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La igualdad en John Rawls y la herencia de riquezas en la Argentina

Alejandro Berrotarán

En las últimas décadas la transferencia de riquezas a través de la herencia ha cobrado una destacable importancia económica. De acuerdo con el estudio realizado por Thomas Piketty (2015: 415-472), el siglo XXI estará marcado por un incremento del volumen total de capital transmitido por herencia y de este flujo de capital como parte del ingreso nacional.[1] A la renovada relevancia económica de esta institución se le suma lo desigual de su distribución (447).

Sin embargo, el abordaje específico que, desde la filosofía política contemporánea, se ha realizado sobre la herencia de riquezas es más bien escaso (Halliday, 2018: 17). En este sentido, el presente artículo pretende aumentar el interés en una institución central en nuestras sociedades. A su vez, las propuestas finales tienen un elemento práctico que ha de ser considerado a la hora de pensar un diseño legal en consonancia con los valores con los que como sociedad estamos comprometidos.

En la obra de John Rawls, la herencia de riquezas se encuentra justificada en la medida en que beneficie a los más desaventajados. Pero esta justificación se encuentra supeditada a la satisfacción de las exigencias prioritarias de igualdad que los demás principios de justicia imponen sobre esta institución en particular.[2] De esta manera, el objetivo central del trabajo es responder a la siguiente pregunta: ¿la regulación argentina de la herencia de riquezas satisface las exigencias igualitarias de la teoría de justicia de Rawls? Para esto empezaré por reconstruir la teoría liberal igualitaria en la que se encuadra este autor. Posteriormente, abordaré la concepción de igualdad rawlsiana para ver las exigencias específicas que este valor establece sobre la regulación de la herencia. Luego, analizaré la actual legislación argentina que regula esta institución. Finalmente, a partir de los marcadores teóricos abordados, evaluaré la normativa nacional y realizaré algunas consideraciones para responder a la pregunta central planteada.

1. Liberalismo igualitario

La elección por el marco teórico liberal igualitario se fundamenta en que una lectura moral plausible de la Constitución Nacional (Dworkin, 1985), y por lo tanto de nuestro sistema jurídico, es aquella que adopta como marco teórico al liberalismo igualitario, dado el compromiso que nuestra carta magna presenta con los valores de libertad e igualdad.[3]

El liberalismo igualitario es una filosofía política cuya premisa fundamental es que las personas poseen igual valor moral y, por ende, deben ser tratadas con igual consideración y respeto (Kymlicka, 2002: 3-4). Esto, a su vez, requiere que las instituciones públicas garanticen la protección de la libertad individual y una distribución igualitaria no sólo de las libertades, sino también de las oportunidades y los recursos económicos.

El representante paradigmático de esta tradición es John Rawls. Su concepción de justicia propone un modo específico de satisfacer las exigencias que la libertad y la igualdad imponen sobre las instituciones públicas. En primer lugar, las libertades se deben repartir de manera igualitaria entre todos los ciudadanos. En segundo lugar, debe garantizarse un reparto equitativo de las oportunidades. Finalmente, establece el principio de la diferencia según el cual los recursos materiales deben distribuirse de manera igualitaria a menos que una distribución desigual beneficie a quien menos recibe (Rawls, 1999).

El conjunto de principios de la teoría rawlsiana están ordenados según una prioridad lexicográfica. Esta prioridad implica que no se puede justificar una pérdida de libertad para gozar de mayores oportunidades o recursos económicos, a la vez que las iguales oportunidades no pueden socavarse para satisfacer el principio de la diferencia.

2. Igualdad en Rawls

Si bien puede considerarse que diferentes valores entran en juego a la hora de regular la institución de la herencia, existe uno cuyas exigencias específicas abordaré: la igualdad.

Existen dos formas en las que la igualdad es incorporada en la concepción de justicia de Rawls: en el valor equitativo de las libertades políticas y en la igualdad equitativa de oportunidades (Freeman, 2007: 88).

2.1. Valor equitativo de las libertades políticas

Como vimos anteriormente, la libertad juega un rol prioritario en la teoría de justicia de Rawls. Pero no todas las libertades tienen prioridad lexicográfica sobre las exigencias establecidas por la igualdad de oportunidades y el principio de la diferencia. Sólo aquellas consideradas básicas tienen este carácter especial.

Lo que define a una libertad como básica es su rol central para garantizar el ejercicio de los dos poderes morales que definen al ciudadano como agente moral: la capacidad para una concepción del bien y la capacidad para un sentido de la justicia. A partir de estas nociones, Rawls establece un listado de cinco libertades vinculadas a estos poderes morales: la libertad de conciencia y de pensamiento, la libertad de asociación, las iguales libertades políticas, los derechos que protegen la integridad y la libertad de la persona y las libertades protegidas por el imperio de la ley.

Es importante destacar que la libertad de dejar una herencia no es incorporada dentro del esquema de libertades básicas de las personas. Así, si bien el derecho a gozar y tener el uso exclusivo de la propiedad personal es reconocido como una libertad básica, Rawls (2006: 298) entiende que se debe evitar extender esta concepción del derecho de propiedad al derecho a dejar una herencia. Esto implica que es posible que esta potestad sea limitada, e incluso negada completamente, para satisfacer las exigencias de justicia que devienen de las libertades básicas, las iguales oportunidades o el principio de la diferencia.

Del listado de libertades fundamentales enumeradas, algunas se encuentran particularmente comprometidas si se posibilita la transferencia de riqueza ilimitada a través de la herencia: las iguales libertades políticas. Estas libertades incluyen el derecho a votar y ser elegido para un cargo público, el derecho a la libertad de discurso político y la libertad de asamblea (Marneffe, 2015: 47). De forma más completa Rawls (1999: 194) dice: “[A]ll citizens are to have an equal right to take part in, and to determine the outcome of, the constitutional process that establishes the laws with which they are to comply”.

En particular estos derechos deben entenderse como indispensables para el desarrollo y el ejercicio completo del sentido de la justicia de las personas.

Having the freedom to discuss moral and political issues, criticize the government, and take an active role in public political life are all needed if a person is to realize his capacity to reason about justice and act on its demands. The exercise of these liberties thus warrants exceptional protection since they are needed for the adequate development and full exercise of one’s capacity to understand, apply and act on requirements of justice, and to participate in “the public use of reason,” the critical assessment and/or justification of actions and institutions according to reasons of justice. (Freeman, 2007: 56)

La importancia de estas libertades trae aparejado que no solamente se les debe su protección institucional sino que se les debe garantizar su igual valor. Esto lleva a Rawls a conjugar el concepto tradicional de libertad formal liberal con una instanciación igualitaria (Gutmann, 1980: 123-124). Mientras que la idea de libertad implica la ausencia de interferencias y restricciones institucionales sobre las opciones de las personas, la idea de su valor hace referencia a la capacidad real de las personas para avanzar en sus fines dentro del marco que el sistema define o la posibilidad efectiva de ejercicio de estas libertades (Rawls, 1999: 179). En este sentido, “[h]aving a voice –the formal right to participate– is not enough; what matters is having one’s voice heard” (Bercuson, 2015: 191).

El lugar privilegiado de estas libertades, las únicas a las cuales Rawls considera que se les debe satisfacer su valor, se debe a que estas son esenciales para la idea de igualdad ciudadana. Esto en la medida en que, sin garantizar su igual valor equitativo, las instituciones de trasfondo no podrían establecerse o mantenerse (Rawls, 2006: 327-328). Además, teniendo en cuenta que el espacio de participación política es limitado y que este tipo de libertades son más sensibles a la posición social y económica que otras, es preciso que los ciudadanos tengan la capacidad real de ejercitarlas (Rawls, 2001: 328-329).

De esta manera, el valor equitativo de las libertades políticas debe ser entendido como el deber de garantizar a todos, independientemente de su clase social y económica, una oportunidad equitativa de acceder a los cargos públicos e influenciar en el resultado de las decisiones políticas (Rawls, 2001: 149). Estas libertades son vulneradas cuando los ciudadanos más ricos pueden excluir de la participación política a los más pobres (150).

Rawls es consciente de que las desigualdades económicas pueden implicar un menoscabo al valor de estas libertades, y en este sentido señala:

The liberties protected by the principle of participation lose much of their value whenever those who have greater private means are permitted to use their advantages to control the course of public debate. For eventually these inequalities will enable those better situated to exercise a larger influence over the development of legislation. In due time they are likely to acquire a preponderant weight in settling social questions, at least in regard to those matters upon which they normally agree, which is to say in regard to those things that support their favored circumstances. (Rawls, 1999: 198)

Justamente para evitar esta pérdida de valor de estos derechos esenciales para los ciudadanos introduce la noción de valor equitativo de estas libertades y establece la necesidad de una serie de medidas que abordaré más adelante.

2.2. Igualdad equitativa de oportunidades

En este apartado distinguiré tres concepciones de igualdad de oportunidades y me centraré en una de ellas, la igualdad equitativa de oportunidades, para ver qué exigencias institucionales presenta este ideal.

Una primera concepción de igualdad de oportunidades está ligada a la idea de carreras abiertas a los talentos. Esto requiere que los puestos y las posiciones que confieren ventajas importantes en la sociedad estén abiertos a todos y que las personas sean evaluadas para su acceso en función de sus méritos. La idea es que los más calificados sean los ganadores de la carrera social.

Para alcanzar este ideal es preciso que no existan restricciones legales para que ciertos grupos accedan a ciertas posiciones y que no haya restricciones sociales o convencionales contra estos grupos (Freeman, 2007: 89). En la práctica, esta idea de igualdad formal de oportunidades exige, por ejemplo, que las personas no puedan ser excluidas de cargos o puestos por su sexo o color de piel (Segall, 2015: 269).

Diferentes autores posicionados en el liberalismo igualitario entienden que la igualdad formal es insuficiente para satisfacer las exigencias de justicia. Así, Rawls (1999: 91) dice que esta concepción “means an equal chance to leave the less fortunate behind in the personal quest for influence and social position”. La idea detrás de esta crítica es que la carrera para acceder a los cargos y puestos que otorgan ingresos y prestigio solo es justa si es el mérito, y no las circunstancias del individuo, el que define la asignación de los ganadores (Kymlicka, 2002: 58). Para esto es preciso que las instituciones garanticen una justicia de trasfondo que permita desarrollar las calificaciones necesarias para acceder a los puestos y cargos relevantes.

La pregunta es qué nivel de oportunidades es preciso que se garanticen a las personas. Una concepción radical o estricta de igualdad de oportunidades exige que se tomen las medidas necesarias para que todas las personas al nacer tengan la misma posibilidad de acceder a cargos y puestos relevantes. Según Anne Alstott (2007: 488): “[F]or opportunity to be equal for everyone –and not just for the first generation– the state must not permit individuals to act in ways that compromise equality”.

Rawls descarta la posibilidad de adoptar un principio de igualdad estricto de oportunidades.[4] Entre otros motivos, porque considera que un compromiso con este ideal llevaría a dos consecuencias que rechaza: la manipulación genética para igualar los talentos naturales de las personas y la abolición de la familia para evitar parcialidades que harían que algunos tengan más oportunidades que otros. La primera opción es descartada en la medida en que implicaría una interferencia sobre la integridad personal y sobre la concepción del bien de las personas (Gutmann, 1980: 124) y, a su vez, porque es posible hacer que los talentos funcionen en beneficio de los menos aventajados a través del principio de la diferencia. La eliminación de la familia es rechazada por diferentes motivos: por un lado, porque vulnera la libertad de asociación, considerada una libertad básica en el esquema de Rawls (Freeman, 2007: 97), y, por otro lado, porque aun eliminando la familia existirían parcialidades, sea a través de vínculos socioafectivos[5] como a través de la misma crianza de los niños fuera de la familia,[6] muy difíciles de suprimir.

Frente a esta concepción, Rawls plantea una idea de igualdad de oportunidades que no se compromete con un criterio estricto y absoluto, sino con uno más bien aproximativo y relativo (Fatauros, 2015: 156). Este ideal implica “certain set of institutions that assures similar chances of education and culture for persons similarly motivated and keeps positions and offices open to all on the basis of qualities and efforts reasonably related to the relevant duties and tasks” (Rawls, 1999: 245-246). Así, no es importante la perfecta igualdad entre las oportunidades de las personas sino “[w]hat is important is that people, whatever their natural abilities and social circumstances, be given the means to fully develop and effectively exercise the talents and abilities that they are endowed with, so that they may engage in public life as equal citizens, and have a fair opportunity to compete with others of similar abilities for positions within the range of their developed skills” (Freeman, 2007: 98).

De esta forma, la idea de igualdad equitativa de oportunidades, junto con el principio de la diferencia, llevan a una interpretación democrática de igualdad en la que se reconoce que el principio de igualdad de oportunidades solo puede ser aproximadamente satisfecho y donde se mitiguen los efectos arbitrarios de las desigualdades naturales (Rawls, 1999: 64).

2.3. Exigencias institucionales del compromiso con el valor equitativo de las libertades políticas y con la igualdad equitativa de oportunidades

Rawls entiende que el principio de la diferencia puede permitir desigualdades que sean incompatibles con los ideales abordados. En este sentido, la prioridad lexicográfica posibilita establecer limitaciones a las disparidades económicas que podrían surgir, para garantizar los demás principios de justicia.

Por un lado, con respecto a las libertades políticas el temor es a que se constituya una plutocracia que utilice las amplias disparidades de riqueza como fuente de poder político. Para evitar que estas disparidades económicas ocasionen que el gobierno representativo sea una mera apariencia (Rawls, 1999: 246), es preciso que, cuando las desigualdades económicas alcancen determinado nivel,[7] se establezcan medidas de desconcentración de la riqueza.

Por otro lado, el criterio relativo de igualdad equitativa de oportunidades exige evitar disparidades de riqueza tales que pongan en riesgo las instituciones que garanticen estas oportunidades. Así, lo que se busca es evitar desigualdades groseras y sistemáticas (Fatauros, 2015: 156) que conlleven menoscabar la justicia de trasfondo necesaria para el sostenimiento de las instituciones justas. En este sentido, el compromiso con la igualdad equitativa de oportunidades nos conduce a demandar políticas para prevenir y reducir la excesiva acumulación de recursos económicos.

Como una de las medidas para promover esta dispersión de la riqueza, de forma tal que se puedan establecer o mantener las condiciones de justicia de trasfondo, Rawls menciona en particular el impuesto sobre las herencias y la limitación al poder de testar. En este sentido, dice:

[T]he purpose of these levies and regulations is not to raise revenue (release resources to government) but gradually and continually to correct the distribution of wealth and to prevent concentrations of power detrimental to the fair value of political liberty and fair equality of opportunity. (Rawls, 1999: 245)

En cuanto a la forma específica de estas regulaciones, dice que debería implementarse un impuesto progresivo que grave a quien recibe una herencia. A su vez, considera apropiado establecer alícuotas diferenciadas según la naturaleza del beneficiario, permitiendo un trato diferenciado para, por ejemplo, las instituciones educativas o los museos (Rawls, 2001: 161).

3. Regulación de la herencia en la Argentina

La institución de la herencia, aunque con modificaciones, ha formado parte del sistema jurídico argentino desde sus orígenes. El Código Civil y Comercial de la Nación (CCYCN) de reciente formulación la entiende como el conjunto de derechos y obligaciones que un individuo, al momento de fallecer, transmite a las personas llamadas a sucederle por testamento o por la ley (art. 2277 CCYCN). Además de las normas de derecho sucesorio que regulan esta institución, sus contornos se completan con normas tributarias. En este sentido, desde que en 1976 se derogó el impuesto a la herencia (ley 20.632), en general, la transmisión hereditaria no está sujeta a gravámenes.

La única jurisdicción que establece este tipo de impuesto es la provincia de Buenos Aires que implementó este tributo mediante la ley 14.044 en 2007 y cuya aplicación efectiva comenzó en 2011. El hecho imponible de este tributo está integrado por “[t]odo aumento de riqueza a título gratuito” (art. 90) e incluye específicamente las herencias y los legados. En cuanto a las características del impuesto, se establece una alícuota progresiva doble de acuerdo con la cuantía de la totalidad de bienes recibidos y el grado de parentesco con el causante (a mayor grado de parentesco, menor carga tributaria). A su vez, se encuentran excluidos del pago los enriquecimientos provenientes de bienes “donados o legados que reciban las instituciones religiosas, de beneficencia, culturales, científicas, de salud pública o asistencia social gratuitas y de bien público” (art. 106). Por último, se realiza una asignación específica de lo recaudado principalmente destinada al Fondo Provincial de Educación de Buenos Aires.

En 2013 la provincia de Entre Ríos implementó este tipo de tributo en su jurisdicción con un diseño legal semejante al adoptado en Buenos Aires. Sin embargo, en marzo de 2017, en el fallo con autos caratulados “Colegio de Escribanos de Entre Ríos c/Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de Inconstitucionalidad Expte. Nº 22.363”, el juez Eduardo Federico Planas del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Paraná declaró inconstitucional el impuesto y meses después la Legislatura provincial lo derogó. Es importante destacar que en la sentencia judicial no hubo una mención a los argumentos de igualdad destacados en este artículo.[8] Si bien en la Legislatura tampoco hay una mención explícita a este tipo de razones,[9] una diputada provincial, pese a votar afirmativamente por la derogación del tributo, hace una referencia a lo desigualitario que es no gravar estas trasmisiones: “Creo que es una total injusticia que quien recibe una gran herencia de regalo no tribute a la sociedad algo por lo que recibe”.[10]

Consideraciones finales

Las exigencias institucionales que devienen de los principios de justicia de Rawls hacen a la justificación de la herencia de riquezas. En este sentido, esta institución estará justificada en la medida en que las desigualdades económicas que genere beneficien a los más desaventajados y sean compatibles con el valor equitativo de las libertades políticas y la igualdad equitativa de oportunidades (Rawls, 1999: 245).

A partir de la evaluación del sistema institucional argentino, se arriba a la clara conclusión de que el diseño legal nacional no presenta un impuesto a la herencia de riquezas, siendo la provincia de Buenos Aires la única jurisdicción que establece este tipo de tributo. Es preciso mencionar que este impuesto provincial recoge algunas observaciones realizadas por Rawls para pensar este gravamen, en la medida en que presenta una alícuota progresiva en función de la cantidad recibida y en que hace un tratamiento diferenciado a ciertos sujetos impositivos. La experiencia de la provincia de Entre Ríos da cuenta de la ausencia de los argumentos de igualdad abordados en los fundamentos de los actos del Poder Judicial y la Legislatura provincial.

De esta manera, la legislación argentina referida a la regulación de la herencia de riquezas no satisface las exigencias institucionales igualitarias específicas vinculadas a los valores de libertad e igualdad de oportunidades de la teoría de John Rawls. Esto lleva a la necesidad de establecer políticas concretas, entre las que se destaca el establecimiento de un impuesto a nivel nacional que grave este tipo de transmisiones, para acomodar la institución de la herencia a las exigencias igualitarias de justicia.

Referencias

Alstott, A.L. (2007), “Equal opportunity and inheritance taxation”, Harvard Law Review, 121 (2): 469-542.

Bercuson, J. (2015), “Democracy”, en J. Mandle y D.A. Reidy (eds.), The Cambridge Rawls Lexicon, Cambridge University Press, 190-194.

Dworkin, R. (1985), A Matter of Principle, Cambridge, Harvard University Press.

Fatauros, C.A. (2015), “Criterios redistributivos mixtos: igualdad equitativa y maximin”, Derechos y Libertades, 32 (2): 137-162.

Freeman, S. (2007), Rawls, Oxford, Routledge.

Gheaus, A. (2018), “What abolishing the family would not do”, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 21 (2): 284-300.

Gutmann, A. (1980), Liberal Equality, Cambridge University Press.

Halliday, D. (2018), The Inheritance of Wealth: Justice, equality and the right to bequeath, Oxford University Press.

Kymlicka, W. (2002), Contemporary Political Philosophy: An introduction, Nueva York, Oxford University Press.

Marneffe, P. (2015), “Basic liberties”, en J. Mandle y D.A. Reidy (eds.), The Cambridge Rawls Lexicon, Cambridge University Press, 47-49.

Piketty, T. (2015), El capital en el siglo XXI, Ciudad de México, FCE.

Rawls, J. (1999), A Theory of Justice (edición revisada), Cambridge, Harvard University Press.

– (2001), Justice as Fairness: A restatement, Cambridge, Harvard University Press.

– (2006), Political Liberalism (edición aumentada), Nueva York, Columbia University Press.

Segall, S. (2015), “Fair equality of opportunity”, en J. Mandle y D.A. Reidy (eds.), The Cambridge Rawls Lexicon, Cambridge University Press, 269-272.

Textos legales

Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994 publicada en el Boletín Oficial, 8 de octubre de 2014.

Constitución Nacional Argentina, ley 24.430 publicada en el Boletín Oficial, 10 de enero de 1995.

Ley de Impuesto al Enriquecimiento del Patrimonio a Título Gratuito, ley 20.632, de 1974.

Ley Impositiva de Buenos Aires, ley 14.044, publicada en el Boletín Oficial, el 16 de octubre de 2009.


  1. Si bien el estudio de Piketty (2015: 471) se centra en Francia y otros países centrales, concluye que “[p]arece posible que si las tasas de crecimiento demográfico y económico acaban disminuyendo, lo que lógicamente debería acontecer a lo largo del presente siglo, la herencia adquirirá por todas partes la misma importancia que la observada a lo largo de la historia en todos los países con un bajo crecimiento”.
  2. No será objeto de este trabajo abordar el principio de la diferencia de Rawls y su satisfacción por parte del Estado argentino, pero sí se tratarán los principios de libertad y de igualdad de oportunidades que hacen a la justificación de esa institución.
  3. La igualdad como valor rector de la Constitución está plasmada en los artículos 14, 14 bis, 16, 37, 75 inc. 19 y 23, y en tratados de derechos humanos ratificados por el país con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), entre otros; la libertad está plasmada en los artículos 14, 15, 18, 19, 20 y en tratados de derechos humanos ratificados por el país con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), entre otros.
  4. “It is impossible in practice to secure equal chances of achievement and culture for those similarly endowed, and therefore we may want to adopt a principle which recognizes this fact and also mitigates the arbitrary effects of the natural lottery itself” (Rawls, 1999: 64).
  5. En este sentido Freeman (2007: 98) dice que la igualdad equitativa de oportunidades “does not require that the family be abolished any more than it requires that friendships be abolished”.
  6. Al respecto Gheaus (2018: 298) dice: “[H]uman partiality and unequal abilities to nurture would likely disrupt equality (of opportunity) in any imaginable form of bringing up children […] Whatever else it could accomplish; the abolition of the family would not allow for the realisation of equality (of opportunity) since it is not the source of inequality”.
  7. Rawls (1999: 246) dice que establecer cuál es el límite exacto en el cual las desigualdades ocasionan estas consecuencias disruptivas es una cuestión de juicio político: “[W]here this limit lies is a matter of political judgment guided by theory, good sense, and plain hunch, at least within a wide range. On this sort of question the theory of justice has nothing specific to say”.
  8. Los principales argumentos judiciales por la derogación estuvieron basados en los principios tributarios de no confiscatoriedad y generalidad, y en fundamentos basados en la doble imposición, la prescripción, la territorialidad y la protección de la familia.
  9. Las razones del proyecto de ley de derogación fueron principalmente referidas a la disparidad que implica que la mayoría de las jurisdicciones provinciales no presente este tributo y a su falta de eficacia (en particular por la escasa recaudación lograda y los gastos administrativos de su implementación).
  10. Palabras de la diputada Carmen Toller, actas de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, 15ª sesión ordinaria, 6 y 13 de diciembre de 2017.


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