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Coerción y deberes de justicia igualitaria en el plano global[1]

Federico Abal

En el presente trabajo me propongo abordar un aspecto del debate sobre justicia global, a saber, aquel que refiere al alcance del igualitarismo distributivo.[2] Dentro de este debate pueden distinguirse entre dos enfoques generales: asociacionista y cosmopolita (Rivera López, 2007: 316).

El asociacionismo sostiene que existen determinadas condiciones que habilitan la emergencia de deberes de justicia igualitaria y que sólo se encuentran dentro de las unidades políticas o Estados nacionales. Por fuera de dichas unidades sólo podrían emerger deberes de otra naturaleza (de beneficencia o de rescate) o deberes de justicia menos exigentes (por ejemplo, de suficiencia).

El cosmopolitismo, en cambio, establece una conexión entre el plano doméstico y el plano global, y afirma la existencia de deberes de justicia igualitaria que alcanzan a todos los individuos con independencia de las fronteras políticas y/o territoriales.

En este sentido, un asociacionista puede sostener que existen deberes de justicia en ambos planos (doméstico y global) pero con contenidos distintos. Eso no lo convierte en un cosmopolita. El cosmopolitismo, del modo en que aquí lo presento, afirma la existencia de un único criterio de justicia distributiva que no reconoce fronteras.

A continuación, evaluaré si los argumentos esgrimidos por el asociacionismo para distinguir entre dos ámbitos de deberes son concluyentes. Para ello, proseguiré del siguiente modo. En primer lugar, expondré la estructura del asociacionismo, compuesta por una afirmación normativa y una descriptiva. En segundo lugar, presento un rechazo indirecto a la afirmación descriptiva. En tercer lugar, propondré dos líneas argumentativas para rechazar la afirmación normativa.

1. La estructura del asociacionismo

El asociacionismo, tal como lo he presentado, se caracteriza por la conjunción de dos afirmaciones (Barry y Valentini, 2009). Por un lado, una afirmación de naturaleza normativa que bajo la forma lógica de un bicondicional establece que si y sólo si se cumple la condición C, emergen deberes de justicia distributiva igualitaria. Por otro lado, asume una afirmación descriptiva o empírica que establece que la condición C sólo se cumple en el ámbito doméstico, es decir, dentro de las unidades políticas o Estados nacionales.

El asociacionismo puede adoptar diferentes presentaciones dependiendo de la definición que se estipule para la condición C. Una línea teórica influyente es la que define la condición C en términos de “coerción”. Esta línea ha sido desarrollada por diferentes autores y encuentra su formulación contemporánea originaria en el trabajo de Michael Blake (2001). Otros autores asociacionistas sostienen que la condición C, que permite la emergencia de deberes de justicia igualitaria y que sólo tendría lugar dentro de las fronteras nacionales, se define por el tipo de cooperación que los conciudadanos realizan entre sí para producir determinados bienes primarios.

A continuación, centraré mi atención exclusivamente en la variante del asociacionismo que define la condición C en términos de coerción. Esta elección no es antojadiza. Dicha línea teórica parece más apta que la alternativa cooperativista para justificar su afirmación empírica en un mundo económica y socialmente globalizado. En otras palabras, según creo, la afirmación empírica del cooperativismo es pasible de ser refutada apelando a ejemplos reales de cooperación económica bilateral, de tratados de libre comercio y de comunidades de naciones.

La estructura argumentativa del asociacionismo coercionista puede reconstruirse del siguiente modo:

Premisa 1: Si y sólo si tiene lugar un monopolio centralizado de la coerción, emergen deberes de justicia distributiva igualitaria (afirmación normativa).

Premisa 2: Solo existe un monopolio centralizado de la coerción dentro de las fronteras de los estados nacionales (afirmación empírica).

Conclusión: Solo dentro de las fronteras de los Estados nacionales emergen deberes de justicia distributiva igualitaria.

Existen dos estrategias para objetar este argumento. Dada su validez lógica, se debe o bien rechazar la afirmación empírica, o bien rechazar la afirmación normativa. Como anticipé anteriormente, la primera estrategia es poco fructífera; es improbable encontrar un monopolio centralizado de la coerción similar al de los Estados nacionales en el plano internacional. Sin embargo, puede impugnarse la afirmación empírica una vez que el coercionismo clarifica las razones por las cuales la coerción estatal es normativamente relevante y por las cuales su existencia dispara deberes de justicia igualitaria. Dicho de otro modo, si se explicita el porqué de la premisa 1, quizá el coercionismo deba ampliar sus miras.

2. Rechazo indirecto de la afirmación empírica

La estrategia que presento a continuación es indirecta porque no impugna directamente la afirmación empírica tal como fue presentada en la reconstrucción del apartado anterior. Por el contrario, consiste en retroceder un paso, preguntarse por las razones del coercionismo para afirmar el carácter especial de la coerción intraestatal, para luego mostrar que esas razones nos llevan a negar ese pretendido carácter.

Michael Blake (2001: 272) sostiene que la coerción es un tipo de acción que demanda una justificación porque, en principio, atenta contra un valor central de la vida de los individuos, a saber, su autonomía.[3] Indudablemente, existen muchas y diferentes instancias de coerción, tanto en el plano global como en el doméstico (incluso en las relaciones interpersonales, podría agregarse). Por lo tanto, la mera existencia de coerción no define el carácter especial de la realidad intraestatal. Blake no niega esto, sino que señala el tipo de justificación específica que requiere la coerción estatal. En términos generales, es el tipo de coerción lo que determina la justificación demandada. Esta posición es plausible; no todas las acciones coercitivas restringen nuestra autonomía de la misma manera (por ejemplo, Blake, 2001: 273, señala el caso distintivo del sistema penal).

Según Blake (2001: 280), la coerción estatal tiene la particularidad de aplicar en la esfera del derecho impositivo (y de la propiedad privada) y directamente sobre individuos, léase sus ciudadanos. Estas características habilitan a los afectados a demandar la aplicación de principios de justicia igualitaria. El modelo de justificación que acepta Blake es el del consenso hipotético propio de la posición original rawlsiana. Según este modelo, un esquema distributivo respaldado por la violencia debe, para justificarse, poder ser aceptado por los más desfavorecidos del esquema, lo que solo puede lograrse aplicando los principios de justicia rawlsianos.

Dicho esto, la premisa 1 del argumento coercionista podría ser reformulada en los siguientes términos: si y sólo si se establece coercitivamente un sistema de impuestos y propiedad sobre individuos, emergen deberes de justicia distributiva igualitaria. Ahora bien, asumiendo la verdad de esta premisa, cabe preguntarse si la premisa empírica se sostiene.

Podría señalarse que en el plano global no existe ninguna imposición coercitiva y que los Estados firman tratados, se integran regionalmente con otros e intervienen en organismos supranacionales voluntariamente. Esta afirmación, dependiendo de la definición de “coerción” y “acción voluntaria” que adoptemos, puede ser objeto de críticas. La Real Academia Española define la coerción como la “presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta”.[4] Claramente, tomando esta definición, los Estados son objeto de coerción. Por ejemplo, los organismos de crédito suelen imponer tasas de interés excesivamente altas para los créditos hacia aquellos países que no siguen políticas económicas “ortodoxas”. Dado que cualquier plan razonable de desarrollo económico requiere un cierto grado de capitalización, del que los países subdesarrollados carecen, podría decirse que existe una acción coercitiva sobre ellos.

Por supuesto, esta definición es discutible. Para algunos teóricos libertarios no habría ningún tipo de coerción por parte del individuo que, estando en el desierto y poseyendo una botella de agua, le propone al sediento un intercambio inaceptable en condiciones normales.

Más allá de esta aclaración, no se ataca la premisa empírica del argumento coercionista demostrando simplemente la existencia de coerción en el plano internacional. Como ya fue mencionado, existen acciones coercitivas en diferentes ámbitos y pueden ser justificables. Por ejemplo, incluso la decisión del organismo de crédito podría justificarse mediante una razón de sustentabilidad de la institución. Es necesario mostrar que la coerción es del mismo tipo que la que señala Blake, esto es, que aplica sobre los impuestos y la propiedad de individuos.

Una opción sería explorar el tipo de decisiones que toman los Estados, que son los agentes paradigmáticos del plano internacional, y como éstas repercuten en la calidad de vida de los individuos. Esta estrategia fue adoptada por Thomas Pogge (2009), quien sostiene que los Estados ricos contribuyen al mantenimiento de un orden global que condena a muchas personas a la pobreza extrema, violando sus derechos humanos. Por ejemplo, las condiciones impuestas por el Banco Central Europeo al gobierno griego en el marco de su reciente crisis económica tienen un efecto sobre el régimen impositivo de los ciudadanos de dicho país y garantizan que una parte de ellos continúe bajo la línea de pobreza.[5] Esta situación regional responde a las características de la coerción que Blake sólo atribuye a los Estados y, en consecuencia, habilitaría la justificada demanda por parte de los ciudadanos griegos afectados para que se aplicaran principios distributivos igualitarios a nivel europeo. Cabe mencionar que el Banco Central de Grecia es socio aportante de la entidad bancaria regional.

Desde la posición coercionista podría rebatirse que (1) la decisión de someterse a los mandatos del Banco Central Europeo es voluntaria y que, de existir coerción, (2) la acción no aplica sobre individuos, sino sobre Estados.

Nuevamente, definir una acción como “voluntaria” o “no sometida a una coerción injustificable” es materia de debate. Francisco García Gibson (2016: 61) recoge la idea de que la imposición deliberada de cargas irrazonables por parte de un agente al momento de tomar una decisión puede ser considerada un tipo de coerción. Creo que, en determinados escenarios de crisis económicas, la posición de una entidad financiera como el Banco Central Europeo puede emular a la de un asaltante que nos ofrece una oferta que no podemos rechazar (por ejemplo, la cartera o la muerte). Potencialmente, todos consideraríamos la acción del asaltante como siendo coercitiva y violando gravemente nuestra autonomía.

La respuesta (2) merece especial atención. En el plano internacional los encargados de firmar pactos y aceptar o rechazar condiciones son los Estados, no los individuos. La coerción moralmente relevante desde el punto de vista del coercionismo es la que tiene lugar hacia adentro de esos Estados y los reclamos justificados por la aplicación de principios distributivos igualitarios son aquellos formulados por los ciudadanos hacia sus gobiernos (por ejemplo, con relación a la progresividad de los impuestos recaudados para pagar los intereses del crédito otorgado por una entidad financiera).

Esta respuesta, aunque verdadera, no basta para defender la afirmación empírica.

Si consideramos a los Estados como “individuos” en el orden internacional y se acepta que existen reglas que los coercionan respecto de sus “impuestos” (por ejemplo, exigiendo ciertas contribuciones a organismos internacionales o imponiendo sanciones económicas o embargos) y su “propiedad” (por ejemplo, exigiendo políticas que facilitan la fuga de capitales), la afirmación empírica del argumento coercionista es falsa. Existen deberes de justicia igualitaria en el plano internacional y los agentes que pueden exigir modificaciones sobre la base de ellos son los Estados.[6]

Cabe señalar que esta afirmación no satisfaría las demandas del cosmopolitismo, que centra su atención principalmente en los individuos. Es posible que un esquema distributivo igualitario a nivel interestatal no garantice el cumplimiento del igualitarismo hacia adentro de cada comunidad política. Sin embargo, el objetivo de este apartado es mostrar que, aceptando la premisa normativa del coercionismo, las demandas de justicia también tienen lugar por fuera de las fronteras.

La estrategia de rechazar la afirmación empírica es, en cierto sentido, la menos desafiante para el coercionismo. Siempre pueden precisarse las características que vuelven especial al plano estatal para descartar cualquier comparación con el plano internacional. No obstante, este posible refinamiento del argumento coercionista corre el riesgo de especificar demasiado la afirmación normativa, volviendo implausible la idea de que sólo en ese ámbito restringido es donde pueden aplicar deberes de justicia igualitaria.

3. Rechazo directo a la afirmación normativa

La afirmación normativa tal como la he presentado tiene la forma lógica de un bicondicional. En cualquier afirmación bicondicional pueden distinguirse dos condicionales. En este caso, la afirmación normativa consta de los siguientes condicionales:

Condicional 1: Si tiene lugar un monopolio centralizado de la coerción, emergen deberes de justicia distributiva igualitaria.
Condicional 2: Si emergen deberes de justicia distributiva igualitaria, tiene lugar un monopolio centralizado de la coerción.

Rechazar el primer condicional implicaría, en la práctica, la negación de cualquier demanda igualitaria. Es difícil imaginar un escenario donde los deberes de justicia distributiva igualitaria aplicarían en un ámbito diferente al doméstico, pero no en éste. El segundo condicional, en cambio, puede rechazarse debido a una ampliación del alcance del igualitarismo. Si se demostrara que existe algún caso donde emergen (con sentido) deberes de justicia igualitaria y en el que no existe un monopolio centralizado de la coerción, entonces el coercionismo sería refutado o, al menos, limitado.[7]

En su clásico libro “¿Por qué no el socialismo?”, Gerald Cohen propone la experiencia de un campamento para mostrar la puesta en funcionamiento de principios socialistas. Ir de campamento es una experiencia voluntaria en la que coinciden varias personas con el objetivo de pasar un momento agradable. Todos los participantes tienen la intención de cooperar unos con otros. Sin embargo, pueden darse situaciones en las que surjan disputas respecto de cuestiones distributivas.

A Harry le encanta pescar, y Harry es un muy buen pescador. Por consiguiente, él aporta más pescado que los demás. Harry dice: “El modo en que estamos manejando las cosas es injusto. Yo debería comer el mejor pescado. Yo debería comer trucha, no la mezcla de trucha y bagre que todos comimos hasta ahora”. Pero sus compañeros le dirían: “Oh, Dios, Harry, no seas tan cretino. Te esfuerzas y transpiras tanto como nosotros. Claro que eres muy buen pescador. Nosotros no despreciamos este don especial que tienes, que en realidad constituye una fuente de satisfacción para ti, pero ¿por qué deberíamos recompensarte por esta habilidad preexistente?”. (Cohen, 2014: 181)

En el ejemplo de Cohen no existe ninguna institución que coercione a los individuos para aportar más o menos bienes a la canasta de alimentos común. La inclinación de los participantes a favor de principios distributivos socialistas se debe a la constatación de la existencia de desigualdades naturales y sociales (suponiendo que Harry aprendió a pescar en un curso privado al que los demás miembros del campamento no pudieron acceder) arbitrarias que no deberían determinar la cantidad de bienes de los que dispone cada uno. El argumento de Cohen afirma que quienes participan con Harry del campamento pueden demandarle (con sentido) el cumplimiento de deberes de justicia igualitaria con el fundamento de estar participando de una misma empresa común, a saber, la de disfrutar juntos de una estancia en el campo. El único castigo posible que podrían aplicar los campistas para quien no quisiera atenerse a estos deberes es el de no continuar cooperando con él, lo que en la práctica implicaría la exclusión del campamento.

Ahora bien, el coercionista podría indicar que se está ejerciendo una suerte de coerción sobre Harry al presentarle como únicas opciones el cumplimiento de los deberes socialistas o la exclusión. En este sentido, el campamento no sería más que una instancia idéntica a la intraestatal, en la que se actúa coercitivamente sobre los impuestos y la propiedad de los individuos. Sin embargo, esta respuesta parece mostrar la debilidad de la propia posición coercionista, dado que aceptaría la existencia de instancias independientes del Estado que presentan las mismas características que se suponía sólo éste presentaba. Asimismo, asumiría una definición de “coerción” demasiado débil que podría aplicar a cualquier instancia de toma de decisiones con un mínimo costo de oportunidades.[8]

Este rechazo de la premisa normativa no muestra, por sí solo, que el alcance de los principios de justicia igualitaria sea global. En el mejor de los casos, muestra que existen ejemplos externos a la coerción estatal a los que estos principios pueden aplicar. Para terminar este trabajo quisiera introducir someramente las bases de una línea argumentativa que considero promisoria para la defensa de una posición cosmopolita y que apela, en cierto sentido, a la idea de “empresa común” que subyace en el ejemplo de Cohen.

La posición de los campistas rescata las intuiciones sobre las que John Rawls formula su teoría de la justicia. La posición original es un recurso heurístico al que arriba Rawls tras argumentar en contra de la inmoralidad de un esquema distributivo fundado en la aceptación de las consecuencias de la lotería natural y social. El espíritu del igualitarismo se basa en el rechazo de estas dos fuentes de desigualdad.

No hay mejor razón para permitir que la distribución del ingreso y la riqueza sea resuelta en función de las capacidades naturales, a que lo sea en favor de las contingencias sociales e históricas. Más aún, el principio de la igualdad de oportunidades sólo puede realizarse imperfectamente, al menos mientras exista en alguna forma la institución de la familia. El grado en que se desarrollen y fructifiquen las capacidades naturales se ve afectado por todo tipo de condiciones sociales y actitudes de clase. Incluso la buena disposición para hacer un esfuerzo, para intentarlo, y por tanto ser merecedor del éxito en el sentido ordinario, depende de la felicidad en la familia y de las circunstancias sociales. En la práctica es imposible asegurar a los igualmente dotados iguales probabilidades culturales y de superación, y por tanto podríamos desear adoptar un principio que reconociera este hecho y mitigara también los efectos arbitrarios de la lotería natural. (Rawls, 2006: 79)

Si atendemos a estas loterías, el mundo es un lugar injustamente desigual. Al mismo tiempo, los individuos globales estamos interrelacionados como nunca antes y en constante cooperación.

Darrel Moellendorf (2018: 121) sostiene que los individuos globales formamos parte de una asociación económica común, que cumple una serie de requisitos: 1) es relativamente fuerte;[9] 2) no voluntaria; 3) constituye una parte importante de las reglas de trasfondo que regulan la vida de los individuos, y 4) es gobernada por reglas sometidas al control humano. El autor propone una interesante tercera posición entre el cosmopolitismo y el asociacionismo, a la que denomina “cosmopolitismo dependiente de la membrecía” (120). La particularidad de esta propuesta es que ata la emergencia de deberes de justicia a la existencia de una condición más exigente que la mera pertenencia al género humano, pero que, en la práctica (léase, en el mundo capitalista globalizado) satisfacen todas las personas. El hecho de ser miembros individuales de esta asociación económica común nos habilita a demandar el cumplimiento de principios distributivos igualitaristas. Esta demanda se funda en la idea de respeto. El hecho de que se impongan globalmente un conjunto de reglas de asociación económica exige una justificación respecto de cómo se distribuyen los resultados de dicha asociación, especialmente hacia los peor situados.

Conclusión

En el presente trabajo expuse la estructura argumentativa del asociacionismo coercionista. Específicamente, mostré que consta de dos premisas, una normativa y otra empírica. En el apartado 2 señalé que una vez que explicitamos las razones de la premisa normativa puede demostrarse la falsedad de la premisa empírica. Existen deberes de justicia en el plano global que aplican sobre los Estados entendidos como individuos coercionados. En el apartado 3 rechacé la premisa normativa apelando a dos estrategias. En primer lugar, mencioné la existencia de un caso externo a la esfera de coerción estatal en el que surgen demandas legítimas de justicia distributiva igualitaria. En segundo lugar, introduje la propuesta cosmopolita sui géneris de Moellendorf, que funda la existencia de deberes de justicia igualitaria en el plano internacional sobre una idea de respeto hacia los individuos globales, entendidos como miembros de una asociación económica común.

Referencias

Abizadeh, A. (2007), “Cooperation, pervasive impact, and coercion: on the scope (not site) of distributive justice”, Philosophy and Public Affairs, 35: 318-358.

Barry, C. y L. Valentini (2009), “Egalitarian challenges to global egalitarianism: A critique”, Review of International Studies, 35: 485-451.

Blake, M. (2001), “Distributive justice, state coercion, and autonomy”, Philosophy and Public Affairs, 30: 257-296.

Cohen, G. (2014) “¿Por qué no el socialismo?”, en G. Cohen (ed.), Por una vuelta al socialismo, México, Siglo XXI, 179-207.

García Gibson, F. (2016), “Desigualdad global y coerción”, Análisis Filosófico, 36 (1): 55-73.

Moellendorf, D. (2018), “Real-world global egalitarianism”, en C. Brown y R. Eckersley (eds.), The Oxford Handbook of International Political Theory, Oxford University Press, 118-129.

Nagel, T. (2005), “The problem of justice”, Philosophy and Public Affairs, 33 (2): 113-147.

Pogge, T. (2009), “Reconocidos y violados por el derecho internacional: los derechos humanos de los pobres globales”, en T. Pogge (ed.), Haciendo justicia a la humanidad, Ciudad de México, FCE, 73-99.

Rawls, J. (2006), Teoría de la justicia, Ciudad de México, FCE.

Rivera López, E. (2007), “Pobreza global y conocimiento empírico”, Revista Latinoamericana de Filosofía, 33 (2): 315-332.


  1. Una versión de los temas abordados en este capítulo ha sido publicada en la revista Praxis Filosófica, agradezco a los editores de dicha publicación. Asimismo, agradezco a Francisco García Gibson por introducirme en el debate sobre justicia global y a los miembros de la Red de Investigadores sobre el Igualitarismo por la disposición a discutir sobre este tema.
  2. Para la distinción entre alcance y sitio, ver Abizadeh (2007).
  3. Blake (2001: 282) señala el carácter paradójico de la coerción estatal. Por un lado, atenta contra la autonomía y, por el otro, es condición de posibilidad de ésta.
  4. http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=coerci%C3%B3n
  5. https://www.pagina12.com.ar/112575-grecia-sin-derecho-a-huelga-ajustada-acosada
  6. Este enfoque individualista sobre los Estados es común en el derecho internacional. Abundan las analogías entre la integridad física individual y la soberanía territorial. Asimismo, las razones de defensa nacional suelen remitir a comparaciones con casos de legítima defensa individual.
  7. Digo “limitado” porque el coercionismo podría reformular su posición de modo que afirme que su teoría aplica para casi todo el universo de las relaciones moralmente relevantes, con la excepción de casos marginales como el que aquí propongo.
  8. Nótese que este caso también refutaría la versión coercionista de Nagel (2005), quien sostiene que el carácter específico de la coerción doméstica, que daría lugar a la emergencia de deberes de justicia igualitaria, radica en su pretensión de representatividad, de hablar en nombre de los coercionados.
  9. Moellendorf (2018: 122) propone varias formas de entender esta condición. Según sostiene, todas ellas son cumplidas por la asociación económica común.


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