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El consenso superpuesto
y el pañuelo naranja

Patricia Britos

A partir de 2018, se ha ido incorporando a la agenda de debate político la cuestión de la separación definitiva e indiscutible del Estado y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Éste es un tema que resucitaba de vez en cuando, pero vuelve con más fuerza a raíz de los debates en ambas cámaras legislativas sobre el proyecto de ley de legalización del aborto. El sector de la sociedad que se identifica con el movimiento que rechaza al sector antiabortista y, por ende, se ubica en la vereda de enfrente del dogma católico que impulsa a los que se hacen llamar grupos “provida” está formado por los que usan los pañuelos naranjas. Aparentemente, se originan en el sector que defendía la regulación del aborto; sin embargo, son más los que se identifican con la idea de la separación de la Iglesia y el Estado que los que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esto seguramente es porque son muchos los que, en definitiva, sienten que hay que terminar finalmente con los resabios de religiosidad dentro del ámbito político. Una explicación de por qué no hay una fuerte resistencia a la separación de la Iglesia y el Estado sería que dentro de los grupos antiabortistas seguramente no son todos creyentes. Y, a pesar de que este reclamo surge del debate sobre el aborto y las creencias religiosas sobre el comienzo de la vida, no parece mala idea que el Estado sea laico y garantice los derechos y las libertades de creyentes, agnósticos y ateos.

En consonancia con este debate tan álgido, que comenzó de la mano del movimiento feminista y pasó a interesar a la sociedad entera, surge la dificultad de una convivencia pacífica con doctrinas morales comprensivas, tal como las denomina John Rawls, que reflejan las convicciones más profundas de las personas. Este debate argentino aparece como un buen ejemplo de lo que sería el problema expresado en su Liberalismo político, donde hace evidente su preocupación por la convivencia y por la estabilidad del sistema político. La cuestión sería “¿cómo es posible que pueda haber una sociedad justa y estable cuyos ciudadanos libres e iguales estén profundamente divididos por doctrinas morales, filosóficas y religiosas, conflictivas y aun inconmensurables?” (Rawls, 1996: 133).

Cuando este autor nos planteaba el problema del multiculturalismo en la década de 1990, casi todos en estas latitudes respondimos que no transitábamos por una problemática relacionada con la dificultad para la convivencia, como sí lo hacían los países europeos y Estados Unidos, lugares con gran migración, especialmente de países de origen árabe y de religión islámica en su mayoría, que se ha desplazado especialmente a fines del siglo XX. Y nosotros, los países hispanoamericanos, no hemos enfrentado ese choque cultural. La gran ola inmigratoria en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX provino de España e Italia, donde las diferencias con nuestra cultura eran escasas. Incluso los migrantes sirio-libaneses, de origen árabe, eran cristianos coptos, lo que los hacía más cercanos a nuestra forma de vida. Lo que resultaba fácil de advertir a fines de los 90 y principios de los 2000, cuando se estudiaba la multiculturalidad, era la tensión entre pobres y ricos, o entre pobres y menos pobres; las diferencias, la discriminación y la lucha intestina pasaban por la crisis económica y social, proveniente de la hiperinflación. Volviendo al tema de las doctrinas morales, filosóficas y religiosas, conflictivas y aun inconmensurables, un país como el argentino, con una historia donde resaltan las olas migratorias, no ha padecido luchas intestinas profundas (son innegables igualmente los ataques de sectores racistas y violentos en ciertos momentos) porque los que habían llegado profesaban la misma religión y compartían la misma o similar cultura. Sin embargo, hoy en día surge una diferencia subyacente que había quedado postergada y casi olvidada después de tantos cambios políticos en el país: la gran mayoría de la población es bautizada en el culto católico (seguramente ha surgido una importante cantidad de evangélicos en el último tiempo); sin embargo, no son practicantes y no coinciden con todos los preceptos de la Iglesia. Y ahí es donde aparecen las diferencias de criterio que no se habían presentado hasta el momento, por ejemplo, la postura ante el tema del aborto y el problema que nos ocupa últimamente de si el Estado debe sostener el culto católico.

El concepto “consenso superpuesto” nos puede ser útil para intentar disolver esta división social. Se sabe que este concepto es polémico porque es utópico debido a que “no hay suficientes fuerzas políticas, sociales o psicológicas para generar un consenso superpuesto (cuando no existe) o para hacerlo estable (si llegara a existir)” (Rawls, 2002: 254). Sin embargo, podría ser un buen comienzo el pensar en una meta como ésta y dejar a un lado las posturas donde lo que dice el otro no importa. Sería bueno recordar el pensamiento de John Stuart Mill y ejercitarse en escuchar lo que el otro nos dice considerando la posibilidad de que nos muestre una versión mejor que nuestra propia tesis. Y, si al menos hay acuerdo en que todas las creencias deben convivir, entonces las campañas de apostasía no contribuyen a la pacificación, dado que dejarían en la vereda de enfrente a los que profesan el cristianismo, aunque muchos de ellos consideran que la Iglesia no debería recibir fondos de parte del Estado. La superposición de las doctrinas de las que hablamos no es cosa fácil, ya que ellas componen la “cultura de fondo” y esto implica lo más profundo del pensamiento de cada miembro de una sociedad; se trata de la forma en que alguien quiere vivir su vida y de la manera en que concibe su vida social. El dilema consiste en la dificultad de aceptar que el otro prefiera otra doctrina comprensiva.

1. La cuestión de los pañuelos verdes y los celestes

Cuando apareció la posibilidad de la despenalización del aborto, hubo un clamor de parte del feminismo que unió a mujeres de todos los partidos e incluso a las distintas posturas feministas. Ocurrió algo muy pocas veces visto: el movimiento proaborto legal superó la brecha que separa a los partidarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sus opositores, que no necesariamente son partidarios del gobierno de Mauricio Macri, su sucesor. Las columnas verdes que reclamaban por el aborto legal habían encontrado una coincidencia y fue en el movimiento de mujeres donde se dio este consenso. Diana Maffía (2018) sostuvo que el feminismo que quedó atado a las pertenencias partidarias se debilitó y señaló: “Salgamos del frasco. Acá hay algo que está mal y punto. Ese activismo no ligado a lo partidario es un fenómeno, no es que se vayan todos, sino que hay que mostrar fortaleza y exigencia para que quienes estén representen nuestros intereses”. En una palabra, la participación política no necesariamente debía ser partidaria; era más ventajoso para las mujeres que no lo fuera y que cada una dejara de lado convicciones muy profundas para beneficiar al conjunto de mujeres. Eso fue un acto aleccionador.

Después del fracaso en el Senado, Maffía describió la situación así: reconoció que la expansión horizontal de los feminismos populares y los feminismos jóvenes le dio una dimensión enorme. “Han sido años explosivos para las manifestaciones de las mujeres como colectivo social. Los senadores no lo entendieron, están encapsulados”. Argumentó también que nadie está hablando de mantener la penalización sobre las mujeres; “la despenalización está socialmente y políticamente, falta concretarla con la ley”. A causa de este consenso informal es que el gobierno del presidente Macri decide impulsar la despenalización en el proyecto de reforma del Código Penal.

La lucha de las mujeres con sus pañuelos verdes lució impecable ante el resto de la sociedad, las coincidencias superaron las mezquindades de la política partidaria y las diferencias de pensamiento en otras cuestiones. En lo que respecta a los pañuelos celestes provida, las representantes mostraron mucho disgusto con el movimiento proaborto legal y una desesperada intención de transformar en persona al feto, con el resultado de que la interrupción del embarazo (aunque sea de escaso tiempo de gestación) se considere asesinato con la consabida sanción social y legal; entre ellas, lo que se reflejó fue el convencimiento dogmático religioso. Lo que no permite este grupo es que los que piensan diferente actúen en consecuencia. Nadie obliga a nadie a abortar en un ámbito liberal; pero en la esfera reaccionaria y dogmática del que defiende su propia doctrina comprensiva como dominante en la esfera de lo político no sucede lo mismo, ya que se obliga a las mujeres a dar a luz hijos no deseados, y, lo que es peor, las obligan a abortar en las peores condiciones sanitarias porque no permiten que la intervención se legalice. Una vez más, se termina perjudicando a las mujeres más pobres, las que no tienen acceso a centros de salud privados que transgreden la ley pero dan garantías sanitarias a sus pacientes.

Este enfrentamiento ideológico, representado en la diferencia de color en los pañuelos, desencadenó entonces una nueva división de la sociedad. El reclamo por la legalización del aborto llevó a que la ciudadanía se alejara aún más de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fueron los católicos quienes se organizaron más eficazmente para repudiar el “aborto legal seguro y gratuito”, aunque no son los únicos que se sienten identificados con los famosos pañuelos celestes que pugnan por convencer al resto de la sociedad de que las mujeres somos un ser gestante que tiene la obligación de llegar a término su embarazo cueste lo que costare. Se pone en riesgo la salud de la mujer porque ella no importa, lo valioso es el feto. Y la referencia no sólo es a la salud corporal sino también psicológica, ya que para las niñas o las mujeres violadas resulta insoportable seguir teniendo en su panza el fruto de una acción tan violenta como la que tuvieron que sufrir. La campaña antiabortista provida con la consigna “salvemos las dos vidas” considera a la campaña a favor del aborto legal como terrorista y describe a sus manifestantes como asesinas. Este debate tan profundo y al parecer irreconciliable ya se había dado en Estados Unidos con el famoso caso “Roe versus Wade” a principios de la década de 1970, cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Estado no tenía el poder para prohibir a las mujeres que decidieran practicarse un aborto. Cuando con el gobierno de George Bush (hijo) resurgió el debate, en un capítulo denominado “Roe en peligro” Ronald Dworkin (1999 45) se preguntaba:

¿Es el feto humano una persona desde su concepción? Esa pregunta se la hicieron teólogos, filósofos morales y personas comunes por mucho tiempo. No puede ser resuelta mediante investigación legal o evidencia científica o análisis conceptual; seguirá dividiendo a la gente, como divide a los estadounidenses ahora, siempre que persistan los desacuerdos sobre Dios y la moral y la metafísica.

Vinculados con el lema “cuidemos las dos vidas” se han presentado una serie de proyectos de ley que apuntan a acompañar a la mujer con embarazo vulnerable de manera integral (psicológica, social, económicamente, etc.), facilitar las adopciones y la adopción prenatal, posibilitar la permanencia en la escuela de adolescentes embarazadas, asegurar atención obstétrica y neonatal de calidad en todo el país, brindar asistencia e información a mujeres embarazadas que tengan diagnóstico de anomalías en el período prenatal y promover la salud en los primeros años de vida del niño. Todo esto es planteado con la mejor voluntad, aunque se sigue ignorando lo que siente la embarazada, niega sus emociones, su salud física y su salud mental, así como su propio proyecto de vida. Por lo antedicho, parece razonable elegir otra opción, buscar una forma de respetar las dos posturas. Daniel Busdygan (2014: 96) sostiene que “despenalizar implica sostener una posición tolerante ante quienes piensan diferente, ya que no exige a nadie que está contra el aborto a que se lo realice en algún momento”.

Como consecuencia del debate, surge el malestar ideológico y religioso en que se aprecian las diversas concepciones que manifiestan todos en mayor o menor medida. Y esto afecta a toda la población porque aparece como una lucha de todos contra todos, sin esperanza de tolerancia dentro del grupo social. Por eso, en función de la búsqueda de una convivencia, es útil el análisis dentro del marco del “liberalismo político” tal cual lo describe Rawls en su obra, donde se ponderan las libertades y la tolerancia. Martha Nussbaum (1999: 81) sostiene que los liberales políticos defienden dos tipos de tesis que se complementan: la defensa de la libertad religiosa, más generalmente la libertad de conciencia; y la defensa de los derechos de libertad de movimiento, de asamblea, de expresión, de igual participación política, igual tratamiento bajo la ley, tanto civil como criminal, y finalmente, varios derechos a la integridad y la inviolabilidad de la persona. Digamos que esto significa que, si no se está dispuesto a dejar a un lado costumbres que afectan a otros física o psicológicamente, entonces no se está dispuesto a vivir en una democracia.

2. El consenso superpuesto

La única forma de convivir de acuerdo con el liberalismo político no descansa sólo en el respeto a la libertad de conciencia, sino también en el respeto a los derechos humanos. En la tensión entre relativismo y universalismo, la postura es que se respetarán las diferentes culturas y se tolerarán incluso otras formas de gobierno, siempre y cuando éstas no atenten contra los derechos de las personas.

Se busca un consenso, esto está claro, pero ¿qué consenso? En esta búsqueda, se evita una visión comprensiva, abarcativa, que no permita la disidencia y que no conciba otra verdad fuera de la propia. En Teoría de la justicia, Rawls remarca la importancia de lo racional y lo razonable y en Liberalismo político enfatiza lo razonable para lograr la convivencia entre posturas irreconciliables. Por ende, el consenso que Rawls busca es el de doctrinas comprensivas razonables.

El “consenso superpuesto” que Rawls defiende aparece como una expresión de lo que denomina la “razón pública compartida” por el conjunto de la sociedad. La idea de explicación de cómo puede ser posible afirmar una constitución justa y estable dentro de una sociedad pluralista. (Gargarella, 1999: 201)

Obviamente, resulta bastante complicado relacionar adecuadamente las visiones comprensivas para que se ajusten a las políticas y resolver la problemática. Una creencia muy profunda se convierte en un obstáculo para vivir con quien no la comparte: la discusión sobre el aborto legal lo demuestra. Esto se convirtió en una disputa sobre qué grupo defiende realmente los derechos humanos, que son universales e inalienables. Por un lado, los pañuelos celestes dicen que tratan de salvar las dos vidas, aunque una de ellas es un feto que no sobrevive sin su gestante, y los pañuelos verdes piensan en los de la mujer que no quiere tener un feto en su vientre durante nueve meses, en algunos casos, porque es fruto de un abuso. El punto es si el Estado tiene el derecho a decidir sobre un tema tan personal como es el de si una mujer interrumpe su embarazo o no lo hace. Por esto, y en busca de respeto para las decisiones individuales, es que el liberalismo rawlsiano nos entrega una posible respuesta con esta propuesta teórica del consenso superpuesto. Y, teniendo en cuenta este concepto y el problema con las doctrinas comprensivas, podría decirse que colabora con la idea de que “un gobierno democrático no debería justificar sus políticas apelando a valores religiosos” (Gargarella, 1999: 201). Para eso, Rawls (1996: 150) sostiene:

Tratamos, hasta donde es posible, de ni afirmar ni negar cualquier visión comprensiva particular religiosa, filosófica o moral, o su teoría de la verdad y el estatus de los valores […] un concepto político de la justicia no necesita ser más indiferente, digamos, a la verdad filosófica y moral que el principio de la tolerancia, adecuadamente entendido, a la verdad religiosa

Este acuerdo rawlsiano garantizaría que hubiera más estabilidad, ya que se acepta el pacto por convicción debido a que habría una creencia en que el sistema político compartido es equitativo, respeta a las personas como libres e iguales, y tiene la ventaja de ser racional y razonable. Alcanzar el consenso superpuesto no es una tarea fácil y va más allá de un mero consenso constitucional.

La introducción de la idea del consenso superpuesto de doctrinas comprensivas razonables tiene como objeto intentar que una sociedad bien ordenada pueda unificarse y estabilizarse. La unidad social se basa en un consenso sobre lo político, y la estabilidad es posible cuando las doctrinas que forman el consenso son afirmadas por los ciudadanos políticamente activos de la sociedad. El liberalismo político, que es el sistema democrático constitucional que garantiza tanto las libertades de los antiguos como las de los modernos, junto con las doctrinas comprensivas, no nos garantiza la razón pública. Pero, entonces, ¿en qué consiste la superposición de consenso? Rawls sostiene que el consenso al que debemos llegar no es uno que sea útil sólo para aceptar autoridades, concertar cambios en las instituciones o lograr que gane la opción que más nos gusta porque responde a intereses que compartimos momentáneamente. Para Rawls, un malentendido entre el tipo de consenso que él propone y el que procede de la política cotidiana y sirve para alcanzar un acuerdo resulta fatal. El consenso superpuesto no es, de ninguna manera, un mero modus vivendi. Éste no dura mucho y, además, en cualquier momento puede quedar sin efecto porque cambian las circunstancias que lo crearon.

El principal punto de interés sería el de la búsqueda de un consenso entre doctrinas comprensivas razonables. Para construir una concepción política de justicia de forma de obtener un consenso superpuesto, se trata de llevar hacia un pluralismo razonable, en sí mismo, el resultado del ejercicio de la razón humana bajo condiciones de libertad. La razón pública ni critica ni ataca las doctrinas, religiosas o no religiosas, excepto en la medida en que esas doctrinas son incompatibles con los fundamentos de la razón pública y una política democrática. No es la verdad lo que se busca, tampoco un concepto del bien. Lo que se busca es algo menos ambicioso: disminuir el conflicto entre los valores políticos y los comprensivos. Se supone que los ciudadanos tienen dos visiones, una comprensiva y otra política, y se necesita que éstas estén adecuadamente relacionadas. La tarea no es nada fácil. Rawls se preocupa por el hecho de que, si hay una creencia muy profunda, ésta puede ser un obstáculo para la convivencia en una sociedad que atienda los reclamos de todos; por esta razón, se aboca a construir una alternativa donde haya un elemento más abarcador que es lo político; el deseo de vivir en una sociedad justa puede así permitir dejar a un lado la discusión más profunda de la doctrina comprensiva.

Ante las críticas al concepto rawlsiano acuñado con la intención de superar el mero modus vivendi, el autor defiende la fuerza de su propuesta e incluso hace referencia a un posible pasaje gradual desde una situación de modus vivendi a un “consenso constitucional”, para después alcanzar el deseado “consenso superpuesto” (Gargarella, 1999: 199). Obviamente, este peldaño intermedio no es suficientemente profundo y amplio. Se trata de algunos arreglos institucionales que garantizan ciertos derechos y libertades muy básicas. En esta etapa de adaptación de la legislación y de discusiones referentes al cambio de una Constitución muy estrecha para ampliarla, las propuestas de los diversos sectores políticos y sociales no alcanzarán para resolver la falta de amplitud del consenso porque cada uno de ellos intentará remarcar la necesidad de resolver sus propias necesidades. No se trata de conceder para generar una tolerancia; se trata de que en un consenso superpuesto “la concepción pública de la justicia se parece, si no es idéntica, a los requerimientos de justicia afirmada por cada visión respectiva. Es más, es compatible y puede incluso afirmar los valores de cada doctrina no política” (Freeman, 2007: 191). Lo más importante, entonces, es consolidar una cultura democrática.

3. Doctrinas comprensivas culturales y religiosas

¿Qué hay que tener en cuenta si se intenta consolidar un sistema democrático? Dado que una “doctrina comprensiva” versa sobre de qué se trata la vida y se ocupa de la concepción correcta del bien, es altamente probable que no sea fácil su supervivencia dentro de un liberalismo político. La cuestión es que una doctrina es comprensiva “cuando incluye concepciones de lo que es de valor en la vida humana, e ideales de carácter personal, así como ideales de amistad y de relaciones asociacionales y familiares” (Rawls, 1996: 13), y se hace más difícil la compatibilidad con un Estado civil en el caso de que se trate de una que sea completamente comprensiva y “cubre todos los valores y virtudes reconocidos dentro de un sistema articulado con bastante precisión; mientras que una concepción es sólo parcialmente comprensiva cuando comprende cierto número de valores y virtudes no políticas, pero de ninguna manera todos, y está articulada bastante laxamente. Muchas doctrinas religiosas y filosóficas aspiran a ser tanto generales como comprensivas” (13).

¿Por qué pueden éstas ser un impedimento para conformar un consenso social? Dado que las doctrinas abarcativas religiosas, filosóficas y morales forman parte de la “cultura de fondo” de la sociedad civil, y ésta está dentro de la órbita de lo social y no de lo político, aparece como un impedimento para que se forme un consenso social. Esto es así porque la cultura de la vida diaria, de sus muchas asociaciones: Iglesias y universidades, sociedades culturales y científicas, y clubes y equipos, de actividades que pertenecen a la identidad de cada persona, lleva a la resistencia a que otro individuo con una doctrina que está en oposición a la propia pueda imponer alguna acción, o a que no se respete la opinión contraria.

En una sociedad democrática hay una tradición de pensamiento democrático; éste es conocido al menos por los ciudadanos educados. Ello tiene que ver con la “razón pública”, que responde a la concepción de una sociedad democrática constitucional bien ordenada –por lo menos, así lo presenta Rawls–. La forma y el contenido de esta razón responden a la idea de la democracia. Las principales instituciones de la sociedad, en su forma y contenido, son vistas como un espacio donde se comparten ideas y principios (Rawls, 1996: 14). Entonces, ¿cómo se influyen mutuamente las ideas y los principios de la cultura de fondo con la cultura política? Lo importante aquí es tener presente que, si un individuo está convencido de que un hábito o costumbre, que ha pasado de generación en generación en su pueblo o grupo étnico, es correcto moralmente, entonces será muy difícil que acepte cambiarlo sólo porque se opone a la razón pública.

No hay duda de que una democracia constitucional no se lleva bien con una doctrina comprensiva; sin embargo, esta afirmación no debería ser tan categórica. Por un lado, es cierto que, si alguien piensa en una religión como el cristianismo o el judaísmo, por ejemplo, no es fácil imaginar la forma en que los ciudadanos creyentes puedan adaptarse a una sociedad liberal al estilo rawlsiano. El dogmatismo de estas religiones no parece permitir una gran tolerancia. A pesar de ello, a través de la historia se han dado muchas sociedades que convivieron pacíficamente; de hecho, Europa ha sido el origen de una sociedad judeocristiana que ha sobrevivido en América a pesar de las olas de antisemitismo. Hoy en día resulta mucho más difícil “superponer” doctrinas comprensivas más extremas, como el caso de la musulmana; aunque no parezca a través de los últimos sucesos, hay muchas personas del mundo árabe que no quieren conflictos y menos la guerra. En realidad, lo que se hace más difícil es que existan gobiernos teocráticos donde la intolerancia y la exclusión tenderán a ser mayores, y donde resultará más complicado saber qué piensa realmente la ciudadanía sobre ciertos asuntos.

La concepción del bien es lo que aparece siempre como un obstáculo y Rawls lo adjudica a la oscuridad del concepto, su significado, “cuando es usado en un contexto político, lo que es racional querer […] compatible con ciertos principios de elección racional. (Ésta es la base de la «delgada teoría del bien».) Un bien político es lo que es racional querer en la capacidad de uno como ciudadano” (Freeman, 2007: 195). Así, lo político se muestra como la única alternativa que colabora con la estabilidad del sistema democrático, que no puede ser ajeno al respeto de las libertades básicas y las instituciones que las garantizan.

4. El caso argentino

En la República Argentina, la discusión sobre la libertad de conciencia se relaciona con la redacción del artículo 2º de la Constitución Nacional porque, a pesar de que en la reforma constitucional de 1994 se eliminaron instituciones que comprometían al Estado con el culto católico, se permitió que subsistiera en el articulado lo siguiente: “El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

Así se confiere un estatus jurídico especial al culto católico en desmedro del resto. Sobre de qué manera se puede interpretar el artículo, se ha escrito mucho. De cualquier modo, hay ciertas evidencias del distanciamiento de la Iglesia y el Estado en la misma Carta Magna. A pesar de lo escrito en el artículo 2°, se podría decir que está confirmado que hay una separación entre Iglesia y Estado y se advierte en el espíritu del artículo 14, donde se habla de los derechos humanos fundamentales que son esenciales para que exista fehacientemente un Estado democrático. Destaco una parte del citado artículo: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio […] de profesar libremente su culto”.

Entre el artículo 2º y el 14 hay una tensión. Para subsanar este problema se intenta discutir alrededor del significado del verbo “sostener”; la Corte Suprema de Justicia de la Nación opta por interpretarlo desde el aspecto económico sin que implique adhesión al dogma religioso (Sabsay y Onaindia, 1994: 23).

Y, en relación con este derecho, se hará referencia al fallo “Portillo, Alberto (CSJN 14/8/89)” relativo a la libertad de conciencia. El caso: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó una sentencia de primera instancia que condenaba al señor Portillo a prestar un año de servicios continuados en las Fuerzas Armadas más el tiempo legal previsto en el artículo 44 por no haberse presentado a la convocatoria cuando todavía era obligatorio el servicio militar. A pesar de que la mayoría de los miembros de la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, dispuso que cumpliera su obligación con un servicio sustitutorio y sin uso de armas. Con esto, se garantizó el derecho del ciudadano a objetar respetando su libertad de conciencia.

También hay que tener en cuenta el artículo 16, que declara inadmisibles las prerrogativas de sangre y nacimiento, los títulos de nobleza y los fueros personales, y defiende el principio de igualdad ante el Estado entre los habitantes. Se manifiesta lo opuesto a la discriminación, se rechazan las doctrinas comprensivas no razonables: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento […] Todos sus habitantes son iguales ante la ley”.

El riesgo de dejar que la cultura de fondo gobierne es que ésta no es nada más y nada menos que la cultura de lo social, y se opone a la cultura de lo político. Por ende, se dificulta alcanzar el consenso superpuesto sobre esta base. Y lo que encontramos en la Constitución son intentos de llegar siquiera al consenso constitucional.

La propagación de ideologías basadas en el odio religioso o racial, el resurgimiento de movimientos xenófobos […] nos demuestran la necesidad de los Estados de adoptar medidas que promuevan la eliminación de conductas discriminatorias por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza e ideologías. (Sabsay y Onaindia, 1994: 66)

Y, como un intento para solucionar la desigualdad, la Constitución en el artículo 75, donde se explicitan las atribuciones del Congreso, en el inciso 17 garantiza la identidad y los derechos de los pueblos originarios, y en el inciso 19 garantiza la igualdad en el desarrollo humano, la educación y la pluralidad cultural. El inciso 22 garantiza la igualdad de oportunidades y de trato entre todos los individuos y la eliminación de las discriminaciones arbitrarias. El inciso 23 ordena legislar y promover las medidas necesarias para garantizar la igualdad y el pleno goce de los derechos constitucionales y de los derechos humanos reconocidos por los tratados (Sabsay y Onaindia, 1994).

Dejando a un lado la realidad del derecho positivo, se deberá ahondar en la formación del ciudadano mediante la educación con el objeto de consolidar un ámbito político en el que se logre la tolerancia entre las personas y no se agudicen las divisiones por cuestiones ideológicas. ¿Y por qué se necesita un marco legal? Seguramente porque las personas somos vulnerables de muchas maneras necesitamos la protección del Estado para garantizar el respeto de los derechos humanos.

Conclusión

Finalmente, cuando lo religioso se convierte en una cuestión política, deberá replantearse si el acuerdo entre ciudadanos que lleva a la construcción institucional sigue siendo válido, si es racional y razonable. Un consenso como al que estamos acostumbrados, débil y poco duradero, no hace más que debilitar el poder civil. Por esta razón, se reclama una empatía de cada uno de los miembros de la sociedad que supere la tolerancia ya que “la aceptación del principio de la tolerancia sería un mero modus vivendi: dejaría de seguirse dicho principio de tolerancia tan pronto como se volviera dominante una fe u otra” (Rawls, 2002: 255). No basta con pretender una aceptación que en el fondo no existe porque, tarde o temprano, ese descontento o falta de comprensión hacia el pensamiento ajeno llevará a un enfrentamiento y a una rivalidad que terminará siendo política. Quizá eso es lo que sucedió en la historia argentina; se soslayó una diferencia en pos de un modus vivendi, dejando la discusión más ardua para un futuro, y esto llevó a una división de la sociedad a la hora de decidir sobre la posibilidad del aborto legal.

La idea básica del pañuelo naranja parecería ser la de borrar las diferencias para tratarnos todos como iguales y dejar a un lado esa identificación con dogmas que no hacen más que separarnos. No se niega la posibilidad de tener creencias firmes más allá de lo político; el problema que se suscita es el del rechazo del otro por convicciones profundas sobre cómo es el mundo, la vida, y cómo se debería vivirla. Con el objeto de ir más allá de la mera tolerancia, se propone una vida en común, donde si un ciudadano cambia de religión, no pierde su identidad pública o institucional (Rawls, 1996). Y esto es así porque existe una concepción política de la persona; se trata de un concepto de ciudadanía donde todos son libres e iguales. Esa libertad que nos da el liberalismo político o democracia liberal nos aproxima a la anhelada convivencia social donde nadie imponga sus ideas sobre otros.

Representar el consenso superpuesto con el pañuelo naranja puede ser una buena respuesta a la problemática antes expuesta. El deseo de borrar todo resabio de institución religiosa de las normas que imperan en un país puede ser ventajoso si se abona la idea de convivencia pacífica y no de revancha. La interpretación intolerante que hacen algunos que creen que hay que avanzar sobre las creencias religiosas de los otros y fomentar el ateísmo no colabora con el camino que nos marcaría Rawls, sino que nos deja frente a un nuevo enfrentamiento. Eso sería un error. A veces se desestiman pequeñas riñas por diferencias cotidianas sin advertir que todo eso puede llegar a afectar el carácter democrático de la construcción institucional elegida. Seguro esto es así porque “muchos ciudadanos, si no la mayoría, llegan a asumir la concepción política pública sin ver ninguna conexión particular, de un modo u otro, entre ella y sus otras visiones […] Si posteriormente se reconociera alguna incompatibilidad entre la concepción política y sus doctrinas comprensivas, entonces podrían muy bien ajustar o revisar estas últimas en vez de rechazar la concepción política. Reparemos en que aquí distinguimos entre la lealtad inicial a una concepción política, o nuestra estima por ella, y el posterior ajuste o revisión de las doctrinas comprensivas a que conducen esa lealtad y esa estima cuando surgen inconsistencias. Podemos suponer que esos ajustes o revisiones se producen lentamente a lo largo del tiempo, conforme la concepción política va moldeando las doctrinas comprensivas para que sean coherentes con ella” (Rawls, 2002: 256).

¿Cómo soluciona Rawls el tema de la lealtad a la concepción política liberal de parte de ciudadanos enmarcados en doctrinas comprensivas? Según él, se va desarrollando una lealtad que se fortalece con el tiempo hasta el punto en que se advierte este concepto como razonable y eso lo vuelve adecuado para convivir pacíficamente, no ya por un tiempo, sino indefinidamente. Como siempre, nuestro autor es muy optimista. En el caso argentino estamos muy lejos de alcanzar el mentado consenso superpuesto, dado que todavía no logramos el consenso constitucional y no hay visos de generarlo. En la década de 1980, con una propuesta del presidente Raúl Alfonsín, hubo un intento de cambiar el sistema político mediante la reforma de la Constitución y no se alcanzó el acuerdo entre los partidos mayoritarios para hacerlo; la idea principal era que el Poder Ejecutivo no conservara un poder tan fuerte y pudieran elaborarse mayores consensos entre partidos. Si bien no alcanza para llegar al consenso superpuesto, podría haber sido una forma de caminar en ese sentido. Sin embargo, se necesita mucho más que la intención de una parte del espectro político. Debe transitarse por un proceso de cambios que surgirán a medida que la sociedad se vaya acostumbrando a resolver las necesidades de una forma más colaborativa y solidaria. Como ya se dijo anteriormente, hay una secuencia de pasos para alcanzar la sociedad ideal, ya que una vez que se establece el consenso constitucional los distintos grupos políticos se ven forzados a trascender su propia concepción del bien y a apelar a razones que puedan resultar atractivas para otros que no comparten su visión más abarcativa (Gargarella, 1999: 200-201). Es así porque necesitan de la mayoría. Así se terminan formulando concepciones políticas de justicia aceptables para los demás. Se producirán más conflictos debido a que el marco constitucional no es lo suficientemente amplio; los derechos, las libertades y los procedimientos incluidos en un consenso constitucional cubren sólo una parte limitada de las cuestiones políticas fundamentales que deben ser debatidas. Los pasos que llevarán al ideal rawlsiano expresado como concepción liberal de la justicia, del modus vivendi al consenso constitucional y, finalmente, al consenso superpuesto se darán gracias a la confianza que irán teniendo los ciudadanos entre ellos (Rawls, 1996: 166-168). Ojalá que esta pugna de pañuelos termine enmarcándose en la hasta hoy denominada utopía rawlsiana.

Por último, para completar la idea de que nos iría mejor en un contexto donde el consenso superpuesto le gane la batalla a los dogmas que se nos han presentado en forma de debate, Rawls (1996: 31 n. 34) propone que se piense la identidad en el sentido de “nuestra concepción de nosotros mismos”, o “la clase de persona que queremos ser”. Y por eso sostiene que, si un ciudadano cambia de religión, no pierde su identidad pública o institucional. Esto se debe a que existe una concepción política de la persona; se trata de un concepto de ciudadanía donde todos son libres e iguales. Y, en este sentido, podría concluirse que conservar los debates violentos sobre temas que deberían pertenecer únicamente al ámbito de las doctrinas comprensivas y que no deberían influir en lo político no colabora con una democracia donde se respete la libertad y la igualdad. Como ya se ha discutido en el texto, la educación cívica –con el objeto de dar prioridad a la convivencia, la solidaridad entre partes y el reconocimiento de que el otro piense diferente– será fundamental para esta tarea. El florecimiento humano al que todo estudioso de la política anhela llegar se alcanzará entonces mediante la transmisión de valores ciudadanos que llevarán al reconocimiento del otro, al respeto a la diferencia de opinión y la libertad de pensamiento. Y así tendrá sentido enarbolar el pañuelo naranja.

Referencias

Busdygan, D. (2014), “La legitimidad de políticas sobre la interrupción del embarazo: consideraciones a partir del liberalismo político”, en C.A. Hernández y S. Ortega Gomero (dirs.), Visiones contemporáneas de la filosofía política, Bogotá, Universidad Libre, 87-98.

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