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6 Próxima parada: Congreso de la Nación[1]

Entre mediados de 2010 y mediados de 2011, integrantes de diversos bloques de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) presentaron proyectos de modificación de la Ley 23737.[2] Prácticamente, la totalidad de los proyectos proponía la despenalización de la “tenencia de drogas para consumo personal”, la despenalización del “cultivo para consumo personal” y la derogación de los artículos que disponen la aplicación de “medidas de seguridad curativas y educativas”. Otras de las modificaciones propuestas que ocuparon un lugar central en el debate fueron la despenalización del “cultivo” y “tenencia simple” y la reducción de las penas a las llamadas mulas. Los proyectos fueron enviados para su tratamiento a dos comisiones, la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.

A principios de 2011, producto de un acuerdo entre los presidentes de las comisiones, los proyectos comenzaron a ser estudiados en la Comisión de Prevención de las Adicciones, más precisamente, en las reuniones de asesores dando inicio a un largo debate que aún no se ha saldado. Lo que sigue, es una reconstrucción y análisis de este proceso atendiendo, en particular, a las alianzas y estrategias de cabildeo que los usuarios han desplegado para inscribir sus demandas en este escenario. Para ello, es preciso describir las principales características del trámite parlamentario, prestando especial atención a las modificaciones que supuso el ingreso de la “sociedad civil” en este ámbito.

El trámite parlamentario

El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso de la Nación, compuesto por dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores. El Senado se encuentra conformado por setenta y dos senadores, tres por cada provincia y por la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo dos bancas el partido con mayor cantidad de sufragios y una el que le sigue. Los diputados, en cambio, representan al pueblo y son elegidos por distrito en forma proporcional al número de habitantes. El Congreso funciona como órgano legislativo y de control del gobierno. A los fines legislativos los proyectos de ley, sean presentados por legisladores o por funcionarios del Poder Ejecutivo, pueden tener su origen en cualquiera de las cámaras. La cámara en donde se inicia el proyecto se denomina “cámara de origen”. Una vez aprobado por esta cámara, el proyecto pasa a ser debatido en la “cámara revisora”. Si es aprobado por ambas cámaras[3] y el Poder Ejecutivo no lo veta, se promulga como ley.[4] Los proyectos de modificación de la ley de drogas fueron iniciados en la Cámara de Diputados.

El trabajo en la Cámara de Diputados se enmarca en un trámite administrativo complejo que se inicia con la presentación de los proyectos de ley en Mesa de Entradas. Allí, se abre el expediente, se le otorga un número y se le asignan las comisiones en las cuales será tratado. Los presidentes de las comisiones a las que ha sido enviado el proyecto no están obligados a ponerlo en el temario de la comisión ni a tratarlo. Los proyectos que no son tratados, se dice que son “cajoneados”. Como explican Calvo y Tow (2009), esto ocurre por diversos motivos: porque son inviables desde el punto de vista técnico, porque el tema no concita suficiente interés entre los miembros de la comisión o porque estos rechazan abiertamente discutirlo —entre otras razones, porque no tiene apoyo de la mayoría del bloque o el bloque mayoritario teme que su discusión pueda abrir una brecha en sus filas—. En cambio, en aquellos casos en que los proyectos consiguen sortear estos obstáculos —i.e., llegan al temario, son tratados y se logra un acuerdo—, las comisiones se expiden al respecto mediante uno o más “dictámenes” que, una vez publicados en la Orden del Día, pueden —previo acuerdo de los bloques políticos— ser incluidos en el Plan de Labor Parlamentaria y, con suerte, votados en Sesión Parlamentaria. Estos proyectos que no “mueren en comisión”, de todas formas, no “llegan en iguales condiciones al recinto”.

Como me explicaron asesores y otros empleados parlamentarios entrevistados, la cantidad de “giros” y la “comisión de cabecera” que le es asignada a un proyecto —ambas decisiones son potestad del presidente de la Cámara pero en la práctica muchas veces son tomadas por empleados de la Mesa de Entradas por “portación de apellido” (de acuerdo al apellido del diputado firmante), el director de secretaría o el secretario parlamentario si hay especial interés en ese proyecto— puede actuar como un sistema de “frenos y guiños” que facilita o dificulta su tratamiento en el hemiciclo,

Asesor: Supongamos que el proyecto se gira a tres comisiones. Comisión uno, el presidente de la comisión lo pone en el temario. Asesores: hacen las modificaciones, las propuestas. Va a diputados [reunión de comisión]. Se pasa a diputados cuando hay un borrador de dictamen […] Suponete que tiene un dictamen de la primera comisión, eso va a la segunda comisión. El [presidente] de la segunda comisión puede no tratarlo. No está obligado a tratarlo, aunque tenga dictamen.

E: Y si la comisión dos le hace modificaciones, ¿tiene que volver a la comisión uno?

A: En general, sí. En general, pasa y vuelve y vuelve. O sea, eso es más ad hoc, no es que hay un reglamento que dice, porque formalmente el dictamen es de las tres comisiones, de un plenario. Formalmente, las tres comisiones se juntan y dictaminan…

E: En simultáneo.

A: Claro. Pero lo que pasa es que, en general, cada comisión —no siempre pasa, pero…— se mete con los artículos que son de su competencia. O sea, los de [la Comisión de Legislación] Penal con la cuestión penal, los de [la Comisión de] Presupuesto con presupuesto. Suponete que tenés dictamen de la primer comisión, se hacen modificaciones, pasa a comisión dos. El presidente de la comisión dos puede no tratarlo nunca. Murió ese dictamen, no pasa nada. Suponete que lo trata, le hace modificaciones. Va a la comisión tres, la comisión tres puede hacer lo mismo, puede no tratarlo nunca. Suponete que tenés un dictamen de las tres comisiones. Cuando está el dictamen ahí se publica en la Orden del Día. Recién ahí puede ir al recinto (Entrevista a asesor, 2011).

Así, en el mejor de los casos, a mayor cantidad de “giros” aumenta la posibilidad de que el proyecto llegue al recinto con dictámenes de mayoría, de minoría y disidencias parciales a las que luego pueden sumarse “observaciones” de los diputados que no formaron parte de la discusión en comisiones.[5] Todo ello, como señaló un asesor entrevistado, no es un dato menor, dado que en el recinto “los primeros proyectos que se votan son los que no tienen disidencias ni observaciones. Y, en general, se votan así: ‘proyecto cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, sin disidencias ni observaciones. Afirmativo, tun’”. Es decir, puede ser aprobado de “forma cerrada” junto a otros en una votación única. En el peor de los escenarios, en cambio, la cantidad de giros puede volver virtualmente imposible la sanción de un dictamen, máxime si las comisiones a las que ha sido enviado están abarrotadas de trabajo. Los proyectos, no obstante, pueden tratarse “sobre tablas” o mediante “moción de preferencia”. Ello requiere, en primer lugar, que dos tercios de los miembros presentes en el recinto estén dispuestos a debatirlo y, en segundo lugar, a votarlo de manera favorable.

De modo que, contar con un dictamen no es un logro menor: habilita que un proyecto sea considerado en las reuniones de bloques para negociar, posteriormente, su inclusión en el Plan de Labor Parlamentaria. La mitad de los dictámenes de comisión, igualmente, no llega al plenario, pero los que sí consiguen hacerse un lugar en el “temario” tienen mayores posibilidades de ser tratados. Sin embargo, nada asegura que luego sean efectivamente aprobados. Así, si bien la mayoría de los proyectos que llegan al recinto no son rechazados —entre 1984 y 2007, solo cinco proyectos fueron abiertamente rechazados (Calvo y Sagarzazu, 2011a y 2011b)— como me explicaron varios asesores, los diputados ponen en juego otras “maniobras” para bloquearlos. En otro momento, se creaban comisiones y subcomisiones, hoy “se paran, se van, dejan de dar quórum, hay un montón de recursos de los que echar mano”.[6] Del mismo modo, “si el bloque mayoritario tiene voluntad política de tratar el tema, se trata. Presionan políticamente a los de su bloque, a los que por algún motivo no quieren votarlo les dicen ‘votá a favor o no vengas a la sesión o en el momento levantate, pero no me votes en contra’” (Entrevista a asesor, 2011).

Estas “maniobras”, así como el sentido de la votación, son decididas de antemano por los bloques políticos. Mientras que, las sesiones parlamentarias han sido descriptas en forma recurrente por los entrevistados como una vidriera. Por ponerlo en palabras de Abélès, como “una confrontación cara a cara durante la cual el texto se convierte en un ‘pretexto’, una excusa para la demostración de fuerzas opuestas” (2006: 39). De ahí que, en los discursos de los legisladores en el recinto abunden declaraciones de principios, juicios de valor y críticas al partido opositor interrumpidas por aplausos, gritos, bromas e insultos dirigidos al adversario. Esto llevó a Abélès a hablar, en su etnografía sobre el parlamento francés (2006), de una “teatralización del conflicto”, entendiendo aquí teatralización no como apariencia o simulacro donde “… los legisladores dan un espectáculo, desempeñando sus papeles —como si luego por fuera del hemiciclo, las relaciones entre los miembros de los dos bandos pudieran ser amistosas” (traducción propia de Abélès, 2006: 30); sino, como “batalla ritual”, esto es, una confrontación estrictamente reglamentada que tiene algo de espectáculo, aunque basado en fuerzas políticas reales. En muchos casos, como veremos en el próximo capítulo, las sesiones pueden ser además pensadas como la escenificación final de una serie sucesiva de juramentos colectivos (Gellner, 1997). Por supuesto, sin olvidar que cuando un proyecto llega al recinto, como advierten los asesores, ya está todo prácticamente dicho.

En síntesis, el trámite parlamentario que debe cumplir un proyecto para convertirse en ley tiene lugar, entonces, en ámbitos bien diferenciados: las comisiones, las reuniones de bloque, la Comisión de Labor Parlamentaria y las sesiones parlamentarias. Para explicar el flujo de proyectos entre estas instancias, investigadores y analistas políticos han empleado el concepto de éxito legislativo, atribuyendo la productividad legislativa a diferentes factores aunque siempre estrechamente ligada al desigual poder de agenda —poder político fijado en cargos institucionales— de legisladores —presidentes o miembros de comisión, pertenecientes (o no) al bloque mayoritario—, bloques y partidos políticos así como a la conformación de la Cámara (Calvo y Sagarzazu, 2010a y 2010b; Calvo y Tow, 2009). Si bien estas lecturas secuenciales del proceso legislativo han aportado datos estadísticos significativos sobre el funcionamiento de estos espacios, lo cierto es que ofrecen pocas herramientas al momento de analizar el trabajo cotidiano en la HCDN con sus prácticas, rutinas, estilos, rituales, tiempos, negociaciones, acuerdos intra e interbloque, hacia adentro y hacia afuera del ámbito parlamentario. Precisamente, en estos aspectos se centrarán el resto de los apartados que componen esta Parte buscando arrojar luz sobre el modo en que se desarrolló el debate por la modificación de la ley de drogas, entre el 2011 y el 2012, en este escenario.

El trabajo en las comisiones

Los proyectos legislativos que ingresan al temario de las comisiones son tratados, en un primer momento, en las reuniones de asesores y, luego, de diputados. Este trabajo se concentra en el Edifico Anexo A de la Cámara de Diputados y adquiere un ritmo frenético de martes a jueves, sobre todo, en años no electorales.[7] Allí se reúnen, en horarios y días preestablecidos, asesores, comisiones y bloques parlamentarios. Los días miércoles por la tarde están reservados para las sesiones en el hemiciclo ubicado en el edificio del Palacio. El trabajo está organizado de este modo para que los legisladores del interior puedan retornar y atender a los asuntos que atañen a sus distritos y bases electorales. Si bien esto facilita la labor de diputados, de sus secretarios y asesores,[8] dificulta la agenda de las comisiones. Ello así porque, pese a la periodicidad fluctuante de las reuniones —siempre sujeta al debate de los proyectos incorporados en el temario—, dada la actual cantidad de comisiones existentes no es poco frecuente que se produzcan superposiciones varias.

Las reuniones, de todas formas, no son consideradas igualmente importantes. Los asesores y demás empleados distinguen entre “comisiones de primera” y “de segunda”, comisiones “estrella” y “berretas”, “serias” y “truchas”. Estos calificativos pueden referir a los orígenes de la comisión —creadas para pronto despacho de un proyecto de ley o para incrementar cargos institucionales—[9], a los temas que son de su competencia —“¿Qué cosa que esté en Seguridad Interior, por ejemplo, no va a ir a Penal? ¿Qué cosa que esté en Adicciones no va ir a Salud? Casi todo…” (Entrevista a asesor 2012)— y/o a la forma de trabajo, nivel de discusión, formación y preparación de quienes la integran,

Hay dos o tres comisiones que son muy técnicas como la de Penal, la de Asuntos Constitucionales, donde, a las reuniones de asesores, el asesor va con la posición del diputado, se discute en base a eso. La mayoría de los asesores son personas que saben del tema, que son abogados o no, pero bueno que saben del tema y se discute ahí y se arma un borrador. Se tiene una agenda de trabajo más formal te diría, más seria. Como diciendo bueno, está este proyecto, el diputado tiene estas observaciones, el bloque este plantea tal cosa y se discute ahí técnicamente y después en diputados […] En otras comisiones el nivel de los asesores es malo y nunca sabés qué se discute, si el asesor habla por sí mismo, si habló con el diputado, qué está planteando, qué no. Nosotros nunca llegábamos a tener un panorama verdadero de lo que después iba a pasar porque incluso pasa que muchos asesores se piensan que son diputados, como que juegan a que son diputados, entonces tienen posiciones y después el diputado piensa otra cosa […] Yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos y a veces el nivel de la discusión era berretísimo. Estuve también en la de Seguridad Interior y era espantoso. La realidad es que ahí los asesores no son un reflejo ni de, quizás son un reflejo de los diputados, pero no de la posición del diputado… (Entrevista a asesor, 2011).

Pero además, el adjetivo berreta refiere a un estilo de trabajo. En este sentido, “comisiones de primera” como Legislación Penal también pueden sacar “proyectos berretas”,

A: Un poquito cambió en los últimos años, pero hasta hace cinco o seis años, era muy claro cómo —además, la Comisión de Penal era un rejunte de fachos […], todo tipo facho [fascista] que había iba a caer ahí y manejaba la comisión, con lo cual de ahí salía cualquier cosa. Hasta que comenzó el kirchnerismo, era impresionante— el domingo, el lunes, sale violaron a tres mujeres y te aparecen el martes siete proyectos aumentando la pena. “Hay que aumentar la pena para los violadores…”. Una berreteada.

E: ¿Y hoy sigue funcionando así?

A: Un poco menos. En una época era claramente así y barbaridades que vos decís… A ver, matan a una embarazada —o sea, asaltan a una embarazada— te ponen, “Entonces hagamos…”. Es increíble. Con casi cualquiera —salvo un energúmeno, que los hay— vos decís: “Pero esto no va a servir para nada”. “No, pero tenemos que dar una señal”. Ahora, después duerme ahí, la realidad es que duermen ahí. Los proyectos que se presentan así, quedan ahí, no se tratan o se reflotan más adelante (Entrevista a asesor, 2012).

Ahora bien, si en las “comisiones de primera” hay lugar para la “berreteada”, este estilo de trabajo es, en cambio, considerado característico de comisiones como Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico. Una “comisión trucha” creada en 1987, por sectores del PJ y de la UCR, para agilizar la sanción de la actual Ley 23737. Desde entonces, el destino es experimentado por los empleados del Congreso ¨Nacional como una sanción, “A mí me mandaron acá por Menem, como sabrás esta comisión no es una de las comisiones estrella, nadie quiere venir acá”, aseguró uno de ellos.

En los últimos veinte años, únicamente un puñado de los cientos de proyectos que por allí pasaron llegó a convertirse en ley. Abundaron, en cambio, las declaraciones de interés y los pedidos de informe.[10] Un asesor entrevistado describió, de este modo, la dinámica del trabajo en comisión poco antes de mi ingreso al campo,

Justo antes de empezar con el tema despenalización —ya había habido una reunión sobre el tema despenalización, ya habíamos pedido que lo pasen a Adicciones como cabecera, etc.— estábamos con lo de las bebidas energizantes. Este debe de haber sido de esos proyectos que presentaron alguna vez que se habrá muerto un pibe porque tomó bebida energizante junto con pastillas. Entonces todos los proyectos eran: “Hay que prohibir la bebida energizante porque qué sé yo y que esto y que lo otro”. Claro, después todos decían “Bueno, ¿pero prohibirlo?”. […] Al final, no salió nada […] Además, vos ya viste cómo funciona, es una comisión berretona. Están estos proyectitos y después un montón de pedidos de informes. […] Te preguntan: “¿Qué hace el gobierno con?”. Hay cincuenta millones de cosas que hacen. Metete en la página de la SEDRONAR, en la página del Comité [Científico Asesor]. O sea, vos podés decir hace mal, podés criticar lo que hace, pero averiguá qué es lo que hacen. Si querés, preguntá algo que no entendés, pero no es presentar por presentar. Porque, claro, después aparecen ciento cincuenta proyectos sobre… O sea, hay una diputada que ¿sabés lo que hace? Presenta todos esos proyectos para después salir a fin de año en la revista.[11] Les paga a los asesores por proyecto presentado. Entonces presentan pelotudeces con errores groseros. Preguntando cosas que ya te digo están el título de una página. Escriben cosas que se sabe que si vos las querés averiguar, te metés en internet, ponés Google y te aparecen. Y te pregunta: “¿Qué hizo con tal cosa?”. Mal escrito, mal formulada la pregunta, preguntando tres veces lo mismo en tres preguntas distintas. Bueno, eso para qué. Para después, a fin de año, decir presentó cuatrocientos veintidós proyectos (Entrevista a asesor, 2012).

Así, entre proyectos de resolución y declaraciones de interés, el 31 de marzo de 2011 los proyectos de modificación de la ley de estupefacientes, finalmente, ingresaron al temario de la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico.

Las reuniones de asesores

La citación a la reunión, enviada por correo electrónico con dos días de antelación y firmada por la secretaria de la comisión, indicaba el horario, la sala y los proyectos que habían sido incluidos en el temario. Tal como indicaba la notificación, la reunión que abordaría los “proyectos de despenalización” tendría lugar en la sala N° 6 del tercer piso. Ese día, minutos más tarde de lo acordado, la secretaria de la comisión abrió la puerta de la sala y los asesores, a medida que fueron llegando, se ubicaron en las sillas vacías dispuestas alrededor del escritorio en forma de “u”. Replicando el orden del recinto, la secretaria, el jefe de piso y los asesores del presidente de comisión ocuparon la cabecera,[12] a su derecha se sentaron los asesores de los diputados del FPV y a su izquierda los asesores de la oposición. Además concurrieron ese día un abogado de una asociación civil que trabaja en la problemática y asesores de un diputado radical que, si bien no era parte de la Comisión, había presentado uno de los proyectos sometidos a su consideración. El abogado, los asesores del diputado radical firmante de uno de los proyectos y quien escribe, nos ubicamos frente a la cabecera.

De las reuniones de asesores se espera una actividad exegética y semiótica centrada en la comparación de los proyectos y en el análisis de “la letra chica de la ley” —i.e., en agregar o quitar una palabra o signo de puntuación, modificar parte de una oración o reformular una idea— destinada a enmendar y enriquecer el texto original en pos de las consecuencias prácticas de su aplicación (Abélès, 2006).[13] Ese día, eran diez los proyectos que aguardaban su consideración en el temario. El primer proyecto que se trató fue un pedido de informes sobre “la cantidad de camas disponibles para la rehabilitación de personas con adicciones”. Ese mismo proyecto, presentado en 2009 por la misma diputada, no solo había recibido respuesta escrita del Poder Ejecutivo; sino que, en 2010, un miembro del Comité Científico Asesor informó en persona a la legisladora la cantidad disponible de camas. Los asesores algo irritados por la reiteración y falta de claridad en la redacción decidieron, no obstante, pasar el tema a diputados. Lo mismo ocurrió con el pedido de datos estadísticos sobre obesidad infantil presentado por la misma diputada. Este no solo era similar a otro proyecto presentado años antes; sino que, además, poseía dos contestaciones parciales. El siguiente proyecto de declaración de interés del Congreso Internacional de Promoción de la Salud y Prevención del Uso y Abuso de Drogas, presentado por el presidente de la comisión, fue aprobado sin objeciones. Los dos proyectos restantes, un pedido de informes sobre los hechos ocurridos en la Base Aérea de Morón[14] y otro sobre los datos del Informe Mundial de Drogas, fueron descartados. El primero, porque se había firmado uno idéntico hace dos semanas; el segundo, porque el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) estaba hecho con datos de la SEDRONAR por lo que el pedido de informes resultaba circular.

Dando por finalizada esta primera parte de la reunión, el asesor del presidente de la comisión inició el tratamiento de los “proyectos de despenalización”. Sugirió no repasar la ley artículo por artículo sino centrarse en aquello que estaba en discusión. Basándose en un cuadro comparativo entre los proyectos del FPV, UCR, PS, GEN y MLS elaborado por la secretaria de la comisión, rápidamente se delinearon los tópicos a los que debía abocarse la reunión: la “despenalización de la tenencia para consumo”, la “despenalización de la tenencia simple”, “el tema de las mulas”, la “despenalización del cultivo y suministro de semillas” y la “regulación de los tratamientos de rehabilitación”. No obstante, una vez acordado el piso de la despenalización de la “tenencia para consumo personal”, si bien se mencionó la elaboración de una “solución concreta para las mulas” —puntualmente, bajar las figuras mínimas de tráfico y revisar el artículo 866 del Código Aduanero— y una supuesta coincidencia en “sacar el tema de los tratamientos de la ley penal”, lo cierto es que el resto de la reunión se centró en la propuesta del proyecto del bloque MLS de despenalizar la “tenencia simple”.

“El presidente de la Comisión está de acuerdo en sacar la tenencia simple”, rompió el hielo su asesor. No así los asesores del diputado de la UCR que no pertenecía a la comisión y el abogado de la ONG que presenciaba la reunión. Tratándose de abogados penalistas, su opinión “pisaba fuerte” y, para ellos, la “tenencia simple” era una figura controversial por lo que el juez debía tener la última palabra. Las asesoras de una diputada del MLS favorable a la eliminación de esta figura explicaron que el noventa por ciento de los casos caratulados como “tenencia simple” eran, en verdad, casos de “tenencia para consumo”. No obstante, planteadas las posturas la discusión rápidamente naufragó entre la preocupación por el diez por ciento restante y la atribución de la falla a una mala técnica legislativa que “no le pone coto a la subjetividad”, al “protocolo policial” o a la imprudente aplicación de la ley por parte del “Poder Judicial”. Entre las posibles soluciones, se evaluó apelar al sistema de gramaje para precisar la figura, pero la propuesta no prosperó. El abogado de la ONG explicó a los presentes que no solo este sistema había fracasado en otros países, sino que montos tan pequeños como un gramo no podían definir el destino de una persona. Además, suponía una tarea colosal ya que debían definirse cantidades para todo el listado de drogas.

La mayoría de los asesores, de todas formas, al no estar familiarizados con la temática proponía soluciones descartadas en el resto del mundo o bien no participaba del debate. Así las cosas, promediando la reunión, si bien aún no se había descifrado el modo en que podría quedar redactada, gran parte de los asesores consideraba que la “tenencia simple” era una “herramienta contra el menudeo” y no debía ser eliminada. Las investigaciones en el tema drogas ya eran difíciles de por sí y no era cuestión de complejizarlas propendiendo “normas como las de Alemania siendo Italia”. Se trataba, en cambio, de buscar términos medios, de crear algo viable que pudiera ser votado. “Una política maximalista puede ser muy linda pero después no la banca el bloque”, aseguró uno de los presentes. Como alternativa, una asesora del FPV propuso “girar una explicación de los diferentes proyectos a diputados”; en tanto que, otro asesor entendió que lo conveniente era “sacar un dictamen que derogue solo los tratamientos, en eso estamos todos de acuerdo”. Pero el asesor del presidente de la comisión disintió, “no sé si lo de los tratamientos va a ser tan sencillo porque hay un montón de intereses involucrados, de granjas…” y cerró la reunión invitando a los presentes a “pensar una redacción intermedia y algo concreto para las mulas”.

Un mes y medio después, los asesores volvieron a reunirse para tratar este tema. En esta oportunidad, no se presentaron los asesores del diputado de la UCR que no pertenecía a la comisión ni el abogado de la ONG. Es más, solo algunos de los asesores presentes habían participado de la reunión anterior. Luego de algunos anuncios sobre la agenda de la Comisión —se estaba organizando una reunión de diputados para fines de mayo— se retomó la discusión. Nuevamente, la “tenencia simple” acaparó el debate. Sin embargo, cuando se quiso profundizar en busca de redacciones alternativas, como la mayoría desconocía el modo en que se aplica la ley vigente, las intervenciones terminaron en afirmaciones vacías cuando no en una mera recopilación de estereotipos. Así, quienes defendían el paradigma prohibicionista lanzaron frases como “tenemos que evitar el narcotráfico”, “detrás de la droga viene el delito”, “sacan a Gendarmería de la frontera, no se radariza, no somos Holanda”, “la policía de la Provincia de Buenos Aires es la responsable del narcotráfico pero si por eso tengo que sacar lo penal no sé a dónde llegamos”, “la sociedad no está preparada”, “hay un sector de la sociedad que no se puede defender”, “si crece el narcotráfico es porque alguien consume”, “nos estamos olvidando de los efectos disuasivos de la penalización”.

Otro grupo de asesores, entre tanto, insistía en encontrar “atenuantes” pero sin proponer soluciones concretas. Hubo quienes citaron a Foucault, denunciaron la selectividad del sistema penal o reiteraron preguntas sobre el sistema de gramaje. Una socióloga intentó explicar la diferencia entre los consumos problemáticos y los no problemáticos; mientras que, una asesora afirmaba que la “tenencia simple” era un tema de salud y apoyaba sus afirmaciones con datos de un periódico de gran tirada. Frente al interminable discurrir sobre los efectos cuantitativos de la legislación y las “nuevas” experiencias en materia legislativa internacional, el asesor del presidente de la Comisión dio por concluida la reunión no sin antes preguntar si había acuerdo con respecto a la “tenencia para consumo personal”. Los presentes asintieron y los exhortó a hablar con sus respectivos diputados. Detrás del barullo una asesora insistía “¿Y las mulas? Nosotros [un grupo de asesores del bloque FPV] pensamos un tipo para las mulas”. Pero la reunión ya había culminado y como era habitual, en pocos segundos, la sala se había vaciado.

De cualquier forma, como luego explicaron varios entrevistados, el trabajo en asesores estaba estancado. No tanto por la extendida falta de conocimiento sobre esta problemática o porque los asesores estuviesen abocados a otras temáticas; sino más bien porque, si en “los proyectos menos conocidos se trabaja el consenso y los asesores tienen un rol importante”, este era un “tema mediático [y esos temas] van a diputados”. En otras palabras, lo que se precisaba era una “definición política” y, en palabras de una asesora, “nosotros somos personal técnico que cumple funciones de cuerpo técnico, las decisiones políticas las toman los diputados”. Pero antes de que tuviera lugar la reunión de diputados, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (MLS) y el presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones (GEN) —ambos autores de proyectos en debate—, organizaron una audiencia pública para debatir los proyectos hasta entonces presentados.[15]

Ahora bien, esta decisión de los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico de organizar una audiencia pública debe entenderse en el marco de una más amplia transformación en las formas de hacer política que tuvo lugar en la Cámara de Diputados en los últimos años. Analizar estos cambios resulta, entonces, un paso previo fundamental para comprender el modo en que se desarrolló la audiencia pública así como el resto del debate.

El ingreso de la “sociedad civil” al ámbito parlamentario

Las audiencias públicas fueron incorporadas en 2001 al reglamento de la HCDN junto a otra serie de reformas —i.e., la obligatoriedad de garantizar la transmisión en vivo de las sesiones, el acceso público a la información desde el sitio web de la Cámara, etc.— para otorgar “transparencia” y fomentar la participación de la “sociedad civil” en el ámbito parlamentario. Empero, para los empleados del Congreso las modificaciones trajeron consigo más que un simple cambio en el reglamento, se trató antes bien de un punto de inflexión en el proceso legislativo al que caracterizaron como una oposición entre un “antes [cuando] era impensable la participación de la sociedad civil” y un ahora en el cual “ningún proyecto que tenga efectos concretos en la realidad puede ser posible sin [su] participación”.[16] Ciertamente, el debate por la modificación de la actual ley de drogas no fue una excepción. A lo largo de poco más de dos años de debate, no solo se organizaron audiencias públicas, seminarios y reuniones con invitados; sino que, además, se redactaron proyectos en conjunto con estas organizaciones, se les enviaron “borradores de dictamen” para que los sometieran a su consideración, se otorgaron entrevistas y se recibió a activistas y expertos en oficinas y despachos. Más aún, la inclusión de esta problemática en la agenda parlamentaria fue fruto del trabajo de diversas organizaciones sociales orientadas a la defensa de los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas y cultivadores de cannabis.

En otras palabras, la participación de las organizaciones sociales en este escenario no solo supuso la creación de nuevos espacios de discusión; sino que, como explicaron los asesores entrevistados, las formas habituales tanto de poner un tema en agenda —i.e., en el temario—, de construir alianzas y consensos como de concebir, orientar, pensar y valorar el propio trabajo también se vieron modificadas. Por un lado, a las ya tradicionales formas de caracterizar el trabajo de los legisladores —esto es, diputados de izquierda y derecha; que trabajan en su provincia o atienden a los debates del Congreso; “mediáticos”, “cuadros técnicos”, “cuadros políticos” o “levanta manos”; presidentes de bloque, de comisión o “diputados rasos”; con título de abogado, médico[17] o políticos “de profesión”— se sumaron otras valoraciones vinculadas a su relación con las organizaciones de la “sociedad civil”. En este sentido, los asesores entrevistados distinguieron entre legisladores que “tienen su proyectito cerradito y quieren que se apruebe” y legisladores que “te traen a la sociedad civil”, legisladores que quieren el proyecto “Diputado González” y otros que consultan a las organizaciones y elaboran sus proyectos con —o de acuerdo a— las demandas de la “sociedad civil”.

Por otro lado, aunque el lobby, la “rosca política” y toda otra serie de estrategias de cabildeo que suelen desplegar los diputados y que apelan a la trayectoria personal en la política profesional, la filiación políticopartidaria, la amistad, el respeto, la confianza, las presiones y los acuerdos para conseguir respaldo a sus iniciativas continúan ocupando un rol central en las negociaciones y la búsqueda de consenso dentro y fuera del propio bloque, en los últimos años, la forma de “militar los proyectos” —en palabras de una asesora, “hacer todo lo posible para que se trate, hablar con los compañeros de bancada, armar consensos, pedir tratamiento, ir a defenderlo, que los asesores pidan su inclusión en reuniones, hacerle prensa”— ha cambiado. Esto no quiere decir, como advirtió un asesor, que militar un proyecto no siga siendo “Decirle a [Presidente del bloque mayoritario] ‘Mirá, quiero este proyecto’. Te dice, ‘Bueno, votame la ley de presupuesto’. ‘No’. ‘Bueno, entonces no te saco el proyecto’. ‘Está bien, te voto la ley de presupuesto, pero el artículo dos te voto en contra’. ‘Bueno’”; sino que también, es cada vez más,

Traer gente de afuera, movilizar, movilizar y en base a esa movilización romper los huevos [sic], ¿viste? Vas a los presidentes de los bloques y les decís “Mirá, hay que firmar este”. Sacar una nota en un diario, una solicitada, hacer un acto, una marcha, hacer una audiencia, audiencias públicas, que vengan a hablar. Bueno, vengan y cuenten lo que pasa… (Entrevista a asesor, 2011).

Ello así porque, en palabras de los asesores, contar con el apoyo de la “sociedad civil” y poder demostrarlo en las audiencias públicas, seminarios o reuniones de comisión con invitados, desde ya, ayuda a sumar votos entre los legisladores indecisos,

El gran antes y después es la sanción del matrimonio igualitario. […] Hay diputados, realmente me consta, que cambiaron su voto, el sentido de su voto al escuchar esas reuniones interminables e incansables que uno decía “Basta, volvemos a escuchar de nuevo lo mismo”. Pero bueno, para el que por ahí está convencido ya llega a un punto que “Basta, no quiero escuchar más”. Pero realmente es importante porque han cambiado la manera de pensar y la manera de enfocar muchísimas cuestiones de muchísimos diputados que han cambiado el voto. Muchos lo han dicho en el recinto: “Yo empecé pensando de una manera y ahora pienso de otra completamente distinta” (Entrevista a asesora 2012).

Pero además, dota a los legisladores de un mayor poder de negociación en las reuniones que tienen lugar detrás de los bastidores donde se toman las decisiones políticas,

[Una cosa es] decir “Mirá, este es mi proyecto, ¿lo acompañás o no?” y otra cosa es “Mirá, yo tengo esta idea, armemos el proyecto”. Yo creo que eso te da mucha más legitimidad porque a la hora de buscar apoyos políticos decís “Mirá, este proyecto lo laburé con [organización de la sociedad civil], con este, con lalala, ¿firmás o no?” Y después, te llama [organización de la sociedad civil] y te dice “Che, estamos laburando este proyecto, ¿firmás?”. ¿Qué vas a decir, entendés? […] [Por ejemplo] El proyecto [de matrimonio igualitario] empezó con [Diputada] y [Diputada] del Partido Socialista. Ellas lo militaron, lo militaron, lo militaron, […] Hacían audiencias públicas, invitaban gente que venía a favor, gente que venía en contra. O sea, fue todo un proceso de participación importante donde después es difícil no acompañar eso. Y esa me parece es una buena experiencia para ver un proyecto complicado y que solamente se aprobó por todo el laburo de estas diputadas pero con la sociedad civil metida presionando por todos lados, por donde se podía y cómo se podía para que salga (Entrevista a asesor, 2011).

Así las cosas, la participación pública —elaborando e impulsando sus proyectos o bien sirviendo de “envión” a proyectos elaborados por los diputados pero sin suficiente apoyo para ser sancionados— ha ido ganando importancia, volviéndose una herramienta imposible de soslayar en cualquier estrategia política. Como explicaron los asesores entrevistados, armar un proyecto de ley y el trabajo cotidiano con diferentes organismos no solo “te hace quedar bien” y “enriquece el laburo porque hay cosas que vos no sabés porque estás en una oficina con una computadora y los tipos vienen militando, vienen laburando los temas”; sino que, además, “amplía el consenso y le da mucha más fuerza política”, “le da mucha legitimidad y se les hace muy difícil a los que están en contra discutir”.

Con todo, los mismos entrevistados se apresuraron en afirmar que “hay buenos y malos ejemplos”. La participación de gente que no conoce las leyes ni el juego político y carece de experiencia puede “hacer que las cosas no salgan bien”. Si no, basta recordar el caso de Blumberg que, en palabras de un asesor, “estés a favor o en contra del aumento de las penas, no se puede negar que hizo un desastre del Código Penal. Hay penas de cincuenta años y es peor robar un auto que matar una persona. O sea es una cosa espantosa y el tipo iba ahí y decía ‘esto no, esto sí, esto no’…”. En palabras de otro asesor, “con Blumberg la cosa se fue de las manos”.[18] Por ello, convocar una audiencia pública, organizar un seminario o invitar a las organizaciones a participar de una reunión de comisión también es considerado una aventura riesgosa que no solo no siempre conduce al resultado esperado; sino que además, la participación pública en estos espacios esconde un peligro latente ya que contribuye a desdibujar los “extremos de la sociedad civil” animándola, por ejemplo, a interrumpir con gritos, insultos y amenazas el discurso de los legisladores, a hacer uso de la palabra “como si fuera un diputado más”, a solicitar un lugar en la mesa de debate durante las reuniones de comisión e incluso a pedir la palabra en las sesiones de la Cámara, amenazando así las prerrogativas de los diputados en tanto representantes electos.

En definitiva, si bien estas transformaciones en el reglamento de la Cámara de Diputados han sido, sino impulsadas, al menos bienvenidas por los legisladores y aunque estos esperan y aprecian la contribución de la “sociedad civil” —i.e., los recién llegados—, es igualmente cierto que consideran necesario indicarles los límites de su participación, “hasta dónde pueden llegar”. De este modo, puede afirmarse que conviven en el seno del debate parlamentario dos conflictos: uno de carácter político, donde prima la lógica de las alianzas; y, otro, de carácter identitario caracterizado por el esfuerzo de los asesores, legisladores y funcionarios —en tanto establecidos— por definir y demarcar las anteriormente implícitas y poco problemáticas fronteras que los separan de la “sociedad civil” para poder defenderlas con mayor facilidad y precisión (Elías y Scotson, 2000; Noel, 2012).

Erigiendo fronteras: los establecidos y los recién llegados

Al igual que ocurre en los procesos de crecimiento demográfico acelerado (Noel, 2012), los legisladores, asesores y demás empleados parlamentarios, en cuanto establecidos, se consideran los tradicionales moradores del Congreso de la Nación, incluso cuando la mayoría de los asesores y diputados han ingresado al mismo tiempo o después que los supuestos recién llegados.[19] Por ello, aunque el carácter de establecido sea expresado, en parte, en clave temporal más bien descansa en “la capacidad de monopolizar y movilizar de modo exitoso ciertos recursos culturales, sociales y materiales” (Noel, 2012: 117). Estos recursos, que pueden asirse en los repertorios cognitivos de los que disponen los legisladores, asesores y demás empleados parlamentarios y que los identifican como establecidos, están relacionados al trabajo cotidiano en el congreso: conocer la “rosca política”, la “cocina de una ley”, la forma de trabajo de las comisiones y las formalidades protocolares, saber quién es quién, poder mapear los lazos de amistad y rivalidad ancestrales y estar familiarizado con chismes, anécdotas y la historia informal de la institución transmitida entre los miembros de partidos políticos, familiares y empleados parlamentarios.

Desde ya, este saber —que excede al conocimiento formal, técnico y especializado de las leyes, códigos y reglamentos y que aparece más bien vinculado al oficio (Barrera, 2012; Eilbaum, 2012)— no se encuentra igualmente distribuido. Cada elección trae consigo un alto porcentaje de asesores y diputados que ingresan por primera vez al Congreso y que, luego, no se presentan o no son elegidos para renovar su mandato.[20] Así, pese a que la mayoría de los ingresantes tiene experiencia en la política partidaria y en el poder legislativo de su provincia (Jones et al., 2002), desconoce el funcionamiento de la Cámara,

Me acuerdo que ella era vicepresidenta del bloque radical en su momento. Mi viejo la conocía y me dice: “Decile a ella que te averigüe para poder pedir una licencia”, sin goce de sueldo por un año. Y la mina [mujer] —que es la mujer de un viejo dirigente radical que era de [Provincia], que conocía bien, fue diputada provincial varias veces— estaba ahí y mandó un memo. La llamó el presidente de la Cámara, que en ese momento era un duhaldista [en ese momento línea interna del bloque mayoritario]. Me acuerdo que mandó un memo así [gesto que indica extenso]. Lo que la cagó a pedos [reprender, retar, amonestar, llamar la atención a alguien por su conducta]. La mina no tenía manejo. En [Provincia], había sido diputada provincial como diez años. Te juro, yo volví al año siguiente —que fue un quilombo para que me dieran esa licencia, de pedo [casualidad] me la dieron casi no me la dan, eso que era sin goce de sueldo—, cuando volví, la mina un manejo pero no sabés, ¡no la tocaba nadie! Pero un manejo, un cambio abismal. ¿Por qué? Porque ya era piola [avispada, astuta, hábil], ya sabía. Me dice: “Me llega a llamar ahora el presidente de la Cámara para decirme eso y le digo: ‘¿Pero vos quién sos para putearme así?’”. Y ahí: “Ah, bueno, déjeme. Veo qué hago, le pregunto a este muchacho…” (Entrevista a asesor, 2012).

En pocas palabras, hay que aprender a desenvolverse en la Cámara, a ser asesor y diputado. No solo en lo que respecta a trámites administrativos, formas de tratamiento, expresiones, espacios y tiempos adecuados; sino también, en lo que atañe a cuestiones básicas de la labor legislativa como saber dónde y a quién solicitar información, cómo funciona una comisión, quiénes suelen asistir o quiénes tienen la última palabra en un tema determinado.

Son los empleados de “planta permanente” asignados a los despachos de los diputados, los asesores experimentados de “planta transitoria” —en algunos casos, con más de una década de trabajo en la HCDN—[21] y los empleados administrativos de las comisiones y los legisladores con mayor antigüedad quienes —están familiarizados con y— socializan a los diputados electos y sus asesores en este mundo signado por relaciones personales que, en más de una oportunidad, cruzan las barreras de filiación partidaria y donde la lealtad, el parentesco y la amistad configuran una compleja trama de alianzas y afinidades;[22] pero también un mundo atravesado por relaciones jerárquicas e identidades diferenciales. Ciertamente, en la Cámara no es lo mismo ser presidente de bloque o comisión que “diputado raso”; ser un funcionario con investidura pública que un mero empleado. Pero además, en una institución caracterizada por el permanente recambio, no es lo mismo ser personal de “planta permanente” (que permanece más allá de la gestión de turno y ve desfilar año tras año camadas de legisladores y sus colaboradores) que de “planta transitoria” o “contratado”; más aún, cuando estas diferencias se refuerzan en el tratamiento que se da a los proyectos y se materializan en los espacios de trabajo, circuitos de tránsito y lugares de descanso.[23]

Con todo, son precisamente estas diferentes formas de ser y sentirse parte de la Cámara —no exentas de conflictos y contradicciones— con sus desiguales tiempos de permanencia, formas de ingreso y egreso, circulación y vías de ascenso, jerarquías y adscripciones múltiples a ámbitos laborales, partidos y bloques parlamentarios —y, en el caso de los diputados, el “haber sido elegidos por el pueblo” y el “ser los únicos legalmente autorizados para votar en el recinto un proyecto de ley”—, lo que asegura a asesores, empleados y legisladores un lugar inexpugnable como establecidos trazando un límite infranqueable para los outsiders i.e., la “sociedad civil”, los recién llegados— quienes, al quedar por fuera, clarifican los límites del grupo del que han sido excluidos. Fronteras retóricamente construidas y moralmente reforzadas que, de todas formas, son cuidadosamente patrulladas, materializándose en el uso de la palabra, del espacio y del tiempo, en las prácticas de diputados, asesores y empleados, principalmente, cuando la “sociedad civil” es invitada a participar del debate. Así, si las diferencias al interior de la Cámara son profundas y permanentemente marcadas, lo son mucho más para con los de afuera, los outsiders. Dicho esto, podemos preguntarnos ¿cómo jugaron ambas lógicas —i.e., la lógica de las alianzas y la de las fronteras— en la audiencia pública y en el resto del debate?

La audiencia pública

De acuerdo al reglamento de la HCDN, las audiencias públicas son reuniones que organizan las comisiones para debatir un tema en particular. Para ello, se convoca a especialistas y a todas aquellas personas interesadas en brindar información o presentar su opinión sobre el tema en cuestión —entiéndase, la ciudadanía en general, personas jurídicas de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad. Generalmente se celebran varias audiencias, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, para recabar la mayor información posible y la opinión de referentes sociales. La audiencia pública organizada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y el presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones para debatir los proyectos de reforma de la actual ley de estupefacientes, que tuvo lugar el miércoles 15 de junio de 2011 en la sala 1 del Anexo, se pensó como la primera de una serie de audiencias en la que se esperaba contar con la presencia de diputados, jueces, abogados, funcionarios del Poder Ejecutivo, periodistas, organizaciones sociales y agrupaciones cannábicas. Y así fue.

El día de la audiencia una gran cantidad de periodistas y asistentes colmó el ingreso al Edificio Anexo. Ello probablemente explique la inusual presencia en el acceso al hall de entrada de dos empleados de seguridad quienes, listado en mano y rompiendo con las formas habituales, dejaron ingresar “directamente” —sin acreditarse en recepción— a los expositores y anotaron en una planilla nombre, apellido y documento de los asistentes, acelerando, de este modo, el trámite de acreditación y evitando la congestión de la mesa de entrada. La sala del segundo piso donde se desarrolló la audiencia no era muy diferente pero sí algo más amplia que las salas donde, normalmente, se llevaban a cabo las reuniones de asesores y diputados. En medio de la sala, ocupándola casi en su totalidad, se desplegaba el escritorio en forma de “u” y, en su interior, el pequeño escritorio rectangular —usualmente vacío— destinado a los taquígrafos. A excepción de uno de los extremos, que había sido reservado para la prensa, una fila de asientos cubría las paredes del recinto. Esta área con sus dos vías de ingreso habilitadas, había sido separada del resto de la sala por caballetes dispuestos en forma algo improvisada y situada frente a la bandera argentina, escoltada, a su vez, por cuadros con láminas de próceres y ubicada detrás de la cabecera de la mesa de reunión.

Los asesores de los diputados que convocaron a la audiencia, fueron los encargados de recibir a los recién llegados e indicarles el sector de la sala en el cual debían acomodarse acorde a su calidad de expositores, público o prensa: en cualquiera de las sillas dispuestas alrededor del escritorio en forma de “u” cerca de los micrófonos; en las sillas alrededor del escritorio en forma de “u” alejadas de los micrófonos y en las que se encontraban contra la pared; o bien en el sector destinado a la prensa del otro lado de la sala, respectivamente. Las diferentes vías de ingreso y la existencia de espacios delimitados reforzaron, desde un inicio, los roles e identidades diferenciales de las personas presentes en el recinto. Sin embargo, este esfuerzo clasificatorio encontró sus límites en la posibilidad que tenían los invitados de escoger en qué lugar sentarse dentro del sector indicado. Tampoco hubo un orden de ingreso estipulado, por lo que la sala se llenó, el escritorio se colmó de papeles y las sillas se cargaron de abrigos, mochilas, carteras y maletines sin orden aparente. Además, pese al empeño de los organizadores para que los participantes ocuparan sus lugares, pocos, en verdad, aguardaron el inicio de la audiencia sentados. La mayoría lo hizo conversando de pie o saludando efusivamente a un recién llegado.

A la hora pautada, en medio de los flashes de una docena de fotógrafos, tomó la palabra el presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones para dar comienzo formal a la audiencia. Los presentes ocuparon sus asientos y se pudo, finalmente, visibilizar su disposición en la sala. En las sillas ubicadas en la cabecera del escritorio se sentaron los presidentes de las comisiones organizadoras. A su lado, un diputado, un reconocido abogado en la materia, uno de los directores de la revista THC, una representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y quien escribe.[24] Los laterales del escritorio fueron ocupados, de un lado, por los asesores de los diputados que organizaban la audiencia —uno de los cuales oficiaba de coordinador—,[25] miembros de RADAUD y de la revista THC, la presidenta de Intercambios y un miembro del Comité Científico Asesor, seguidos de varios miembros de diferentes asociaciones cannábicas que hacia el final de la mesa se confundían con el público que colmaba las sillas apostadas contra las paredes de la sala. En el otro lateral se sentaron algunos diputados, la vicepresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), el presidente de ARDA y un miembro del Centro de Estudios Avanzados de Drogodependencia y SIDA (CEADS-UNR), seguidos de investigadores que no expusieron en la audiencia. Entre el público, en cambio, abundaron los asesores de legisladores y funcionarios, miembros de diferentes agrupaciones cannábicas y algunos militantes del MLS que tampoco hicieron uso de la palabra.

La apertura estuvo a cargo de los presidentes de las comisiones organizadoras. Tras su intervención, tomó la palabra el coordinador, quien explicó que dada la gran convocatoria cada expositor debía atenerse a un máximo de cinco minutos, reduciendo a la mitad el tiempo de exposición inicialmente previsto. Hasta aquí, la distribución equitativa del tiempo pautado para cada intervención así como la posibilidad de escoger el lugar donde sentarse dentro del propio sector, la libertad de entrar y salir de la sala, la ausencia de una jerga especializada y de un orden aparente en el listado de expositores parecían indicar el esfuerzo de los organizadores por simbolizar la igualdad de los participantes y de las condiciones de participación. Sin embargo, culminadas las intervenciones de los primeros invitados, con la modificación de la composición de la sala y la llegada de nuevos expositores, pronto afloraron otros significados del espacio así como actitudes respecto de su ocupación. Los diputados que ingresaron entrada la tarde, cuando no se les ofreció un asiento cercano a la cabecera, se acercaron ellos mismos o enviaron a un asesor para que la secretaria de la Comisión les gestionase uno. Miembros del Poder Ejecutivo y Judicial adoptaron una actitud similar. Aun cuando algunos de ellos por falta de espacio tomaron asiento en los laterales, al momento de hablar muchos se dirigieron al centro de la cabecera. Allí ubicados, tenían delante suyo los flashes y las cámaras de televisión para publicitar su intervención, detrás la bandera y los cuadros de los próceres para encumbrar su contribución.

Por otra parte, la posibilidad de hacer uso de la palabra finalmente se distribuyó en forma dispar. A los diputados y personajes con cierto prestigio y/o fama que se hicieron presentes en la sala, aunque no figuraban en el listado de oradores, se les preguntó si deseaban hablar. Mientras que, a otros miembros del público, que deseaban hacerlo y tampoco se encontraban en la lista, se les negó la misma posibilidad. Tal fue el caso de una socióloga que pidió intervenir pero, dado que “los tiempos eran acotados”, no se le permitió participar. De hecho, la única persona que intervino por fuera de su turno de habla para llamar la atención sobre el tiempo de la exposición, para “aclarar alguna duda” o para pedir respeto, fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Del mismo modo, el manejo del tiempo fue arbitrario. Así, mientras que miembros de las redes de usuarios y agrupaciones cannábicas recibieron advertencias sobre la duración de su exposición, reconocidos funcionarios y periodistas casi cuadruplicaron los cinco minutos establecidos sin recibir un llamado de atención. En estos casos, el coordinador miraba a los presidentes de las comisiones organizadoras esperando un guiño cómplice que lo autorizara a pedirle al invitado que fuera “redondeando su exposición”.

En este sentido, otro dato significativo es que la mayoría de los disertantes no permaneció en la sala durante las cinco horas que se extendió la reunión. De hecho, muchos de los diputados e invitados que figuraban entre los primeros en el orden de exposición, llegaron temprano y pasados algunos minutos o cuanto mucho una hora de concluida su intervención se retiraron silenciosamente por donde habían ingresado. A otros tantos, los disertantes de mayor prestigio y renombre, se les cedió la palabra al momento en que hicieron su aparición y luego de concluir su exposición abandonaron la sala ruidosamente, haciendo comentarios a los medios o saludando efusivamente a otro de los expositores presentes. No obstante, pese a que con el correr de las horas la ocupación de la sala fue mermando, unos cuantos disertantes y miembros del público permanecieron en sus asientos hasta que concluyó el debate. Ahora bien, la composición de la sala no era similar a la inicial, si bien algunos diputados y reconocidos especialistas presenciaron el cierre, quienes para ese entonces poblaban la sala eran en su mayoría los asesores y activistas cannábicos. Con todo, el uso diferencial de la palabra, del tiempo y del espacio no fueron las únicas formas en que se simbolizaron las condiciones y posibilidades desiguales de intervención.

La pertenencia institucional, pero también los gestos, actitudes, formas de vestir y de expresarse, también trazaron límites y fronteras entre los expositores que se manifestaron en las formas de tratamiento y presentación. No faltó oportunidad en que personas vestidas formalmente y pertenecientes a una reconocida organización fueron presentadas como licenciado o doctor, cuando en realidad no lo eran; mientras que, algunos activistas cannábicos fueron presentados por nombre y apellido, cuando en realidad tenían título universitario. La “chapa”, los gestos, las actitudes, las formas de vestir y de expresarse, en palabras de Barth (1976), se mostraron como rasgos diacríticos que las personas descubrieron y exhibieron indicando pertenencia a determinados grupos. Así, mientras que la ausencia de una jerga especializada, una actitud relativamente flexible adoptada al inicio en relación al uso del espacio y las pautas explicitadas para regular los tiempos de la audiencia parecían abocadas a simbolizar la igualdad de los participantes y de las condiciones de participación; la estructura edilicia con sus vías de ingreso diferenciales, la disposición del mobiliario en la sala así como normas implícitas sobre cómo llevar adelante una audiencia junto a las prácticas y representaciones rutinizadas y naturalizadas de los empleados, funcionarios y legisladores, terminaron actuando como mecanismos ritualizados de reforzamiento de relaciones jerárquicas e identidades diferenciales.[26]

En pocas palabras, la dimensión ritual de la audiencia pública, consagró diferencias preexistentes —tanto internas al Poder Legislativo, entre asesores, empleados y diputados; como externas, pertenecer o no al Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial o bien ser o no ser un personaje famoso de la sociedad— haciéndolas conocer y reconocer, no solo por quienes habían sido investidos, sino por todos los que participaban del ritual. En este sentido, la audiencia —y, de forma similar, las otras instancias en que la “sociedad civil” fue invitada a participar del debate, esto es, los seminarios y las reuniones de comisión con invitados— no se mostró, simplemente, como un lugar de debate, sino también como una forma determinada de imaginar y simbolizar lo real (Geertz, 1994). Esto es, la existencia de establecidos y outsiders; y, entre estos, de “piantavotos” y notables”.

De “piantavotos” y “notables”

A diferencia de lo que sostienen Elías y Scotson (2000), esta inclusión con exclusión y en algunos casos estigmatización de la que fueron objeto los outsiders no engendró, entre estos, un “efecto paralizante”. Al contrario, las organizaciones de la “sociedad civil” estuvieran conformadas por familiares, usuarios, profesionales y/o especialistas, abogasen por la despenalización o por el prohibicionismo, movilizaron —con mayor o menor éxito— sus propios repertorios cognitivos y morales para ser reconocidos como miembros del colectivo socialmente legitimado para debatir los proyectos de ley en el Congreso. Estos repertorios no desconocían, más aún, se entrelazaban con la lógica de las alianzas, consensos y acuerdos políticos. No obstante, lo cierto es que lo que resaltaban no eran los puntos en común a favor o en contra del actual paradigma, sino las diferencias, las particularidades, la propia experiencia y experticia. En este sentido, podemos distinguir cuatro grandes grupos de acuerdo a los repertorios a los que echaron mano: las asociaciones de reducción de daños, las comunidades terapéuticas,[27] las redes de familiares y las agrupaciones de usuarios. De modo que, para comprender el modo en que los usuarios se presentaron en este escenario, buscando constituirse en interlocutores válidos, resulta fundamental atender a los regímenes de sentido en los cuales esta autocaracterización se estaba insertando.

El primero de estos grupos, al que he denominado asociaciones de reducción de daños, estaba conformado por diversas ONG —entre ellas, Intercambios y ARDA— así como por organismos de derechos humanos, diversos especialistas y profesionales de la salud que trabajaban en asistencia y tenían un diálogo más o menos fluido con las mismas. Los miembros de este grupo eran partidarios de la descriminalización del usuario de drogas y compartían la posibilidad de acceder a un repertorio de prestigio similar al de los establecidos. Este repertorio se articulaba sobre la base de una formación universitaria en derecho, salud, psicología, sociología y trabajo social, de una amplia trayectoria profesional y de años de experiencia en la materia y en defensa de los derechos humanos,

Es un honor poder estar aquí acompañando a tantos colegas, amigos y a los legisladores en esta audiencia, y poder hacerlo en representación de la Universidad Nacional de […], una institución que desde los años noventa viene fundamentando la necesidad de modificar la política legislativa, despenalizando la tenencia de drogas para consumo. También se trata de una institución que ha sido pionera en el país en instalar una política de salud alternativa focalizada en la reducción de daños” (Psicóloga y presidenta de ONG, HCDN audiencia pública —en adelante, AP—, 2011).

La [Asociación] lleva diecisiete años trabajando alrededor de los problemas asociados a las drogas; fundamentalmente con líneas de investigación que abordan distintas temáticas vinculadas con el campo de la salud y también con la situación carcelaria de personas afectadas por las legislaciones en materia de drogas. También desarrollamos un trabajo de intervención social en distintos territorios. Es decir que nuestra opinión básicamente tiene como sustento los campos de la investigación científica y social, con contacto directo en los territorios, con los equipos de trabajo y con las organizaciones sociales que se ven afectadas por esta temática (Trabajadora social y presidenta de ONG, HCDN reunión de comisión con invitados —en adelante, RCI—, 2012).

No obstante, aunque tenían acceso a recursos materiales, sociales y culturales que eran reconocidos por los establecidos, poco asequibles para los demás outsiders, y que los situaban sin mayores inconvenientes como interlocutores válidos dentro del colectivo al cual reclamaban pertenencia, a lo largo de las entrevistas realizadas a sus miembros surge cómo, dada la frecuente renovación de las Cámaras, esto no resultaba tan sencillo. Más bien, implicaba un permanente esfuerzo de acercamiento y diálogo con los diputados; al mismo tiempo que se diferenciaban de ellos haciendo hincapié en su “perfil de organización con un trabajo fuerte de incidencia política pero bastante ligado, basado en un trabajo más académico y científico” (Entrevista a miembro de ONG, 2010).

El grupo denominado comunidades terapéuticas contaba, en cambio, entre sus integrantes con profesionales de la salud, operadores terapéuticos y promotores de las vulgarmente llamadas “granjas” así como con diversos especialistas, ex funcionarios y trabajadores de otros dispositivos de atención y modalidades de tratamiento afines al prohibicionismo/ abstencionismo. No obstante, sus miembros, al igual que las asociaciones de reducción de daños, recurrieron para legitimarse a un repertorio anclado en la formación universitaria; pero, sobre todo, a su amplia trayectoria en el problema,

Quiero agradecer la posibilidad de traer el punto de vista y la voz de muchas de las organizaciones sociales que hoy, desde la sociedad civil y desde muchos años de trabajo y compromiso, están garantizando la continuidad de los tratamientos de adicciones en todo el país. La federación que represento reúne a ochenta ONG de todo el país que trabajan en prevención y asistencia de adicciones. Voy hablar exclusivamente en representación de esas ochenta ONG, porque hay muchas instituciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan por fuera de nuestra federación. Nosotros hacemos un trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento y el desarrollo de la calidad en todas las prácticas de atención y asistencia, y tenemos treinta años de trabajo que sustentan y nos dan autoridad para opinar sobre temas que tienen que ver con adicciones. En este momento en todo el país estamos atendiendo aproximadamente a seis mil personas, en distintas modalidades […] Por lo tanto, nuestras organizaciones tienen contacto directo con la problemática del consumo de sustancias en distintos sectores, con distintos perfiles de problemáticas y en distintos ámbitos del país. Por eso entendemos que nuestro punto de vista puede representar un aporte para pensar esta nueva manera de ver el problema de las drogas (Psicólogo social, sociólogo y representante de federación de ONG, HCDN RCI, 2012).

Asimismo, debemos incluir dentro de este grupo a los llamados “sacerdotes o curas villeros” quienes, si bien no eran operadores terapéuticos ni poseían títulos académicos, no solo trabajaban cotidianamente con “adictos” y se paraban “al lado de las familias más vulnerables” en “las periferias geográficas y existenciales”; sino que se distinguían por su incidencia en el debate, en parte, gracias a la confianza de la que los investía la sotana y el alzacuello eclesiástico. En este sentido, especialmente significativo fue el “Mensaje de los sacerdotes para las villas de emergencia” que se dio a conocer en marzo de 2009 donde, además de denunciar, entre otras cosas, que “la droga [en las villas] está despenalizada de hecho”, los curas se presentaron púbicamente como voz autorizada y legítima dado su trato permanente con jóvenes y su calidad de “sacerdotes y vecinos de estos barrios humildes”.

A diferencia del primer grupo y a excepción de este último subgrupo, en general, los adalides del modelo prohibicionista no gozaban de un amplio respaldo o prestigio. De hecho, los miembros de este grupo para ser reconocidos como interlocutores válidos abocaban sus esfuerzos a impugnar el repertorio movilizado por las asociaciones de reducción de daños y reafirmarse como los especialistas por antonomasia. En este sentido, sostenían que del otro lado había demasiada “gente que se considera[ba] experta por autodesignación” cuando “no ha[bía]n hecho ninguna formación”. Quizás donde más claro quedó plasmada esta forma de construir legitimidad fue en una carta dirigida a la CSJN,

Desmentimos que la Comisión de Expertos [i.e., Comité Científico Asesor] del Ministerio de Justicia reúna reales expertos reconocidos internacionalmente ya que el único que reúne estas características es el camarista Dr. […], registrándose la ausencia de representantes de políticas públicas del Ministerio de Salud y de las ONG (Carta pública a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2009).

En cambio, ellos no solo tenían formación en salud sino experiencia práctica al ser quienes trabajaban día a día en las granjas, “gente que se ensucia con el barro hasta arriba. O sea, que no está en un escritorio, redactando cosas o pensando o proyectando” (Miembro de CT, 2011). Ahora bien, esta cercanía con las “víctimas” y sus familiares era resaltada pero guardando bien las distancias. Ellos, en cuanto especialistas, aportaban “datos científicos”; las madres, familiares y “adictos recuperados”, “experiencia”. Por otra parte, su relación con las agrupaciones de usuarios era, cuanto menos, problemática. Estos activistas eran considerados “agentes del narcotráfico”, por lo que su participación en el debate era duramente cuestionada.

A pesar del abismo que los separaba, muchos de los integrantes de las asociaciones de reducción de daños y de las comunidades terapéuticas compartían una historia en común basada en los más de cuarenta años de trabajo e investigación en el área. Es decir, se trataba de verdaderos pioneros, eran quienes habían creado el FAT, fundado las primeras CT y organizaciones de reducción de daños y/o asumido cargos directivos de la SEDRONAR ni bien esta fue creada. Más aún, sus integrantes más prominentes, habiendo disertado en reuniones internacionales, sido funcionarios e incluso ocupado cargos políticos electivos, habían circulado por este espacio u otros escenarios institucionales similares a este, por lo que poseían un tipo de experiencia de la que carecían los demás outsiders. Asimismo la mayoría utilizaba un lenguaje académico y se comportaba y vestía de un modo formal. En el caso de los hombres, todos usaban traje y, en el caso de las mujeres, trajes sastres, polleras y pantalones de vestir. De modo que hablaban, actuaban y lucían en forma similar a la que lo hacían los establecidos. En pocas palabras, su pertinencia como interlocutores en la HCDN raramente era cuestionada, aunque debía ser año a año renovada.

Un tercer grupo, las redes de familiares, estaba conformado por grupos de familiares, especialmente madres, de jóvenes usuarios. Las primeras de estas organizaciones fueron creadas en el 2003 como respuesta a la aparición del paco[28] en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y barrios del conurbano. No obstante, sus integrantes, en general, se conocían desde antes ya sea por habitar el mismo barrio, ser beneficiarias del mismo plan social o concurrir al mismo comedor. De hecho, fueron estos espacios donde comenzaron a conversar sobre incremento del consumo de pasta base/paco. La primera medida que tomó un grupo de madres se trató de un corte de calle, pero lo que prevalecieron fueron las charlas, encuentros, marchas, escraches a puntos de venta y denuncias formales. Estas acciones estaban destinadas a informar sobre los efectos del paco, visibilizar la venta de drogas en los barrios, denunciar la complicidad policial con el narcotráfico y exigir la intervención estatal mediante la ampliación de la oferta asistencial y el diseño de políticas públicas inclusivas en materia de educación y trabajo (López Bouscayrol, 2015; Naddeo, 2008; Pawlowicz et al., 2012; Suárez Pinzón, 2012). En 2008, diferentes posturas en torno al inminente fallo de la Corte Suprema y sanción de la Ley de Salud Mental terminaron por distanciarlas. La mayoría de estos grupos de madres abrazó al prohibicionismo y comenzó en compañía de “asociaciones antidroga”, miembros de la iglesia católica y diputados nacionales a realizar rondas en Plaza de Mayo. [29]

No obstante, en el Congreso estos grupos, pese a que la mayoría compartía objetivos con las comunidades terapéuticas, construyeron autoridad y legitimidad de manera muy diferente. Los familiares no apelaron a la ciencia ni la experiencia profesional sino “al amor y al dolor que experimentan en carne propia como cualquier persona que ha amado y criado a sus hijos”. Eran sus hijos los que ya habían muerto o se estaban “enterrando en vida”; y, ellas las “víctimas”, las que estaban sufriendo, las que estaban “enterradas”, “bajo tierra”, pero que, de todas formas, estaban ahí pidiendo por la vida de sus hijos y de sus nietos,

Yo soy mamá de chicos destruidos, como todos los chicos consumidores de paco están. Los criamos de la misma manera. Parí mis hijos, los mandé al colegio, los bañé, les tomé la temperatura, cada dolorcito que tenían los estaba socorriendo, les enseñé las reglas sociales, a respetar al prójimo, a saludar al vecino, a dar las gracias, les enseñé todo. Me partí laburando y criando a mis hijos, como todas las mamás. Por ahí, piensan: “Esto les tocó, pero ¿cómo criaron?”. Les juro sociedad, nosotros criamos igual que ustedes […] Yo les puedo decir que ver a su hijo morir el día a día para nosotros los padres es tremendo (Madre contra el paco, HCDN seminario —en adelante, SEM—, 2011).

Quiero decir, en primera instancia, que estoy muy nerviosa, pero que soy una madre que se puso el pañuelo negro pidiendo políticas públicas, hace muchos años, en la Plaza de Mayo […] Quiero contarles que yo empecé en la asociación, porque particularmente pasé con mi hijo por este tema y sé lo que sufre una madre y una familia; cómo la droga disgrega un hogar cuando entra […] Hay chicos muy cultos, muy respetuosos, casi todos universitarios, que hablan de tener su autocultivo, la plantita y todo lo demás. Nosotras queremos que se trate algo mucho más profundo en este debate, que es la vida de nuestros hijos, porque la droga los está matando (Madre contra el paco, HCDN RCI, 2012).

Incluso entre las agrupaciones de madres que se oponían a la internación compulsiva, defendían la ley de Salud Mental y abogaban por la despenalización de la “tenencia de drogas para consumo personal”, el dolor —como ocurre en otros grupos de familiares (Pita, 2010)— se constituía en el eje de sus presentaciones y “puesto en circulación como valor, legitima[ba] y, en este sentido, funda[ba] una autoridad moral que presentándose como incuestionable, constru[ía] el puente hacia el ‘derecho’ a intervenir, a reclamar” (Pita, 2010: 193).

Por otra parte, era innegable —y así lo remarcaron los propios miembros de este grupo— que pertenecían a una clase social diferente que el resto de los participantes del debate. Elías y Scotson (2000) sostienen, en este sentido, que si bien la diferencia de clase es un aspecto importante a tener en cuenta para comprender la relación establecidos/outsiders, es solo uno de los diferenciales de poder existentes. No obstante, en este caso la diferencia de clase era marcada y se hacía presente en la imposibilidad que tenía este grupo de emular rasgos diacríticos y acceder a ciertos recursos valorados en este escenario y de los que otros grupos —incluidos los establecidos— hacían permanentemente gala. Los grupos de madres y familiares, empero, disponían —y movilizaron— sus propios recursos que se mostraron tanto o más eficaces. Así, mediante el uso de remeras estampadas con el logo de las agrupaciones y/o de un pañuelo negro sobre sus cabezas, se inscribían en un linaje de familiares con tradición de lucha que era reforzado por los medios de comunicación y en las prácticas por ellas —en su mayoría se trata de mujeres— adoptadas: rondas, escraches y denuncias en tribunales.

Pero además, estos grupos desvalorizaban los recursos a los que no tenían acceso. En este sentido, remarcaron en más de una oportunidad que no había educación universitaria ni experiencia profesional tal que pudiera explicarles a ellas el “problema de la droga”. “No soy profesional, no soy doctor ni abogada; no entiendo ni de leyes ni de medicina, pero entiendo como madre afectada”, “No tenemos libros, no tenemos estudios, pero sí tenemos capacitación en la vida”, aseveraban. Frente al abandono del Estado, fueron ellas —afirmaron— las que, sin recursos, iniciaron un derrotero interminable para encontrar una solución para sus hijos, le pusieron el cuerpo a la droga y lucharon por la vida, no los defensores de la reducción de daños que “atentan contra la libertad y los derechos”, “perpetúan el narcotráfico” y ahora pretendían “generar un genocidio” despenalizando la droga. Pero, si las asociaciones de reducción de daños se llevaban sus críticas; menos aún merecían su respeto las agrupaciones de usuarios conformadas por “chicos de clase media” que “no saben lo que hace la droga en los barrios”, quienes, por otra parte, se consideraba no tenían derecho a intervenir ya que eran “agentes del narcotráfico” que “enseñan a nuestros hijos a cultivar la droga, comercializando semillas de marihuana”.

El cuarto y último grupo, el de las agrupaciones de usuarios, se valió de un repertorio que los situó como las auténticas “víctimas” de la prohibición. Esto no implicaba ubicarse, únicamente, como quienes sufren los costos sociales de la prohibición y cuyos derechos como ciudadanos, amparados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales de rango constitucional, son sistemáticamente violados al ser detenidos por la policía y/o enfrentar un procesamiento judicial; sino también, como quienes sabían mejor que nadie los temores y peligros que todo consumidor enfrenta,

El gran efecto colateral de la ley es la policía. No voy a entrar en detalles pero el accionar policial y de Gendarmería es vergonzoso, da miedo; eso no es combatir al narcotráfico, es ir contra las libertades. Realmente lo que pasa son barbaridades […] Sería interesante que cuando exista una nueva ley el Estado argentino pida disculpas, pida perdón por haber arruinado la vida a tantas miles de personas que el único delito que cometieron fue consumir. Sería una gran idea que el Estado argentino pida perdón por todas las vidas flageladas y por todo el mal que ha hecho (Activista cannábico, HCDN AP, 2011).

Hoy los que están pagando los platos rotos son los consumidores. Tenemos el caso de JG que estuvo detenido 15 días por 39 plantas y hoy está libre porque se declaró que era para consumo personal; MF que fue el que nombró Víctor Hugo [Morales] que estuvo 17 días en una comisaría por 20 plantas; PA está sentenciado a 4 años por 12 plantas. Además tenemos el caso de WV que fue preso en Mendoza por 7 plantas y torturado, que todos lo vimos en la televisión (Activista cannábico, HCDN AP, 2011).

Pero también se presentaban como quienes sabían mejor que nadie sobre técnicas de cultivo y usos recreativos, industriales y medicinales,

La marihuana no es adictiva. Si uno busca, por ejemplo, en la farmacopea de la historia mundial, no encuentra una sola muerte por ingesta de cannabis, pero sí de tabaco y de alcohol, que son drogas legales. ¿Por qué digo esto? Nosotros queremos dejar sentado que en la Argentina hay usuarios de marihuana medicinal y no tenemos nada que ver con el sistema de salud, no precisamos de él. Al contrario, podríamos aportar porque es sabido internacionalmente que el cannabis es bueno para el glaucoma, para el asma, para el cáncer, y para la esclerosis múltiple. Ya en algunos países se vende en la farmacia derivados del cannabis […] es una planta maravillosa que tiene una gran cantidad de usos industriales y muchos creemos que podría salvar al mundo, porque su fibra es la más resistente, se puede usar para medicina, para comer y podría traer grandes beneficios a la sociedad (Activista cannábico, HCDN AP, 2011).

Estamos trabajando con algunos profesionales de la salud en [Ciudad]. Sé que quizás suena arriesgado decir todo esto, pero nosotros trabajamos con muchos usuarios medicinales, con muchas personas que lo requieren día a día y no saben dónde ir. Entonces, los profesionales los están derivando, puede ser que no sea la mejor palabra, pero nos estamos poniendo en contacto con ellos, con esos usuarios. Les damos información, les decimos cómo cultivar y qué, qué variedad es la mejor, qué cantidad, qué modo de administración es la mejor para ese usuario (Activista cannábico, HCDN RCI, 2012).

Así, resaltando su experiencia y saber práctico no legitimado buscaban diferenciarse del conocimiento “académico y científico” de las asociaciones de reducción de daños; pero, sobre todo, de las redes de familiares con las que, al mismo tiempo, se solidarizaban ofreciéndoles sus conocimientos para reducir los daños del consumo de paco.

Con todo, estas credenciales corrían riesgo de ser impugnadas por los establecidos, las redes de familiares y comunidades terapéuticas que continuaban —y aún hoy continúan— considerando a los usuarios de sustancias psicoactivas como sujetos aislados, dependientes, enfermos, faltos de voluntad, autonomía, responsabilidad, sin un proyecto de vida, que no estudian ni trabajan y suelen tener una mala relación familiar, además de cómplices del narcotráfico, delincuentes y “propagadores del mal”. Por este motivo, para reforzar su lugar como interlocutores válidos este grupo se presentaba, además, como “consumidores no problemáticos”. O, más precisamente, daban la cara como “usuarios responsables”, es decir, como personas que, al igual que cualquier otra persona presente en la sala, estudiaban, tenían una familia que cuidar y un trabajo,

Vengo desde [Provincia] como usuaria terapéutica, representando también a los usuarios terapéuticos […] Nosotros no somos delincuentes sociales […] no todo consumidor es un delincuente. Yo soy madre, soy abuela, milito, trabajo y cobro una pensión no contributiva de 1450 pesos. Es decir que ni siquiera la limitación económica es una limitación en sí misma para poder ser provechoso para la sociedad (Referente red de usuarios medicinales, HCDN RCI, 2012).

Soy consumidor responsable, trabajador, padre, hijo y estudiante. El año pasado estuve en la Facultad de Medicina tomando la primera cátedra interdisciplinaria de Correcta Atención a Usuarios de Sustancias Psicoactivas. Todas las mañanas hago deporte, medito a la mañana y a la noche, y además soy consumidor de drogas […] La legislación penal dice que tenemos que ir presos los cultivadores y los usuarios. Me gustaría que en mi cara me digan que yo, padre, hijo, estudiante, trabajador, tengo que ir preso por una elección que hago en mi casa. Soy consumidor responsable, y como dijo el compañero, me llamaron enfermo, adicto, y en algún punto irresponsable (Activista cannábico, HCDN RCI, 2012).

Así, en tanto “usuarios responsables” se presentaban como personas que elegían un consumo por razones recreativas, terapéuticas o ambas, que estaban preparadas e informadas, pero también como sujetos políticos plenos con el derecho a manifestarse y a ser escuchados en relación a lo que entienden son sus derechos. Un trabajo simbólico que además, en este escenario, se materializó en el uso de traje y, en caso de tenerlos, en una pormenorizada mención de los títulos obtenidos e inserción del disertante en la vida universitaria: “Quiero aclarar que soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, docente auxiliar de Farmacología en la Universidad de […] —sede […]— y autor de la tesina de grado ‘Cannabinoides y síntomas neurológicos: ¿la pieza faltante de la farmacología clínica?’”, advirtió al coordinador —tras haber sido presentado, únicamente, por nombre y apellido— un activista cannábico.

Ahora bien, no debemos olvidar que este esfuerzo de las organizaciones de la “sociedad civil” por sentar las bases de su autoridad y legitimidad para participar y, de este modo, ser admitidos en el colectivo socialmente legitimado para debatir los proyectos de ley en el Congreso Nacional, que se reveló antes que como una oposición polar entre establecidos y outsiders como un “continuum de posiciones en el cual los outsiders de ciertos establecidos pueden bien ser (esto es, reclamarse como) los establecidos de otros outsiders” (Noel, 2012:101) —en otras palabras, se trataba de un grupo heterogéneo donde había “piantavotos” y “notables”—, se daba en el marco de un debate en donde primaba la lógica de las alianzas, consensos y acuerdos políticos.


  1. Una versión parcial de este capítulo fue publicada en 2013 bajo el título “El ingreso de la sociedad civil al parlamento. Nuevos y viejos actores en el debate en torno a la modificación de la actual ley de drogas” en Cuadernos de Antropología Social, Nº 38: 85-107. A excepción del apartado titulado “La audiencia pública” que junto al apartado “Revisitando la audiencia pública” del Capítulo 7 fueron publicados en 2013 bajo el título “Drogas: La audiencia pública. Intervención política y trabajo de campo” en Avá, Nº 22: 97-119.
  2. Los proyectos originalmente presentados fueron los siguientes, 0061-D-2010 (Diputada Conti, FPV), 3673-D-2010 (Diputadas Puigróss, Damilano Grivarello, Nebreda, Segarra y Pilatti Vergara, FPV), 4346-D-2010 (Diputados Peralta, Alcuaz, Stolbizer y Linares, GEN), 6154-D-2010 (Diputados Alfonsín, Chemes, Gil Lavedra, Storani, Fiad, UCR y Albrieu, FPV), 7258-D-2010 (Diputadas Donda Pérez y Merchán, MLS), 7990-D-2010 (Diputados Barrios, Cortina, Cuccovillo, Viale y Ciciliani, PS), 2464-D-2011 (Diputada Ibarra, Nuevo Encuentro) y 3452-D-2011 (Diputada Camaño, Peronismo Federal).
  3. Si la cámara revisora hace modificaciones, la cámara de origen puede por mayoría absoluta aprobar el proyecto con modificaciones o insistir en la redacción originaria, a menos que las modificaciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las modificaciones de la cámara revisora, salvo que la cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la cámara revisora.
  4. El Poder Ejecutivo tiene un lapso de diez días hábiles para expedirse. Si no lo hace, la norma se promulga. De vetarla, las cámaras con dos terceras partes de los votos pueden insistir en la sanción de la normativa.
  5. Luego de que se publica el dictamen en la Orden del Día, los diputados que no participaron en las comisiones tienen la facultad —y un plazo de siete días hábiles— de presentar observaciones que deben ser ingresadas por Secretaria y dirigidas al presidente de la Cámara.
  6. Estos otros recursos son mociones de orden como las de envío a comisión, aplazamiento, apartamiento del reglamento, etc. que permiten diferir o bien aplazar indefinidamente el debate de ciertos proyectos modificando la agenda del plenario (Reglamento de la HCDN, arts. 126 a 129).
  7. La actividad legislativa disminuye considerablemente en los años electorales no solo porque los diputados se muestran reacios a debatir proyectos sensibles a la opinión pública que puedan alterar su imagen positiva; sino que, además, se encuentran de campaña en sus respectivos distritos.
  8. Los diputados contratan personal por una suma máxima que se computa en “módulos”. En caso de presidir una comisión les corresponde disponer de una mayor cantidad de asesores que deben ser destinados a esa comisión. Además, los diputados tienen secretarios, asistentes, asesores de prensa y otros empleados que muchas veces trabajan en el distrito de origen del diputado. La relación entre ellos no es necesariamente jerárquica y solo algunos diputados nombran un “jefe de asesores” o un “jefe de despacho”. En ocasiones, los diputados también cuentan con personal ad honorem, jóvenes recién recibidos que hacen tareas de archivo, atienden el teléfono, etc.
  9. En 1983, con el retorno de la democracia se reabrieron la misma cantidad de comisiones que existía una década atrás, veintiséis. En menos de veinte años esta cifra trepó a las actuales cuarentaicinco. La mayoría de ellas se crearon no tanto por razones técnicas sino más bien políticas: para despachar proyectos de ley o incrementar cargos institucionales frente a la multiplicación de bancas.
  10. Todo asunto promovido por un diputado se presenta en forma de proyecto de ley, de resolución o de declaración (Reglamento de la HCDN, arts. 115 a 118). Las “solicitudes”, “expresiones de preocupación” y “pedidos de informes” son ingresados al temario de las comisiones como “proyectos de resolución”.
  11. Se trata de la revista Parlamentario que elabora un ranking semestral de proyectos de ley, resolución, declaración y comunicación presentados por diputado y por senador. Disponible en: www.parlamentario.com.
  12. Todas las comisiones tienen su secretaría conformada por un secretario, un jefe de piso y otros empleados.
  13. De ahí que, para una asesora, “tenemos que tener algún tipo de aval profesional para estar en las comisiones, porque realmente es muy técnico el trabajo que hacemos”. No obstante, el personal del Congreso en general fue descripto como “un gran cúmulo de gente que viene quedando y no está preparada”. De hecho, en los años noventa, un cuarto de los asesores tenía el primario completo (671), otro cuarto el secundario (705) y menos de la mitad estudios universitarios (821) o terciarios (198) completos (Sinatra y Vélez, 1994).
  14. Se trata del caso de Eduardo y Gustavo Juliá, hijos de un ex Brigadier de la Fuerza Aérea, detenidos en el aeropuerto de El Prat junto a Matías Miret por contrabando de estupefacientes.
  15. Esto es, todos los proyectos menos el de la diputada Camaño presentado el 29 de junio. Este proyecto, a diferencia de los anteriores, proponía la despenalización de la “tenencia para consumo” bajo una redacción engañosa que en realidad agravaba las penas y dificultaba aún más la situación judicial de los usuarios.
  16. Anteriormente, funcionarios y empleados del Estado y asociaciones civiles también participaban de las reuniones de comisión. De hecho, ello ocurrió en 1988, durante el debate de la actual ley de drogas (Comisión de drogadicción, versiones taquigráficas del 15 y 21 de junio, 10 y 17 de agosto de 1988). No obstante, en aquel momento los invitados no eran los autores de proyectos ni seguían el debate; sino que, asistían para informar sobre los temas para los que habían sido convocados.
  17. Históricamente, la abogacía y, en menor medida, la medicina han sido las profesiones más valoradas dentro del Congreso. Abogados y médicos no solo han sido mayoría entre las profesiones que componen la Cámara; sino que, año tras año, en la distribución de los cargos de conducción se han visto beneficiados en proporciones mayores a su superioridad numérica (Cantón, 1964; Goretti y Panosyan, 1986; Sinatra y Vélez, 1994).
  18. Juan Carlos Blumberg es un empresario textil cuyo hijo fue secuestrado y asesinado en 2004. El crimen movilizó a un sector de la clase media que, en una serie de marchas a los edificios de los distintos poderes del Estado, reclamó por la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano. En estas oportunidades, se presentó y entregó a diferentes funcionarios un petitorio con miras a endurecer las penas de ciertos delitos, modificar el régimen de excarcelación, bajar la edad de imputabilidad, etc. Muchas de las sugerencias, en verdad, ya formaban parte de proyectos que no encontraban el consenso necesario para ser aprobados; pero que, gracias a la campaña mediática y presión ejercida por las “víctimas de la inseguridad” en las reuniones de comisión y el recinto, se volvieron ley pasando a ser conocidas como las “Leyes Blumberg” (CEPOC, 2014; Van Den Dooren y Calzado, 2008; entre otros).
  19. En nuestro país, la tasa de reelección de los legisladores es, como dan cuenta una serie de trabajos, una de las más bajas de Latinoamérica (Asociación por los Derechos Civiles, 2006; Fundación Directorio Legislativo, 2011; Konrad Adenauer Stiftung et al., 2015).
  20. Esto no debe interpretarse como una permanente renovación de la clase política. De hecho, es una práctica habitual entre los diputados salientes ocupar cargos en los poderes ejecutivos y legislativos de sus provincias (Konrad Adenauer Stiftung et al., 2015).
  21. Los empleados pertenecen a planta permanente, transitoria o tienen contrato de locación de servicios. Quienes trabajan en planta permanente realizan tareas administrativas o están asignados al despacho de algún diputado y gozan de estabilidad en el cargo. En cambio, quienes pertenecen a planta transitoria o a “planta política” cuando la autoridad que los designó termina su mandato a no ser que pida su “pase a planta”, deben dejar el cargo.
  22. La mayoría de los empleados entrevistados describió su ingreso a la Cámara de la mano de un familiar o bien de un conocido, empleado o compañero de trabajo de su familia para el cual trabajaron, al inicio, ad honorem en tareas de archivo, atendiendo el teléfono o entregando correspondencia. No obstante, el ascenso de categoría o ingreso a “planta” se dio, en algunos casos, a través de otro bloque político. Ello así porque, al terminar el mandato del diputado-empleador, si bien este puede llevar a “su” empleado al nuevo destino o pedir su “pase a planta”, de no suceder esto los asesores deben conseguir nuevos diputados-empleadores que no siempre son del mismo signo político. Con todo, estos cambios de bloque o partido no son privativos de los empleados. Entre 2007 y 2013, la HCDN contabilizó 96 cambios de bloque y/o partido de diputados. Por otra parte, si bien no es frecuente que haya relaciones de parentesco entre los legisladores de un mismo período legislativo, sí es posible reconocer la existencia de clanes que han ocupado históricamente las bancadas de un distrito.
  23. Los legisladores tienen una entrada, ascensores y un comedor de uso exclusivo, una butaca en el recinto y sus propios despachos. Mientras que, las oficinas de las comisiones, si bien amplias y debidamente amuebladas, están pobladas por varios empleados. Ambos espacios contrastan fuertemente con las oficinas del personal de despacho —en su mayoría de “planta transitoria”— pequeñas, con mobiliario insuficiente y, en ocasiones, compartidas por una decena de empleados.
  24. Veremos que pese a no existir indicaciones el lugar en donde me había sentado no era del todo “apropiado”.
  25. El coordinador sería el encargado de presentar a los expositores y controlar los tiempos de la exposición. Esta no es una función cuya existencia esté reglada, sino que más bien es un rol creado ad hoc.
  26. La característica central de los rituales en las “sociedades complejas” es la exaltación de ciertos mecanismos de refuerzo de las reglas, roles e identidades sociales (Da Matta, 1980).
  27. Cabe aclarar que bajo este rótulo se subsume una diversidad de centros —hospitales generales y psiquiátricos, clínicas, CT, centros con orientación religiosa, hospitales de día y noche, Alcohólicos y Narcóticos Anónimos— y especialistas que trabajan con distintas modalidades de tratamiento que pueden convivir dentro de un mismo centro y no siempre obedecen al modelo de CT ya que suponen diferentes prácticas y formas de representar el problema (Pawlowicz et al., 2011). No obstante, se optó por este título dada su preponderancia numérica.
  28. Nombre con el que se popularizó la PAsta base de COcaína en nuestro país a partir del incremento de su consumo, luego de la crisis del 2001. Existen tres versiones sobre su composición: una establece que es pasta base mezclada con bicarbonato de sodio, lo que en otros países se conoce como “crack”; otra que es pasta base adulterada con diversos químicos y otra que es el residuo del proceso de elaboración de la cocaína (TNI, 2006).
  29. Las rondas las realizaban —al igual que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo— alrededor de la Pirámide de Mayo demandando a la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, una audiencia y al Estado una respuesta frente al aumento del consumo del paco y el avance del narcotráfico. Luego de la ronda tenía lugar un pequeño acto donde las madres se turnaban para decir algunas palabras frente a la sede del Poder Ejecutivo. El pañuelo negro sobre sus cabezas —en clara reminiscencia a los pañuelos blancos de Madres y Abuelas— fue adoptado en señal de duelo, como símbolo del dolor y sufrimiento que sentían al ver a sus hijos “consumirse por el paco” y era acompañado por pancartas donde podían leerse frases como “No a las drogas”, “Sí a la vida, no al paco”, “El paco, genocidio silencioso”, “Exclusión = Estado ausente = violencia y muerte”. De este modo, se inscribían en un linaje de familiares con tradición de lucha “que reclaman por la vida de sus hijos”.


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