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7 El debate parlamentario,
una serie de juramentos colectivos

Revisitando la audiencia pública

La forma en la que se condujo la audiencia pública, como fue desarrollado en el Capítulo 6, dejó entrever la existencia de establecidos y outsiders; y, entre estos, de “piantavotos y “notables”. Pero además, la falta de permanencia de los participantes a lo largo del debate, la preeminencia dada a determinados invitados en detrimento de otros, el uso del espacio y del tiempo y la ausencia de preguntas a los expositores, daban cuenta de que si bien la audiencia estaba destinada a debatir los proyectos de ley, había otras cuestiones que estaban siendo puestas en juego. El análisis que hace Tiscornia (2008) del proceso judicial en el caso Walter Bulacio, valiéndose del procedimiento de juicio por juramento colectivo trabajado por Gellner en Antropología y política (1997), puede sernos de utilidad en este sentido. Según Gellner, este procedimiento es utilizado para dirimir conflictos y/o como mecanismo de decisión legal cuando “una autoridad soberana está ausente o es incapaz de arbitrar, decidir e imponer su veredicto o no está dispuesta a hacerlo […] [o cuando] el dominio de actividad en que se da el conflicto puede no estar (según el espíritu de la sociedad en cuestión) enteramente sujeto a reglas legales impuestas” (Gellner en Tiscornia, 2008: 69).

En este caso, se trata de un conflicto entre un grupo favorable a la descriminalización de los usuarios y otro claramente en contra, en donde no hay autoridad soberana dispuesta a dar un veredicto que zanje la disputa en torno a una ley penal y a toda la serie de prácticas judiciales y facultades de detención de la policía que esta habilita. En lo que respecta al grupo favorable a la descriminalización, está conformado por asociaciones civiles que abogan por políticas de “reducción de daños”, organizaciones de derechos humanos, funcionarios, profesionales de la salud, políticos, especialistas en derecho, trabajo social y psicología, agrupaciones de usuarios y un grupo de las llamadas “madres contra el paco”. En lo que hace al grupo que defiende al paradigma prohibicionista, también cuenta entre sus filas con políticos, funcionarios, profesionales de la salud y abogados; pero además, con una parte considerable de los trabajadores de hospitales públicos, clínicas especializadas, CT y otros centros asistenciales religiosos y laicos, grupos de familiares, “padres preventores”, “madres contra el paco” y “adictos recuperados”.

En este tipo de sistema, como sostiene Tiscornia (2008), la búsqueda de las razones y la justicia carece de sentido y el conflicto se dirime favorablemente para quien pueda reunir la mayor cantidad de personas que estén dispuestas a jurar en apoyo de la propia perspectiva. Este juramento debe hacerse en un lugar sagrado. No obstante, como señala la autora, lo interesante son las negociaciones, acusaciones y conspiraciones que se desarrollan fuera del lugar sagrado buscando concitar adhesiones. Así, en lo que a la audiencia pública respecta no se puede dejar de mencionar, por un lado, la capacidad de legisladores y funcionarios de “militar sus proyectos”, “rosquear” y hacer lobby; y, por el otro, la participación de usuarios, políticos, funcionarios, especialistas y profesionales comprometidos del grupo favorable a la despenalización tanto como de familiares, “adictos recuperados”, religiosos, funcionarios, políticos, especialistas y profesionales comprometidos del grupo prohibicionista en marchas, charlas, jornadas, debates televisivos y radiales, reuniones científicas, periódicos y revistas, para concitar apoyo a su perspectiva.

Concretamente, desde la presentación del proyecto de las diputadas del MLS en la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas (2010)[1] hasta unos días previos a la audiencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos —diputada de este bloque—, militantes del MLS y parte del equipo de trabajo de la revista THC, organizaron una serie de charlas en diferentes universidades, participaron en programas televisivos y radiales, publicaron ediciones especiales de la revista THC[2] y realizaron marchas para presentar el proyecto y sumar adhesiones a sus filas. Entretanto, especialistas y funcionarios organizaron mesas y visitas a la HCDN que, si bien no se encontraban ligadas a la presentación del proyecto de las diputadas, sí estaban orientadas a promover reformas legales.[3] El grupo prohibicionista, por su parte, aunque algo rezagado, también organizó sus propios eventos. Así, del 3 al 5 de junio de 2011 se presentó la muestra fotográfica Frágil —sobre el uso de paco entre adolescentes— de Myriam Meloni en la fotogalería del Teatro San Martín y ese año reverdecieron las rondas de las “madres de pañuelos negros” los jueves por la mañana, surgidas a fines de 2008 al calor del inminente fallo de la Corte Suprema.

Pero, ¿cómo se relaciona esto con la forma en que fue conducida la Audiencia? En primer lugar, es importante aclarar que esta Audiencia fue la primera escenificación del conflicto que se esperaba fuera, secundada por varias más. En este sentido, si bien el debate consistía en un juego de oposiciones escolásticas en donde uno de los grupos resultaría vencedor; también se trataba de una instancia más para sumar adhesiones para una contienda posterior. Por ello, quienes por su jerarquía, poder, prestigio o fama hacían gala de una densa trama de relaciones que con sus juramentos podían reactivar en apoyo de la propia perspectiva, recibían un lugar privilegiado. Esto implicaba, entre otras cosas: un lugar en la cabecera frente a las cámaras, mayor tiempo disponible para hacer uso de la palabra, formas de tratamiento y presentación elocuentes, y ofrecimiento automático de la palabra a su ingreso en la sala. Así, la dimensión ritual de la Audiencia, además de reforzar relaciones jerárquicas e identidades diferenciales, ponía en foco esta lucha de fuerzas a la par que visibilizaba ciertas contribuciones constituyéndose en una herramienta política.

Del mismo modo, puede comprenderse el énfasis que hicieron los representantes del grupo prohibicionista en la falta de espacio para que ingresaran sus miembros, “En primer término, quiero informar que en mi despacho están las personas que vienen de la Red de Padres, las Madres del Paco, los Familiares de las Víctimas de las Drogas y otras ONG pero, lamentablemente, por un problema de espacio, no pueden entrar a esta sala. Lo lamento” (Diputada HCDN AP, 2011); en la escasa cantidad de diputados presentes, “También lamento que aquí haya tan pocos diputados presentes —algunos hay— porque la verdad es que el tema de la droga nos debe preocupar a todos, y no solo preocupar, sino ocupar” (Diputada HCDN AP, 2011); o en el carácter “no tan público” de la audiencia, “En realidad no pareció tratarse de una audiencia oficial de la Comisión de Prevención de las Adicciones, sino más bien de un acto equiparado a los que vienen realizando la Diputada y otros en las facultades, con el mismo tema” (Madre contra el paco, 2011). Aspectos que, así enumerados, esperaban restar importancia a la incapacidad propia de sumar adhesiones en esta primera contienda organizada y conducida por sus contrincantes y en la que, claramente, se encontraban no solo en desventaja numérica sino doblegados por el señorío del que hicieron gala sus oponentes.

De modo que, si bien este procedimiento “abre el juego a la opinión e intervención de la comunidad, respeta las realidades del poder” (Tiscornia, 2008: 70-71) y no permite que los conflictos se resuelvan desfavorablemente para los grupos grandes y de mucha cohesión. Sin embargo, como parece ser este el caso, “cuando la situación de poder no es clara y el desenlace del conflicto es incierto, porque ambos clanes tienen iguales posibilidades de [ganar o] perder, […] el procedimiento puede inclinarse por razones de justicia y verdad” (Gellner en Tiscornia, 2008: 241). Entonces no solo quién dice, sino qué es lo que se dice cobra valor. Pero además, el hecho de que el testimonio sea público y solemne presenta una oportunidad única para que la opinión pública tome partido. Así, el grupo que encuentre la forma de expresar sus demandas de forma tal que la opinión pública y los legisladores indecisos tomen por ellos partido tiene mayores posibilidades de ganar la contienda. Mientras que, como afirma Gellner, un grupo “que atestigüe en favor de una causa impopular o implausible corre el riesgo de que se le eche la culpa de los infortunios que eventualmente habrán de suceder. O, para decirlo de otro modo: echar la culpa a alguien del infortunio puede resultar una buena justificación de una coalición potencialmente hostil contra un determinado grupo” (1997: 199). Pero ¿qué fue lo que se dijo?

Entre quienes se pronunciaron a favor de la descriminalización de los usuarios, estuvieron aquellos que desde una postura más jurídica hablaron —más allá de la referencia explícita al articulado de la ley— de la historia de la legislación y jurisprudencia en la materia, del fracaso de la legislación vigente para reducir el consumo y el narcotráfico, de la ineficacia de perseguir al consumidor, de los costos sociales de la penalización, de las condiciones de detención, de la estigmatización, de la proporcionalidad de las penas, de la discrecionalidad y corrupción policial, los abusos y malos tratos, de la selectividad del sistema penal y de la salud como derecho y no como imposición penal. Otros, en cambio, desde un lugar más ligado a la salud hablaron del problema de la adicción, de la reducción de daños, de las carencias del actual sistema de salud y de la ausencia de campañas de prevención. También se habló de los usos medicinales e industriales del cannabis y del autocultivo como herramienta de lucha contra el narcotráfico, se mencionó el problema de las “mulitas”, de los precursores químicos y el lavado de dinero y no faltaron los llamados a dejar de lado la moralina y los prejuicios, a proteger al consumidor, a perseguir al narcotraficante, a distinguir el consumo problemático del no problemático y a ponerle límites a la internación.

Por otra parte, quienes se declararon en contra de la modificación de la actual ley de drogas aprovecharon para denunciar el abandono del Estado, el incremento del consumo de drogas, la falta de campañas preventivas y centros públicos de atención y de políticas inclusivas en materia de educación y trabajo. Además, no se privaron de recordar los males que traen aparejado el consumo para la familia y la sociedad, la incidencia de la droga en el delito y las “innegables virtudes” de la intervención judicial. No obstante, los discursos estuvieron dirigidos, principalmente, a criticar los proyectos de despenalización. En este sentido, se sostuvo que los cambios propuestos alimentan el tráfico, facilitan la venta de drogas al por menor, fomentan la legitimación ideológica del consumo y vulneran el derecho a la salud. Asimismo, se expresó preocupación por el destino de las internaciones no voluntarias iniciadas por intervención judicial y por la reducción de penas a las llamadas “mulitas”, cuya situación económica —sostuvieron— no altera el carácter criminal de su actividad. Por último, no faltó la ya clásica afirmación de que la ley actual no es mala per se, sino que sus fracasos se deben a la nula o “mala aplicación” por parte de los jueces.

Frente a la imposibilidad de enumerar todos los temas tratados y en aras de la brevedad, lo que no se puede dejar de mencionar, tal como lo haría uno de los directores de la revista THC al cerrar la Audiencia, es que, de los treinta y ocho participantes, treinta y cinco se manifestaron a favor de la descriminalización de los usuarios. De la misma manera, una gran proporción de los presentes manifestó su acuerdo con eliminar la “tenencia simple”, encontrar una solución para las “mulitas” y despenalizar el cultivo y la tenencia de semillas para consumo personal. Claramente, en esta primera contienda quien salía triunfante era el grupo que defendía la despenalización. Habiendo ganado la contienda, era el turno de los diputados que habían organizado la audiencia pública de sacar provecho de esta victoria parcial para promover entre sus colegas el debate de la ley penal.

El prohibicionismo se reagrupa

Como ya señalamos, si los asesores discuten los “aspectos técnicos”, los diputados son quienes toman las “decisiones políticas”. Estas decisiones, tanto en las leyes donde existe “una bajada más fuerte del bloque” como en las “de conciencia”, son fruto del trabajo que los diputados realizan por fuera de las reuniones de comisión. De hecho, en las reuniones, como advirtió un asesor, a no ser que se trate de “un tema de mucha repercusión como la baja de la edad de imputabilidad, recursos naturales, donde los tipos se quieran mostrar, en el ochenta por ciento de los casos, los diputados van, firman y ya está todo cocinado”. Sin embargo, como explicó otra asesora, “esto no quita —y lo he visto pila de veces en todos estos años— que llegue un proyecto súper consensuado a la mesa de diputados y o vuelve atrás o los mismos diputados le empiezan a hacer modificaciones en el mismo momento de la reunión”. De ahí que, varios empleados hayan manifestado que, al igual que ocurre con los asesores, los legisladores también deberían ser especialistas o al menos poseer amplios conocimientos sobre los temas tratados en las comisiones a las que han sido asignados. No obstante, este, generalmente, no es el caso.

De todas formas, el trabajo de los diputados discurre mayormente por otros canales, en sus despachos, en los cafés de la zona, en los encuentros fortuitos en la calle, en charlas de pasillo, en las reuniones de bloque o en el comedor de la Cámara. Allí, los legisladores se reúnen con sus asesores, diputados de su bloque y, en ocasiones, de otros bloques políticos con la finalidad de elaborar proyectos, conseguir respaldo a sus iniciativas o bien discutir los proyectos de ley que están siendo tratados en las comisiones de las que forman parte; y, si hay “voluntad política”, pueden acordar apoyar un proyecto, elaborar un nuevo texto conjunto o bien enriquecer los proyectos originales,

Todo el sistema de alianzas que se arma atrás de un proyecto es importantísimo para darle buena salud al proyecto. No solamente los que van a firmar, sino cómo ese diputado se acomoda dentro de la comisión, si ese proyecto tiene varios giros… Normalmente, no es una comisión solamente la que hay que atender, sino que son dos, a veces tres, comisiones. Entonces, hay que ver quién tiene la presidencia, de qué bloque es, si ese proyecto tiene el aval del oficialismo, si no lo tiene, si se puede contar con aval […] un proyecto siempre llega con muchas más posibilidades de ser ley cuando llega con un dictamen unificado, el consenso es muy importante (Entrevista a asesora, 2012).

Es decir, en este juego, de “yo te convenzo que votes y vos convencés a los tuyos de que tu voto es favorable y los tuyos, a su vez, cuando tengan que ocupar su lugar van a defender mi posición y la tuya” (Entrevista a asesor, 2011), las negociaciones y la búsqueda de consenso dentro y fuera del propio bloque son elementos centrales.

Los presidentes de las comisiones[4] y de los bloques políticos son quienes se encuentran usualmente mejor posicionados para establecer estas alianzas, máxime si pertenecen al bloque mayoritario o primera minoría parlamentaria y, más aún, si son parte de “esa capa de diputados que son más cuadros técnicos, más cuadros políticos que saben, que son los referentes del bloque en el tema”. Pero también cierto es que incluso los presidentes de una comisión “berreta” y desprovistos de todo aval técnico o capital político[5] —al controlar el temario de la comisión, tener la potestad de unificar proyectos sobre un mismo asunto, poder solicitar que se amplíe o suprima el giro a su comisión, contar con doble voto en caso de empate y poder pedir estudios sobre la viabilidad de un proyecto antes de incluirlo en el temario— poseen cierta cuota de decisión sobre el destino de los proyectos que transitan por su comisión. En pocas palabras, tienen un mayor poder de negociación que sus pares lo que incentiva a los demás miembros de la comisión a facilitar —o al menos no entorpecer— el pronto despacho de los proyectos que presentan (Calvo y Tow, 2009).

Los diputados que impulsaron el debate, claramente, se encontraban entre este grupo de diputados que sin poseer capital político ni ser considerados referentes en el tema, no obstante, eran presidentes de comisión por lo que podían mantener los proyectos de modificación de la ley de drogas vigentes en temario. Para impulsar el debate, en los meses que siguieron a la audiencia, se reunieron con otros diputados y continuaron organizando junto a diferentes organizaciones de la “sociedad civil” charlas debate en universidades, locales de partidos políticos y centros culturales, marchas y festivales. Sin embargo, luego de tres meses de arduo trabajo, dos reuniones de comisión diferidas por decisión de la presidencia de la comisión (16 de junio y 17 de agosto de 2011) y dos reuniones en las que no se logró contar con el quórum necesario para llegar a debatir y elaborar un dictamen de comisión (6 de julio y 4 de agosto de 2011), no solo no se logró avanzar en la dirección esperada, sino que el llamado grupo prohibicionista, ante lo que parecía la inminente sanción de una nueva ley, logró, finalmente, dejar de lado sus diferencias y reagruparse.

El primer triunfo de este grupo, tuvo lugar el 8 de septiembre de 2011. El presidente de la comisión había convocado para ese día una reunión de diputados con el propósito de debatir entre otros proyectos “la despenalización de la tenencia”. La empresa era, en verdad, algo difícil dado que, siendo año de elecciones, la mayoría de los diputados estaba haciendo campaña en sus distritos por lo que no había ni sesiones en el recinto. No obstante, la reunión se hizo. En concreto, la propuesta del presidente era que cada uno de los presentes lo fuera “hablando en su bloque […] de manera que en asesores se pueda empezar a trabajar con la postura de cada uno de los bloques” (notas de campo). Si bien sabía que era un tema que no necesariamente se trataría “en términos de bloque”, la intención era que lo que se fuera avanzando en asesores tuviera un correlato, al menos, con la postura de cada diputado para armar una “base más firme” y poder discutir, en diputados, en base a lo consensuado. Pero las representantes de un pequeño partido provincial y de uno de los principales bloques minoritarios —ambas aliadas al grupo prohibicionista— no solo lograron posponer el debate de la “despenalización”, argumentando que primero había que avanzar con otros proyectos; sino que, además, aprovecharon la ocasión para invitar a los presentes a un seminario a celebrarse a principios del mes entrante. Así, aunque la reunión culminó sin mayores definiciones, lo que quedó en claro es que el grupo prohibicionista se había estado reorganizando.

De hecho, pocos días después de la audiencia pública, una diputada peronista había presentado un proyecto de ley aún más duro que la Ley 23737; el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad y actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, galardonado a cinco jóvenes que “lograron vencer su dependencia de las drogas”; y un grupo de madres presentado en la ciudad de Goya (Corrientes) una bandera de 360 metros de largo elaborada por la Dirección de Juventud local en el marco de una campaña de “información y concienciación sobre los peligros de la drogadicción” y en exhibición en la plaza principal por del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. Pero esto no fue todo, pasada una semana de esta última reunión de comisión, la Red de Madres contra el paco y el Centro Cultural Padre Mugica organizaron un homenaje a José Ramón Granero, en ese entonces Secretario de la SEDRONAR y férreo defensor del prohibicionismo, por ser el único funcionario en dar una respuesta al problema del paco, “ayudando a internar a cuanto chico llevamos”; un acto que contó con la adhesión de funcionarios, médicos, abogados, CT y todos los grupos de madres favorables al prohibicionismo.

Más aún, días antes del seminario, tuvo lugar otro acontecimiento importante para el grupo prohibicionista: el “Encuentro Nacional de Organizaciones que Luchan contra el Narcotráfico y las Adicciones” organizado el 30 de septiembre y 1 de octubre en la ciudad de Goya. Entre los objetivos del Encuentro se listaban analizar la “actual emergencia en materia de drogas”, compartir experiencias locales, definir necesidades y los ejes directrices de un Plan Quinquenal de Prevención Comunitaria. Pero la principal aspiración era lograr la firma de un documento que plasmara el acuerdo del grupo sobre una serie mínima de puntos a presentar en la HCDN, en la Organización de Naciones Unidas y de ser posible en La Haya.[6] Las organizaciones civiles, grupos de familiares, madres, padres preventores y “adictos recuperados” —a casi una década de haber sido creadas— firmaron el tan ansiado consenso que puede ser resumido en cuatro premisas: “no a los proyectos de legalización de drogas, no a la legalización del cultivo de marihuana y de los insumos para su producción y consumo, inconstitucionalidad de la Ley de Salud Mental y no a las propuestas jurídicas de ‘reducción de daños’”. Otro de los pedidos de los firmantes era la incorporación de las ONG en el Consejo Federal de Drogas (COFEDRO).

El 6 de octubre de 2011, se llevó a cabo el mencionado seminario titulado “Avance de las Drogas en la Argentina. El Debate en el Congreso”. Se trataba de la primera oportunidad del grupo prohibicionista de mostrar públicamente su cohesión interna pero, sobre todo, de hacer gala de los “notables” que adherían a su causa. Así, si bien la jornada fue inaugurada con un “banderazo” de Plaza de Mayo en dirección al Congreso en la que grupos de madres y familiares transportaron la bandera confeccionada en Goya coreando las consignas “No a la droga, sí a la vida” y “Fuera los narcos” y cantando el himno nacional frente al Palacio, dentro de la sala N° 1 del segundo piso del Anexo quienes monopolizaron el uso del tiempo y la palabra fueron sus miembros más encumbrados. Entre ellos, secretarios de Estado, jueces, jefes de policía, defensores y otros funcionarios, en tanto que, entre el público prevalecieron los miembros de las CT y de diferentes agrupaciones de madres y familiares, sobre todo, de la Red de Madres y Familiares Víctimas de las Drogas a cargo de la organización del seminario.

La apertura del seminario estuvo a cargo de la diputada de Valores por mi país quien, tras agradecer brevemente a los presentes, dio la palabra a los primeros oradores. No sin antes deslizar las siguientes palabras, “Hemos recibido el saludo de muchos diputados que quizás no se encuentran presentes en este momento, pero que nos pidieron la versión taquigráfica para seguir de cerca este debate” y agradecer a la Juventud de la Cámpora de Corrientes por prestarles su bandera. Nuevamente, al igual que en su momento la audiencia, se trataba de mencionar a quienes podían ayudar a sumar adhesiones frente a una futura contienda. Ciertamente, el seminario no tenía el mismo valor que una audiencia pública;[7] pero, de todas formas, parecía adquirir características similares. De hecho, pese a la enorme diferencia existente entre las posturas de los disertantes, el uso de la palabra, el tiempo y el espacio estuvieron abocados a resaltar la participación de sus referentes más “notables”; mientras que la presencia en la sala se sostuvo gracias a la permanencia de los grupos de madres, familiares y miembros de CT y otros centros asistenciales que ocuparon los laterales de la mesa y no se retiraron hasta que el evento no hubo culminado.

En este caso, el grupo prohibicionista, al igual que en el audiencia pública, habló del avance del consumo y del narcotráfico, el trabajo y el desguace de la SEDRONAR, la baja percepción de riesgo y la tolerancia a la droga en los medios, la incidencia de la droga en el delito —en particular, robo, prostitución y venta de drogas—, la falta de cumplimiento de la actual ley, la utilidad del reproche penal, las carencias en materia de prevención y asistencia, los beneficios de la internación compulsiva y del abandono en que incurre el Estado al impedir el recurso de “protección de persona” (art. 482, Código Civil). También, se criticó duramente a la “despenalización” y se cuestionó la formación profesional y experiencia en el tema de sus defensores. Es más, no se dudó en trazar posibles vínculos entre estos y las redes de narcotráfico e, incluso, se llegó a hablar de la posibilidad de iniciar acciones legales. Pero la “reducción de daños” y la Ley de Salud Mental fueron el blanco privilegiado de ataque: “fomentan la enfermedad”, “nos quita una herramienta fundamental para la protección de nuestros hijos” y “representan la violación de los principios y garantías establecidos en el Convenio Internacional de los Derechos del Niño y un atropello a los pactos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Nación”, afirmaron.

No obstante, como vimos, en estas reuniones tanto o más importante que lo que se decía, era quién lo decía. Por ello, cuando una madre durante su turno de habla se mostró indignada frente a la ausencia de legisladores y asesores en la sala, sin saber, dijo lo que no podía decirse, esto es, que el evento no contaba con respaldo, al menos, en la HCDN. La diputada que conducía el seminario, rápidamente, desmintió a la incauta,

Recién se mencionó la ausencia de diputados. Quiero aclarar que muchos no vinieron porque están en campaña. En particular, [Diputado del PRO] está enfermo. Otro gran ausente es el diputado [Peronismo Federal (PF)] quien mando una carta. Para aquellos que no saben [diputado del PF] fue director de la SEDRONAR (Diputada HCDN SEM, 2011).

Acto seguido se dispuso a leer la carta y, antes de dar por concluida la reunión, se tomó un buen tiempo para nombrar todas las adhesiones que recibió el seminario: las instituciones, las organizaciones y el cargo de los firmantes así como la provincia a la que pertenecían cada uno de los ausentes simpatizantes. Tanto o más detallista, había sido la presentación de los disertantes, donde la coordinadora empleaba unos cuantos minutos leyendo los cargos actuales y pasados de los invitados.

A diferencia de lo ocurrido en la audiencia pública, donde el grupo prohibicionista se esforzó por participar y adujo al carácter no-público de la audiencia su derrota parcial, la estrategia del grupo despenalizador fue no concurrir al seminario. De hecho, se estableció como una especie de prohibición de asistir para no acrecentar con la propia presencia la capacidad de convocatoria del adversario. De todas maneras, el evento cumplió su cometido: mostrar que el grupo prohibicionista seguía vivo. Y vaya si lo estaba: en los meses siguientes, pese al esfuerzo de algunos legisladores por lograr un dictamen de comisión favorable a la reforma de la ley vigente, la discusión no prosperó y el período legislativo finalizó sin mayores novedades. Como explicó un asesor, no había “voluntad política”, era año de elecciones y, claramente, este era un tema controvertido.[8] Una vez más, la política electoral imponía sus ritmos al trabajo en el Congreso Nacional. No solo porque el calendario electoral dificultaba el debate durante los meses de campaña; sino también porque, todos los proyectos presentados, al iniciar el nuevo período, perderían estado parlamentario. Más aún, la asunción de nuevos legisladores y la designación de nuevas autoridades, reconfiguraría las bases institucionales de apoyo y la lógica de las alianzas.

El debate, no obstante, continuó por otros canales, se realizaron muestras fotográficas, encuentros y charlas. En noviembre, el en ese entonces titular de la SEDRONAR, José Ramón Granero, fue elegido para presidir la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), organismo dependiente de la OEA. Pero, poco tiempo después del nombramiento, la recientemente reelecta presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al anunciar la nueva conformación de su Gabinete de Ministros no le renovó el cargo como titular de la Secretaría de Estado. La remoción de Granero fue interpretada, en un principio, como un guiño al grupo favorable a la despenalización. No obstante, cierto es también que el ex titular de la cartera estaba siendo cuestionado judicialmente.[9] Dos semanas después, fue designado para ocupar su lugar el ex Canciller Rafael Bielsa quien al asumir sus funciones se diferenció rápidamente de su predecesor mostrándose favorable a los proyectos de despenalización; pero también se reunió con los representantes de las redes de familiares y aseguró que el foco de la Secretaría estaría en la atención de los usuarios de paco.

De “la política” y “los políticos”

Los cambios no solo vinieron desde el Poder Ejecutivo, por primera vez, un candidato tomó la “despenalización” como uno de los ejes de su campaña electoral. Se trató de una de las diputadas del MLS —dentro del interbloque FAP— quien empapeló la Ciudad de Buenos Aires de afiches con una imagen que se repetía: la legisladora sosteniendo un cartel en el cual podían leerse las diferentes propuestas de la candidata. Una de ellas rezaba, “Despenalización ya para combatir el narcotráfico”. De este modo, buscaba claramente atraer el voto de usuarios de sustancias psicoactivas y activistas. Pero, para la mayoría de los usuarios entrevistados, ambas cuestiones corrían por carriles separados. Es decir, una cosa era apoyar el proyecto de la diputada y otra muy distinta votarla,

Javier: Hay muchas agrupaciones que dicen “nosotros somos apolíticos”. Pero tienen que decir somos apartidarios, no apolíticos. Es que cada individuo… [El entrevistado se sonríe].

E: Te estás sonriendo hace rato, ¿por qué?

J: Porque son las discusiones internas inclusive. O sea, ¿vos querés ser PRO? ¿Querés ser macrista? Sé macrista. Aquél quiere ser K [kirchnerista], que sea K. Yo no tengo ningún inconveniente mientras hagamos un taller de vapo[rizadores], el trabajo salga adelante y cumplamos con los objetivos que tenemos que cumplir, qué me importa lo que hagas de tu vida…

E: ¿Hay mucho conflicto interno con el tema partidario?

J: Y, como está lo partidario, ahora sí. Con lo que es lo partidario sí, es conflicto siempre.

E: ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con el proyecto de Libres del Sur?

JP: Y yo [señala dos posters pegados sobre la pared de su oficina, uno de ellos bajo la frase “Que florezcan mil flores”, tiene la clásica imagen de la historieta El Eternauta, el otro una foto de Néstor y Cristina Kirchner juntos, saludando], Libres del Sur… Pero el proyecto de ley apunta a todo lo que necesitamos. Aparte, [susurrando] lo hicimos nosotros. Quién lo presenta, no sé. Si el día de mañana vienen del PRO y dicen que tienen ganas de hacer un programa de prevención o un programa de reducción de daños, por supuesto. Si lo que yo quiero es justamente que se normalice. Nosotros lo que necesitamos conseguir es que muchísima gente diga “Qué me importa qué es lo que hace este pibe puertas adentro de su casa, si no está jorobando a ningún tercero’ […] Me quedé pensando en lo que me habías dicho de lo partidario y el proyecto de Libres del Sur. Y sí, en realidad tuve que sentarme y como desenfocar y decir “Bueno, no es partidario. Nosotros tenemos estos problemas. Estos problemas acá se resuelven con esto”. “Ah! A ver, acá está esto”. “¿Qué es lo que no les cierra? ¿Esto?”. “Claro, necesitaríamos que sea así o asá”… (Entrevista a activista cannábico, 2011).

En este sentido, la afiliación a un “partido político” era vista como un compromiso que podía sumar dificultades, que podía constituirse en una auténtica traba para alcanzar sus objetivos —principalmente, la despenalización de la “tenencia simple”—,

Que yo sepa nadie está afiliado a ningún partido ni es partidario. Particularmente, creo que yo no me afiliaría a ningún partido porque sino tenés que ser orgánico y obedecer los lineamientos. Entonces, yo, mi prioridad es la despenalización de la tenencia simple. En otra idea, adheriré con un partido, adheriré con otro, pero nunca me voy a afiliar a ningún partido porque mi idea es esta. Entonces, no voy a ir a un partido para que me digan, “No, vos tenés que opinar que las drogas esto”. “No, amigo no es así”. Como mucho, desde afuera, me acercaré a otros partidos para que entiendan que tienen que despenalizar […] El PC [Partido Comunista] todos los años trata de buscar el voto verde, por así decirlo, porque en algún punto estamos evidenciando que hay muchísima gente. Es decirles “Prestennos atención, escúchennos”. Es en esos momentos cuando hay que decir: “Hola, mirá, yo estoy haciendo esto”, contarles y hacer un proyecto bien desde las bases (Entrevista activista cannábico, 2011).

Así, una cosa eran las “simpatías políticas” y otra bien diferente los proyectos de reforma de la ley de drogas. En concreto, la idea era “no casarse con nadie”, sino poder ser libre de apoyar cualquier propuesta que resultara en la descriminalización de los usuarios. Esta premisa, se entendía, no era contradictoria ni impedía que los activistas que conformaban las distintas agrupaciones tuvieran sus propias convicciones políticas. Pero sí, en cambio, estaba más extendida la idea de que las agrupaciones, como tales, no debían “alinearse”.

Por otra parte, en lo que respecta al grupo que abogaba por la legalización y regulación del cannabis, como quedó de manifiesto en la convocatoria que tuvo la MNC, no solo había crecido en los últimos años; sino que cada vez se mostraba más reacio a apoyar la iniciativa del MLS y la THC. De hecho, sus miembros buscaban activamente otro actor político que pudiera poner en papel sus reclamos. De todas formas, el modo en que este grupo entendía su relación con los “políticos” y la “política partidaria” no distaba demasiado del modo en que lo entendía el grupo que se manifestaba a favor la despenalización de la “tenencia simple”,

Leandro: Nosotros nos identificamos como una agrupación que es pluripartidaria. Creemos que la política es una herramienta que nos lleva a nuestro objetivo que es la legalización del cannabis o la quita de la lista de sustancias…

E: Y, entonces, ¿por qué la Mesa por la Igualdad?

L: Nosotros buscábamos un abogado así, de onda, para que nos explicara de las leyes, que inclusive pudiese, en alguna eventual situación, defendernos. Pero bueno, si bien todo el mundo tenía buena voluntad, nadie tenía predisposición a dedicarse a trabajar en eso. Cuando surge la posibilidad de la Mesa, en el cual nos gustó que no pidiesen ninguna afiliación a nada, sino simplemente que era un espacio de trabajo de grupos que han sido históricamente vulnerados: afrodescendientes, personas privadas de la libertad, migrantes, gente con diversidad… y ellos lo primero que nos dijeron es: tienen que hacer, tiene que firmar acá, y después lo segundo es que nos dieron una herramienta legal porque ellos tiene un grupo de abogados y de estudiantes de abogacía donde hacen proyectos. Este año hicieron como ciento y pico de proyectos; y, entre esos proyectos que trabajaron, trabajábamos el nuestro. Nosotros lo que fuimos a decir es lo que nosotros necesitábamos. Le enseñamos o le dijimos cuál era la temática y ellos también pusieron otro término, porque la ley no solamente incluye a la marihuana sino al resto de las sustancias. Ellos dieron la postura, desde el otro lado también, de consumidores de otras sustancias por lo cual el proyecto que tenemos nosotros despenaliza la tenencia de cualquier sustancia. Pero aparte, que es lo que nosotros queríamos y que busca la marcha mundial, legalizar. O sea, sacar de ese lugar que está prohibido la planta. Y ése fue el motivo por el cual hasta el día de hoy trabajamos ahí. Otros espacios nos pidieron que nos afiliáramos y nosotros dijimos, “No, no porque es justamente como dice él, es pluripartidario”. […]

Gastón: […] para nosotros es pluripartidario, porque es un tema trasversal. Todas las juventudes de todos los partidos deberían estar levantando el tema cannábico. Antes de hablar, de decir nada nos pedían cinco afiliaciones cuando, en realidad, la idea nuestra es llegar a sus afiliados. Pero no para atraerlos, sino para informarlos, para tratar el tema de lo cannábico. Y de ahí lo más puro de lo de la Mesa que se está trabajando y que no exigió en su momento afiliaciones. […]

Penélope: Todos los que nos quieran dar una mano o apoyar siempre vamos a estar digitalizando con ellos. La mesa zonal fue el primer lugar que se jugó por nosotros. Esa es la realidad. […]

P: Pero también nosotros reconocemos. Una de las cosas que ellos siempre dijeron, o sea sin la afiliación, es el reconocimiento. Y el reconocimiento es que ellos fueron los únicos que nos abrieron la puerta, que nos ofrecieron un espacio donde poder hablar, donde poder difundir nuestra información y donde podemos conseguir lo que nosotros queremos que es un proyecto de ley por el cual durante dos años anduvimos rogándole a todo el mundo… (Entrevista a activistas cannábicos, 2012).

Así, si bien los entrevistados no dudaban en afirmar que lo que hacían era “política”, al momento de definir su relación con la “política partidaria” —fuera en términos de “apartidismo” o “pluripartidismo”— y sus representantes —i.e., los “políticos”— primaba la distancia. En otras palabras, recordando el esquema de reciprocidad ideado por Sahlins (1983), los entrevistados situaban a los legisladores por fuera de las relaciones de “confianza”. Esto es, en el círculo concéntrico externo, aquel reservado para los extraños, donde más que intercambio de dones hay apropiación egoísta, un “intento de obtener algo a cambio de nada”. En este caso, de conseguir confeccionar un proyecto de ley y un legislador que lo presente sin estar dispuestos a retribuir con votos y, mucho menos, con afiliaciones partidarias.

No obstante, esta relación distante no solo se explicaba por conveniencia, convicciones políticas personales y/o desconfianza; sino que, además, descansaba en la firme concepción de que los legisladores eran los representantes del pueblo, esto es, que, al igual que policías y jueces, eran funcionarios. De modo que, no se trataba de intercambiar afiliaciones por leyes; sino de que estos hicieran bien su trabajo,

¿Qué le pasa al Estado? ¿Por qué nos siguen ignorando año tras año? […] ¿Qué es lo que está pasando? [Senador] nos cansamos de escucharte, nos cansamos de escucharte y hacer lobby con nosotros ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con la ley de drogas? ¡¿Qué pasa con la ley de drogas?! Todos los políticos se llenan la boca hablando de nosotros y hay un pibe preso hace cuatros meses por cultivar ¡¿Qué es lo que pasa?! ¿Dónde está el poder político? ¡¿Dónde están?! Nosotros los votamos. Más de cien mil personas estamos acá poniendo la cara y hay otras cientos de miles que no pudieron venir. […] [Senador] ya está, te quemaste con nosotros. Señora Presidenta de la Nación necesitamos que se pronuncie con respecto a esta causa, por sí o por no. Necesitamos que se hagan cargo de nuestras exigencias. Necesitamos que alguien de la cara, pero que dé la cara con compromiso, no para la foto […] Tienen la decisión ustedes ¿Qué nos hablan de que se vienen las elecciones, de que está congelado? Si sacan una ley en una noche laburando. Laburen y cambien la ley, ¡por favor! (Activista cannábico MMM, 2013).

Aun así, la predisposición de algunos espacios políticos de presentar o ayudar a elaborar proyectos de ley “sin poner ningún pero”, favoreció la creación de lazos más estrechos que se expresaron en términos del reconocimiento de una deuda para con quienes les “abrieron las puertas”. Ello explica la participación de algunos usuarios en las reuniones semanales, actividades y jornadas que organizaban estos espacios así como la más reciente decisión de dos activistas cannábicos de afiliarse. Una forma de retribuir los dones recibidos que, como señala Sigaud en su análisis sobre las relaciones de intercambio entre trabajadores, sindicato y “patrones” de los ingenios azucareros en la Mata Pernambucana (1996 y 2004), da cuenta de un interés por sostener y reforzar lazos que garanticen un apoyo en contiendas futuras, mostrándose como personas confiables a través del compromiso activo y lealtad para con el espacio. Ahora bien, esto, desde ya, no era lo que ocurría en la mayoría de los casos.

2012. Se baraja y se reparte de nuevo

Luego de los comicios, los diputados electos asumieron sus bancas, se reestructuró la composición de las comisiones y fueron designadas las nuevas autoridades. El flamante presidente de la Comisión resultó ser un diputado de la UCR sin poder político en el Congreso, que si bien había firmado uno de los proyectos de “despenalización”, hasta el momento, no había participado activamente del debate. Es decir, ni el diputado ni sus asesores estaban familiarizados o conocían a los referentes, organizaciones y funcionarios que trabajaban con la problemática. De modo que, en los dos primeros meses que siguieron a la apertura del año legislativo, dedicaron su tiempo a informarse y entrevistarse con quienes entendían eran los actores socialmente relevantes y con injerencia en el debate. Los usuarios, por su parte, estaban bastante disgustados con la situación. La reelecta diputada del MLS no solo había (re)presentado el proyecto sin avisarles y ellos querían hacerle “algunos pequeños cambios”;[10] sino que, ni siquiera había peleado por entrar a la Comisión, le había tocado. “Va atrás de los temas de turno. Por eso, ahora se metió en [la comisión de] Minería”,[11] aseguraron. “Si pedía la presidencia [de la Comisión de prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico], hasta quizás se la daban”, agregaron.

Sea como fuere, conformada la comisión y tras algunas reuniones de asesores y diputados donde se trataron otros proyectos, a mediados de abril, la presidencia comenzó a barajar la posibilidad de organizar una serie de audiencias para continuar debatiendo los proyectos de reforma de la ley de drogas. El 18 de abril, conforme a lo planteado en la reunión de comisión realizada la semana anterior, se analizaría la “Convocatoria y el Reglamento de Audiencias Públicas de la Comisión de Prevención de las Adicciones” que, de llegar a un acuerdo, tendría lugar “los días martes y jueves, comenzando el 5 de junio de 9 a 17hs en la sala 1, piso segundo del Anexo”. Pero, pese a las intenciones del presidente, no se alcanzó el quórum. La iniciativa no contaba con apoyo del grupo que abogaba por la “despenalización” que la consideraba “una maniobra más para demorar el tratamiento”. Aun así, tres semanas más tarde, la Secretaría de la Comisión reenvió la citación a una nueva reunión de comisión, con fecha 16 de mayo, para definir el reglamento y el texto de la convocatoria, modificando únicamente los plazos de inscripción, comunicación del cronograma y la fecha de inicio de la consulta pública, que fueron retrasados tan solo una semana.

Entretanto, la “sociedad civil” seguía intentando conquistar nuevas adhesiones para la próxima contienda. En este marco, una diputada del PRO, perteneciente al grupo prohibicionista, organizó un nuevo “Seminario sobre drogas”, que tras algunos cambios de fecha, se llevó a cabo el 10 de mayo. A diferencia de su precedente, en esta oportunidad, la asistencia fue magra. No solo no se hicieron presentes los funcionarios de la SEDRONAR, diputados y senadores invitados; sino que tampoco fueron a exponer gran parte de los disertantes. Siguiendo la lógica de reuniones pasadas, la diputada nombró a los ausentes,

Quiero aclarar que nosotros invitamos a este seminario a funcionarios de la SEDRONAR de forma oficial pero no han podido o no han querido concurrir. Nosotros habíamos invitado a los diputados [del PF] —que creo que están por llegar—, al licenciado [ex jefe de la Policía Metropolitana], a la senadora [de un pequeño partido provincial], a la diputada [del MLS], a la senadora nacional [PJ] —ella me llamó para decirme que estaba en Salta—, al senador nacional [del FPV], al diputado [de la UCR] y al diputado [del GEN]. Me desilusiona bastante que no estén presentes porque la información que recibimos fue muy interesante y la idea era debatir y escuchar también la otra campana. No quisiera que luego se diga que esta reunión fue la visión partidaria de algo sino que la posibilidad está dada y espero que en el próximo seminario que hagamos podamos contar con otras opiniones también (Diputada HCDN SEM, 2012).

Entre los nombrados, había algunos miembros del grupo prohibicionista. Pero, mediante este breve listado, lo que enfatizaba la diputada no era tanto la ausencia de sus aliados como la completa falta de apoyo al grupo favorable a la despenalización en la sala.

Este otro grupo, en cambio, tuvo mayor éxito congregando a simpatizantes y aliados. No solo el “Seminario regional: Cono Sur. Seguridad democrática: de las propuestas a la implementación de políticas públicas”, organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Programa latinoamericano del Woodrow Wilson Center, donde entre ministros, secretarios de seguridad e investigadores de la región expuso el Embajador Itinerante en Derechos Humanos y Drogas de Uruguay —un reconocido defensor de la regulación del mercado de drogas y de los derechos de los usuarios—, gozó de una amplia convocatoria; sino que, en una nueva edición especial de la revista THC, donde se denunciaba el caso WV —un joven preso y torturado en un penal de Mendoza por la “tenencia simple” de siete plantas de cannabis—, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su apoyo a la “causa de la despenalización”. El grueso de los usuarios, en tanto, se encontraba atareado preparando la MMM de ese año, que convocó nada menos que cuarenta mil personas en la Ciudad de Buenos Aires y sesenta mil en veintiún ciudades de todo el país.

Si bien el tema seguía en agenda y se vislumbraba un posible acuerdo, la multitudinaria marcha dio, sin duda, un nuevo impulso al debate. La semana siguiente, los diputados del oficialismo y de la oposición referentes en la materia comenzaron a organizar una reunión entre representantes de las tres principales fuerzas políticas para intentar llegar a un acuerdo y plasmarlo en un texto consensuado. Finalmente, el lunes 14 de mayo, se reunieron en el Edificio Anexo una diputada del FPV con amplia trayectoria en el tema, una diputada del MLS —perteneciente, en ese entonces, al interbloque FAP— y el jefe de bloque de la UCR junto con el presidente de la comisión de Legislación Penal (FPV) y el presidente (UCR), vicepresidente (FPV) y vicepresidente segundo y ex presidente (GEN-FAP) de la comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico. La reunión trascendió y fue nota en los principales medios de comunicación. Mientras que, su resultado, un primer “borrador de dictamen”, que contó con el visto bueno de todos los participantes, circuló únicamente entre un pequeño grupo de legisladores, asesores, periodistas, activistas y militantes.

Los proyectos presentados en la Cámara de Diputados y la propuesta enviada semanas atrás por el senador Aníbal Fernández eran dispares,[12] pero los puntos de acuerdo fueron varios. La audiencia pública y la MMM —se decía— habrían sido claves en este sentido ya que muchos diputados, antaño reacios a despenalizar la tenencia y el cultivo simple, ahora se mostraban permeables sino a suprimir al menos a enmendar los artículos correspondientes. En otras palabras, a incorporar, aunque fuera parcialmente, las principales demandas de los usuarios, punto determinante, por otra parte, para la existencia de un acuerdo entre las partes. La nueva redacción de los mencionados artículos, de la que participó activamente el equipo de trabajo de la revista THC —ya sea analizando borradores ya sea proponiendo, a través de uno de los legisladores presentes, aquellas enmiendas que consideraron pertinentes—, en concreto, invirtió la famosa “carga probatoria”. De modo que, de convertirse el “borrador” en ley, no sería más el acusado el encargado de probar que lo que tenía era para su consumo, sino la fiscalía la encargada de probar que la sustancia no era para su uso personal.

Por lo demás, el “borrador de dictamen” contemplaba la modificación del artículo 866 del Código Aduanero aplicado a las llamadas “mulitas” y proponía —teniendo en cuenta que la venta minorista constituye una actividad por la que se detiene, en general, a mujeres de bajos recursos y jefas de hogares monoparentales—, la baja en el mínimo de la pena en los casos de “tenencia para comercialización”. Del mismo modo, despenalizaba la “tenencia de semillas para consumo personal” y eliminaba las figuras de “entrega de estupefacientes a título gratuito”, “preconización o difusión pública” y “uso con ostentación y trascendencia al público” así como derogaba los artículos que, actualmente, reglamentan la aplicación de “medidas de seguridad curativa” y “educativa”, esto es, que judicializan la atención médica a los usuarios. Pero esto no es todo, ya que, el mismo día en que se delineó este primer boceto, también se agendó una próxima reunión “intercámara” para discutir el trámite parlamentario en el Senado y se fijó el 31 de mayo como fecha para comenzar a trabajar el borrador en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Prevención de las Adicciones.

En vistas a la presentación formal de un “borrador” consensuado, el 15 de mayo el presidente de la comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico se vio obligado a diferir la reunión de comisión prevista para el día siguiente, cuyo temario insistía con el tratamiento del reglamento de audiencias de la comisión y la convocatoria a la audiencia pública. De hecho, el viernes de esa semana, los autores del “borrador de dictamen” se reunieron nuevamente pero, esta vez, para hacer públicos los detalles del acuerdo. En adelante, texto en mano, restaba, únicamente, que cada uno de los diputados consiguiera el respaldo de la mayor cantidad de legisladores del propio bloque. La situación si bien era en apariencia favorable, aún no estaba saldada. Los autores del “borrador” contaban con el apoyo de sus jefes políticos pero no de toda la bancada. El plazo para concitar la adhesión de sus pares era la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Prevención de las Adicciones, tras la cual se debía contar con la firma de la mayoría de los diputados que las integraban para que el borrador deviniera dictamen. Para ello, ambos grupos debían escoger, de entre sus aliados, a un puñado selecto de oradores para que jurase en favor de su perspectiva en lo que se avizoraba era la contienda definitiva.

Los primeros en pronunciarse a favor de la reforma de la ley penal fueron un grupo de legisladores porteños del FPV, FAP, Proyecto Sur y Frente Amplio Popular, quienes escogieron hacerlo mediante un proyecto de declaración que recibió adhesiones de diputados nacionales (del FPV, UCR y un pequeño partido provincial) y fue presentado en una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Legislatura de la Ciudad. La oportunidad también fue aprovechada por el grupo de activistas que abogaba por la legalización y regulación del cannabis para mostrar su apoyo al debate; pero, sobre todo, para presentar su propuesta de reforma legal —esto es, el proyecto 52-P-2012—[13] elaborada junto a la Mesa Nacional por la Igualdad.[14] Las demás voces, no obstante, no tardaron en hacerse escuchar. Esa misma tarde, un usuario en un mensaje de texto me avisaba, “Se pasó [la reunión conjunta de comisiones] para el 3 y 4 de junio. Después te cuento por qué… ¡¡¡HAY DIARIO, HAY DIARIO!!! Pipa de la paz, acuerdo entre FAP, FPV y UCR”. Así, mientras me ponía al tanto de los cambios en la agenda parlamentaria, me adelantaba la tapa de la edición especial de la revista THC que estaría, la mañana siguiente, en los quioscos de diarios. Entretanto, en la Cámara de Diputados, la primera comunicación oficial de la Comisión, luego del acuerdo, fue una citación enviada por la Secretaría el 19 de mayo, invitando a los diputados a una reunión conjunta el 31 de mayo para debatir el tema de la “despenalización de estupefacientes para consumo personal”. Esta citación fue secundada, días después, por otra dirigida a los asesores de la comisión donde se les informaba que en su próxima reunión se tratarían las propuestas de expositores para la mencionada reunión conjunta del 31 de mayo.

El 24 de mayo, se llevó a cabo la reunión de asesores. El objetivo como explicó la asesora del presidente de la comisión era, en primer lugar, comentar a todos los asesores qué estaba pasando con la “despenalización”; y, en segundo lugar, avanzar en la organización de la reunión conjunta con invitados que reemplazaría a la audiencia y que, de acuerdo a las últimas novedades, se realizaría el 5 de junio en la Sala N° 1 del segundo piso del Anexo. A diferencia de una audiencia, en la “reunión con invitados —sintetizó— proponemos nosotros la lista de oradores”. De modo que, el resto de la reunión discurrió en una interminable propuesta de posibles expositores, entre ellos, ministros de salud y de seguridad, ministros de la CSJN, secretarios y ex secretarios de la SEDRONAR, miembros del Comité Científico Asesor, jueces, miembros de asociaciones civiles, CT, agrupaciones cannábicas, curas villeros, etc. La preocupación de los asesores que trabajan para diputados del grupo prohibicionista era si la reunión iba a estar “equilibrada”, si se iba a discutir sobre el proyecto “conjunto” y si podían participar diputados de otras comisiones. Como explicaron el jefe de piso de la Secretaría y un asesor con años de experiencia en la Cámara, el “conjunto” no era un proyecto, por lo que no se iba a discutir y los diputados de otras comisiones, tal como indicaba el reglamento de la Cámara, podían asistir y pedir la palabra pero no tenían voto.

La reunión concluyó con un pequeño debate sobre los proyectos de resolución que figuraban en el temario y la invitación de la asesora de la presidencia a acercar sugerencias en los días siguientes para terminar de armar un listado. Sin embargo, en los días siguientes los rumores de una posible modificación en el formato del debate crecieron y no se sabía a ciencia cierta cómo ni cuándo iba a desarrollarse, “no se sabe qué va a pasar ni cuándo va a ser porque el FPV quiere que hablen solo los notables”, me explicó uno de los empleados de la comisión. La oposición, en cambio, insistía con la participación de todas las organizaciones sociales. Finalmente, los diputados llegaron a un acuerdo: el 6 de junio hablarían los “notables” y el 7 lo harían las “asociaciones, ONG y representantes de organizaciones que trabajan esa temática” (Citación Secretaría, 1 de junio de 2012). Esa misma tarde, las agrupaciones cannábicas sacaron un comunicado en apoyo al “borrador de dictamen”,

Las organizaciones de usuarios y cultivadores de cannabis de Argentina, celebramos el avance del debate por la reforma de la Ley 23737 en la Cámara de Diputados de la Nación y pedimos nuevamente que la misma nos garantice a quienes usamos cannabis y lo cultivamos en nuestras casas, no ser más detenidos ni procesados penalmente hasta que logramos demostrar que lo que cultivamos y tenemos es para nuestro consumo. En este sentido, y si bien no dejamos de pedir por la regulación total del acceso al cannabis para sus diversos usos, hacemos público nuestro apoyo al proyecto de reforma acordado por los diputados Diana Conti (FPV), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Victoria Donda (FAP), en la medida en la que […] nos brinden la garantía de que no allanarán nuestros domicilios ni nos llevarán detenidos por tener o cultivar nuestra marihuana si primero no tienen pruebas de comercio. […] Asimismo, celebramos que en dicho acuerdo se termine con la criminalización del consumo en la vía pública (artículo 12) y se revierta la carga probatoria a la hora de penalizar la simple tenencia de drogas (artículo 14), […]. También creemos que es un avance la despenalización de la tenencia de semillas […]. Como organizaciones que defendemos los derechos hoy violados de un sector de la sociedad, pedimos que el Estado asuma su deber de trabajar para demostrar la existencia de un delito y deje de obligarnos a los ciudadanos a tener que demostrar nuestra inocencia con la excusa de la ineficiencia de las fuerzas policiales para reunir las pruebas de comercio que les corresponde. Somos ciudadanos usuarios de cannabis que reclamamos nuestro derecho a tener y cultivar la marihuana que consumimos sin que el Estado nos criminalice por ello (Comunicado de las organizaciones cannábicas de argentina, 1 de junio de 2012).

Se trató de la última expresión de apoyo a la reforma de la ley penal previa al inicio de los juramentos en la Cámara y firmada por todas las agrupaciones cannábicas.

La contienda final

Las reuniones, finalmente, tuvieron lugar el 6, 7 y 13 de junio del 2012.[15] La forma en que se condujeron estos encuentros, el uso del espacio, de la palabra y del tiempo no distó demasiado de la audiencia pública ni de los seminarios. Incluso, tratándose de la última de las contiendas tampoco difirió demasiado lo que dijeron los ponentes quienes, si bien se vieron duplicados en número, repitieron, en gran medida, los argumentos expuestos en las reuniones pasadas. Solo que esta vez, en sus juramentos, los miembros del grupo favorable a la despenalización apoyaron explícitamente el “predictamen” —como comenzaron a llamarlo—, haciendo, únicamente, pequeñas sugerencias o salvedades puntuales ligadas al área de experiencia o experticia del disertante. Mientras que los miembros del grupo prohibicionista, en lugar de atacar al “borrador de consenso de autores de proyectos”, como lo denominó el presidente de la comisión, optaron por concentrar sus esfuerzos en resaltar las deficiencias del actual sistema de atención de adicciones, sobre todo, para los sectores más vulnerables. Así, gran parte de sus oradores manifestaron que si bien no estaban, “en principio”, en contra de la despenalización, tampoco consideraban que era el momento “oportuno”.

Horas después de finalizada la última sesión de la reunión conjunta con invitados, el FAP anunció el apoyo del interbloque al acuerdo y el jefe de bancada de la UCR confirmó que la mayoría de los legisladores radicales votarían a favor de la iniciativa. Pero, pese a los esfuerzos y la visita del titular de la SEDRONAR a la reunión de bloque del 5 de junio, no ocurrió lo mismo en el FPV. El jefe del bloque mayoritario lo explicó en estos términos, “todavía no pudimos llegar a un despacho a favor, es un tema que necesita mucho debate; hay que debatirlo en todas las instancias y lograr que la sociedad entienda la diferencia entre despenalización y legalización” (THC, N° 52, 2012: 33). A ello, sin duda, colaboró la fuerte campaña mediática;[16] pero también el discurso del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien durante la fiesta religiosa de Corpus Christi advirtió a los jóvenes,

Que no les mientan. Que no los engañen. Que no les digan: “Llevala en el bolsillo, total ahora se puede, lo que no se puede es venderla”. La podés tener en el bolsillo y te la traen los ángeles del cielo… Hay gente que se dedica a corromper. No se enganchen con eso aunque les doren la píldora. Aunque les prometan mil cosas. Engánchense con Jesús. […] No les tengan miedo a los mercaderes de la muerte que acá, muy cerquita, están pensando cómo hacer que la muerte llegue de una manera razonable. Son los señores de la razonabilidad. Todo es razonable y Jesús es el Señor de la locura. Y los quiere locos por la vida. Y los quiere locos para que den vida a los demás, para que sean fecundos. Para que no terminen estrolados en una casa de salud […] Engánchense con Jesús y no le hagan caso a ninguno de estos mercaderes de la muerte. Que si les gusta que, la tomen ellos (Cardenal Bergoglio, 2012).

Los usuarios, de todas formas, no perdieron la esperanza, había rumores de una nueva reunión plenaria el 26 de junio. Por lo que ese miércoles las agrupaciones realizaron la primera de una serie de concentraciones en la puerta del Edificio Anexo para apoyar al acuerdo.[17] Pero lo cierto es que no tuvieron éxito. La reunión, de hecho, no se realizó. Es más, ese mismo día la Secretaría de Comisión envió una citación a la próxima reunión de asesores. El temario además de proyectos de resolución y los proyectos de “ludopatía”, incluía ocho proyectos de creación de un “plan nacional de adicciones”. Así, luego de más de dos años de debate, el grupo prohibicionista salía victorioso al lograr instalar, exitosamente, la idea de que para reformar la ley penal era necesario, primero, contar con un plan de atención de los consumos problemáticos. El debate en torno a la reforma penal se estancó y la discusión se trasladó a las comisiones de Prevención de las Adicciones, Salud y Presupuesto.

De los “derechos individuales” a los “derechos humanos”

Pese a haber perdido la batalla, el paso por el Congreso modificó, en gran medida, el activismo de los usuarios. Por un lado, gracias a la creciente publicidad que ganó el debate, las agrupaciones cannábicas se hicieron más conocidas e incorporaron nuevos miembros a sus filas; por otro lado, y más importante aún para los objetivos de este trabajo, el ingreso de los usuarios al debate parlamentario produjo un punto de inflexión en la forma en que estos activistas venían presentando sus demandas y que podemos resumir como un desplazamiento del lenguaje de los “derechos individuales” al de los “derechos humanos”. Este cambio, sin lugar a duda, se enmarca en una más amplia transformación en los procesos de demanda y reconocimiento de derechos que se inició con la incorporación de los tratados de derechos humanos a nuestro régimen constitucional y fue posible gracias al esfuerzo de traducción realizado por una serie de intermediarios —i.e., miembros de ONG— que han adaptado los preceptos ideados por los reformadores globales a lenguajes, contextos y relaciones de poder locales (De Sousa Santos, 1997; Fonseca y Cardarello, 2005; Merry, 2010; Segato, 2006). Pero también debe sus frutos al inédito apoyo de una seguidilla de gobiernos nacionales que, en poco más de diez años, aseguraron la expansión y consolidación de los derechos humanos en la arena política democrática; tanto que, inspiraron políticas, acciones y estrategias desplegadas por diferentes actores en los más diversos ámbitos.

El campo de las políticas de drogas no ha sido una excepción. Como señalamos en la Segunda parte, a fines de los noventa, con la expansión del VIH/Sida entre usuarios de drogas inyectables, y en línea con las políticas neoliberales de la época, ingresaron al país fondos de organismos internacionales orientados a usuarios de drogas ilegales. Con el dinero se financiaron dieciséis proyectos que abordaron la problemática del consumo de drogas desde un enfoque de “reducción de daños” respetuoso de los “derechos humanos”. De modo que, en nuestro país, fueron las asociaciones —y, en menor medida, las universidades nacionales— que ejecutaron estos proyectos, las primeras en definirse como respetuosas de la diversidad y de los “derechos humanos” de los usuarios. Desde entonces, las asociaciones de reducción de daños han planteado el llamado “problema de las drogas” en términos de “derechos humanos”. Lo han hecho tanto en los organismos regionales e internacionales como en sus proyectos institucionales, publicaciones, reuniones científicas y, más recientemente, en sus propuestas de reforma a la ley penal vigente (Intercambios, 2011).

Con todo, fue recién en el último quinquenio, ya instalado el debate en torno a la modificación de la Ley 23737 en la agenda pública, que los “derechos humanos” comenzaron a gravitar con mayor intensidad en el debate local. Mucho de esto tiene que ver con una serie de fallos de la CSJN donde los ministros advirtieron que la legislación en la materia resultaba contraria a los principios defendidos en los tratados de derechos humanos de los que nuestro país es signatario;[18] pero también con los documentos del Comité Científico Asesor,[19] la recientemente sancionada Ley de Salud Mental, el decreto de creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y otros documentos como la “Declaración de Magistrados de la República Argentina ante la reforma de la ley de estupefacientes” (2009) y las declaraciones de los “Magistrados Latinos sobre la Política Pública en Materia de Drogas y Derechos Humanos” de Roma (2011) y Oporto (2009), que insistieron en la necesidad de ajustar las políticas públicas de drogas a los principios suscriptos en dichos tratados.

Por su parte, los usuarios no permanecieron ajenos a este “giro en la política de drogas hacia la salud y los derechos humanos”. Es notorio como hasta hace pocos años atrás, en sus artículos periodísticos, marchas y copas cannábicas, defendían sus derechos y expresaban sus demandas en nombre de las libertades y derechos individuales amparados en el artículo 19 de la Constitución Nacional —definido nada menos que como su principal “caballito de batalla” (Corbelle, 2010). Mientras que, desde el ingreso del debate en torno a la reforma penal al ámbito parlamentario, han ido incorporando el concepto de “derechos humanos” en sus proyectos de ley, artículos, discursos y consignas, como dan cuenta las intervenciones de estos activistas cannábicos durante la reunión conjunta con invitados,

La Argentina es un ejemplo para el mundo en relación a la jerarquización y desarrollo de derechos humanos. Ejemplo de ello fue el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura cívicomilitar y la procura de la verdad, la memoria y la justicia. Es este el momento en que el espíritu de los tiempos nos desafía a buscar nuevas formas de regular la relación de nuestros pueblos con las sustancias psicoactivas. Es aquí donde la Argentina, en virtud del resurgimiento de la política y el acrecentamiento de la autoconciencia nacional, tiene la oportunidad histórica de idear y producir políticas de droga que den el marco a formas de relación más racionales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos (Activista cannábico, HCDN RCI, 2012)

Desde hace muchos años venimos esperando y buscando este debate. Entendemos que esto recién comienza. Estamos dando los primeros pasos dentro del nuevo paradigma de derechos humanos y reducción de daños que, podríamos decir, se instaló concretamente cuando la Argentina y Uruguay hicieron fuerza en común con esta postura en las Naciones Unidas en 2008 (Activista cannábico, HCDN RCI, 2012)

Entendimos prontamente que en una democracia que atraviesa por un momento histórico particular de reivindicación de los derechos humanos era necesario apropiarse de la construcción política de los derechos humanos de tercera generación. Así comenzamos a trabajar sobre la idea de que tener, usar y cultivar cannabis son derechos humanos (Activista cannábico, HCDN RCI, 2012)

Así, si bien las libertades y los derechos individuales continuaron —y aún continúan— ocupando un lugar central en la estructuración de sus demandas, fue el concepto de “derechos humanos” —en tanto valor moral y paradigma de justicia— el que les permitió a estos activistas traducir sus demandas y hacerlas susceptibles de ser apropiadas por legisladores y otros funcionarios. Mejor dicho, el que se erigió en el lenguaje político que estableció el campo en el cual, el diálogo entre legisladores, funcionarios, asesores y usuarios pudo desarrollarse. Un lenguaje que, lejos de ser coactivo se mostró, más bien, como parte de las estrategias que estos actores movilizaron para concitar apoyo a su perspectiva, volviéndolo blanco permanente de resignificaciones y disputas de sentido.

De este modo, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en este escenario, los usuarios se encontraron, por un lado, tejiendo alianzas con los legisladores; y, por el otro, sentando las bases de su autoridad y legitimidad así como de su experiencia y experticia para consagrarse como interlocutores válidos e ineludibles al momento de proponer soluciones y evaluar decisiones que se tomen en relación con la problemática de las drogas en general, pero particularmente en el proceso de modificación de la ley actual. Para ser reconocidos como interlocutores válidos y posicionarse en términos moral y políticamente positivos, invocaron el universo moral que vehiculiza la categoría de “usuario responsable”, y que hemos analizado en la Segunda parte. En cambio, para entablar alianzas con los legisladores, apelaron a los “derechos humanos”. Así las cosas, el ingreso al Congreso de la Nación, al tiempo que brindó una nueva vía para politizar este conflicto, supuso para los usuarios un cambio en sus formas de hacer política —sobre todo, en el modo de presentar sus demandas— que puede caracterizarse como un fino equilibrio entre proximidad y distancia, entre la edificación de fronteras y la construcción de alianzas con legisladores, asesores, funcionarios y organizaciones de la “sociedad civil”, con quienes no siempre acordaban.

Después del debate

A modo de corolario, no se puede dejar de mencionar que, en abril de 2014, el Senado sancionó el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan-IACOP). No obstante, el debate en torno a la despenalización de la tenencia y cultivo para consumo personal no se ha reactivado. Cierto es que hubo un intento de modificar la ley de drogas en el anteproyecto de reforma del Código Penal. Sin embargo, los artículos contenidos bajo el título “Delitos contra la seguridad pública” no han resultado ser una pieza sustancial del polémico intercambio de opiniones que ha despertado este intento de reforma penal. Por otra parte, iniciativas como la confección del Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas (2013) solicitado por la Cumbre de las Américas en 2012, la Declaración de Antigua de la Asamblea General de la OEA (2013) y la reciente legalización regulada del cannabis en la República Oriental del Uruguay (2013) tampoco lograron reavivar el debate. Ahora bien, esto no implica que desde entonces no se hayan producido cambios.

En lo que respecta al gobierno, no solo separó en 2014 las funciones de “control de la oferta” y “control de la demanda” de drogas, quedando la primera en manos del Ministerio de Seguridad y la segunda —esto es, la prevención, capacitación y atención a usuarios— a cargo de la SEDRONAR, sino que, en línea con la Ley de Salud Mental y el Plan IACOP, se crearon Puntos de Encuentro Comunitarios (PEC) y se lanzó el programa Recuperar Inclusión[20] desde el cual se planificó la creación de Casas Educativas Terapéuticas (CET) y Centros Preventivos Locales de las Adicciones (CePLA). Por su parte, desde la sociedad civil se lograron importantes avances en el plano internacional contribuyendo a la consolidación de una perspectiva regional respetuosa de los derechos humanos y favorable a la descriminalización de los usuarios y las políticas de “reducción de daños” que se fortaleció peticionando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[21] y que bregaron por que se viera reflejada en las reuniones de la Unión de Naciones Sudamericanas, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y, fundamentalmente, a través del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil, en la Sesión Especial sobre políticas de drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) 2016.

No obstante, lo cierto es que el documento final de la UNGASS, pese a que la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas y la mayoría de los países latinoamericanos pidieron por un cambio de paradigma, resultó para quienes ansían una reforma, cuanto menos, contradictorio: promueve los derechos humanos sin condenar la pena de muerte y un enfoque en salud sin hablar de políticas de reducción de daños. Con todo, se hizo hincapié en la flexibilidad de las convenciones abriendo el juego a las reformas locales, se apoyaron los programas relacionados con equipos de inyección, se reconocieron las consecuencias sanitarias del prohibicionismo, se alentó la supervisión de los lugares de tratamiento, se remarcó la importancia de la proporcionalidad de las penas, se puso por primera vez en relieve la “preponderancia del sistema de defensa de los derechos humanos por sobre las políticas de drogas” y se explicitó la “necesidad de correr el enfoque punitivo por uno de salud, que ponga a las personas en el centro”, lo que constituye un avance (BI, Nº 48, 2016).

Entretanto, a nivel local el tema de las drogas —más precisamente, el narcotráfico— ocupó buena parte de la campaña presidencial del 2015. Los principales candidatos, lejos de tratar el tema con la seriedad que merece, equipararon inseguridad a narcotráfico, presentaron a este como explicación última de toda violencia, hicieron de la lucha contra el mismo un slogan de campaña política y propusieron, frente a su “eminente avance”, medidas de carácter punitivo y sumamente regresivas como el aumento de penas, la intervención de las fuerzas armadas, el derribo de aeronaves y la constitución de fueros especializados y nuevas agencias federales y fuerzas policiales (CELS, 2016). Más aún, al poco tiempo de haber asumido, el nuevo gobierno declaró la “emergencia de seguridad pública”, caracterizando al narcotráfico como una amenaza para la soberanía y estableciendo un protocolo para que las Fuerzas Armadas derriben aeronaves sospechadas de transportar drogas. De ahí que no sorprenda que, en la UNGASS 2016 la Canciller argentina haya apoyado la política de “guerra contra las drogas”; así como tampoco lo hacen la presentación del acuerdo “Argentina sin Narcotráfico”,[22] la declaración de “emergencia nacional en materia de adicciones” ni las declaraciones alarmistas y xenófobas que ha hecho la ministra de Seguridad desde que asumió el cargo.

Frente a esta embestida, que amenaza con echar por tierra los avances logrados, la sociedad civil no se quedó de brazos cruzados y salió a defender sus conquistas. Así, días antes que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, lanzara “Argentina sin Narcotráfico” y en ocasión de los treinta años del fallo Bazterrica, se presentó en el Congreso Nacional la “Declaración de magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos”. Con todo, las últimas demandas de modificación de la ley de drogas se centraron, únicamente, en los usos medicinales del cannabis. En marzo del 2017, se sancionó la primera ley de cannabis medicinal de Argentina. La normativa reconoce las propiedades terapéuticas del cannabis, autoriza su cultivo para la investigación médica y/o científica, fomenta la producción de cannabis medicinal en laboratorios públicos, prevé la capacitación de los profesionales de la salud y el suministro de cannabis medicinal por el Estado. No obstante, no autoriza el autocultivo —principal vía de aprovisionamiento para los usuarios medicinales—, por lo que, tal como evidencian recientes detenciones, la situación de los cultivadores, pacientes y familiares ante la ley continúa siendo precaria.


  1. Esta conferencia, organizada anualmente desde 2003 por Intercambios para debatir las políticas públicas en materia de drogas, cuenta con la participación de especialistas, funcionarios y activistas.
  2. Allí, se contó con la opinión de familiares de usuarios, miembros de organizaciones de derechos humanos, legisladores, magistrados y otros funcionarios y ex funcionarios de reconocida trayectoria en la problemática.
  3. La necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de drogas fue debatida en las jornadas organizadas en 2008 por el Comité Científico Asesor y, nuevamente, en 2011, en el seminario “Desafíos de una política de seguridad para la democracia en Argentina” organizado por el Acuerdo de Seguridad Democrático. Esto eventos, se sumaron a la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas y a las Jornadas Nacionales de Reducción de Daños y Políticas Públicas en Drogas organizadas, anualmente, por Intercambios y ARDA. Además, en 2008, 2009 y 2010, miembros del Comité visitaron la HCDN.
  4. En aquellos casos en que el partido mayoritario no tiene el control de la presidencia, el vicepresidente adquiere mayor relevancia ya que es quien “toma la conducción de su bloque dentro de la comisión”.
  5. Siguiendo a Calvo y Tow (2009), se entiende aquí por capital político el grado de influencia que un diputado tiene sobre los miembros de su propio bloque aun sin poseer un cargo institucional. Este, en general, se encuentra ligado al tamaño y riqueza de la región a la cual pertenece, las relaciones que mantiene con el poder político de turno y la habilidad para establecer y consolidar alianzas mientras se desempeña en el cargo.
  6. Al encuentro asistieron familiares, consejeros en adicciones, operadores terapéuticos, profesores, médicos psiquiatras, trabajadores y psicólogos sociales y empleados de diferentes oficinas del Estado de la Provincia de Corrientes y Provincia y Ciudad de Buenos Aires así como representantes de las asociaciones civiles Honrando la Vida (Buenos Aires), Hay Otra Esperanza (Buenos Aires), Madres Guiando la Vida (Buenos Aires), A pesar de todo (Buenos Aires), María Rosa González contra el paco (Buenos Aires), Red Madres contra el Paco (Corrientes), Madres de la Plaza (Uruguay), Nuestra Señora de Luján (Córdoba), Aprendiendo a vivir (Santa Fe), Nazareth (Corrientes), Reencontrándonos (Tierra del Fuego), Solidaridad, luz y esperanza (Catamarca), Ser Libres (Uruguay), Padres Preventores de Necochea (Buenos Aires), Padres Preventores Las Varillas (Córdoba), Asociación Antidrogas de la República Argentina, Fundación vida, cultura y sociedad y Fundación Ayudar (Corrientes). Esta última, a cargo de la organización.
  7. Las audiencias públicas pueden ser organizadas únicamente si cuentan con la adhesión de la mayoría de los miembros de la comisión. Los seminarios, en cambio, no están previstos en los reglamentos de ninguna de las dos Cámaras; y, a diferencia de las audiencias, no poseen siquiera el status de evento de carácter consultivo.
  8. Ese año se eligieron, entre otros cargos, presidente de la Nación, diputados y senadores nacionales.
  9. Entre otras cuestiones, por no controlar el tráfico de efedrina proveniente de la India y exportada a México (Página/12, “Un ex canciller a la Sedronar” 30/12/2011). Posteriormente, fue procesado como “coautor partícipe necesario” de la importación irregular de 40 972 kilos del precursor químico.
  10. En marzo de ese año, representaron sus proyectos los diputados Conti (0075-D-2012 y 0083-D-2012), Donda Pérez (0175-D-2012); Puiggros, Segarra y Bianchi (0396-D-2012), Peralta, Milman, Linares, Duclos y Stolbizer (1826-D-2012) y Gil Lavedra, Garrido, Garnero y Alfonsín (0981-D-2012).
  11. El 16 de abril de 2012, la presidenta de la Nación decretó la intervención de YPF y envió al Congreso un proyecto proponiendo la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera. El 3 de mayo de 2012 el Congreso nacional aprobó el proyecto que recuperaba la petrolera nacional YPF.
  12. El proyecto del senador del FPV, si bien fue elogiado como un avance respecto a la actual normativa, fue también duramente criticado por los usuarios. La mayor parte de las críticas apuntaban a que, al no eliminar la figura de cultivo simple, seguía habilitando los allanamientos a cultivadores; y a que continuaba penalizando la tenencia y comercialización de semillas así como el “consumo con ostentación y trascendencia a terceros”.
  13. Toda persona o grupo, si así lo desea, puede presentar un proyecto de ley en el Congreso. Pero tanto los “proyectos particulares” presentados en Mesa de Entradas como cualquier otra petición de la ciudadanía necesita del impulso de algún legislador nacional para tener estado parlamentario.
  14. Este proyecto, proponía, entre muchas otras cuestiones, la legalización y regulación de la producción y consumo de cannabis para todos sus usos y la eliminación del cannabis de la lista de sustancias prohibidas.
  15. El 7 de junio se realizó en forma simultánea en el Salón Azul de la Cámara de Senadores la X Conferencia Nacional sobre Política de Drogas de la cual participaron diputados, jueces, funcionarios, profesionales de la salud, sacerdotes y activistas. Si bien la conferencia buscaba acompañar el debate, dejó la Sala del Edificio Anexo, donde se llevaba a cabo la reunión conjunta, bastante despoblada lo que fue utilizado por algunos medios para evidenciar la supuesta falta de apoyo a la iniciativa de reforma penal.
  16. En las semanas anteriores y posteriores a las reuniones conjuntas, los principales diarios publicaron noticias sobre el incremento del uso de drogas entre jóvenes, las carencias del sistema de atención, el secuestro de ingentes cantidades de droga, la expansión del narcotráfico, la tolerancia social, la falta de apoyo a la iniciativa de reforma penal y hasta un test de detección de consumidores de estas sustancias. Ver, diarios Clarín y La Nación entre los meses de abril y julio de ese año.
  17. De las primeras concentraciones participaron todas las agrupaciones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano. Con el paso del tiempo, la concurrencia fue mermando. En parte, porque los resultados no fueron los esperados. No obstante, una de las agrupaciones continúo concentrándose en la puerta del Edificio Anexo con el objetivo de concientizar transeúntes, visibilizar a la agrupación y conversar con los legisladores; y, poco tiempo después, se sumarían nuevas agrupaciones y una red de usuarios medicinales.
  18. Fallos “Tufano s/ internación” (2005), “R. M.J. s/insania” (2008) y “Arriola” (2009) de la CSJN.
  19. Nos referimos al “Primer Informe sobre políticas públicas en materia de drogas” (2008), a “La reforma integral a la ley de estupefacientes y la identificación de políticas sociales” (2009) y al “Documento oficial sobre los Usuarios de Drogas y las Políticas para su abordaje” (2009).
  20. Su objetivo era generar dispositivos integrales y gratuitos para la prevención, atención e inclusión social de las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático en condiciones de vulnerabilidad social a través del trabajo conjunto del Estado y la comunidad, asegurando el derecho a la salud y el goce de sus derechos humanos. Con el cambio de gobierno se unificaron en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial-DIAT.
  21. Se trata de la primera Audiencia Regional sobre políticas de drogas y derechos humanos celebrada en marzo de 2014. Allí las organizaciones solicitantes plantearon la necesidad de revisar el enfoque de las políticas de drogas vigente, teniendo a los derechos humanos y la reducción de la violencia como objetivos centrales.
  22. Se trata de un documento contradictorio que, por un lado, parte de metas imposibles como lo es la erradicación del narcotráfico y propone, para ello, viejas e inútiles recetas que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos; y, por otro lado, en lo que a la prevención y abordaje de consumos problemáticos se refiere, habla de políticas inclusivas e integrales focalizadas en las poblaciones más vulnerables, campañas preventivas que eviten “los estereotipos que profundizan la estigmatización”, “políticas de reducción de la demanda con estricto respeto a los Derechos Humanos” y de no criminalizar el consumo ni a los usuarios. Pero cierto es que sin una reforma legislativa estas propuestas son impracticables. Además, no se pronuncia respecto al lavado de dinero, formas alternativas de intervenir sobre los mercados de drogas, programas de reducción de daños ni la participación de las policías, la justicia y la política en las redes de ilegalidad (Ministerio de Seguridad, 2016).


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