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11 Instrumentos de transformación urbana

Aproximaciones entre la sociología y la gestión urbana desde la perspectiva del derecho a la ciudad

Ma. Teresita Sacón y Daniela Szajnberg

Introducción

A partir del estudio de algunos instrumentos de gestión urbana implementados en municipios de Argentina que fueron reconocidos como buenas prácticas, en este artículo compartiremos algunas reflexiones sobre la gestión urbana, desde la perspectiva de la sociología.

En la instancia de instrumentación de las transformaciones urbanas, existe una amplia incidencia de los sujetos como promotores, especialmente cuando forman parte del proceso de transformación. De este modo, resulta fundamental el estudio de los instrumentos de gestión urbana, en el aporte del enfoque disciplinar de la sociología urbana. Como señala Ullán de la Rosa (2014):

La sociología urbana es la disciplina que se centra en la dimensión sistémica y estructural de la ciudad: en el rol de las ciudades en el sistema social mundial (siguiendo la estela de Castells o Sassen); en el estudio de la relación sistémica entre la forma espacial y la estructura social analizando cómo diferentes estructuras espaciales generan (o no) diferentes estructuras de relaciones sociales y modos de interacción social (Ullán de la Rosa, 2014).

De manera esquemática, la sociología urbana es el estudio de la organización y modos de vida de las personas que viven en las ciudades en distintos momentos históricos, las configuraciones socioterritoriales y los cambios económicos, sociales y políticos. La importancia de mirarlo desde la perspectiva de la sociología urbana radica en que, como señala Harvey (2008), “la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos” (Harvey, 2008).

Como se sabe, David Harvey es un geógrafo que ha realizado valiosos aportes al bagaje teórico-conceptual del derecho a la ciudad efectuado desde otras disciplinas como la filosofía, la geografía, la economía y la sociología, desde diversos referentes y autores como Henri Lefebvre, Manuel Castells, Edward Soja o Christian Topalov, sin ser exhaustivos.

En particular, en lo que refiere a la construcción de la sociología urbana como una de las derivaciones de la sociología, cabe señalar que Christian Topalov identifica una especificidad en el pasaje de la “cuestión social” a la “cuestión urbana”, planteando que la idea de la existencia de los “problemas urbanos” es relativamente reciente, de no más allá que hace un siglo, es decir, a comienzos del siglo xx: “Por un lado con los reformadores de la vivienda y los primeros urbanistas y, por el otro, con los filántropos y los trabajadores sociales que tenían que enfrentarse con la realidad de las grandes metrópolis del mundo industrial” (Topalov, 1990, 1986).

Cuando hablamos de gestión, y en particular de la gestión urbana, estamos haciendo referencia a las posibilidades de aportar soluciones mediante el diseño de políticas que promuevan mejoras en las condiciones de habitabilidad de la población.

En tal sentido, resulta una contribución significativa lo que Henri Lefebvre (1968) plantea en cuanto al derecho a la ciudad, como aportes de instrumentaciones intelectuales como la “transducción”, que supone una retroalimentación constante entre el marco conceptual y las observaciones empíricas. Asimismo, la “utopía experimental” que, acerca de las implicancias y consecuencias sobre el terreno, se interroga: “¿Cuáles son, cuáles serán, los lugares con éxito social; cómo detectarlos, con qué criterios, qué tiempos, qué ritmos de vida cotidiana se inscriben, se escriben, se prescriben en estos espacios con éxito, es decir, favorables a la felicidad?” (Lefebvre, 1968).

Nos interesa entonces, en particular, revisar los mecanismos que permiten planificar e intervenir en la ciudad teniendo en cuenta que los modos de gestión y de organización de los sujetos serán las acciones que promuevan transformaciones en el territorio. Para ello haremos foco en los instrumentos de gestión urbana, entendiendo que estos son los mecanismos destinados a favorecer procesos de transformación y facilitar la ejecución de proyectos o planes urbanos. Pondremos énfasis en la perspectiva del derecho a la ciudad que postula que “se trata de un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización” (Harvey, 2008).

Los instrumentos y su contexto

Los procesos de producción urbana se encuentran prevalentemente caracterizados por procesos de acumulación y privatización de la tierra, expulsión de las comunidades con menos recursos y la violación de los derechos de un amplio porcentaje de la población. Desde las primeras teorizaciones en materia de “derecho a la ciudad” emergentes en las décadas de los sesenta y setenta del siglo xx, a la diversidad de documentos de divulgación de experiencias en la praxis enmarcada en este enfoque desde fines del siglo xx y en lo que va del xxi, la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” ha sido un punto de inflexión, condensador de procesos-productos innovadores, respaldados en la cosmovisión de la justicia socioespacial.

Como señala Szajnberg (2013), dicha Carta, que ha sesgado a las políticas públicas de los países y sus ciudades en ciertas regiones del mundo, ha posibilitado a ciertas ciudades latinoamericanas un empoderamiento que es resultado del esfuerzo de un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas y sustentables, considerando los Objetivos del Milenio propuestos para el 2015 en la Asamblea de Naciones Unidas del año 2000 y plasmado en diversos foros sociales previos de mediados del siglo xxi[1].

En reiterados estudios se ha manifestado que la pandemia de COVID-19 de 2020 ha profundizado los problemas estructurales de la desigualdad, informalidad y pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2020), dicha región en desarrollo ha sido muy afectada por la pandemia, con la complejidad de la alta densidad poblacional, los altos niveles de hacinamiento en los barrios populares y la falta de acceso a los servicios básicos por un porcentaje amplio de la población.

Los intentos constantes por transformar estas injustas condiciones de vida han sido producto de estudio, análisis y propuestas. En el 2005, la Declaración Nacional por la Reforma Urbana en Argentina se propuso asegurar: la protección legal del derecho a la vivienda y a la ciudad, la democratización del acceso a la tierra e inmuebles urbanos, el derecho a la regularización, los procesos de desalojos que no deben violar los derechos humanos, la derogación del delito de usurpación, la democratización del acceso a los servicios públicos. Para ello, la creación de instrumentos de gestión para los gobiernos locales era un eje central, el cual permitiría fortalecer el manejo del parque construido de viviendas, la participación de las personas y organizaciones implicadas en las políticas urbanas y de vivienda, los procesos de autogestión del hábitat, el desarrollo urbano sin discriminación, el acceso a las áreas centrales urbanas, y la promoción de políticas urbanas y de vivienda con sentido redistributivo, y efectuar una reforma tributaria y la modificación de la Ley Federal de Vivienda.

A nivel latinoamericano, algunos primeros pasos en el proceso de institucionalización y valorización de los instrumentos de gestión urbana, como un aporte a los gobiernos locales, ha sido en mayo de 2013, cuando se desarrolló en Quito el Foro Latinoamericano de Instrumentos Notables de Intervención Urbana, con la presencia de más de 350 personas, provenientes de aproximadamente 120 ciudades, organizado por el Instituto Lincoln y el Banco de Estado del Ecuador, con el apoyo del Ministerio de las Ciudades de Brasil. Se realizó allí la presentación de más de 20 instrumentos notables de intervención urbana, los que dieron cuenta de que el evento cumplió su objetivo de crear una plataforma en la cual, por un lado, se constate la existencia de valiosos instrumentos de planificación que pueden incidir sobre problemas críticos de la agenda pública urbana y en la que asimismo se evalúen los retos de implementación y las posibilidades de replicabilidad de estos esquemas.[2]

Allí se presentaron instrumentos tales como: el otorgamiento oneroso del derecho de construir, el certificado de potencial adicional de construcción, la contribución por mejoras, zonas especiales de interés social, titulación masiva, cartera de inmuebles de vivienda de interés social, regularización social, entre otros. Todos estos son instrumentos vinculados con las políticas de suelo, las cuales promueven de algún modo la función social de la propiedad. Asimismo, se ha generado extensa literatura académica e incluso oferta educativa desde agencias de financiamiento internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Lincoln Institute of Land Policy, sobre los instrumentos de gestión local de los gobiernos, con intenciones de aportar a los técnicos la posibilidad de conocer otras experiencias y mejorar la gobernanza de los Estados.

Podemos decir entonces que los instrumentos han tomado un lugar relevante en los procesos de gestión, por lo que ha sido necesario ponerlos en debate, difundirlos y hasta generar espacios de formación específicos sobre ellos, principalmente para quienes intervienen desde los gobiernos locales en la transformación del territorio.

Los instrumentos de gestión urbana tienen por objetivo ofrecer soluciones prácticas para planificar los procesos de crecimientos de las ciudades. Son mecanismos y prácticas con los que se intervienen en el desarrollo urbano de las localidades, orientándolos hacia un desenvolvimiento más equilibrado desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Desde la perspectiva de la sociología urbana, los instrumentos resultan centrales. Son el medio por el cual se realizan las interacciones humanas, las cuales van a ir definiendo el modelo de vida social. Son medios que permiten al Estado local llevar adelante la gestión urbana con valores como la coordinación, la cooperación y la concientización de los actores públicos y privados involucrados en el proceso.

Analizar los instrumentos de gestión urbana desde la perspectiva de la sociología urbana resulta relevante dado que están estrechamente vinculados con el modo de organización de los actores y promueven transformaciones en la organización y distribución del espacio. Revisaremos entonces, a continuación, algunos ejemplos que nos pueden permitir comprender de un mejor modo la configuración actual de la ciudad y modos posibles de transformación.

Instrumentos de gestión urbana en clave “derecho a la ciudad”

A título referencial, ya existía una gran cantidad de tipos de instrumentos de gestión urbana con enfoque del derecho a la ciudad, como los que identificaron y consignaron Mario Lungo y Raquel Rolnik (1998) a fin del siglo xx, con foco en la gestión de suelo urbano.

Teniendo en cuenta el universo de más de 15.000 municipios en América Latina y 1.298 en Argentina[3], la variedad de programas e intervenciones públicas es claramente extensa. Seleccionamos algunos instrumentos que han sido implementados recientemente en Argentina y que fueron reconocidos como buenas prácticas en diversos estudios, a fin de ilustrar algunas transformaciones posibles a través de lo que llamamos “instrumentos de gestión urbana”. Ponemos atención a los ejemplos que han permitido avanzar en una transformación desde la perspectiva del derecho a la ciudad: contribución por mejoras, convenio urbanístico y banco de tierras.

Contribución por mejoras

La contribución por mejoras (cm) es un instrumento que permite recuperar de manera total o parcial el costo de la obra pública. Para ello, el gobierno local solicita a los beneficiarios de las mejoras una contribución puesto que las inversiones públicas que se realizan en infraestructura (redes de agua, cloaca, gas, pluviales, pavimento, alumbrado público, otras), en movilidad (líneas de transporte, extensión de líneas de transporte, nuevas paradas, vivienda, otras), o en el espacio público y equipamiento urbano (mejoras en el espacio público, vialidad, otras) tienen impacto en el valor del suelo. También las modificaciones de normativas: fot, fos, usos. Según señala Smolka (2012), la cm tiene consecuencias distributivas e impacta en el desarrollo urbanístico. Es considerado un mecanismo para promover equidad en las ciudades y, a la vez, es una manera de mejorar la autonomía fiscal municipal.

Es importante remarcar que la cm recae sobre los beneficiarios directamente y que es ocasional y temporaria, originada con un propósito particular y concluida cuando ese propósito se ha cumplido.

Según un estudio del Ministerio del Interior (2018), este instrumento se ha utilizado principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe; en menor medida en Córdoba, Jujuy, Corrientes, Salta, entre otras.

Un ejemplo muy discutido de la cm es el caso de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires. En el año 2009, se sancionó la Ordenanza 3.184, que incorporó algunos artículos a la Ordenanza Fiscal vigente hasta entonces y en cuyo artículo 255 se incorporó un Tributo por cm: “Las actuaciones administrativas y/o inversiones municipales que produzcan una significativa valorización de los inmuebles, y que se vuelque al mercado inmobiliario, tributarán la Contribución por Mejoras” (Consejo Deliberante, 2009).

Se trata de un uso no convencional de la cm, dado que, además de obras de infraestructura, se incorporaron acciones administrativas de los distintos niveles de gobierno tales como cambios normativos, entre otros. Según señala Baer y Duarte (2013), en el Municipio de Trenque Lauquen lo utilizan principalmente sobre aquellas acciones correspondientes a la aprobación de nuevos loteos o nuevas zonificaciones, dado que el listado de hechos imponibles a este gravamen es muy heterogéneo.

Otro ejemplo nacional, en la provincia de Salta a partir de la sanción de la Ley 7.401 en agosto del 2006, cuyo artículo 1 establece: “Establécese una contribución por mejoras, que recaerá sobre los inmuebles que reciban un beneficio especial individualizable con motivo de la realización de una obra o conjunto de obras públicas por parte de la provincia de Salta” (Boletín Oficial, 2006).

Asimismo, en dicha ley se crea un Consejo de Contribución por Mejoras, que tiene la facultad de aprobar la aplicación de cada contribución, así como de dictar las medidas y resoluciones necesarias para la eficaz aplicación de la contribución.

La cm es considerado un tributo con un grado de “justicia tributaria” ya que se cobra solamente a los beneficiarios directos de esta. Para que esto efectivamente suceda, es necesario establecer de manera clara los límites de quiénes son esos beneficiarios y cuál es la magnitud del beneficio generado por la intervención del Estado municipal.

Convenio Urbanístico

El convenio urbanístico (cu) es un acuerdo que se realiza entre el municipio (o la autoridad competente en materia de desarrollo urbano) y otros actores que tienen interés en el desarrollo urbanístico. Dicho convenio es un modo de asociación público-privada en materia de proyectos e intervenciones urbanas.

Este acuerdo es para redistribuir los beneficios para las partes que firman el convenio, así como para la población de la localidad en general. Dicha redistribución de cargas y beneficios se define a partir de un proceso de negociación. A través de este instrumento, se busca contribuir a la producción de una mejor calidad de vida para la población, a través de la articulación entre actores públicos y privados mediante la cooperación en la producción de la ciudad.

En Argentina, los municipios son un actor relevante en materia de desarrollo urbano. Como señala la Constitución Nacional en su artículo 5, cada provincia dictará su Constitución, por lo que las competencias de los municipios son variadas. Sin embargo, podemos decir que, mayoritariamente, tienen injerencia en la definición de lo urbano en documentos tales como el Código de Ordenamiento Urbano, el Plan de Uso de Suelo, así como también en la categorización de su uso (definición de zonas: industrial, residencial, mixto, comercial, áreas de interés social, otras) y en la determinación de indicadores urbanísticos (factor de ocupación total, factor de ocupación de suelo, alturas máximas, etc.). Por otra parte, los municipios son también un actor relevante en cuanto a la provisión de infraestructura y equipamiento urbano (espacios verdes, establecimientos educativos, deportivos, de salud, culturales, otros).

En Argentina, hay al menos tres gobiernos que han regulado el instrumento de cu. Ellas son: la Municipalidad de Córdoba, a través de la ordenanza 17.077/12; la Provincia de Buenos Aires, a través de la Ley 14.449; y la Municipalidad de Rosario, Santa Fe, a través del Plan Urbano Rosario 2007-2017 y posteriormente en la Ordenanza 8.973/12.

En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, en sus artículos 20, 21 y 22, contiene una serie de determinaciones para las urbanizaciones planificadas, que flexibilizan algunos indicadores establecidos en el Decreto Ley 8.912/77. En su artículo 55, establece:

Convenios Urbanísticos: son los acuerdos celebrados entre la administración local y los propietarios de los inmuebles a intervenir mediante la operatoria de reajuste de tierras. El convenio contendrá las obligaciones y derechos entre las partes para la realización de los objetivos y principios contenidos en el plan específico o particularizado que dio origen al reajuste (Boletín Oficial, 2013).

El cu trata, básicamente, de formas asociativas y contractuales, de las que también pueden formar parte, entre otros, desarrolladores inmobiliarios, inversores y organizaciones tanto privadas como públicas. Lo que propone la Ley 14.449 es admitir parcelas, unidades rodeadas de calles, espacios circulatorios y dotaciones de estacionamientos, diferentes a los previstos en el Decreto Ley 8.912, estableciendo una serie de condiciones que orientan las posibilidades de generar los cu. Dichas condiciones son los cuatro principios rectores que promueve la ley para la implementación de las políticas habitacionales: el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios.

Este instrumento tiene una perspectiva redistributiva en beneficio de la población, aunque la implementación del cu dependerá de la elaboración de acuerdos claros y justos entre los actores que participan del convenio. Las declaraciones de principios de las leyes orientan el sentido social que se pretende promover, aunque, sin embargo, es en las disputas entre los actores intervinientes donde los acuerdos se consagran y la intervención se materializa.

Banco Municipal de Tierras

El Banco Municipal de Tierras (bmt) es un instrumento que se utiliza para administrar los bienes inmuebles públicos, conformando una unidad de servicio para la aplicación de otros instrumentos de gestión urbana.

Este instrumento otorga al municipio la posibilidad de reducir la dependencia sobre los precios del suelo que, si no, se fijan de manera liberal. Su administración puede ser llevada por una entidad municipal o un ente descentralizado y permite que se constituya como un actor más en la participación del mercado inmobiliario local.

El bmt realizará dos cuestiones centrales: administración de información y gestión de tierras. Para ello requiere la construcción de una base de datos o registro que se llevará adelante con un sistema de información geográfica, donde se registrarán, a partir de información catastral, las propiedades municipales, los lotes vacantes, los lotes baldíos y otros elementos que colaboren con la identificación de irregularidades en la gestión del suelo del municipio en cuestión. Dicho trabajo requiere de una actualización periódica.

Los posibles modos de adquisición de terreno son por cesión, donación, canje, expropiaciones, subastas, entre otros. También existen experiencias de articulación de este instrumento con la gestión del “Fondo de Desarrollo Urbano”[4] u otras herramientas afines que posibiliten mejoras en la movilidad del suelo ocioso e intervención en las actividades inmobiliarias.

El manejo del suelo por parte de los municipios es esencial para la planificación y ordenamiento urbano. Son variadas sus posibilidades y modos de uso, aunque dicha heterogeneidad está vinculada a los actores que intervienen en la producción del territorio y el poder que cada uno de ellos ejerce en el mercado de suelo. Más allá de estas variantes, es un instrumento valioso por las posibilidades de gestión que promueve potencialmente.

Traemos un ejemplo de la Provincia de Buenos Aires, el caso de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, que en el año 1996 sancionó la Ordenanza 23, la cual creó un banco de tierras. Sus funciones son:

1) Determinar el valor comercial actualizado de inmuebles fiscales y/o de dominio privado, ubicados en el Territorio Municipal.

2) Confeccionar informes de tasación de inmuebles de dominio Municipal y/o privados, que respondan a los requerimientos o intereses comunales, aplicando las metodologías que resulten más apropiadas y considerando el mercado, a través de inmobiliarias o desarrolladores locales. Asimismo se utilizarán datos de aquellos productos que fueran realizados recientemente mediante operaciones de compra o venta.

3) Realizar tareas de campo, a los fines de evaluar los parámetros que influyen directa o indirectamente en el entorno inmediato del bien a tasar, sean estos servicios públicos de accesibilidad y transporte, infraestructura de alumbrado, pavimento, red de gas, proximidad de centros comerciales, educacionales, de salud.

4) Organizar, mantener y actualizar banco de datos de valores comerciales, que influyen en las distintas zonificaciones diagramadas en el territorio del municipio y georreferenciación en planos de valores Inmobiliarios.

5) Organizar, mantener actualizada y cruzar información referida a las restricciones, o modificaciones de estados parcelarios y/o uso del suelo, que establezca el Código Urbano de Malvinas Argentinas, Ordenanzas Municipales, Leyes Provinciales y Nacionales, que intervienen sobre el aspecto territorial del bien a evaluar.

6) Gestionar la tasación oficial del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en los casos en que se lo solicite el Departamento Ejecutivo.

7) Intervenir y coordinar todas las actuaciones relativas a la administración, afectación y/o disposición de inmuebles fiscales (arriendo, compra, venta, alquileres, cesión, donación, permuta, concesión, préstamo, usucapión, etc.).

8) Promover la identificación, categorización, registración, análisis y la adquisición y/o enajenación, según corresponda, de los inmuebles incluidos en el Banco de Tierras.
9) Impulsar y coordinar la incorporación de todas las cesiones de suelo emergentes de la aplicación de la legislación urbanística y las compensaciones que surjan del cumplimiento de los artículos 60° y 61° de Decreto Ley 8912/77.
10) Promover programas de reconversión de la tierra desocupada y de inmuebles ociosos a fin de incorporarlos a los circuitos de la economía urbana.[5]

Otro ejemplo de bmt es el Municipio de San José, Entre Ríos, instituido por la Ordenanza 27/2012. Este se creó como un fondo de desarrollo a los fines de administrar los fondos generados por acciones urbanísticas.

Como podemos observar en los ejemplos presentados, el bmt es un instrumento que requiere de un registro claro de las tierras y que, acompañado de otros instrumentos de recuperación de plusvalías, promueve la distribución equitativa de cargas y beneficios.

Reflexiones con vistas a la resignificación del derecho a la ciudad en el contexto de crisis global pandémica

Considerando la ciudad como un invento del ser humano para rehacer el mundo en el que vive, convirtiéndola de ese modo en texto y contexto de su vida (Parker, 1967), nos permitimos revisar los instrumentos de gestión urbana como los medios de transformación mediante los cuales el ser humano se ha permitido reinventar la ciudad –o al menos uno de los medios por los cuales lo ha realizado–.

Con “instrumentos de gestión urbana”, se hace referencia a los elementos o mecanismos que impulsan los agentes gubernamentales para alcanzar metas de política y que permiten agrupar acciones puestas en marcha por los decisores. Son aquellos que implican una afectación física, fiscal o de propiedad para dar respuesta a problemas urbanos.

Los instrumentos suelen tener en su letra principios rectores manifiestos que orientan su uso, pero que no son determinantes del modo en el que se finalmente se utilizan, ni de los resultados que se alcancen. Estas cuestiones están, por un lado, influenciadas por los actores, sus intenciones y el poder real que ejercen en los acuerdos, así como también por el contexto físico y jurídico en el que se desarrolla la transformación.

Aunque los determinantes culturales e institucionales varían entre las localidades, existen desafíos comunes en la gestión urbana, y estudiar estos instrumentos desde la perspectiva de la sociología urbana es un aporte para poder observar, en detalle, las relaciones sociales en el que ese instrumento se desarrolló y las nuevas conformaciones alcanzadas.

En el transcurso del texto, se realizó un recorrido breve por tres instrumentos relevantes en la gestión urbana y una breve descripción del mecanismo propuesto. Allí la contribución de la sociología urbana será la mirada de los actores y el territorio en el que estos desarrollan sus actividades.

En particular, y tratándose de instrumentos de gestión urbana, los casos tienen como actor común a los gobiernos locales, quienes desempeñan, como señala Harvey (2001), una función específica de regulación y reglamentación del ordenamiento urbano. El poder para organizar el espacio derivaría de todo un conjunto complejo de agentes sociales, dentro del cual el gobierno local y la administración urbana tan solo desempeñarían una función facilitadora y de coordinación (Harvey, 2001).

Los principios orientadores de los instrumentos presentados dan cuenta de su sentido de transformación de las desigualdades urbanas y de promoción de justicia tributaria y distribución equitativa de costos y beneficios. Sin embargo, los modos de instrumentación de estos, los acuerdos construidos en los procesos requieren ser claros y definir los compromisos, los destinatarios y las formas de gestión de esos recursos. En esa interacción entre los actores, se define la materialización de esos principios.

Aún nos queda un importante desafío para encontrar mejores formas de relación y mejores modos de instrumentación de las propuestas de trasformación social y urbana hacia una ciudad para todos y todas.

El contexto actual requiere hacer mención a la visibilización de las desigualdades producto del COVID-19. En reiterados estudios se ha manifestado que la pandemia ha profundizado los problemas estructurales de la desigualdad, la informalidad y la pobreza. Según la Cepal (2020), América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada por la pandemia, a causa de la complejidad de la alta densidad poblacional, los altos niveles de hacinamiento en los barrios populares y la falta de acceso a los servicios básicos para un porcentaje amplio de la población.

Los desafíos de la sociología y la gestión urbana, a la luz de la pandemia COVID-19, siguen vigentes. La desigualdad estructural que se trabaja a partir de las propuestas de redistribución, los conflictos de poder entre los capitalistas y los Estados locales, los intereses de acumulación que persisten solo son algunos de los problemas que se pretenden reducir con los instrumentos de gestión.

La planificación y regulación de los procesos urbanos que se realizan dan cuenta de que aún existen muchos desafíos por enfrentar. La desigualdad que impera en las ciudades es estremecedora, y la transformación de esas injusticias es urgente. Nos queda el desafío de promover modelos de gestión urbana que, a través de instrumentos adecuados, mejoren las condiciones habitacionales, redistribuyan los beneficios y los costos y permitan intervenir de manera proactiva, aplicando un sistema integral y sistemático de instrumentos adecuados a la situación.

Como reflexión final, rescatamos una frase de H. Lefebvre que propone la necesaria deconstrucción de los conceptos y prácticas instituidos en materia de gestión urbana, que, medio siglo después, en el contexto de crisis global pandémica, resignifica la cuestión urbana y el sentido del enfoque del derecho a la ciudad: “El Derecho a la Ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. Sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformada, renovada” (Lefebvre, 1968).

Bibliografía

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  2. La obra editorial recopila el trabajo realizado por diversos autores, quienes analizan la teoría y la puesta en marcha de cada instrumento considerando los aspectos jurídicos, fiscales y administrativos, que inciden sobre la regularización y titulación del suelo, los derechos de desarrollo, la zonificación de interés social, la administración de valores inmobiliarios, la utilización de sistemas de información geográfica, el mejoramiento de barrios, la acción de privados en el desarrollo urbano, la adquisición pública del suelo, la tributación a la propiedad, y la sustentabilidad de cambios de usos de suelo, entre otras actividades urbanas.
  3. Cabe señalar que los instrumentos de gestión urbana son mecanismos que pueden utilizarse en los distintos niveles jurisdiccionales, es decir, a nivel nacional, provincial y municipal. Y que en este artículo abordamos a título ilustrativo únicamente algunos instrumentos de nivel municipal.
  4. Fondo de Desarrollo Urbano: es una cuenta de capital específica que sirve para financiar las inversiones en bienes públicos con fines de desarrollo urbano local. Se constituye a partir de los recursos generados a través de la aplicación de instrumentos urbanísticos: convenios urbanísticos, gravámenes para inmuebles en desuso, contribución por mejoras, donaciones, entre otros.
  5. Extraído de bit.ly/3vb5vyC.


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