Otras publicaciones

silentchange

12-4583t

Otras publicaciones

9789877230277-frontcover

9789871867103_frontcover

4 Entre UDI y cannábicos

Breve historia del activismo de los usuarios

Hasta aquí, hemos analizado las prácticas de las fuerzas de seguridad y burocracias judiciales que trabajan en forma cotidiana con las infracciones a la ley de drogas así como las estrategias que los usuarios de estas sustancias ponen en juego para hacer frente a las mismas, deteniéndonos, en particular, en las elaboradas por el activismo cannábico. En este capítulo, retrocedemos en el tiempo para reconstruir la trayectoria de lucha de estos activistas así como del grupo más amplio del que forman parte, los usuarios. En otras palabras, analizamos el modo en que las diferentes agrupaciones que conforman este heterogéneo colectivo —i.e., redes de usuarios, asociaciones cannábicas, equipos de trabajo de publicaciones especializadas— se han organizado para denunciar, impugnar y resistir la violencia de Estado así como para demandar cambios en la legislación y en las modalidades de atención y tratamiento a los consumidores de sustancias psicoactivas ilegales; prestando especial atención a la historia de discriminación, estigmatización, persecución policial, criminalización e inclusión/exclusión de diferentes espacios de participación, denuncia y protesta que han transitado estos activistas. Ello así, en la medida en que las complejas relaciones que han ido entablando con diferentes actores sociales y burocracias del Estado en la lucha por lo que entienden son sus derechos ha moldeado —y es fundamental para comprender— la forma en que, hoy en día, hacen política.[1]

Las “primeras movidas”

La primera agrupación de usuarios del país, la Red Argentina en Defensa de los Derechos de los Usuarios de Drogas (RADDUD), se creó en el año 2000 producto del encuentro entre usuarios de diferentes edades, lugares de residencia —i.e., Córdoba, Rosario y Ciudad de Buenos Aires y sus respectivos conurbanos— trayectorias de vida y activismo. De hecho, algunos de sus integrantes —sobre todo, los más jóvenes— no tenían ninguna experiencia política previa; mientras que, los usuarios de más larga data habían participado —por más fragmentarias que estas fueran— de las “primeras movidas”. Esto es, habían asistido a la primera marcha argentina por la legalización de la marihuana, colaborado en proyectos terapéuticos y/o formado parte de la red asistencial y de organizaciones de la sociedad civil que trabajaban con la epidemia del VIH/Sida. De modo que, contaban en su haber con una trama de relaciones y diferentes experiencias políticas que, si bien con la creación de la Red adquirieron nuevas dimensiones y sentidos, también en cierta forma la hicieron posible.

Así pues, antes de centrarnos en el momento histórico y organizativo más próximo a la conformación de RADDUD, en el presente apartado reconstruimos, a partir de los relatos de quienes las protagonizaron, estas “primeras movidas”. Sin embargo, —advertimos— no se trató de una tarea sencilla ya que muchos de sus principales referentes murieron, otros —hostigados por la policía— se autoexiliaron por algunos años y no faltaron quienes participaron en forma intermitente por haber estado presos o internados durante períodos de tiempo más o menos prolongados. He ahí que se haya recurrido, en carácter de fuente y a modo de complemento de las entrevistas realizadas, a investigaciones, libros, revistas, artículos periodísticos y otras publicaciones que recogen las voces de los protagonistas de “aquellos años”; esto es, un período de tiempo que se extiende aproximadamente entre 1982 y 1994. No obstante, ser un usuario de “aquellos años” vale aclarar, más allá de las diferencias etarias y socioeconómicas, no supone compartir un punto de vista sobre el uso de drogas. Así están, por un lado, quienes hoy en día autodefinidos como “ex adictos”, entienden que el consumidor es un enfermo, son fervientes defensores del paradigma prohibicionista, colaboran en comunidades terapéuticas (CT) o bien abrieron sus propios centros de atención donde el abstencionismo es la regla y, por el otro, quienes entienden el consumo en estrecha relación con actitudes contestatarias y rebeldes propias de los movimientos hippies y contraculturales de mediados de los sesenta y principios de los ochenta. Más aún, entre estos últimos, se distinguen dos trayectorias de lucha que, si bien luego fueron confluyendo en objetivos comunes, tuvieron en principio motivaciones muy distintas: el movimiento contracultural de los años ochenta y la experiencia de los usuarios de drogas inyectables viviendo con VIH/Sida.

Los militantes de la marihuana

A principios de los años ochenta, empezó a crecer en nuestro país un movimiento contracultural que, en la Ciudad de Buenos Aires, anidó en bares, redacciones de revistas y espacios under como el Parakultural, Medio Mundo Varieté y Caras más caras.[2] Se trataba de un pequeño mundo en expansión para el cual el uso de drogas era, al igual que en los años setenta, un estilo de vida asociado al viaje espiritual, al rock y la fiesta y un modo de cuestionar la “moralidad reinante”; pero también aparecía ligado —por primera vez— a la denuncia de determinadas prácticas, dispositivos y facultades de detención policiales como los edictos, la averiguación de antecedentes y las razias (Baigorria, 2014). Recordemos que, la revista Cerdos & Peces (C&P) —uno de los mayores exponentes periodísticos y portavoz de este movimiento— cuando nació como suplemento de El Porteño se preguntó en su primera plana, “¿Legalizar la marihuana?” (C&P, N° 1, 1983). Así, comenzó lo que sería una seguidilla de números donde la publicación abordó diferentes aspectos vinculados al uso de estas sustancias (C&P N° 2 y N° 3, 1983). Más aún, pasados unos meses de aquella primera tapa —i.e., pocas semanas antes de la vuelta a la democracia—, desde este mundillo contracultural —probablemente, como señaló un entrevistado, desde la redacción de la revista— se organizó la primera marcha argentina por la legalización de la marihuana.

CERDOS-PECES-1-Agosto-1983.pdf

Tapa del suplemento Cerdos & Peces (Año 1, Nº 1), revista El Porteño (Año 2, Nº 20)

La consigna “Marihuana libre, todos al Obelisco” impresa en los volantes repartidos entre conocidos de mano en mano consiguió concentrar en la Plaza de la República un puñado de personas entre los que no solo hubo usuarios de drogas; sino también, en palabras de un manifestante entrevistado, “gente de izquierda, gente de Madres de Plaza de Mayo. Básicamente, lo que Tom Wolfe [famoso periodista y escritor norteamericano] denominó, en los sesenta, la izquierda exquisita, la izquierda más adelantada”. “Todos nosotros —continuó explicándome— pensábamos que se venía la democracia y que, como mínimo, iban a despenalizar la marihuana”. Sin embargo, los presentes fueron ferozmente reprimidos por las fuerzas policiales. Si en aquellos años la despenalización de la tenencia de drogas estaba en el horizonte de lo posible, poco tenía que ver con las propuestas que reivindicaban “costumbres y tendencias reprimidas en los años setenta” (Baigorria, 2014: s/n). Al contrario, la mayoría de los sectores del Estado que, en ese entonces, apoyaban la despenalización buscaban desvincular el uso de drogas de una supuesta “liberalización de los hábitos” propia de la apertura democrática, asociándolo a problemas sociales de larga data —i.e., pobreza, desempleo, escasa participación política— y definiendo al “adicto” como un “joven enfermo” que debía ser rehabilitado (Aureano, 1998). De hecho, eran las por ese entonces incipientes “comunidades de vida” —un proyecto terapéutico ideado por “ex adictos” como alternativa a la atención en hospitales psiquiátricos (Galante et al., 2013)— las que anunciaban el “modelo de atención” que saldría triunfante al finalizar el primer gobierno democrático. Pero, entonces ¿cómo explicar las demandas y expectativas de estos manifestantes? Retrocedamos unos años.

En nuestro país, el uso de sustancias ilegales se difundió, a fines de los años sesenta, entre artistas, estudiantes y jóvenes de cabellos largos, minifalda y pantalones acampanados que, sin traducción política reconocible, se propusieron romper con lo establecido adoptando una actitud contestataria ya sea practicando el “amor libre” o “ampliando la conciencia” mediante el consumo de ácido lisérgico (LSD) y marihuana. Con todo, pese a que de tanto en tanto algún grupo de jóvenes se prendía un “porro” en Plaza Francia, Galería del Este y Parque Las Heras o en bares como La Perla, La Martona o La Cueva aprovechando el desconocimiento generalizado del olor a marihuana, el uso de esta planta no estaba tan divulgado. Al igual que el consumo de LSD y anfetaminas por vía inyectable, era algo oculto y privado, una especie de ritual secreto del que pocos participaban. A ello coadyuvaba que, si comprar jarabes y pastillas en la farmacia era una tarea relativamente sencilla, conseguir drogas ilegales resultaba bastante más complicado. El cannabis, amén de algunas cosechas en El Bolsón y la mítica fábrica de Alpargatas,[3] no era cultivado localmente por lo que el aprovisionamiento quedaba supeditado a lo que trajeran los primeros proveedores de sus viajes a Pedro Juan Caballero (Paraguay), y el ácido lisérgico, cubierto de un halo de misterio como estaba, “nunca se sabía bien de dónde venía, ni quién lo fabricaba” (Cantilo en THC, N° 37, 2011: 26).

Es más, los jóvenes con mayor compromiso político, sobre todo aquellos que militaban en las organizaciones armadas, consideraban al “fumo” (marihuana) como una desviación ideológica promovida por la burguesía y el “imperialismo yanqui”. De modo que, aunque la juventud compartía una actitud crítica frente al “sistema” y confluía como público en los cada vez más multitudinarios recitales de rock nacional, la “revolución de las flores” y la “revolución de las armas” corrían por carriles separados (Cattaruzza, 1997; Manzano, 2008 y 2014; Pujol, 2002). Los defensores de la primera abogaban por el pacifismo y, por ende, se oponían a la lucha armada; mientras que, los segundos rechazaban lo que entendían eran rebeliones de una pequeña burguesía individualista, carente de conciencia nacional y de espíritu revolucionario (Cattaruzza, 1997). En otras palabras, el consumo de sustancias psicoactivas ilegales era parte —junto a la vida comunitaria, el rock y el amor libre— del estilo de vida de una juventud que no cultivaba y tampoco militaba por la despenalización del uso de estas sustancias, sino que cuestionaba el ideal de respetabilidad burguesa, buscaba alejarse cada vez más de las grandes ciudades y explorar los recovecos de la mente humana.

Esto no impidió que a mediados de los años setenta terminara de asentarse, de la mano del ministro José López Rega, la asociación entre terrorismo político, consumo de drogas y desviación sexual (Manzano, 2014 y 2015), por lo que la juventud fuera estudiante, hippie, roquera y/o militante acabó definida como una amenaza al orden social y foco de control policial. De hecho, en los años que siguen, a pesar de que el uso de drogas permaneció restringido a una juventud hippie, artesana e itinerante y a pequeños círculos urbanos que consumían en departamentos, recitales y fiestas poco accesibles incluso para los propios usuarios, la persecución a los consumidores se fue agravando. Tanto es así que, los abusos perpetrados en torno a la aplicación de la ley de drogas, fundamentalmente durante la última dictadura militar, colocaron el tema en la agenda de importantes referentes de los derechos humanos animando a jueces y sectores progresistas dentro del Estado a preguntarse por la despenalización de la “tenencia para consumo” de estas sustancias. Entretanto, un incipiente movimiento contracultural, que buscaba el “corrimiento de los límites” de la apertura democrática (Baigorria, 2014), entendió se presentaba la oportunidad para organizar una marcha por la legalización de la marihuana.

No obstante, con el retorno a la democracia, los manifestantes no solo no vieron cumplidas sus aspiraciones, sino que manifestaciones en el espacio público como la antes narrada, dadas las amenazas y la creciente persecución policial y judicial, no volvieron a tener lugar sino hasta varios años más tarde. Es más, los arrestos masivos a usuarios de drogas le valieron al primer gobierno democrático el mote de demosrazzia[4] y la revista C&P fue clausurada, en más de una oportunidad, por acumulación de causas penales. Pese a todo, en los pequeños reductos del bullente movimiento contracultural se sostuvo una “identificación militante con estas minorías atropelladas”. Desde ya, en la revista C&P que abordaba permanentemente el tema “drogas” informando sobre los usos, revelando la connivencia de funcionarios estatales con las redes del narcotráfico, denunciando prácticas policiales de detención que afectaban a los usuarios de sustancias ilegales y explicando los alcances de la ley de estupefacientes en secciones como “consultorio jurídico” o mediante entrevistas a famosos abogados.[5] Pero también esta “identificación militante” se manifestó en expresiones artísticas como las canciones con retórica pro legalización que Los Paladines de la Injusticia hacían sonar en el Parakultural y que convirtieron a la banda en artífice de lo que Lucas —su líder, letrista y cantante— denominó una “militancia musical”.

Ello así porque, “a diferencia del común del rock argento […] [escribían sus] virulentas letras pidiendo por la legalización […] [y no] con un lenguaje críptico o con metáforas mariconas, tratando de evitar la censura” (THC, N° 1, 2006: 52). Es decir, en sus temas se pedía abiertamente por la legalización y se informaba sobre los usos y beneficios de la planta,

Vos y yo sabemos para qué la usamos/ esto no mata a nadie, es de lo más sano/ los usos terapéuticos están demostrados/ esto es verdad, no podés ignorarlo.// Alcohol y tabaco son venenos muy malos/ y para Salud Pública están legalizados/ nos están dando veneno/ y nos quedamos callados/ nos están dando basura/ y nos enviciamos callados.// Si tenés Sida o cáncer terminal/ marihuana seguro te van a recetar/ porque solo el THC te puede hacer comer/ porque solo el THC te puede hacer comer.// Si estás afectado de glaucoma o asma/ deberías beberla o también fumarla/ dolores musculares, jaquecas o neuralgias/ analgésico seguro sin reacciones secundarias.// Vaso dilatador como alegría y calor/ y además tiene un exquisito sabor/ el tío rasta no se equivocó/ al menos seguro que en esto no.// Ningún árbol prohibido/ el Paraíso terminó/ esta planta la da la tierra/ y es para calmar el dolor.// Para no seguir talando/ los bosques del planeta/ cannabis es la respuesta verdadera/ un solo año de crecimiento/ y da el mejor papel/ lo que tenés que saber.// Con su tallo fibroso se pueden crear/ miles de cosas, no podés imaginar/ desde ropa hasta su exquisita comida/ y miles de usos más que ahora se me olvidan (Acción Terapéutica, 1990).

Mientras que, en tantos otros temas se hablaba del consumo de alcohol, anfetaminas y cocaína; al mismo tiempo que se denunciaban prácticas policiales como las razias,

Razzia violenta en el morro de Lanús/ requisa rastrera contra el pueblo/ brutalidad y abuso de poder/ es la típica historia de siempre.// Las leyes protegen a la clase dominante/ los ricos pagan fianza, los pobres a la cárcel.// Y Argentina es una gran comisaría/ Argentina es una gran comisaría/ Razzia, razzia acá/ Razzia, razzia acá/ Vigile a su policía/ Vigile a su policía.// El mismo policía que está en tu esquina/ torturó y mató a tu vecino/ hipótesis de conflicto que nunca se acaba/ son más de treinta mil los desaparecidos.// Todos somos culpables/ hasta que se demuestre lo contrario/ gatillo fácil y apremios/ desde el agente hasta el comisario.// Es que Argentina es una gran comisaría/ Argentina es una gran comisaría/ Razzia, razzia acá/ Razzia, razzia acá/ Vigile a su policía/ Vigile a su policía.// Aquí hay libertad de expresión/ Siempre y cuando les des la razón/ Antes no podías leer/ Los libros de Marx o del Che… (¡Qué boludez!)/ Ahora un caño [porro] no podés fumar/ Y ni siquiera del tema podés hablar/ ¿Y a eso llaman cambiar?/ ¿Y a eso llaman progresar?” (Razzia, 1987).

Con el tiempo, la nueva banda que conformaría este cantautor —La Ganja All Stars— además pondría plantas de cannabis arriba del escenario y, como parte de su performance, arengaría al público tirándole marihuana. De modo que, aun cuando las amenazas y la persecución policial y judicial le fueron quitando a la lucha por la legalización, el brío que supo tener durante la “primavera democrática”, la adopción de otras prácticas de menor quantum de exposición pública, le permitieron mantenerse en pie por varios años.

Pero, promediando la década de los noventa, Enrique Symns —jefe de redacción de la C&P— se instaló en Chile, la revista cerró sus puertas y una nota publicada en el suplemento “Radar” de Página/12 le otorgó mayor visibilidad a las prácticas de esta autodenominada “militancia musical”, convirtiendo a Lucas —su principal referente— en blanco directo de amenazas que lo empujaron a autoexiliarse en España,

A raíz de esa causa [la nota en Página/12], empezaron a venir a los shows policías encubiertos. Me empezaron a vigilar. Hasta que, en un momento, me apretaron, me dieron unas cuantas piñas y me dijeron “desaparecé, porque te desaparecemos”. Y el pibe que me daba faso me dijo: “Tomá plata, andate porque te van a matar”. Y me fui a España (Entrevista a Lucas —reconocido activista cannábico—, 2014).

Aunque la C&P nunca recobró el esplendor de antaño, su director volvió a escribir sobre estos temas en una conocida revista de la “cultura cannábica”. Mientras que, por su parte, el cantante e histórico militante por la legalización de la marihuana —tras haber visitado coffeeshops y museos en Holanda, trabajado en growshops, participado de las asambleas de la Asociación Madrileña de Estudios sobre Cannabis (AMEC) y organizado marchas y copas cannábicas en España— regresó a la Argentina para unirse a la recientemente creada red de usuarios RADDUD y, entre otras cosas, continuar aportando sus canciones a una “militancia musical” que iría creciendo con los años.

“Drogas, se viene la noche”[6]

Mientras que desde los pequeños reductos contraculturales se denunciaban las prácticas policiales y se abogaba por un cambio en la ley penal vigente, algunos usuarios que vivían con VIH/Sida forjaron un camino distinto. Este se caracterizó por intentar articular los escasos tratamientos y políticas públicas abstencionistas existentes en materia de drogas con las demandas asistencialistas que venían sosteniendo otros sectores sociales en relación a la expansión de la epidemia de VIH/Sida. No obstante, a diferencia de esos otros colectivos que también luchaban por conquistar derechos identitarios —grupos gays y lésbicos, pero también de mujeres por los derechos en torno a decisiones sobre su propio cuerpo (Biagini, 2007)—, estos usuarios en un principio no se asumieron como tales buscando, en cambio, borrar toda huella que delatara la persistencia del uso de sustancias ilegales. En otras palabras, su lucha se caracterizó por elaborar complejas estrategias de resistencia pero también de simulación y camuflaje en un contexto en el que se modificaban las condiciones de vida —desocupación, precarización laboral, crecientes niveles de pobreza y exclusión social— así como los usos y mercados de estas sustancias; lo que trajo aparejado, a su vez, un cambio en las políticas públicas y representaciones sociales sobre los usuarios. Veamos.

Como ya han señalado otras investigaciones, entre mediados y fines de los años ochenta, la cocaína —habiendo disminuido notablemente su precio— se erigió en “reina” de todos los consumos difundiéndose, en particular, su uso inyectable entre los hombres jóvenes de sectores populares. Plazas, esquinas, pasillos y monoblocks se volvieron ámbitos de socialización y uso de esta y otras sustancias; en tanto que la escasez de recursos popularizó la práctica de compartir el equipo inyectable (Kornblit et al., 1997; Magis Rodríguez et al., 2002; Míguez, 1998; Siri e Inchaurraga, 1999; Touzé et al., 1999; Wallace, 2000). Esta práctica pronto se erigió en marcador de pertenencia grupal, confianza y amistad, consolidando viejas y creando nuevas redes más o menos solidarias de usuarios. Pero además, si bien aumentaba los riesgos de infección, sobredosis y de adquirir diversas enfermedades (Inchaurraga et al., 2003; Kornblit et al., 1997; Touzé et al., 1999), al estar basada en complejas relaciones de intercambio —por las que, amén de drogas y equipos de inyección, circulaba información, experiencias y prácticas de ayuda y cuidado (Bourgois, 1998; Epele, 2003)—, también se vinculaba a otras prácticas que hacían a la supervivencia de los usuarios,

Yo todo lo que consumía derivado, yo lo compraba en la farmacia. Porque vos el Pengesic [Tramadol] que tiene morfina, te lo podías inyectar pero también lo podías tomar. Muchas de las drogas, vos ibas a la farmacia y las comprabas. Tenías control de calidad. O yo agarraba un prospecto de las pastillas, si me tomo tanto son tantos miligramos. Si me tomo tanto por el peso que tengo… lo hacíamos. O si no estaba, como dice Charly [García, en “Raros peinados nuevos” (Piano Bar, 1984)], el enfermero del grupo o el que sabía un poquito más o el que estudiaba eso. Nosotros me acuerdo que teníamos a Dani. Él era el que agarraba los prospectos y te analizaba. Sabía qué tenías que tomar y cuando alguno quedaba “así” ya sabía que había tomado (Entrevista a usuaria, 2011).

Cierto es que, el policonsumo, el consumo de drogas por vía inyectable en grupos numerosos y el uso compartido del equipo inyectable, no eran prácticas novedosas sino que tenían unos cuantos años (Symns, 2006; THC, N° 4, 2007). Pero, a fines de los ochenta, no solo había aumentado la cantidad de usuarios; sino que también se habían alterado significativamente tanto las condiciones de vida como el tipo y calidad de las sustancias utilizadas (Inchaurraga et al., 2003; Touzé et al., 1999).

Entretanto, el “problema de la droga” adquiría una centralidad inusitada en las disputas electorales en el marco de las cuales se reeditaron estereotipos sumamente estigmatizantes. Si desde un sector del arco político llovían acusaciones de narcotráfico a poderosos caudillos provinciales; desde el otro, muchos de los acusados así como otros autoproclamados adalides del prohibicionismo, impulsaban en su defensa una feroz campaña mediática dispuesta a culpar a “la droga” de todos los males sociales (Aureano, 1998; Pasquini y De Miguel, 1995). Como recuerda este usuario entrevistado,

A mediados de los ochenta (86, 87), ahí empezó a darse cuenta la gente masivamente de que existían las drogas y lo presentaban como un problema. Cuando empezaron a darle manija por televisión, cuando aparecía José Dezer [periodista del noticiero Nuevediario] y se metía en el medio de la villa a decir “¡Se está drogando, se está drogando! Eso es marihuana. Ahí, mirá, se está drogando. Seguime, Chango [camarógrafo que siempre lo acompañaba]. Se está drogando, mirá, enfocalo. Está fumando un porro, mirá” […] [Pero también] Por la cobertura mediática que recibieron casos judiciales como “Bazterrica” [1986] y el otro de “Bazterrica, Cantilo y Lafleur” [1992] (Entrevista a activista cannábico, 2014).[7]

En síntesis, apoyándose en la expansión del consumo y reactualizando viejos estereotipos que pesaban sobre la juventud —principalmente, de los sectores populares—, los grupos favorables al prohibicionismo lograron generar una ola de pánico que terminó cristalizando en la ecuación drogas-pobreza-juventud-delincuencia la cual inyectó vigor al paradigma prohibicionista, le otorgó una renovada legitimidad a la persecución penal de los usuarios y dificultó, aún más, el acceso de esta población al sistema sanitario.

El aumento de diagnósticos de VIH/Sida en usuarios de drogas, a fines de los años ochenta, no hizo sino agravar una situación ya de por sí problemática. La construcción biomédica del complejo VIH/Sida —a partir del enfoque de “grupos de riesgo” primero y de “prácticas riesgosas” después—, al crear categorías epidemiológicas como la de “adictos a drogas por vía parenteral” que responsabilizaban a los usuarios de la emergencia y difusión del VIH, agudizaba la estigmatización y discriminación que ya pesaba sobre este y otros sectores sociales (Grimberg et al., 1997; Kornblit, 2003; Kornblit et al., 1997). Mientras que, la escasa oferta asistencial en adicciones y la inexistencia de tratamientos antirretrovirales, se traducía en consultas tardías con cuadros clínicos de gravedad que hacían de las internaciones un punto de “no retorno” y de la muerte un aparente fin inexorable (Touzé et al., 1999). Por esos años, en palabras de una usuaria, “no había a quién golpearle la puerta, no había nada”.

No debe extrañarnos entonces que, entre fines de los años ochenta y principios de los noventa, cuando el Estado organizó la capacitación de operadores socioterapéuticos (OST) y se crearon las tecnicaturas en prevención de las adicciones que habilitaban a trabajar en las primeras comunidades terapéúticas,[8] un puñado de usuarios que vivía con VIH/Sida leyera estas propuestas de ampliación y profesionalización de la oferta asistencial —aunque para participar tuvieran que simular ser “ex adictos”— en clave de respuesta. Nótese que el abstencionismo era la única política existente y su fracaso para hacer frente a la problemática de los usuarios viviendo con VIH todavía no era patente,

En el 87, fueron las “primeras movidas”. Viene acompañado a cuando aparece el VIH. […] Los tratamientos que había en esa época, por ejemplo, existía Alcohólicos Anónimos, ni siquiera existía Narcóticos Anónimos en la Argentina que fue otro grupo muy importante, antes de las granjas y antes de SEDRONAR te hablo. Ahí empecé con una organización que se llamaba X en XX [una ONG ubicada en el conurbano bonaerense, que trabajaba con adicciones y contaba con un programa de Sida], la construcción era la abstinencia. Y también ahí es cuando yo hago la primera tecnicatura que es en prevención de las adicciones. Vos te recibías para poder trabajar dentro de estas comunidades terapéuticas (Entrevista a referente red de usuarios —en adelante, ref. red de usuarios—, 2011).

Laura: [En los ochentas] Sobre todo, no había conocimiento sobre reducción de daños. Lo que se trabajaba el tema de la vinculación de VIH y drogas. Lo importante era buscar la atención del VIH con un discurso abstencionista. El discurso era abstencionista hasta desde nosotros mismos.

E: O sea, ustedes no se presentaban como usuarios…

L: Claro, claro. La inclusión era como ex adictos, en ningún momento relacionarlo con el tema del consumo […]. Esa era la idea, por lo menos, hasta el 94, 95 (Entrevista a ref. red de usuarios, 2013).

Cierto es que los “ex adictos” que se capacitaron como OST o técnicos eran en su mayoría ex usuarios que ya eran referentes de las “comunidades de vida” o usuarios de “la primera ola de Personas Viviendo con VIH/Sida” (PVVS) que lo hicieron “para trabajar en la SEDRONAR” o abrir sus propios centros de tratamiento (Entrevista a ref. red de usuarios, 2013). Pero para unos pocos usuarios —algunos de los cuales continuaban con su consumo— no se trató de una salida laboral aunque bien podía serlo; sino que, se entendió en otros términos,

Era la búsqueda continua. Era la oportunidad de conocer un poco más respecto al tema. Saber en qué lugar estaba parada, si era una adicta, si era una drogadicta. Aparte yo ya tenía el diagnostico de VIH —yo tuve el diagnóstico en el 87, yo me entero embarazada de mi hija que tengo VIH—, entonces, era una necesidad. Años anteriores, fui a todas las religiones que hubo y pudo haber. Y bueno, primero empiezo con el tema de los talleres, estábamos en Z [una fundación localizada el conurbano bonaerense] laburando en esos años […] Yo laburé casi todo mi embarazo haciendo esos talleres porque, claro, la demonización de mi persona por haberme drogado y estar embarazada y tener Sida era muy fuerte. Yo buscaba la manera de hacer catarsis y de encontrar herramientas para insertarme en la sociedad desde otro lugar […] Después hago el curso, lo empiezo en el 92, cuando fue el cambio de ley de la 20771 a la 23737. Este cambio es lo que genera que se cree el SEDRONAR y el CEDECOR [Centro de Evaluación y Derivaciones, SEDRONAR] donde era todo el tema de asistencia y empiezan a aparecer las granjas y empiezan a aparecer las comunidades terapéuticas. […] Me parecía muy represor el trabajo de las comunidades terapéuticas. Yo había estado en comunidades terapéuticas antes. En una de las dos que estaban. Una era Programa Andrés [del Pastor Novelli, 1973] y, la otra, Viaje de Vuelta. Yo había estado en Y internada y, digamos, que uno también entraba para que cambiara un poco (Entrevista a ref. red de usuarios, 2013).

Es decir, acercarse a estos espacios y capacitarse para trabajar en ellos, era ante todo parte de una “búsqueda” —por demás solitaria— por conseguir información, respuestas, atención y una mayor inserción comunitaria; pero también una oportunidad única para modificar “desde adentro” las prácticas con las que no se acordaba.

Sin embargo, la representación social de los “adictos” que predominaba en los centros de tratamiento —esto es, como seres peligrosos, enfermos, autodestructivos, despreocupados por su salud, irresponsables e incapaces—, la dinámica de trabajo así como los abusos y maltratos vivenciados, pronto cancelaron toda esperanza de desarrollo de programas terapéuticos y asistenciales que incluyeran las experiencias, saberes y prácticas de quienes continuaban haciendo uso de sustancias. Por otra parte, para ese entonces, la sanción de la Ley 23737 había profundizado el paradigma prohibicionista/abstencionista, produciéndose “un creciente desplazamiento desde el campo de la salud hacia el de la justicia penal como punto primordial de contacto de los usuarios de drogas con el Estado” (Entrevista a miembro de ONG, 2011). Mientras que, la creación del “Programa de Subsidios para Asistencia Individual en el Tratamiento de Adictos con Internación en Institutos No Gubernamentales” en el marco de la SEDRONAR (Res. 41/92), sentaba las bases para el negocio que se montaría en torno a la atención de usuarios de escasos recursos y sin cobertura médica basado en un sistema de becas que privilegiaba el modelo de “internación” en CT, aunque existían algunas alternativas públicas a este modelo. Habrían de pasar algunos cuantos años para que aparecieran enfoques alternativos que, amén de no culpabilizar y someter a los usuarios al asilamiento y desamparo frente a lo que eran consideradas “recaídas”, no condicionaran su contacto con el sistema de salud por temor a ser detenidos, judicializados y compulsivamente internados.

Entretanto, desde inicios de la década del noventa, estos y otros usuarios viviendo con VIH/Sida habían comenzado a acercarse a efectores públicos y organizaciones sociales relacionadas con esta epidemia. En estos espacios, no solo participaron de los primeros “grupos de apoyo” y, con el tiempo, algunos se formaron como “promotores”, “facilitadores” y “multiplicadores de prevención VIH”;[9] sino que también, nucleados en torno a este padecimiento comenzaron a organizarse como usuarios de drogas ilegales. Sin embargo, pese a los esfuerzos organizativos, los usuarios quedaron en gran medida invisibilizados dentro del grupo más amplio que integraban,

[Cuando] aparece la ley de Sida, nos empezamos a reunir y a convocar a través del Hospital Muñiz, después se crea la Red de Personas Viviendo con VIH en el año 98. Y bueno, dentro de las voces estaban las comunidades LGBT y, también, los usuarios de drogas. Y, por otro lado, Patricia Pérez y la gente que estaba con las redes de mujeres.[10] Es decir, cada uno levantó su bandera. […] Pero mismo dentro de las personas viviendo con VIH nos pasaba lo mismo, nadie se hacía cargo. Es decir, yo tomaba merca [cocaína] y se los decía e iba a los encuentros, pero las cachetadas que recibí… Las cosas que pasé, cuánto te maltratan, ¿entendés? Nadie decía que era usuario… (Entrevista a ref. red de usuarios, 2013).

Recién para 92-93, empezamos a reunirnos también con grupos de Sida. Hasta ese momento todavía era Sida, no se sabía ni qué era el VIH, que se podía vivir con VIH. Estaban todos estos temas del estigma de decir portador, sidoso […] Yo creo que fuimos los primeros que empezamos a dar la cara [como usuarios], a hacernos cargo. Es decir, usuarios eran todos, pero… En el 89-90, cuando sale la ley de Sida se crean las comisiones. Había una comisión de género, obviamente, estaban los HSH [hombres que tienen sexo con hombres], las travestis estaban dentro de la HSH, aparece Cesar Cigliutti[11] con la Comunidad Homosexual [Argentina (CHA)]. Y después, dentro de la Red Argentina de Personas Viviendo con VIH,[12] teníamos una comisión de usuarios de drogas porque éramos muchos. Pero la mayoría que podía hacer algo, “no consumía”. Porque estaba la construcción de que el usuario de drogas no era recreativo, no podía decirlo (Entrevista a ref. red de usuarios, 2011).

En otras palabras, el predominio de las adscripciones grupales centradas en la identidad sexual y de género (Biagini, 2007; Gregoric, 2012) sumado a que muchas PVVS usuarias de drogas evitaban —dado el estigma que pesaba sobre el consumo— identificarse como tales, echaron por tierra las pretensiones de aquellos pocos que sí buscaban consolidar su participación en tanto usuarios de sustancias ilegales.

Empero, la estigmatización, discriminación y persecución penal no solo frustraron el ímpetu organizativo de estos activistas; sino que, unidas a la falta de información, recursos y políticas públicas específicas tuvieron consecuencias aún más graves para los usuarios. A fines de los noventa, un estudio epidemiológico reveló que el uso compartido de jeringas era la principal vía de trasmisión de VIH (41%), los usuarios representaban el 44 por ciento de los casos de Sida en el país, 7 de cada 10 que se testeaban obtenían un resultado positivo y más del 90 por ciento tenía al menos un amigo o conocido que habían fallecido por este motivo (Procupet, 2001). En línea con las políticas públicas de los noventa, las autoridades nacionales en la temática de VIH/Sida solicitaron fondos a los organismos internacionales que fueron destinados a programas públicos y no gubernamentales con proyectos orientados a usuarios y basados en políticas de “reducción de daños”. Así, los lineamientos de los organismos de crédito —basados en la planificación descentralizada, la reestructuración administrativa de los servicios sociales y la focalización del gasto social— dieron lugar, por un lado, a la creación de todo un nuevo campo de intervención con sus especialistas, técnicas, saberes y prácticas; y, por el otro, hicieron de los usuarios, fuesen o no PVVS, “usuarios de drogas” (UD) y “usuarios de drogas inyectables” (UDI). En otras palabras, sujetos destinatarios de programas específicos que los diferenciaban de otras poblaciones vulnerables “beneficiarias”.

Algunos de estos programas se desarrollaron en organismos públicos. Pero lo cierto es que los organismos internacionales estimularon, especialmente, la participación de ONG con sede, por su “alta prevalencia de usuarios de drogas viviendo con VIH/Sida”, en las ciudades de Rosario y Buenos Aires.[13] Pese a las diferentes modalidades de trabajo, recursos disponibles, límites y alcances de los proyectos, estos fueron bastante similares. Todos ellos se diseñaron, a grandes rasgos, para profundizar el conocimiento acerca de las prácticas de uso inyectable, prevenir la expansión del VIH en usuarios de drogas, desarrollar e implementar estrategias de “reducción de daños” para mejorar las condiciones y calidad de vida de estas poblaciones, proporcionar asistencia y capacitar recursos humanos. La ejecución de los proyectos también fue parecida. Las organizaciones “responsables” realizaron investigaciones pensadas en estrecha relación con la intervención y, entre otras actividades, distribuyeron preservativos y jeringas, crearon programas de sustitución de opiáceos, implementaron dispositivos asistenciales y aprovecharon estos espacios para informar sobre “conductas de riesgo”, buscando incidir, mediante folletos y talleres, en las prácticas de inyección y sexuales (El Retoño, 2001; Inchaurraga et al., 2003; Touzé et al., 1999).

La implementación de estos programas, amén de su alcance limitado producto de que la “reducción de daños” nunca fue una política de estado (Rossi y Rangugni, 2004), significó para los usuarios que nunca habían realizado un tratamiento ni acudido al sistema de salud, la posibilidad de acceder a información precisa y a los recursos necesarios. Aunque, como veremos a continuación, los profesionales que coordinaron y participaron de los diferentes proyectos no solo actuaron en pos de la prevención del VIH/Sida en usuarios de drogas inyectables (UDI); sino que también, buscaron fomentar la organización de los usuarios, brindándoles respaldo institucional y otorgándoles mayor visibilidad a sus demandas.

Las redes de usuarios

Las asociaciones, fundaciones y centros universitarios responsables de la ejecución de los Programas de Reducción de Daños (PRD), se presentaron a sí mismos como una respuesta que, en contraste con las políticas abstencionistas, partía del respeto a las diferencias y los derechos humanos (Goltzman, 2001; Inchaurraga et al., 2003; Touzé et al., 1999). En este marco, el derecho de los usuarios a ser considerados ciudadanos —i.e., personas responsables, con derechos y obligaciones como los demás— se estructuró en eje y sobre esta concepción fue que se defendió su derecho a la salud, a la información y a ser tratados desde un enfoque sociosanitario; pero también se reivindicó su derecho a ser protagonistas de las acciones preventivas a ellos destinadas. Existía, en este sentido, un fuerte convencimiento de que los usuarios debidamente preparados, dado su conocimiento del mundo de las drogas, su credibilidad y su empatía con otros usuarios, se convertirían en la vía regia de acceso y circulación de mensajes preventivos entre sus pares (El Retoño, 2001; Inchaurraga et al., 2003; Touzé, 2001). No obstante, para desarrollar los proyectos, los PRD debían sortear uno de los mayores obstáculos: entrar en contacto y establecer vínculos de confianza con al menos parte de esta población que permanecía oculta y cuyas prácticas, al continuar criminalizadas, dificultaban aún más cualquier intento de acercamiento de los equipos de profesionales.[14]

Para ello, las organizaciones responsables de los PRD se presentaron en hospitales donde sabían se atendían PVVS; asistieron a reuniones abiertas de Narcóticos Anónimos; repartieron en boliches, bares, plazas, recitales y centros de salud folletos con leyendas preventivas —“La jeringa es como el forro, se usa una sola vez”, “Si estás usando cocaína, alcohol, éxtasis, LSD, fármacos podemos darte una mano”, “Si estás pensando en consumir…”, “Sexo, droga y prevención”, “Si te vas a picar, cuidate, no compartas el equipo”, “No importa con quien, usá forro”, “Loco, cuidá tu vida, usá forro!”—; e, incluso, recurrieron a vínculos personales (Inchaurraga et al., 2003; Touzé et al., 1999). El objetivo era contactar a los usuarios sea para entrevistarlos o directamente invitarlos a participar de talleres de “reducción de daños”,

Los médicos. A mí la primera que me lo dice, igual que a las chicas –Silvana, Paula– y a los chicos de Rosario, fueron sus infectólogos, que les dijeron “Mirá, vinieron a hablar al centro de salud –o vinieron a hablar al hospital– hay posibilidad de una capacitación o de trabajo, de hacer algo como usuario de drogas, ¿te gustaría? ¿Te interesaría la iniciativa?”. Algunos dijeron, “no, no quiero saber nada” y otros dijeron “sí” (Entrevista a ref. red de usuarios, 2013).

Conozco a Intercambios por medio de un amigo en común. En cierto momento nos presentan y me dicen que querían hacer una entrevista a algún usuario de drogas inyectables, si yo tengo acceso a ese tipo de gente. Yo le dije que sí […] Después me pidieron que les presentara una o dos personas más. Y se corrió el rumor que les pagaban; entonces yo empecé a decir: ‘hay una banda de locos que están regalando plata. “¿Por qué no los traés, Juan, para acá? Si estos quieren historias, les vamos a dar historias para que tengan una vida”. Y así fue que los llevé hacia una casa que fueron conociendo y de ahí a varios lugares. Llegaron a un gran grupo de gente (ex usuario, en Touzé et al., 1999: 105-106).  

Así pues, los usuarios que se acercaron y los motivos que explicaron los llevaron a acercarse —i.e., trabajo, dinero, información, militancia— resultaron tan diversos como las estrategias diseñadas para contactarlos. Para algunos se trataba de su primer contacto con ONG e incluso con el sistema sanitario. En cambio, otros ya contaban con adscripciones múltiples, una densa trama de relaciones y una vasta experiencia como militantes por la legalización de la marihuana o PVVS. Es más, estos últimos, no solo estaban más expuestos y eran contactados con mayor facilidad por los PRD; sino que, dada su trayectoria de lucha, luego muchos se transformaban en referentes entre sus pares.[15]

image21

Poster ¨La jeringa es como el forro¨ (CEADS-UNR)

Más allá de estas singularidades, lo cierto es que, una vez establecidos estos primeros lazos, las ONG —para afianzar el vínculo con los usuarios contactados y cumplir con sus objetivos programáticos— comenzaron a dictar talleres de “reducción de daños” dirigidos a usuarios de drogas y otros destinados, exclusivamente, a usuarios y ex usuarios de drogas por vía inyectable. En estos encuentros se conversó, entre otros temas, sobre los lugares seguros de inyección en el cuerpo, la manera de evitar abscesos y sobredosis, las formas de desinfectar y descartar el equipo inyectable, el uso correcto del preservativo, la cronificación del VIH/Sida, la relación drogas-delito-pobreza y la legislación penal vigente. Los escasos textos que narran estas experiencias —y que han sido fuente de consulta de este trabajo— cuentan que muchos de los asistentes se mostraron interesados y se comprometieron desde las primeras reuniones a compartir el material trabajado con sus amigos, conocidos y familiares (El Retoño, 2001; Goltzman, 2001; Inchaurraga et al., 2003; Touzé et al., 1999). No olvidemos que estos espacios eran la primera oportunidad que se les presentaba a quienes no habían abandonado su consumo, de acceder a información específica en materia de VIH/Sida, Hepatitis C, enfermedades de transmisión sexual, “reducción de daños” y derecho penal.

Pero esta experiencia no solo le “cambió la vida” a muchos usuarios que dejaron de consumir en exceso y empezaron a cuidarse; sino que además, el protagonismo que las estrategias de “reducción de daños” les otorgaron, hizo que muchos de ellos comenzaran a valorarse como personas, a sentirse “útiles” al poder “ayudar” a otros a “ayudar(se)”,

Me siento súper, súper útil. Porque así estoy ayudando a la gente a no compartir, a que no sea tan estúpida como fuimos nosotros. Porque nosotros no tuvimos lo que tienen ellos ahora. Ahora se los está educando, antes no nos educaban a eso. Antes nosotros lo hacíamos porque lo hacíamos. Ahora sí, están siendo educados. Yo sé cuándo los chicos van a tener relaciones con una chica porque primero pasan por casa. Y para mí, eso es re bueno, y ojo que no tengo amigas, todos son amigos, tengo un montón de amigos y me siento una re madraza con ellos, por eso los ayudo (usuaria, en Touzé et al., 1999: 109).

Yo como técnica lo único que podía hacer era trabajar en una granja. Y ahí sí podía estar llegando a ganar más o menos lo que gano ahora [casi quince años después]. Y me hubiera quedado cómoda, tratando de recuperar a la gente con la abstinencia total. Pero cuando conozco la reducción de daños ahí empecé a valorarme y fue cuando pude trabajar mi autoestima, cuando pude sentirme que no era culpable de consumir, ni que era mejor o peor mujer, ni madre, ni hija por tener un gusto, por hacer, elegir algo […] Todo eso me lo empiezo a plantear […] No todos tienen… El que vende equipos de gas va a ver todos los negocios de taxis o a los que puede vender un equipo de gas. Yo voy caminando y veo un chico sangrando en la nariz y se me va a ir a darle la asistencia porque algo le pasó. Ves eso en tu vida, los usuarios ven eso (Entrevista a ref. red de usuarios, 2011).

Ello sin mencionar que, a la mayoría, la confianza generada en estos espacios también le permitió —por primera vez— “hacerse cargo”,[16] “dar la cara”,[17] mostrarse como usuarios,

Cuando nos convocan por primera vez para realizar proyectos del Programa Nacional de Sida, donde traen la capacitación en reducción de daños a personas viviendo con VIH ex usuarias o usuarias, ahí empezamos a hacernos cargo. A decir, cuando te empiezan a dar la confianza, que seguíamos consumiendo. No solo marihuana, porque para esto ya estaba liberado el tema de la marihuana. Es decir, no era el problema. El problema era si tomo ketamina o pastas o pepas. Es decir, ahí empieza a abrirse más, por la confianza que dan esos profesionales (Entrevista a ref. red de usuarios, 2013).

Estoy tratando de enseñarle a la gente lo que yo no aprendí en la época mía, en la década del 80… porque yo soy un UDI. La misma sociedad te discrimina, yo no voy a discriminar nunca a una persona que esté ‘jalando’ Poxi-ran y esté tirada en la calle, al contrario, si lo puedo ayudar, lo ayudo… cada uno con su mambo. Este grupo que acá formamos es fantástico, te hace pensar, yo antes no pensaba nada. Acá estoy, dando la cara (Usuario en Inchaurraga et al., 2003: 163).

Tanto es así que, en el 2000, gracias al respaldo otorgado por los profesionales que dictaban los talleres en la ciudad de Rosario, nació la primera agrupación de usuarios del país —RADDUD—, por ese entonces llamada Club de Usuarios. El Club se presentó públicamente ese año en el Boletín Convivir de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños (RELARD), un organismo regional que tenía como uno de sus objetivos promover el protagonismo y la organización de los usuarios. Por este medio, dieron a conocer a la comunidad nacional e internacional sus objetivos y las actividades que estaban realizando; en aquel momento, ligadas casi exclusivamente a la circulación de información y a la distribución de materiales de “reducción de daños”.

No obstante, dado su conocimiento de las problemáticas, comprensión de los padeceres y eficacia para transmitir mensajes preventivos a sus pares, estos usuarios fueron ganado mayores espacios y adquiriendo paulatinamente nuevas responsabilidades. Por un lado, se tomaron en cuenta sus sugerencias en relación al lenguaje utilizado en los manuales y al contenido de los kits de inyección para retrabajar estos materiales. Por el otro, sus aportes fueron de suma utilidad para confeccionar novedosos soportes —i.e., historietas, murales, grafitis— para el trabajo de prevención; pero también para pensar nuevas líneas de intervención tales como la propuesta de incluir un área de asesoramiento y asistencia legal para aquellos usuarios en conflicto con la ley penal o la de emplear vaporizadores[18] para reducir los daños asociados al consumo de cannabis con fines medicinales. Es más, el compromiso e interés mostrado, junto a las mayores posibilidades que tenían de acceder y contactar a otros usuarios, se convirtieron, con el tiempo, en los principales fundamentos que esgrimieron los PRD que proponían la participación de los usuarios no solo como destinatarios sino —al igual que ya ocurría con las PVVS (Gregoric, 2012)— como “agentes de salud comunitarios” (Inchaurraga et al., 2003).

Esta propuesta de capacitación e inclusión de los usuarios en la planificación de las estrategias y ejecución de los PRD —i.e., una “lucha por la plena aceptación de nuestro rol en el sistema de salud”— tardó un tiempo en ser aprobada debido a la reticencia de algunos funcionarios locales. Pero, en 2001, finalmente se dictó en la ciudad de Rosario el ansiado Curso de Promotores Comunitarios que formaba a los usuarios como “agentes de salud”.[19] Muchos de los miembros del Club, por su interés personal y por tener el “perfil apropiado” —entre otras cosas, “capacidad de liderazgo en la educación de pares” y “de generar confianza entre los usuarios”—, fueron seleccionados para ser capacitados. El curso abordó aspectos médicos, jurídicos y sociales del uso de drogas, brindó técnicas y estrategias para lograr una efectiva inserción en el campo y ofreció herramientas de gestión destinadas a promover la participación y orientar el diseño de proyectos de intervención en barrios y grupos de pertenencia de los cursantes. Al concluir la capacitación, los “promotores reductores de daños” como parte de sus tareas cotidianas debían —aunque siempre con el apoyo y bajo supervisión de los profesionales del Programa— poner en marcha estrategias de acercamiento y contacto con usuarios, sus amigos y familiares, informar y distribuir el material preventivo (folletos, preservativos y kits de inyección), aconsejar, acompañar y fomentar el acercamiento de los usuarios a los servicios de salud y, en la medida de los posible, replicar los talleres ante los “grupos poblacionales” por ellos contactados (ARDA, 2006; Inchaurraga et al., 2003).

Como señalan los promotores, no eran actividades diferentes a las que venían realizando. Mientras, los profesionales realizaban su trabajo “dentro del sistema de salud”, el lugar de los usuarios era “la calle”. Ellos eran los responsables de acceder a aquellos lugares donde los profesionales no podían entrar, organizar talleres y encuentros y contactar a sus amistades, esperando que estas les presentaran a otros usuarios y así ampliar el “trabajo de calle”,

Como primera medida fuimos a reconocer el terreno en el que contactaríamos gente que conocimos anteriormente aunque hacía tiempo que no nos veíamos. Decidimos centralizar el trabajo en un centro comunitario, que iba dirigido por un amigo que nos proveería de supuestos contactos […] Por diferentes motivos, tales como la desconfianza de los usuarios en reunirse en lugares públicos, […] comenzamos a contactarlos en forma individual o en pequeños grupos en los lugares que ellos frecuentaban […] Las edades, bastante relativas, de veinte algo y también muchachos más grandes, usuarios de aquella época […] [Finalmente] Pudimos concretar una reunión en el “Centro Comunitario M” con la participación de 15 personas a las que les repartimos folletos y preservativos (usuarios, en Inchaurraga et al., 2003: 165-7).

Sin embargo, por primera vez, estas tareas, además de recibir una “ayuda económica”, se enmarcaban bajo la modalidad de “subprogramas” —diseñados y ejecutados por los usuarios— en un proyecto financiado y respaldado institucionalmente, el “Programa de Reducción de Daños y Prevención del VIH/Sida en usuarios de drogas de la ciudad de Rosario”, del que eran “responsables” ARDA y el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida de la Universidad de Rosario (CEADS-UNR).

Así, si las actividades cotidianas no se vieron modificadas, sí en cambio el modo en que los usuarios comenzaron a percibir y describir sus tareas en el marco de los PRD de los que participaban, las cuales empezaron a ser definidas como “trabajo”. Para ser precisos, “trabajar en” (el barrio) y “trabajar con” (conocidos, dealers, la gente) eran los términos utilizados por los “promotores reductores de daños”. Pero, si bien las tareas realizadas eran percibidas como trabajo, el proceso, las dinámicas y las relaciones laborales tenían características particulares (Manzano, 2009 y 2013). No solo se montaban sobre las relaciones de confianza y amistad de los “promotores”; sino que, además, en muchos casos no tenían días ni horarios pautados así como tampoco se escindían de la vida cotidiana de los usuarios. Ese mismo año, se dictaron otros cursos que dieron lugar a la participación de usuarios en el programa “Al Sur, una intervención focalizada en Villa 15” de la Fundación Habitar y en los proyectos “Prevención de la infección por VIH en usuarios de drogas inyectables en el Cono Sur” y “Los locos de Sarandí” de Intercambios (Inchaurraga et al., 2003; Touzé et al., 1999).

Todo este reconocimiento institucional si bien fue entendido como una pequeña conquista, dado el manto de ilegalidad que recubría gran parte de las tareas realizadas, no se presentó libre de obstáculos. Aun contando con el apoyo de algunos trabajadores de los centros de salud y referentes de organizaciones comunitarias de los barrios donde trabajaban, los usuarios debían enfrentarse en forma cotidiana no solo a la resistencia de sus habitantes y, en ocasiones, la desconfianza de sus propios pares; sino también, a los operativos policiales,

En un primer momento hubo quilombo con la reducción de daños porque repartíamos jeringas en la villa y decían “Les están dando para que se droguen”. Y, no. Les estábamos dando jeringas limpias para que no se contagien HIV y Hepatitis B. O sea, no se entendía el concepto de reducción de daños. Estábamos muy al filo de que nos demandaran o nos metieran presos (Entrevista a activista cannábico, 2014).

Fue así que, con el tiempo, los ámbitos de formación, contención, discusión e intervención comunitaria devinieron espacios desde los cuales se articularon las primeras demandas vinculadas, fundamentalmente, a la modificación de ciertos artículos de la ley vigente que se mostraban cada vez más como un obstáculo para el trabajo que se venía realizando. En particular, se hacía hincapié en la “tenencia para consumo” debido a que su penalización —se afirmaba— no solo afectaba el trabajo de los “promotores” sino también la vida cotidiana de todos los usuarios. Como explicaba un escrito en apoyo a la iniciativa, al convertir “al usuario en un delincuente, lo marginaliza y lo clandestiniza, haciendo muy difícil cualquier intervención en materia de asistencia y prevención” (Vázquez Acuña et al., 2001).

En este contexto, el Club de Usuarios cambió su nombre por el de Red Argentina en Defensa de los Derechos de los Usuarios de Drogas (RADDUD), se definió como una organización de defensa de derechos y precisó un “programa mínimo de reivindicaciones”,

  1. Separar el fantasma de la delincuencia de la droga. Delincuente es el que mata, roba, viola, y no el que se fuma un porro. Por eso pedimos la despenalización del consumo.
  2. Contra la ley 23737 que condena a usuarios igual que a los delincuentes.
  3. Que se respete el artículo 18 y 19 de la Constitución, que dice que nadie puede ser reprimido, arrestado y/o penado sin orden de un juez y que las acciones privadas de los habitantes de este país, mientras no ofendan el orden ni la moral pública, están solo reservadas a Dios.
  4. Que se legalice la marihuana, que se analice medicinalmente las sustancias positivas y negativas, así como se analizó el tabaco.
  5. Contra las granjas de rehabilitación que reprimen, castigan y privan de las visitas de familiares y amigos por el solo hecho de una recaída en el tratamiento.
  6. En la prevención del VIH/Sida en usuarios drogadependientes, asistencia en caso de problemas de salud y a la prueba realizada en lugares donde verdaderamente se garantice la voluntariedad, confidencialidad y asesoramiento (Documento RADDUD, mayo de 2001).

Esto no quiere decir que los usuarios abandonasen las preocupaciones ligadas a la calidad de vida, información y atención que recibían los usuarios. De hecho, muchos de los reclamos continuaron ligados al maltrato recibido en los servicios de salud así como a la falta de kits de inyección, preservativos y demás insumos necesarios para sostener los PRD. Pero lo cierto es que las demandas orientadas a “cambiar la ley, sacarnos a la policía y la justicia de encima” fueron adquiriendo, con el tiempo, un carácter prioritario.

Por otra parte, la nueva denominación buscaba reflejar la expansión geográfica del viejo Club. Ya no se trataba de un grupo de “promotores” de Rosario. En este crecimiento tuvieron un papel no menor los usuarios de larga data, que habían participado —o eran miembros fundadores— de las primeras organizaciones, redes y grupos de apoyo para PVVS, ya que gracias a los vínculos que habían forjado con otros colectivos, burocracias del Estado y organizaciones de la sociedad civil, eran invitados a participar en proyectos, congresos y jornadas donde entraban en contacto con otros usuarios. Aunque, cierto es que esta expansión fue también resultado de proyectos de mayor amplitud geográfica y espacios como el “Entrenamiento de Operadores/Promotores de Reducción de daños” organizado por Intercambios y el “Programa de Reducción de Daños en asentamientos urbanos irregulares de las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y Rosario ‘Si te das, hacela bien’” de ARDA-RADDUD, que lograron reunir a equipos de trabajo de diferentes organizaciones que trabajaban en “reducción de daños” (Goltzman, 2004). De todas formas, ni la consolidación ni expansión de RADDUD se tradujeron en estrategias de cabildeo y/o acciones colectivas de protesta en el espacio público. Antes bien, la persecución policial y discriminación de la que eran objeto los usuarios desalentó las manifestaciones y colaboró para que canalizaran sus reclamos a través de las ONG que los capacitaban y en el marco de cuyos PRD trabajaban.[20]

Con todo, en 2002, RADDUD organizó junto a ARDA bajo el lema “Cura, no Guerra. Marcha contra la Intolerancia” la primera edición local de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM), un evento que se realiza anualmente desde 1999 de forma simultánea y autónoma en ciudades de todo el mundo cada primer sábado de mayo. En la ciudad de Rosario, los volantes que reclamaban “detener los arrestos por consumo de marihuana; basta de mentiras; defendamos la investigación científica sobre los usos terapéuticos de la marihuana; [y,] ayudemos a los enfermos que requieren el uso terapéutico de marihuana”, consiguieron concentrar a poco más de un centenar de personas en Plaza Pringles que luego marcharon hacia el Monumento Nacional a la Bandera. Entretanto, en la Ciudad de Buenos Aires, un puñado de manifestantes se congregó —como lo habían hecho el año anterior— en el Planetario. En 2001, los pocos jóvenes que se habían acercado lo hicieron para “fumarse uno” en el parque. De hecho, no se juntaron firmas, repartieron folletos ni hubo charlas. Agustín, el único orador —que optó por mantener su anonimato colocándose un pasamontañas—, explicó frente a las cámaras cómo armar un cigarrillo de marihuana. Mientras que, el resto de los presentes, cuando los medios les preguntaban su opinión sobre la despenalización, temerosos se dispersaban. Así recordaba una usuaria entrevistada esas primeras marchas,

En 2002 […] se hizo el sábado la marcha en Rosario […], y acá [en la Ciudad de Buenos Aires] se juntaron algunos fumones en el Planetario, muy pocas personas fueron ese año. Pero al año siguiente con el recital [en el Rosedal] se logró que se liberara la zona, que la policía… fue algo extraordinario. No me lo voy a olvidar nunca ese día el recital que estuvimos con el Pity, estuvo también… [intenta recordar]. Bueno, un par de bandas. Estuvo muy bueno, me acuerdo. Fue el inicio. Se juntaban firmas. Yo me acuerdo que juntaba con Los Cafres, Callejeros… Éramos todos grupos de amigos. No eran conocidos todavía. Los Cafres tocaban en Temperley, en bolichitos así chiquitos. Eso fue militancia. Todo se perdía en algunos cannábicos… No había movimiento cannábico (Entrevista a ref. red de usuarios, 2011).

Así, pese a que la primera edición local de la MMM no logró convocar sino a unas pocas personas, resultó muy significativa para los usuarios. Después de casi veinte años volvían a manifestarse en el espacio público. Sin embargo, al mismo tiempo que la Red conquistaba nuevos espacios para expresar sus demandas, las prácticas de consumo comenzaban a verse —aunque de manera desigual— significativamente modificadas.

image3

Afiche “Marcha Marihuana Rosario” (ARDA, RADDUD)

Sea por el “susto del Sida” —i.e., la muerte de una gran cantidad de usuarios inyectables—, la efectividad de los programas de “reducción de daños” o la mala calidad de la cocaína asociada a la crisis económica que nuestro país transitaba (Epele, 2003; Rossi y Rangugni, 2004); lo cierto es que las nuevas generaciones fueron abandonando el uso inyectable a la par que se consolidaba la diferenciación entre dos perfiles de usuarios. Por un lado, los jóvenes de los sectores más vulnerables que comenzaban a consumir drogas cada vez más baratas y de peor calidad como pegamentos, solventes, pasta base y paco (Epele, 2011; Touzé, 2006); y, por el otro, aquellos con un nivel socioeconómico más alto que, aunque continuaron consumiendo cocaína, también comenzaron a cultivar cannabis y a consumir “drogas de diseño” como el éxtasis, que se popularizaría en la siguiente década entre los sectores medios y altos (Camarotti y Kornblit, 2010; Kornblit, 2004). Por lo que RADDUD, aunque pretendía incluir a todos los usuarios, al estar conformada mayormente por usuarios y ex usuarios de drogas inyectables, iba perdiendo representatividad, sobre todo, debido a la imagen deteriorada del UDI y el crecimiento del activismo cannábico.

De hecho, miembros de RADDUD y ARDA como Lucas (histórico militante por la legalización de la marihuana), Max (primer importador de vaporizadores de la Argentina) y “La Negra” (una ex usuaria de drogas inyectables)[21] comenzaban a militar desde otros espacios. Tanto que, junto con Agustín (organizador de la primera copa cannábica de Argentina) y Fernando (dueño del primer growshop de Argentina) fueron identificados por varios activistas entrevistados como los “pilares” del activismo cannábico.

De las redes de usuarios al activismo cannábico

A principios de la década del 2000, una nueva camada de cultivadores, nacida producto de la escasez de marihuana pos devaluación 2001, se sumó al pequeño grupo de pioneros que en su mayoría cultivaba en estas tierras desde mediados de la década de los noventa. Razones para optar por el autocultivo no faltaban, destacándose, entre ellas, la nombrada escasez y la baja calidad del “prensado” (THC, N° 14, 2009). Sin embargo, la creciente cantidad de incautaciones y detenciones a usuarios (SNIC, 2002-2008) así como la falta de información y espacios de socialización dificultaban seriamente esta práctica, por lo que los cultivadores continuaban siendo pocos y la mayoría no se conocía la cara. En 2002, un joven de unos 25 años —llamémoslo Agustín— inspirado en los célebres campeonatos de cata europeos decidió dar el primer paso y organizar en Buenos Aires la Copa Cannábica del Plata (CCDP). Pese al esfuerzo, de la primera edición del ahora famoso concurso anual de cata de cogollos sudamericano, participaron únicamente un puñado de amigos de quien organizaba. Ello así porque, si bien gracias al desarrollo de internet habían comenzado a multiplicarse los sitios web y foros nacionales (cannabis.com.ar, ubt.com.ar y fasito.cjb.net) e internacionales (marihuananet.com, cannabiscafe.net, lamarihuana.com, liberadamaria.org) donde usuarios y cultivadores podían intercambiar —siempre protegidos por pseudónimos— información, consejos y experiencias personales,[22] la realidad es que los espacios de difusión eran escasos y, en general, reinaban el miedo y la desconfianza.

image41

Poster Copa Cannábica Del Plata (2004)

No obstante, la popularidad que estos sitios fueron adquiriendo le permitió a Agustín con el tiempo difundir las bases de la competencia, conseguir patrocinadores[23] y ampliar la convocatoria sin poner en riesgo su seguridad ni la de los participantes. El mecanismo de inscripción era en extremo cuidadoso: el organizador o uno de sus colaboradores publicaba un post en los foros anunciando con unos meses de antelación la próxima copa y dejaba un e-mail de contacto; las personas interesadas, que debían estar previamente registradas, le solicitaban información a la dirección de correo electrónico allí indicada; y, luego, la organización chequeaba si el interesado era “confiable”. En ese entonces, una persona confiable era un cultivador con antigüedad y/o con presencia en el foro así como los amigos y conocidos de estos cultivadores. Es decir, las precauciones eran muchas y la desconfianza, como se desprende de lo escrito por estos cultivadores, no solo venía por parte de quién organizaba,

¡Hola Agustín! Me agradaría, como a los que han respondido antes, que pusieras algo más sobre la copa… Perdón, pero me suena a joda. Si no es así, mis disculpas, y por ahora, podemos continuar el contacto por este medio hasta que esté todo un poquito más claro. Un abrazo y no tomes a mal mi desconfianza, pero vivimos en un país con una cierta “tradición” represiva, ¿no es así? (Cannabicultor en Cannabiscafe, 2004).

Hola muchachos, ¿cómo andan los cultivos? Yo secando para la copa, pero tengo un par de dudillas, ¿esta copa es totalmente ilegal? Porque acá te agarran con un faso y te mandan pa dentro, no entiendo… Y cómo es que hay sponsor costeando algo ilegal, mmm… Y mi última duda viendo fotos de copas anteriores veo que sacan fotos a los concursantes mmm… Si yo puedo participar no quiero que me saquen fotos. No me gustaría que se use mi foto y digan “Este tiene plantas en su casa”. En ese caso, en una redada juega en contra y no se olviden que esto tiene una condena mucho mayor a lo que les parece por solo fasito. Al tratarse de muchas personas, en la copa hay una asociación ilícita y de ésa no zafa nadie y cae una gran condena aparte de la de los fasitos. Que si, de esa, solo fuera eso, se podría zafar. Disculpen mis preguntas indiscretas pero no conozco el tema y se me presentas estas dudas. Agustín o alguien podría aclararme estas dudas, muchas gracias por su paciencia. Saludos a todos (Cannabicultor en Cannabiscafe, 2006).

Así, pese a que los participantes se inscribían con pseudónimos, en los primeros años la lista de cultivadores y acompañantes nunca superó los cincuenta invitados. No obstante, la reserva con que Agustín manejaba la información y la centralización que ejercía sobre las tareas organizativas, le permitieron, con el tiempo, sortear estos obstáculos. De modo que, aun cuando el número de interesados superó con creces lo esperado,[24] continuó ocupándose en persona de chequear a los competidores, encontrar la locación, preseleccionar, recoger y trasladar las muestras, elegir al jurado —conformado por la comisión organizadora, cultivadores de experiencia y ganadores de copas pasadas—, conseguir los premios —semillas, libros, revistas, bongs, sedas y demás parafernalia—, armar la feria —i.e., seleccionar los stands de los grows y, luego, de las agrupaciones cannábicas— y planear las charlas.

Pero también la receta para vencer estas dificultades provino de toda una serie de medidas de seguridad ideadas por la organización para romper con la reticencia de los participantes. La cita previa en un lugar público y el viaje en micro con las cortinas corridas hacia una locación desconocida, fueron parte de estos recaudos. “Lo llamamos ‘visitar a Bin Laden’ porque no sabemos a dónde nos llevan”, capturó la pluma de un periodista invitado (Gatopardo, abril de 2009). Actualmente, si bien el mítico viaje en micro cayó en desuso,[25] otras tantas precauciones —como los mensajes de texto codificados, las llamadas desde números privados, la prohibición de utilizar celulares y máquinas fotográficas durante el evento y la imposibilidad de abandonar el predio antes de que culmine la jornada— aún continúan vigentes. Excesivos, pintorescos, paranoicos o adecuados, lo cierto es que estos cuidados fueron los que aseguraron que en los primeros eventos, cuando la voz del anfitrión —quien aún permanece para la gran mayoría de los asistentes bajo la seguridad del anonimato (Veríssimo, 2014)— anunciaba tímidamente “Bienvenidos a una nueva Copa del Plata”, los presentes se relajaran, se conocieran e intercambiaran conocimientos.

Acercándose su decimoséptima edición, el evento mutó pero no demasiado. Año tras año, en el transcurso del mismo todavía es posible ver al jurado debatiendo sobre los cogollos que han recibido unos días antes en contenedores herméticos y cuidadosamente rotulados. Mientras el resto de los concursantes también juzga, anota, discute y compara. La primera ronda de cata se inicia por la mañana junto con el desayuno y se extiende por el resto de la jornada. Pizzas, tartas, hamburguesas, chorizos y mesa de dulces a media tarde, la comida nunca falta. Entretanto, los participantes, cuando no están deleitándose con alguna muestra, degustando y compartiendo los cogollos que trajeron de sus hogares o aplacando el “bajón” en la barra, deambulan por los stands, intercambian consejos, trucos y semillas, se vaporizan, observan la proyección de documentales, participan de concursos de armado, aprenden a elaborar hachís o bien esperan que comience alguna charla sobre genética, botánica, cultivo, actualidad política o aspectos legales. Al llegar la noche, la organización recorre las instalaciones recogiendo las tarjetas de votación, se recuentan los votos y se anuncia el podio.

Campeonato de cata, feria, escuela, convención de expertos y reunión de cultivadores de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, la CCDP fue, por muchos años, —y quizás este sea el aspecto más relevante para este trabajo— el principal símbolo y acto de resistencia de la incipiente cultura cannábica. No solo porque se trataba de un evento clandestino que desafiaba al prohibicionismo imperante defendiendo el uso de drogas y el autocultivo de cannabis en nombre de derechos individuales constitucionalmente amparados y sin priorizar, como venían haciendo otras organizaciones, la estrategia discursiva del uso medicinal de marihuana;[26] sino porque, además, la Copa promovía la sociabilidad cannábica. Desde un inicio, sus organizadores se habían propuesto que esta funcionara como trampolín para que usuarios y cultivadores perdieran el miedo, se conocieran y empezaran a organizarse. Y lo lograron. Poco tiempo después de haber sido ideada, la CCDP no solo era el primer evento en lograr que pioneros y “viejos foreros” salieran de atrás del teclado y rompieran con la soledad del anonimato; sino que también, se había constituido en punto de encuentro de cultivadores y cuna de la, por ese entonces, embrionaria cultura cannábica.

Sin embargo, la Copa no fue el único espacio de socialización existente en aquellos años. Desde un principio, convivió con reuniones más pequeñas e informales que usuarios y cultivadores organizaban en parques, bares, festivales y casas para, amén de intercambiar información y semillas, verse por primera vez las caras. Pero también con la Cannabis Parade celebrada por primera vez en 2005 en la provincia de Córdoba. A diferencia de la CCDP, la Parade no era un concurso de cata. Más bien, se trataba de un encuentro de cultivadores pensado para compartir historias, conocerse, disfrutar de la naturaleza y deleitarse fumando lo cosechado; aunque también para conversar sobre posibles estrategias políticas y cuestiones legales. Pero si los objetivos eran distintos a los de la Copa, no así su capacidad para reflejar la expansión de la cultura cannábica. Pronto, las minúsculas reuniones se transformaron en un encuentro anual de cultivadores de varias jornadas en donde expertos y novatos, además de intercambiar información y pasar un buen rato, comenzaban a discutir la posibilidad de armar “algún tipo de agrupación de lucha contra la prohibición y penalización del consumo, tenencia y cultivo de marihuana”. Cierto es que ya existía Cogollos Córdoba, una asociación de “reducción de daños” que, desde el 2001, abogaba por la legalización del uso terapéutico de la marihuana.[27] Pero, pese a que la cultura cannábica crecía a pasos agigantados, esta iniciativa fue recién secundada en 2007, cuando un grupo de amigos creó Cogollos Rosario.[28] Ello así porque, si bien los espacios de socialización se habían multiplicado, la persecución policial imponía serias barreras al desarrollo del activismo cannábico.

De hecho, en ese momento, el único evento público de concurrencia masiva era la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) que, organizada desde 2002 por RADDUD y ARDA, en su segunda edición había logrado concentrar nada menos que doce mil manifestantes entre las ciudades de Buenos Aires y Rosario. No obstante, la organización de la marcha tampoco se encontraba libre de obstáculos. En 2004, la Policía Federal no permitió siquiera armar el escenario en la Ciudad de Buenos Aires. ARDA relató y repudió lo ocurrido mediante un comunicado de prensa (disponible en: http://argentina.indymedia.org). Afortunadamente, al año siguiente, se levantó la prohibición y volvieron los recitales a Rosario y Buenos Aires. Es más, Cogollos Córdoba organizó por primera vez un encuentro en el Parque Las Heras. Ese año, veintitrés mil personas apoyaron el reclamo que incorporó la exigencia del tratamiento legislativo de los proyectos de modificación de la Ley 23737 presentados por la senadora Conti (Fre.Pa.So.) y el diputado García (PS). De todas formas, el fantasma de la censura y la prohibición no era el único problema que enfrentaban los organizadores de la MMM.

Los cultivadores y foreros —aunque celebraban la organización del evento y aprovechaban el espacio para intercambiar semillas y “fumar sin preocupación” su cosecha— no compartían la propuesta de ARDA. A su entender, resultaba imperioso diferenciar un recital gratuito de una manifestación por los derechos de los usuarios. Por otro lado, se acrecentaba el descontento de los “promotores”, que trabajaban en esta y otras campañas. Tanto así que, en 2006, la sensación extendida entre los “promotores” de la falta de reconocimiento al trabajo realizado, cuestiones de índole retributiva y la muerte de uno de los principales referentes de RADDUD, desencadenaron en la disolución de la primera agrupación de usuarios. Tiempo después, los antiguos integrantes de la red formarían organizaciones como PAS (Promotores en Acción Social) en Rosario, Cannabis Mendoza, la Red Argentina por los Derechos y la Asistencia de los Usuarios de Drogas (RADAUD) y la Red Argentina de Usuarios de Drogas y Activistas (RARUS).[29] Pero, para ese entonces, los conflictos internos entre los “promotores reductores de daños” y profesionales de ARDA habían dejado la organización de la MMM vacante. La organización del evento, peligraba.

Así fue como, en 2007, sin permiso, respaldo oficial ni recursos más que los personales, Cogollos Córdoba y Cogollos Rosario junto a foreros, periodistas, growshops y tiendas temáticas de la Ciudad de Buenos Aires tomaron la posta y organizaron de forma conjunta la MMM. La convocatoria se publicitó en la revista THC, —i.e., primera publicación argentina sobre “cultura cannábica” recientemente salida al mercado—, que también colaboró con la organización de la marcha, a la par que se difundió en la web y en la vía pública mediante afiches, folletos, panfletos y volantes. A las consignas de años anteriores —i.e., “basta de mentiras, basta de detenciones por consumo de marihuana, no al narcotráfico subvencionado, liberación del cannabis para uso medicinal y despenalización de la tenencia para consumo personal”—, se sumó el pedido expreso por la despenalización del autocultivo. Pero, pese al esfuerzo, la asistencia a la sexta edición local de la MMM fue magra. En Buenos Aires, a unos cuantos los amedrentó, probablemente, el cordón policial que rodeaba el Planetario y llevó detenidos a quince manifestantes; en Rosario, la existencia de dos puntos de encuentro y la lluvia que no cesaba. No obstante, para los organizadores, el evento no fue en vano. No solo los usuarios y cultivadores habían salido —por primera vez— a la calle, antes que para ver un recital gratuito, en apoyo de las consignas de la marcha; sino que además, las agrupaciones existentes habían resultado fortalecidas y el activismo había conquistado nuevos espacios.

image5

Poster “Marcha Mundial de la Marihuana”, Cogollos Rosario (actualmente, AREC) (2007)

Con todo, el carácter ilegal del consumo continuó dificultando la organización de estos activistas. Es más, los pocos intentos asociativos que tuvieron lugar en aquel entonces, como Arhemptina o Conciencia Cannabis en Argentina, perecieron antes de consolidarse. Como recuerdan aquellos primeros entusiastas, la propuesta era juntarse para conocerse y empezar a organizar alguna “movida”; pero, por lo general, el miedo ganaba, eran pocos y no faltaba oportunidad en que, reunidos en una plaza, la policía los rodeara e “invitara” a retirarse. Por lo que, tanto las consignas de estas proto agrupaciones —i.e., luchar por la despenalización, cambiar la visión sobre la planta e informar sobre la “cultura cannábica”— como sus problemáticas se desvanecieron invisibilizadas. Esto llevó a algunos usuarios —luego reconocidos activistas— a reflexionar sobre alternativas más viables,

Quizás también ni siquiera necesitemos una “organización”, o más aún, quizás a nuestra manera los cultivadores ya estamos organizados. Es decir, con la actual situación legal que vive el país, es posible que esta (la clandestina, la que va de onda, de intercambio y con mucha carpa) sea la única manera viable. Pero también queda el interrogante de qué tan jodido puede ser salir a hacer un poco de ruido, de hasta qué punto podríamos ayudar a instalar socialmente el consumo de cannabis, si para lograr eso es estrictamente necesario dar la cara y decir presente o también es posible conseguirlo desde el anonimato y el bajo perfil.

Personalmente pienso que plantar un frente de batalla de plano, en este momento, no sería del todo sensato. El escenario está un poco más tranquilo que hace unos años atrás, pero todavía hay mucho facho dando vuelta y con mucho poder, político, mediático, económico… poder en fin.

Sin embargo, pienso que a la vez sí da para llevar a cabo laburos más ‘hormigas’ en favor del cultivo del cannabis y la despenalización y eventual legalización de su consumo. Las parades, los festivales, los foros y el intercambio son un ejemplo de lo que refiero. No sé, como que se me hace que todavía tenemos que ir sumando refuerzos antes de salir a campo abierto… y estar atentos a cada oportunidad que se presente (Activista cannábico en Cannabiscafe, 2006).

Así, pese a la existencia de agrupaciones en Córdoba y Rosario que organizaban talleres de cultivo y ciclos de cine —y aun cuando se organizaron pintadas nocturnas en las calles de Buenos Aires con frases como “fumar me mata de risa”, “legalización” o el simple contorno de una hoja de marihuana sobre un semáforo—; lo cierto es que, por aquellos años, prevaleció la cautela y el análisis de las normativas nacionales e internacionales. La posibilidad real de un cambio en la normativa vigente, animaba al incipiente activismo cannábico a familiarizarse con el lenguaje judicial y exponer sus demandas en base a críticas concretas a los artículos de la ley que habilitaban las detenciones policiales, procesamientos penales y la imposición de tratamientos curativos obligatorios a los usuarios de sustancias ilegales (Corbelle, 2010). Entretanto, foros, asados, growshops, parades y copas —i.e., espacios virtuales, reuniones privadas, eventos clandestinos y comercios que atendían con las persianas bajas— continuaron siendo los ámbitos de socialización por antonomasia. Allí, usuarios y cultivadores, además de degustaciones, intercambiaban trucos y semillas y se informaban. Pero se trataba de un circuito cerrado cuya única llave de acceso eran la amistad y la confianza.

En este contexto, a poco tiempo de haber entrado en circulación, la revista THC, se constituyó no solo en punto de encuentro y medio de información para usuarios de sustancias psicoactivas y cultivadores de cannabis; sino también, en la medida en que fue pensada para llegar a un público más amplio, en elemento difusor, portavoz y cara visible de la “cultura cannábica”. Como explicaron en más de una oportunidad sus directores, la revista buscaba informar a usuarios y no-usuarios —es decir, a toda la sociedad— sobre el uso de sustancias psicoactivas, sus aspectos legales y los costos sociales que el paradigma prohibicionista/ abstencionista trae aparejados; y, en el proceso, reducir los daños asociados al uso desinformado, deconstruir mitos y preconceptos extendidos en la opinión pública sobre el uso de estas sustancias, dejar en evidencia la discrecionalidad de las prácticas policiales y judiciales y denunciar los abusos y maltratos en centros de detención y tratamiento de consumos problemáticos. Pero además, tenía como objetivos visibilizar a los usuarios, “normalizar el consumo” e incentivar el autocultivo como herramienta de lucha contra el narcotráfico. En pocas palabras, quienes proyectaron la publicación imaginaron que su contribución a la causa cannábica y, más en general, el camino que conduciría hacia la modificación de la actual normativa era informar a la sociedad, visibilizar a los usuarios y enseñar a cultivar y a hacer preparados medicinales a sus lectores.

Sin embargo, estos objetivos —plasmados a lo largo de sus páginas— pronto se vieron rebasados en cuanto las oficinas de la redacción devinieron espacio de denuncia y centro coordinador de la MMM. En la Primera parte de este trabajo ya hemos relatado el modo en que el equipo jurídico de la revista no solo mantuvo informados a los lectores a lo largo de todos estos años sobre los modus operandi policiales y las últimas novedades en materia de fallos judiciales; sino cómo, en varias oportunidades, sus abogados también asesoraron jurídicamente a usuarios, cultivadores y/o sus defensores públicos cuando los propios detenidos, sus familiares o letrados así lo solicitaron. Pero, si el trabajo realizado por el equipo jurídico de la revista sentó, en gran medida, las bases de lo que serían las estrategias jurídicas del activismo cannábico, fue, más bien, en su labor como Coordinadora Nacional[30] de la MMM y organizadora en la Ciudad de Buenos Aires que la revista consiguió que, con motivo de la marcha, activistas de todo el país hasta entonces dispersos —específicamente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires—, comenzaran a agruparse,

En la revista había un mail donde decía “Si querés ayudar, mandá un mail”. Fue hace como seis años, mandé ese mail y nos juntamos en una casa como sesenta personas para mover la marcha de ese año. Después de la marcha habrán quedado veinte o treinta que nos seguimos juntando. Quince porque se iba depurando a través del tiempo y se formó la Co.Cannabis, Colectivo Cannabis. Maneras de trabajo de grupo “¿A favor de todas las drogas o solo del cannabis?” Blum, quince y quince. Bueno, “Conciliadores”. “No, agresivos, tenemos que salir a exigir nuestros derechos”. Siete y siete. Se fue depurando. Algunos seguimos laburando, otros se fueron y están laburando afuera porque están en Colombia o en distintos lados, y bueno algunos de los que seguimos después nos seguimos juntando con distinta gente, mucha del foro y formamos la Asociación Cannábica de Buenos Aires (Entrevista activista cannábico, 2011).

Se consiguió treinta voluntades para dar una mano a la gente de la THC que, en ese momento, organizaba la marcha y posterior a eso nos seguimos juntando periódicamente. La idea era una asociación civil. Se marcaba el tema despenalizar, normalizar y legalizar. Y como sucede en todo grupo se va desgastando en el tiempo, ¿no? En el tiempo que son meses. Y de treinta, veintisiete, veintiuno, dieciocho quedamos siete. Y después ahí hubo diferencias en cuanto a cómo se iba a manejar la asociación. Una gente más influenciada por una postura, gente que por ahí pensaba una cosa distinta y ahí quedó tres, cuatro. Quedamos de un lado: este muchacho colombiano, Rodrigo, que es un sociólogo, otro muchacho Pedro que ahora ya no está —está militando en la Nacional y Popular— y yo. Y después empecé a conocer a los chicos [que hoy forman la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos] porque era de participar en cualquier movida cannábica (Entrevista a activista cannábico, 2012).

Así, pese a que se censuró a los primeros foros y páginas informativas y se procesó a sus administradores, se denunció a la revista THC que incluso fue prohibida en la provincia de Chaco, se detuvo con frecuencia a activistas durante la MMM y Co.Cannabis como colectivo no prosperó, la semilla del activismo finalmente había germinado.

GGM-planetario-5_mayo_2007_14hs_ALTA

Afiche “Marcha Mundial de la Marihuana”, Ciudad de Buenos Aires (2007)

Ya hacia fines de 2008, grupos cada vez más grandes de foreros reunidos por foro —principalmente, Cannabiscafe y Plantate— y zona geográfica —i.e., Capital, Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata— se juntaban en asados, bares y growshops para conocerse y comenzar a organizar talleres de cultivo, ciclos de cine, charlas y otros eventos cannábicos. Atrás iba quedando la época de los pioneros, de la “vieja escuela”, la “vieja guardia” —esto es, la época de los primeros activistas medicinales, los viejos foreros, los precursores de la industria cannábica y los primeros organizadores y asistentes a los asados del foro Plantate, las nacientes Cannabis Parade y CCDP—, en que cultivar era de por sí toda una hazaña. Luego del fallo “Arriola” de la Corte Suprema (2009), la caída del reinado prohibicionista parecía más cercana y una nueva generación de activistas dejaba en claro que ya no bastaba con ser cannabicultor. Además de plantar, había que “plantarse”, “salir del indoor”, “dar la cara”.

Las agrupaciones cannábicas

El 2010 fue un año bisagra para el activismo cannábico. Un boom en el autocultivo de marihuana estimuló la organización de nuevos campeonatos de cata, el crecimiento de la industria cannábica local y el lanzamiento de nuevas publicaciones como la revista Haze (2010) y el periódico de distribución gratuita Soft Secrets Latinoamérica (2011); pero, sobre todo, se expandieron considerablemente las fronteras del mundo cannábico fruto del surgimiento de una nueva generación de cultivadores dispuesta a salir a la calle. La convocatoria que tuvo la novena edición de la MMM no hizo más que comprobarlo. En la Ciudad de Buenos Aires, la marcha dejó de ser una concentración de unos pocos miles frente al Planetario para convertirse en una multitudinaria manifestación que, tras una bandera que rezaba “¡Despenalización ya! Por una nueva ley de drogas”, recorrió la docena de cuadras que separan la Plaza de Mayo del Congreso Nacional. Como años anteriores, el cese de las detenciones, discriminación y maltrato a los usuarios, el respeto por las libertades individuales y los derechos de los usuarios medicinales, la promoción de políticas de salud, prevención y “reducción de daños” y la despenalización de la tenencia de drogas y el cultivo de marihuana, fueron las consignas que acompañaron el reclamo que se replicó, ese año, en las ciudades de Córdoba, Rosario, Comodoro Rivadavia, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, San Juan, Trelew, San Miguel de Tucumán y Río Cuarto.

De esta forma, un floreciente activismo cannábico y las recientemente reconstituidas redes de usuarios —i.e., RADAUD, RARUS y PAS— se sumaban a otras voces críticas al paradigma prohibicionista/abstencionista que se alzaban desde otras organizaciones de la sociedad civil y algunos sectores del Estado. Recordemos que, para ese entonces, no solo existía el fallo “Arriola” de la CSJN; sino que, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, había cuestionado la política de lucha contra las drogas enarbolada en el ámbito nacional e internacional y creado el Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja. Es más, en los meses que siguieron a la marcha, diputados la UCR, el FPV y el GEN presentaron proyectos para modificar la Ley 23737; y, en octubre de ese año, las diputadas Donda Pérez y Merchán del MLS presentaron un proyecto elaborado en conjunto con la revista THC que quitaba las medidas de seguridad curativas de la ley penal y modificaba aquellos artículos que penalizaban la tenencia de drogas y el cultivo de cannabis. En pocas palabras, no solo el tema estaba en agenda, sino que el debate por la despenalización había entrado al Congreso y los usuarios tenían su proyecto.[31]

Pero además, el éxito de la MMM y la posibilidad de un futuro debate parlamentario animaron a grupos de amigos, foreros y otros cibernautas —que, para ese entonces, ya se encontraban en forma periódica en asados, talleres, catas, copas, parades y campasados (mezcla de campamento y asado)— a formalizar sus reuniones y organizarse. Ese año, se crearon en la Provincia de Córdoba y en la Provincia y Área Metropolitana de Buenos Aires la Agrupación Marplatense de Cannabicultores (AMC), la Agrupación Cannabicultores del Oeste (ACO), el Movimiento Cannábico Argentino (MCA), la Unión Cannabicultores de Zona Sur (UCZS), la Asociación Cannábica La Plata (ACaLP), la Unión Cannabicultores de Zona Norte (UNCAZN), la Comunidad Cannábica Cordobesa (CCC) y la Asociación Cannábica de Buenos Aires (ACaBA); en tanto que, un grupo de usuarios y cultivadores de cannabis que se denominaba “autoconvocado” comenzaba a reunirse en Parque Centenario. Sin lugar a duda, se trataba de un extenso proceso organizativo que, formalizado en 2008 con Co.Cannabis y habiendo centralizado, entre fines de 2008 y principios de 2010, buena parte de las discusiones de los foros especializados, ahora, frente a un horizonte político promisorio se aceleraba de forma hasta entonces impensada, cristalizando en la creación simultánea de numerosas agrupaciones cannábicas.

Desde un principio, el tamaño y estructura de estas agrupaciones tanto como la dinámica y frecuencia de sus reuniones estuvieron íntimamente atravesadas por las condiciones de ilegalidad imperantes que aconsejaban extrema cautela y cuidado. Así pues, se trataba, en general, de organizaciones muy pequeñas que estaban compuestas por un núcleo de miembros activos —no más de seis o siete integrantes— y una serie de colaboradores y simpatizantes más bien fluctuante.[32] Ello contribuía a una estructura organizativa interna más bien simple que se reducía a la figura de un presidente o “mesa chica” que tomaba las decisiones cuando no funcionaban íntegramente bajo la modalidad de asamblea. Por otra parte, como ninguna agrupación tenía sede propia, las reuniones solían realizarse de manera fija o itinerante en growshops amigos, plazas o en el domicilio particular de algún miembro o conocido. De modo que, si bien algunas agrupaciones luego se hicieron de un local propio y otras consiguieron que centros culturales, organizaciones políticas o publicaciones especializadas les cedieran un espacio, la mayoría se reunía en condiciones precarias, donde el clima y el descontento nada inusual de familiares o compañeros de quien prestaba la casa bastaban para poner en jaque la frecuencia y continuidad de las “juntadas”.

Ahora, si las condiciones eran adversas, fueron, más bien, la falta de compromiso e ideas discordantes sobre los fines de las agrupaciones, las que, conforme varios activistas entrevistados, acabaron por socavar la participación en estos espacios. Muchos —explicaron— confundían asociarse para difundir información, visibilizar a los usuarios, fomentar el autocultivo y modificar la ley penal con “fumar porro en el parque”. Aunque cierto es que la mayoría de los entrevistados no dudó en señalar al hostigamiento policial como principal causa del debilitamiento del hasta entonces pujante ímpetu asociativo,

Hicimos peñas con música en vivo. Me acuerdo que habíamos repartido pepas [galletitas] cannábicas a todos los asistentes. Más de cien personas; vos no sabés qué buena vibra que hubo en esos lugares. Dimos charlas informativas en la fábrica tomada en Coronado, se dieron en diferentes lugares un par de actividades. Veníamos muy bien con el tema medicinal hasta que mi detención es como que de alguna manera destrozó todo ¿Por qué? Porque primero perdí todos mis cultivos. Yo era, en ese momento, el que más cantidad tenía […] y, a su vez, todos mis compañeros cortaron todo, porque había amenazas de la policía de allanar a todos. Entonces todos se quedaron sin nada. Después que salí yo fue como arrancar de nuevo de cero para todos. Y, a su vez, los chicos que estaban en ACO en ese momento, que éramos cinco, se sintieron desprotegidos completamente. […] Porque decían: “Vos que venís hace bocha expuesto y que sos como un ícono adentro del movimiento, te allanaron y caíste preso, boludo! ¿A nosotros quién nos salva? A vos te sacaron los medios y la presión que metieron los chicos de la revi y tus abogados. Pero ¿nosotros de dónde sacamos abogados?”. Obviamente, no lo pude cuestionar porque es la realidad entonces decidieron abrirse de la agrupación (Entrevista a activista cannábico, 2012).

Sea como fuere, muchas agrupaciones perecieron. Otras, en cambio, lograron sortear estos obstáculos. Mientras que, a lo largo del país se fueron creando —a partir de las reuniones de autoconvocados, el equipo de trabajo de la revista THC y grupos de usuarios que organizaban la MMM en distintas ciudades— nuevas organizaciones como la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos (AACA), el Centro de Estudios sobre la Cultura Cannábica (CECCa), Cogollos del Oeste (CodelO), Acción Cannábica (AC), Organización Cannábica Bariloche (OCB), Agrupación Cannábica La Rioja y la Cofradía Cannábica Bahiense en Bahía Blanca.[33]

Luego de años de turbulencias y pese a los contratiempos,[34] el activismo se fortaleció, los eventos se multiplicaron y las agrupaciones finalmente se estabilizaron, crecieron en tamaño y compromiso de sus asociados. Es más, muchas de ellas —siguiendo el modelo asociativo español— redactaron un estatuto para presentar ante la Inspección de Justica y obtener su personería jurídica, eligieron una forma de gobierno, precisaron cuestiones patrimoniales, delimitaron derechos y obligaciones de los socios y autoridades y, por supuesto, definieron un objeto. En teoría, como explicaron varios abogados y activistas cannábicos, se trataba de un trámite sencillo que no debía encontrar mayores inconvenientes; pero, en la práctica, el carácter ilegal del cannabis trajo aparejadas algunas dificultades,

En el caso de las asociaciones cannábicas el desafío pasa por tipificar un objeto que no forme parte de alguno de los delitos tipificados por la ley de drogas. Por ejemplo, una asociación que tenga por fin cultivar cannabis, regalarlo o venderlo, podría ser denunciada por asociación ilícita. Por el contrario, investigar y estudiar los diversos usos del cannabis, dar charlas informativas sobre el mismo o defender a sus usuarios de la discriminación y la criminalización que padecen son, entre otros, objetos absolutamente legales […] La personería jurídica de una asociación civil la da el Poder Ejecutivo […] para obtenerla es necesario por sobre todas las cosas un requisito: tener por objeto un bien común, es decir, una acción que genere un beneficio para la sociedad en general […] La única manera de saber si es válido es intentar una inscripción […] Es una cuestión de prueba y error (THC, N° 33, 2010: 29).

Tras acumular tiempo y rechazos, muchas agrupaciones optaron por no inscribirse; otras tantas, por falta de recursos y/o cantidad de miembros necesarios desistieron o ni siquiera lo intentaron.[35] De todas formas, el proceso resultó de suma utilidad para las agrupaciones que lo transitaron ya que se vieron compelidas a definir sus objetivos y las actividades para llevarlos a cabo. Más aún, buena parte de estas discusiones excedieron el marco de las reuniones internas y se reflejaron tanto en la revista THC como en los foros Cannabiscafe y Plantate, lo que enriqueció notablemente el debate y explica el hecho de que los objetivos de las agrupaciones acabaran siendo bastante similares.

Como se desprende de las entrevistas realizadas, páginas web y centenar de volantes repartidos por las agrupaciones en aquellos años, todas —abogaran por la despenalización, la descriminalización, la legalización y/o la regulación de la tenencia de drogas y el cultivo de cannabis— luchaban por la modificación de la ley de estupefacientes. Además, partidarias de impulsar el cambio “desde abajo” entendían que, entretanto, debían abocarse a concientizar a la sociedad acerca de los usos medicinales e industriales así como los aspectos históricos, legales y culturales de la planta, “normalizar el consumo” y promover el autocultivo para mejorar la seguridad, salud y calidad de vida de los usuarios, para sustituir consumos problemáticos y, sobre todo, como herramienta de lucha contra el narcotráfico; siempre de acuerdo con los principios de la “reducción de daños”, promoviendo el respeto por los derechos humanos y las libertades individuales, apostando al desarrollo de una conciencia ecológica y a la defensa de los derechos ambientales. Mientras que, otros objetivos compartidos se vinculaban a la creación de clubes de cultivo para asegurar el acceso a la planta de cannabis tanto a usuarios recreativos como medicinales y la conformación de equipos de abogados para asesorar jurídicamente a sus asociados.

Ser un “cannábico”, entonces, suponía —y aún supone— luchar por la modificación de la ley de drogas, informar a la sociedad, “normalizar el consumo” e incentivar el autocultivo, pero también protegerse entre pares de prácticas policiales y judiciales en sumo grado discrecionales y estigmatizantes. Ello así porque, si bien el activismo cannábico ha crecido de forma exponencial, cierto es también que las agrupaciones todavía enfrentan dificultades para obtener la personería jurídica y cuentan entre sus filas con usuarios y cultivadores que estuvieron detenidos y están siendo —o fueron— procesados por tenencia, comercialización y/o activismo. De todas formas, la persecución policial y criminalización no son los únicos obstáculos que deben afrontar estos activistas. Como ha advertido Baratta (1991), tan negativos como los efectos de la penalización propiamente dicha son la estigmatización y actitud discriminatoria que esta genera en la sociedad; lo que se traduce en dificultades para acceder al sistema de salud, pérdida o problemas para conseguir empleo y, en el caso de los activistas en particular, en la impugnación por parte de sectores de la sociedad de su derecho a proponer y opinar, como veremos, en lo concerniente la modificación de la actual ley penal.

Como hemos intentado dar cuenta a lo largo del capítulo, por más experiencias de vida disímiles o diferencias generacionales que haya, los usuarios —este heterogéneo colectivo conformado por históricos militantes por la legalización de la marihuana, usuarios de drogas inyectables y activistas cannábicos—, amén de trayectorias de lucha entrelazadas, comparten una historia de discriminación, estigmatización, persecución policial, criminalización e inclusión/exclusión de diferentes espacios de participación, denuncia y protesta que se traduce en formas particulares de experimentar, pensar, resistir y denunciar el poder de policía, la violencia de estado y el funcionamiento de la justicia penal a través de un largo camino que se inicia en la clandestinidad y pretende conquistar, a su paso, el derecho de los consumidores a circular libremente, acceder al sistema de salud, elegir un estilo de vida y hacer libre uso del propio cuerpo; pero también a ser reconocidos como interlocutores válidos y sujetos políticos plenos con derecho a organizarse y demandar por lo que entienden son sus derechos.

En otras palabras, se trata de activistas que no solo abogan por una ley de drogas “más justa, más humana y eficaz” y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos de los usuarios; sino que también denuncian prácticas policiales, elaboran estrategias jurídicas para hacer frente a los procesamientos judiciales y destinan parte importante de su tiempo a informar a la sociedad sobre los aspectos legales y costos sociales de la penalización, las propiedades medicinales e industriales del cannabis, el uso de sustancias psicoactivas ilegales y los beneficios del autocultivo de cannabis. El objetivo, reducir daños, visibilizar a los usuarios y resistir, denunciar y protegerse entre pares de prácticas policiales y judiciales discrecionales; pero también romper con el estereotipo del “adicto”, con el consenso social existente en torno al prohibicionismo y sentar las bases de su autoridad para reclamar constituyéndose, en el proceso, en un tipo de activista particular.


  1. En la tradición de la antropología política la expresión formas de hacer política invita a preguntarse y a pensar en cómo explicar la acción política y la constitución de grupos políticos por fuera de las estructuras especializadas a tal fin (Pita, 2004).
  2. Para una descripción de este movimiento contracultural ver, entre otros, La vida es un bar (2000) y El señor de los venenos (2006) de Enrique Symns y Cerdos & Porteños de Osvaldo Baigorria (2014).
  3. Se trataba de la empresa Linera Bonaerense que, desde 1953, tenía en la localidad de Jáuregui (provincia de Buenos Aires), una gran cantidad de hectáreas sembradas de cáñamo. Una variedad que posee muy bajo contenido de componente psicoactivo, pero que no impidió que, en la década de los setenta, grupos de jóvenes realizaran excursiones al pueblo para proveerse del “fumo de Jáuregui”. En 1976, la empresa denunció los robos y decidió cesar con el cultivo. No obstante, la planta continuó creciendo y, en 1977, en plena dictadura, la División Toxicomanía de la PFA allanó los campos, acusó a la empresa de ser parte de un sistema de distribución de drogas y detuvo a su gerente y a un contratista. La prensa amplificó el operativo hablando del desmantelamiento de un laboratorio de anfetaminas y de tráfico clandestino (Haze, N° 5, 2010; THC, Nº 82, 2015).
  4. De acuerdo con los datos aportados a Pasquini y De Miguel por funcionarios policiales y jueces de instrucción de la época: “En 1986, la Policía Federal detuvo a 5302 personas. Un ochenta por ciento eran consumidores; diez por ciento eran correos y el restante diez por ciento ‘traficantes’, aunque de escaso volumen” (1995: 209) y la principal forma de intervención policial eran las detenciones masivas de usuarios.
  5. Ver C&P números 1 y 2 (1984); 5 y 6 (1986); 8, 9 y 11 (1987); 18, 19 y 20 (1989); y 27 y 30 (1990).
  6. El título de este apartado lleva el nombre de una nota publicada por el El Porteño en septiembre de 1988 donde el periodista Ricardo Ragendorfer anunciaba un cambio de época en materia de política de drogas, producto —entre otras cosas— del apoyo del Partido Justicialista al proyecto del diputado radical Lorenzo Cortese.
  7. Los músicos fueron procesados en 1992. Pero Lafleur fue quien recibió, por almacenamiento de veinte mil dosis de LSD, la condena más alta: once años, que después se redujeron a tres.
  8. En 1988, la CONCONAD, con financiamiento de la ONU y el aporte técnico del Centro Italiano de la Solidaritá, puso en marcha la Escuela de Formación de Operadores Terapéuticos que capacitó, entre 1988 y 1990 a 27 OST en el Progetto Uomo de Italia y a 189 en Argentina. Luego, con el cambio de gobierno, la institución cerró sus puertas y la SEDRONAR junto a FONGA tomaron la posta formativa. La oferta, no obstante, se volvió asistemática y los cursos dejaron de ser gratuitos, por lo que la trasmisión del oficio se basó en la experiencia de trabajo en la CT donde el operador habían realizado su propio tratamiento (Galante et al., 2013; Garbi, 2012).
  9. Las políticas públicas neoliberales de los noventa se caracterizaron por focalizar el gasto social transfiriendo funciones, responsabilidades y recursos provenientes del Estado y organismos internacionales a programas públicos y no gubernamentales. La formación de “agentes de salud” fue uno de los objetivos de las ONG abocadas a la problemática del VIH/Sida (Biagini y Sánchez, 1995; Grimberg, 2005; Kornblit et al., 2002).
  10. Reconocida activista por los derechos de mujeres y “personas privadas de libertad” viviendo con VIH, presidenta de la fundación Más Paz Menos Sida, parte del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de la ONU y ex presidenta de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW).
  11. Reconocido activista en favor de los derechos LGBT. Miembro fundador y actual presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y fundador de la Marcha del Orgullo GLTTB.
  12. La Red se conforma como parte de la Red Global de Personas Viviendo con VIH/Sida creada en 1991.
  13. Algunas de estas organizaciones fueron ARDA, Intercambios, El Retoño, Convivencia Asociación de Personas Viviendo con VIH/Sida, S.Ser en el Sur, Fundación Habitar y Fundación Red.
  14. La participación de los “beneficiarios” era también estimulada por los organismos de crédito internacionales.
  15. Con el paso del tiempo, los referentes tendrían la posibilidad de acceder a espacios oficiales de representación de los usuarios, asistir a congresos y conferencias internacionales y conseguir empleos formales en organismos estatales, consolidando, de este modo, su liderazgo al interior de los usuarios.
  16. De acuerdo con el Diccionario de María Moliner, la expresión “hacer cargo” remite, entre otras acepciones, a la acción de atribuir a alguien una falta, culpa o delito. Sin embargo, la expresión “hacer(se) cargo”, tal como es empleada por los usuarios, adquiere otro significado. No supone reconocer o asumir la responsabilidad por una falta, error o delito; sino, “sacar a la luz” (mostrar, hacer público) un aspecto de la vida personal que permanece oculto más allá de las consecuencias que esto puede traer aparejado.
  17. De acuerdo con el Diccionario de María Moliner “dar la cara” significa responder uno por sus propios actos y afrontar las consecuencias. Sin embargo, entre los usuarios esta expresión remite a la acción de mostrar, develar, hacer público el hecho de que se es un usuario; y, a diferencia de la expresión “hacer(se) cargo”, tiene múltiples sentidos que, más adelante, serán analizados (Capítulo 5).
  18. El primer importador de vaporizadores fue Max, un histórico activista cannábico que luego de haber vivido en EEUU y Holanda, regresó a Argentina donde brindó sus conocimientos sobre el cannabis a usuarios y profesionales de ARDA. También, asesoró en la confección de proyectos de despenalización a los legisladores Parentella (Fre.Pa.So), García (PS) y Conti (Fre.Pa.So).
  19. Esta figura, si bien emparentada con la del “promotor comunitario” de la tradición de la atención primaria en salud, como señala Goltzman (2004), configura un campo de experiencias y prácticas particulares.
  20. Las estrategias de cabildeo desplegadas por estas organizaciones lograron que, en el 2000, las diputadas Parentella y Espíndola (Fre.Pa.So) presentaran sendos proyectos para amparar las acciones de “reducción de daños” y prevenir, controlar y reducir la transmisión del VIH/Sida y otros problemas de salud asociados al uso de drogas. Si bien ninguno de los proyectos llegó a convertirse en ley, gracias a la gestión de LUSIDA y el apoyo del Subsecretario de la SEDRONAR ese año se logró que dicha Secretaría recomendara la adopción de programas y/o medidas de “reducción de daños” (Resolución 351/2000). Proyectos posteriores como los de los diputados Barbagelata y García (PS) de incluir la “reducción de daños” en la ley de drogas (2001) y despenalizar la “tenencia para consumo” (2003), tampoco fueron acogidos por el Congreso.
  21. Ver nota al pie 27 de este capítulo.
  22. Para un análisis de los foros como espacio de socialización de cultivadores de cannabis ver, Vidal (2010). Para una breve historia del surgimiento de los foros en Argentina se puede consultar, el artículo de Vita “Biografía de nuestro sitio. Más de 10 años de experiencias y luchas” disponible en: www.cannabis.com.ar.
  23. Desde entonces cuenta con el auspicio de growshops locales, foros temáticos, publicaciones especializadas, fabricantes de vaporizadores, extractores de resina, abono, pipas y sedas, casas de iluminación y bancos de semillas extranjeros que aportan los premios y algo de dinero para cubrir el presupuesto.
  24. En 2006, la creciente demanda de aspirantes obligó a restringir la inscripción. Esto generó discusiones entre quienes entendían que era “mejor que los nuevos del foro por seguridad no concurran” y quienes querían ser incluidos y renegaban de la “elite cultivadora”. Esta situación no hizo sino agravarse, hasta que un cambio en la organización permitió volver a ampliar la convocatoria. Actualmente, participan unas 500 personas.
  25. En los últimos años, cambios en la logística permitieron que los participantes lleguen por sus propios medios y únicamente deban enseñar una pulsera al momento del ingreso.
  26. Los organizadores de la CCDP sostenían que luchar por la despenalización del uso terapéutico de cannabis no era la bandera más acertada ya que se focalizaba en el fin descuidando los medios. A su entender, se debía hacer hincapié en los derechos resguardados por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es decir, se trataba de defender el libre uso del propio cuerpo y el derecho a acceder a drogas de buena calidad (Corbelle, 2010).
  27. Su fundadora, Edith Moreno “La Negra” —también miembro de RADDUD y creadora de Unidos contra el Sida (UnCoSi)— fue una incansable militante de los derechos de las PVVS que se sumó a la causa cannábica cuando descubrió que la marihuana ayudaba a contrarrestar las náuseas, aumentar el apetito y mejorar el estado de ánimo de quienes —como ella— debían someterse a tratamientos de quimioterapia e ingerir un cóctel de pastillas diario. Desde entonces, se dedicó a organizar festivales, talleres de cultivo y luchar por la legalización, convirtiéndose además en la primera paciente medicinal en lograr que un médico recetara cannabis. En 2009, Edith murió y la agrupación cambió su nombre por Asociación Edith Moreno Cogollos Córdoba.
  28. En 2008, Cogollos Rosario pasó a formar parte del Colectivo 3M una unión de diferentes organizaciones cannábicas y de reducción de daños que tuvo lugar en el marco de la organización de la MMM de ese año. En 2010, Cogollos Rosario cambió su nombre a Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis para lograr la personería jurídica pero la Inspección de Justicia no aceptó la palabra “cannabis” por lo que adoptó su actual denominación: Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC).
  29. RADAUD y RARUS son las dos únicas redes con cierta proyección nacional. RADAUD fue creada, en 2007, por usuarios y “promotores reductores de daños”. Hasta la fecha han realizado dos asambleas (2009 y 2010), y algunas reuniones más informales gracias al apoyo económico del Inadi. Por su parte, RARUS —creada en 2009 por activistas y organizaciones de las ciudades de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Rosario— cuenta con gran presencia en la provincia de Santa Fe donde trabaja en relación con profesionales de ARDA y del CEADS-UNR.
  30. En la MMM de 2005 una chica disfrazada de cogollo quiso subir al escenario pero los organizadores no la dejaron por considerarlo “políticamente incorrecto”. Al otro día, los diarios titulaban “Gran evento por la marihuana”, pero lo cierto es que la mayoría de los asistentes solo iban a ver la banda de rock Intoxicados. Luego de esa marcha, muchos activistas cannábicos sintieron que “debía[n] sacarle la marcha a ARDA”. Con el apoyo de la revista THC, Max fue a hablar personalmente con Dana Beal (creador del evento), quien cedió la coordinación a la THC porque “las organizaciones cannábicas eran incipientes […] nadie hablaba en el escenario ni ‘La Negra’, Edith Moreno, se animaba a hablar en aquellas primeras jornadas” (Max en Facebook, 2015).
  31. El debate parlamentario es analizado en la Tercera parte.
  32. Los miembros de las agrupaciones al igual que cultivadores, foreros, organizadores y participantes de las copas son generalmente hombres, jóvenes (entre 20 y 40 años), de clase media que estudian y/o trabajan. No obstante, la presencia femenina ha ido aumentando con los años. Actualmente, muchas son las mujeres que han dejado el lugar de “ayudantes”, “acompañantes” o “invitadas”, para definirse como “cultivadoras”, organizar encuentros de mujeres cannábicas y sus propias copas (Copa Eva 2013).
  33. En los últimos años, se han creado muchas otras agrupaciones cannábicas a lo largo y ancho del país. Existen, asimismo, agrupaciones orientadas exclusivamente al uso medicinal de cannabis tales como Salud Cannábica Argentina, Red de Usuarios de Cannabis Medicinal (RUCAM), CAMEDA, Mamá Cultiva, Cannabis Medicinal, Cultivando en Familia, Re.S.Ca.T.A. (ex Cadecam), Re.fa.sur, algunas de ellas con sede en varias provincias.
  34. Los contratiempos no solo los sufrieron las agrupaciones sino también la MMM. En repetidas oportunidades, el Gobierno de la Ciudad valló Av. de Mayo para impedir el avance de los manifestantes.
  35. Otras, como AREC y AMC iniciaron el trámite y obtuvieron la personería a costa de cambiar sus nombres por Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC) y Herboristas Mar del Plata (HEMP, nombre inglés del cáñamo). En cambio, el Centro de Estudios sobre la Cultura Cannábica (CECCa) decidió aguardar y consiguió una gran victoria para el activismo. Esto es, que la IGJ le otorgara en 2013 la personería jurídica sin necesidad de alterar su nombre. Actualmente, otras agrupaciones han obtenido sin condicionamientos la personería jurídica.


Deja un comentario