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7 Territorios del paisaje: espacio público y verde urbano

Gabriela Campari

Habitamos las ciudades como ámbitos de nuestro estar cotidiano, de nuestro paisaje. Su espacio público forma parte de nuestros recorridos, encuentros, actividades, placeres y reclamos. Experimentamos lo urbano desde lo personal, lo colectivo y lo social. En ocasiones el espacio público nos incluye e identifica y nos referenciamos en él como lugar que integra parte de nuestras vivencias, que nos agrada estética y ambientalmente o nos ofrece un entorno adecuado para desarrollar diversos usos, mientras que en otras oportunidades nos excluye mediante barreras físicas o invisibles o provoca situaciones de autoexclusión al no responder a nuestras experiencias, sentires y preferencias. En definitiva, hacemos público al espacio y somos en el espacio público, a través de una construcción dialógica entre objeto/sujeto.

El espacio público no resulta neutral. Si bien es ámbito de expresión de diversos conflictos sociales y tensiones de lo urbano, no constituye por sí mismo un elemento productor de equidad o justicia en el ordenamiento de las ciudades. En numerosas oportunidades exhibe impactos notables a consecuencia de su deficiente planificación o no se corresponde con las demandas de la población, sino con la lógica de mercado. Dicha lógica se impone mediante la sutil sustitución de determinadas normas urbanísticas que generan incrementos en el valor del suelo, como, por ejemplo, a través del discurso de la renovación urbana.

El espacio público tampoco resulta ajeno a cuestiones que, ordinaria o extraordinariamente, impactan en su ambiente y, en consecuencia, en el habitar de la población. La pandemia COVID-19 motivó la adopción de una serie de medidas sanitarias dirigidas a resguardar la salud, tales como el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (aspo) y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (dispo), que implican afectaciones, en diverso grado, de la accesibilidad, movilidad, reunión y uso del espacio público. Estas restricciones generan mutaciones en la cotidianeidad urbana que se reflejan en sus paisajes y provocan que la existencia y la materialidad del espacio público adquieran nuevas dimensiones en la percepción y valoración de la población, y, a su vez, generan una ampliación de la demanda social sobre la exterioridad y los ámbitos abiertos al aire libre, en particular sobre las posibilidades de acceder al verde urbano.

El espacio público en la Ciudad de Buenos Aires

El espacio público ha sido históricamente un eslabón rector para planificar la planta urbana. El uso del damero para conformar su traza propició un orden más vinculado al control, la circulación y la especulación que al ornato (Gutman y Hardoy, 1992), en el cual influyeron como ejes rectores las cuestiones relacionadas con el puerto, el tendido ferroviario y la ciudad capital (Scobie, 1986 [1974]). En ese contexto de organización del modelo de Estado nación y de inicio de Buenos Aires como territorio federal, la ciudad no contaba con las plazas y amplias avenidas arboladas que exigieran su transformación y expansión, ni con una adecuada higiene pública para enfrentar las deficientes condiciones ambientales y de salubridad urbanas. La higiene pública, en razón de su capacidad de influir en la salud de la población, adquirió relevancia y valoración social, al incorporarse a la agenda política la creación, reproducción y jerarquización de estos “espacios aereatorios” –parques, plazas, paseos, avenidas, bulevares, jardines de hospital, etc.– mediante un “programa regeneracionista” (Armus, 2007) que se exhibió como un precedente de progreso y civilización en los modos de gestionar y habitar la Ciudad y contribuyó a promover nuevas prácticas de esparcimiento y simbologías sociales al aire libre (Campari, 2018). Así, estos espacios constituyeron sitios de distracción y ocio para los habitantes de menores ingresos y procuraron satisfacer su bienestar, exhibiendo su rol social como sitios de reunión, paseo, juego y ejercicio y operando como artefactos para el desarrollo de prácticas sociales.

Transcurrido más de un siglo desde ese momento fundacional, el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires presenta dos perspectivas sobre el espacio público, una vinculada a lo edificado, que refiere a él como el “espacio destinado al uso público existente por encima de las calles, avenidas y plazas y del que participan la vista de las fachadas, pavimentos, aceras y sectores parquizados” (gcba, 2018: 34), y otra ligada a la perspectiva proyectual y del habitar para la cual el espacio público adquiere relevantes significados. Al abordar el tratamiento de la regulación para el hábitat, la norma considera el espacio público, por un lado, como “ámbito de valor social, ambiental, cultural, económico y paisajístico, que posibilita la integración social y urbana” y, por otro, como “una unidad de diseño[1] que deberá orientarse hacia una calidad paisajística que integre sus componentes naturales y antrópicos” (gcba, 2018: 129). Como vemos, el uso generalizado del concepto de “espacio público” por diseñadores, arquitectos, urbanistas y gestores, tal como señala Delgado, respondía hasta no hace mucho tiempo “a una superposición de interpretaciones que […] habían existido independientemente […] como conjunto de lugares de libre acceso y […] como ámbito en el que se desarrolla una determinada forma de vínculo social y de relación con el poder” (Delgado, 2011: 18-19), mientras que hoy no se reduce a manifestar “una mera voluntad descriptiva, sino que vehicula una fuerte connotación política” (Delgado, 2011: 20).

La dinámica capitalista necesita y recurre, a fin de obtener excedentes, al proceso de urbanización, lo que da lugar a reconfiguraciones geográficas que imprimen en las formas de las ciudades las “fisuras” del sistema (Harvey, 2013), cambios en el estilo y en la calidad de vida que, convertidos en mercancía, favorecen el surgimiento de espacios públicos fragmentados y privatizables que, en términos de Augé (2002), producen “no lugares”, sitios que no crean identidad ni socialización y que emergen en el marco de una lógica de crecimiento que densifica zonas, instala áreas difusas y exhibe intersticios vacantes en la mixtura urbana en la cual “lo lleno y lo vacío se frecuentan” (Augé, 2002: 104), en detrimento del espacio público. Esta perspectiva contribuye a que los intereses privados influyan decididamente en las políticas públicas, mediante un discurso donde la inseguridad, desidia y deterioro aparecen recurrentemente asociados al espacio público, relato que favorece a invisibilizar su significación como ámbito de uso y goce de la población. Borja entiende que la ciudad “es ante todo el espacio público”, y que este es “condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos”, cuya crisis se refleja “en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión” (Borja, 2014: 111). En tal sentido, la disputa por la apropiación del suelo, que adquiere mayor valor en las ciudades dados los servicios conexos que estas brindan a sus residentes, provoca en numerosas oportunidades que la planificación y gestión del espacio público y, en particular, de los espacios verdes urbanos no surja, más allá de lo discursivo, como una prioridad en las políticas públicas, viéndose condicionadas por intereses privados con la anuencia de los gestores del Estado.

Las particularidades de una ciudad adquieren significación en el marco de la acción política urbana, y la organización de su territorio y la reconfiguración física y social se transforman en instrumentos de ella (Harvey, 2013), dado que, en la sociedad contemporánea, los conflictos sociales se trasladan a lo cultural, de manera que afectan “la identidad personal, el tiempo y el espacio en la vida cotidiana; la motivación y los patrones culturales de la acción individual” (Melucci, 1999: 33). En ese contexto, el paisaje urbano es objeto de tensiones e intereses económico-políticos dispares y de proyectos que fundan intervenciones desatendiendo las simbologías y valoraciones de quienes lo habitan, constituyendo una expresión de complejos entramados sociales que transparentan en las políticas públicas controvertidos ensamblajes de intereses entre el Estado y el capital privado, los cuales establecen patrones de concentración de la riqueza y generan procesos socioespaciales de inclusión/exclusión y la privatización de bienes públicos. Sin embargo, en determinadas ocasiones el debate por el espacio público adquiere particular protagonismo, producto de iniciativas que se instalan en el centro de la escena al ser puestas en crisis por un contexto de participación y resistencia social que procura concretar una construcción urbana que contemple en las políticas públicas la expresión de sus demandas y propuestas. Los conflictos de uso pueden darse entre los habitantes por disentir respecto a una determinada función del espacio, o adoptar la forma de oposición o reacción de protesta frente a los actores políticos –por permitir algún tipo de uso o no impedir proyectos que afecten el patrimonio o el ambiente–, promocionando ciertas prácticas o modos de apropiación del territorio y utilizando los valores ambientales como argumento para procurar mantener el statu quo (Melé, 2003). En esa línea, Lefebvre sostiene que el derecho a la ciudad emerge “como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar”: “El derecho a la obra (a la actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy diferente del derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1978: 159). Y, como señala Harvey, ese derecho no se limita al acceso individual o colectivo a sus recursos, sino que implica el derecho “a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos […] un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización” (Harvey, 2013: 20).

Tal como sostiene Jacobs, para que en las ciudades “surjan formas de organización pública es necesario que por debajo de ellas se desarrolle una intensa vida pública informal que medie entre ellas y la privacidad de la gente de la ciudad” (Jacobs, 2011: 85). En esa línea, Borja y Muxí (2000) plantean que el espacio público no es un espacio residual entre calles y edificios, ni un espacio vacío al que se considera público solo por una razón legal, ni un espacio especializado, sino que constituye un espacio vital, el ámbito multifuncional en el que se visibiliza y representa la sociedad y que opera como un indicador de la calidad urbana y grado de bienestar de la población que la habita. Esta mirada es la que debe primar para revertir la tendencia –que señala Delgado– de los urbanistas, arquitectos y diseñadores de considerar al espacio público un “vacío entre construcciones que hay que llenar de forma adecuada a los objetivos de promotores y autoridades, que suelen ser los mismos” (Delgado, 2011: 9). En este aspecto, tal como señala Gehl (2013), el diseño puede obstaculizar o impedir relaciones y actividad deseables, o generar y expandir las posibilidades disponibles, impulsando procesos y proyectos que articulen las características físicas de cada zona y los intereses y necesidades de quienes la habitan. Y es que, en definitiva,

el espacio del usuario es vivido, no representado (o concebido). En comparación con el espacio abstracto de los expertos (arquitectos, urbanistas, planificadores), el espacio de las actividades cotidianas de los usuarios es un espacio concreto […] subjetivo. Espacio de los “sujetos” y no de los cálculos (Lefebvre, 2013 [1974]: 395).

La valorización del espacio público en la dinámica urbana implica reconocer su importancia social y política como lugar, en cuanto “marco físico de lo político como campo de encuentro transpersonal y región sometida a leyes que deberían ser garantía para la equidad”, como sitio “para la mediación entre la sociedad y Estado […] entre sociabilidad y ciudadanía” (Delgado, 2011: 30), por lo que reclamar el derecho a la ciudad supone, en tal sentido, reivindicar algún tipo de poder en la configuración del proceso de urbanización, es decir, en los modos de hacer y rehacer nuestra ciudad (Harvey, 2013) y asumir el desafío socioterritorial de generar “políticas potentes” (Borja, 2014) orientadas a fortalecer la integración de identidades, reducir las desigualdades sociales y hacer más pleno el ejercicio del derecho al espacio público.

El paisaje del espacio público urbano

El espacio público urbano resulta una parte del territorio de las ciudades, y el modo en que su población percibe dicho espacio hace a su paisaje. En tal sentido, entendemos por “paisaje “cualquier parte de territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (Estados Miembros del Consejo de Europa, 2000, s/p)[2], de allí que “el paisaje no existe más que en relación al ser humano, en la medida en que éste lo percibe y se apropia de él” (Nogué, 2010: 124). Asimismo, el término “paisaje refiere actualmente a un concepto que permite analizar una parte del espacio, visualizándolo como conjunto, es decir, sin desintegrar sus componentes naturales y sociales que van mutando con el transcurso del tiempo (Santos, 1997). De este modo, el paisaje puede ser entendido como un “conjunto de formas heterogéneas, de edades diferentes, pedazos de tiempos históricos representativos de diversas maneras de producir las cosas, de construir el espacio” (Santos, 1996: 65), un palimpsesto de herencias de muchos momentos pasados, de incrementos y sustituciones constantes –siguiendo los términos del autor–, el legado de su propia escritura.

Tal como señala Nogué, lo real no es únicamente lo visible, ni lo visible idéntico a lo real, de allí que el paisaje como concepto complejo encarne para el autor una significación dual constituida por una realidad física y la representación de ella que nos hacemos mediante la cultura; “[…] la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que genera; un tangible geográfico y su interpretación intangible” (Nogué, 2007: 138).

El paisaje exhibe en el espacio “una intervención humana evidente en la cual los objetos naturales y construidos están dispuestos por la sociedad de un modo particular” (Souto, 2011: 153). El paisaje urbano refleja los modos de organización de una comunidad a lo largo del tiempo y el empleo en cada período de un conjunto de técnicas de producción, que generaron paisajes más complejos en sus formas, estructuras y funciones. En este sentido, el paisaje constituye un constructo social resultado de la “transformación colectiva de la naturaleza y […] proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado” (Nogué, 2009: 11-12), contribuyendo a naturalizar y normalizar relaciones sociales y un determinado orden visual de corporeidades en el espacio. Las personas que habitan en ciudades viven en entornos que denotan sus modos de estar, transitar y relacionarse. A su vez, las características materiales y la calidad ambiental y estética del espacio público impactan en el habitar y su calidad de vida y, a la vez, en la percepción social del paisaje urbano. Percibir el paisaje implica adquirir el primer conocimiento de su materialidad (el territorio y su entorno) por medio de los sentidos. En este aspecto, si bien la vista adquiere un rol preponderante, la percepción no se limita a lo visual, sino que involucra el conjunto de los sentidos, variadas impresiones sensoriales, dado que el paisaje no solo es lo que se ve, lo que está delante de nuestros ojos, ni se forma solo por volúmenes, sino también, en términos de Santos (1996), por movimientos, olores, sonidos, texturas. Asimismo, las personas perciben el paisaje de manera muy variada, escogiendo, organizando y dotando de significado lo que perciben. Así, el paisaje depende de la forma de ver el mundo que cada individuo posee, por lo que distintas personas reaccionan de un modo diferente frente a cada paisaje, condicionadas por su subjetividad, tradiciones, motivaciones, la historia de su grupo de pertenencia o su experiencia personal, es decir, por la cultura. Además, pueden desencadenarse efectos diversos según el momento, la posición y el estado psicológico y grado de atención de cada persona, que generan matices en los modos de percibir. Estas representaciones, según Jodelet, designan “una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común […] una forma de pensamiento social […] [y] constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal (Jodelet, 1988: 474).

El análisis del paisaje de la ciudad, el paisaje urbano, abarca aspectos estáticos y dinámicos y, según Estévanez (1995), involucra el entorno natural de emplazamiento y situación y sus componentes físicos –el plano, los usos del suelo y la trama edificada– e incluye las necesidades cambiantes de la sociedad que se traducen en todos o algún componente del paisaje o en sus contenidos, vinculados con los usos del suelo. En el estudio del paisaje urbano, también adquiere relevancia el análisis de la percepción individual y social, es decir, el modo en que las impresiones del entorno natural y los componentes físicos se incorporan en los sujetos y el rol que esas imágenes juegan en la valoración ambiental y su sentido de pertenencia e identidad. Así, tal como señala Nogué, el paisaje se encuentra dotado de numerosos lugares “que encarnan la experiencia y las aspiraciones de la gente; [y] se convierten en centros de significado, en símbolos que expresan pensamientos, ideas y emociones” (Nogué, 2010: 124), por lo cual el paisaje presenta lo que el mundo es y una forma de ver y habitar ese mundo.

En el paisaje urbano, tienen lugar una diversidad de prácticas sociales, contemplativas, recreativas, de encuentro y sociabilización, entre otras (Campari et al., 2019), que expresan los modos de actuar y relacionarse con la naturaleza y que repercuten en su concepción y, particularmente, en la producción del habitar. En el paisaje urbano, asimismo, se exhiben intereses y relaciones asimétricas de poder que impactan en su configuración, en la calidad de vida de la población, produciendo escenarios de tensión y disputa respecto a los usos y utilidades del suelo, en los que se desarrollan procesos de inversión, reproducción y acumulación del capital que operan para legitimar derribar “lo viejo” para producir “lo nuevo”. En este sentido, en el paisaje urbano se visibilizan las huellas de la mercantilización de la ciudad, del consumismo y de la creación de nichos de mercado que operan sobre los modos de vida, hábitos de consumo y normas culturales, determinando diferentes grados de accesibilidad en función de los recursos económicos.

Por otra parte, desde una perspectiva patrimonial, el paisaje urbano puede entenderse como el resultado de una herencia de instancias pasadas en la producción y construcción del hábitat en la que se proyecta la cultura de una sociedad en un tiempo y espacio determinado y que se vincula esencialmente con su memoria e identidad. El paisaje como construcción cultural transmite la identidad del territorio y complejidades y, a la vez, adquiere escalas diferentes ante lo visible. La escala local se vincula esencialmente con el espacio de la residencia, del trabajo y la vida cotidiana, donde el espacio público con sus espacios abiertos reviste enorme relevancia como ámbito de valor social, ambiental, cultural, económico y paisajístico.

Dentro del espacio público urbano y su paisaje, las áreas verdes son un escenario central a escala barrial/comunal para el desarrollo de vivencias y experiencias del habitar urbano, y constituyen ámbitos en los que las personas interactúan por interés, fin, motivo y forma o manera de relacionarse (Simmel, 1927). Estos espacios son punto de encuentro e interacción para diversos grupos sociales y franjas etarias y resultan propicios para estimular el sentido de pertenencia y la sociabilidad, mediante el desarrollo de una multiplicidad de usos y actividades (deportivas, recreativas, culturales, etc.), aspectos que pueden impactar en la ciudad, la vida cotidiana de sus habitantes y la conformación de la identidad individual y colectiva a través de huellas impregnadas de percepciones, sensaciones, recuerdos y pertenencias a su paisaje. El espacio verde resulta así un área relevante del espacio público y para la conformación del paisaje urbano, en función del predominio de sus especies vegetales, su suelo absorbente, su acceso y uso público y como marco y soporte físico de relaciones y prácticas sociales al aire libre, vinculadas con el esparcimiento y la sociabilización. Tal como sostiene Jacobs:

Convencionalmente, se considera que los parques o espacios verdes vecinales son bendiciones que caen sobre las empobrecidas poblaciones urbanas. Pensémoslo de otra manera y consideremos que los parques urbanos son unos empobrecidos lugares que necesitan que les caiga la bendición de la vida y el aprecio (Jacobs, 2011: 119).

Debido a esto, a fin de ofrecer un ámbito vital y beneficioso al habitar, las características ambientales, paisajísticas y funcionales que “hacen al lugar” deben reunir una serie de rasgos vinculados con la composición y calidad de sus elementos naturales (vegetación mixta, cubiertas de césped, individuos, grupos o macizos de árboles y arbustos) y no naturales (caminos, infraestructura, mobiliario, equipamiento lúdico, deportivo, etc.), de modo tal que estos entornos al aire libre resulten aptos, accesibles y placenteros para el desarrollo de una diversidad de actividades con un alto grado de inclusión social.

La deficiencia de no contar con espacios verdes de proximidad repercute negativamente en el habitar y en las cualidades paisajístico-ambientales urbanas, operando desfavorablemente sobre las posibilidades de usos recreativos y de sociabilización. Estas consecuencias pueden darse aun contando con estas áreas, cuando surgen limitaciones de índole física –cerramientos–, temporales –horarios de apertura y cierre– o producto de situaciones excepcionales, como las vividas en la pandemia, por las cuales se restringe, en diverso grado, las posibilidades de deambular y desarrollar actividades, fijándose usos permitidos en determinadas áreas próximas al lugar de residencia de las personas y el cumplimiento de pautas horarias, sanitarias y de distanciamiento social.

Por otra parte, la presencia de altos grados de deterioro del espacio verde genera una mirada asociada a la idea de espacio vacante, carente de finalidad, vandalizado o peligroso. Esta circunstancia, al igual que determinadas intervenciones que propician la fragmentación, privatización o reducción de su integridad, mediante el reemplazo de superficies vegetadas por impermeables, el emplazamiento de construcciones edilicias o la superposición de artefactos y equipamientos, resulta un factor que opera sobre las simbologías y valoraciones que los habitantes tienen de su lugar de residencia y entorno inmediato, impactando desfavorablemente en la vitalidad de sus funciones y afectando de manera disímil de acuerdo a la edad, posibilidades de accesibilidad y pertenencia a grupos vulnerables desde el punto de vista económico-social.

En un marco en el que el territorio se ha convertido en escenario de conflictos por su apropiación, protección y regulación, tal como señala Lefebvre, nuevas cosas comienzan a escasear en torno a los grandes centros urbanos (agua, aire, luz, espacio), lo que nos permite afirmar que el ambiente se manifiesta como una nueva escasez, circunstancia que genera la revalorización de los bienes naturales y la necesidad de su producción (Lefebvre, 2013 [1974]). En tal sentido, el autor refiere que, en los proyectos urbanísticos, el suelo, el agua, la luz, el aire se producen y la insuficiencia de espacio natural conlleva a recrear en el ámbito urbano la naturaleza de acuerdo a las capacidades productivas, lo que provoca la localización espacial de la escasez. El aire, el sol, la vegetación y la amplitud territorial aparecen como bienes escasos, y puede mencionarse entre las variables culturales que orientan a los grupos a interpretar y actuar en el conflicto la idea del deber de defensa y preservación de la destrucción y desaparición de estos elementos, en una lógica de acción en que ambiente y patrimonio se expresan en la yuxtaposición de la “gestión social colectiva de las escaseces” (Lefebvre, 1974), con la significación y valoración del espacio desde la identidad y la memoria. En tal sentido, los paisajes son un elemento fundamental del entorno humano, tanto por expresar la diversidad de su patrimonio cultural y natural, como por constituir fundamento de su identidad. En este punto, en cada ámbito del espacio público, en sus calles, aceras, parques, plazas, entre otros, podemos encontrar un fragmento territorial excepcional, cotidiano o degradado– que constituye la base material del paisaje (carácter objetivo) sobre la que se produce la percepción (carácter subjetivo).

Una política para el paisaje urbano implica abordar la formulación de principios, estrategias y directrices que permitan adoptar medidas dirigidas a su protección, gestión y ordenamiento, considerando objetivos de calidad que se vinculen con los anhelos de los habitantes respecto a las características paisajísticas de su entorno. En esta línea, la protección deberá orientar sus fines a conservar y mantener sus aspectos significativos o característicos, y la gestión deberá garantizar su mantenimiento regular, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, que posibilite guiar y armonizar las mutaciones producto de los procesos sociales, económicos y ambientales, y la ordenación tendrá que abocarse a generar acciones prospectivas dirigidas a mejorar, restaurar o crear paisajes. De allí la necesidad, por un lado, de ampliar la sensibilización respecto del paisaje urbano, tanto de la sociedad como de las autoridades, en particular en torno a su valoración, y de promover la formación y educación en la materia, y, por el otro, de establecer procedimientos participativos para enunciar e implementar políticas públicas que integren el paisaje a la ordenación urbanística y territorial y a toda otra acción que pueda impactar en él directa o indirectamente.

A modo de reflexión

El crecimiento poblacional impacta en el espacio público y, en particular, en la demanda de áreas verdes, por lo cual resulta dificultoso hallar sitios disponibles en algunas zonas para ampliar su oferta, que se ve condicionada por la expansión edilicia y de la infraestructura urbana, en un contexto en el cual la distribución geográfica y la condición cualitativa de estas áreas no resultan homogéneas entre los distintos barrios, entre los cuales se observan significativas diferencias; por ejemplo, en cuanto a la existencia de espacios verdes de proximidad y sus cualidades paisajístico-ambientales, lo que da lugar a zonas con una demanda mayor de espacios de esta naturaleza y de intervenciones dirigidas a mantener y mejorar los existentes.

Las experiencias recientes de la Ciudad pandémica exteriorizaron y ampliaron la percepción social sobre la necesidad y valoración del espacio público frente a diversas problemáticas que, producto del confinamiento, irrumpieron o recrudecieron en el “espacio privado”, interpelándonos sobre su importancia actual en la dinámica urbana y para la sociabilidad: ¿qué aspectos del espacio público y su paisaje mutaron?; ¿qué usos y actividades emergieron o presentaron una mayor visibilidad en el espacio público y los espacios verdes?; ¿qué rol juega la exterioridad en nuestra vida cotidiana?; ¿cómo impactan estas cuestiones en el diseño y la práctica proyectual?

En este contexto, el abordaje proyectual del paisaje urbano en la Ciudad debe referenciarse en una mirada que defienda su integridad, atienda las vivencias de la ciudadanía y contemple la articulación metropolitana y los lineamientos para la protección del hábitat, con el objeto de que el diseño contribuya a promover la equidad de género y la inclusión de la diversidad sexual, intergeneracional y de las personas con discapacidad en el acceso, uso y goce de los espacios públicos y equipamientos urbanos. Desde el punto de vista ambiental, las intervenciones deben considerar el compromiso y las estrategias para promover la sustentabilidad urbana y la calidad ambiental del hábitat, entre ellas la posibilidad de restaurar la biodiversidad y aumentar la superficie de espacios verdes con funciones ecosistémicas positivas y de revaloración del paisaje.

Existe una creciente conciencia social respecto a la protección de los bienes y valores colectivos heredados del pasado, como recursos para la vida cotidiana y legado para uso y disfrute de generaciones venideras, por lo que explorar y profundizar el análisis de las prácticas y representaciones sociales presentes en el espacio público, como en el área verde, permite indagar y dar cuenta de las discrepancias y similitudes existentes, haciendo posible comprender sus dinámicas y mutaciones y las necesidades específicas de la población, más aún cuando estos ámbitos remiten a pertenencias, lugares próximos, recuerdos y sitios que hacen a su vida cotidiana y laboral. Por tal motivo, estas áreas no pueden gestionarse como espacios estáticos, neutrales y sin particularidades que los diferencien. La participación, además de posibilitar el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanos, permite que surjan y se detecten indicadores, diversidades, gustos, necesidades frente a un mismo escenario; este aspecto constituye un recurso estratégico para proyectar políticas públicas que den cuenta de las demandas sociales y retroalimenten la planificación y diseño de espacios inclusivos y paisajes cotidianos de calidad concebidos a partir de una búsqueda común que, incorporando los usos y representaciones sociales y las percepciones y significados que la comunidad tiene de sus paisajes, opere como un mecanismo apto para integrar las dimensiones cultural y ambiental, unidad en la que el paisaje emerja como una idea superadora ligada al desarrollo sostenible y la calidad de vida.

De allí que resulte necesario generar escenarios para incorporar en la agenda de las políticas urbanas iniciativas dirigidas a promover cambios que favorezcan la inclusión y participación social de la comunidad usuaria en la gestión de los espacios públicos, de manera que se superen así las políticas unilaterales, centralizadas y verticales y se aúnen las voluntades de la comunidad y de los decisores gubernamentales, con el objeto de lograr una planificación y gestión que materialice usos públicos alternativos y su apropiación social y democrática, mediante la inclusión de las prácticas cotidianas, valoraciones, demandas y perspectivas futuras de los grupos sociales que los vivencian, influyendo en su resignificación como lugar y en los modos del habitar lo urbano.

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  1. La norma plantea que el diseño promoverá la perspectiva de género y la resiliencia urbana, y considerará especialmente la prevención del riesgo hídrico y la adaptación al cambio climático. Por otra parte, prevé que las actividades que se realicen en el espacio público deben observar entre sí criterios de compatibilidad.
  2. Conforme artículo 1, inciso a).


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