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Después de la tormenta

Breve derrotero del movimiento por la regulación del cannabis en Argentina entre 2012 y 2017

Sebastián Basalo[1]

Nunca antes en la historia argentina hubo tantos proyectos de ley en el Congreso de la Nación para despenalizar la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis como en el 2012. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, legisladores de diferentes fuerzas —que iban desde el oficialista Frente para la Victoria y la Unión Cívica Radical hasta el Frente Amplio Progresista y el Socialismo— habían presentado proyectos en los que se planteaba desde la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal y de la tenencia simple hasta la descriminalización del autocultivo de marihuana y la legalización de su comercio.

La llamada “despenalización de las drogas”[2] prometía ser uno de los temas a tratarse en el palacio legislativo en lo que quedaba del año. Sin embargo, este avance progresista encontró fuertes escollos, entre otros, la eficacia del discurso de sectores políticos que se oponían a esta reforma argumentando que “primero hay que ocuparse de las adicciones”, el cada vez mayor protagonismo mediático de los llamados “curas villeros” que reclamaban que se postergue la discusión porque la despenalización era “la última página de un libro” y el incremento del poder del por entonces cardenal Jorge Bergoglio, que poco tiempo después sería ungido Papa, quien en pleno debate del tema en comisiones acusó públicamente a los legisladores que presentaron proyectos para despenalizar y a quienes defendían esta propuesta de “mercaderes de la muerte”.

Finalmente en diciembre de 2012 culminó el periodo legislativo sin que se tratara la despenalización y con un único mensaje que se dio a conocer desde el oficialismo para justificar por qué, pese a tener una mayoría abultada en ambas cámaras, el Poder Ejecutivo aun no quería dar el debate: el Frente para la Victoria aún no había terminado de debatir el tema al interior de sus filas.

Los últimos coletazos de la reforma fallida

El verano de 2013 registró un pico histórico de personas que se volcaban a cultivar su propio cannabis para alejarse del narcotráfico. Esta explosión del fenómeno del autocultivo, cuya cifra es imposible de precisar con exactitud dada la ilegalidad del fenómeno, pudo comprobarse cuando bajo el fuerte calor veraniego las plantas de cannabis alcanzaron el tamaño suficiente como para ser detectadas por vecinos que, luego de llamar al 911, posibilitaban que cualquier persona que cultiva en su domicilio para su propio consumo fuera allanada y sometida a un proceso penal. Los casos de allanamientos a personas por autocultivo coparon las noticias de policiales durante casi todo el verano.

En noviembre de ese año, la Procuración Nacional de Narcocriminalidad (Procunar) hizo pública una cifra alarmante: en el último año habían sido criminalizadas más de 9414 personas, es decir, se registró más de un consumidor o cultivador criminalizado por hora. Esta cifra fue sobre la cantidad de causas elaboradas por tenencia de drogas para consumo personal solamente en los tribunales federales, lo que no incluía las causas elaboradas por ese delito en las jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires que, a partir de 2005, desfederalizaron los delitos menores de la ley de drogas (tenencia para consumo, tenencia simple y suministro gratuito) y los dejaron bajo la órbita de las justicias provinciales.

A mediados de 2013, se produjo un hecho importante en la historia de activismo por la regulación del cannabis en la argentina: la Inspección General de Justicia (IGJ) le otorgó la personería jurídica al Centro de Estudios de la Cultura Cannábica de Argentina (CECCA). Era la primera vez que el estado argentino reconocía oficialmente a una organización que lleva la palabra “cannabis” en su nombre, algo hasta entonces negado a otras agrupaciones.

A partir de ese hecho, muchas agrupaciones que militaban por los derechos de los usuarios de cannabis en el país se presentaron ante el Estado para reclamar su reconocimiento. Este fue un gran paso en el proceso de visibilización de estas agrupaciones, en las que el sujeto usuario de cannabis ya no solo reclamaba ser considerado por el resto de sus pares de la sociedad civil, sino que le reclamaba al Estado que lo reconozca como un sujeto de derechos cuyos derechos, precisamente, estaban siendo vulnerados por el propio Estado.

Mientras tanto, la criminalización de usuarios y cultivadores seguía creciendo y, a finales de ese año, los titulares con los que los diarios reflejaron la brutal ola de allanamientos a cultivadores del verano anterior ya tenían nombres propios. El mes de septiembre de 2013 dejó una fotografía que ilustraba el contexto: Alexis Torrijos, un joven de Santiago del Estero, hacía 4 meses que permanecía en una prisión por tener 16 gramos de marihuana; Fernando Colombini llevaba meses en prisión domiciliaria y al año siguiente sería finalmente condenado a cuatro años de prisión por tener nueve plantas de marihuana, y Miguel Ángel Durrels, un joven de 29 años que se desempeñaba de petisero en una chacra de Pilar, muere en una comisaría de la zona luego de haber sido detenido supuestamente por tener 66 gramos de marihuana. Los testimonios policiales se contradecían respecto de los hechos, los resultados de la autopsia mostraron que Durrels había sido golpeado y el único testigo de la detención aseguró no haber visto que la policía encontrara marihuana mientras requisaba al joven y que recién había visto el paquete de marihuana sobre el capó del patrullero junto con los elementos personales que le habían secuestrado a Durrels.

Paralelamente, mientras en Argentina transcurría ese septiembre negro, en la otra punta del continente americano se producía un hecho que tiempo después iba a marcar a fuego la historia de la lucha por la regulación del cannabis en todo el continente latinoamericano. Charlotte Figi, una niña que padecía un tipo de epilepsia refractaria que le producía cientos de convulsiones diarias que no habían podido controlarse con los fármacos legales que durante años habían probado en su cuerpo, controló totalmente esas convulsiones tras ingerir un extracto casero de la planta de cannabis.

Tras celebrarse las elecciones legislativas que clausuraron todo tipo de debate dentro del Congreso Nacional, el año 2013 finalizaba en Argentina con los proyectos de ley para despenalizar la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis totalmente cajoneados por la decisión del gobierno nacional de no dar el debate. Esta decisión del gobierno, lejos de provocar una desilusión en el amplio y heterogéneo movimiento cannábico argentino aun en los albores de su organización, mantuvo viva la llama de la esperanza en un sector importante de los sujetos afectados por las políticas prohibicionistas que reclamaban un cambio. Y mientras surgían algunas agrupaciones de activismo cannábico en ciertas ciudades del país y otras ya creadas reclamaban su reconocimiento, el crecimiento de la criminalización de los usuarios de drogas y cultivadores hizo que esa esperanza creciera y se volcara aún más a las calles en la cita anual de la Marcha Mundial de la Marihuana. Meses después, en mayo de 2014, la movilización alcanzaría pico histórico de asistentes que aún hoy, mientras se escriben estas líneas, no consiguió ser superado: una multitud de 200 mil personas reclamaron por la regulación del cannabis en 19 ciudades de Argentina.

Sin embargo, esta multitudinaria movilización que cada mayo llenaba las calles para reclamar por la regulación de la marihuana aún no lograba articular el reclamo con la organización y unidad suficientes como para transformar la legitimidad en legalidad. Las organizaciones cannábicas, aun incipientes, llegaron a esa instancia logrando un importante poder de movilización, pero sin una representación lo suficientemente clara como para incidir políticamente en la pulseada legislativa.

El tornado medicinal llega a Latinoamérica

A finales de 2014, Chile pasaría a ser el epicentro latinoamericano del aluvión del cannabis medicinal que se había iniciado un año antes en Estados Unidos con el caso Charlotte. En la ciudad de Santiago se presentaba la organización Mamá Cultiva, un grupo de madres de niños con diversas patologías —la mayoría con diversos tipos de epilepsia refractaria— que habían encontrado en los preparados caseros de cannabis la única herramienta para controlar los síntomas de estas enfermedades sumamente dañinas que padecían sus hijos y que la medicina tradicional no había conseguido controlar.

Mientras esto ocurría, el médico argentino Marcelo Morante se encontraba estudiando en Canadá las aplicaciones medicinales del cannabis y cuando, tiempo después regresó a su país se instaló en su pueblo natal, General La Madrid, en el corazón ganadero de la provincia de Buenos Aires, para iniciar desde allí un proceso lento pero firme de trabajo por la regulación de los usos terapéuticos del cannabis que, tras aunar esfuerzos con el trabajo de organizaciones sociales, culminaría con la sanción de la primera ley de cannabis medicinal en Argentina.

Luego de que Morante, un médico muy respetado en su pueblo, le mostrara a sus habitantes la eficacia del cannabis para traer diversos tipos de dolor y otras enfermedades y lograra el apoyo de una enorme parte del mismo, en agosto de 2015, el Consejo Deliberante de La Madrid emitió una resolución en la que le pedía por unanimidad al Congreso Nacional que despenalice el cultivo de cannabis con fines medicinales, dado que querían llevar adelante en esa localidad el primer gran cultivo de cannabis con ese objetivo. Meses después, en la portada de la revista THC aparecerían el intendente, el secretario de seguridad, la ministra de educación, Morante y un policía alrededor de una planta de marihuana bajo el título “El pueblo se planta”.

Paralelamente, en la Ciudad de Buenos Aires, el usuario medicinal de cannabis y activista por la regulación del cannabis medicinal Alejandro Cibotti, lograba luego de años de lucha un fallo inédito en el que la justicia lo autorizaba a proveerse de cannabis medicinal y a cultivar sus plantas, aunque en el texto el juez decía que no tenía por qué autorizarlo a hacer algo que la Constitución Nacional le permite.

Apenas algunas semanas transcurrieron cuando, el 16 de octubre de 2015, las Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la primera autorización para importar al país un extracto natural de cannabis (años antes, se había autorizado la importación de un fármaco elaborado con componentes del cannabis llamado Sativex). María Laura Alasi había conseguido ingresar legalmente al país un frasco de aceite de cannabis rico en CBD para tratar la epilepsia refractaria de su hija Josefina Vilumbrales, cuyas más de 300 convulsiones semanales había logrado frenar administrándole una extracción casera de cannabis luego de que fracasaran los siete fármacos distintos que le habían prescrito los médicos.

Las propiedades de la planta de cannabis para frenar con eficacia asombrosa las convulsiones en casos de epilepsia infantil hicieron que su uso rápidamente se expandiera en familias muchas de las cuales incluso nunca habían conocido la planta. Aunque los usos medicinales del cannabis son conocidos desde hace siglos, comenzó a circular masivamente la información de que la marihuana, que aún era presentada en el discurso hegemónico como una droga dañina, sirve en realidad para calmar enfermedades que a simple vista producen severos daños a la salud de las personas. Y esa marihuana era administrada eficazmente por madres a sus hijos, los mismos niños a los que, se decía ese mismo discurso hegemónico, el consumo de cannabis les arruinaba sus vidas.

Estos hechos hicieron bullir un contra discurso en torno al cannabis de una solidez nunca antes vista y transformaron a las madres de estos niños en personas que no solo necesitaban que se descriminalice el cultivo de la planta y se regule su acceso para poder acceder al único que remedio que mejoró o incluso salvó la vida de sus hijos, sino que precisamente por esta razón se convertían en activistas capaces de dar su vida para que esto suceda. Con el paso de los meses, María Laura Alasi, en representación de la organización Cannabis Medicinal Argentina (Cameda) se transformaría en una de las caras más visibles del reclamo por la regulación del acceso al cannabis medicinal en Argentina, llegando incluso al programa de televisión “Almorzando con Mirtha Legrand” y a hacer que la conductora, una histórica defensora de la prohibición, acompañe el reclamo por la despenalización del auto cultivo con fines terapéuticos.

Meses después de la conquista de María Laura, en abril de 2016, se presenta en sociedad la ONG “Mamá Cultiva Argentina”, un grupo de madres en la misma situación que la de sus pares chilenas y a las que la presidenta de esta organización había instado a que se unieran. En menos de un año, las integrantes de Mamá Cultiva Argentina dieron charlas masivas sobre cannabis medicinal a lo largo y ancho del país, encabezaron la Marcha de la Marihuana logrando que por primera vez en 10 años el diario Clarín llevara el tema a su portada: “Una multitud marchó a favor de la marihuana”, tituló al lado de una fotografía donde se observaba una interminable columna de manifestantes a lo largo de la Avenida de Mayo, y protagonizaron debates televisivos que lograron conmover a una parte importante de la población a la que el discurso de la despenalización del cultivo sostenido en el respeto de la Constitución Nacional y los derechos individuales y humanos no había logrado convencer. La sociedad argentina se enfrentó de repente a la existencia de madres que podían ir presas por haber encontrado el único medio (el cultivo de cannabis, ilegal) con el que lograron salvar la vida de sus hijos enfermos. Apenas semanas transcurrieron desde la creación de Mamá Cultiva cuando en el Congreso Nacional la diputada Diana Conti (Frente para la Victoria) presentaba, junto a las diputadas Gabriela Troiano (Partido Socialistas) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda), un proyecto de ley para regular el acceso al cannabis medicinal. En la presentación, junto a las diputadas, se encontraba María Laura Alasi junto a Josefina.

En noviembre de ese año, la Cámara de Diputados le da media sanción por unanimidad a un proyecto de ley de cannabis medicinal sumamente incompleto y restrictivo elaborado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Y en la primera sesión del periodo legislativo siguiente, en marzo de 2017, el senado daría sanción definitiva a la que sería la primera ley de cannabis medicinal de Argentina. Así fue como un grupo de madres dispuestas a dar la vida por sus hijos lograron quebrar el muro de la prohibición y produjeron la conquista más grande de la historia de la lucha por la regulación del cannabis en Argentina.

El fenómeno del cultivo solidario

El boom de la militancia por el cannabis medicinal y la asombrosa eficacia que en poco tiempo estaba teniendo en la sociedad argentina no tardó en llegar al corazón del activismo cannábico argentino que, a partir de entonces y de un modo creciente, se enfrentaría a un debate interno respecto a cómo incorporar ese reclamo particular (regular el cultivo y acceso al cannabis con fines medicinales) a la base de su lucha (regular el cultivo y acceso al cannabis para todo fin), uno de los desafíos más grandes que enfrentó el movimiento cannábico en Argentina.

Las consecuencias de este debate al interior del movimiento en un contexto de enorme demanda social de información sobre el cannabis medicinal y de acceso a esta medicina fueron diversas. Algunas organizaciones limitaron a apoyar la discusión, otras se volcaron a trabajar en facilitar el acceso al cannabis medicinal a la población brindando información y asistencia para hacer aceite y hasta comenzaron a surgir organizaciones cannábicas dedicadas únicamente al cannabis medicinal.

Con la expansión de la difusión de los usos medicinales del cannabis, alentados por el crecimiento del debate legislativo en torno a cómo resolver la situación de madres criminalizadas por salvar a sus hijos, cada vez más personas se volcaban a probar esta medicina y, al no poder conseguirla en un mercado negro incipiente y saturado de demanda, optaron por el autocultivo.

Así el cultivo casero de cannabis fue registrando en el país un nuevo auge y con él la producción casera de aceite de cannabis. Y, como era de esperar, esto tuvo su correlato en el incremento de las detenciones. En noviembre de 2016, mientras la Cámara de Diputados daba media sanción a la ley de cannabis medicinal, eran detenidos en Córdoba Eric Sepúlveda y Alejandro Tverdovsky, autocultivadores de cannabis que destinaban parte de su cosecha para preparar aceite casero de cannabis que repartían gratuitamente a enfermos que necesitaban. Luego de que su caso llegara a las redes sociales y se difundieran varias campañas por su liberación, la justicia ordenaría excarcelarlos cincuenta días después.

En diciembre, la policía bonaerense allana la casa de Cristina Alicia Lombardo, cultivadora medicinal y activista que milita en la agrupación Acción Cannábica. Y en febrero fue detenida Adriana Funaro, cultivadora que elaboraba aceites caseros de cannabis que regalaba a personas con diferentes patologías. Tras pasar tres días en una comisaría, su caso llegó a la televisión y, con un fuerte reclamo social de por medio, la justicia le ordenó la prisión domiciliaria. Días después de la detención de Adriana Funaro y con el pedido de su liberación como una de las banderas, más de 22 agrupaciones cannábicas se reunieron en la ciudad de Necochea y en el marco del cuarto Encuentro Nacional de Agrupaciones Cannábicas, presentan en sociedad el Frente de Organizaciones Cannábicas de Argentina (FOCA).

El tercer caso resonante de este incremento en la criminalización de cultivadores medicinales sucedió el 29 de marzo de 2017, en el mismo momento en el Congreso Nacional el Senado se aprestaba a convertir en ley el cannabis medicinal, en Córdoba allanaron la casa de Brenda Chignoli, usuaria medicinal, activista por los derechos de los usuarios de cannabis, miembro de la agrupación “Manuel Belgrano”, que cultivaba más de un centenar de plantas con las que elaboraba aceites que repartía a decenas de familias.

Eric Sepúlveda, Adriana Funaro y Brenda Chignoli fueron las caras visibles de un impresionante fenómeno social surgido al abrigo de una creciente demanda social de marihuana con fines terapéuticos que una ley de cannabis medicinal, al dificultar el acceso a la misma, no lograba cubrir. Los llamados “cultivadores solidarios”, personas que, sin ser necesariamente usuarios de cannabis, arriesgan su libertad para cultivar marihuana medicinal para personas que lo necesitan. Una de las novedades más recientes del amplio movimiento por la regulación del cannabis en Argentina.

 

Buenos Aires, 2 de abril de 2018.


  1. Director de la Revista THC.
  2. La “despenalización de las drogas” o la “despenalización del consumo de drogas” son las formas más comunes con las que esta discusión se presentaba en los medios de comunicación. Ambas expresiones son incorrectas, ya que las drogas no se encuentran penalizadas, es decir, no van presas, mientras que el consumo de drogas tampoco está directamente penalizado. Lo que se penalizan en argentina son conductas relacionadas a las drogas como la tenencia para consumo, la tenencia “simple” o el cultivo, entre otros. Por eso, cuando se habla de despenalización, la misma puede referirse a la tenencia para consumo, la tenencia simple o el cultivo. La despenalización del comercio se encuentra ya enmarcada dentro del proceso de regulación del acceso.


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