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Introducción

Este libro trata sobre el modo en que diferentes grupos de usuarios de lo que usualmente se denomina mediante la categoría genérica “drogas”[1] se han organizado y manifestado en oposición al paradigma prohibicionista de intervención estatal vigente —que persigue, estigmatiza y criminaliza a los consumidores de sustancias psicoactivas ilegales— para exigir cambios en la legislación, en las modalidades de atención y tratamiento. En este sentido, se analiza la forma como estos activistas —en adelante, los usuarios[2] han politizado este conflicto entablando, a tal efecto, complejas relaciones con diversos actores y burocracias del Estado nacional. Pero también se analiza el modo como las políticas públicas en Argentina en materia de consumo y tenencia de drogas psicoactivas ilegales, que en gran medida han sido de carácter penal, se encarnan en las prácticas, rutinas y lógicas de funcionamiento de la institución policial y el poder judicial. Ello así porque, como se propone demostrar, las prácticas policiales y judiciales que esta normativa habilita, imprimen a las formas de hacer política de los usuarios un carácter particular.

En 2011, luego de décadas de reinado del paradigma prohibicionista, se comenzaron a debatir en el Congreso de la Nación una serie de proyectos de ley que proponían la descriminalización y cambios en las modalidades de atención a los usuarios de drogas. Esta oportunidad de repensar las formas de abordar este complejo problema social fue fruto del arduo trabajo de distintas organizaciones sociales, especialistas, académicos, asesores, políticos y funcionarios. No obstante, si bien es posible encontrar en el campo de las ciencias sociales un puñado de trabajos que exploran sucintamente los principales argumentos esgrimidos tanto por los defensores del prohibicionismo como por quienes anhelan un cambio de paradigma (Galante et al., 2012; Touzé, 2010; Touzé et al., 2012, entre otros), lo cierto es que el debate parlamentario aún permanece poco explorado.

Más bien, la mayoría de las investigaciones jurídicas, sociológicas y antropológicas que en Argentina abordan, desde diferentes perspectivas, el llamado “problema de la droga”, cuando no han estado orientadas a indagar sobre el consumo problemático de drogas psicoactivas en poblaciones marginales o sobre experiencias institucionales y dinámicas territoriales de cuidado, tratamiento y atención a usuarios (Epele, 2010 y 2012; Goltzman y Amorín, 2013; Kornblit, 2004; Rossi, Pawlowicz, y Zunino Singh, 2007; Pawlowicz et al., 2011; Touzé, 2006, entre otros), han revisado la normativa internacional, los efectos cuantitativos de las políticas públicas o bien los debates jurisprudenciales y doctrinarios presentes en los fallos de la Corte Suprema de la Nación (Corda, 2010 y 2011; Corda y Firsch, 2008; Cuñarro, 2010; Saín, 2009, entre otros). En cuanto a los trabajos etnográficos que analizan las rutinas y procedimientos de las fuerzas de seguridad y las burocracias penales que administran este conflicto; si bien existentes, son todavía escasos en la región (Policarpo, 2007 y 2008; Renoldi, 2004, 2007 y 2008). De modo que las modalidades de consumo, las políticas estatales en salud y seguridad, así como la forma en que estas se hacen carne y las consecuencias que tienen sobre determinados sectores de la población, parecen ser los grandes nudos temáticos que gobiernan, al menos, la producción académica local.

La investigación de la que es resultado este libro, en cambio, estuvo desde un comienzo interesada en otra cuestión. Podría decirse que la guiaban otras preguntas o que pretendía acercarse a este problema social desde otro ángulo: aquel de la historia reciente del activismo por los derechos de los usuarios y las estrategias que los diferentes actores, colectivos y grupos sociales pusieron en juego, tanto dentro como fuera del Estado, con el propósito de instalar la problemática en la agenda pública y el debate legislativo en el Congreso Nacional. El trabajo previo con grupos de usuarios no institucionalizados[3] contribuyó a que finalmente centrara la atención y, por consiguiente, el trabajo de campo en las formas de hacer política de un tipo de activista particular, los usuarios. En este análisis, el modo en que la institución policial y el poder judicial aplican la ley de drogas, ocupó un lugar central. Ello así porque, como adelantábamos al principio de esta introducción, dada la penalización encubierta del consumo —es decir, la penalización indirecta del consumo mediante la penalización de la tenencia— así como de todas las actividades a este relacionadas, la persecución policial y el hostigamiento que han sufrido las agrupaciones de usuarios hacen a la cotidianeidad de la lucha de estos activistas imprimiéndole un carácter particular.

De modo que, la investigación acabó orientada a indagar las acciones colectivas mediante las cuales los usuarios denuncian e impugnan las prácticas policiales y judiciales en gran medida arbitrarias y discrecionales de las que son objeto, desde la conformación de sus agrupaciones en la clandestinidad hasta la reciente inscripción de sus demandas en las rutinas, lógicas de funcionamiento y tramas político burocráticas del sistema legislativo nacional. Concretamente, esto implicó —más allá de reconstruir la historia de la legislación y una jurisprudencia generalmente acorde; de describir y analizar etnográficamente las formas en que, por un lado, se aplica la ley de drogas y, por el otro, diferentes agrupaciones de usuarios exigen y reclaman por lo que entienden son sus derechos— dar cuenta del encuentro entre diferentes mundos, entre diversas formas de hacer política y de las relaciones que entre ellos se establecen en el proceso de modificación de esta ley penal.

En línea con estas preocupaciones, la investigación que este libro presenta se inscribe dentro de una tradición etnográfica más amplia que acredita una larga trayectoria en el análisis de casos de violaciones a los derechos humanos y demandas de justicia en nuestro país (Pita, 2004 y 2010; Sarrabayrouse Oliveira, 2011; Tiscornia, 2004 y 2008; entre otros). Ello así porque, en sintonía con estos trabajos, se procura generar conocimiento no solo sobre los procedimientos, prácticas y lógicas de funcionamiento de las burocracias administrativas, legislativas y judiciales, sino además sobre las diferentes estrategias jurídicas y políticas que el activismo pone en juego, tejiendo complejas tramas de relaciones con las burocracias del Estado nacional. En definitiva, este trabajo se desliza entre diferentes mundos: el policial y judicial, el del activismo político de los usuarios y el del Poder Legislativo Nacional, puesto que comprender esta forma de activismo en toda su complejidad supone no solo adentrarse en el mundo de los usuarios sino también comprender la forma en que se aplica la ley de drogas y el modo en que sus demandas ingresan al ámbito parlamentario nacional.

En relación a este último punto, es importante aclarar que el debate parlamentario en torno a la reforma de la actual ley de drogas aún no se ha saldado. En los últimos años pueden distinguirse tres grandes debates en el Congreso de la Nación que, pese a tratar aspectos y centrarse en artículos diferentes de la normativa, se encuentran inextricablemente ligados: el debate que tuvo lugar entre 2011 y 2012 en la Cámara de Diputados a partir de una serie de proyectos que proponían una reforma integral de la Ley 23737 —o ley de drogas—, pero que se concentró en el tema de la “despenalización” y descriminalización de los usuarios; el debate en torno a la creación de un plan de atención de consumos problemáticos (2012-2014) que culminó con la sanción en el Senado del Plan Integral de Abordaje de los Consumos Problemáticos (IACOP); y el más reciente debate por la despenalización de los usos medicinales de cannabis (2016-2017) que dio lugar a la Ley 27350. Este libro, si bien se han seguido atentamente todos los intentos de reforma, se centra en el primero de estos debates.

A continuación, expongo algunas coordenadas teóricas que fueron guiándome a lo largo de la investigación y permitiéndome navegar tejiendo redes entre estos mundos que, si bien disímiles, se presentaban permanentemente interrelacionados.

Sobre la aplicación de la ley de drogas

Desde 1926 hasta la actualidad, salvo el quinquenio 1968-1973, las políticas públicas en Argentina en materia de consumo y tenencia de drogas han sido políticas penales que han criminalizado a los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales (Capítulo 1). Es más, actualmente, la mayor parte de las causas penales iniciadas por infracción a la ley de drogas, a pesar de la multiplicidad de artículos que la normativa posee, recaen sobre los consumidores de estupefacientes. Esta clase de procedimientos se originan en la vía pública y se encuadran en acciones de “prevención policial” o bien involucran a personas que, según las fuerzas de seguridad, son detenidas en el acto de consumir, por lo que se llevan adelante sin orden judicial (Capítulo 2). Una vez que los casos ingresan a la justicia, se transforman en causas que transitan por diversos caminos de acuerdo a la clase social y estilo de vida de la persona detenida. Así, prisiones preventivas en dependencias no habilitadas, que acaban en suicidios en celdas supuestamente vigiladas, terminan de completar un panorama más vasto en donde los “sobreseimientos”, las tareas comunitarias y las “medidas de seguridad curativas” son solo parte del repertorio de disposiciones y sanciones diferencialmente aplicadas (Capítulo 3).

Existe, además, una gran cantidad de detenciones que nunca se consuman y, por ende, no ingresan al sistema judicial. Estos procedimientos permanecen enteramente bajo la discrecionalidad policial. Frente a consumidores de clase media, el encuentro suele suponer una advertencia sin mayores consecuencias y, en ocasiones, revestir la forma de una negociación o arreglo. Mientras que, en barrios pobres y frente a consumidores más vulnerables, se registran con frecuencia actitudes más violentas (Capítulo 2). Allí, las detenciones suelen ir acompañadas de maltratos y humillaciones cuando no derivan en cacheos, requisas, insultos y golpes (CELS, 2013 y 2016). En pocas palabras, la actual ley no solo penaliza la “tenencia de drogas para consumo personal” e impone a los llamados “adictos” un tratamiento obligatorio a modo de castigo encubierto; sino que, además, habilita toda una serie de prácticas policiales y judiciales, en gran medida arbitrarias y discrecionales, que vulneran los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales a circular libremente, a acceder al sistema de salud, pero también a elegir un estilo de vida, y hacer libre uso del propio cuerpo sin ser detenidos o terminar con una causa penal.

Esta forma de abordar el problema ha estado desde sus inicios emparentada con las políticas estadounidenses que, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, hicieron del consumo de determinadas sustancias una acción moralmente inaceptable asociada al delito y la enfermedad. Pero también ha estado definida por su conformidad con una profusa normativa internacional que continuamente respaldó los esfuerzos punitivos del país del norte (Del Olmo, 1989; Henman, 2009; Thoumi, 2009), ha repercutido en la región (Del Olmo, 1991; Romaní, 2012; Tokatlian, 1989) y en nuestro país en particular (Minyersky y Vázquez Acuña, s/d; Zaffaroni, 1996). Ahora, si bien es interesante analizar los complejos procesos transnacionales mediante los cuales el llamado “problema de la droga” se ha construido como “amenaza global”, lo cierto es que, como ya ha señalado Geertz (1994), el derecho es, fundamentalmente, un oficio del lugar.

Este trabajo se trata, entonces, de una etnografía que partiendo de la tradición jurídica —esto es, de los procedimientos, las reglas, los valores y determinados modos de construir “verdades jurídicas”— de nuestro sistema judicial así como de ciertas formas vernáculas que adquiere el ejercicio del poder policial, ambas de raigambre inquisitorial (Berman, 1996; Kant de Lima, 2005; Tiscornia, 2004 y 2008),[4] pretende comprender las características que adquiere, en nuestro país, la administración de este conflicto de escala mundial. Ello así porque es en el accionar selectivo y discrecional propio de las instituciones policial y judicial donde estas políticas prohibicionistas se “hacen carne” y se pone de manifiesto que no se dan en el “vacío”, sino que tienen por objeto a sectores de la población que son perseguidos y criminalizados por ser considerados portadores de una especie de “estado de peligrosidad” que se debe neutralizar en defensa de la sociedad (Tiscornia, 2007).

Con todo, esto no debe llevarnos a pensar que los consumidores son sujetos pasivos, meros objetos de la violencia policial. Por ello, si bien es importante dar cuenta de la persecución policial y la criminalización, de las repercusiones que este paradigma represivo tiene sobre el precio, calidad y formas de adquisición de estas sustancias y toda otra serie de impactos negativos vinculados a la estigmatización y desaprobación social, que obturan las posibilidades de los usuarios de conseguir empleo y acceder al sistema de salud. Igualmente, lo es el hecho de que, como se alcanza a apreciar en algunas etnografías locales, los consumidores de las más variadas sustancias y diversa extracción socioeconómica han podido desarrollar estrategias —por más precarias que sean— para enfrentar, o bien reducir, los riesgos y costos de la prohibición (Corbelle, 2010; Epele, 2010). Es más, como veremos, estas prácticas lejos de ser simplemente experimentadas, padecidas y evadidas por los consumidores, son también pensadas, simbolizadas, resistidas y denunciadas por quienes a través de la protesta organizada se han convertido en un tipo particular de activista, los usuarios.

Sobre la lucha de las agrupaciones de usuarios

El campo de lucha por los derechos de los consumidores de drogas al que pertenecen los usuarios está conformado por numerosas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.[5] Algunas de ellas, orientadas a la investigación, prevención y asistencia de los consumidores de estas sustancias, cuentan entre sus miembros con especialistas en salud, derecho, psiquiatría, trabajo social y psicología. Otras han sido creadas por familiares de usuarios de drogas, usuarios y demás activistas. Cierta parte está a favor de la descriminalización de los usuarios, mientras que otra defiende el modelo prohibicionista. Así, durante el trabajo de campo documenté la existencia de organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles que abogan por la “reducción de daños”, agrupaciones de usuarios, redes de familiares y comunidades terapéuticas (CT) —i.e., centros asistenciales— religiosas y laicas.

En lo que respecta a los usuarios, estos activistas comparten demandas y, en ocasiones, espacios de debate y modalidades de protesta con otras organizaciones que, al igual que ellos, hace años trabajan en pos de la descriminalización de los consumidores. Me estoy refiriendo, sobre todo, a las organizaciones de derechos humanos y a las asociaciones civiles que abogan por la “reducción de daños”. De cualquier forma, y pese a estas semejanzas, nos encontramos ante disímiles formas de hacer política. Como ya ha sido señalado en otras oportunidades, la cotidianeidad de los sujetos que luchan, las interacciones que los activistas mantienen con las burocracias del Estado nacional por fuera de los momentos de protesta, así como los diferentes modos de expresar demandas, concitar adhesiones y construir autoridad, hacen a la particularidad de cada colectivo (Grimberg, 2009; Manzano, 2004 y 2013; Pita, 2010).

En el caso de los usuarios, la ilegalidad del consumo de drogas y las actividades a este relacionadas imprime a su lucha un carácter, sin duda, específico. Desde un inicio, sus agrupaciones y actividades han sido blanco permanente de persecución policial viéndose forzadas a permanecer en la clandestinidad (Capítulo 4). Mientras que amplios sectores de la sociedad han impugnado el derecho de estos activistas a proponer y tomar decisiones en lo que concierne a la modificación de ley de drogas. Así, a diferencia de otras organizaciones de la sociedad civil, la lucha de los usuarios por los derechos de los consumidores de sustancias psicoactivas ilegales no consiste simplemente en una lucha por la modificación de una ley “por injusta, poco humana e ineficaz”. Más bien, supone formas particulares de experimentar, pensar, resistir y denunciar el poder de policía, la violencia de Estado y el funcionamiento de la justicia penal a través de un largo camino que se inicia en la clandestinidad y pretende conquistar, paso a paso, el derecho de los consumidores a circular libremente, acceder al sistema de salud, elegir un estilo de vida y hacer libre uso del propio cuerpo; pero también a ser reconocidos como interlocutores válidos, como sujetos políticos plenos con el derecho a organizarse, manifestarse, protestar y demandar por lo que entienden son sus derechos.

El concepto de “usuario responsable” ocupa, en este sentido, un lugar central en la praxis política de los usuarios. Su fuerte carga moral —asociada a la “experiencia”, al “saber” y, fundamentalmente, a la “responsabilidad”— se ha mostrado como una herramienta eficaz para posicionarlos en lo que entienden son términos moral y políticamente positivos; y, de esta forma, aumentar sus posibilidades de generar empatía, legitimarse en tanto activistas y concitar adhesiones entre los miembros no consumidores de la sociedad. Así, la fertilidad del universo moral que vehiculiza este concepto —y del que estos activistas intentan abrevar su legitimidad— explica, casi por sí solo, el trabajo simbólico (Willis, 1990) que los usuarios se esfuerzan por realizar para que este aparezca estratégicamente reflejado en las consignas, discursos y acciones de denuncia, demanda y concientización que despliegan en el espacio público tanto como en el Congreso de la Nación (Capítulo 5). Por ello es que, siguiendo a Pita (2010), aquí se trabaja este concepto como una “categoría nativa con valor político”. Esto es, una categoría que comunica la existencia de un tipo particular de activista; es decir, una posición diferencial dentro de este campo de protesta social.

Ahora bien, afirmar la centralidad de la categoría de “usuario responsable” en la praxis política de estos activistas, no supone entender que los sentidos que se articulan en torno al universo moral que vehiculiza estén exentos de conflictos y contradicciones. Como advierte Balbi (2011), las orientaciones morales pueden tomar formas reflexivas. En este sentido, analizar la categoría de “usuario responsable” en tanto universo moral de sentidos indefinidos posibilita considerar la dimensión conflictiva que le es inherente. Es decir, permite entender esta categoría como un escenario de disputas —más prácticas que discursivas— en donde los diferentes sentidos que le son atribuidos funcionan como herramientas que las diversas agrupaciones ponen en juego para justificar disímiles estrategias y acciones políticas. Sin embargo, como veremos, estos desacuerdos y enfrentamientos no traen una ruptura en los vínculos. Ello se explica, fundamentalmente, por el contexto más amplio de persecución policial y criminalización en que se enmarcan estos conflictos. En este sentido, como ya señalé anteriormente, atender a la cotidianidad de los sujetos que luchan y no solo a sus demandas y acciones de protesta permite reponer aspectos fundamentales que hacen a las formas de hacer política. En este caso, es imperativo comprender que dado el carácter ilegal del consumo de drogas y todas las actividades a este relacionadas, para estos activistas —por más desavenencias que haya— otro usuario es, si no un “amigo, sí al menos un “conocido”, “alguien en quien se puede confiar”. De ahí que las relaciones de “confianza” y “amistad” ocupen un lugar central en la praxis política de estos activistas.

Con todo, las relaciones de “confianza” y “amistad” no son privativas de los usuarios sino que se extienden al “mundo de los consumidores” en general. No debe extrañarnos, entonces, que las relaciones de amistad y camaradería entre los consumidores de cannabis (Becker, 1963; Goode, 1970; Kandel, 1974; Zimmerman y Wieder, 1977), cocaína y opiáceos (Curtis et al., 1995; Friedman et al., 1999; Grund et al., 1996; Neaigus et al., 1994), entre otras sustancias, hayan sido analizadas por varios autores. Mientras que otras tantas investigaciones hayan destacado el papel que desempeña la amistad en el suministro no comercial y la venta al por menor de sustancias ilícitas (Coomber, 2006; Goode, 1970, Grillo, 2008; Langer, 1977; Taylor y Potter, 2013).[6] La mayoría de estos trabajos, empero, en lugar de preguntarse por los sentidos que los usuarios confieren a términos como “amigo”, “conocido” o “compañero”, los toman como un mero dato que confirma la existencia de relaciones que implican alguna clase de intercambio. De esta forma, no solo se da por sentado una serie de actitudes, expectativas, sentimientos, emociones, derechos y obligaciones; sino que se invisibilizan desigualdades, jerarquías, reciprocidades y estrategias de supervivencia y abastecimiento (Belackova y Vaccaro, 2013; Bourgois, 1998; Corbelle, 2010).

Preferimos entonces en este trabajo analizar las relaciones de “confianza” y “amistad” que tejen los usuarios a partir de una relectura del intercambio de dones propuesto por Mauss (1979), lo que permite apreciar en toda su complejidad la forma en que se configura la trama de relaciones entre estos activistas (Capítulo 5). Ello así porque, desde esta perspectiva, el intercambio aparece como hecho social total —que supone no solo el intercambio de bienes y riquezas sino también, entre otras cosas, de favores, placeres, penas, hospitalidad, conversaciones, historias y secretos (Mauss, 1979; Pitt-Rivers, 1992)— y como elemento creador de relaciones sociales; pero también como un fenómeno de carácter ambiguo (Mauss, 1979) que instaura una relación de superioridad/solidaridad (Godelier, 1998), diferentes expectativas de retribución vinculadas a la distancia social —que se expresan en términos tanto de tolerancia en relación al grado de desequilibrio entre lo ofrecido y lo devuelto (Sahlins, 1983) como a la demora temporal (Bourdieu, 2007)—, que establece una coerción moral y se encuentra ligado a pretensiones de prestigio (Sigaud, 1996 y 1999).

En resumidas cuentas, como se irá develando a lo largo del trabajo, entender la particularidad de las formas de hacer política de los usuarios supone advertir que no solo se trata de una lucha por el reconocimiento de los derechos de los consumidores de sustancias psicoactivas ilegales a acceder al sistema de salud, circular libremente y elegir un estilo de vida, sino también de una lucha para ser reconocidos como sujetos políticos plenos. Esta particularidad —afirmo— se condensa en la categoría de “usuario responsable”. Sin embargo, considerar la categoría de “usuario responsable” como el eje central de la praxis política de estos activistas no implica desconocer que la misma sea un permanente escenario de disputas ni que, dado el carácter ilegal del consumo de drogas y todas las prácticas y actividades a este relacionadas, la continuidad de su lucha dependa, en última instancia, de la existencia de lazos de “confianza” y “amistad”, que anudan la trama de relaciones entre los usuarios desde la conformación de sus agrupaciones en la clandestinidad hasta su actual participación en el debate que se desarrolla en el Congreso Nacional.

Sobre el ingreso de los usuarios al debate parlamentario

Hacia fines de la década del 2000, la lucha y arduo trabajo de distintas organizaciones de la sociedad civil, orientadas a la promoción de los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales, hicieron posible la inclusión del debate en torno a la reforma de la ley de drogas en la agenda pública. Poco tiempo después, la discusión se reflejaba en reuniones científicas, programas de televisión y charlas abiertas en universidades así como en discursos políticos, fallos judiciales y numerosos proyectos de modificación de la Ley 23737 presentados en el Congreso de la Nación. Tanto quienes estaban en contra de la reforma —esto es, CT, miembros de iglesias católicas y evangelistas y algunos familiares de usuarios de drogas— como quienes apoyaban el cambio de paradigma —ONG como Intercambios Asociación Civil y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), organizaciones de derechos humanos, otros familiares y los usuarios— participaron activamente del debate parlamentario, ya sea en la redacción de proyectos o a través de sus disertaciones en los espacios deliberativos a los que fueron invitados. Sin embargo, el Poder Legislativo Nacional no siempre estuvo abierto a esta posibilidad.

Hasta hace unos años, en nuestro país, los únicos métodos y estrategias viables de incidencia política en este campo eran, en el mejor de los casos, las esporádicas reuniones con funcionarios, las demandas judiciales, la generación y divulgación de investigaciones, el diseño de campañas educativas, las opiniones vertidas en medios de comunicación y la organización de congresos, jornadas y manifestaciones. Fue la crisis económica, social y política en que se sumergió Argentina en el cambio de milenio (Arcidiácono, 2008; Schuster et al., 2005; entre otros), la que puso en marcha la modificación de este escenario político institucional que claramente limitaba las posibilidades de intervención y participación de las organizaciones de la sociedad civil en diversas agencias y organismos del Estado. El escepticismo generalizado respecto a las instituciones estatales hacía de la transparencia y accountability temas políticos prioritarios presentes en el discurso y la acción de diferentes ONG. Mientras que, por otro lado, desde las instituciones políticas y jurídicas interesadas en generar un nuevo vínculo con la sociedad se impulsaban reformas tendentes a otorgar mayor transparencia y participación al público en el proceso de toma de decisiones (Barrera, 2012).

El Congreso de la Nación no permaneció ajeno a esta situación. Tras el escándalo por el pago de sobornos en el Senado para la sanción de la ley de reforma laboral,[7] aspirando fortalecer la institución, a lo largo de la primera década del 2000, se llevaron adelante diversas reformas a los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores destinadas a mejorar la gestión administrativa y parlamentaria, otorgarle mayor transparencia, garantizar el acceso a la información y consolidar espacios de participación ciudadana. El debate en torno a la modificación de la ley de drogas formó parte de esta transformación y desde su inicio, a principios del 2011, en la Cámara de Diputados de la Nación no solo se redactaron proyectos de ley en conjunto con organizaciones sociales, se enviaron borradores de dictamen para que estas mismas organizaciones los sometieran a su consideración, se otorgaron entrevistas y se recibió a activistas en oficinas y despachos; sino que también se organizaron audiencias públicas, seminarios y reuniones de comisión con invitados para fomentar la participación de la ciudadanía en la discusión.

Ahora bien, a pesar de la creciente incidencia de la sociedad civil en el diseño y debate de políticas públicas en el ámbito parlamentario y de la existencia de un corpus importante de estudios sobre el parlamento y los debates parlamentarios producto, principalmente, del trabajo de sociólogos y politólogos (Alemán y Calvo, 2008; Calvo y Sagarzazu, 2011a y 2011b; Calvo y Tow, 2009; De Riz, 1989 y 1994; Jones et al., 2002; entre otros); las etnografías que han abordado el sistema legislativo son todavía escasas (Abélès, 1992 y 2000; Crewe, 2005 y 2015; Crewe y Müller, 2006; Teixeira, 1997 y 2004; Weatherford, 1985) y no analizan el ingreso de la sociedad civil a este ámbito. Aun así, la creciente intervención de las organizaciones sociales en el debate es difícil de ignorar: ha generado cambios en las formas en que empleados parlamentarios, asesores y legisladores conciben, orientan y valoran su trabajo, en las características de las iniciativas presentadas y en la rutina parlamentaria cotidiana. Pero también ha conllevado una modificación en las formas en que se hace política en este escenario institucional. Comprender el modo en que las demandas de los usuarios se inscriben en este espacio requiere, entonces, poder dar cuenta, en primer lugar, de los cambios que supuso el ingreso de la “sociedad civil” en las formas de trabajo y de hacer política propias del Congreso Nacional (Capítulo 6). Para luego, poder señalar las estrategias que estos activistas han tenido que saber desplegar para lograr que sus demandas sean susceptibles de ser incorporadas en las rutinas, lógicas de funcionamiento y tramas político burocráticas del sistema legislativo nacional (Capítulos 6 y 7).

Para concluir este apartado, por el momento diré que es en la yuxtaposición de dos conflictos disímiles pero contemporáneos, uno de carácter político y otro identitario, que deben enmarcarse las formas de hacer política de los usuarios dentro de este escenario. En este sentido, el modelo de establecidos y outsiders —propuesto por Elías y Scotson (2000) y luego repensado por Noel (2011)— ha resultado sugerente para pensar el conflicto identitario que se desata entre los actores socialmente legitimados para redactar y discutir proyectos de ley: legisladores, asesores y funcionarios —los establecidos— y la demanda de las diferentes organizaciones de la sociedad civil —los outsiders— de ser reconocidas como interlocutores válidos (Capítulo 6). Mientras que la discusión política que se va desarrollando en las diferentes etapas del debate parlamentario, entre quienes están a favor y en contra de modificar la ley de drogas, propongo conceptualizarla como una serie sucesiva de juicios por juramento colectivo (Capítulo 7). En la medida en que este instrumento analítico nos permite corrernos del análisis de los argumentos políticos, médicos y/o jurídicos esgrimidos y, en cambio, poner de relieve las alianzas, acciones políticas y estrategias de cabildeo que los legisladores y organizaciones sociales despliegan para concitar apoyo a la propia perspectiva.


La tesis del trabajo propone entonces, demostrar, por un lado, cómo en nuestro país las políticas públicas en materia de drogas se engarzan con determinadas formas de hacer policiales y judiciales, habilitando toda una serie de prácticas que estigmatizan, persiguen y criminalizan a los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales. Y, por otro lado, propone demostrar cómo los usuarios se han organizado para impugnar y denunciar estas prácticas, en gran medida arbitrarias y discrecionales, demandando un cambio en la legislación penal, para luego dar cuenta del modo en que estas demandas se inscriben en las rutinas, lógicas de funcionamiento y tramas político burocráticas del sistema legislativo nacional. El interés de este trabajo reside en que analiza las formas en que un grupo de activistas ha politizado el poder de policía y la violencia estatal desde la conformación de sus agrupaciones en la clandestinidad hasta la inscripción de este conflicto, que atañe al accionar policial y al funcionamiento de la burocracia judicial, en la arena legislativa nacional.

Las tres partes de las que constará este trabajo se relacionan estrechamente con el hilo argumentativo que acabamos de esbozar. Es decir, que la forma de organizar la presentación no supone la existencia de ámbitos aislados; sino que, antes bien, descansa en la interrelación del mundo policial y judicial, del mundo del activismo político de los usuarios y del mundo del sistema legislativo nacional. La Primera parte, titulada La aplicación de la ley de drogas: detenciones policiales y procesamientos judiciales, se presenta en tres capítulos. El primero de ellos reconstruye brevemente la historia de la construcción del “problema de la droga” en Argentina (Capítulo 1). En el segundo capítulo, se analizan las prácticas de las fuerzas de seguridad en materia de drogas, en especial de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, así como una serie de políticas públicas que han ido modificando o superponiéndose a su accionar. Me refiero, a la creación de la Policía Metropolitana y a la más reciente decisión del Ministerio de Seguridad de desplazar a la Policía Federal de determinados territorios del sur de la Ciudad reemplazándola por Prefectura y Gendarmería Nacional (Capítulo 2). Para terminar, en el último capítulo se analiza la forma en que los operadores judiciales de la Ciudad de Buenos Aires aplican la ley de drogas (Capítulo 3). En estos dos últimos capítulos analizamos, asimismo, las estrategias elaboradas por los usuarios —en especial, por los activistas cannábicos— para hacer frente a estas prácticas policiales y judiciales.

La lucha de los usuarios: de la clandestinidad al debate parlamentario es el título del eje que organiza la Segunda parte. Aquí se procura, en primer lugar, reponer la historia de la conformación de las agrupaciones de usuarios desde las primeras “movidas políticas” a mediados de la década de los ochenta hasta la actual consolidación de un activismo, mayoritariamente, “cannábico” (Capítulo 4). Para luego, a partir de la categoría de “usuario responsable”, adentrarnos en las formas en que hacen actualmente política. Nos detendremos, especialmente, en diferentes actos de protesta que despliegan en el espacio público y en otro tipo de acciones colectivas destinadas a “normalizar el consumo” y brindar información a la sociedad. Ello así porque poner el foco en estas acciones nos permite dar cuenta de los modos en que el universo moral que vehiculiza la categoría de “usuario responsable” aparece reflejado en las mismas; pero también de las disputas de sentido que se dan en relación a esta categoría, tornándola en una herramienta que las diferentes agrupaciones ponen en juego para justificar disímiles estrategias y acciones políticas. Por último, se exponen las formas en que los usuarios concitan adhesiones entre sus pares, sostienen la lucha y expresan su compromiso con la misma (Capítulo 5).

La tercera y última parte que compone este libro, titulada Activismo político, parlamento y ritual, comienza delineando las características del funcionamiento y las lógicas político-burocráticas del sistema legislativo nacional para luego adentrarnos en las modificaciones que ha implicado el ingreso de la sociedad civil al ámbito parlamentario. Habiendo presentado estos cambios es que, entonces, se procura develar las alianzas y estrategias de cabildeo que los usuarios han sabido desplegar para inscribir sus demandas en este escenario institucional (Capítulo 6). Para ello, resulta indispensable delinear las relaciones que estos activistas entablaron con los legisladores y otras organizaciones de la sociedad civil que, como ya señalamos, se enmarcan en dos conflictos disímiles pero contemporáneos: uno de carácter político (Capítulo 7) y otro identitario (Capítulo 6). El análisis de la dinámica que imprimen ambos conflictos a las formas de hacer política de los usuarios es el principal objetivo de los dos capítulos que componen la Tercera parte. En este sentido, se analizan en particular los espacios a los que estos activistas fueron invitados a participar así como toda otra serie de acciones que desplegaron por fuera de estos “espacios ceremoniales” para construir alianzas y conseguir adhesiones. Esta parte concluye en un epílogo titulado Después de la tormenta: Breve derrotero del movimiento por la regulación del cannabis en Argentina entre 2012 y 2017 en donde Sebastián Basalo analiza los principales cambios que han tenido lugar, luego del debate parlamentario, en el movimiento cannábico argentino.

Sobre los modos en que se hizo la investigación

Al decir de Marcus (2001), esta investigación “siguió a las personas”.[8] Navegó entre el mundo policial y judicial, el de los usuarios y el del Poder Legislativo Nacional. Ello así porque se comprendió que para entender esta forma de activismo había que adentrarse en los territorios, temporalidades, lenguajes, racionalidades, moralidades y lógicas específicas del mundo de los usuarios, pero también en aquellos propios del ámbito policial, judicial y parlamentario. En ocasiones, esto supuso centrarme en las prácticas de los usuarios; en otras, describir las formas de hacer y las rutinas cotidianas de diferentes funcionarios y empleados de las burocracias del Estado. Lo que sin lugar a duda requirió esta circulación permanente es la habilidad de poder adoptar identidades múltiples. Así, en ocasiones, se es etnógrafo; en otras, activista; pero también se puede ser, simplemente, público. Para algunos, conocedor de las leyes y de los mecanismos parlamentarios; para otros, una especie de intérprete de las demandas de los usuarios. Sin embargo, esta versatilidad no debe confundirse con perspectivas y valoraciones personales cambiantes. Al contrario, se trata más bien de poder sostener la presencia en esos múltiples espacios desde un lugar “no neutral” con las dificultades y ventajas que ello trae aparejado (Tiscornia, 2008).

En este caso, el lugar “no neutral” estuvo dado por mi posicionamiento a favor de la descriminalización de los usuarios pero, fundamentalmente, por mi estrecha relación con algunas agrupaciones de usuarios y, como decíamos, presentó sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, el vínculo con los usuarios me facilitó el acceso a espacios e información que de otro modo no hubiese podido obtener, aunque ello me obligara a ser cautelosa con el manejo de la información y documentación que me era proporcionada. Discreción que era, en ocasiones, explícitamente demandada. Pero, por otra parte, esta situación me dificultó (cuando no me impidió) entrevistar a otros actores que participaban del debate parlamentario. Pese a que el grado de exposición pública que tuve fue bajo y, a diferencia de muchos de los actores, permanecí al menos al inicio de la investigación en gran medida en el anonimato, no hubiese podido aprovechar esta condición para acercarme a quienes, al defender el paradigma prohibicionista, estaban parados en la vereda contraria. La relación con los usuarios generaba una especie de “prohibición tácita” que únicamente se hubiera visto relajada a condición de haber obrado como informante, una posición nada deseable y muy delicada.

En definitiva, si mi vínculo con estos activistas obturó la posibilidad de trabajar con otros actores que tenían injerencia en el debate, al mismo tiempo me permitió ganar en profundidad analítica y descriptiva en lo que hace a la comprensión de sus formas de hacer política. Pero además, signó la forma en que el mundo policial y judicial, el del activismo político de los usuarios y el del Poder Legislativo Nacional fueron explorados. De más está decir, ni con la misma intensidad ni mediante un conjunto uniforme de prácticas de campo (Marcus, 2001).

De fojas, audiencias y pasillos

La institución policial y el poder judicial son ámbitos para mí conocidos pero, al mismo tiempo, extraños. Es decir, aunque ya hace varios años que vengo realizando investigaciones en el campo de las prácticas de los agentes policiales y los operadores judiciales que trabajan en forma cotidiana con las infracciones a la ley de drogas, no puedo decir que haya hecho de estas burocracias “mi aldea” ni de quienes las habitan “mis nativos”. Por supuesto, he sabido a lo largo de mi formación profesional y del trabajo de campo encontrar profesores, colegas y abogados dispuestos a iniciarme en los laberintos procesales y en los fundamentos del lenguaje. También he entrado a sus despachos, salas de audiencia y recorrido sus pasillos pero, aun así, mi relación con este mundo ha sido más bien de una familiaridad distante.

El primer acercamiento que tuve a las prácticas policiales y judiciales en materia de detenciones y procesamientos por infracción a la Ley 23737 fue a través de las experiencias que me fueron narradas por usuarios de sustancias psicoactivas ilegales a quienes me unía una relación cercana. Estas narrativas pronto me llevaron a aventurarme de acompañante por los pasillos de tribunales y a la lectura de manuales policiales, estadísticas, leyes, expedientes y otros documentos legales. Casi desde un principio, el análisis de estas fuentes estuvo acompañado por la observación participante en juicios orales así como por la realización de entrevistas y las conversaciones informales con operadores judiciales, policías, acusados y familiares. Se trataba de ir más allá de la letra de la ley y, de esta manera, dar cuenta de la forma en que estos textos cobran vida, es decir, son aplicados. Por razones de accesibilidad, el trabajo de campo se llevó a cabo en la Justicia Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires.

El ingreso y permanencia en las salas de audiencia al comienzo de la investigación no fueron sencillos dada la inusual presencia de público y el halo de hermetismo que aún envolvía las actividades que se desarrollaban en ese fuero, pero la elevación de los juicios de lesa humanidad a los tribunales orales cambió el panorama drásticamente. Con la celebración de las primeras audiencias, familiares, activistas, periodistas, estudiantes y curiosos comenzaron a poblar aquellos desolados salones, recovecos y pasillos. De modo que, en los últimos años, las dificultades para presenciar una audiencia radicaron, en palabras de una empleada, en que “no había juicios”. Ciertamente, no se habían evaporado las “causas de drogas”. Lo que acontecía es que fiscales, juzgados y tribunales estaban abocados a las “grandes causas” y los juicios por infracción a la ley de drogas, sobre todo aquellos que involucraban una “escasa cantidad”, quedaban relegados o eran “resueltos antes de llegar a juicio oral”.

Pese a estas dificultades, mi vínculo con los usuarios me proveyó de un flujo constante de casos. Sin embargo, este recorrido me llevaba, por lo general, a encontrarme con las formas de proceder de la policía frente a consumidores de clase media; mientras que toda otra serie de prácticas de las fuerzas de seguridad que engrosaban las estadísticas policiales y judiciales permanecían poco exploradas. No obstante, a fines del 2012, el Equipo de Antropología Política y Jurídica emprendió una investigación con el objetivo de relevar la experiencia de un nuevo cuerpo policial que se había puesto en funcionamiento en algunas villas del sur de la ciudad,[9] y posteriormente analizaría el devenir de esta política pública y las modalidades de hostigamiento policial a jóvenes de los sectores populares.[10] La participación en ambas investigaciones me permitió indagar en las modalidades de actuación policial frente a los jóvenes usuarios y a la venta de estas sustancias en el espacio público; es decir, en la forma en que la ley de drogas es aplicada en los barrios populares de la ciudad. Pero también en las demandas de otro grupo que participa activamente del debate parlamentario, las madres y familiares de “víctimas” —i.e., “adictos”— de la pasta base/paco.

En resumidas cuentas, el material documental, las entrevistas, charlas y conversaciones informales así como las recorridas por algunos barrios de la ciudad y, sobre todo, la relación con grupos de usuarios fueron los materiales que posibilitaron la reconstrucción de las prácticas y tramas de relaciones que configuran el mundo de los agentes policiales y operadores judiciales que persiguen y criminalizan a los consumidores y que, por consiguiente, imprimen determinadas lógicas a las formas de hacer política de los usuarios.

“Andá tranquilo, es de confianza”

Numerosos investigadores han reflexionado sobre las dificultades que supone trabajar con vendedores y usuarios de sustancias psicoactivas (Carlson et al., 2009; Sandberg and Copes, 2012). La ilegalidad, la discriminación y los estados subjetivos asociados al consumo son identificados como los principales obstáculos a superar durante el trabajo de campo mientras que las técnicas etnográficas de observación participante han sido consideradas como las herramientas más adecuadas para hacer frente a estas dificultades. Ello así porque, en un mundo donde prima el secreto y reina la suspicacia frente a los extraños, el “estar ahí” resulta una vía promisoria para generar los lazos de confianza necesarios para quebrantar la usual reticencia de estas poblaciones a informar sobre sus prácticas de consumo, venta y otras actividades ilícitas en las que se ven involucradas a diario (Bourgois, 2010; Epele, 2010).

A pesar de su creciente actividad pública, los usuarios no son ajenos al hermetismo que caracteriza al mundo de los usuarios de drogas. El carácter ilegal del uso de estas sustancias y las prácticas a este relacionadas ha mantenido a sus organizaciones en la clandestinidad y a muchas de sus actividades ocultas al ojo foráneo. Así, al inicio de la investigación, no solo me enfrentaba a la inexistencia de espacios físicos a los que acercarme (como sedes, locales u oficinas), sino que, a excepción de las marchas, el resto de las reuniones y actividades se llevaban a cabo en locaciones secretas y circunstanciales cuya dirección no era develada sino a conocidos y solo unas horas antes de que comience la “juntada”.[11] De modo que no existía un “ahí” donde estar para generar aquellos lazos de confianza tan preciados. Por otra parte, como sospechaba y luego me fue confirmado por varios usuarios entrevistados, todo extraño que se acercaba a hurgar en sus prácticas era contemplado como un posible policía encubierto, por lo que la estrategia de procurar conversar con las agrupaciones en las marchas quedaba descartada. ¿Cómo fue entonces que logré ponerme en contacto con estos activistas?

Los primeros intentos de acercamiento al mundo de los usuarios datan de mediados del 2010 y estuvieron dirigidos al equipo de trabajo de una revista pionera en brindar información sobre el uso de sustancias psicoactivas y la cultura cannábica.[12] Por aquel entonces, era la única organización que tenía una oficina y una dirección de email a la que escribir. Además, varios de los usuarios con quienes tenía una relación de amistad y confianza eran, a su vez, conocidos o amigos del equipo editorial, al que asiduamente visitaban. Fueron estos amigos mutuos los que, de hecho, me proporcionaron las direcciones de correo electrónico de diferentes integrantes de la revista a través de las cuales concerté los primeros encuentros. Estos encuentros resultaron fructíferos por numerosas razones pero, principalmente, porque me introdujeron en el mundo de los usuarios. Es decir, no solo resultaron ser fundamentales al momento de mapear las principales organizaciones existentes, sino que también me habilitaron los medios —esto es, nombres, e-mails y puntos de reunión— para entrar en contacto con algunos miembros de diferentes agrupaciones de usuarios.

En los años en que se llevó a cabo esta investigación (2010-2014), la mayoría de las agrupaciones estaban en una etapa formativa y experimentaban una gran volatilidad en su composición. Es más, algunas de las agrupaciones relevadas existieron por un breve lapso de tiempo para luego disolverse y sus miembros restantes incorporarse a otras agrupaciones más grandes. Este flujo permanente de personas complejizó enormemente el trabajo y terminó favoreciendo el vínculo con aquellos miembros más estables, esto es, los fundadores, en muchos casos también presidentes, de las agrupaciones de usuarios. Por otra parte, era cada vez más frecuente la creación de agrupaciones en el interior del país, algunas de alcance provincial y otras localizadas en ciudades e incluso pequeños poblados. De modo que, por razones de accesibilidad, tiempo y recursos la investigación acabó concentrándose en las organizaciones con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbación sobre la provincia de Buenos Aires.[13] Al momento de finalizar el trabajo de campo, se contabilizaban en esta región poco más de cinco agrupaciones algunas con decenas de miembros y otras que no superaban el puñado de activistas.

La estrategia de acceso a estas agrupaciones fue similar a la adoptada con el equipo de trabajo de la revista: enviaba e-mails en los que detallaba los objetivos de mi trabajo pero además hacía referencia a otros usuarios con los que ya había conversado. “Ser amiga o conocida de” me imbuía de una confianza que, aunque endeble, me permitía disolver el temor de los usuarios a encontrarse a conversar con extraños. Estas primeras entrevistas pronto dieron lugar a intercambios de opiniones y conversaciones más informales en donde se discutía y analizaba el estado actual del debate en torno a la modificación de la ley de drogas, pero también a invitaciones a participar de otras actividades en las cuales, a su vez, tenía la oportunidad de conocer a otros usuarios. Así es como comencé a recibir convites a participar en charlas, talleres y reuniones de agrupaciones en locaciones que no me eran informadas hasta horas antes de que comenzara la cita pautada tanto como llamados telefónicos y mensajes de texto indicándome que algún activista estaba siendo detenido o allanado y que, por ende, estaban organizando una concentración para “hacerle el aguante”.

Mi presencia en estos espacios y actividades terminó transformando estos vínculos incipientes en lazos de confianza y amistad que, reafirmados permanentemente en base a intercambios y favores, dieron lugar a una intrincada malla de derechos, obligaciones y compromisos con diferentes agrupaciones de usuarios. Así, participar de una audiencia pública y en charlas informativas, ayudar a llevar la bandera y repartir pines en una marcha, recibir e-mails y llamados telefónicos pidiendo información sobre la historia de la legislación en nuestro país o sobre la marcha de las discusiones en el Congreso y colaborar en la interpretación de leyes, fallos y sentencias judiciales, son solo algunos de los favores que, en tanto investigadora, me fueron solicitados. Apoyar y estar presente en estas situaciones no solo era parte de mi trabajo de campo sino que era aquello que me permitía sostener la relación con estos activistas. Por el contrario, rehusarme hubiera significado una negativa a participar de las relaciones de intercambio y, por ende, la ruptura del vínculo. Como dice Wolf, la amistad “no es producto de una situación ya dada. La amistad se gana” (1980:28).

Sin embargo, a pesar de que participaba de muchas de sus actividades, no era un usuario y, aunque varias veces me lo sugirieron, nunca me afilié a ninguna de sus redes, agrupaciones o asociaciones cannábicas. Por lo tanto, mis obligaciones no eran las mismas que las de un activista, es más, eran bastante laxas. Podía ausentarme de las concentraciones y no se esperaba mi presencia en los talleres de cultivo, reuniones o copas cannábicas. De igual modo, aunque estaba al tanto de algunas de las discusiones virtuales que tenían lugar en la dirección de correo electrónico mediante la cual las agrupaciones trocaban opiniones y organizaban eventos, tampoco tenía acceso a estos intercambios de palabras.[14] Este juego de aproximación y distancia entre mi persona, el antropólogo, y los usuarios, me recuerda a aquello que señaló hace unos años Lins Ribeiro acerca de la necesidad de los actores sociales de “socializar al antropólogo, domesticarlo, darle un lugar en las redes sociales locales, ubicándolo en el aparente flujo de prácticas eternizadas y naturalizadas” (Lins Ribeiro, 2004:197).

En otras palabras, si bien yo “nunca me transformaría en un nativo”, las relaciones de confianza y amistad era el lenguaje al que recurrían los usuarios no solo para dar cuenta de sus propias relaciones sino también para dirigirse y vincularse conmigo. Basta recordar este breve intercambio de palabras al finalizar una de las entrevistas que realicé para este trabajo,

P: Antes de juntarnos, les pregunté a Dani y a Esteban y me dijeron: “Andá tranquilo, es de confianza”.

E: Sí, siempre hay que conocer a alguien. Bueno, hace unos años cuando empecé a trabajar este tema y no me conocía nadie, me acuerdo que mencionaba a Agustín, porque si iba como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, me iba a decir: “Bueno, bueno. Nos mantenemos en contacto”.

P: Sí, tal cual, “Escribime un mail” [risas]. Bueno, cuando yo empecé también. Todos preguntaban “¿Quién es este pibe?”, y yo: “Preguntale a Facu”.[15]

De modo que, si el mundo policial y judicial se caracterizó por relaciones de “familiaridad distante”, muy por el contrario, fueron las relaciones de confianza y amistad las que hicieron posible el trabajo de campo en el mundo de los usuarios.

Entre intervención política y trabajo de campo

Describir el trabajo de campo en el Congreso de la Nación supone, al mismo tiempo, referirse a una experiencia de intervención política a favor de la descriminalización de los usuarios. No solo porque participando activamente de las reuniones de asesores más de una vez despejé dudas sobre las posibles implicancias de los proyectos presentados, sobre el modo en que agentes policiales y operadores judiciales aplican la ley de drogas o sobre las diferencias existentes entre las agrupaciones de usuarios, sino también porque por pedido expreso de algunos activistas participé en una oportunidad de una audiencia pública en calidad de “especialista” abogando por un cambio de paradigma en las modalidades de intervención estatal existentes en materia de drogas. Con todo, en sus inicios, la investigación estuvo más bien ligada a la reconstrucción de una antigua discusión parlamentaria.

Me explico, entre fines del 2010 y principios del 2011, preparándome para el debate que pronto comenzaría a tener lugar, realicé a título comparativo una serie de entrevistas a asesores y miembros de organizaciones de la sociedad civil sobre el debate parlamentario que, a mediados de los ochenta, había resultado en la sanción de la actual ley de drogas. En aquellos encuentros, mis interlocutores me recomendaron la lectura de los Diarios de Sesión de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación pero, también, de las versiones taquigráficas de las reuniones de las comisiones parlamentarias intervinientes. Así fue como, pocas semanas antes de que se empezaran a tratar en la comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico los proyectos tendentes a modificar la ley vigente, hice mis primeras visitas a diversas sedes del Poder Legislativo buscando una serie de documentos cuya existencia era, cuando menos, dudosa.

Fueron tres las comisiones que participaron en aquel momento del debate: las comisiones de Legislación Penal y Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados y la comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores. No obstante, la única comisión que contaba con las versiones taquigráficas de las reuniones[16] y otros documentos de la época —órdenes del día, expedientes, memorándums y actas— era la comisión de Prevención de las Adicciones. Las sucesivas visitas para revisar estos documentos y solicitar otros faltantes al Archivo, junto a los empleados de la Secretaría, resultaron ser sumamente enriquecedoras. Parte de la planta que trabajaba en la Secretaría de la comisión lo hacía desde que esta había sido creada —es decir, habían sido partícipes del debate que estaba intentando reconstruir—, por lo que, mientras que hojeábamos aquellas páginas, sus relatos, recuerdos e impresiones iban dando vida a esos escritos que, en ocasiones, eran de su autoría y hasta llevaban su propia firma.

Pero además, “estar ahí” en aquella oficina trajo aparejadas otras ventajas. Me familiarizó con los mecanismos, vericuetos y trámites necesarios para acceder al edificio, a cierta documentación y a determinadas oficinas. Del mismo modo, me permitió profundizar mis conocimientos sobre el funcionamiento del sistema legislativo y, con el paso del tiempo, entablar una relación con quienes no solo me mantendrían informada sobre los días y temario de las reuniones de la comisión, sino que asegurarían mi ingreso a las salas de audiencia a lo largo de los tres años en que realicé trabajo de campo siguiendo el proceso de modificación de la actual ley de drogas en el mundo parlamentario. Concretamente, este implicó, más allá de la lectura de los proyectos presentados, la participación en reuniones de asesores y diputados, audiencias públicas, reuniones con invitados y seminarios. Sin embargo, para comprender el funcionamiento del Congreso se hizo asimismo imprescindible leer los reglamentos de la Cámara de Diputados y Senadores pero, fundamentalmente, realizar entrevistas a empleados y asesores sobre aquellas cuestiones que, aunque no aparecieran en los reglamentos ni en los Diarios de Sesión, hacían a las lógicas y formas de trabajo cotidianas de la institución.

Ahora bien, como señalé más arriba, el debate parlamentario —además de ser fuente de información empírica— supuso una intervención política. En este sentido, me desafió no solo a estar al tanto de las discusiones de la coyuntura política, sino a presentar cuando se daba la oportunidad un aporte propiamente antropológico al debate (Corbelle, 2013; Eilbaum y Sirimarco, 2006). El objetivo, en tanto intervención política, era poner en el centro de la discusión las facultades de detención de la policía y ciertas prácticas de los operadores judiciales que habilitan el control arbitrario sobre determinados sectores de la población, favorecen la aplicación discrecional de la ley y homogenizan a las personas que son procesadas por tenencia de drogas. En un ámbito donde, como veremos, el llamado “problema de la droga” se abordaba desde el derecho o bien desde la salud, partiendo de un análisis de la jurisprudencia y la legislación y prestando especial atención a los efectos cuantitativos que estas habían tenido, este modo de conceptualizar la problemática, al poner el foco en las prácticas —es decir, en el cómo y no solo en el por qué—, no solo hacía del aporte uno propiamente antropológico sino que situaba mi intervención en diálogo con los usuarios.

Ciertamente, la voz de los usuarios había comenzado a escucharse en este ámbito y cada vez era mayor el número de activistas que entraban a escena y se incorporaban al debate. Así y todo, la capacidad de “renarrar el conflicto en otro lenguaje” aún hacía atractiva mi participación en el debate para los usuarios. Desde ya, el lenguaje era uno comprensible para todos los presentes, pero no por ello desprovisto de un enfoque propiamente antropológico ni de aquellas cuestiones técnicas que otorgan densidad al relato y lo vuelven susceptible de convencer a los “responsables de hacer las leyes” presentes en la sala (Tiscornia, 2011). Ahora bien, la convicción de intervenir políticamente en este debate no supuso desconocer que —en un ámbito donde no solo importa qué se dice, sino quién lo dice y en apoyo de quién— mi aporte, carente del prestigio y aval institucional que poseían la mayoría de los partícipes en la discusión, no haya tenido demasiada repercusión. Lo que, por otra parte, no quita que haya sumado un “granito de arena” para el grupo favorable a la despenalización.

Hacer inteligibles las afirmaciones que condensa este último párrafo es, en parte, el objetivo de este trabajo. Es decir, se trata de comprender el activismo político de los usuarios. Mi participación en este espacio tiene entonces que ver con mi trabajo de campo y mis convicciones políticas, pero también no deja de ser parte de ese intercambio de favores que hizo a la creación y consolidación de los lazos de confianza y amistad con los usuarios, hablando, a su vez, de sus formas de hacer política en el ámbito parlamentario.


  1. Una gran cantidad de compuestos químicos pueden ser clasificados como drogas, aquí se utiliza este término como sinónimo de “sustancias psicoactivas ilegales” —esto es, aquellas sustancias cuyos usos son sancionados por el derecho penal así como otras cuyos usos, si bien regulados por la ley penal, lo están en menor medida (ciertos medicamentos, solventes, inhalantes, etc.)—.
  2. Este término, al igual que el de “consumidor/es”, se utiliza para hacer referencia a todas aquellas personas que hacen uso de sustancias psicoactivas ilegales. Mientras que la categoría usuarios refiere a quienes además de hacer uso de estas sustancias se han convertido, a través de la lucha por sus derechos, en activistas —sean estos “usuarios de drogas inyectables” (UDI) o “cannábicos”.
  3. Con motivo de mi tesis de licenciatura (2010), trabajé con un grupo de usuarios no institucionalizado. Integrado en su mayoría por hombres de entre 21 y 37 años, estaba compuesto por aproximadamente cincuenta personas que se conocían y mantenían entre sí relaciones relativamente cercanas. Los vínculos de amistad con este grupo serían los que luego me habilitarían los contactos necesarios para ingresar al mundo de los usuarios.
  4. Este modelo se sostiene sobre la base de la presunción de culpabilidad del acusado, su principal herramienta de producción de verdad es el interrogatorio y su prueba por excelencia, la confesión.
  5. Dada la polisemia del término, resulta necesario aclarar que en el presente trabajo la entenderemos como una trama heterogénea de organizaciones, atravesada por múltiples disputas, conflictos y escenario de luchas sociales y procesos políticos, en permanente interacción con las burocracias y agencias que conforman el Estado. Cuando el término aparezca entrecomillado su uso remitirá a la categoría nativa utilizada para referirse a un grupo de organizaciones activistas que impulsan políticamente un tema.
  6. Esto no supone afirmar que todos los mercados de drogas se asienten en relaciones de confianza y amistad. Por el contrario, la variedad es inmensa no solo en lo que respecta a la escala (global-local) y tipo de mercado (abierto-cerrado), sino también en relación al tipo de droga, el lugar y el método de transacción (espacio público- privado/delivery-punto de venta), el nivel socioeconómico de quienes forman parte de la transacción, el contexto cultural del mercado y los usuarios a quienes abastece (Taylor y Potter, 2013).
  7. El proyecto, impulsado en el 2000 por la coalición gobernante —i.e., la Alianza conformada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Fre.Pa.So)— no contaba en el Senado con el apoyo necesario para convertirse en ley, por lo que se recurrió al pago de sobornos a legisladores de la UCR y del Partico Justicialista. La denuncia involucró a presidentes de los bloques mayoritarios, senadores, autoridades de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), al ministro de Trabajo y al presidente. Todos fueron absueltos en 2013. En 2015, la sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación. Infobae, “Coimas en el Senado: 15 años después, se cerró la causa”, 4/1/2016.
  8. Marcus señala diferentes lógicas de conexión entre sitios que definen el diseño de la investigación multilocal: seguir a las personas, los objetos, la metáfora, la trama, historia o alegoría, la vida o biografía y el conflicto. Para el autor, la primera es la técnica más convencional de materializar una etnografía multilocal y el procedimiento consiste en permanecer con los movimientos de un grupo particular de sujetos (Marcus, 2001).
  9. El trabajo de campo se desarrolló entre marzo y mayo del 2013. La observación participante y las entrevistas en profundidad fueron las técnicas en las que se apoyó esta investigación, que fue planificada para ser llevada a cabo en dos etapas. En la primera etapa, se realizaron entrevistas a funcionarios, vecinos y referentes del barrio, trabajadores sociales, directivos de escuela, alfabetizadores, profesionales de la salud y vecinos que trabajaban con jóvenes usuarios. La segunda etapa se orientó a la realización de entrevistas y observación del trabajo de los integrantes del cuerpo policial.
  10. Esta investigación se llevó a cabo entre septiembre del 2015 y abril del 2016. La metodología de trabajo implicó, además de una tarea de documentación, la realización de trabajo de campo en diferentes barrios/villas de la ciudad. Allí, se realizó observación participante en diferentes espacios que contaban con la intervención de vecinos, actores comunitarios e institucionales con asiento local así como entrevistas y conversaciones formales e informales con funcionarios, empleados públicos, referentes barriales, vecinos y jóvenes de estos barrios.
  11. Luego, algunas agrupaciones comenzaron a reunirse en plazas. Pero, aun así, los días y puntos de encuentro no eran de público conocimiento. Tiempo después, se sumó otra modalidad de protesta, las concentraciones en comisarías y domicilios de activistas que eran allanados. La información, no obstante, era accesible únicamente para aquellos que pertenecían al mundo de los usuarios.
  12. Cultura cannábica es la trama de relaciones sociales, espacios de socialización, creencias, prácticas, saberes y normas que usuarios, cultivadores y activistas construyen y que van sedimentando en torno a la producción, intercambio y consumo de cannabis en un contexto en el que el prohibicionismo es reinante. En tanto categoría analítica es híbrida, porosa, conflictiva e histórica y, en este sentido, campo de múltiples disputas y tensiones, escenario de luchas de poder y se encuentra atravesada por procesos políticos (Merry, 2010).
  13. En la Segunda parte, donde se reconstruye la historia de las agrupaciones de usuarios, se hace referencia a organizaciones del resto del país dada su relevancia en la conformación de este colectivo de activistas.
  14. Sí, en cambio, tuve acceso al intercambio de opiniones que se daba entre los miembros de estas agrupaciones en las redes sociales. De hecho, varias de las discusiones y afirmaciones que aparecen en el trabajo fueron levantadas de una de estas redes sociales que continúa siendo una de las principales vías por medio de la cual comunican opiniones, hacen circular información, publicitan actividades y convocan a marchas y concentraciones.
  15. Todos los nombres propios mencionados en el libro son ficticios, a excepción de los nombres de legisladores, funcionarios, abogados y miembros de organizaciones de la sociedad civil cuando refieren a hechos que son de público conocimiento puesto que figuran en diarios, revistas y publicaciones oficiales.
  16. No todas las reuniones fueron taquigrafiadas. Generalmente, se trataba de aquellas que contaban con la presencia de invitados. En este caso, las reuniones del 15 y 21 de junio y las del 10 y 17 de agosto de 1988.


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