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11 Los movimientos sociales y el debate sobre el Estado y la democracia en América Latina

José Seoane


Quiero agradecer especialmente las sugerencias y comentarios de Clara Algranati y Emilio Taddei, con quienes comparto desde hace años el compromiso y reflexión sobre las temáticas abordadas en el presente artículo. En relación a ello, como se suele decir, la responsabilidad por las afirmaciones hechas en esta contribución corren por absoluta cuenta del autor. 


Los nuevos escenarios en América Latina

 América Latina tuvo el triste privilegio de convertirse en el primer territorio de experimentación para la implantación del modelo neoliberal en la década de los ‘70, bajo el signo trágico de las dictaduras militares del Cono Sur. Sin embargo, tres décadas después, en el inicio del siglo XXI, nuestra región se ha transformado en una de las usinas más importantes del debate y promoción de alternativas al neoliberalismo a nivel internacional.

Estos cambios, en el terreno sociopolítico y económico, son una de las consecuencias más visibles del prolongado ciclo de conflictos y resistencias sociales que tuvo lugar en estos países en los últimos veinte años y que fuera protagonizado por movimientos sociales, con características distintivas respecto de aquellos que ocuparon la escena de la contestación social en el pasado. En su confrontación con el patrón neoliberal de reorganización de la sociedad, estos movimientos postularon programáticas y horizontes emancipatorios sobre las transformaciones a impulsar en el Estado, la economía y la sociedad en un camino de transición post-neoliberal. Por otra parte, este ciclo de conflictos, así como la consolidación de dichos movimientos en el marco de la crisis económica que se desplegó en Latinoamérica desde 1998, se tradujo en una creciente crisis de legitimidad del modelo neoliberal que hubo de adoptar diferentes intensidades y formas según los países. Alrededor de las disputas sobre las respuestas y caminos a transitar frente a dicha crisis se configuraron los escenarios políticos y sociales de los últimos años en América Latina.

En este sentido, si la aplicación de las recetas neoliberales supuso una transformación del Estado y su relación con el mercado y las clases con gravosas consecuencias en el plano democrático y social, los procesos vividos recientemente en la región también implicaron un rediseño de dicha relación en el marco de tendencias contrapuestas. En relación con ello, este artículo aspira a presentar una aproximación a la configuración que presentó el Estado y la cuestión democrática en las sociedades latinoamericanas; en primer lugar, bajo el neoliberalismo; en segundo lugar, en la práctica y programática de los movimientos sociales; y, en tercer término, en los procesos sociopolíticos actuales; planteando este recorrido en el marco de la crónica sobre lo acontecido en nuestra región en las últimas décadas. Aquí se abordan estas cuestiones desde las perspectivas y también los desafíos que se le plantean al pensamiento crítico latinoamericano presentando a lo largo del texto una serie de referencias laterales sobre los debates que se suscitaron al interior de dicho campo de reflexión. Ciertamente, y dado que un tratamiento profundo de estas problemáticas excede la extensión con que se cuenta en esta oportunidad, la siguiente exposición debe considerarse como un señalamiento de los trazos más destacados que parecen distinguir las cuestiones abordadas.

Neoliberalismo, Estado y democracia en los ‘90

Dos pequeños textos suscriptos entre 1988 y 1989 habrán de convertirse en el símbolo de la expansión del modelo neoliberal a lo largo de la década de los ‘90. Por una parte, el anuncio del fin de la historia[1], proclamado por Francis Fukuyama (1989), pretendía exorcizar la capacidad transformadora de la acción colectiva presagiando que el derrumbre de los llamados “socialismos reales” abriría paso al horizonte inmutable de la hegemonía neoliberal y la democracia liberal. Por otra parte, la formulación del “Consenso de Washington”[2] elaborada por John Williamson (1990), ofrecía una síntesis de las diez recomendaciones centrales que los poderes internacionales promovían para América Latina en la prosecución de la agenda de transformaciones neoliberales en el continente.

Bajo estas referencias y tras la caída del muro de Berlín, la década de los ‘90 abrirá paso a una renovada mundialización capitalista que, bajo el acápite de “globalización”, marcará la expansión y profundización del rumbo neoliberal a nivel mundial y también en América Latina. Vale interrogarse, entonces, sobre cuál es el balance que puede hacerse sobre las consecuencias que deparó esa década de plena hegemonía neoliberal en la región. En términos sociales el panorama sólo puede considerarse bajo los signos de la catástrofe. La implementación de las políticas neoliberales agudizó a extremos no vistos en el pasado reciente la polarización económico-social, proceso que tuvo su expresión en el incremento sustantivo del desempleo y el subempleo que, según los datos de la CEPAL para el año 2002, alcanzaron el más alto nivel de toda la historia económica regional. En similar dirección apunta el hecho de que la distribución del ingreso se convirtiera en la más regresiva del mundo, una realidad particularmente grave si se toman en cuenta los rasgos que presentaba la región en la década de los ‘70. El signo de las transformaciones resulta aún más claro si se considera que este deterioro de las condiciones de vida de las mayorías sociales se verificó, incluso, durante los períodos de aparente bonanza económica que tuvieron lugar en esa década.

Ciertamente, la aplicación de las contrarreformas neoliberales también supuso una profunda transformación del Estado y de su relación con el mercado y las clases sociales. La privatización de las empresas públicas, el desmantelamiento del Estado-benefactor, la liberalización de los mercados de bienes y capital, entre otras políticas, implicaron un programa de transformaciones que tanto disminuían la capacidad de regulación e intervención estatal en ciertos mercados, incrementando la influencia directa de los poderes económicos, como desarmaban las cristalizaciones institucionales de conquistas obtenidas por las clases subalternas en el pasado. No se trataba, como lo refiere Karl Polanyi (1997) en relación al surgimiento del capitalismo, de un Estado débil, sino, por el contrario, de una fortaleza estatal particular, capaz de afrontar y resolver con éxito cambios de tamaña magnitud y de tan significativo impacto social en tan corto lapso y cuyo sentido fundamental debiera considerarse como una modificación de las relaciones de fuerza a favor del bloque de clases dominantes; y, en su seno, del capital financiero.

Este sentido de los cambios acontecidos en el terreno estatal, así como las gravosas consecuencias sociales que jalonan la década de los ‘90 anticipan ya respuestas al interrogante sobre el balance que puede hacerse sobre el impacto del neoliberalismo en la vida democrática de estas sociedades. En esta dirección, la concentración de la autoridad pública ha supuesto una reprivatización del control del Estado por parte de sectores del poder económico. Asimismo, el proceso de trasnacionalización de las economías latinoamericanas y de su legalización en una nueva normativa emanada de los organismos económicos internacionales, resultó también en un recorte de la soberanía popular cifrando la nervadura de un nuevo imperialismo emergente de este proceso de recolonización y reprimarización de la periferia.

En esta dirección, aun si consideráramos a la democracia como un proyecto que se restringe al modelo de funcionamiento de las instituciones de gobierno, la década de los ‘90 implicó un acelerado proceso de concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo y de la privatización de la gestión política, particularmente, a partir del crecimiento exponencial de la corrupción y del peso adquirido por los poderes fácticos en la determinación de los rumbos gubernamentales. Esta realidad fue graficada con creces en el señalamiento –formulado por el financista George Soros– que anunciaba la futilidad de las elecciones democráticas ante el voto diario de los llamados “mercados”.

Si los años ‘80 trajeron consigo la recuperación de los gobiernos democráticos representativos, tras la oscura noche de las dictaduras en la mayoría de los países de la región, la década siguiente verá emerger nuevamente los regímenes autoritarios en la figura del gobierno autoritario de Alberto Fujimori en Perú. La experiencia peruana, lejos de resultar la excepción, pareció representar, bajo la expansión de los “gobiernos neodecisionistas”[3], la maximización de una tendencia de restricción de la democracia representativa, dando pruebas de que el neoliberalismo supone una concepción y una práctica profundamente autoritaria de la cuestión pública[4]. Un balance de la evolución de las democracias representativas “realmente existentes” en América Latina en la década de los ‘90 difícilmente podría ser más negativo.

El cuestionamiento social al neoliberalismo

Sin embargo, promediando la década de los ‘90, comienza lentamente a tomar forma, en América Latina, un nuevo ciclo de cuestionamiento social a las políticas neoliberales y sus consecuencias. El mismo se expresó en un sostenido incremento del conflicto y las protestas en diferentes países, así como en la aparición de nuevas organizaciones y movimientos sociales, protagonistas de estas luchas. Los condenados del neoliberalismo, los nuevos y viejos pobres, los amenazados de perder sus territorios, sus trabajos y sus posibilidades de vida hacían así oír su voz. Los comienzos de este ciclo, que se podría llamar como el período de resistencia social al neoliberalismo, estarán marcados por tres acontecimientos que habrán de conmover la aparentemente incuestionable hegemonía neoliberal.

Una cuenta que empieza en el México neoliberal presidido por Carlos Salinas de Gortari y la larga preeminencia del PRI y que se verá sacudido el 1º de enero de 1994, el día que entraba en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), por el levantamiento indígena en el Estado de Chiapas, en el sureste del país. Bajo la referencia a las luchas campesinas acaudilladas por Emiliano Zapata durante la revolución mexicana de las primeras décadas del siglo XX, el surgimiento del llamado movimiento zapatista daba a luz uno de los movimientos más interpeladores en la construcción de las resistencias y las alternativas al neoliberalismo capitalista en el continente y anunciaba, también, el protagonismo que adquirirían en los años siguientes los movimientos indígenas en la región.

Poco tiempo después, en 1996, habrán de producirse las primeras puebladas y cortes de ruta en ciudades del norte y del sur de la Argentina que, crecidas al amparo de la empresa petrolera estatal, languidecían tras su privatización rodeadas por la riqueza hidrocarburífera, ahora en manos privadas. Llamados por la prensa por primera vez como “piqueteros”, por haber adoptado como modalidad de lucha el corte prolongado de las rutas de acceso a la zona, las protestas de los habitantes de Gral. Mosconi y Tartagal, en Salta, y Cutral Có y Plaza Huincul, en Neuquén, marcarán el bautismo mediático de un movimiento que, en su posterior extensión y organización como trabajadores desocupados, habría de ganar un destacado protagonismo en el cuestionamiento a las políticas neoliberales en nuestro país, especialmente en el marco de la crisis económica y política entre 2001 y 2002.

Finalmente, en 1997 tendrán lugar en Ecuador una serie de importantes conflictos y movilizaciones protagonizadas, especialmente, por el movimiento indígena y campesino. Éstas precipitarán la caída del gobierno de Abdalá Bucaram, marcando tanto la definitiva irrupción de las organizaciones indígenas[5] en el escenario sociopolítico ecuatoriano, como el inicio de una serie de crisis políticas que habrán de repetirse sendas veces más en los años siguientes.

Estos tres hechos; en el norte, el sur y la región andina de nuestro continente, son simplemente algunos de los primeros signos de un proceso de luchas y movilización social que se expandirá regionalmente a medida que se aproxime el nuevo siglo. Así, de las sierras ecuatorianas a la ciudad de Quito, de la selva Lacandona en el sureste mexicano a la ciudad capital, de las localidades petroleras del norte y del sur en Argentina al cordón urbano que circunda la ciudad de Buenos Aires, del Chapare o el Altiplano boliviano a la ciudad de El Alto, próxima a La Paz, de las tierras del sur y del norte brasileño a las urbes de Brasilia y San Pablo; surgidos de las profundidades de las selvas y sierras latinoamericanas, de las periferias de los grandes latifundios, circuitos comerciales y urbes, estos movimientos se constituyeron con capacidad de articulación y peso nacional en un recorrido que ampliaba su influencia desde estas periferias al centro económico y político del espacio nacional y era jalonado por movilizaciones y levantamientos. Desposeídos o amenazados por la expropiación de sus tierras, trabajo y condiciones de vida, muchas de estas organizaciones se constituían en la identificación política de su desposesión (los sin tierra, sin trabajo, sin techo), de las condiciones sobre las que se erigía la opresión (los pueblos originarios) o de la lógica comunitaria de vida amenazada (los movimientos de pobladores, las asambleas ciudadanas). En el ciclo de resistencia al neoliberalismo se entrecruzaban y a veces convergían con otros sujetos urbanos donde también nuevos procesos de organización tenían lugar, los trabajadores –especialmente los del sector público y los precarizados–, los estudiantes y jóvenes, los sectores medios empobrecidos.

Cuando esta convergencia amplia se produjo con la suficiente intensidad, los sectores subordinados irrumpieron en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal imponiendo, con insurrecciones y levantamientos, no sólo la caída de gobiernos sino también la legitimidad callejera como sustento de la soberanía popular. En este proceso, la configuración que caracterizará a estos movimientos sociales, va a resultar notablemente diferente de aquella que identificaba la constitución de los sujetos sociales y las dinámicas de confrontación socio-política en las décadas pasadas de predominio y crisis del “capitalismo keynesiano” y del llamado modelo de sustitución de importaciones. De esta manera, tanto por sus características organizativas como por sus formas de lucha, sus inscripciones identitarias, y sus programáticas y horizontes emancipatorios, los movimientos sociales contemporáneos serán considerados novedosos respecto de los que caracterizaron las décadas pasadas. Sin duda, una de estas distinciones más notables la constituirá el surgimiento y proyección política nacional e internacional alcanzada por los movimientos indígenas, desde el mencionado movimiento zapatista en México, el katarismo en el Altiplano boliviano hasta las organizaciones mapuches en el sur del continente. Por contraposición, otra de las características que presenta la geografía de la protesta social parece señalar la crisis de la matriz de la acción colectiva, basada en la forma sindical y el debilitamiento de los sindicatos de asalariados como sujetos privilegiados del conflicto. Ello estuvo lejos de implicar la desaparición del conflicto sindical durante estos años; por el contrario, la información disponible refiere que el mismo resultó ciertamente significativo –particularmente el de los trabajadores del sector público– aunque fragmentado.

Estos señalamientos deben complementarse con tres elementos que, con distintas formas e intensidades, parecieron atravesar la práctica constitutiva de la mayoría de los más significativos movimientos sociales latinoamericanos recientes.[6] Se intentará, entonces, presentar a continuación una breve reseña sobre ello.

La nueva configuración de los movimientos sociales

Un hecho que puede ofrecer una medida de la novedad expresada en estos movimientos es que la mayoría de las organizaciones sociales, que dan vida a los mismos y promueven las protestas que jalonan este período que se ha llamado de resistencia social al neoliberalismo, han surgido o sido refundadas en las dos últimas décadas. Pero no se trata sólo de una cuestión de historia organizacional de estos movimientos sino de la configuración que los mismos asumen y que no se restringen a los cambios perceptibles en torno de los sujetos y las formas de lucha que se refirieron anteriormente.

El análisis, conceptualización y valoración de estas novedades ha resultado uno de los centros de atención de la revitalización y debates en el interior del pensamiento social latinoamericano actual. En este caso, sólo nos es posible referir a estas discusiones de manera lateral. En lo que sigue se intentará reseñar brevemente algunas de las características que distinguen la configuración de los movimientos sociales en la actualidad.

Una de las primeras características que deben mencionarse es el hecho de que la práctica colectiva, que signa la acción de muchos, está orientada por lo que se puede llamar una dinámica de apropiación del territorio. La misma puede considerarse como “la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda [… y a] la desterritorialización productiva [… impulsada por] las contrarreformas neoliberales”[7], así como al proceso de privatización de lo público y la política. Esta tendencia a la reapropiación comunitaria del espacio de vida refiere tanto a las formas de lucha basadas en la ocupación de un territorio (las ocupaciones de tierras, viviendas, rutas o pueblos, por ejemplo) cuanto a la expansión de las experiencias de autogestión productiva, de resolución colectiva de necesidades sociales (por ejemplo, en el terreno de la educación y la salud) y de formas colectivas no estatales de gestión de los asuntos públicos. En este continuum diverso pueden abarcarse los asentamientos cooperativos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, las comunidades indígenas en Ecuador y Bolivia, los municipios autónomos zapatistas en México, los emprendimientos productivos de los trabajadores desocupados y el movimiento de fábricas recuperadas en Argentina, así como las puebladas y levantamientos urbanos que implicaron la emergencia de prácticas de gestión del espacio público.[8] En tensión permanente con el mercado y el Estado, extendidas en el tiempo o inestables y temporarias, asentadas en prácticas de producción y reproducción de la vida u operando simplemente en el terreno de la gestión de lo público-político, esta dinámica de reapropiación colectiva del territorio pareció orientar la experiencia, no sólo de los movimientos indígenas y campesinos, sino también en el espacio urbano.

Una segunda característica ha sido la emergencia de coordinaciones en el plano regional o internacional entre distintos movimientos y organizaciones nacionales en lo que ha sido llamado a nivel mundial el “movimiento altermundialista”, surgido en oposición a la globalización neoliberal. Estas experiencias, que tiñeron de manera profunda y singular la práctica de los movimientos sociales, fueron consideradas como un “nuevo internacionalismo”, en relación a las novedades que introducían en la recuperación de pasadas tradiciones de solidaridad y articulación socio-política a nivel mundial, y que cristalizaron, entre otras formas, en la historia de las Internacionales. En relación a ello, el internacionalismo actual se revelaba nuevo por el carácter eminentemente social de los actores involucrados (aunque no desligado, por si hiciera falta la aclaración, de inscripciones ideológico-políticas), por su heterogeneidad y amplitud que abarcaba desde organizaciones sindicales a movimientos campesinos, por la extensión geográfica que alcanzaban las convergencias; y por las formas organizativas y las características que asumieron estas articulaciones que priorizaban la coordinación de acciones y campañas[9]. Un breve recorrido por su genealogía conduciría desde las protestas contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones en 1997 y 1998, la “batalla de Seattle” que frustró la bautizada Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (1999), la creación y profundización de la experiencia del Foro Social Mundial (desde el 2001); las “jornadas globales” contra la intervención militar en Irak (2003); y el surgimiento y desarrollo de las campañas contra el libre comercio y la guerra que tuvieron su capítulo americano más significativo[10] en la oposición al proyecto estadounidense del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), y a los tratados comerciales con los EE.UU.

Una tercera característica de la práctica y la programática, enarbolada por muchos de los movimientos sociales recientes en América Latina, refiere a una revalorización y reinvención de la cuestión democrática y los posicionamientos a asumir frente al Estado. Se intentará  presentar brevemente, a continuación, los aportes y debates que sobre esta temática se desprenden de la experiencia latinoamericana.

Debates y programáticas sobre el Estado

El pensamiento marxista, en contraposición a la teoría política clásica, se distingue por cuestionar las visiones que presentan al Estado, tanto como un sujeto árbitro o conciliador de las contradicciones y conflictos de la sociedad civil, como de representar el interés o voluntad general de la sociedad. En similar dirección polemiza también con la llamada corriente dirigencialista en la caracterización de la élite político-burocrática, justificada desde esta perspectiva como inevitable y asentada en el control de la institución estatal. En este sentido, la perspectiva marxista se distingue por afirmar la naturaleza de clase del Estado y de la dominación estatal; es decir, el papel que éste cumple en asegurar la reproducción de las relaciones sociales de producción vigentes y los intereses mediatos y generales de las clases dominantes. En este sentido, el pensamiento marxista ha señalado en reiteradas oportunidades que la naturaleza de clase se expresa en la propia materialidad que asume el aparato del Estado que, en un proceso de cambio social, debiera ser desmantelado y transformado recreando otra institucionalidad para la gestión de lo público-político. Claro que estas ideas que acá se sintetizan, han planteado y plantean intensos e inacabados debates sobre las perspectivas y formas en las que las mismas debieran traducirse prácticamente.

Por otra parte, el aporte del pensamiento crítico latinoamericano al debate sobre estas cuestiones encuentra una de sus raíces más fértiles en las contribuciones hechas en el marco de la teoría de la dependencia, las consideraciones sobre el Estado burocrático autoritario y los debates sobre el cambio social en las décadas de los ‘60 y ‘70. En esta perspectiva también se han cuestionado ciertas afirmaciones sostenidas por pensadores marxistas europeos, según la cual el tipo de Estado correspondiente a la sociedad capitalista, en general, resulta el moderno Estado-Nación tal como éste se constituyó en la Europa capitalista, mientras que todos los demás deberían ser considerados Estados “excepcionales”, “pre-capitalistas” o “de transición”[11]. Por el contrario, una aproximación al análisis del Estado en las sociedades capitalistas latinoamericanas, plantearía comenzar por el reconocimiento de la especificidad histórica de su constitución. En este sentido, en la última década y con el protagonismo de los movimientos indígenas, el pensamiento crítico ha enfatizado el análisis del patrón colonial del poder como uno de los elementos centrales de la constitución del Estado en nuestras latitudes.

Originado en la época de la conquista y la colonia, y prolongado desde los regímenes oligárquicos hasta la actualidad, este patrón de poder se distingue por la implantación de la división social por “raza” como elemento legitimante y estructurante de las relaciones de dominación cristalizadas en el Estado. Dicha estructuración colonial del poder, utilizada por primera vez en la historia en la conquista del territorio que habría de ser bautizado como americano, será luego recuperada en el patrón global que acompañará las conquistas coloniales del planeta bajo la doble expansión del capitalismo y su mercado mundial, por un lado, y de las potencias europeas, por el otro. Por otra parte, su instrumentación como ordenador de las desigualdades políticas, sociales y económicas sirvió, bajo el período de la conquista, para justificar el genocidio de los diferentes pueblos originarios de estas tierras que fueron, bajo la espada y el incienso, bautizados en general como indios[12].

De esta manera, la reciente emergencia de importantes movimientos indígenas y su cuestionamiento a la matriz del Estado-Nación han sido entendidas como la más profunda crisis de este patrón colonial del poder. Un cuestionamiento que cristalizó en la programática de estos movimientos bajo el postulado de una profunda transformación del Estado actual y la refundación de uno de nuevo tipo: el Estado plurinacional. En este caso, la plurinacionalidad es entendida como un modelo de organización política para la descolonización de las naciones y pueblos originarios, capaz de garantizar, recuperar y fortalecer la autonomía territorial de dichos pueblos, poniendo fin al latifundio y al monopolio de los recursos naturales en beneficio de intereses privados, consagrando el llamado “pluralismo jurídico” que legaliza las propias formas de gobierno, autoridad y justicia de los pueblos indios y consolidando la estructura del nuevo modelo de Estado con poderes públicos que cuenten con una representación directa de los pueblos indígenas[13]. Entre estos objetivos de la plurinacionalidad, ciertamente, el de la consagración de la autonomía político-territorial con la autoridad comunal como modelo de gestión democrático de lo público-comunitario, ha sido tal vez el más difundido. Su concepción renovó, con nuevos contenidos, las referencias a la autonomía respecto de los sectores dominantes y del Estado, que fuera una de los componentes clásicos de las perspectivas emancipatorias y que tuviera, bajo la forma de la independencia política, su expresión más extendida, especialmente en la historia del movimiento obrero.

En la experiencia de los movimientos sociales contemporáneos, esta conceptualización de la autonomía se vinculaba, también, a la expansión de las formas de autogestión económica y territorialización que se describieron anteriormente como una de las características de las prácticas colectivas de los sectores subalternos en las últimas décadas. Anticipaciones en el presente de la nueva sociedad a la que se aspira, reserva estratégica y base organizativa de los movimientos, estrategias de subsistencia adaptables y funcionales a la reproducción del capitalismo neoliberal, estas experiencias de autogestión productiva, base de la nueva territorialización de los movimientos sociales, han motivado encontradas y diferentes evaluaciones. Así también, de la mano de la promoción del llamado “tercer sector” y la “economía solidaria”, diagramas de políticas públicas focalizadas y de contención social estimulados desde el Banco Mundial y los Estados nacionales, han revitalizado sus esfuerzos en la colonización de estas experiencias. Por otra parte, políticas represivas han operado sobre los procesos más dinámicos y radicales en el objetivo de recuperar los territorios conquistados por los movimientos sociales y afirmar la legalidad de la apropiación privada de los mismos. Finalmente, en un sentido diferente, en el proceso venezolano los llamados Núcleos de Desarrollo Endógeno –que promueven la “economía popular”– fueron considerados como uno de los elementos centrales de lo que se ha dado en llamar “el socialismo del siglo XXI”. Estas mismas experiencias y sus proyecciones en el terreno de la gestión comunitaria del territorio han estado también en el centro de la revitalización de los debates sobre la valoración de la autonomía, la naturaleza del poder y el papel del Estado en el camino de la transformación social. Así, su entendimiento se tradujo en la conceptualización del contrapoder[14], del antipoder[15], del poder popular, y de un renovado asociativismo y mutualismo, evocando otras discusiones del pensamiento crítico, en relación a las concepciones transicionales del doble poder como momento de acumulación de fuerzas para el asalto o conquista del Estado. Sin embargo, los debates alrededor de las estrategias emancipatorias y de transformación postneoliberal están lejos de agotarse en las discusiones sobre las estrategias a adoptar frente al Estado capitalista. Por el contrario, el capítulo sobre la cuestión democrática resulta, desde muchos lados, el más significativo; se verá entonces el porqué de ello.

Movimientos sociales, política y democracia

En el período histórico que aquí se examina en América Latina, el de las resistencias al neoliberalismo, un conjunto específico de prácticas sociales, programáticas y horizontes emancipatorios, habrán de surgir en la experimentación de estos movimientos sociales, en relación con la democracia y la reconceptualización de la política como terreno de la acción colectiva y como posibilidad de cambio. Dicho proceso cuestionaba así la reducción de la política a la mera administración técnica del programa único de las contrarreformas neoliberales y a la tecnología de control de las poblaciones y sectores sociales afectados por la apropiación y concentración del ingreso y la riqueza, que fueron las características vigentes durante la década de los ‘90. En la experiencia de los movimientos, esta reconceptualización de la política como práctica colectiva de transformación de lo existente, suponía el cuestionamiento a su confinamiento como monopolio del Estado y actividad únicamente legítima de las mediaciones partidarias tradicionales. En ese sentido, si bien estos movimientos fueron llamados bajo el acápite de sociales, se transformaron en los principales sujetos del cuestionamiento político al modelo neoliberal. Sin embargo, en esta dirección, la práctica de estos movimientos implicaba una reelaboración de la política en tres terrenos simultáneos: el de la construcción colectiva de la gestión comunitaria del territorio; el de la demanda, confrontación y negociación con el Estado; y, en tercer lugar, el del cuestionamiento y transformación de la matriz estatal en un horizonte donde la gestión de los asuntos públicos se postulaba más allá de la forma estatal del capitalismo latinoamericano.

Pero esta reconceptualización de la política implicaba también un programa de democratización de las relaciones sociales. Sobre ello vale recordar que los procesos de democratización han sido históricamente el resultado, directo o indirecto, de intensas luchas sociales, y de la emergencia de movimientos sociopolíticos basados en la participación de los sectores y clases subordinadas. En el marco de las sociedades capitalistas, desde la conquista del sufragio universal a los cuestionamientos de la matriz de apropiación desigual de los ingresos y recursos sociales, la acción colectiva y el protagonismo popular de los oprimidos han forjado los logros democráticos obtenidos en el terreno político, social y económico.[16] En este camino, el ciclo de movilización social que aquí se analiza no habrá de ser la excepción. Y aún más, la experimentación y programática desarrollada en el terreno democrático por los movimientos sociales, a lo largo de las últimas décadas, fue tan intensa y rica, que motivó su consideración en el sentido de una “reinvención de la democracia”[17]. Dicha experimentación puede sistematizarse en, por lo menos, tres planos diferentes: a) el de la construcción organizativa de los propios movimientos; b) en la forma de la construcción de hegemonía política, es decir en su relación con otros sectores sociales; y c) en la programática enarbolada en relación con el Estado y la forma de gestión de lo público-político.

En relación con el primero de los terrenos referidos, la búsqueda de formas más participativas y democráticas de organización, orientadas a atenuar los peligros de la burocratización y la manipulación, fueron una característica de muchas de las organizaciones sociales. Ejemplo de ello fue la expansión de la matriz asamblearia y de instrumentos de control de la delegación que condujo en algunas experiencias a bautizarlos como “voceros”. En esta dirección se ensayaron la búsqueda del consenso o de mayorías especiales para la toma de decisiones colectivas así como la rotación y revocabilidad de representantes y responsables. En este caso, seguramente la voz zapatista del “mandar obedeciendo”[18] fue quizás la más clara y sugerente en transmitir el compromiso de obedecer a los mandatos del colectivo que asumían aquellos que eran elegidos para “mandar”.

En segundo lugar, una utilización de formas amplias y flexibles de articulación basadas en el acuerdo para la acción y el respeto de las diferencias, pareció estar presente en las dinámicas de construcción política multisectorial y en las iniciativas de disputa de la hegemonía. Así la consulta popular fue una herramienta largamente usada por las organizaciones en diferentes países y casos: desde las realizadas por las campañas nacionales contra el ALCA en Argentina, Brasil y Paraguay hasta aquellas promovidas por las comunidades rurales, en Centroamérica, o el área andina, contra la explotación y apropiación privada de los bienes comunes de la naturaleza. En la misma dirección debiera contabilizarse, también, la relativa expansión de las formas “coordinadora” o “foro” como mecánicas organizativas de articulación entre diferentes sectores y organizaciones.

El tercer plano que aquí se menciona nos conduce a aquel conjunto de demandas, programáticas y prácticas colectivas orientadas tanto a promover una democratización radical de la dinámica estatal cuanto a sostener y desarrollar las experiencias de gestión de lo público-político de carácter comunitario. En este sentido, es necesario no olvidar las demandas de puesta en práctica de los instrumentos de la democracia participativa, de transformación de la lógica estatal y de legalización de las formas de autoridad y justicia propias de los pueblos indígenas; cuestiones que hubieron de concentrarse en la demanda de Asamblea Constituyente que formó parte del pliego reivindicativo de los movimientos sociales en muchos países del continente. Asimismo, en el mismo nivel, deberíamos considerar la conquista y experimentación de modelos de gestión municipal que incorporan mecánicas de participación directa en la toma de decisiones o de control de los representantes como sucede en la sierra ecuatoriana y en el Cauca colombiano.

De esta manera, una amplia variedad de prácticas, iniciativas y reivindicaciones de naturaleza democrática se encuentran presentes en la experiencia desarrollada por muchos de los movimientos y organizaciones sociales del continente. En esta serie, la capacidad destituyente conquistada por los levantamientos sociales a partir de 2000 pondrá definitivamente a la ocupación de la calle y la movilización social como expresión del cuestionamiento mayoritario al neoliberalismo y, en ese sentido, de la soberanía popular. La ilegalidad democrática, como la denominará Boaventura de Sousa Santos (2002), frente a la legalidad autoritaria de las recetas ortodoxas. No tardará demasiado en plantearse así el cambio de la legalidad vigente.

La crisis de legitimidad del modelo neoliberal

Al aproximarse el inicio del nuevo siglo, el proceso de resistencias sociales al neoliberalismo habrá de transformarse crecientemente en un cuestionamiento cada vez más amplio a la legitimidad del régimen en su conjunto[19]. De esta manera comenzará, a nivel regional, un nuevo período que se puede llamar como el de la crisis de legitimidad del modelo neoliberal. Un período que estará signado por levantamientos populares que habrán de concluir la más de las veces con la caída del gobierno y la apertura de crisis políticas, así como por la aparición de mayorías electorales críticas al neoliberalismo, que darán sustento a una serie de cambios políticos gubernamentales caracterizados por una discursividad política que se distanciaba del modelo de los ‘90.

En la masividad ganada por el cuestionamiento a los regímenes neoliberales contribuyó tanto la consolidación de las organizaciones y movimientos sociales, protagonistas del ciclo de resistencias que se abordaron en los puntos anteriores, como el profundo impacto social que tuvo el estancamiento y recesión económica vividos en la región a partir de 1998, y que conllevó el crecimiento de la percepción social de que los pretendidos beneficios de estas políticas no habrían nunca de llegar. De esta manera, la profundidad de la crisis económica, que a nivel regional significó un crecimiento casi nulo en 1999 y negativo para 2002, y que supuso una serie de crisis bancarias en distintos países latinoamericanos, amplió el cuestionamiento a las políticas neoliberales a sectores medios urbanos, que habían permanecido ajenos hasta el momento del ciclo de conflictos sociales anterior. Esta necesaria consideración respecto del impacto de la crisis económica, sin embargo, no debe entenderse en un sentido determinista o unilateral, vale recordar el papel que cumplieron los períodos de inestabilidad económica en la década de los ‘80 (por ejemplo: la crisis de la deuda externa y los procesos hiperinflacionarios) en la implantación y profundización de las políticas neoliberales. Por otra parte, las diferentes características que adoptó la recesión de la economía en los distintos países, puede considerarse como una de las razones de la variedad de intensidades que mostrará la crisis de legitimidad del neoliberalismo que, en algunos casos, se traducirá en un cuestionamiento al conjunto del régimen político y económico mientras que, en otros casos, la impugnación se limitará al partido de gobierno y a las consecuencias sociales de las políticas económicas aplicadas.

Las expresiones más características de este período de crisis de legitimidad del neoliberalismo resultaron los levantamientos sociales e insurrecciones urbanas que, particularmente concentrados en estos años, forzaron la renuncia de presidentes, caída de gobiernos y apertura de transiciones políticas resueltas en el marco de la institucionalidad vigente. Estas rebeliones populares contra el poder político resultaron particularmente intensas en el área andina, donde se concentran cinco de los seis gobiernos destituidos bajo la protesta social en Latinoamérica, entre los años 2000 y 2005. Se abarcan aquí, en esta secuencia, a los gobiernos de Alberto Fujimori, que vio así frustrado su intento de reelección fraudulenta en Perú en el año 2000; de Jamil Mahuad que también en el 2000 debió abandonar la presidencia de Ecuador y de Lucio Gutiérrez, electo en 2003, y a quien las protestas de abril de 2005, particularmente en la ciudad de Quito, obligaron a renunciar; de Fernando De La Rúa en la Argentina del 2001, cuya caída grafica la imagen del helicóptero presidencial abandonando la Casa Rosada rodeada por una movilización social que, disputando las calles céntricas, no había podido dispersar la cruenta represión policial; de Gonzalo Sánchez de Losada sepultado bajo la movilización popular que signó la llamada “Guerra del Gas”, en Bolivia, en 2003, y de su sucesor en la transición política, Carlos Mesa, en 2005, cuya renuncia abrió las puertas al anticipo de las elecciones presidenciales, coronado con el triunfo electoral de Evo Morales a fines de dicho año.

Es necesario incluir en esta crónica, como otro de los hechos significativos de este período de crisis de legitimidad del neoliberalismo, el fracasado intento de golpe de estado en Venezuela, en abril de 2002, que reactualizó, en el contexto actual, el pasado latinoamericano de intervenciones militares y dictaduras. Las causas de la frustración del golpe militar hay que buscarlas, entre otras, en la amplitud e intensidad que asumió la movilización popular reclamando la continuidad del gobierno de Hugo Chávez y que planteaba un escenario de violenta represión como único camino de instalación del gobierno de facto. La confrontación entre los proyectos bolivariano y liberal en Venezuela habrá de prolongarse alrededor del paro petrolero y el lock out patronal que siguieron a la tentativa golpista en un proceso de conflictividad y radicalización social que se extendió, por lo menos, hasta la realización del referéndum revocatorio presidencial en 2004, cuyo resultado convalidó mayoritariamente el gobierno de Chávez.

Finalmente, y sin querer agotar la descripción de lo acontecido en estos años en América Latina, se debe mencionar que en 2001 tuvo lugar la llamada “Caravana de la dignidad indígena” en México, que condujo a la comandancia indígena zapatista en una larga manifestación que recorrió casi todo el país hasta la ciudad capital para reclamar, del Congreso y el Poder Ejecutivo, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Estos acuerdos que habían jalonado las negociaciones de paz con el gobierno anterior, fueron finalmente desoídos por el Parlamento que aprobó una ley indígena contraria a las mínimas demandas formuladas por el movimiento.

Por otra parte, el creciente cuestionamiento al régimen neoliberal se expresó, también, en la aparición y conformación de mayorías electorales críticas a sus políticas. Las mismas, que rompían en el terreno electoral la hegemonía ganada por el neoliberalismo en la década de los ‘90, dieron el triunfo a candidatos y coaliciones políticas que manifestaron una discursividad electoral condenatoria de las políticas aplicadas durante dicha década. Ello representó, en algunos casos, la llegada al gobierno de representantes de partidos que venían de tener vínculos con movimientos sociales, o que habían ocupado el lugar de la oposición política al gobierno anterior en el sistema institucional vigente. En este terreno pueden considerarse, entre otros, los resultados de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Luiz Inacio “Lula” Da Silva, en Brasil, en 2002, Néstor Kirchner, en Argentina, en 2003, y Tabaré Vázquez, en Uruguay, en 2004.

De esta manera, el período de crisis de legitimidad del neoliberalismo habrá de significar una serie de cambios en el terreno político y, muy especialmente en algunos países, habrá de situar a la movilización social y la protesta como sustento del ejercicio de una democracia callejera y de una recobrada soberanía popular. Pero la irrupción de los sectores y clases subordinadas en la ciudadela política de la gobernabilidad neoliberal, no sólo habrá de abrir nuevos horizontes al camino de democratización de la gestión de lo público-político sino que, también, modificará la relación entre el Estado y los movimientos sociales en una diversidad de escenarios que abarcan, desde la conquistada capacidad de orientar la acción estatal en un sentido no neoliberal o de obtener logros en el terreno de las políticas públicas, a la reaparición de una discursividad política-partidaria crítica del neoliberalismo, la renovación de las mediaciones partidarias y/o la llegada al gobierno de nuevas coaliciones político-electorales, aunque ello no supusiera cambios efectivos en el terreno económico.

En un sentido diferente, la crisis de legitimidad del régimen neoliberal habrá de reponer la importancia del papel del Estado en la tarea de asegurar la gobernabilidad y continuidad de estas políticas, mostrando en toda su dimensión la naturaleza profunda de la maquinaria estatal bajo el capitalismo. Se aborda, entonces, en primer lugar esta dimensión.

La respuesta del neoliberalismo armado

Frente a la crisis de la hegemonía neoliberal que se ha referido anteriormente se hicieron presentes, en la región, distintos procesos y estrategias tendientes a restaurar su deteriorada legitimidad o, al menos, recuperar y asegurar la capacidad de garantizar la continuidad de sus políticas. En su amplitud, estos procesos, como no podía ser de otra manera, se orientaron a conculcar o restringir la experimentación democrática promovida por los movimientos sociales en los años pasados, así como a conjurar las prácticas y las nuevas institucionalidades surgidas de esta dinámica de renovado protagonismo popular. Para ello se volvió un elemento central el reforzamiento del poder estatal en un sentido autoritario.

Estos nuevos vientos fueron verbalizados también por Francis Fukuyama (2004) –aquel que hubo de proponer a inicios de los ‘90 el fin de la historia– con su prédica actual a favor de la reconstrucción del Estado. Así este autor señala que una interpretación exagerada del “Consenso de Washington” llevó a un debilitamiento excesivo de las capacidades estatales, siendo que los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las amenazas del “terrorismo global” demuestran cuán importantes son los Estados nacionales para garantizar la seguridad y la “gobernanza global”. Desde esta visión, se trata ahora de intervenir para modificar y reforzar aquellos Estados considerados “débiles” o “fallidos”, asegurando “una autoridad estatal con una estabilidad razonable [capaz de cumplir] con determinadas funciones […] necesarias tales como proteger los derechos de propiedad”[20]; “Estados más pequeños pero más fuertes” en el contexto de la “guerra infinita” para el control de las poblaciones y los territorios.

En esta dirección, el intento de profundización de las políticas neoliberales en la región latinoamericana ha venido acompañado de la promoción de un diagrama sociopolítico tendiente a la militarización de las relaciones sociales en un proceso que ha sido bautizado como “neoliberalismo armado” o “de guerra”[21]. El mismo no refiere solamente a la política de intervención militar esgrimida como prerrogativa internacional por el presidente George W. Bush a posteriori del 11/9 y a su impacto regional particularmente verificable en el incremento de la presencia de bases y operativos militares estadounidenses en el continente. Señala también la profundización de una política crecientemente represiva que, a través de diferentes instrumentos, persigue, en particular, la penalización de la protesta social y la criminalización de los sectores pauperizados y excluidos, aquellos que resultan más castigados y que crecen, de manera inevitable, bajo la aplicación del recetario neoliberal. En este sentido, la estigmatización de los sectores populares que acompaña a estas políticas guarda ineludibles parecidos con la identificación de las llamadas “clases peligrosas”, que orientó la acción represiva del Estado oligárquico latinoamericano de principios de siglo XX. Desde esta perspectiva, el llamado “neoliberalismo armado” abarca un conjunto diferente de políticas que van desde aquellas que promueven reformas legales que otorgan mayor poder a las fuerzas policiales y la justicia penal en desmedro, muchas veces, de las libertades y derechos democráticos hasta las que habilitan la intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto social interno, incluyendo incluso, en ocasiones, el amparo o promoción de grupos parapoliciales.

Por otra parte, el progreso de esta reorientación de las políticas públicas se entroncó también, en los últimos años, con la aparición de manifestaciones constituidas en clave ciudadana que, en diferentes países latinoamericanos[22] y amplificadas por los medios masivos de comunicación, tuvieron lugar en demanda de mayor seguridad, promoviendo una programática de endurecimiento de las penas y ampliación de las fortalezas y prerrogativas de la maquinaria punitiva del Estado. Las sucesivas reformas legislativas sancionadas en este período, en muchos países de la región bajo la llamada “mano dura” frente al crimen, dan cuenta de la magnitud que asume este diagrama represivo que nutre al “neoliberalismo de guerra” en el orden interno.

El mismo se alimenta, en su constitución y búsqueda de legitimidad, del crecimiento de la violencia en cualquiera de sus formas, sea éste real o simplemente una percepción estimulada por los medios masivos de comunicación. La intimidación masiva, resultado de esta recreación del estado de naturaleza hobessiano donde el otro representa el sujeto de la amenaza, justifica y exige el reclamo de la instauración del Leviatán autoritario como único medio para preservar la seguridad individual. En este sentido, amparado en la lucha contra el terrorismo o en defensa de la seguridad ciudadana, este proceso se inscribe en el intento de refundar ahora, sobre la cuestión de la seguridad, el “pacto social por apatía” que acompañó la aplicación de las políticas neoliberales durante la década de los ‘90[23].

La implementación de este diagrama represivo, si bien atraviesa como tendencia con diferentes intensidades todo el continente, tiene sus experiencias más consolidadas en aquellos países que convinieron acuerdos de libre comercio con los EE.UU. Concentrados particularmente en la franja norte y pacífico de la región latinoamericana, desde México y Centroamérica hasta Colombia y Perú, en buena parte de estos países, la integración comercial ha sido acompañada por acuerdos sobre cuestiones de seguridad, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y acciones conjuntas con las fuerzas militares estadounidenses, partes de esta reconfiguración regresiva de la geografía política, social y económica del continente.

Se deduce que esta política se enlaza, también, con el incremento de la presencia militar norteamericana a lo largo de toda Latinoamérica que, orientada a garantizar el control estratégico del espacio territorial, implica el reconocimiento de que América Latina –un continente rico en materias primas minerales y vegetales, agua y biodiversidad– es un punto clave de interés e intervención por parte del capital global y su estado hegemónico.

Sin duda y trágicamente, el actual régimen en Colombia se constituye en el principal laboratorio de estas políticas que parecen trocar una pretendida seguridad al precio de vulnerar derechos y libertades democráticas contando con la aceptación, particularmente, de sectores sociales altos y medios[24]. Así, la llamada “seguridad democrática”, impulsada por el gobierno del presidente Uribe, ha significado la promoción de zonas especiales donde las FF. AA. actúan en los conflictos domésticos, los programas de soldados campesinos, la red de informantes ciudadanos con su consecuencia de detenciones masivas en base a dichas denuncias, el impulso de un “estatuto antiterrorista” que vulnera libertades básicas, así como de medidas tendientes a restringir la autonomía del poder judicial y las atribuciones de la Corte Constitucional.

Frente a estas amenazas y peligros autoritarios, los pueblos de Latinoamérica afrontan el desafío de defender y avanzar en el camino de una efectiva democratización de la vida económica, social y política. En este rumbo, la experimentación forjada por los movimientos sociales y populares en la última década es, sin duda, el principal acervo y punto de partida para esta construcción. Por otra parte, los cambios gubernamentales acontecidos en parte de la región en el pasado reciente han abierto un nuevo proceso de relegitimación de los regímenes políticos reformulando y poniendo en tensión las formas de la autonomía que se habían desarrollado en el período anterior. Se abordará entonces esta cuestión para concluir.

Neodesarrollismo y procesos constituyentes

¿Cuál es la evaluación posible de estos cambios políticos y económicos vividos particularmente en América del Sur y, especialmente, de sus consecuencias sobre el Estado y la democracia? Se presentan aquí, brevemente, algunas referencias sobre algunos de los procesos y tendencias que parecen caracterizar a esta región, además del señalado precedentemente, sin ánimo de pretender agotar la cuestión.

En primer lugar, puede señalarse que los cambios de gobierno, en el marco de la recuperación del crecimiento económico regional a partir del 2003 y de su impacto en la morigeración de las tensiones sociales, favorecieron, en el Cono Sur, un proceso de recuperación de la legitimidad del Estado, sin que mediara cambios significativos en la distribución del ingreso, particularmente orientado a reestablecer el monopolio estatal de la política y de las representaciones partidarias como las únicas mediaciones legítimas de la delegada soberanía popular. En este camino, la relegitimación del Estado se tradujo en su reclamo y recuperación del control del espacio público restringiendo de esta manera la capacidad de acción y protesta de los movimientos sociales en un devenir que no dejó de abarcar procesos de integración política de fracciones o sectores de las clases subalternas o de cooptación dirigencial. Estos cambios, en el terreno de la relación entre Estado, economía y sociedad, fueron conceptualizados con el término “neo-desarrollismo”, que sirvió para caracterizar el modelo económico-social en algunos países del Cono Sur. Si el neoliberalismo se caracterizó por la liberalización, desregulación y privatización de lo público; el “neo-desarrollismo” parece referir a cierta recuperación de la autoridad e intervención estatal sobre la economía, así como a destacar cierta prioridad asignada por las políticas públicas al desarrollo del sector industrial, en contraste con el protagonismo que le cupo a las finanzas y los servicios en la década pasada[25]. Sobre ello se ha señalado, también, que el viraje no es plenamente desarrollista porque preserva la restricción monetaria, el ajuste fiscal, la prioridad exportadora y la concentración del ingreso, apuntando fundamentalmente a introducir subsidios a la industria para revertir las consecuencias del libre comercio[26]. En este sentido, el estatalismo del nuevo desarrollismo despierta cuestionamientos en relación con la promoción de un desarrollo que sigue siendo depredador del medioambiente y la vida, sobre las restricciones que impone en el proceso de democratización de lo público-político y, particularmente, en referencia a los fuertes límites que muestra para modificar mínimamente el patrón de distribución del ingreso, que trágicamente caracterizó la década de los ‘90.

Por otra parte, de este panorama se distinguen ciertamente aquellos países donde se experimentan o promueven transformaciones del Estado en el marco de procesos constituyentes y, simultáneamente, donde se han llevado adelante algunos importantes cambios en el terreno económico y social en el camino de salida del modelo neoliberal. Esta caracterización refiere, claro está, a la tríada andina conformada por Venezuela, Bolivia y Ecuador. Experiencias que se identifican, entre otras cuestiones, por haber avanzado en una serie de nacionalizaciones y estatizaciones de empresas de sectores claves de la economía y, particularmente, en el incremento del control y la propiedad estatal de la explotación de los hidrocarburos (gas y petróleo). Por otro lado, esta apropiación público-estatal de una parte de los beneficios de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza se tradujo, también, en la adopción de políticas sociales orientadas en un sentido universal y que, particularmente en el terreno de la educación y la salud, suponen beneficios directos para los sectores de menores ingresos. Es interesante referir que en Venezuela, por ejemplo, la puesta en marcha de estos planes de políticas públicas de contenido social no se realizó a través de las instituciones estatales –que ofrecieron variadas e intensas resistencias a su aplicación– sino que supuso el desarrollo de las llamadas misiones que fueron consideradas como un by-pass al Estado.[27]

La dificultad de acometer estos cambios en el terreno económico y social, desde el aparato del Estado –con sus reglas y maquinarias– y la regulación político-jurídica anterior, fue sin duda una de las razones que explican que en estos países hayan tenido lugar una reelaboración de los textos constitucionales bajo la convocatoria a Asambleas Constituyentes[28]. Estos procesos constituyentes promueven una transformación del Estado que al tiempo de otorgarle más atribuciones en el terreno económico y social implica, en mayor o menor medida, una desestructuración de la matriz liberal del gobierno y la política. Ya sea bajo la forma de la consideración de la naturaleza plurinacional estatal –con sus resguardos para la autodeterminación territorial y las formas de autoridad y justicia de los pueblos originarios– o con la incorporación de los instrumentos de la llamada democracia participativa –consultas, referéndum, entre otros– estos cambios han implicado una ampliación de la democracia, más allá de sus fronteras representativas, dando legalidad a ciertas dinámicas de organización y participación social surgidas como prácticas y programáticas de los movimientos sociales. El currículum democrático de estas experiencias se ensancha con el hecho de que ha sido justamente en estos países donde tuvo lugar el ejercicio de los referéndum revocatorios del cargo presidencial –en Venezuela en 2004 y en Bolivia en 2007– experiencia de revocación de mandatos única en la historia del continente y también excepcional a nivel internacional[29].

Desde esta perspectiva, debiera considerarse críticamente los cuestionamientos vertidos sobre estos gobiernos bajo la acusación de populistas y, en consecuencia, antidemocráticos. Sobre ello, se ha afirmado también, que si las democracias latinoamericanas se enfrentan a un escenario cada vez más amenazante, su enemigo no es el “populismo” o el “socialismo” sino el propio funcionamiento del mercado[30].

Ciertamente, al tiempo de afectar intereses de las elites, estos procesos afrontan, como suele suceder, significativas tensiones y confrontaciones sociales reflejadas en una importante polarización política. En este sentido, vale señalar que la polarización se expresa también en la aparición de iniciativas de disputa del espacio callejero, y la movilización social por parte de los sectores dominantes. Así, la ocupación de la calle, de aquello que fuera llamado la democracia callejera, se transforma en un terreno pugnado por las propias clases dominantes que promueven toda una serie de estrategias tendientes a ganar capacidad de ocupación y manifestación en el espacio público y, consecuentemente, de interpelación e integración de otros grupos sociales –en particular de sectores medios urbanos y fracciones de las clases subalternas. Ejemplo de ello es la reciente experiencia en Bolivia donde las élites de los departamentos ricos en hidrocarburos y soja del oriente del país motorizan un prolongado e intenso ciclo de movilización social bajo la bandera de un nacionalismo autonomista con ambiciones separatistas en cuestionamiento del gobierno nacional. La demanda de autonomía departamental promovida por los comités cívicos señala hasta qué punto este diagrama de disputa de la legitimidad callejera supone también un amplio y complejo proceso de colonización y resemantización de las prácticas y los símbolos que fueran patrimonio de la identidad de los movimientos populares emergidos en las últimas décadas, con sus tentativas de desarme ideológico y dilución de la referencialidad política conquistada por los movimientos de origen popular.

Un futuro abierto

Como se desprende de la realidad latinoamericana reciente, el fortalecimiento de las capacidades estatales o el incremento de su intervención en la sociedad no implican necesariamente que ello se traduzca en un sentido socialmente progresista. Lo que describimos como neoliberalismo de guerra es un ejemplo trágico en ese sentido. Podría afirmarse que la consolidación del Estado y de su capacidad de intervención social está lejos de ser por sí misma, incluso, la garantía de un desarrollo moderadamente autónomo con soberanía nacional. Estos objetivos y la configuración de una sociedad posneoliberal que supone, por lo menos, una distribución crecientemente igualitaria del ingreso y la riqueza social, se encuentran en realidad estrechamente vinculados a los procesos de democratización de la gestión de lo público-político que se corresponden con la creciente autoactivación, organización y protagonismo de los sectores y clases subalternas. Una ecuación que no se resuelve por la convocatoria a construir más Estado prescindiendo de la naturaleza social del mismo y de las lógicas internas de sus aparatos.

La reflexión actual alrededor de estos desafíos plantea, de manera ineludible, una consideración especial respecto de las consecuencias que sobre estas cuestiones tiene y habrá de tener la crisis económica surgida del desplome de la burbuja especulativa de los créditos inmobiliarios en EE.UU. y que se expande a Europa y a nivel internacional. Los últimos meses han sido testigos de su traslado a la periferia, en el curso del desplazamiento de la especulación financiera internacional desde el mercado inmobiliario de los países centrales a las materias primas, particularmente los agroalimentos e hidrocarburos. Especialmente el alza del precio de los alimentos en el mercado internacional ha impactado gravemente en los países más pobres dependientes de la importación de esos productos, amenazando con un nuevo ciclo de revueltas del hambre a nivel global. Se han modificado también los compromisos al interior de los sectores dominantes, incrementando el peso sociopolítico del complejo del agro-business. Por otra parte, el carácter especulativo del incremento de los precios obliga a considerar la posibilidad de su posterior disminución, así como de la aparición de un escenario cada vez más recesivo a nivel internacional.

En relación a ello, es menester no perder la atención sobre cómo el impacto de la crisis ha querido ser utilizado como una nueva palanca para promover la profundización del recetario neoliberal. Si la misma hunde sus raíces en los procesos de liberalización económica que caracterizaron las políticas neoliberales, la respuesta pretende ser una nueva ronda de liberalizaciones a nivel mundial y nacional. En cierta medida, estas pretensiones prolongan las pasadas experiencias de las crisis de la deuda externa y las hiperinflaciones de los años ‘80 cuando, como lo señala Naomi Klein, en su caracterización del capitalismo de shock (2007), la inestabilidad económica, en su capacidad de afectación sobre los sectores populares, fue utilizada para consolidar el modelo neoliberal.

Por contrapartida, este escenario abre también la posibilidad de avanzar en una dirección diferente, en la profundización de la reflexión y configuración de los caminos de salida del modelo neoliberal. Sin duda, afrontar estos desafíos plantea recuperar los horizontes emancipatorios desplegados en la experiencia latinoamericana reciente y que se han intentado referir en estas líneas. Pues son esos horizontes, parafraseando a Eduardo Galeano, los que motivan el caminar de los pueblos y los que también orientan hacia dónde ir.

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  1. Se hace referencia justamente al artículo “¿El fin de la historia?” (1989). 
  2. Se hace referencia al texto “What Washington Means by Policy Reform” publicado en 1990. 
  3.     BOSOER y LEIRAS (1999). 
  4. BORON (2003). 
  5. Se hace referencia especialmente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Constituida en 1986, en base a la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador surgida en 1980, su creación se inscribe en un largo proceso de organización de los pueblos indígenas que reconoce sus orígenes en la década de los ‘70. Como confederación la CONAIE agrupa a organizaciones indígenas regionales de la sierra (la ECUARUNARI) y la amazonía ecuatoriana (la CONFENAIE). 
  6. Puede agregarse, también, que en relación a las formas de lucha se ha señalado un cambio en la preeminencia de medidas confrontativas en desmedro de las demostrativas –que se expresó en la difusión regional de ciertas modalidades como los bloqueos de carreteras–, en la recurrencia de largas marchas –extendidas en el tiempo y el espacio– y en la repetición de las puebladas y levantamientos urbanos. 
  7.     ZIBECHI (2003). 
  8. Se puede referir, por ejemplo, a la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba (2000) y al levantamiento de la ciudad de El Alto durante la “Guerra del Gas” (2003) ambos en Bolivia; o a la experiencia de las asambleas populares surgidas en los principales centros urbanos de Argentina –a posteriori de diciembre de 2001– y de Ecuador, centrado en Quito, en abril de 2005. 
  9. SEOANE y TADDEI (2001). 
  10. Sobre ello, entre otras experiencias, es necesario considerar la creación de la Alianza Social Continental (1998) y la realización de las Cumbres de los Pueblos en oposición de las Cumbres de Presidentes de las Américas (desde 1998) y los Encuentros Hemisféricos de Lucha contra el ALCA (desde 2002). 
  11.   QUIJANO (2000). 
  12. De los 80 millones de habitantes que se estima vivían en nuestro continente cuando la llegada de los conquistadores europeos, a finales del siglo XV, se calcula que a mediados del siglo XVI sólo quedaban vivos 10 millones. Este vasto genocidio de los pueblos originarios sobre el que se levantó la conquista de América, la riqueza europea y el desarrollo capitalista no fue principalmente el resultado de la violencia de la conquista ni de las consecuencias de las enfermedades que portaban los conquistadores sino que, en gran medida, fue causado por que estas poblaciones eran obligadas a trabajar hasta morir bajo la institución de la encomienda que sólo fuera derogada a mediados del siglo XVI (LANDER, 2000). 
  13. CSUTCB, CONAMAQ y otros (2007). 
  14. NEGRI y HARDT (2001). 
  15. HOLLOWAY (2002). 
  16. En este sentido, las transiciones a la democracia representativa de la década de los ‘80 resultaron, en mayor o menor medida, de un renovado proceso de luchas y movilizaciones populares entre las que pueden mencionarse la campaña de las “directas ya” en Brasil, las movilizaciones sindicales y del movimiento de derechos humanos en Argentina, las protestas mineras en Bolivia o los cacerolazos y movilizaciones sindicales en Uruguay. 
  17. De SOUZA SANTOS (2002). 
  18. CECEÑA (2001). 
  19. En esta dirección puede considerarse la magnitud e importancia que cobran las movilizaciones y conflictos sociales en el año 2000 donde se concentran aquellas que precipitarán la caída de los gobiernos de Ecuador y Perú así como la llamada “Guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, que marcará el inicio de un ciclo de protestas en este país andino. Como antecedente de estos procesos a nivel electoral vale recordar la primera elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela a fines de 1998. 
  20. IBID, p. 150. 
  21. GONZÁLEZ CASANOVA (2002). 
  22. Acciones de este tipo han ocurrido en Argentina, Paraguay, Brasil, México y Centroamérica; particularmente a partir de 2004. 
  23. MURILLO (2008). 
  24. ZULUAGA (2004). 
  25. BRESSER PEREYRA (2007). 
  26. KATZ (2008). 
  27. LANDER y NAVARRETE (2007). 
  28. La referencia es a la nueva constitución venezolana, consagrada en 1999, y la propuesta finalmente rechazada de una nueva reforma constituyente en 2007; a la nueva constitución elaborada en Bolivia en 2007 que resta su aprobación vía referéndum –bloqueada por las protestas en las provincias del oriente– y en Ecuador en 2008 que aspira a ser ratificada a fines de septiembre próximo. 
  29. Es importante no olvidar que también en el terreno de la democracia representativa estas experiencias se han destacado por la consolidación y recreación de sus fundamentos democráticos. Se puede referir brevemente como ejemplo de ello a la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia a fines de 2005. Tras superar reiteradas amenazas de postergación, dichas elecciones, finalmente, se realizaron el 18 de diciembre resultando, desde distintos puntos de vista, un hecho de proporciones históricas en el proceso de democratización sociopolítica en Bolivia. La elección del primer presidente indígena en una sociedad mayoritariamente indígena pero acosada por el carácter racista de la estructuración del poder (patrón colonial del poder) que obtuvo un apoyo popular inédito en la reciente historia de la democracia representativa en dicho país y en el marco de una participación electoral record en las últimas décadas, señala la magnitud del hecho. 
  30. BORON (2007). 


1 comentario

  1. ruben 17/01/2017 9:12 pm

    para analizar

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