: “La falta de material rodante y elementos para la recolección de residuos y/o materiales de la vía pública, no ha creado ningún derecho para que por propia voluntad los inadaptados depositen basura aprovechando baldíos sin cercar”. Acto seguido, se dirigía a los habitantes en estos términos:

Sabido es que la municipalidad de Santa Fe viene desarrollando una intensa acción para suprimir los basurales ubicados en el radio urbano. Pero, lamentablemente, no encuentra el apoyo de todos como debiera concretarse dada la gran trascendencia de la iniciativa comunal[23].

Nuevo Diario (28 de septiembre de 1975). “Procedimientos en torno a eliminación de basurales”, p. 4.

Unos meses después, El Litoral disentía al señalar “que lo que se ha hecho hasta el presente no ha pasado de ser un mero paliativo”, aunque luego reconocía “el importante servicio que prestan a la población los carritos particulares que recogen los residuos domiciliarios diariamente”. Y terminaba reclamando: “La utilización de carros debería ser algo perimido […]. Convendría que se dispusieran normas precisas al respecto, ya que es preferible prevenir que curar”[24]. De acuerdo con su tradicional discurso higienista y preceptivo, a lo largo del período analizado se observa el apoyo del diario a la eliminación de todo lo que impugnaba la Santa Fe deseada, en especial en el radio céntrico. Por su parte, a fin de dar respuesta a estas inquietudes y atenuar los “déficits” de su predecesor, el gobierno autoritario se ocupó tempranamente del asunto[25].

En estos últimos días ha cobrado amplia difusión el problema que significa para la ciudad la presencia de los recolectores particulares de residuos, comúnmente denominados “cirujas”, a la luz de una medida de la Municipalidad prohibiendo su actuación en la zona comprendida por los bulevares. Una disposición que ha originado reacción en los afectados, puesto que ellos viven de una actividad muy modesta, pero que debe supeditarse al interés general de la ciudad, por razones higiénicas y sociales.
Es indudable que la situación de referencia no podía ser mantenida indefinidamente, por resultar negativa para el buen aspecto de un centro urbano de la importancia de Santa Fe.
[…] Una solución aceptable sería la privatización del servicio de recolección de basuras, para su aprovechamiento industrial, como se hace en otras partes, absorbiendo para las tareas del caso, precisamente, a las personas que ahora realizan tareas de “cirujeo”. Se ordenaría el trabajo, se aseguraría una fuente de ingresos a muchas personas, se evitaría la actual dispersión de basuras, que origina focos de contaminación en muchos lugares[26].

A su turno, el intendente había afirmado que “estas personas –mayores y niños– deben ser encauzadas en tareas edificantes en lo moral, físico y educativo y existen posibilidades de compatibilizar esa actividad mediante un ordenamiento que apunte a una solución de tipo socioeconómico, tendiente a su recuperación”[27]. Empero, unos pocos días antes de estas declaraciones, se reconoce al menos un operativo destinado a interrumpir dichas acciones. En esa ocasión, los inspectores de tránsito, con apoyo de los “agentes del orden”, habían retirado los “carritos” de circulación y detenido a sus conductores[28]. De la misma manera que en Barcelona a comienzos del siglo XX, “la policía era responsable de la disciplina urbana y del cese de los numerosos conflictos callejeros” (Ealham, 2005, p. 53).

No obstante, las modificatorias anuales que se hicieron a la ordenanza original para aumentar los gravámenes y los argumentos esgrimidos para justificarlas dan cuenta de lo difícil que resultaba controlar esta actividad: “Dicho incremento se justifica, dado que es necesario desalentar la violación de la norma referida, atento a los graves inconvenientes y peligros potenciales que genera”[29]. Sin embargo, también se hace evidente cierta efectividad de la medida, en las quejas de los vecinos de la zona de la costa que registraba el medio gráfico. A raíz de la vigilancia en el centro urbano, hacia allí se habían trasladado el “cirujeo”, los basurales y las viviendas precarias de los recolectores informales[30].

Por otra parte, se regularon otros aspectos en torno a la misma problemática, como la privatización del servicio de barrido y recolección de residuos en todas las calles pavimentadas del radio urbano, tal cual lo había solicitado El Litoral, pero con una serie de marchas y contramarchas[31]. Asimismo, se dictaminó la disposición domiciliaria de la basura en bolsas de polietileno o similar “para impedir la dispersión y permeabilidad de su contenido; quedando en consecuencia expresamente prohibido en esas arterias, el uso de cajones, latas, tachos u otros envases”[32]. Anteriormente, se había dispuesto “la aplicación de multas a propietarios de terrenos baldíos, por no mantenerlos en permanente estado de limpieza, saneamiento y preservación”[33].

Por último, el tema del “cirujeo” volvería a las páginas del periódico en 1982, celebrando el nuevo impulso otorgado a la prohibición, dado que en algún momento la práctica había sido rehabilitada. Además, apuntaba a la responsabilidad de los vecinos en el cumplimiento de los horarios pautados por la firma prestataria del servicio para retirar los residuos y hasta fantaseaba con “establecer un horario para la recolección no oficial”. Concluía dirigiéndose a los funcionarios: “Habrá que encarar una intensa tarea de control lo que, sin embargo, será menester realizar decididamente para lograr, sin desmedro para nadie, la erradicación de este lamentable deambular de desperdicios que ahora debe soportarse durante toda la jornada”[34]. Estas palabras y los cursos de acción adoptados en función de ellas hacían evidentes y concretos, una vez más, el pánico y la reforma moral.

Consideraciones finales

“Éste es el marco genérico en que debemos pensar: una voluntad explícita de ciudad ordenada, limpia, blanca, para mostrar; una relación perversa, pero bien calibrada, con la sensibilidad popular”. En este contexto se pone de manifiesto “la imagen de ciudad soñada por los hombres del poder, que en este caso coincide, lamentablemente, con la imagen del hombre medio argentino” (Silvestri, 2000, pp. 40 y 42).

En Santa Fe, esto tuvo lugar dentro del estado de pánico moral o construcción caótica de la sociedad y de la localidad que había sido instalado en la esfera pública por las autoridades y los medios de comunicación. Mientras que el desorden social era conjurado con el retorno al imaginario de un pasado idílico, el caos urbano fue enfrentado con la reforma moral de la ciudad. Ello en función de una serie de intervenciones que no provocaron innovaciones sustanciales en la organización espacial de la localidad, sino que procuraron más bien disciplinar su desarrollo y fundar una imagen de orden, especialmente en el casco céntrico.

Por otra parte, las agencias comunicacionales, sociales, políticas y empresariales dominantes en la zona santafesina acompañaban los procesos de reforma urbana. Esto en virtud de que tenían ideas y objetivos en común con quienes detentaban el poder y se veían favorecidas por el curso que seguían los acontecimientos, lo cual daba forma a un particular orden urbano. Este último era reproducido en el significado de los discursos, como ideología. De esta manera, discursos y prácticas se hallaban orientados a dar continuidad a la dominación autoritaria.

Bibliografía

Águila, G. (2008). Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura. Buenos Aires: Prometeo.

Alonso, L. (2007). “Modo de dominación y regímenes de violencia en las dictaduras iberoamericanas. Un esbozo de comparación”. el@tina. Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos, 5(20), 33-58.

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  1. En líneas generales, aquí se recogen los argumentos centrales de la tesina de grado de quien escribe (Citroni, 2013). Una primera versión fue presentada en el V Congreso Regional de Historia e Historiografía, organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe, los días 23 y 24 de mayo de 2013. Posteriormente, el acercamiento a nuevas fuentes de información primaria posibilitó la ampliación que aquí se presenta.
  2. El período coincide con el desempeño de un militar, coronel (RE) Miguel A. Coquet, al frente del Departamento Ejecutivo Municipal, lo mismo que en las principales ciudades de esta y otras provincias. Este será relevado luego de la crisis de legitimidad del régimen y lo sucederán dos dirigentes pertenecientes a uno de los partidos políticos leales y afines a la dictadura, quienes completarán el mandato hasta la transición democrática (Águila, 2008).
  3. En aquellos años, era considerada un centro comercial, financiero, cultural y portuario de la región. En 1980, la ciudad –exceptuando la zona de la costa, que formaba parte de la jurisdicción municipal– contaba con 287 680 habitantes, según los análisis realizados para la elaboración del Plan Director de Santa Fe, Ordenanza n.° 7871, Santa Fe, Argentina, 14 de agosto de 1980, p. 15. A este documento se accedió por gentileza de la Dra. Lucía Espinoza (FADU-UNL), codirectora de la tesina.
  4. El autor recupera la obra clásica de Stanley Cohen, que explica los momentos en los cuales un grupo, condición o situación social, o un conjunto de acontecimientos, son considerados una amenaza para los valores e intereses de determinada sociedad. Como resultado, los grupos conservadores o de derecha instigan un estado de temor en la opinión pública, ante el comportamiento de los sectores desposeídos o marginales. Sin embargo, Ealham (2005) acota el concepto para referirse a las implicancias sociales emergentes de los proyectos de reforma urbana emprendidos por las élites en función de la “peligrosidad” que a su juicio revestían las clases populares en la Barcelona de principios del siglo XX, aunque con proyecciones hasta la actualidad. Asimismo, y a diferencia de Cohen, lo aplica no sólo a las representaciones de la burguesía propietaria catalana, sino también a los anarquistas y las organizaciones proletarias, quienes fomentaron un estado de pánico moral de diferente naturaleza contra sus rivales conservadores. Con las debidas prevenciones, resulta altamente provechoso aplicar este análisis a los discursos y las acciones de las clases rectoras durante el período y el espacio que son objeto de estudio.
  5. Todos los términos entrecomillados son del autor.
  6. Comenzó a editarse a fines de 1968, recogiendo en su seno a periodistas de El Litoral que habían sido despedidos a raíz de un largo conflicto gremial ocurrido entonces, con el financiamiento de un empresario de medios locales que no tenía injerencia en el tradicional diario local. Aparentemente, habría sido cerrado en torno al golpe de Estado de 1976, en el marco de problemas financieros y políticos, pero en la Hemeroteca del Archivo General de la Provincia de Santa Fe solo se conservan ejemplares hasta octubre del año anterior. Parte de esta historia fue reconstruida por Cintia Mignone, en su propio sitio: bit.ly/3ixsRZs.
  7. Originalmente, la autora introdujo esta noción para el período 1983-1987, de la “ilusión democrática”, pero esta resulta provechosa para caracterizar la actuación del diario durante el gobierno autoritario anterior.
  8. Similares observaciones hacen Águila (2008) y Luciani (2014) respecto del matutino La Capital de Rosario, con las cuales dialoga la actual propuesta comparativa entre ambas localidades (Citroni, 2018).
  9. El Litoral (10 de febrero de 1976). “Se alejan las perspectivas de una pronta realización de las obras en avenida Alem”, p. 3.
  10. “Mensaje del intendente municipal al pueblo de la ciudad de Santa Fe”, Boletín Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, I(2), 21 de julio de 1976, p. 10. Salvo algunas excepciones, todas las normas que se mencionan en el capítulo fueron relevadas en las distintas consultas realizadas en el Departamento de Legislación y en el Museo de la Ciudad, ambos dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe [MCSF], a fin de reconstruir lo más completamente posible la legislación del período.
  11. El Litoral (4 de septiembre de 1977). “Hizo anuncios el secretario de Gobierno de la Municipalidad”, p. 4. Se trató de una conferencia de prensa ofrecida por el funcionario, cuyo objetivo era: “informar sobre lo que habían hecho, lo que se ha programado hacer y lo mucho que falta por realizar”.
  12. A menos que se indique otro uso, todas las citas de autoridad que incluyen comillas o algún resaltado en su interior lo hacen respetando el texto original.
  13. El Litoral (8 de enero de 1977). “Árboles con historia”, p. 3. Segunda entrega de la selección realizada por el diario de la homónima publicación. Con textos de Juan Justino Micheletti, se trataba de un material recientemente editado por la Dirección General de Bosques, Tierras y Colonización provincial.
  14. El Litoral (24 de octubre de 1976). “Fue inaugurada oficialmente la ‘Plazoleta de los Inmigrantes’”, p. 3. Las citas provienen del discurso pronunciado por el intendente durante el acto.
  15. El Litoral (10 de diciembre de 1980). “Una nueva plaza pública con el nombre de Soldado Argentino fue inaugurada”, p. 5. Franco sostiene que la juventud ya era especialmente señalada por el peronismo de 1973-1976 “como grupo débil y manipulable por los agentes de la ‘subversión’” (Franco, 2012, p. 54), así como por la prensa nacional más conservadora. Todos los desarrollos expuestos hasta aquí respecto del ciclo autoritario son también detectados por la autora en su análisis del trienio constitucional, incluso algunos encuentran antecedentes. Esto habilita el establecimiento futuro de comparaciones entre ambos períodos de la historia argentina, pero en el ámbito localizado que es objeto de estudio.
  16. El Litoral (20 de octubre de 1978). “Nueva reunión del intendente con fuerzas vivas y entidades locales”, p. 4.
  17. Las citas provienen del “Mensaje del intendente municipal al pueblo de la ciudad de Santa Fe”, Boletín Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, I(2), 21 de julio de 1976, p. 11 [MCSF]. Editado ininterrumpidamente con una frecuencia quincenal a lo largo del arco temporal analizado, esta publicación se transformaría en el órgano de difusión por excelencia del accionar comunal. Fue creada por Ordenanza n.° 7160, Santa Fe, Argentina, 23 de junio de 1976 y normalizada por la n.° 7887, Boletín Municipal, Santa Fe, Argentina, 3 de septiembre de 1980. Esta integra, además, la última edición impresa del Digesto Municipal, Santa Fe, Argentina, 2008, p. 415. A este fue posible acceder a través de la página web del municipio, si bien esta información ya no se encuentra disponible para la consulta pública.
  18. Por ejemplo, durante los primeros años de gestión, fue frecuente la cancelación de las donaciones de terrenos efectuadas entonces a asociaciones vecinales, sindicatos y otras entidades, aduciendo el incumplimiento de los plazos pautados para su utilización y otras irregularidades de carácter legal.
  19. Puesto que ninguna de las revisiones elaboradas desde aquel tiempo a esta parte prosperó lo suficiente, este rige aún hoy el proceso de urbanización santafesino, aunque obsoleto, con numerosos incumplimientos y excepciones.
  20. Plan Director de Santa Fe, Ordenanza n.° 7871, Santa Fe, Argentina, 14 de agosto de 1980, pp. 35 y 25. En rigor, solo una de las calles que la delimitan constituye un boulevard. Se trata de aquel trazado a fines del siglo xix para promover el desarrollo de lo que hasta ese momento era el límite norte de la ciudad, recorriéndola prácticamente por completo de este a oeste.
  21. Considerandos de las Ordenanzas n.° 7618, Boletín Municipal, Santa Fe, Argentina, 20 de marzo de 1979 y n.° 7726, 23 de octubre de 1979 [MCSF].
  22. Considerandos de la Ordenanza n.º 7329, Boletín Municipal de la Ciudad de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 29 de abril de 1977 [MCSF]. Según Luciani (2014), se trató de una convocatoria provincial que también fue acatada en Rosario y firmemente acompañada por la prensa local.
  23. Nuevo Diario (28 de septiembre de 1975). “Procedimientos en torno a eliminación de basurales”, p. 4. Nuevo Diario (10 de octubre de 1975). “Suprimir basurales con la ayuda de todos”, p. 6.
  24. El Litoral (26 de diciembre de 1975). “No puede transcurrir 1976 sin que se dé solución al problema de la basura”, p. 4. El Litoral (4 de enero de 1976). “Carros ‘cirujas’ y el problema de la falta de luces”, p. 5. El Litoral (8 de febrero de 1976). “Perimidas formas de transporte atentan contra el tránsito en la ruta costera”, p. 4. En las editoriales de La Capital en dictadura, Luciani (2014) encuentra los mismos reclamos, si bien no consigna políticas municipales al respecto.
  25. El Litoral (22 de julio de 1976). “Se prohibirá el “cirujeo” entre bulevares”, p. 5.
  26. El Litoral (20 de septiembre de 1976). “Se impone dar solución justa al problema de la recolección de residuos”, p. 4. La norma que menciona esta nota y la anterior sería publicada recién un año después, junto con el ordenamiento de los animales sueltos o abandonados –a excepción de los canes– en todas las calles del ejido municipal. Ordenanza n.° 7376, Boletín Municipal de la Ciudad de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 29 de agosto de 1977 [MCSF]. Sorprende que, aún con leves modificaciones, continuara en vigor en el último Digesto Municipal, Santa Fe, Argentina, 2008, pp. 895-897.
  27. El Litoral (10 de septiembre de 1976). “Temas de candente actualidad en diálogo con el intendente”, p. 3. En los albores del siglo XXI, esta intendencia y esa prevención en particular fueron gratamente recordadas como ejemplo por una lectora como parte de la recolección de propuestas al municipio habilitada por el vespertino. El Litoral (2 de noviembre de 2000). “Buzón de sugerencias”. Recuperado de bit.ly/3mkfo9H.
  28. El Litoral (30 de agosto de 1976). “A personas que se dedican al cirujeo detienen”, p. 3. En este punto cabe destacar el “diálogo” entablado con la gestión del empresario local e intendente de facto José B. Ureta Cortés (1966-1969), al revisar y actualizar muchas de estas políticas, impulsadas entonces. Decreto n.° 12340, Santa Fe, Argentina, 10 de marzo de 1967 [MCSF].
  29. Considerandos de la Ordenanza n.° 7829, Boletín Municipal, Santa Fe, Argentina, 13 de mayo de 1980 [MCSF]. Así se modificaba nuevamente el artículo 1.° de la precitada Ordenanza n.° 7376, Boletín Municipal de la Ciudad de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 29 de agosto de 1977 [MCSF].
  30. El Litoral (30 de octubre de 1978). “Desplazamiento del ‘cirujeo’ hacia zonas de Colastiné–La Guardia”, p. 4.
  31. Por Ordenanza 7560/78, se llamó a una licitación que quedó desierta por Decreto 1779/79 por varios incumplimientos de todos los oferentes. Luego, el Decreto 1984/79 la concedió por término de cinco años a una de las empresas presentadas, aduciendo ser la única en condiciones materiales y de personal para emprender la tarea. De aquí se desprende que no se emplearía a los “cirujas”, como se había anunciado y como pregonaba el diario. Si bien faltan los datos precisos de estas normas, todas ellas fueron publicadas en el Boletín Municipal, Santa Fe, Argentina [MCSF].
  32. Considerandos de la Ordenanza n.° 7808, Boletín Municipal, Santa Fe, Argentina, 11 de marzo de 1980 [MCSF]. Se encontraba vigente en la última edición del Digesto Municipal, Santa Fe, Argentina, 2008, p. 683.
  33. Considerandos del Decreto n.° 2254, Boletín Municipal, Santa Fe, Argentina, 22 de diciembre de 1979 [MCSF]. Este, a su vez, introducía modificaciones a la temprana Ordenanza n.° 7226, Boletín Municipal de la Ciudad de Santa Fe, Santa Fe, Argentina, 22 de septiembre de 1976 [MCSF].
  34. El Litoral (30 de octubre de 1982). “Sin desmedros para nadie, se debe ordenar la recolección de residuos”, p. 8. En la nueva etapa de la investigación en curso, se hacen evidentes unas decisiones similares para el caso rosarino durante este mismo año.


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