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2 Las prácticas policiales

Breve cartografía jurídico-policial de “la droga”

En la actualidad, el accionar de las fuerzas de seguridad en materia de drogas recae principalmente sobre los usuarios y sobre mujeres que, jefas de hogares monoparentales pertenecientes a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, recurren para sostener a sus familias a la comercialización y, en menor medida, al contrabando de estupefacientes en pequeña cantidad. En este último caso, se trata generalmente de transportistas o mulas que han sido detenidas en las fronteras con pequeñas cantidades de sustancias prohibidas y, aunque la mayor parte de las veces son mujeres extranjeras, en el NEA son habitualmente hombres desocupados de nacionalidad paraguaya los que son aprehendidos realizando esta tarea (Corda, 2011; Renoldi, 2007). Por el contrario, las detenciones a usuarios y vendedores de estas sustancias ilícitas se concentran en centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario (PROCUNAR, 2014a).[1] Tanto es así que algunos autores afirman que las prácticas de detención de las fuerzas de seguridad dan origen a dos tipos de casos, los de “grandes metrópolis” y los de “frontera” (Corda, 2011 y 2012; Corda y Frisch, 2008).

Esta especie de “cartografía jurídico-policial” da cuenta, si no de las áreas en que se concentran las infracciones a la ley de drogas, al menos de la forma en que en nuestro país las fuerzas de seguridad y la agencia judicial registran, clasifican, administran y regulan esta clase de conflictos. Es decir, estas categorías, que aluden a una “distribución territorial del delito”, no se explican únicamente por particularidades geopolíticas, sino que también responden a diferentes “modos de hacer” de las fuerzas de seguridad, políticas provinciales, tradiciones jurídicas y, por qué no, historias y mitos (Pita, 2012; Renoldi, 2007 y 2008). Sin embargo, como advierte Pita (2012), esto no quiere decir que sean “mapas falsos”. De hecho, se encuentran respaldados por estudios sobre consumo y centros de procesamiento de sustancias psicoactivas que describen el uso, fraccionamiento y venta al menudeo de drogas ilícitas como un fenómeno esencialmente urbano propio del área metropolitana de Buenos Aires tanto como de las capitales y localidades más pobladas (OAD, 2006, 2008 y 2010; SEDRONAR, 2011). Pero también por las escasas investigaciones sobre contrabando y tráfico de drogas que califican a las fronteras del norte argentino como “zonas calientes”, “puertas de entrada” y “puntos de origen” de los llamados “corredores de drogas ilícitas” (ODM, 2009; SEDRONAR, 2007 y 2011).[2]

Con todo, la construcción de estos “territorios sabidos”, desde la mirada interesada de los organismos estatales, alimenta y refuerza creencias (como la “desprotección de las fronteras”, los “cien vuelos diarios”, la “mayor tolerancia al consumo”, “la proliferación de cocinas” y la “despenalización de hecho” en las villas y barrios) que raramente son cuestionadas y que, con frecuencia, confunden mundos tan disímiles como el de la venta al menudeo y el de grandes organizaciones ilícitas, el del consumo recreativo y el del consumo problemático. Pero que, fundamentalmente, facilitan, legitiman y ocultan prácticas policiales y judiciales en gran medida selectivas, discrecionales y con importantes consecuencias para quienes habitan estos mundos o los transitan a diario. Así, en nuestro país, cerca de un tercio de la población de las cárceles federales está compuesta por pequeños actores del tráfico, proporción que crece considerablemente si se trata de mujeres o extranjeros y se triplica cuando ambas condiciones aparecen combinadas (Corda, 2011).[3] Amén de que, aun cuando no son usualmente encarcelados, el principal blanco del accionar policial continúan siendo los usuarios de los grandes centros urbanos (Corda, 2011 y 2012; PROCUNAR, 2014a y 2016).

Precisamente, en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, jurisdicciones que, tal como indican los datos del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Justicia (SNIC), del Ministerio Público Fiscal (MPF) y del Sistema Informático del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (SIMP), concentran más del 70 por ciento de las detenciones policiales por infracciones a la ley de drogas, las causas de “tenencia para consumo personal” y “tenencia simple” ocupan un lugar numéricamente relevante. De acuerdo al MPF, en la Ciudad de Buenos Aires estos casos constituyen nada menos que el 55 por ciento del total de causas iniciadas por infracción a la ley de drogas. Mientras que, en la provincia, si bien las causas de “tenencia simple” han ido decreciendo a favor de las de “tenencia para comercio”,[4] los casos de “tenencia para consumo” permanecen en segundo lugar y marcado ascenso (PROCUNAR, 2014b).[5] Pero, qué nos dicen estas cifras y categorías jurídicas sobre las prácticas y el accionar de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. El presente capítulo se aboca, precisamente, a analizar las lógicas y formas de proceder de las fuerzas de seguridad; y el siguiente, a desentrañar las prácticas judiciales tras esta “cartografía de la droga”.

Por razones de accesibilidad y los objetivos antes delineados, el campo de análisis fue recortado al accionar de la Policía Federal (PFA) en la Ciudad de Buenos Aires. El foco está puesto en las prácticas, representaciones y formas de intervención de esta institución en materia de tenencia de sustancias ilegales. Esto es, el modo en que los agentes policiales aplican la ley de drogas así como el universo de negociaciones, arreglos,[6] acuerdos, arbitrariedades y violencias que estas “formas de hacer” cotidianas habilitan. Pero además este capítulo se detiene en una serie de políticas públicas que han ido modificando o superponiéndose al accionar de esta fuerza. Me refiero, por un lado, a la creación de la Policía Metropolitana y, por el otro, a la decisión de desplazar a la Policía Federal de determinados territorios del sur de la ciudad reemplazándola por Prefectura y Gendarmería Nacional así como a la resolución del Ministerio de Seguridad de acotar el accionar de las fuerzas de seguridad bajo su órbita en relación al consumo de drogas que luego, cambio de gobierno mediante, viraría a una política de “tolerancia cero”.

Policía Federal, Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la PFA cumple funciones de prevención, represión e investigación del delito; es decir, opera como policía de seguridad y como auxiliar de la justicia. Como auxiliar de la justicia, la policía actúa como instrumento de indagación penal. Mientras que, cuando no está cumpliendo esta función, es en esencia un órgano administrativo con poder coactivo (Tiscornia, 2007 y 2008). En el ejercicio de estas funciones, como lo indica el Código Procesal Penal (CPP), debe intervenir con una orden judicial previa, a no ser que alguien fuese “sorprendido en flagrancia” o hubiere “indicios vehementes de culpabilidad”, “peligro inminente de fuga” o “entorpecimiento de la investigación”. Aunque también puede disponer de allanamientos sin orden judicial si hay personas ingresando a una casa o local “con indicios manifiestos de cometer un delito” o se presume que allí está presente el imputado de un delito. Asimismo, está habilitada a realizar “requisas a las personas e inspeccionar efectos personales y el interior de vehículos, aeronaves y buques” con la finalidad de hallar elementos provenientes o constitutivos de un delito sin dar previo aviso al juzgado de turno (Eilbaum, 2004).

Por otra parte, la Ley Orgánica de la PFA, el Código de Convivencia Urbana, así como las órdenes del día, resoluciones y leyes de menor jerarquía complementan las especificaciones establecidas en el Código Procesal Penal atribuyéndole a esta institución diversos dispositivos y facultades —entre ellos, las detenciones por infracción al código contravencional, por averiguación de identidad y en la ejecución de una razzia— que le permiten actuar sin intervención judicial (Tiscornia, 2008; Tiscornia, Eilbaum y Lekerman, 2004; Tiscornia, Eilbaum y Sarrabayrouse, 2004). Así, la policía puede registrar a las personas “dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”, aprehender a quien comete una infracción contravencional o bien, si existen “circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad”, conducir a esta persona a una dependencia policial por un lapso de tiempo no mayor a diez horas para determinar su identidad (Tiscornia, Eilbaum y Lekerman, 2004). Así, esta pirámide de normas superpuestas y, muchas veces contradictorias, habilita toda una serie de detenciones y procedimientos policiales que carecen de los mínimos controles judiciales.

Centrando la atención en los casos que nos competen, de acuerdo con los datos aportados por la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal del Ministerio de Seguridad, la mitad de las detenciones de la PFA por infracción a la ley de drogas se encuadran en acciones de “prevención policial” mientras que el resto de los procedimientos son “flagrantes” (38%), se inician por denuncias y llamadas anónimas al 911 (6%), o bien, se producen en el marco de un allanamiento (4%). Es decir, únicamente el 2 por ciento de las intervenciones policiales se realizan con orden judicial, en tanto que la mayoría de las causas que ingresan a la justicia penal lo hacen a través de toda esta serie de dispositivos y facultades que habilitan a la detención de personas sin el control inmediato de un juez.[7] Por otra parte, el blanco de estas detenciones son hombres jóvenes, de entre 16 y 30 años, solteros y argentinos. La mayoría posee diversos niveles de instrucción, trabaja o estudia en forma permanente, tiene domicilio en la ciudad y carece de antecedentes penales o encarcelamientos previos. En lo que respecta a las incautaciones, estas son generalmente de marihuana o cocaína, no superan los 5 gramos, raramente se realizan en ocasión de la comisión de otro delito y la persona detenida usualmente no porta arma alguna (CELS, 2013; DNPC, 1993 y 1996).

Ahora bien, sean producto de la prevención o investigación policial, habitualmente estos procedimientos implican por lo menos en un primer momento detenciones en la vía pública[8] y, en su mayoría, son resultado del accionar rutinario de las comisarías antes que de investigaciones de divisiones especiales tales como Operaciones Metropolitanas de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. De hecho, prácticamente la mitad de las infracciones a la ley de drogas se han ido concentrado, en los últimos años, en unas pocas comisarías con jurisdicción en los barrios de Constitución, Bajo Flores, Belgrano, Palermo, Recoleta, La Boca, Barracas y Villa Lugano (SNIC, 2006, 2007 y 2008). Esto es, barrios en donde están ubicadas villas conocidas por la venta de drogas, centros de esparcimiento nocturno, lugares turísticos y “zonas rojas”. En algunos de estos barrios, la policía suele realizar una gran cantidad de detenciones anuales —Bajo Flores, Barracas, Recoleta y Villa Lugano—; en otros, no tanto. Es más, para algunas de estas comisarías las detenciones por infracción a la ley de drogas suponen una importante proporción de las detenciones anuales. Para otras, en cambio, es escasa, develando la existencia de diferentes patrones y modalidades de gestión poblacional y administración territorial en la ciudad (Pita, 2012).[9]

Nos encontramos, entonces, frente una herramienta de detención que utiliza cotidianamente la policía para controlar a ciertos grupos sociales en determinados sectores de la ciudad. Una práctica territorializada de control poblacional que no solo coincide con lo que gran parte de la sociedad entiende por labor policial, esto es, la presencia de efectivos en las calles controlando a poblaciones en permanente “estado predelictual”, sino que también supone, en los últimos años, nada menos que entre el 20 y 25 por ciento de las detenciones que realiza esta fuerza de seguridad (CELS, 2013). En este sentido, constituye una parte central de la “estadística” policial, una forma naturalizada de dar cuenta del trabajo “hacia adentro” de la institución mediante números que son entendidos como un fiel reflejo de la eficacia y rendimiento policial. Pero además se trata de una práctica que aparece fuertemente ligada a la concepción de seguridad pública con que se maneja la PFA, para la cual “la categoría de orden” es uno de los pilares fundamentales de la institución policial.

Así, la ley de drogas en lo que hace a su aplicación, antes que instrumento para la indagación y sanción penal, aparece más vinculada a la cara administrativa de la institución policial destinada a “encauzar las conductas”, “velar por las relaciones sociales” y crear un “ambiente ordenado y de bienestar” (Tiscornia, 2007). Especialmente, cuando esta normativa no hace sino dar un posterior revestimiento legal a la llamada “prevención policial”. Una función de la PFA que termina de desdibujar el ya de por sí “frágil umbral” entre penas y “medidas de policía” al adelantarse a “los hechos que perturban” el orden social y habilitar al personal policial a efectuar desde “simples advertencias”, “vigilancias” y “observaciones que no rozan siquiera al individuo observado” hasta un “actuar más coercitivo” que puede culminar, si “la situación así lo aconseja”, en la aplicación de una sanción penal (PFA, 1979). Pero también en aquellos casos donde las detenciones por infracción a la ley de drogas parecen destinadas a demostrar “control de la calle” por parte del personal policial, al demorar a “perejiles” que se encuentran fumando en una plaza, en una esquina o en el furgón del tren.

En síntesis, nada menos que el 87 por ciento de las detenciones por infracción a la ley de drogas están orientadas, antes que a la investigación penal, a mantener el orden tanto como a demostrar presencia y efectividad policial. Lo que no debe extrañar al lector, ya que estas prácticas que nortean el accionar de los agentes policiales aparecen, asimismo, muy ligadas a sus posibilidades de promoción profesional. Nada más fácil, en este sentido, que una detención por “tenencia para consumo”, en donde cada detenido es un caso resuelto con antelación y requiere un mínimo trabajo policial (Aureano, 1998; Martínez, Palmieri y Pita, 1998; Ugolini, 2012).

De prendas, gestos y otras yerbas

Como señalábamos, la policía actúa en la mayoría de los casos sin consultar previamente al juzgado de turno. Pero, una vez que los casos ingresan al sistema judicial debe, no obstante, explicitar los motivos que la llevaron a detener a estas personas en la vía pública. Como plantean Martínez, Palmieri y Pita, estos motivos son los argumentos que presenta el personal policial para “justificar, mediante razones estereotipadas, situaciones muy diversas de detención” (1998: 149). En este sentido, los agentes recurren a toda una lista de términos y expresiones que pueden entenderse como derivaciones procedentes del término genérico “actitud sospechosa”. Así, en las actas policiales es común leer frases como el “estado de nerviosismo”, la “condición de nocturnidad”, “dirigirse en forma presurosa”, “acomodar elementos entre sus bolsillos”, “agarrar sus bolsillos”, “mostrarse evasivo frente a la presencia policial” y el “olfato policial” como justificativos válidos para realizar este tipo de procedimientos (Corbelle, 2010; Martínez, Palmieri y Pita, 1998).

Sin embargo, una mirada atenta al quehacer policial deja entrever que en la rutina policial lo que se expresa bajo la retórica de la sospecha se construye sobre una concepción del orden social que se nutre de estereotipos de rasgos físicos, actitudes corporales, formas de vestir y el aspecto personal (Eilbaum, 2004). Es más, los propios agentes policiales reconocen, valoran y sostienen que este ejercicio clasificatorio —entendido como la habilidad de anticiparse a los “hechos” mediante la ligazón de determinados atributos a ciertas categorías de “personas disruptivas” de la paz y tranquilidad social— proviene de la cantidad de horas que están de servicio en las calles de la ciudad.

En una hora te puedo decir qué educación tenés, quién sos. Lo puedo saber por como hablás, por tu ropa, por tus gestos. Con un amigo psicólogo me pasó que le contaba esto y le explicaba que yo lo estaba estudiando a él, del mismo modo que él podía estar analizándome. Yo estoy en la calle desde los 19 años (Entrevista a comisario de la PFA, 2013).

En suma, una variante de la mentada frase “a ser policía se aprende en la calle”. Sin embargo, lo cierto es que “aunque el paso por el aula les deje solo algunos conocimientos eclécticos donde se entremezclan códigos legales, definiciones de derecho y maneras ideales de realizar los procedimientos, les deja también un importante bagaje teórico-práctico” en lo que atañe a las lógicas y tradiciones institucionales (Sirimarco, 2004: 267). No es fortuito entonces que, aun si es de esperar que el saber impartido en las escuelas discurra por canales más informales, gran parte de los estereotipos en los que basan su trabajo hayan sido volcados en los manuales. En ellos, comisarios e inspectores de la PFA han completado numerosas carillas con sombrías descripciones de los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales en donde, como veremos, se aventuran no solo posibles causas y consecuencias de la “adicción”, sino también una serie de definiciones más operacionales que luego se replican en declaraciones judiciales.

La lectura de estos manuales deja en claro, en primer lugar, que para la policía poco importa el “perfil del traficante” y concentra todos sus esfuerzos en definir a los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales. A estos últimos se los describe como hombres jóvenes, pobres, provenientes de hogares desavenidos con padres separados, problemas económicos y madres trabajadoras, carentes de formación moral y religiosa, en su mayoría desocupados, que encontraron en la droga una forma de escapar de su difícil situación. Aunque también se añade a esta lista de causales la predisposición interior. Se enumeran, entonces, factores psicológicos que hacen a los individuos más propensos a la “adicción” como una psiquis gravemente perturbada o bien una personalidad débil, neurótica, psicopática o esquizoide. Pero también, en este inventario, que parece querer incluirlo todo, aparece la “carga existencial” que supone la adolescencia, el culto social al exitismo y la presión del entorno, asociando el uso de drogas a grupos juveniles y “tribus urbanas”, que buscan liberarse de “las ataduras y convencionalismos de la sociedad moderna” ingiriendo estas sustancias.[10] Este “carácter extrovertor”, esta “tendencia a convertirse en una actividad de grupo” es la que hace del “toxicómano” —siempre según la policía— un “individuo peligroso”, un “foco de contagio” que ofrece, invita y convida, difundiendo y propagando este vicio a su paso (Bonilla, 1992; Escobar, 2004; Larrea, 1987; PFA, 1979).

Otras de las acciones con “nefastas consecuencias” que, junto al contagio, se le adjudican al consumo de sustancias y a quienes contraen “tan deplorable hábito” son la violación de la ley y el permanente abuso de la gente honesta. En este sentido, cuando no son calificados de “trafiadictos” —es decir, usuarios que venden drogas y obtienen los recursos económicos necesarios para adquirir su mercancía o reciben directamente su pago en “especias”—, se les imputan una serie de “delitos conexos” como la prostitución, la corrupción y perversión sexual, la falsificación de recetarios médicos, sustracciones en farmacias, laboratorios y depósitos, robos con arma, violaciones, agresiones en patota, lesiones y homicidios, ya sea para abastecerse de estas sustancias, ya sea bajo los efectos de las mismas. Así, para los agentes policiales se trata de una verdad a ciegas que “de los chicos que consumen —como decía un comisario entrevistado—, el setenta por ciento de las veces siempre hay algo, dos bolsitas de marihuana o un reloj robado”. Por ello, junto a los “lugares de concurrencia masiva” de jóvenes, los “centros de diversión nocturnos” y los “círculos intelectuales y artísticos”, el “ambiente del delito” es considerado uno de los principales “sumideros de adictos” (Bonilla, 1992; Larrea, 1987; PFA, 1979; SEDRONAR, 2001).

Con todo, estas definiciones de adicto y adicción como fenómeno urbano juvenil grupal así como los aspectos criminógenos adjudicados a esta “enfermedad contagiosa”, sintetizados a partir de tratados, investigaciones y pericias de médicos legistas, psiquiatras y toxicólogos, no vienen solos (Astolfi et al., 1979; CENARESO, 1978 y 1982; Servicio 30 Bis, s/d). Más bien, se encuentran acompañados de toda una serie de indicios de carácter operacional que orientan las acciones preventivas y represivas de los agentes de la PFA. Así, se señala como indicios del consumo de drogas, en manuales y declaraciones policiales, los tatuajes, los piercings, la cabellera abundante, los peinados “raros”, el pelo teñido de colores “inusuales”, el uso de anteojos oscuros, morrales, gorra con visera, ropa deportiva, jeans agujereados, camperas de cuero, camisas grandes y mangas largas, botas y sandalias. Formas de lucir cuyo denominador común —señalan— es la despreocupación por el atuendo, el aspecto personal descuidado, la falta de higiene y el desaliñado generalizado (Escobar, 2004; PFA, 1979; SEDRONAR, 2001). Además, a estos “marcadores de adicción” se suma, en ocasiones, la lectura de ciertos libros, la confección de artesanías en metales y cuero así como el gusto por determinada filmografía y estilos musicales (Escobar, 2004).

Por otra parte, junto a la indumentaria y los pasatiempos, se mencionan usualmente conductas, actitudes y marcas corporales como indicios del consumo de sustancias ilegales. Así, estados de ánimo y sentimientos como la indiferencia, apatía, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, euforia y enojo, traducidos en conductas y actitudes corporales como la pasividad, agresividad, locuacidad, somnolencia, hiperactividad y tranquilidad excesiva, componen una larga lista de “señales de abuso de drogas” que todo lo abarcan, y que se complementa con otras actitudes y conductas propias del “mundo del delito” como las miradas de reojo, la “actitud bélica” y el cuerpo agazapado, indicadores de que se está pensando en huir o se quiere esconder algo. Además, a esto se añade una serie de marcas corporales como el lagrimeo profuso, la risa fuerte, la tez demasiado roja o demasiado pálida, la nariz húmeda y rojiza, los ojos irritados, el iris brillante, las pupilas muy dilatadas o contraídas, los pinchazos, las manchas oscuras en la piel, los abscesos, las quemaduras en los dedos índice y pulgar, la falta de coordinación motora, los temblores y los espasmos, que ciñen una mirada ya por demás focalizada. Mientras que, la posesión de determinados artículos como sedas, pipas, papel de aluminio, sobrecitos de papel satinado o celofán, hojas de maquinitas de afeitar, espejos y gotas descongestivas, actúa como elemento probatorio del consumo de sustancias psicoactivas (Bonilla, 1992; Escobar, 2004; Larrea, 1987; PFA, 1979; SEDRONAR, 2001).

Mas, si de descripciones y prácticas rutinarias que orientan el accionar de la policía se trata, tanto o más que los manuales y declaraciones judiciales, nos hablan las estrategias desarrolladas por diferentes grupos de usuarios para evitar una detención o burlar una requisa. No porque se trate de meras respuestas espejadas, sino porque ayudan a dar cuenta de los estereotipos con los que la policía trabaja. En este sentido, basta recordar el saber que se fue gestando a partir de una gran cantidad de experiencias narradas y vividas un grupo de usuarios[11] que, a modo de guía al momento de consumir, comprar y transportar sustancias psicoactivas ilegales, aconseja, entre otras cosas: “encanutarlas” en los genitales para evitar los cacheos habituales, utilizar desodorantes y perfumes para ocultar el olor a marihuana, llevar las sustancias en recipientes que disimulen su contenido, consumir preferentemente “puertas adentro” y, de ser imposible, caminando y no sentados; transportar cantidades que exceden lo que pueda llegar a entenderse como “consumo personal” vestidos “de traje y maletín” o con la ropa más arreglada y “careta” posible, comprar droga a “transas” conocidos así como procurar que las mujeres lleven la droga oculta entre sus prendas dada la “inusual presencia de personal policial femenino” (Corbelle, 2010).

Pero también, en esta misma línea, puede leerse el artículo que publicó recientemente una revista de la “cultura cannábica” en el cual se divulgan algunas de estas tácticas[12] que recomiendan, entre otras cosas, llevar la menor cantidad de marihuana posible, utilizar elementos poco porosos —i.e., film de cocina, cinta de embalar o preservativos— para embalarla, trasportarla preferentemente en los genitales o en el bolsillo y billetera si la cantidad es escasa, esquivar los “bultos visibles” para un posible cacheo rutinario, evitar tener olor en el cuerpo, las prendas y el auto, prescindir de los accesorios y ropa con dibujos relacionados con la marihuana, evitar llevar entre los objetos personales picadores, pipas, “tuqueras” y demás parafernalia, no consumir en lugares donde hay menores de edad o en cercanías de colegios, portar lo estrictamente preciso y, en caso contrario, tener el paquete a mano para poder descartarlo rápidamente de ser necesario (THC, N° 69, 2014).

Así pues, lo que funda o da origen al accionar policial, antes que la categoría de “sospecha”, es todo un universo de atributos y características que, asociados al uso de drogas, terminan restringiendo la vigilancia policial a grupos de hombres jóvenes, pobres y no tanto, de sectores urbanos. Una construcción que aparece siempre acompañada de una omnímoda gama de conductas, actitudes, marcas corporales y objetos que complementan las definiciones inicialmente delineadas. El carácter reiterativo de las detenciones así orientadas, al invisibilizar otras edades y patrones de uso de estas sustancias, termina probando la validez de las descripciones elaboradas confiriendo al “mundo de la droga” una uniformidad y transparencia que no posee más que en teoría (Aureano, 1998; Renoldi, 2007). Mientras que la categoría de “sospecha”, que no aparece sino a posteriori para legitimar la intervención policial de cara a la prensa y en los estrados judiciales; es decir, “frente a ‘vecinos morales’ que construyen el problema de la ‘inseguridad’ sobre la figura del sospechoso o extraño, como signo (amenaza) de peligrosidad” (Eilbaum, 2004: 83-84), al no ser cuestionada por los operadores judiciales continúa facultando la restricción de la presencia, circulación y permanencia en la vía pública de las personas así caracterizadas.

Sin ir más lejos, a pesar de la disidencia de algunos de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún legitima en varios de sus pronunciamientos la detención por “sospecha” (Fallos “Fernández Prieto”, 1998; “Tumbeiro”, 2002; y “Szmilowsky”, 2003). Incluso en el fallo “Arriola” (2009), donde declara inconstitucional la penalización de la “tenencia para consumo personal”, no pone límites concretos a la actuación policial convalidando, mediante la omisión, esta clase de procedimientos sin orden judicial. En el próximo capítulo, nos abocaremos a analizar el modo en que juzgados y tribunales dan curso a estas causas que ingresan al sistema judicial y las estrategias que por los “procesados” son allí desplegadas. Pero antes de continuar, nos detendremos en casos que si bien toman “otro curso”, más que a “hechos extraordinarios”, nos enfrentan a “formas de hacer” cotidianas y rutinarias de la policía que esta misma falta de control jurídico habilita y, por ende, hace posibles. Es decir, “zonas grises” de expansión del poder ejercido por la policía que, en el mantenimiento del “orden social”, se sale del orden legal ya sea, como plantea Benjamin, por “impotencia” o por las “conexiones inmanentes” —léase, “articulaciones funcionales”— de todo ordenamiento jurídico (Benjamin, 1991; Pita, 2012; Tiscornia, 2007 y 2008).

De aquello que toma “otro curso”

La falta de control judicial y político del proceder policial en la calle y la delegación sistemática de la persecución de esta clase de delitos en la policía, que hacen de la incriminación selectiva por sospecha base incuestionada de las causas por infracción a la ley de drogas, redundan en una gran cantidad de detenciones e infracciones que nunca se consuman y, por ende, no quedan asentadas ni en las actas ni en los libros en los que, usualmente, se consignan las actuaciones de las comisarías. Estos procedimientos, por completo bajo discrecionalidad policial, habilitan, antes que a la represión formal, a formas de intervención de carácter informal, ilegal o ilícito, aunque no por ello menos reguladas, determinadas o selectivas. Me estoy refiriendo a advertencias, abusos y rutinas extractivas, pero también, hecha la ley mercancía, a arreglos, acuerdos, extorsiones y amenazas que, de resultar fallidos, se traducen en la aplicación de la ley cuando no en hostigamiento policial, armado de causas, violencia desmedida y muertes en comisaría[13] (CELS, 2013; EAPJ, 2016; Misse, 2007; Pita, 2012). Ahora bien, estas prácticas, más o menos arbitrarias, violentas y discrecionales, no se dan en el vacío sino que tienen por objeto a diferentes poblaciones que, lejos de adoptar una actitud pasiva, han logrado a partir de sus experiencias cotidianas ir dando forma a un “saber hacer”, un “saber lidiar”, más o menos adecuado, acabado y eficaz, con estas modalidades de intervención de la PFA (Corbelle, 2010; Pita, 2012).

Nos encontramos, entonces, frente a situaciones que si bien están moldeadas por el accionar de la agencia policial, también suponen la puesta en juego de una multiplicidad de estrategias de evasión, camuflaje, simulación y resistencia que componen un abanico de posibles respuestas que contiene, además, siempre dentro de variables márgenes de libertad y diversos grados de competencia y experticia de los involucrados, espacios de negociación entre policías, vendedores y usuarios (Corbelle, 2010; Pita, 2012). Por ello, a continuación se reponen —a modo de un mapa fragmentario que no intenta componer un muestrario acabado de comportamientos estancos, discretos y opuestos unos a otros de modo matemático sino que, más bien, recoge un mosaico de saberes, representaciones y narrativas a partir de la reconstrucción de casos, entrevistas y otro material de campo— estas prácticas policiales así como las estrategias desplegadas por sus habituales destinatarios. Interacciones que, por otra parte, entendemos, siempre dependiendo del contexto, la coyuntura, la clase social y las relaciones entabladas entre las partes, pueden complementarse, yuxtaponerse e incluso transformarse en el curso del “encuentro” entre policías, “transas” y usuarios.

Como ya habíamos señalado, los usuarios y las situaciones de consumo que suscitan el accionar policial constituyen un universo, aunque variopinto, de contornos bien delimitados. Por ello, a pesar de los cuidados, para quienes poseen algunas de estas características o contraen determinadas pautas de consumo, las interacciones con el personal policial son algo frecuente. En este sentido, mantenerse tranquilo y negar la tenencia de drogas, siempre que se esté seguro que los oficiales no van a encontrarla, suelen ser algunas de las estrategias adoptadas. Distinto es el caso cuando son sorprendidos consumiendo en la calle. Pese a todo, frente a los usuarios de clase media y habitantes de los barrios “más acomodados”, el “encuentro” con los agentes suele suponer una reprimenda sin mayores consecuencias, “flaco, todo bien, yo de pendejo fumaba en casa para evitar estos percances” o “chicos, pueden ir a la placita, esta cuadra la manejo yo […] a la placita, eeeh”. Aun así, para que el oficial pase por alto la infracción, policías y usuarios coinciden en que deben estar presentes una serie de condiciones inapelables. Un policía lo explicaba del siguiente modo,

En la Plaza Armenia donde llevo a mis hijos al arenero, cada tanto llega el olor a marihuana. Ya está por cualquier lado. El otro día había dos irreverentes que fumaban a veinte metros del arenero. Y la Ley 23737 no se derogó. Pero yo sé que si les digo que se vayan para otro lado empiezan las puteadas “¿Qué te pasa, forro de mierda? ¿Qué, sos rati [policía]?”. Y si es así, yo los voy a detener. Toda una situación de violencia con mis hijos presentes. Entonces opto por irme a otro lado. […] Claro, también tenés algunos que están fumando marihuana y les decís “Acá no pueden estar” y te responden bien: “Disculpe, sí, sí, ya nos vamos”. El que está consumiendo y no está dado vuelta, le decís y se va. Es mejor resolverlo así. Pero son los menos, la mayoría te manda al carajo (Entrevista a comisario de la PFA, 2013).

Es decir, para que la situación no pase de una advertencia y contar con la indulgencia de quien ejerce el poder de policía, se requiere la inexistencia de testigos, la escasa cantidad de droga y la ausencia de confrontación verbal así como una actitud respetuosa, sumisa y obediente para con el agente (Corbelle, 2010; THC, N° 69, 2014; Tiscornia, 2007).

Sin embargo, en otras ocasiones, a pesar de que se trata también de usuarios de clase media, las detenciones adquieren un cariz diferente. Aquí, la actitud respetuosa y la ausencia de testigos no resultan suficientes,

Una noche, alrededor de la una de la mañana, Nicolás y Darío iban caminando por la calle en dirección a un bar que frecuentaban, cuando a unos pocos metros de la avenida los detuvo un patrullero. Sabían que por la cantidad de droga que tenían encima y por tratarse de cocaína, podía “terminar mal”. Del patrullero descendieron dos policías, les pidieron documentos, los pusieron contra la pared y les ordenaron que vaciaran sus bolsillos. Tras la requisa, los diez gramos de cocaína fraccionados en bolsitas se veían aún peor. Los agentes los subieron al patrullero y los llevaron a la comisaría. Tras unas cinco horas de detención, sin hacerles firmar ningún documento, los dejaron en libertad. Nicolás, un poco nervioso, les preguntó en qué juzgado estaba su causa y por qué los iban a juzgar. A lo que respondieron “¿Qué tenés que andar sabiendo, qué tenés que andar averiguando vos?”. Cuando salieron, Darío que había entendido como “venía la mano” —sin testigos, sin firmar nada—, le dijo a Nicolás que seguro que se habían quedado con la droga y que no les iban a hacer una causa (Notas de campo).

En este como en otros casos, los usuarios detenidos en la vía pública se enfrentan a las prácticas extractivas de la policía que no solo los despojan de su dinero, sustancias y demás parafernalia sin posibilidad de negociación o reclamo alguno, sino que además les exigen obediencia a las órdenes del personal policial y un servilismo absoluto.

Acaece a veces, en cambio, la posibilidad, tal como le ocurrió a Matías, de negociar y arreglar con la policía. Supuestamente denunciado en forma anónima por un vecino por “olor a marihuana”, lo que Matías sabe es que una mañana la policía le encontró, observando desde una azotea cercana, algunas plantas de cannabis en la terraza y que, acto seguido, los agentes que hicieron el hallazgo tocaron el timbre de su casa,

Eran tres hombres de uniforme que lo sermonearon y le explicaron que el procedimiento continuaría con un llamado al juzgado para pedir una orden de allanamiento. A Matías la situación le resultó extraña y al preguntar en qué juzgado estaban tramitando la orden, el pedido de coima se hizo evidente, “Lo estamos viendo, todavía no llames abogado a ver si te quemás […] Veo que sos un buen pibe y que lo que tenés es para vos. La idea es que lo podamos arreglar entre nosotros”, le respondieron. “¿Arreglarlo cómo?”, preguntó Matías. “Y, fijate”, insinuaron (Notas de campo).

Por fortuna, el arreglo culminó con el pago de una suma de dinero y las plantas intactas, aunque la preocupación de Matías por la posibilidad de que estas incursiones predatorias a su hogar se hagan habituales, como ha ocurrido en varios casos, es una inquietud que comparte con otros cultivadores de cannabis.

Ahora bien, los términos del arreglo no los propone siempre el oficial a cargo, sino que también la modalidad extorsiva puede ser común a toda una comisaría. Así, una de las dependencias policiales de la ciudad es conocida por algunos usuarios entrevistados por “ir a la pesca” y proponer una dinámica particular: “La policía es lo peor, y esa comisaría es de lo peor. Tienen miles de casos de gente que paran con porro, les sacan la marihuana y les piden mil pesos porque si no, les hacen una causa” (Entrevista a usuario, 2009). El procedimiento extorsivo, aunque singular, es verdaderamente sencillo. Todo comienza con detenciones “de rutina” en la vía pública, preferente aunque no exclusivamente a turistas. Tras la requisa, si encuentran drogas, proponen a las víctimas el pago de mil pesos a cambio de no armarles una causa. Si los detenidos aceptan, les toman los datos, los dejan ir y, al rato, deben pasar por la comisaría a entregar la suma pactada. Con todo, por más aceitado que esté el mecanismo, las negociaciones y arreglos no son siempre viables. Las principales razones que dan los usuarios son la falta de dinero, la presencia de testigos, “pasarse de la raya” (excederse de los límites), que la policía tenga que “hacer estadística” o reciba órdenes de detener de “arriba”. En estos casos, se sabe que no se puede “zafar” (salir airoso) y que se termina con una causa penal.

Sin embargo, si bien arreglar en el momento que se comete un delito supone evitar la maraña burocrática que a la imputación del delito le sucede (Tiscornia, 2000), para algunos usuarios no es un comportamiento digno de un activista. Ello así porque supone “una negación de lo que uno es”: un usuario de sustancias psicoactivas ilegales. En este sentido, no solo critican el arreglo sino también otras estrategias de evasión de la policía,

Si sabiendo que nos iban a allanar, no destruimos ni nos deshicimos de nada, y nos hicimos cargo de nuestro consumo, menos voy a comerme mis flores si me agarran en la calle con ellas como sugiere hacer una revista por ahí. Qué locura avergonzarse y esconderse de lo que uno es… (Opinión de una usuaria volcada en una red social, 2014).

En su lugar, estos usuarios proponen conversar con los agentes y “hacerles saber que uno conoce sus derechos y es capaz de defenderlos”. En este sentido, un usuario narraba con orgullo, a modo ilustrativo, el caso de “una compañera, [a] la [que] detienen cuando está yendo al sur y le encuentran las semillas y esto que lo otro. Y ella, ‘bla, bla, bla, bla’, y la largan, ¿entendés? La única a la que no le hicieron causa” (Entrevista a un usuario, 2012). No obstante, para otros usuarios esta pretendida solución a los encuentros con agentes policiales no es universalmente válida, debido a que de proceder así —aseguran— la mayoría de los consumidores pueden ganarse una golpiza y solo unos pocos —esto es, jóvenes de clase media que pertenecen a una asociación o red de usuarios, tienen abogados y conocimiento de las leyes, jurisprudencia y fallos recientes— lograrían no ser detenidos y procesados.

De hecho, en barrios pobres y frente a usuarios más vulnerables pocas oportunidades se presentan para el diálogo. Al contrario, el personal policial adopta con frecuencia actitudes más violentas. Como relatan los vecinos, no es extraño que los policías “agarren a los pibes que están sentados”, los “insulten verbalmente”, les den cachetazos, les hagan “tragar el cigarrillo de marihuana prendido” e incluso los golpeen tan brutalmente que terminen hospitalizados. Mismo los policías, si bien niegan los golpes, las patadas y los insultos, no desmienten los cacheos rutinarios y su falta de predisposición al diálogo. Un comisario con jurisdicción en un barrio pobre del sur de la ciudad decía respecto a los jóvenes usuarios,

Por la idiosincrasia del policía y porque el policía está uniformado y armado, lo primero que tengo que pensar si encuentro un chico ahí sentado en la calle o un pasillo, es en la seguridad personal. Yo no sé si él no tiene una navaja, no sé cómo va a reaccionar. Porque no es que uno llega y siguen como si nada. No, cambian de actitud. El pibe te mide y no sabés si no tiene algo para lastimarte. Porque si él está en alguna situación que lo compromete, va a intentar hacer algo, escapar, ¿o no? Entonces, la primera medida es el resguardo personal, hacer la identificación. Es diferente si el que llega es un médico o una enfermera. Uno dice “policía” y si hay algo que está mal, van a querer evadir. El policía tiene que poner una distancia. Nosotros no vamos a entrar con una sonrisa […] Uno no puede llegar sonriente como si nada, “Hola, ¿cómo andás?”. No es así, no es esa la situación […] Si yo veo tres tipos con cara de malo y… yo no voy a hablar con ellos hasta que no los revise. Pero que se entienda, no violencia. Los voy a identificar: “Por favor, contra la pared o contra la pared”. No se lo tira contra la pared, pero igual enseguida ya empezamos: “¿Por qué?”, “Eh, rati, la puta que te parió”. Entonces uno no está predispuesto al diálogo y después, la próxima vez, tampoco vamos a saber en qué puede andar. De cada tres casos, dos son así. Ellos te insultan, tienen una actitud bélica (Entrevista a comisario de la PFA, 2013).

Los usuarios, para evitar las requisas así como los maltratos, golpes y humillaciones que suelen acompañarlas, no dudan en salir corriendo, pedir auxilio a los vecinos y en caso de ser necesario enfrentarse con la policía a piedrazos o invitándolos a pelear “mano a mano”. Sin embargo, esto no asegura que la PFA no responda a estas interpelaciones con golpizas feroces o que los jóvenes consumidores no sean luego apresados. Como se jactaba un policía entrevistado, “Muchas veces ya te ven y salen corriendo. Pero para qué lo vas a correr si mañana lo encontrás drogado, eso es lo bueno acá [en el barrio]”.

También en los barrios pobres pueden tener lugar, junto a los golpes, cacheos y maltratos, prácticas extractivas para con los usuarios. En este sentido, los vecinos de una de las villas de la ciudad han mencionado el “cobro de peaje” a los “fisura”, una práctica de control de la circulación de los usuarios que además supone la retención del dinero que se cree van a utilizar para comprar paco. Mientras que usuarios que no viven en estos barrios, pero se acercan allí a comprar sustancias ilegales, no dudan en señalar al patrullaje policial por la periferia de zonas conocidas por la venta de drogas como una técnica policial puesta al servicio del acecho a compradores foráneos. En estos casos, relatan cómo, una vez detenidos en las calles linderas, les quitan las drogas, el dinero y luego los liberan. Por ello, para evitar estos “encuentros”, los usuarios que se aventuran a comprar sustancias deben aprender a observar los movimientos de la policía y esperar pacientemente el momento oportuno para entrar tanto como para salir del barrio sin ser apresados.

Ciertamente, los usuarios no son el único blanco del accionar de la policía. Los bares, boliches y otros centros de reunión nocturna de jóvenes —sobre todo, aquellos que son conocidos por permitir la venta de drogas— se ven obligados a pagar “colaboraciones” (i.e., coimas) para evitar las, de otra forma incesantes, incursiones policiales en sus instalaciones. El dueño de uno de estos locales describía cómo suele operar en estas situaciones la brigada,

Una vez a la semana, los martes a la mañana, un agente de la brigada, toca timbre y le entrego la plata. Diez años atrás cuando arreglamos por primera vez eran 400 mangos [pesos] por mes, ahora es mucha más plata […] Viene de civil y lo hago pasar, no le doy en la calle […] Y a cambio no vienen al bar los fines de semana y avisan cuándo va[n] a caer [los inspectores de habilitaciones de] la municipalidad o [la Superintendencia de] Drogas Peligrosas… (Entrevista a dueño de un bar, 2010).

De igual forma, existen los “acuerdos” que la policía mantiene con los puntos de venta y almacenamiento de sustancias ilegales regenteados por “bandas delictivas” —en muchas ocasiones, vecinos de barrios humildes, “familias pobres que lo hacen para subsistir”—, a quienes, a cambio de no “reventarles el quiosco”, les cobran un “canon”. Para evitar estas prácticas, sobre todo en los sectores más adinerados de la ciudad, se ha optado en los últimos años por la modalidad de delivery a domicilio o a algún punto de la ciudad previamente pactado, ya sea en moto, taxi o auto. Sin embargo, los vendedores que adoptan esta estrategia, si bien pueden evitar el pago de un canon, no gozan en ese caso de la protección ni de la garantía de continuidad de sus operaciones comerciales que, de otra forma, otorga la policía “haciendo la vista gorda” o dejando la “zona liberada”. Es más, la relación de connivencia de esta fuerza de seguridad con quienes sí están “arreglados”, direcciona la persecución policial hacia estos sectores y hacia los jóvenes usuarios. Lo que, por otra parte, no debe llevarnos a concluir que los eslabones más débiles de la cadena del tráfico, dada la naturaleza precaria e inestable de estos “acuerdos”, estén exentos de futuras y más graves extorsiones y amenazas.

Las personas con antecedentes penales por tenencia o comercialización de estupefacientes, los jóvenes en conflicto con la ley y los habitantes de villas y barrios pobres de la Ciudad de Buenos Aires, sean o no usuarios de sustancias ilegales, son también frecuentes destinatarios de extorsiones policiales, más aún si denuncian —aunque sea informalmente— la complicidad policial con los “transas” locales. En estos casos, la falta de acceso a la justicia —esto es, la dificultad (ya sea por desconfianza o ausencia de canales estatales) o bien, la imposibilidad de vehiculizar una denuncia (por la propia situación legal) junto a los riesgos y escasos beneficios que la misma puede traer aparejados— los deja por completo expuestos a dinámicas policiales que van desde el “plantado” de drogas a las amenazas de armado de una causa por venta de drogas, forzando a los sectores más vulnerables al silencio u obligándolos a cometer robos y otros hechos delictivos para las fuerzas policiales (CELS, 2013; EAPJ, 2016). Como relataba una vecina conocida por sus reiteradas denuncias a la comisaría de su barrio,

[…] la droga no se va a frenar nunca así. Nosotros qué vamos a hacer, nosotros hacemos lo que podemos, más no podemos hacer. Meternos con la policía, ya te digo, a mí con todo lo que me hicieron, ya viste… A mí me tocaron donde más me dolió, porque mis hijos… Si me hubiesen venido directamente a mi persona, a mí, así de forma directa, no me hubiese dolido tanto. A mí me dejaron un hijo discapacitado, mi otro hijo detenido con un armado de droga. Un montón de cosas, una cosa que no pude denunciarla porque mi hija se opuso, porque dice que cada vez que yo hablo… No lo voy a decir porque, cada vez que yo hablo en vez de solucionar el problema se agrava, pasan cosas peores y tiene razón (Entrevista a vecina de una villa de la Ciudad de Buenos Aires, 2013).

De modo que, una vez blanco de esta clase de extorsiones, persistir con la denuncia o una reiterada negativa a cumplir con los designios de la policía bien puede terminar con la persona, o un familiar suyo, muerta, presa o gravemente herida.

En resumidas cuentas, nos encontramos frente a rutinas y “formas de hacer” policiales que imponen un orden que hace factible tanto la aplicación de la ley de drogas como la amenaza de aplicación de la ley y relaciones sustraídas del ordenamiento jurídico y que, cuando no comporta actos brutales ni se exhibe como casos de violencia desmedida, prepara el escenario para que estos sean posibles. Ello, sin perder nunca de vista el contexto, la clase social y las prácticas de quienes quedan bajo su señorío (Tiscornia, 2008). Después de todo, frente a los usuarios de sustancias psicoactivas ilegales de clase media, el “encuentro” con la policía aunque en ocasiones pueda revestir la forma de prácticas extractivas, suele más bien suponer advertencias o arreglos sin mayores consecuencias. Mientras que, en barrios pobres y frente a usuarios más vulnerables se registran con frecuencia actitudes más violentas y extorsivas. Algo similar ocurre con toda la serie de acuerdos y “colaboraciones”, por demás inestables y precarios, que implican distintos grados de connivencia y complicidad de los agentes policiales con diferentes eslabones de las redes de tráfico. Como veremos, han sido estas interconexiones así como las prácticas más abusivas las que han motivado, en parte, algunos de los recientes cambios en materia de seguridad en los barrios más vulnerables de la Ciudad.

A nuevas políticas, viejos hábitos

En julio de 2011, los abusos especialmente a los jóvenes —muchos de ellos, usuarios—, así como la connivencia policial con diversas tramas delictivas —entre ellas, la venta de drogas— y las prácticas extorsivas a comerciantes y demás habitantes de los barrios más pobres de la capital, llevaron al, en aquel entonces, recientemente creado Ministerio de Seguridad a desplazar a la PFA de las comisarías del sur de la Ciudad. En estos barrios se lanzó el Operativo Plan Unidad Cinturón Sur, un programa que fue diseñado para desarticular las redes de tráfico emplazadas en la zona, recuperar el uso del espacio público y reasignar servicios de seguridad, en tanto derecho humano, a los sectores populares a través del despliegue de Gendarmería y Prefectura Nacional. Un operativo que además estuvo apuntado —al igual que el desplazamiento de los jefes de diferentes niveles de la institución policial, el traspaso de la administración de pasaportes al Ministerio del Interior, la intervención sobre la forma de producir estadística, la reforma del sistema de adicionales, el control de la distribución del personal policial en las calles y las modificaciones en la formación y capacitación del personal— a afectar los núcleos de poder territorial y autonomía policial en pos de generar un “gobierno político de las fuerzas de seguridad” (CELS, 2012 y 2013).

A fines de 2012, en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral (AHÍ) desplegado en algunas villas de la ciudad, el Ministerio de Seguridad sumó a este operativo de intervención territorial a la PFA mediante la creación del Cuerpo de Policía Barrial (CPB). Concebido como un cuerpo policial capacitado para actuar en barrios vulnerables desde una aproximación comunitaria de la seguridad, buscó romper con la lógica tradicional de intervención de la PFA mediante una presencia e interacción permanente con los integrantes de la comunidad.[14] A diferencia de otros cuerpos policiales, este no fue resultado de la iniciativa policial, sino que fue ideado por las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad. Ello implicó, entre otras cosas, que la definición de las pautas de actuación así como las problemáticas a abordar fuesen establecidas por las autoridades políticas en encuentros con oficiales de la PFA. Entre los ejes que guiaron la capacitación de este cuerpo policial, la no criminalización del consumo problemático de drogas ocupó un lugar central. No así la venta de drogas ya que, al tratarse de una policía de proximidad, no se incluyó entre sus tareas realizar allanamientos ni desbaratar redes de ilegalidad (EAPJ, 2012; CELS, 2013).

Con todo, las políticas del Ministerio en materia de consumo y venta de drogas excedieron a estos barrios. Así, en lo que hace a la venta de drogas se realizaron numerosos operativos en puntos de venta y acopio de estas sustancias y se desplazó a los jefes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas (Orden del Día N° 40/2012).[15] Mientras que, en lo relativo al consumo, se ordenó a las fuerzas de seguridad bajo su órbita no detener a usuarios por tenencia de drogas. Esta última disposición fue posteriormente ratificada mediante la creación de un protocolo de actuación policial frente a situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de drogas. El objetivo, como afirma la resolución, fue adecuar las intervenciones a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y a la Ley de Salud Mental. En este sentido, el protocolo desechó las prácticas policiales avaladas por la actual ley de drogas e incluyó información detallada y operativa sobre casos de “riesgo cierto e inminente para terceros o para sí mismo” ante distintas manifestaciones de una sobredosis, agitaciones, amnesia o delirio, y también sobre el uso recreativo de drogas, bajo una óptica no criminalizante (Resolución N° 506/2013).

Sin embargo, esta política que persiguió la desarticulación de las redes de tráfico y desalentó las detenciones, el uso de la fuerza y el estilo confrontativo con los usuarios fue desigualmente implementada. En los barrios en que estaba presente el Operativo Cinturón Sur los vecinos señalaron que, aunque en un primer momento se redujeron los hechos graves de violencia —i.e., robos a mano armada y robos de automotores— y se recuperó la posibilidad de circular por las calles, la venta de drogas nunca se vio afectada. Mientras que, en lo que hace al consumo, denunciaron una suerte de “disciplinamiento moral” hacia los usuarios sobre todo a aquellos en “situación de pasillo”, desconocidos y discriminados aun por los propios vecinos del barrio. En este sentido, se han registrado una serie de abusos y prácticas violentas que van desde el constante “verdugueo”, los insultos, humillaciones, cacheos y golpes propinados dentro de las garitas del operativo donde “los encierran para molerlos a palos” o les inician causas hasta situaciones en que se obliga a los usuarios a apagar una pipa sobre el propio cuerpo o tragar un cigarrillo de marihuana (ATAJO, 2015; CELS, 2013).

Las detenciones por “tenencia para consumo” en la vía pública, resultado de “controles de prevención” a peatones y vehículos que transitan por la zona, tampoco mermaron. Aunque cierto es que estas prácticas se han complementado con otras como el “desplazamiento” de los usuarios de los lugares más visibles y comerciales. Tanto es así que la presencia de estos jóvenes en el espacio público fue uno de los criterios a partir de los cuales los vecinos evaluaron la actuación de los uniformados, “cuando los paqueros vuelven a ser visibles [es señal de que las fuerzas de seguridad] se están relajando”. A pesar de que algunos vecinos se preguntaron por el paradero de estos jóvenes y aventuraron hipótesis sobre la existencia de “refugios” ofrecidos y protegidos por los “transas”, la mayoría de los habitantes no encontró negativo este modo de lidiar con la problemática. Bien diferente, en cambio, fue la lectura que hicieron las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con consumos problemáticos ya que vieron en el desplazamiento una barrera que dificultó su trabajo (CELS, 2013).

Lejos de “invisibilizar” el consumo y adoptando una actitud proclive al diálogo, algunos agentes del CPB al poco tiempo de que este cuerpo fue lanzado intentaron pautar “reglas de convivencia” con los usuarios. Esto quiere decir que no detenían a los consumidores, pero sí les exigían que se abstengan de realizar esta práctica en su presencia. No obstante, poco tiempo después, aun en aquellos barrios en donde este acercamiento había rendido frutos, muchos vecinos denunciaron maltratos por parte del personal policial a los usuarios,

Empezaron bien, vamos a decir. Se los veía, andaban. Después empezaron a hacer macanas, a agarrar a los pibes que estaban sentados, a insultarlos verbalmente, dos o tres cachetazos, a uno le hicieron tragar el cigarrillo de marihuana prendido, todas esas agresiones. Entonces yo les dije, “Ustedes no están para esto”. Que vos me digas, le digas al pibe, se lo hagas tirar, es una cosa, que vengas y lo agredas, le estás buscando reacción al pibe, el pibe está sentado, decile “bueno, tiralo” (Entrevista a vecina, 2013).

Así, aunque no se trató de prácticas generalizadas —“Escucho casos de que les hablan, por ejemplo, a mi hermano le tocó muchos que le hablaron, le dijeron: ‘No seas boludo, que te estás arruinando la vida, que esto, que aquello’ y le dicen: ‘Andá, andá a tu casa’.” (Entrevista a vecina, 2013)— el maltrato, las humillaciones, los insultos y golpes, persistieron. Más aún, fueron denunciados por los habitantes de estos barrios que, en el mejor de los casos, entendieron lo que definieron como “inacción policial” para con los usuarios no tanto en términos de complicidad del CPB con los “transas”, sino como una falta de interés en los consumos problemáticos. Pero cierto es también que lo que se entendió como “inacción” del cuerpo policial convivía con la puesta a disposición de recursos del Ministerio para comenzar a responder a esta demanda histórica, por ejemplo, poniendo a disposición un vehículo para facilitar los traslados e internaciones de los usuarios que así lo requirieran (EAPJ, 2013).[16]

De todas formas, el Cuerpo no funcionó ni su desempeño ha sido evaluado de forma homogénea en todos los territorios en donde ha desembarcado. Esto se explica, en parte, por las particularidades de cada barrio y su relación histórica con la Policía Federal, pero también esté posiblemente relacionado con la presencia previa en algunos de ellos del Operativo Cinturón Sur así como con el estilo de conducción del Jefe de Barrio (EAPJ, 2102, 2013 y 2016). Estas percepciones diferentes, no obstante, conviven actualmente con la opinión —si no generalizada, al menos extendida— de que en los últimos años la presencia del Cuerpo ha disminuido al mismo tiempo que se ha vuelto a “prácticas habituales” como las que hemos descrito en el anterior apartado, lo que se explica en líneas generales por el relajamiento en los controles ministeriales —es decir, por un paulatino pero creciente “dejar hacer”— ligado a cambios en el modelo de gestión de las fuerzas de seguridad de los funcionarios a cargo. En otras palabras, por un progresivo abandono del “gobierno político de la seguridad” que no se ha sino profundizado con la derrota del oficialismo a fines del 2015 (EAPJ, 2016).

Nuevas tecnologías, viejas usanzas

A mediados de 2009, fue creada la Policía Metropolitana (PM) en la Ciudad de Buenos Aires, llamada a intervenir en la prevención y represión de contravenciones y delitos menores. Sin embargo, a menos de un año de comenzar a patrullar las calles de la ciudad, esta fuerza de seguridad realizó su primer “operativo antidrogas” en la Villa 31 situada en el barrio porteño de Retiro. Esta prístina experiencia fue pronto secundada por otras, la mayoría de estos procedimientos se situaron en los mismos barrios en que la PFA concentró históricamente sus detenciones por infracción a la ley de estupefacientes. Así, a la Villa 31 de Retiro se sumaron los barrios de Constitución, Barracas, La Boca, Bajo Flores y Villa Lugano.[17] Para estos procedimientos, iniciados por orden de jueces federales, fueron fundamentales los datos aportados por las cámaras de video del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Con todo, estas imágenes no siempre estuvieron destinadas a desbaratar “grandes organizaciones” o incautar importantes cantidades de drogas. Al contrario, un análisis de las alertas enviadas desde el CMU a la PM, advierte que poco más de la mitad de las “situaciones detectadas” corresponden a infracciones menores a la Ley 23737, incluyendo el consumo de drogas, una acción que ni siquiera está legalmente penada.[18] Mientras que entrevistas y otras fuentes, indican que las cámaras han sido frecuentemente utilizadas por la PM al servicio del control poblacional; por ejemplo, para identificar a personas que entran y salen de las villas de la ciudad, pero también para presentar pruebas que justifican el inicio de investigaciones judiciales a cultivadores de cannabis e incluso a un local de venta de artículos para el consumo y cultivo de esta planta (CELS, 2013). Nos referimos a la investigación policial y posterior allanamiento del primer growshop de Argentina situado en el barrio porteño de Villa Crespo, que a continuación relataremos brevemente ya que da buena cuenta de muchas de las prácticas de la PM hasta aquí esbozadas.

La investigación se inició con la denuncia anónima de un vecino por “venta de drogas” y fue, rápidamente, respaldada por imágenes de gente que salía y entraba del local a diario. Ello por sí solo bastó para contar con la autorización del juez y desatar un gran despliegue policial que se extendió por más de cuatro meses y que abarcó horas de filmaciones y seguimientos al dueño, a sus proveedores, empleados y clientes, aprovechando en una de estas oportunidades para robar al investigado los efectos personales que había dejado dentro su auto. Pero además de sacar fotos y filmar a personas, vehículos y patentes, la PM recurrió a la controversial figura del “agente encubierto”. Así, durante el tiempo que duró la investigación, diferentes agentes “visitaron” el local para comprar algún producto o simplemente hacer alguna pregunta como cualquier cliente. Sin embargo, como estas “visitas” no dieron el resultado esperado, pronto se recurrió al “plantado de pruebas”, sea simulando conversaciones con vecinos y clientes que insinuaban que dentro del local se vendían estupefacientes —“el Sr. Encargado expresó ‘es como un vivero, pero no de plantas comunes. Según el dueño, dice que no es ilegal porque ellos no venden plantas sino las semillas y la tierra’”—, sea relatando transacciones de las que supuestamente había participado el dueño del local —“un masculino se dirigió al vendedor con el nombre de Fernando y le dijo ‘traeme eso que estoy apurado’. Fernando, se dirigió hacia la parte de atrás del local. Luego de unos minutos, trajo en su mano una pequeña bolsa plástica transparente en cuyo interior había semillas, la que hizo entrega al masculino y este le entregó un billete de cien pesos”, y también “el femenino estiró su brazo hacia el interior del local y agarró un pequeño envoltorio, el cual introdujo en el bolsillo trasero de su pantalón, a cambio hizo entrega de una suma de dinero”—.

Una vez acopiados los “elementos de prueba” necesarios, se prosiguió al allanamiento. Al local ingresaron “tipo grupo comando, más de diez tipos, bien rápido, a los gritos”, sin uniforme policial, muy nerviosos, sin identificarse y arma en mano. A los presentes —el dueño y tres clientes—, los insultaron, los “redujeron” y los llevaron a un rincón donde un policía armado los vigiló durante todo el procedimiento. A pesar de que no hubo resistencia al arresto, se pidieron refuerzos y se envió un carro de asalto, por lo que el local pronto se colmó de policías de civil y uniformados. A ellos se sumó el secretario pero también amigos, vecinos, activistas y familiares que se reunieron en la puerta del local allanado y la brigada antimotines que fue destinada a “contener” a este puñado de ciento cincuenta manifestantes. Al concluir el operativo, y pese a no haber encontrado más que unas cuantas semillas, se secuestró el fichero de clientes y se dejó el local con custodia policial las veinticuatro horas durante los seis meses que permaneció clausurado. Con semejante despliegue, asegura el dueño, “Todos los vecinos deben pensar que somos narcos”. O al menos así lo entendió la jueza de instrucción que lo procesó por “tenencia para comercialización de estupefacientes”.

En pocas palabras, las modernas tecnologías audiovisuales fueron el nuevo condimento que acompañó las actuaciones de la PM en materia de tenencia y consumo de drogas, aunque siempre sobre poblaciones ya habituales y al servicio de viejas usanzas como las prácticas de “fichaje”,[19] “plantado de pruebas” y control poblacional, en donde la necesidad de “hacer estadística” y montar mega espectáculos destinados a enseñar a los vecinos que se “combate al narcotráfico” fueron las guías que nortearon el accionar de esta fuerza de seguridad. El lanzamiento en agosto de 2016 del acuerdo “Argentina sin Narcotráfico”, plagado de viejas recetas cuya ineficacia ha sido sobradamente demostrada, ha exacerbado los modos habituales de proceder de las fuerzas de seguridad en la Ciudad. De hecho, la política regresiva de “tolerancia cero” en materia de drogas de la actual titular de la cartera de seguridad ha propiciado un aumento significativo de las causas por “tenencia para consumo” (MPF, 2015, 2016 y 2017). Más aún, de acuerdo al reciente informe estadístico presentado por la Fiscalía Federal N° 6, donde se analizan los casos que allí ingresan durante los turnos de las fuerzas de seguridad, esta figura ha alcanzado en el segundo semestre de 2016 su pico histórico (89%) respecto al total de expedientes tramitados en la dependencia (FNCC N° 6, 2017).

Pero además las características de estos procedimientos no han variado (FNCC N° 6, 2012-2017). En el segundo semestre de 2016, del total de causas por “tenencia para consumo” que ingresaron a la fiscalía, el 25% se inició a partir de detenciones por averiguación de identidad, el 37% porque las personas se encontraban consumiendo drogas en la vía pública, el 30% porque estaban “manipulándola en espacios públicos” y el 12% restante en ocasión de la comisión de otro delito. Por otra parte, la cantidad de droga incautada continúa siendo ínfima y los detenidos, argentinos (90%), hombres (98%) con un promedio de 26 años, empleados (55%) y sin antecedentes penales (85%). Ahora bien, ¿qué ocurre cuando este y otro tipo de causas ingresan al sistema judicial?


  1. Desde ya, esto no supone la inexistencia de detenciones policiales en ciudades y localidades pequeñas. De hecho, dos informes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (2014a y 2016) revelaron que en 2012 y 2015, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de detenciones más elevada por infracción a la ley de drogas cada cien mil habitantes fue en fiscalías federales del sur del país con poca población en sus jurisdicciones.
  2. Se habla de dos “corredores de droga”, el de la cocaína que, ingresando por las provincias de Jujuy y Salta, une la región del NOA con la capital del país y el de la marihuana que, ingresando desde Paraguay a la provincia de Misiones, tiene como principal destino también a la capital. Estas percepciones coinciden con los datos aportados por la PROCUNAR (2014a y 2016) que establecen que, a diferencia del resto del país, en 2012 y 2015, entre el 62% y 91% de las causas iniciadas en jurisdicciones federales del norte por infracción a la Ley 23737 corresponden a delitos de contrabando, comercio, almacenamiento y transporte. En 2015, se suma a estas jurisdicciones Santa Fe lo que, en parte, se explica por la reciente percepción de Rosario como “ciudad narco”.
  3. Tras la sanción de la Ley 23737, el número de mujeres encarceladas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) creció significativamente. La mayoría estaba presa por comercio y contrabando de drogas, delitos que tenían aún más prevalencia entre las extranjeras (CELS, 2009 y 2012; CELS et al., 2011; MPD et al., 2013; SPF, 2010). A partir de 2007, se produjo una disminución en la cantidad de mujeres alojadas en el SPF y un aumento en las alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense producto de la implementación en dicha provincia de la ley de desfederalización (CELS et al., 2011; MJS-PBA, 2011a y 2011b; MPD et al., 2013; SNEEP, 2005 y 2011).
  4. Un informe reciente de la PROCUNAR explica este incremento por la tendencia de la justicia provincial a optar por “calificaciones más gravosas” así como por la existencia de una cantidad de causas que, cayendo dentro de la competencia de la justicia federal, estarían siendo juzgadas en la provincial (PROCUNAR, 2014b).
  5. En 2005, en las fiscalías federales de la provincia se iniciaron 2500 causas por “tenencia para consumo”. En 2008, ya bajo competencia de la justicia provincial, este número ascendió a 7484, superando incluso el incremento del 61% de causas iniciadas por “tenencia para consumo” que tuvo lugar, en aquellos años, en las demás jurisdicciones federales del interior del país (PROCUNAR, 2014b).
  6. Siguiendo al antropólogo brasileño Lenin Pires, arreglo es un término polisémico. El sentido con el que aquí lo usaremos es aquel que refiere a la negociación que se entabla con la policía para que esta no aplique la ley frente a lo que puede ser considerado una falta, una contravención o un delito. La contracara del arreglo es la aplicación de la ley. Es decir, se trata de un acuerdo entre partes desiguales que participan de una negociación motivadas por intereses distintos. Sin embargo, la desigualdad de poder existente entre las partes va acompañada de la creencia en una igualdad moral, y es justamente en esta igualdad moral en la que descansa la posibilidad del arreglo, la posibilidad de negociar las ventajas y beneficios de las partes intervinientes (Pires, 2010).
  7. De acuerdo al Informe Estadístico elaborado por la PROCUNAR en 2016, donde se consignan datos aportados por todas las fuerzas de seguridad, el 70% de las causas que se inician en la CABA lo hacen bajo la modalidad de “prevención”, un 10% por “denuncias en comisaría” y un 8% por “denuncias ante el Poder Judicial”.
  8. Es muy frecuente que, inclusive las investigaciones policiales que son el resultado de denuncias de vecinos o llamados al 911, comiencen con la vigilancia de las cercanías del lugar denunciado realizando detenciones a personas que salen de la vivienda o “merodean” por la zona.
  9. En 2008, para dos comisarías con sede en los barrios de Belgrano y Constitución, los casos de infracción a la ley de drogas suponían el 17% y 15% de las detenciones realizadas en todo el año, mientras que para otras dos comisarías con jurisdicción en los barrios de Villa Lugano y Barracas, estas no llegaban al 4% (SNIC, 2008).
  10. En estos manuales no se ignora la existencia de médicos que consumen drogas. Pero se sostiene que se debe evitar detenerlos porque no son traficantes, controlan su consumo, no pierden sus habilidades, no trasmiten su mal y mucho menos puede pensarse que su conducta sea destructiva o acarree un peligro social (PFA, 1979).
  11. Se trata de un grupo que, a partir de la reiterada narración de anécdotas, relatos, historias y chismes, construía las más diversas estrategias para hacer frente a las prácticas de la policía y la justicia. El grupo, al momento de realizar mi tesis de licenciatura (2010), estaba integrado por unos 50 hombres, entre 21 y 37 años, con patrones de uso de sustancias muy heterogéneos, de diferente extracción socioeconómica y un nivel educativo dispar.
  12. Si bien la nota, como otras (Revista AACA, 2012; THC, N° 19, 2009), está dirigida a usuarios de cannabis, estas estrategias son también aplicadas, salvando las distancias, por los usuarios de otras sustancias.
  13. Este es el caso de Miguel Ángel Durrels, un joven de 29 años quien fue arrestado el 8 de septiembre de 2013 por supuesta comercialización de 78 gramos de marihuana y apareció ahorcado al día siguiente dentro de una celda en los calabozos, no habilitados, de una comisaría de Pilar.
  14. El CPB comenzó a funcionar en las villas 31 en Retiro y 15 en Villa Lugano para luego extenderse a la villa 21-24 de Barracas y, en 2013, a la villa 20 también ubicada en al barrio de Lugano.
  15. Entre los motivos se mencionaron, la falta de resultados y la existencia de relaciones entre narcotraficantes y policías de la dependencia. Ver Clarín: “Desplazaron a los jefes del área antidroga de la Federal”, 7/3/2012; La Nación: “Garré dejó acéfala un importante área antidroga de la Federal”, 7/3/2012, y Tiempo Argentino: “Nilda Garré pasó a retiro a 79 comisarios de la Policía Federal”, 3/3/2012.
  16. En algunos barrios se incorporaron al Plan Ahí la SEDRONAR y el CENARESO.
  17. Estos datos son resultado de un relevamiento de los casos de infracción a la ley de drogas en que intervino la PM, realizado a partir de las noticias periodísticas publicadas en los diarios Clarín, La Nación y Página/12, el blog oficial de prensa de la PM y entrevistas realizadas a vecinos de estos barrios. Para ello, se tomó como punto de partida el primer “operativo antidrogas” de esta fuerza de seguridad realizado el 27 de noviembre de 2010.
  18. De acuerdo con los datos del CMU revelados por el diario La Nación, durante 2010 se detectaron a través de las cámaras 1632 delitos o contravenciones. Una muestra de 30 casos arrojó que más de la mitad (51,4%) de las situaciones reportadas fue por violación a la ley de estupefacientes entre las que se incluye, equívocamente, el consumo de drogas (La Nación, 13/3/2011).
  19. Históricamente, la policía ha empleado técnicas de reconocimiento de personas que pertenecen al “mundo del delito” como la publicación de la Galería de Ladrones, la dactiloscopía, la fotografía y el prontuario.


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