Otras publicaciones:

12-4430t

9789871867769_frontcover

Otras publicaciones:

9789877230185-frontcover

9789877230758-frontcover

Rawls y Habermas sobre el principio de igualdad

Un análisis desde la teoría del discurso

Santiago Prono

Independientemente del modo de interpretarlo, en el Estado de derecho el principio de igualdad comporta un conjunto de exigencias normativas orientadas a garantizar el reconocimiento (por parte del Estado) de derechos básicos, fundamentales para la convivencia democrática de todos los ciudadanos. Por esto una interpretación robusta de la igualdad tiene que comportar una fundamentación de ésta que se corresponda con la exigencia de su necesario reconocimiento a nivel estructural. Ahora bien, en el caso de la concepción rawlsiana de la igualdad, aun cuando plantea la importancia del reconocimiento del principio de igualdad en el Estado democrático de derecho, desde el punto de vista filosófico-político es posible profundizar conceptualmente aún más en la tematización de este principio. Esto implica la necesidad de explicitar su correspondiente fundamentación filosófica, identificando las condiciones de posibilidad y de validez de los planteos teóricos respecto de la igualdad, y el modo en que ésta se expresa en el marco teórico de la política deliberativa. Se trata de una justificación reconstructiva (y ciertamente no deductiva ni constructivista) del principio de igualdad que se orienta no solamente a otorgar mayor respaldo teórico al citado planteo del tema, sino que pretende también contribuir, desde este punto de vista, al mejoramiento de la calidad democrática del Estado de derecho.

El siguiente es el plan de trabajo propuesto para el análisis del citado problema. Luego de una presentación general de recientes estudios sobre la igualdad con especial énfasis en el planteo de Rawls sobre el tema en Liberalismo político (apartado 1), se realiza una introducción a la democracia deliberativa de Habermas (apartado 2), identificando parte de los presupuestos filosóficos en que ella se basa, lo cual constituye una primera aproximación a la justificación filosófica del principio de igualdad (apartado 3). La idea es que tal fundamentación se complementa indagando en las implicancias conceptuales del principio del discurso argumentativo inherente a su propuesta teórica (apartado 4). Las consideraciones finales estriban en unas breves reflexiones respecto de la importancia que reviste la justificación filosófica del principio de igualdad en el Estado de derecho como base para el mejoramiento de su calidad democrática.

1. Igualdad en el Estado democrático de derecho: una presentación general de recientes estudios sobre el tema y el enfoque de Rawls

Aunque por supuesto no es el único, el principio de igualdad constituye un ideal fundamental de todo Estado democrático de derecho. En efecto, este principio establece un conjunto de condiciones básicas que dicho Estado debe respetar y extender a toda la sociedad, de modo que idealmente también se lo reconozca en las diversas (y en ocasiones también divergentes) interacciones sociales. Se trata éste de un desafío que viene siendo analizado desde diversas perspectivas y orientaciones teóricas por parte de algunos autores en trabajos recientemente publicados, los cuales otorgan un nuevo impulso al análisis de un tema desde hace ya tiempo largamente estudiado en el ámbito de la filosofía política y jurídica.

Así, y desde el punto de vista teórico del diseño institucional del Estado de derecho, mientras que Pierre Rosanvallon (2015) realiza un análisis crítico del largo proceso de degradación de la democracia, Roberto Saba (2016) aboga por desactivar estructuras o decisiones estatales orientadas a perpetuar situaciones de subordinación de sectores tradicionalmente desaventajados (y/o discriminados) de la sociedad. En esta línea argumentativa, Teresa Bejan (2018) concibe la igualdad como “paridad” ciudadana qua expresión de relaciones contrarias a aquellas que habitualmente imperan en los mercados, pero que en ocasiones, reconoce también, son indirectamente promovidas por los Estados. El abordaje de este tema por parte de los dos últimos autores citados parcialmente se evidencia también en lo que ya antes había señalado Elizabeth Anderson (1999: 287-337), para quien la teoría política igualitaria fatalmente se desvinculó de la práctica política de la igualdad como una demanda de la igualdad de estatus por parte de los oprimidos, y ello en cuanto las relaciones desiguales de dominación o sujeción son algo que no solo las personas hacen, sino también el Estado.[1] Por su parte, también Jeremy Waldron ha analizado el principio de igualdad relacionando la igualdad con la diversidad, inherente a la complejidad de las sociedades contemporáneas: se trata éste de un análisis del tema desde el punto de vista de las personas individualmente consideradas, en el sentido de que, señala, hay una igualdad distintiva propia de los seres humanos, caracterizada en términos de “dignidad humana” que los diferencia de otros animales (Waldron, 2017: 1-40, esp. 30-31). Y más recientemente, también Donald Bello Hutt ha estudiado la relación entre republicanismo, democracia deliberativa e igualdad, alegando que a partir de señalar los puntos en común (o conceptualmente cercanos) que relacionan el planteo teórico de aquellos dos enfoques filosófico-políticos es posible elaborar un principio de igualdad en el cual se sustenta la propuesta de este último, entendido como “igualdad de acceso y deliberación” (Bello Hutt, 2018: 96-104).

En el caso de John Rawls y su obra Liberalismo político, de 1993, desde el comienzo mismo de sus reflexiones respecto de la justicia se presupone la igualdad entre ciudadanos, considerados también como personas libres en una sociedad políticamente bien ordenada y cuyos miembros cooperan mutuamente de manera plena durante toda su vida, de una generación a la siguiente.[2] Así, la idea del autor es diseñar un ordenamiento político que abarque e incluya las profundamente divisorias e irreconciliables doctrinas filosóficas, religiosas y morales, consideradas como expresión del desarrollo a largo plazo de las capacidades de la razón humana (Rawls, 2006: 29). Con la señalada conexión entre libertad e igualdad en el Estado democrático de derecho, el filósofo pretende sentar las bases de un diseño institucional que permita dar solución al conflicto constitutivo y presente al interior de la tradición del pensamiento político mismo, expresado en las concepciones liberal y republicana de la política, es decir, en la idea de libertad de los modernos y de los antiguos, de acuerdo con la clásica distinción de Benjamin Constant en Liberty of the Ancients compared with that of the Moderns de 1819. Su teoría de la justicia intenta así arbitrar entre estas dos tradiciones en pugna, suscribiendo a una concepción igualitaria de la justicia que se expresa en los siguientes dos principios fundamentales:

  1. Cada persona tiene igual derecho a exigir un esquema de derechos y libertades básicos e igualitarios completamente apropiado, esquema que sea compatible con el mismo esquema para todos; y, en este esquema, las libertades políticas iguales, y sólo esas libertades, tienen que ser garantizadas en su valor justo.
  2. Las desigualdades sociales y económicas sólo se justifican por dos condiciones: en primer lugar, estarán relacionadas con puestos y cargos abiertos a todos, en condiciones de justa igualdad de oportunidades; en segundo lugar, estas posiciones y estos cargos deberán ejercerse en el máximo beneficio de los integrantes de la sociedad menos privilegiados (Rawls, 2006: 31; 2011: 67-68).

La igualdad en Rawls inherente a su teoría de la justicia resulta entonces presupuesta en un ordenamiento político liberal que intenta asegurar, además de la libertad de pensamiento y conciencia, ciertos derechos básicos de la persona y de la propiedad, o el imperio de la ley, también (y al mismo tiempo) las libertades políticas y los valores de la vida pública, en el sentido por ejemplo de Jean-Jacques Rousseau. Esta forma igualitaria de la justicia, y de liberalismo político que ella comporta, se orienta, mediante el llamado “principio de diferencia”, a promover fundamentalmente el desarrollo de los sectores más desaventajados de la sociedad (Rawls, 2006: 32). En el marco de esta explicitación rawlsiana de la tan prolongada controversia entre libertad e igualdad, el autor concibe a ambas como puntales de un ordenamiento político justo: en lo referente a la igualdad, ésta es identificada como parte de una idea organizadora fundamental del Estado democrático de derecho que contribuye a la definición de una concepción de la justicia que podrían compartir los ciudadanos, y ello en cuanto la misma (por supuesto en parte también con la libertad) “es fundamento de un acuerdo político razonado, informado y voluntario” (34).

Ahora bien, como puede ya entreverse, el señalamiento rawlsiano acerca de la importancia que reviste la igualdad para su teoría de la justicia no se complementa con la correspondiente justificación filosófica del principio en el que ella se expresa, sino que parte de una idea de la igualdad (no tematizada) para, y junto con la libertad, identificarla como base del ordenamiento institucional de un Estado constitucional y democrático de derecho. Ciertamente, Rawls identifica algunos de los caracteres fundamentales con los que tradicionalmente se relaciona a la igualdad, pero no se detiene a explicitar ni analizar las condiciones de posibilidad y validez que permitirían justificar filosóficamente el principio en cuestión. El tipo de preguntas que se plantea el filósofo se relaciona con aquellas que el liberalismo político intenta responder, relacionadas, por ejemplo, con “¿cómo es posible que pueda existir a través del tiempo una sociedad estable y justa de ciudadanos libres e iguales profundamente dividida por doctrinas religiosas, filosóficas y morales, razonables, aunque incompatibles?” (Rawls, 2006: 13). Empero, y nuevamente, este tipo de cuestionamientos supone una concepción del significado de la igualdad que desde el comienzo mismo se asume como válido, ya que Rawls no justifica la igualdad en cuanto tal: sólo se limita a señalar la importancia que ella comporta en el ordenamiento político liberal del Estado democrático de derecho; por esto es que aun cuando éste respalde con sólidos argumentos la necesidad de tal implementación, desde el punto de vista filosófico-político es posible profundizar conceptualmente aún más en la tematización del principio de igualdad. Esto implica la necesidad de explicitar su correspondiente fundamentación filosófica, identificando las condiciones de posibilidad y de validez de este planteo teórico respecto del principio en cuestión, y el modo en que se expresa en el marco teórico de la política deliberativa.

2. Democracia deliberativa: una presentación general de su propuesta teórica

La idea de democracia implica, a la vez, un concepto descriptivo y normativo. Es descriptivo porque da cuenta del modo en que se toman las decisiones en un Estado democrático, por ejemplo en el Parlamento donde se discute sobre determinadas cuestiones; pero también, y fundamentalmente, es normativo porque exige que las decisiones del gobierno sean el resultado de la participación, directa o indirecta, de los ciudadanos como uno de los criterios de su legitimación política. Ahora bien, el concepto habermasiano de democracia deliberativa también implica deliberación, intercambio de opiniones antitéticas que, al menos en principio, tienen que confrontarse en términos de argumentos para intentar llegar a la mejor decisión posible y así lograr acuerdos racionalmente motivados.

En este contexto, un rasgo importante de la democracia deliberativa tiene que ver con que, aunque por supuesto constituyen un elemento importante del ordenamiento democrático, las decisiones mayoritarias no pueden ser el último criterio de validez, porque discursos políticos contingentes y circunstancialmente mayoritarios podrían dar lugar a decisiones que nieguen, por ejemplo, la inviolabilidad de la persona, o ignoren su autonomía. El desarrollo y la consolidación de la política deliberativa no dependen de la suma de las acciones individuales de sujetos autointeresados, sino de la institucionalización de los correspondientes procedimientos y presupuestos comunicativos, así como de la interacción de deliberaciones institucionalizadas con opiniones públicas desarrolladas informalmente. Por esto el principio básico de la democracia deliberativa no es el principio de la mayoría, sino (como se explicita más adelante) el principio del discurso argumentativo (Habermas, 2004: 242, 244).

De este modo, la teoría de la democracia deliberativa pretende constituirse en criterio de justificación de la validez de las decisiones políticas y de la consolidación de los sistemas democráticos del Estado de derecho. Naturalmente, esta legitimación de la práctica democrática se presenta como un horizonte que guía las acciones para intentar dirimir las diversas pretensiones de validez que en tal contexto se presenten, sin por ello concebir que pueda efectivamente alcanzarse en todos los casos un consenso.[3] Se trata de un ideal regulativo que, si bien no prescinde del carácter fáctico de la interacción social, orienta los esfuerzos para intentar alcanzar tales consensos racionales como instancia válida para la justificación de decisiones y la resolución de conflictos.

La teoría de la democracia deliberativa también pretende articular el desempeño de las instituciones formales del Estado de derecho, que constituyen el contexto en el que se justifican y toman decisiones, con los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, que ocupan un lugar preponderante con pretensiones de influir en el ámbito de la política democrática, en el sentido de que constituyen el contexto de descubrimiento de los temas y problemas que afectan a la sociedad global, que tienen que ser analizados por aquellas instituciones formales de la democracia. Se trata, sin embargo, de una conexión que se realiza adoptando un posicionamiento equidistante entre el liberalismo y el republicanismo, y por el cual la democracia deliberativa incorpora algunos principios de cada uno y se diferencia de otros para integrarlos de una forma nueva y original sobre la base de sus propios presupuestos filosóficos, por lo cual no se trata de una mera combinación o síntesis entre ambas tradiciones de la política (Habermas, 1999a: 231 ss.; 1994: 383 ss.).[4]

Ahora bien, y como se evidencia a continuación, el planteamiento teórico de la política deliberativa teniendo en cuenta sus presupuestos filosóficos presupone el principio de igualdad, lo cual posibilita a su vez la explicitación de las condiciones de validez para su correspondiente justificación filosófica.

3. Presupuestos filosóficos de la democracia deliberativa y justificación filosófica del principio de igualdad: la pragmática universal del lenguaje

La siguiente es la pregunta que Rawls (2006: 33) formula respecto de la igualdad (y la libertad) en el marco de su concepción del liberalismo político: “¿Qué podría hacer la filosofía política para hallar una base compartida que permita dirimir el tan fundamental problema de indicar la familia de instituciones más apropiada para asegurar la libertad democrática y la igualdad?”. Se trata de un cuestionamiento cuya respuesta se encuentra en (una parte de) los fundamentos filosóficos de la democracia deliberativa, i.e., en la pragmática universal del lenguaje.[5] En efecto, con su estudio de 1976 sobre esta parte de la semiótica,[6] Habermas explicita el sentido reconstructivo que la pragmática universal comporta respecto del lenguaje en los siguientes términos:

El hablante […] domina el sistema de reglas de su lengua y sabe cómo aplicarlo en cada contexto, tiene de ese sistema de reglas un saber preteórico […] Esta conciencia implícita de reglas es un know how. El intérprete, a su vez, que no solamente comparte este saber implícito del hablante competente, sino que quiere entenderlo, tiene que transformar el know how en un saber explícito, es decir, en un know that de segundo nivel. Ésta es la tarea de la comprensión reconstructiva, es decir, de la explicación de significados en el sentido de una reconstrucción racional de las estructuras que subyacen a la producción de formas simbólicas. (Habermas, 1997: 311)[7]

La idea es identificar las presuposiciones “universales y necesarias” de los procesos de entendimiento posible, en el sentido de la explicitación de un saber o capacidad de tipo universal. Y sobre este análisis reflexivo respecto de las presuposiciones de la dimensión pragmática del lenguaje, Habermas “descubre” tres clases de pretensiones de validez inherentes a toda expresión o uso argumentativo del lenguaje, como lo son la pretensión de verdad, si los oyentes de tal afirmación consideran que refleja algo perteneciente al mundo; de veracidad, si expresa la intención del orador, o normativamente correcta, si afecta expectativas socialmente reconocidas. De este modo se sitúa el problema de la justificación de la validez de un enunciado, no sólo en el contexto de la verdad, sino también y fundamentalmente en el ámbito de la comunicación y del discurso, que es precisamente donde conceptualmente se ubican las pretensiones teóricas de la democracia deliberativa.

Ahora bien, el punto en cuestión en torno a la explicitación reconstructiva de tales pretensiones universales de validez inherentes al uso argumentativo del lenguaje es que permite una primera aproximación a la justificación del principio de igualdad. En efecto, de las tres señaladas, la pretensión universal de corrección normativa expresa la aptitud pragmática del hablante para formular enunciados referidos a diversos contextos comunicativos, ejecutando para ello actos de habla que cumplan con ciertas normas intersubjetivamente aceptadas y en las que se expresa el principio de igualdad (en el sentido de simetría, o de equidad discursiva). Y ello es así no solamente porque todos las reconocen por igual como condición de validez de lo que se plantea, posibilitando el entendimiento y la comprensión (se trata de “las estructuras que subyacen a la producción de formas simbólicas”, señaladas por Habermas), sino también porque la explicitación reconstructiva de tales normas permite evidenciar que ellas regulan un proceso decisorio en el que todos los interlocutores discursivos involucrados son reconocidos, de modo que puedan participar de él en igualdad de condiciones, sea para formular nuevos argumentos, criticar los previamente planteados o simplemente aportar el propio punto de vista a fin de reforzarlos. Se trata entonces de un procedimiento intersubjetivo de deliberación racional en el que a todos se les reconoce por igual (y todos pueden por igual hacer uso de) los derechos que (junto con las demás) esta pretensión comporta para plantear argumentos respecto de determinado tema, y consecuentemente tomar una decisión: en términos negativos, no es posible justificar una pretensión de validez sin al mismo tiempo reconocer los mismos derechos inherentes a todos los miembros de una comunidad (que Apel caracterizaría como “ilimitada”) de comunicación, y que como afectados directa o indirectamente participan de dicho procedimiento en igualdad de condiciones.

Por supuesto, la pregunta que aún podría plantearse aquí es la siguiente: ¿por qué esta explicitación reconstructiva de los presupuestos pragmáticos e ineludibles que resultan inherentes a todo acto de habla consistente en plantear un discurso argumentativo (para intentar solucionar un problema práctico) permite una primera aproximación a la fundamentación del principio de igualdad? Frente a esta cuestión cabe destacar que, como claramente ha mostrado Karl-Otto Apel en el marco de su concepción de la teoría del discurso, cuando se demuestra que algo no puede fundamentarse mediante nada anterior sin petición de principio, porque está presupuesto en toda argumentación, se llega entonces precisamente a un tipo de justificación identificada como “fundamentación última” (Letztbegründung), dado que comporta un punto más allá del cual no se puede ya retroceder mediante el discurso. Ciertamente, el filósofo se refiere al discurso mismo; es esto lo que se encuentra últimamente fundamentado, porque no es posible de cuestionar sin autocontradicción pragmática. Ahora bien, en el marco teórico de la democracia deliberativa los presupuestos pragmáticos del discurso argumentativo, explicitados reconstructivamente, contribuyen a la justificación de la igualdad, y ello en la medida en que el principio que esta expresa se identifica como ya siempre operante en las interacciones discursivamente medidas, lo cual no resulta posible de cuestionar sin cometer la señalada autocontradicción.[8]

Para la justificación racional de un principio como el de igualdad no cabe apelar entonces a entidades metafísicas, o de cualquier otro tipo; tampoco corresponde interpretar este principio en el sentido de un estado de cosas ya dado previamente que antecede y se ubica por encima del procedimiento intersubjetivo de fundamentación discursiva, y con el cual éste debería corresponderse para determinar el contenido de las normas jurídicas o de las acciones políticas: Habermas no adopta una posición realista en el ámbito de la filosofía práctica (aunque sí lo hace en el plano epistemológico; Habermas, 1999b). Para una tal fundamentación es necesario reflexionar sobre las implicancias que comportan las acciones realizadas al argumentar, racionalmente reconstruidas mediante el procedimiento de la pragmática universal del lenguaje, y que resultan inherentes a los presupuestos implícitos en las pretensiones de validez que se plantean mediante el discurso práctico. Así, y desde el punto de vista de la política deliberativa, el principio de igualdad en el ámbito democrático resulta entonces inmanente a las prácticas políticas porque ya siempre es reconocido en sus procedimientos de fundamentación, en el mismo sentido que el principio del discurso (analizado en el próximo apartado), o también de simetría y respeto recíproco, todos estos a su vez presupuestos por aquel principio de igualdad.

Esta parte del trasfondo filosófico de la política deliberativa, que justifica la propuesta teórica de esta sobre la base de un método no constructivista (como la filosofía rawlsiana), sino de tipo reconstructivo de los presupuestos del diálogo argumentativo ya siempre asumidos como condiciones de posibilidad y de legitimidad en los procedimientos intersubjetivos de deliberación para la toma de decisiones democráticas, constituye entonces el marco conceptual en el que puede comenzarse a analizar y justificar el principio de igualdad implícito en las pretensiones de validez del discurso argumentativo, tal como lo concibe esta teoría política. Precisamente por esto es que la igualdad se encuentra presupuesta, no sólo en los fundamentos filosóficos, sino también en el planteamiento teórico de la democracia deliberativa.

4. Justificación del principio de igualdad: el discurso argumentativo en la democracia deliberativa

La teoría de la democracia deliberativa, expuesta por Habermas en su principal obra filosófico-político-jurídica, Faktizität und Geltung de 1992,[9] asume un carácter normativo y procedimental, pero también sustantivo, cuyo principio básico no es el principio de la mayoría, sino el (ya aludido) “principio del discurso”, entendido como un cierto tipo de diálogo argumentativo esencial no sólo para conocer la realidad natural y social, sino también para evaluar críticamente las acciones y las instituciones humanas. Este principio, que desempeña un papel fundamental en esta teoría política y en las teorías del derecho y de la moral de Habermas (y también de Apel), presupone entonces un procedimiento intersubjetivo sobre cuya base se legitiman las decisiones (en este caso) políticas, las cuales tienen que adoptarse como resultado de una deliberación democrática, es decir, como un intercambio público de razones orientadas a lograr el consenso. Los caracteres epistémicos y democráticos que resultan inherentes al principio del discurso se evidencian en la siguiente definición habermasiana: “Sólo son válidas aquellas normas de acción a las que todas las personas posiblemente afectadas podrían dar su asentimiento como participantes en discursos racionales” (Habermas, 1994: 138). Cabe destacar que en tal definición la parte fundamental (para el tema aquí analizado) se encuentra contenida en las últimas cinco palabras, cuando se alude al asentimiento que los interlocutores tienen que dar “como participantes en discursos racionales”. En efecto, este principio presupone una forma de diálogo en cuyo contexto se busca el fundamento de las problemáticas pretensiones de validez de las opiniones y normas desde un punto de vista necesariamente dialógico, exigiendo sobre todo la igualdad de derechos y la correspondiente simetría (que aquella comporta) entre quienes participan en el mencionado procedimiento.

Así entendido, el concepto (antes mencionado) de “discurso práctico” que se expresa en este principio del discurso comporta entonces un uso específico del lenguaje que presupone exigentes compromisos asumidos por el hablante. De hecho, quien plantea pretensiones de validez a través del discurso presupone también implícitamente lo siguiente:

  1. todos los interlocutores pueden participar en dicho proceso;
  2. todos los participantes pueden expresar su opinión, presentar nuevos argumentos, criticar el argumento en discusión en igualdad de condiciones, y
  3. nadie puede ser privado, por medio de coacción ejercida dentro o fuera del discurso, del ejercicio de los derechos establecidos en 1) o en 2).

El carácter conceptualmente distintivo del diálogo argumentativo llamado “discurso” es entonces (y nuevamente) la igualdad, pero no porque los argumentos planteados resulten todos igualmente valiosos desde el punto de vista de su contenido político o epistémico, sino porque quienes participan de dicho procedimiento asumen todos el mismo rol, el de interlocutor discursivo. Así, el reconocimiento de la igualdad en los discursos prácticos presupuestos por la democracia deliberativa consiste en que ninguno de los participantes ocupa un lugar de privilegio, puesto que todos están sometidos a las mismas reglas y cada uno debe reconocer a los demás los mismos derechos; esto significa que en los procedimientos decisorios de esta teoría política todos los posibles participantes tienen que tener el mismo (y por lo tanto igual) derecho de criticar, y el mismo (y por lo tanto igual) deber de justificar sus opiniones atendiendo exclusivamente a “la fuerza de coacción” que sólo los mejores argumentos pueden ejercer. Sólo si se mantienen y respetan estas exigencias se podrá aspirar legítimamente a alcanzar soluciones razonables para los problemas prácticos objeto de discusión.[10]

Rawls adopta un sentido constructivista (ya mencionado) para el establecimiento de la igualdad introduciendo la idea de la posición original, y ello a fin de dilucidar qué concepción de la justicia permite especificar los principios más apropiados para hacer realidad la igualdad (además de la libertad). Esta posición implica el llamado “velo de la ignorancia”, con el cual se pretende establecer principios de justicia para ciudadanos que desconozcan la posición que cada uno adopta, como también los bienes de que todos disponen. Se trata así de lograr la antes mencionada cooperación social mediante un contrato en el que todas las partes involucradas estén en igualdad de condiciones, sin que alguna de ellas pueda obtener mayores ventajas de negociación (Rawls, 2006: 46). Ahora bien, considerado el tema desde la teoría del discurso (presupuesta por la democracia deliberativa), esto supone un procedimiento para aludir a la igualdad que resulta conceptualmente problemático, porque se basa en un uso meramente estratégico de la racionalidad. En efecto, en el contexto del señalado velo de la ignorancia impera, por razones estratégicas, la idea de “ventaja o bien racional de cada participante” (40), por cuyas relaciones “cada cual sale beneficiado respecto de un patrón de igualdad apropiado” (41). La justificación de un principio fundamental de todo ordenamiento político democrático del Estado de derecho, como es el principio de igualdad, tiene que basarse, sin embargo, en la identificación y consecuente explicitación reconstructiva de los presupuestos normativo-morales en los que se expresa, los cuales por definición se contraponen al sentido de “ventaja estratégica” o “beneficio” individual inherente al tipo de relaciones a que alude Rawls.[11]

Reflexiones finales

El principio de igualdad se presenta como uno de los fundamentos del Estado democrático de derecho en el cual por definición tiene que reconocerse dicho principio, por ejemplo en las decisiones y/o acciones que, respectivamente, se adoptan en las instituciones formales o se desarrollan en los ámbitos informales de la opinión público-política. Así, sobre la base de los presupuestos filosóficos de la democracia deliberativa es posible explicitar un fundamento conceptual del principio de igualdad, no tematizado en los autores citados, y sobre el cual apoyar toda posterior pretensión de exigencia de su legítimo reconocimiento: esta fundamentación aquí propuesta no solamente implica la viabilidad teórica de revestir de mayor respaldo conceptual y normativo a tales exigencias, sino también la posibilidad de identificar la consecuente contribución que esto comporta para la consolidación del sistema democrático.

En el marco teórico de la democracia deliberativa, la afirmación de que existe desigualdad se traduce en una serie de obligaciones normativas de acción estatal como punto de partida para todo intento de solución a cualquier problema de desigualdad existente, y ello sobre la base de la previa (y necesaria) justificación filosófica del principio en que aquella se expresa. Así entendida, la política constituye entonces un instrumento efectivo de cambio social que contribuye a honrar el sentido originario de la democracia, asumiendo un proyecto de esta acorde con su promesa, no sólo de libertad, sino también de horizontalidad e igualitarismo político.

Referencias

Anderson, E. (1999), “What’s the point of equality?’”, Ethics, 109: 287-337.

Apel, K.-O. (1987), “El problema de la fundamentación filosófica última desde una perspectiva pragmático-trascendental del lenguaje”, Estudios Filosóficos, 36: 283-299.

– (1994), Semiótica filosófica, Buenos Aires, Almagesto.

– (2002), Semiótica trascendental y filosofía primera, Madrid, Síntesis.

– (2004), Apel versus Habermas: elementos para un debate, Granada, Comares.

– (2007), “Discourse ethics, democracy, and international law: Toward a globalization”, American Journal of Economics and Sociology, 66 (1): 59-70.

Bejan, T. (2018), “What was the point of equality?”, Coloquio de Filosofía Política de la Goethe Universität Frankfurt. Disponible en www.kcl.ac.uk/law/c-ppl/philo-workshops/PPL-kjuris-bejan-what-was-the-point-of-equality.pdf (consulta: 18 de septiembre de 2018).

Bello Hutt, D. (2018), “Republicanism, deliberative democracy, and equality of access and deliberation”, Theoria, 84: 83-111.

Böhler, D. (1984), Funkkolleg. Studientexte 3: Praktische Philosophie/Ethik, Weinheim, Beltz.

– (1985), Rekonstruktive Pragmatik, Von der Bewußtseinsphilosophie zur Kommunikationsreflexion: Neubegründung der praktischen Wissenschaften und Philosophie, Fráncfort, Suhrkamp.

Brandom, R. (1994), Making it Explicit: Reasoning, representing and discursive commitment, Cambridge, Harvard University Press.

Bühler, K. (1934), Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena, G. Fisher.

Damiani, A. (2011), “Acción y racionalidad en la filosofía trascendental: del giro copernicano al giro lingüístico-pragmático”, en D. Michelini, H. Neumann Soto y R. De Miguel (eds.), Ética del discurso: desafíos de la interculturalidad y la religión en un mundo global, Río Cuarto, Icala, 31-39.

De Zan, J. (2004), La ética, los derechos y la justicia, Montevideo, Konrad-Adenauer.

Habermas, J. (1971), Theorie und Praxis, Fráncfort, Suhrkamp.

– (1981), Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Fráncfort, Suhrkamp.

– (1983), Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Fráncfort, Suhrkamp.

– (1994), Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Fráncfort, Suhrkamp.

– (1997), Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, Madrid, Cátedra.

– (1999a), La inclusión del otro, Barcelona, Paidós.

– (1999b), Wahrheit und Rechtfertigung, Fráncfort, Suhrkamp.

– (2003), Acción comunicativa y razón sin trascendencia, Buenos Aires, Paidós.

(2004), La ética del discurso y la cuestión de la verdad, Buenos Aires, Paidós.

Maliandi, R. (2006), Ética: dilemas y convergencias, Buenos Aires, Biblos.

McCarthy, T. (1987), La teoría crítica de Jürgen Habermas, Madrid, Tecnos.

Rawls, J. (2006), Liberalismo político, Ciudad de México, FCE.

– (2011), Teoría de la justicia, Ciudad de México, FCE.

Rosanvallon, P. (2015), La sociedad de iguales, Buenos Aires, Manantial.

Ryle, G. (1949), The Concept of Mind, Londres, Hutchinson’s University Library.

Saba, R. (2016), Más allá de la igualdad ante la ley: ¿qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, Buenos Aires, Siglo XXI.

Strawson, P. (1992), Análisis y metafísica, Barcelona, Paidós.

Waldron, J. (2017), One Another’s Equals: The basis of human equality, Cambridge, Belknap.


  1. Como se menciona más adelante, también Rosanvallon (2015: 313 ss.) plantea esto.
  2. Puesto que el autor señala que en su obra Liberalismo político no ha introducido cambios respecto de las tesis expuestas en su Teoría de la justicia de 1971, en lo que sigue se tendrá en cuenta aquella obra para el análisis de su concepción de la igualdad. Esta aclaración del filósofo está en Rawls (2006: 32).
  3. En Jürgen Habermas es necesario no confundir el uso del término “deber”, o “tener que” (müssen), con el “deber” en el sentido del verbo alemán sollen, que comporta un sentido moral, porque con el uso de aquellos términos el autor sólo pretende dar cuenta de una necesidad lógica o pragmática explicitada a partir de la reconstrucción de los presupuestos operantes en la formulación de argumentos mediante el uso comunicativo del lenguaje (Habermas, 1981: 110 ss.; 1994: 19, 61 ss., 399 ss.; al respecto véase también De Zan, 2004: 59 ss.).
  4. Para un análisis de este tema en la teoría discursiva del derecho de Habermas, véase Habermas (1994: 109 ss.).
  5. Lo que podría identificarse como “la otra parte” de los fundamentos filosóficos de la democracia deliberativa lo constituye la teoría habermasiana de la acción social, en el marco de la cual se justifica el carácter prioritario del uso de la racionalidad comunicativa orientada a lograr consensos, por sobre su uso meramente estratégico. Más adelante se analiza este tema en confrontación con los presupuestos del ideal rawlsiano de reciprocidad, inherente a su concepción de la posición original (apartado 4). La teoría habermasiana de la acción social se encuentra, entre otros lugares, en Habermas (1981).
  6. “Was bedeutet «Universalpragmatik»?” (publicado originalmente en Karl-Otto Apel, ed., Sprachpragmatik und Philosophie, Fráncfort, Suhrkamp, 1976, 174-272), versión en castellano en Habermas (1997: 299-368).
  7. Por supuesto, esta tarea de reconstrucción racional puede leerse a la luz de la clásica distinción de Gilbert Ryle (1949) entre know how y know that, es decir, entre el saber cómo y el saber qué: mediante esta distinción se diferencia entre la capacidad de un sujeto para formar oraciones y comunicarse con otros, por un lado, y las reglas y los presupuestos que lo hacen posible, por el otro (Habermas, 1997: 313 ss., 328-329, 299.300; Apel, 1994: 315; Böhler, 1985: 242, 243; McCarthy, 1987: 320 ss.). Aunque desde otra perspectiva filosófica, también Robert Brandom (1994: 779) se refiere a la explicitación del conocimiento inherente al uso comunicativo del lenguaje; para un análisis de este tema desde el punto de vista de la filosofía analítica, véase Peter Strawson (1992: 41 ss.).
  8. En opinión de Apel, el intento de impugnar el diálogo argumentativo conduce a una autocontradicción en la propia argumentación. No se trata ciertamente de una contradicción entre proposiciones (A y no-A), sino de una “autocontradicción pragmática entre la proposición enunciada por el hablante, y la pretensión performativo-reflexiva con la cual él pone a discusión como aceptable esta proposición en la comunidad de argumentación” (Apel, 1994: 331-332, cf. Apel, 1987: 289, 2004: 151, 2007: 51-52; Böhler, 1984: 870). Por su parte, Habermas admite que la prueba que ofrece el argumento de la autocontradicción performativa es apropiado para la identificación de reglas sin las cuales no funciona el proceso de la argumentación, y también que “las presuposiciones inevitables de la argumentación no son meras construcciones, sino que son operativamente eficaces en el comportamiento de los mismos participantes de la argumentación” (Habermas, 1983: 104-105, cf. Habermas, 2003: 57).
  9. Aunque este trabajo fue publicado por primera vez en ese año, aquí se tendrá en cuenta la cuarta edición en alemán publicada por Suhrkamp en 1994, que el autor presenta con una bibliografía revisada y ampliada.
  10. Cf. Habermas (1971: 23 ss., 1983: 103; 1994: 155-157, 19981: 386-387, 1997: 140; 1999a: 244), Maliandi (2006: 233-234), Damiani (2011: 36-39). Por supuesto, no puede dejar de considerarse el hecho de que este tipo de relaciones discursivas tiene más un carácter ideal que real (se asemeja más a una situación de jure que a una de facto), sin embargo, y paradójicamente, toda forma de incumplimiento de las condiciones de validez del discurso práctico demuestra que incluso un discurso configurado con simulaciones (i.e., un seudodiscurso) constituye una prueba de que algo así como una “comunidad ideal de comunicación” está presupuesta, como dice Apel, en el uso de la argumentación. Por su parte, y aun cuando no adhiera al léxico apeliano respecto de lo “ideal”, Habermas también ha señalado el carácter parasitario del uso estratégico (o basado en el autointerés) de la racionalidad argumentativa respecto del uso consenso-comunicativo de esta (Apel, 1994: 151-187; 2002: 191; Habermas, 1981: 377-397; 1994: 443).
  11. Por el contrario, para Habermas el empleo del lenguaje orientado al entendimiento es el original modus de éste, respecto del cual el entendimiento estratégico representa un sentido parasitario o derivado, pues ya lo está presuponiendo y haciendo uso de él para alcanzar sus propios fines: “Los ejemplos del empleo del lenguaje orientado a las consecuencias parecen desacreditar el acto de habla como modelo de la acción orientada al entendimiento. Esto sólo podría evitarse si lográsemos mostrar que el empleo del lenguaje orientado al entendimiento es el modo original frente a la que el entendimiento indirecto [el comportamiento estratégico] se comportan de forma parasitaria” (Habermas, 1981: 370). Cf. Habermas (1999b: 102-104).


Deja un comentario