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3 El procesamiento judicial

Causas de droga, casos de policía

El Poder Judicial en Argentina está conformado por diferentes tribunales que se ocupan de diferentes tipos de conflictos: civiles, comerciales, laborales, contenciosos administrativos y penales. Las infracciones a la ley de drogas son competencia de la justicia penal que se encuentra, a su vez, dividida en dos fueros: el federal y el ordinario. El fuero ordinario trata los “delitos comunes” —esto es, robos, lesiones, homicidios—, mientras que el fuero federal trabaja con las llamadas “leyes especiales”, una de las cuales es la ley de drogas. En la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción en la que se centra este capítulo, prácticamente la totalidad de las “causas de droga” al ser incorporadas a la maquinaria judicial se “caratulan” como “tenencia para consumo personal”, “tenencia simple” o “tenencia para comercialización” de estupefacientes.[1] Todas estas causas son competencia del fuero Criminal y Correccional Federal. Mientras que aquellas tipificadas en el Código Aduanero como “contrabando de estupefacientes” son competencia del fuero Penal Económico, pero solo suponen el diez por ciento de las “causas de droga”. Es por ello que —y en conformidad con el trabajo de campo realizado—, de ahora en adelante, nos concentraremos en el primer tipo de casos.

Las “causas de tenencia” ingresan al sistema judicial por diferentes vías: puede tratarse de una denuncia hecha ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal o ante una fiscalía, ser fruto de una investigación iniciada por un fiscal o Interpol, o bien, ser resultado del accionar de las fuerzas de seguridad (Eilbaum, 2006). Sin embargo, tal como indican los datos del sistema integral de gestión informático del Ministerio Público Fiscal (Fiscalnet), el 80 por ciento de los casos que ingresan al poder judicial por infracción a la Ley 23737 tienen su origen en la intervención de fuerzas de seguridad, ya sea en el marco de acciones de “prevención policial” o por denuncias hechas en una comisaría (PROCUNAR, 2016). Es más, existe una correlación entre los diferentes “tipos de delito” y el accionar policial que los origina, “Las de comercio […] son investigaciones. Generalmente empiezan con denuncias de vecinos, llamadas al 911”. Mientras que, las causas por “tenencia simple” y “tenencia para consumo personal” ingresan generalmente a la justicia como resultado de la “prevención policial” o son “flagrantes” (entrevista a defensor público, 2009).

Pese a estas diferencias, para los operadores judiciales los delitos de “tenencia de drogas”, al igual que los de violación de la ley de marcas, falsificación de documentos y porte de armas, son todos “causas de policía”. Esto es, un “universo específico de casos” que no solo se compone de ciertos “tipos de delito” y vías de ingreso, sino que también se caracteriza por determinadas formas de tratamiento y por demandar una gran parte del trabajo cotidiano de los tribunales y juzgados. No obstante, lo cierto es que este fuero, antes que por las “causas de policía”, es conocido por las denuncias contra funcionarios y ex funcionarios por corrupción, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos así como por la reciente reapertura de los juicios de lesa humanidad. Frente a estas “causas políticas” que otorgan visibilidad, prestigio y poder a quien las lleva, las infracciones a la ley de drogas aparecen en el discurso de empleados y funcionarios (aun cuando se trata de operativos de mayor envergadura) como causas “simples” sin trascendencia ni relevancia pública (Eilbaum, 2006). Así, aunque las “causas de tenencia” suponen entre el 40 y el 50 por ciento del total casos que ingresan a la Justicia Penal Federal, han ocupado históricamente un lugar secundario dentro del fuero.

Sin embargo, año tras año un numeroso volumen de casos encuentra la salida de este laberinto procesal que es la Justicia Penal Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué caminos recorren estas causas? ¿Cómo se trabaja con ellas en los juzgados federales? ¿Y en los tribunales? Precisamente, de estas y otras cuestiones se ocupan los siguientes apartados.

“La máquina de hacer perejiles”[2]

En 1992, la reforma procesal penal nacional separó la estructura del fuero penal federal en dos etapas con sus respectivas fiscalías y defensorías.[3] La primera quedó conformada por los Juzgados de Instrucción y la segunda por los Tribunales Orales Federales (TOF). La primera etapa permaneció —herencia del sistema anterior— escrita y secreta, de corte “inquisitivo”, mientras que la segunda etapa se pensó fuera de carácter público, oral y contradictoria, de corte acusatorio. De este modo, la reforma procesal transformó al sistema en uno “mixto” o “inquisitivo reformado”. No solo porque, desde entonces, la primera etapa de carácter inquisitivo ha sido secundada por una etapa acusatoria, sino también porque inclusive en la etapa acusatoria la “tradición inquisitiva” ha continuado informando nuestro sistema legal (Eilbaum, 2006; Sarrabayrouse Oliveira, 1998).

La primera etapa de la Justicia Penal en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con doce Juzgados Federales de Instrucción. Cada juzgado está dirigido por un juez titular y posee dos secretarías, cada una presidida por un secretario quien realiza sus tareas junto a empleados administrativos. Cada secretario trabaja con la delegación informal del juez, siendo él quien conoce las causas, las distribuye, coordina las actividades de los empleados y establece los criterios de actuación que guían la instrucción de las mismas. Asimismo, supervisa o prepara las sentencias para la posterior revisión del juez. Es decir, los juzgados de instrucción concentran la investigación,[4] por lo que en esta etapa la fiscalía y la defensa mantienen una presencia difusa que limita su trabajo, en la mayoría de los casos, a “apelar” las resoluciones de los juzgados (Eilbaum, 2006; Sarrabayrouse Oliveira, 1998).

En el caso de las infracciones a la ley de drogas, estas ingresan al juzgado en general por la actuación de alguna fuerza de seguridad, mayormente por “prevención” o “flagrancia”. Es decir, se trata de causas con “autores identificados”. La instrucción de este tipo de casos supone para los operadores judiciales, en primer lugar, decidir sobre la detención o libertad de la persona y solicitar una serie de diligencias policiales. Para luego, una vez elevado el “sumario policial” y corroborado el cumplimiento de los requisitos de detención, proceder de considerarse necesario a tomar “declaración indagatoria” al acusado. El “sumario policial” que recibe el juzgado, además de las habituales actas de procedimiento, detención, secuestro y apertura, declaraciones policiales y testimoniales, certificados médicos, narcotests, informes periciales, psicológicos y socioambientales, certificado de antecedentes e impresión de huellas dactilares, puede contar —sobre todo si se trata de “investigaciones policiales”— con actas de allanamiento, fotografías, material audiovisual, croquis del lugar, etc. El juez puede asimismo ordenar profundizar la actuación policial, aunque esto no es usual ya que “los jueces tienden a preservar la investigación [inicial]”, sobre todo, en el caso de “flagrantes”.

Es decir, la base de la acusación judicial, esto es, los “sumarios policiales” son todos bastante similares. Sin embargo, según los operadores judiciales la forma de trabajar con cada caso varía de acuerdo al “tipo de delito” del que se trate, lo que se determina, a su vez, por la cantidad de droga secuestrada y “demás circunstancias que rodean las actuaciones policiales”. A continuación, analizaremos a partir de una serie de casos, el modo en que los operadores judiciales trabajan con estos sumarios; es decir, reciben la versión policial de los hechos, las declaraciones de testigos y acusados, las interpretan, clasifican y toman decisiones que afectan tanto a la persona detenida como a la marcha de la causa.

Mostrarse evasivo frente a la presencia policial

Una mañana de junio de 2012, un subinspector de una de las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires se encontraba en un patrullero “recorriendo el radio jurisdiccional” cuando en la intersección de dos avenidas transitadas de la zona observó a un hombre que “al ver el móvil policial intentó retirarse del lugar”, y lo detuvo. Luego, frente a dos testigos, procedió a revisar a quien resultó ser Lautaro, un joven argentino de 20 años que se encontraba en “situación de calle”. La requisa no arrojó más que un envoltorio de nylon en el bolsillo trasero del pantalón que contenía “una sustancia vegetal compactada de color verde amarronada, similar a la picadura de marihuana” y cuatro cigarrillos “de armado casero a medio consumir” en cuyo interior había una sustancia también vegetal verde amarronada similar a la picadura de marihuana. Antes de dar aviso al juzgado de turno, a Lautaro se le leyeron sus derechos y garantías, se le secuestró la mencionada sustancia y se constató que no poseía antecedentes.

Habitualmente, cuando los operadores judiciales se encuentran con detenciones en la vía pública, como la de Lautaro, donde la cantidad de droga secuestrada es escasa, ordenan la “inmediata libertad” del detenido y clasifican sin más la causa como “tenencia para consumo personal”. Una estrategia común de trabajo, en este tipo de casos, es lo que se conoce como “resoluciones plancha”. Esto es una “planilla modelo” que lo único que requiere es la modificación del nombre del acusado y la cantidad de droga incautada. Esta especie de “fórmula abreviada”, como explica un secretario entrevistado, fue iniciativa de los propios juzgados federales de la ciudad ante la gran cantidad de causas que les llegaban,

[…] en los noventa, [cuando] tuvo [lugar] el mayor incremento de la aplicación de la ley de drogas. Entonces, ese caudal de causas, los juzgados de primera instancia lo resolvieron de esta forma, con lo que llamás, bien llamado, planchas. Que por cierto fueron cambiando […]. Eso se cruza con el desarrollo del código. La ley es del 89, el código procesal es del 92-93. En el 92 empieza, pero en el 93 se empiezan a crear los juzgados y empieza a aplicarse el código concretamente. Al principio, las planchas eran archivos. ¿Por qué? Porque el archivo era lo que más se parecía a la resolución que en el otro código se aplicaba. Pero qué ocurre, después, a medida que fueron pasando los noventa y a medida que se fue reinterpretando o mejorando la interpretación del código, ya no eran archivos sino que eran sobreseimientos, lo cual desde el punto de vista jurídico es un cierre mucho más contundente. Porque el archivo da la idea de que la causa se puede reabrir. El sobreseimiento era un cierre mucho más definitivo. Era como una declaración de inocencia mucho más contundente (Entrevista a secretario, 2011).

Existen, no obstante, aunque menos frecuentes, otras posibles resoluciones tales como la “desestimación”, la declaración de “incompetencia” o “falta de mérito” y la “prescripción” o el “archivo” de estas causas. Pero también en algunas ocasiones se continúan aplicando “probations” o “medidas de seguridad” educativas y curativas. Estas últimas, caracterizadas como “una especie de canje extorsivo de tratamiento por pena” que “con el paso del tiempo [y] el avance de las planchas, en el sentido de que cada vez había más planchas, como que se fueron achicando” (Entrevista a secretario, 2011).[5]

Otra situación se presenta, en cambio, cuando la cantidad de sustancia secuestrada excede lo que los operadores judiciales entienden como “escasa cantidad” y/o cuando la persona detenida no puede convencer al empleado del juzgado que lleva su causa de la “inequívoca finalidad de consumo”. En estos casos, la causa queda caratulada como “tenencia simple”.

(Casi) un kilo de marihuana. Parte I

Una tarde calurosa de verano, Gustavo y su amigo Pedro fueron en el auto de Gustavo a una villa de la Ciudad de Buenos Aires a comprar marihuana. Estaban saliendo del barrio cuando un control vehicular de la Policía Metropolitana los detuvo porque, de acuerdo a la declaración del oficial interviniente, Pedro “tenía lastimado un dedo”. Según el acta de detención, el personal policial les informó que en esas condiciones “no podían continuar la marcha”, los obligó a descender del auto y al revisar el coche encontró debajo del asiento delantero del acompañante un envoltorio con 973 gramos de marihuana. En presencia de dos testigos, se realizó el narcotest y se pesó el material secuestrado. También se tomaron fotos del auto, los celulares y el envoltorio de papel celofán que contenía la marihuana. En lo que respecta a Gustavo y Pedro, luego de permanecer unas horas detenidos en sede policial, fueron puestos en libertad por orden del juzgado interviniente. El fiscal, no obstante, apeló la medida. Pero la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal consideró correcta la resolución del juez, por lo que ambos conservaron su libertad.

De acuerdo con el expediente, por aquel entonces, Pedro tenía 43 años, estaba empleado y vivía en la ciudad de La Plata; mientras que Gustavo, de 36 años, estaba domiciliado en un barrio humilde del conurbano bonaerense y, además de antecedentes penales por “homicidio en ocasión de robo”, era usuario habitual de cocaína tal como lo indicaron la rinoscopia, el test de orina, el análisis toxicológico, el informe socioambiental y el psicológico confeccionado por el Cuerpo Médico Forense. Por otra parte, en la declaración indagatoria, ambos habían negado los hechos y Gustavo había afirmado ser usuario de cocaína y marihuana. Sin embargo, pasado apenas un mes del hecho relatado, el juez acusó a Pedro y a Gustavo del delito de “tenencia simple” de estupefacientes. Para el magistrado, si bien no estaba probado el comercio, la cantidad de marihuana secuestrada era considerable y no podía ser ignorada. Por lo que, la causa terminó siendo elevada a la segunda etapa (continúa más adelante).

El carácter ambiguo de esta figura la convierte, según abogados especialistas, en el problemático eje sobre el que pivotan las “causas de droga”. Ello así porque esta “tenencia porque sí”, como suelen llamarla, al crear una “zona gris” que no determina ninguna finalidad —esto es, ni consumo ni venta—, abre la puerta para ese juego entre el “te llevo para el lado del comercio o te dejo para el lado del consumo” característico de las “causas de droga”, en el cual mientras que el Estado busca probar el comercio, el usuario intenta demostrar que se trata de “tenencia para consumo”. Un tira y afloja durante el cual, por otra parte, el acusado puede, por decisión del juzgado, permanecer preso hasta el juicio oral o “hasta que lo suelte la Cámara”. Pero que además supone una clara violación de las garantías constitucionales y los derechos de los usuarios, que puede tener consecuencias aún más graves en el caso de los cultivadores de cannabis dado que el “cultivo simple”, una figura creada a partir de un artículo pensado solo para casos de comercio (art. 5 inc. a), tiene penas que oscilan entre los 4 y los 15 años y, por ende, no es excarcelable (entrevista abogada penalista, 2013).

Sin embargo, para los profesionales especializados en “causas de droga” estos no son los únicos problemas que la presente figura trae aparejados. Ya que es precisamente la “tenencia porque sí” la que habilita a la policía a realizar toda clase de detenciones, requisas y allanamientos sin mayores reparos. Si para que las fuerzas de seguridad intervengan —afirman los especialistas— basta que la persona tenga droga, la policía en lugar de investigar para obtener indicios de venta se limita a requisar usuarios y allanar a cultivadores de cannabis, y no, “como debería ser, […] logre tener indicios de venta para, luego de obtener estos indicios, poder allanar los puntos de venta” (entrevista abogada penalista, 2013). Más aún, si en base a este tipo de prácticas policiales que se limitan a constatar la “simple tenencia”, los operadores judiciales, como es el caso, ordenan la “profundización de las tareas de inteligencia” —i.e., fotos, filmaciones, observaciones—, autorizan seguimientos o, como en el caso de Leandro y Penélope, libran órdenes de detención y allanamiento.

La “plantación” de marihuana

Un viernes a la noche, en enero de 2012, la Policía Federal recibió una llamada al 911 mediante la cual se denunciaba, en forma anónima, que “un grupo de jóvenes compuesto por cuatro hombres y una mujer estaba realizando movimientos con plantas de marihuana […] La plantación estaba ubicada —precisó el denunciante— al fondo de la casa”. Una vez informado, el fiscal de turno requirió a la Superintendencia de Drogas Peligrosas iniciar una investigación que, por dos meses, consistió en sacar fotos y filmar la terraza en que estaban ubicadas las plantas. En esas imágenes, también aparecieron un herrero, que se encontraba realizando tareas de mantenimiento, y dos personas que luego de algunas averiguaciones realizadas en el barrio confirmaron se trataba de Leandro y Penélope, la pareja que habitaba la casa. A principios de marzo, el juzgado ordenó la profundización de la “investigación” para confirmar si Leandro y Penélope, quienes eran en verdad un matrimonio de activistas cannábicos, comerciaban marihuana. Pasadas unas semanas, pese a haber “concurrido en distintos días y horarios” y no haber notado ninguna “maniobra de comercialización de estupefacientes”, la policía continuó realizando “tareas de inteligencia” —i.e., tomando fotos y realizando filmaciones en las que aparecieron, nuevamente, el herrero, Leandro y su esposa—, hasta que, un viernes a fines de marzo, el juzgado autorizó el allanamiento de la vivienda. De allí, la policía secuestró “un pequeño frasco con hojas secas, dos pequeñas flores, gran cantidad de semillas, tres elementos para picar marihuana y 52 plantas”.

Esa noche, mientras Leandro y Penélope, desde el living de su hogar, observaban cómo una decena de efectivos, identificados con camperas, chalecos y gorras de la PFA, sacaban “las nenas” a la calle y “daban vuelta” toda la casa; afuera, las plantas de a poco iban siendo colocadas a bordo de una camioneta gris claro. Una vez completo el baúl, cuentan quienes presenciaron semejante espectáculo, la camioneta se echó a andar trasportándolas a cielo abierto por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Los periodistas de una revista especializada en la temática decidieron seguir al rodado, logrando confeccionar un registro fotográfico de la travesía cannábica. Pero, en el barrio de San Cristóbal, el allanamiento no había terminado. Allí se comentaba que, como la cantidad era mayor a la esperada, la policía estaba esperando para concluir su labor un flete en el que cupieran las restantes 45 plantas. Entre tanto, en la puerta del domicilio allanado se iban reuniendo usuarios, activistas y cultivadores para “hacerles el aguante” a Penélope y Leandro. Así, a pocas horas de iniciado el operativo policial, se habían instalado con sus banderas y sus cantos más de un centenar de personas para apoyarlos. Fue gracias a la concentración de gente, asegura la pareja que, pese a tener orden de detención, ellos no fueron esposados ni conducidos a la comisaría del barrio. Pero esa es otra historia y, de ella, nos ocuparemos en la Segunda parte.

El martes siguiente, consultaron al primer abogado. Penélope cuenta que les dijo “Pero ustedes también, ¿cómo van a tener 56 plantas?”. Se las “pintó complicada” y “quedamos ahí medio tecleando. Fue el único día que yo sentí pánico y miedo, lo confieso. Estuve, así, posición fetal en la cama, abrazada a la almohada, llorando. Imagínense el cuadro, nada más, toda la noche. Después se me pasó. Y recién como a la semana fuimos al juzgado a averiguar qué había pasado con lo nuestro”, recuerda. Finalmente, acabaron asistidos por un abogado especializado en la temática y pronto, en junio de 2012, tuvieron novedades de la causa. Aunque la cantidad era considerable, el juez no habiendo pruebas de comercio dio por acreditada la “tenencia para consumo personal”. Es más, como a su entender no había peligro para terceros, sobreseyó a los activistas, pero no sin antes sugerirles se acercaran a la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones del Gobierno de la Ciudad en donde, “en caso de prestar su consentimiento, profesionales del área los orientarán respecto de su consumo problemático”.

Sin embargo, no todas las “investigaciones” terminan en sobreseimientos. Al contrario, esta clase de “tareas de inteligencia” es una de las principales formas que adquieren las actuaciones de las fuerzas de seguridad, luego caratuladas por los operadores judiciales como “causas de tráfico”. Como explicaba un funcionario judicial entrevistado, estas suelen ser de dos tipos. Por un lado, están aquellas que se estructuran a partir de “investigaciones” realizadas por la policía —algunas de las cuales, como vimos, se limitan a comprobar la existencia de cocaína o marihuana por lo que se traducen en allanamientos a cultivadores o usuarios— y, por el otro, están las “detenciones en flagrancia” que no poseen ningún tipo de investigación previa, pero que constituyen una importante porción de las causas luego caratuladas en los juzgados como “tenencia para comercio”. Estas últimas, en su mayoría, se inician con detenciones en la vía pública o lugares de concurrencia masiva justificadas por “conductas típicamente asociadas a la venta de sustancias ilícitas”.

Guardando elementos en los bolsillos

Mónica tiene 32 años y vive en una villa de la Ciudad de Buenos Aires que es conocida por la venta de estupefacientes. Una noche, a principios de marzo de 2012, se encontraba parada en una esquina conversando con “una persona travestida” en una de las llamadas “zonas rojas” de la ciudad cuando vio acercarse un patrullero. Según las declaraciones del personal policial, que se encontraba realizando “tareas de prevención” en la zona, al “notar su presencia ambas personas guardaron elementos pequeños en los bolsillos traseros de sus vestimentas” e intentaron salir corriendo para evitar la detención policial, pero fueron apresadas y se les solicitó vaciaran el contenido de sus bolsillos. Sin embargo, como se desprende de las declaraciones de los testigos y de las actas elaboradas, a ninguna de las dos se les encontró entre sus ropas material estupefaciente. A Mónica, en cambio, le hallaron dentro de su cartera 43 envoltorios con una sustancia blanca similar al clorhidrato de cocaína que pesaba 4,21 gramos, 1008 pesos y dos celulares, motivo por el cual fue conducida a la comisaría.

El juez, aduciendo el peligro de fuga y el hecho de que Mónica había indicado un domicilio en el que no residía, le denegó la excarcelación. Pero la defensora pública que le fue asignada, apeló la decisión a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Mónica, explicó la defensora, había salido corriendo porque, “dada su condición laboral”, temía “sufrir represalias y persecuciones por parte del personal policial”. Además, la dirección que había dado era la que figuraba en su documento y su defendida se había mudado de ese domicilio hace apenas dos meses. Pasadas tres semanas de la detención, la Cámara revocó la decisión del juez y Mónica recuperó su libertad. Poco tiempo después, el fiscal mediante el “requerimiento de elevación a juicio” dio por finalizada la etapa de instrucción. Allí, el representante del Ministerio Público coincidió con el juez de instrucción en que la acusada, dada la cantidad de droga y las circunstancias de su detención, era responsable del delito de “tenencia para comercialización”.

El “pasamanos”

En abril de 2010, Ignacio estaba con amigos en una fiesta de música electrónica en un club de la Ciudad de Buenos Aires, cuando a las cuatro de la mañana personal de la División de Precursores Químicos de la PFA, que se encontraba vestido de civil, lo observó realizando un “pasamanos”. De acuerdo con las declaraciones policiales, el joven de 24 años “extraía del interior de su bolsillo un elemento y se lo entregaba a otro joven a cambio de dinero”. Frente a estas circunstancias, los agentes se acercaron, se identificaron como personal policial y, llamaron a otros dos jóvenes para oficiar de testigos mientras revisaban a Ignacio. Entre sus pertenencias le encontraron una bolsa de nylon conteniendo 24 sobrecitos de papel metalizado y 4 envoltorios de papel revista todos con ketamina, una cajita de “Tic-tac” con 14 pastillas de éxtasis y 115 pesos. Finalizada la requisa, fue trasladado a la Alcaidía ubicada en el subsuelo de Comodoro Py y, luego de unas horas alojado en una celda individual, puesto en libertad.

En su declaración indagatoria, Ignacio —que no tiene antecedentes penales, trabaja descargando camiones de fruta y vive con su familia en el Gran Buenos Aires— explicó que lo que tenía era “para consumir con sus amigos” y dio detalles de la cantidad de ketamina y éxtasis que consumían el grupo de amigos en una noche. Esos datos resultaban congruentes con la cantidad de droga secuestrada, que no superaba los 10 gramos, así como con los exámenes de sangre y orina que dieron positivo para ketamina, pero también con las pericias realizadas sobre su teléfono celular que no obtuvieron mensajes relacionados a la venta de estupefacientes. Sin embargo, el juez resolvió imputarle la “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por encontrarse en el interior de un establecimiento en el que se desarrolla un espectáculo público”. En tanto que el representante del Ministerio Público apeló la decisión del magistrado ya que, a su entender, le correspondía a Ignacio esperar el juicio oral en la cárcel. No obstante, la Cámara no coincidió con el pedido formulado, por lo que Ignacio pudo sortear la espera entre rejas.

Es decir, gran parte de las causas elevadas a la etapa oral como “tenencia para comercialización” se inician, en palabras de un abogado, porque “se para por la calle a gente indiscriminadamente o se entra en lugares de la misma manera”. En el juzgado, la actuación policial inicial se preserva y luego, afirma el letrado, “resulta que no se llega a las sentencias que se pretende” (Abogado, reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Prevención de las Adicciones, HCDN, 2012) ya que, al no haber pruebas que demuestren la “finalidad de comercio”, en la etapa siguiente el delito agravado cae y es sustituido por el de “tenencia para consumo” o “tenencia simple” de estupefacientes.

Por otra parte, ello favorece que las escasas causas que cuentan con investigaciones previas, seguimientos y escuchas telefónicas se caratulen, al menos en un principio, como “tenencia para comercialización” aun cuando no se cuente con pruebas fehacientes de venta. Así es como, entiende un abogado, “se genera el engaño social de la estadística sobre estupefacientes” que explica por qué “de cien casos que ingresan como causas por narcotráfico, con suerte vamos a tener una o dos sentencias reales que ataquen —no digo a narcotraficantes— a los comerciantes de estupefacientes” (Abogado, reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Prevención de las Adicciones, HCDN, 2012). Basta para confirmar estos dichos, analizar los datos aportados por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, de los que se desprende que, en 2012, los juzgados consideraron que, una vez finalizada la etapa de instrucción, solo el dos por ciento de las causas contaba con pruebas suficientes para ser elevada a juicio oral (PJN, 2012).


Conformada por los Tribunales Orales Federales (TOF), esta segunda etapa fue pensada para juzgar las causas instruidas en la etapa anterior. De todas formas, los magistrados que componen el tribunal pueden pedir una “instrucción suplementaria” y las partes solicitar un cambio de calificación, la ampliación de la investigación y la realización de nuevas pericias (art. 354 a 357, CPP), aunque lo cierto es que los jueces son poco proclives a recibir nuevas pruebas y cuestionar lo producido en la etapa precedente. Aquí, al igual que ocurre en los juzgados, quien lleva la causa es el secretario. En una primera lectura que realiza del expediente, el secretario analiza si el caso debe ser anulado por algún error procesal proveniente de instrucción. En caso de ser así, elabora una “declaración de nulidad” que discute con el tribunal. Si no hay error, notifica a las partes y a los testigos (Eilbaum, 2006). Es decir, una parte considerable del trabajo realizado por los empleados judiciales permanece puertas adentro de las oficinas de los tribunales.

Las infracciones a la ley de drogas que se elevan a esta segunda etapa son mayormente por “tenencia simple” y “tenencia para comercialización”. Sin embargo, en estos casos, el juicio oral no siempre llega a celebrarse ya que, en su lugar, se “sobresee” al procesado, se declara la “incompetencia”, “prescribe” o se “archiva” la causa, se “suspende el juicio a prueba” o se logra acordar un “juicio abreviado”. El juicio abreviado, como explicaba una empleada judicial, es “[…] un acuerdo que hacen las partes —el fiscal y el defensor—, y el imputado reconoce la culpabilidad, acuerda la pena y si el tribunal concuerda con la pena propuesta, homologa el acuerdo y dicta sentencia sobre los hechos. Si lo rechaza, se sortea otro tribunal” (Conversación con empleada judicial, 2009). La pena, al igual que ocurre en los juicios orales, no siempre se cumple tras las rejas ya que puede quedar “en suspenso” si se observan las “medidas de conducta” o “medidas de seguridad curativas” sugeridas por el fiscal y dispuestas por el tribunal interviniente.

Los empleados del juzgado consideran que este tipo de acuerdo es conveniente porque “el juicio dura y, como trámite, [el juicio abreviado] es un trámite administrativo más fácil […]”, solo requiere una audiencia para que el tribunal conozca personalmente al imputado (art. 31 bis, CPP). Sin embargo, si bien es posible realizar un juicio abreviado en todos aquellos casos en que la pena impuesta no supera los seis años, lo cierto es que, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas del PJN (2007-2012), entre el sesenta y setenta por ciento de los acuerdos que se concretan son en “causas de droga”. En estos casos, como advirtió un defensor entrevistado,

… generalmente conviene ir a juicio abreviado, porque nadie quiere más trabajo. Entonces se obtienen mejores acuerdos con la fiscalía que yendo a juicio. Si vas a juicio, te dan penas más altas porque es la manera de evitar que vayas a juicio y así trabajar menos […] Y los derechos, las garantías no importan […] Igual, no siempre se llega a juicio abreviado, porque el defensor tiene que seguir lo que dice el imputado, si el imputado no quiere ir a juicio abreviado, tiene que ir a juicio (Entrevista a defensor público, 2009).

Es decir, se trata de una “fórmula abreviada” que es alentada en aquellos casos de “poca complejidad”, que no tienen visibilidad pública y en donde, si bien se logran mejores acuerdos, los derechos y garantías del acusado son muchas veces dejados de lado. A esta clase de acuerdo llegaron las partes en los casos de Gustavo, Mónica e Ignacio,

(Casi) un kilo de marihuana. Parte II

Un año y medio después de que Pedro y Gustavo fueron detenidos por “tenencia simple”, la causa finalmente llegó a la segunda etapa. Pedro aún espera el juicio oral, pero en el caso de Gustavo las partes lograron un acuerdo que se tradujo en los siguientes términos: la representante del MPF bajaba el delito a “tenencia para consumo personal”, solicitaba una pena de seis meses de prisión en suspenso y la aplicación de una “medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación” y, por su parte, la defensa aprobaba la propuesta. Las reuniones informales dieron lugar a la confección de un acta que fue elevada al tribunal y este, a su vez, convocó a una “audiencia de visu”.

El día de la audiencia, el tribunal también debía resolver otras causas. Estas audiencias son breves, por lo que agrupar varios casos es una práctica frecuente de los tribunales. Así, cuando fue el turno de Gustavo, el tribunal tras escuchar los términos del acuerdo, preguntarle si lo había suscrito libremente y realizarle una serie de preguntas personales vinculadas a su “consumo problemático”, homologó rápidamente lo planteado por las partes indicando que el tratamiento debía llevarse a cabo en un establecimiento a determinar por el Centro Nacional de Rehabilitación Social (CENARESO). Pasada una semana, el tribunal dictó sentencia reflejando la pena acordada por las partes.

De modo que recurrir a estas “fórmulas abreviadas” es una forma de asegurarse de que cuando una causa por “tenencia simple” como la de Gustavo llega a los tribunales orales, la bajen a “tenencia para consumo”, excepto —me aclaró un defensor público entrevistado— que sea un kilo de marihuana” y no se pueda demostrar que se es usuario. Pero también es una oportunidad para los procesados por “tenencia para comercialización” —sobre todo si se trata de “tenencias en flagrancia”— de conseguir un cambio de carátula. Esto fue lo que, efectivamente, sucedió con Mónica e Ignacio que acabaron juzgados por el delito de “tenencia simple”. Es más, en casos como estos, las penas impuestas suelen quedar “en suspenso” siempre que se cumplan las “medidas de conducta” —entre ellas, las más habituales son: fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, someterse a un tratamiento médico o psicológico y realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público fuera del horario habitual de trabajo (art. 27 bis, CP)— y/o las “medidas de seguridad” curativas, más esporádicamente, ordenadas. Por ello, gran parte de los acusados acepta “ir a juicio abreviado” aun cuando el delito que se les imputa no coincida, como en el caso de Ignacio, con la versión de los hechos por ellos narrada.

Con todo, no siempre es posible un acuerdo y el tribunal debe prepararse para el juicio oral. En la audiencia, los tres jueces que componen el tribunal están presentes, pero es conducida por el presidente quien modera la discusión tomando juramentos, administrando la palabra de la fiscalía y la defensa, así como recibiendo las declaraciones de acusados, peritos y testigos. El presidente es además quien cuenta con el “poder de policía” a fin de mantener el orden en la sala, controla el tiempo de las sesiones y dispone los “cuartos intermedios”. El secretario también se encuentra presente en todas las audiencias y cumple varias funciones importantes: anuncia el ingreso de los jueces, acerca las pruebas —i.e., fotos, actas, sobres y objetos— a testigos y acusados para comprobar si reconocen sus firmas o recuerdan su contenido, lee fragmentos del expediente a pedido del tribunal y, cuando no se graba la audiencia, lleva el acta del debate (Corbelle, 2010; Eilbaum, 2006; Sarrabayrouse Oliveira, 1998). Es decir, supone un gran despliegue de recursos humanos no solo por el tiempo que demandan las audiencias sino por la dificultad de reservar las salas, los contratiempos que supone trasladar a los detenidos y demás pormenores que suelen traer aparejados. Por ello, imaginé que, salvo escasas excepciones, serían grandes “causas de tráfico”.

El juicio oral a Marisa

La audiencia programada para las diez y media de la mañana comenzó, como de costumbre, un poco atrasada. Cuarenta y cinco minutos después de la hora pautada, Marisa, el defensor, el fiscal, el secretario, el oficial de policía y quien escribe aún esperábamos en silencio el ingreso de los magistrados. Una vez dentro de la sala, los miembros del tribunal pidieron disculpas y avisaron que la demora era debido a la ausencia de los doce testigos citados. De cualquier forma, entendieron que era conveniente empezar y las partes acordaron. Así, se dio inicio al ritual que comenzó con la lectura del “requerimiento de elevación a juicio” en donde se realizaba una sucinta descripción del caso.

De acuerdo a lo relatado, una tarde de mayo, un sargento de una comisaría del sudoeste de la ciudad detuvo a Sergio tras realizar un “pasamanos” en la puerta de una vivienda y le secuestró “del interior del bolsillo delantero izquierdo del pantalón” un envoltorio conteniendo 1,89 gramos de marihuana. Cuando el personal policial se comunicó con el juzgado de turno, este ordenó, entre otras cuestiones, la realización de tareas de inteligencia en la residencia. Durante los meses siguientes, integrantes de la brigada tomaron fotos, realizaron filmaciones, confeccionaron croquis y detuvieron en las inmediaciones del domicilio investigado a siete personas. Según los agentes, las cuatro mujeres y los tres hombres detenidos,[6] portaban escasas cantidades de cocaína entre sus efectos personales, nunca superiores a los 0,3 gramos, y habían participado previamente de un intercambio de envoltorios con la acusada. Finalizada la investigación, el juzgado que instruía la causa autorizó, en octubre, el allanamiento de la morada. Dentro de la vivienda, se encontraron once envoltorios de nylon sobre una mesa blanca y diez más en un monedero que portaba la acusada. En el interior de los bultos había un total de 4,92 gramos de una sustancia blanca que tras el peritaje resultó ser cocaína/pasta base. Además, se secuestraron una tijera, una cuchara y recortes de nylon blanco. Sin más, el escrito culminaba procesando a Marisa por “tenencia para comercialización”.

A continuación, los jueces le formularon preguntas personales a la acusada sobre su familia, trabajo, amistades y hábitos. Resulta ser que se trataba de una mujer de 59 años, soltera, que vivía junto a su sobrina y que se encontraba desocupada, pero que anteriormente había confeccionado bolsas de cartón, trabajado para una boutique y una zapatería así como, a pesar de su secundario incompleto, estudiado danza, gimnasia y piano. Al presente, era ayudada económicamente por los hijos de su hermana, gozaba de buena salud y “jamás en la vida había consumido sustancias ilegales”, no las toleraba. Cuando se le preguntó si deseaba ampliar la “declaración indagatoria” se negó, por lo que se incorporó por lectura lo que resultó ser una “confesión” hecha dos años antes en el juzgado. En aquella oportunidad, Marisa había explicado que el monedero estaba vacío, que la sustancia en cuestión no era cocaína sino pasta base y que sabía que lo que hacía estaba mal, pero que vendía para comer porque no tenía plata. Además, había contado que lo hacía hace poco tiempo, que compraba de a cinco o seis tiritas en una villa cercana, que a veces no vendía nada y otras 20, 30 o 40 pesos, siempre dentro de su casa y nunca a menores.

Concluida la lectura, se pasó a citar a los agentes policiales que habían llegado apenas unos minutos antes. Sus declaraciones sobre lo ocurrido durante la investigación y el allanamiento pusieron en circulación una disparidad de versiones. En algunos casos, estas versiones resultaron contradictorias entre sí y, en otros, quienes declaraban se contradecían permanentemente mientras estaban hablando. Así, en los relatos no se recordaba por qué se había iniciado la investigación, a quiénes se había detenido, cómo se efectuaba el intercambio, de qué sustancia se trataba, cómo se había desarrollado el allanamiento o bien en qué había consistido la investigación realizada. Los magistrados entonces repreguntaban, les recordaban a los testigos que estaban bajo juramento y los amonestaban porque no recordaban lo ocurrido —“trate de recordar, es bastante serio lo que se le imputa a la señora”— o porque lo relatado durante la audiencia no se condecía con lo que figuraba en las actas.

Al día siguiente, declaró el único de los testigos no policiales que lo haría en esta instancia. Al igual que los agentes, poco recordaba, por lo que tras una breve intervención se pasó a los alegatos. El fiscal consideró que se trataba de un caso de “tenencia para comercialización”. Para defender su argumento relató el hecho rearmando las declaraciones policiales en un relato coherente, una tarea que no pudo realizar con el episodio del monedero, por lo que no realizó ninguna acusación al respecto. Luego, dio por probada la existencia de elementos de fraccionamiento y la similitud entre los envoltorios que había sobre la mesa y los incautados a las personas detenidas saliendo de la casa. Por ello, poniendo de relieve la “confesión” de la imputada, así como el hecho de que era una persona normal que “no depende física ni psíquicamente de estupefacientes” y “se encuentra en uso de todas sus facultades mentales”, solicitó al tribunal que condenara a Marisa a 4 años de prisión y multa de 225 pesos.

La defensa, en cambio, planteó, en primer lugar, la nulidad de las primeras tareas de inteligencia. A su entender, no habían sido autorizadas por el magistrado y habían sido hechas en base a dichos de los vecinos que no habían sido registrados. Es más, la detención de Sergio estaba desprovista de motivos explícitos para efectuarla y una de las detenciones posteriores carecía de actas. Asimismo, agregó que la modalidad de venta señalada durante la audiencia —esto es, la venta a través de la mirilla de la puerta— se había dado, de acuerdo con las actas, únicamente en dos casos, por lo que los “intercambios” referidos por los policías no habían sido, en verdad, observados. Tampoco quedaba claro, afirmó, cómo habían obtenido los datos personales de la acusada. Y, por último, debido a problemas en la identificación catastral y a la ausencia de personal policial femenino, solicitó la nulidad de la orden y el acta de allanamiento pidiendo la absolución de la acusada, cuya conducta debía calificarse, en todo caso, como “tenencia simple” ya que la venta no había sido debidamente probada. Durante el cuarto intermedio, el defensor me explicó, “yo arranqué mal, porque confesó. Pero si la quieren salvar, van a dar las nulidades”. Finalmente, el tribunal resolvió condenar a Marisa a la pena de 4 años de prisión por “tenencia para comercialización” de 2,28 gramos de “paco”.

Los fundamentos de la sentencia no fueron leídos durante una audiencia, sino enviados por e-mail a las partes. El escrito era una reconstrucción del juicio que comenzaba con la descripción del hecho y las declaraciones de los testigos presentes durante las audiencias. Sin embargo, las transcripciones no eran exactas, más bien, perdían todo rastro de contradicción y determinados aspectos que habían sido motivo de discusión adquirían un dejo de certeza que no habían poseído durante el debate. Luego, el documento se detenía en los alegatos donde reponía algunas de las contradicciones que habían sido desdibujadas al relatar las declaraciones de quienes intervinieron en la causa. Por último, antes de la resolución y a modo de argumento, se rechazaba uno a uno los pedidos de nulidad planteados por la defensa, se repasaban nuevamente todas las pruebas mencionadas, se evaluaba la responsabilidad penal del imputado, se proponía la calificación legal del hecho y se establecía el monto de la pena.

Al igual que en el caso de Marisa, todos los juicios por “tenencia para comercialización” a los que asistí fueron causas pequeñas (algunas “detenciones en flagrancia”), con pocos acusados (nunca más de dos) y escasas cantidades de droga (siempre cocaína) incautadas (generalmente, rondando los 10 gramos y, rara vez, superando los 50 gramos). Los acusados, por otra parte, parecían ocupar los eslabones más bajos de la cadena del tráfico; es decir, eran hombres y mujeres de bajos recursos que residían en alguna de las villas o barrios humildes de la Ciudad de Buenos Aires, que vendían estas sustancias al menudeo en su hogar o en la vía pública y que realizaban esta actividad como medio de subsistencia.[7] De modo que la hipótesis, compartida por muchos operadores judiciales, de que la resolución de causas por medio del uso de “fórmulas abreviadas” permitía dedicar mayor tiempo a los casos más complejos se fue desmoronando. Más aún, cuando advertí que estos juicios se caracterizaban por la ausencia de público, la exigua cantidad de testigos no policiales (no se presentaban o no se los había podido citar porque la dirección consignada en actas era incorrecta o no se los podía hallar en el domicilio registrado) y la “incorporación por lectura” de prácticamente la totalidad de pruebas recogidas en la etapa previa.

Así, el tamaño y la escasa cantidad de “causas de droga” que llegaban a juicio con imputados que, generalmente, recibían penas menores a cinco años y el hecho de que otras causas, que involucraban un mayor volumen de sustancias y una gran cantidad de testigos e imputados, eran resueltas mediante juicio abreviado,[8] dejaron en claro que, antes que de complejidad, los juicios orales eran el resultado de esporádicas faltas de acuerdo entre las partes. Entre las razones que dieron abogados, fiscales y defensores, las principales fueron la negativa de los acusados, la necesidad de un “mejor conocimiento de los hechos” y el desacuerdo en la pena a imponer dados los antecedentes del acusado. Por lo visto, en las “causas de droga” el juicio oral tanto en su función instrumental como simbólica —esto es, como representación ritual de asimetrías de poder, relaciones jerárquicas e identidades diferenciales (Da Matta, 1980; Sarrabayrouse Oliveira, 1998)— resultó ser a los ojos de los operadores judiciales, cuanto menos, un recurso costoso y fácilmente reemplazable.

Ahora bien, recapitulando, podría pensarse que por lo hasta aquí dicho en lo que hace a la resolución de las “causas de droga”, los aspectos centrales son la cantidad de sustancias secuestradas, las situaciones de detención y los resultados arrojados por las investigaciones policiales. Es más, los casos tal como de momento han sido presentados parecen no dejar lugar a duda de que se trata de distintas conductas que corresponden a diferentes “tipos de delitos”, con diversas formas de juzgarlos y disímiles penas. Sin embargo, la construcción de verdades jurídicas no reposa únicamente en estos elementos de prueba, sino que se trata de un proceso que, desde el ingreso del hecho hasta la sentencia, se encuentra atravesado por muchas otras cuestiones que generan una cierta homogeneización en el tratamiento dado a los casos de “tenencia”. Una similitud que, como veremos, lejos de estar relacionada a una semejanza fáctica, más bien responde a determinados modos de preguntar, incorporar relatos, argumentar y tomar una decisión; es decir, de construir la versión judicial de los hechos (Geertz, 1994; Sarrabayrouse Oliveira, 1998).

El evento de juzgar

El procedimiento actual para llegar a la verdad jurídica sobre el hecho investigado se conoce como el sistema de la “sana crítica racional”. Los jueces lo definen como el conjunto de reglas que proporciona la lógica, el sentido común, la experiencia profesional y la psicología para el análisis crítico del material probatorio. Es decir, se trata de un método que implica una determinada forma de organizar la información disponible, evaluar las pruebas e indicios de acuerdo a lo que sería lógico que hubiera sucedido y procesar al acusado o emitir una sentencia (Renoldi, 2008). Sin embargo, en los juicios por infracción a la ley de drogas poca es la atención que recibe la situación que dispara la posterior detención del acusado. Esto se debe, en parte, al peso que se otorga, aun en la etapa oral, a la versión policial de los hechos. Dotado de “fe pública” —i.e., presunción de verdad—, el sumario policial no solo es base de la acusación judicial sino también el relato con el cual se cotejan las otras versiones que pueden oírse en los juzgados y audiencias. De modo que las desestimaciones, de producirse, son por errores de carácter “formal” en su confección: ausencia de testigos, actas de detención o allanamiento mal labradas (Eilbaum, 2006; Renoldi, 2013).

En otras palabras, la tarea de instructores, fiscales e inclusive muchos defensores está orientada a examinar el mantenimiento del estilo y las formas, en tanto que prevalece la falta de control sobre las facultades de detención de la policía y las lógicas de trabajo a las que estas responden. De este modo, por acción u omisión se avala la detención de personas por “sospecha”, “olfato”, “cámaras ocultas”, “declaraciones espontáneas” y, en palabras de un abogado, “denuncias anónimas que salen del locutorio situado a la vuelta de la comisaría del barrio”; aun sabiendo que, en el mejor de los casos, detrás de estos dispositivos y facultades de detención se encuentra lo que en el ambiente judicial llaman “excursiones de pesca, es decir, salimos a levantar gente, después vemos qué pasa y cuáles son las consecuencias” (Abogado penalista, 2012). De igual modo, son permanentemente ratificadas figuras como las de “agente encubierto” y “entrega vigilada”,[9] ya que continúan siendo consideradas como “herramientas valiosas” a disposición de la policía para afrontar el problema del narcotráfico.

Por otra parte, en las audiencias, aunque la presencia de los testigos y acusados pone en circulación una disparidad de versiones y relatos, estos son confrontados con lo previamente asentado en el expediente. Así, antes que frente a una “dialéctica de los contrarios” (Eilbaum, 2006), nos encontramos con declaraciones que, repletas como están de contradicciones e inconsistencias, poco efecto tienen en decisiones que parecen haber sido tomadas de antemano. Jueces, fiscales y defensores preguntan, buscan contradicciones y las ponen en evidencia. Pero, lo cierto es que, si bien los fiscales pueden descartar algunos testimonios y pruebas, generalmente mantienen la acusación. Mientras que los defensores se toman de esas evidentes inconsistencias para desestimar testimonios y plantear nulidades más vinculadas a errores “de forma” que al cuestionamiento de las prácticas policiales. De todas formas, estos pedidos de nulidad son luego, en la mayoría de los casos, rechazados por los tribunales que suelen respaldar los pedidos de la fiscalía y el accionar de las fuerzas en la calle.

Como ya han señalado otros autores, esta falta de control judicial del proceder policial así como la delegación de la investigación de las infracciones a la ley de drogas en las fuerzas de seguridad están enraizadas en costumbres y tradiciones burocráticas que sostienen, al mismo tiempo que legitiman, la creencia de que la actuación policial es la que delimita la magnitud y características de la respuesta penal porque esta institución funciona como “los ojos de la justicia en la calle” (Eilbaum, 2006; Pita, 2012; Tiscornia, 2008). Desde ya, no todos los operadores judiciales comparten esta creencia. Pero, mientras que algunos responsabilizan de las violaciones a las garantías y derechos del acusado que esto trae aparejado, principalmente, a las agencias policiales y a las autoridades políticas por no poner coto a las actuaciones policiales (Corda, 2010); otros, en cambio, entienden que “en esto tienen también gran parte de la culpa el Poder Judicial y el Ministerio Público, que son quienes deben orientar la tarea de estas fuerzas policiales” (Abogado penalista, 2012). Con todo, como me advertía un defensor público, no siempre estas posiciones ideológicas se reflejan en el trabajo cotidiano, “muchos de los jueces son los que en la facultad se llenan la boca con las garantías de los acusados y después cuando están acá… nada que ver” (Entrevista a defensor público, 2009).

Los diferentes “estilos de trabajo” al interior del fuero penal federal aparecen entonces ligados, antes que a diferentes posiciones ideológicas y dogmáticas, al contenido de las decisiones tomadas así como a ciertas “formas de conducirse en el ambiente profesional, de relacionarse con la policía, de decorar las oficinas de trabajo y de mantener lazos de sociabilidad” (Eilbaum, 2006:45). En este sentido, los operadores judiciales distinguen dos categorías mediante las cuales describen formas de orientar el trabajo en los juzgados y tribunales. El término “garantista” —relacionado con las garantías procesales concedidas a los acusados— se reserva para aquellos que mantienen una actitud atenta y controladora de la actuación de las fuerzas de seguridad buscando resguardar los derechos constitucionales y las garantías procesales del acusado; se oponen, entre otras cosas, a la “prisión preventiva” e imponen penas de menor severidad; en tanto que se denomina “duros” —en alusión a la categoría política de “mano dura”— a quienes consideran veraz la versión policial de los hechos, suelen desconfiar de la palabra de quien se encuentra procesado, optan generalmente por la prisión del acusado durante el proceso e imponen penas de notable severidad al imputado (Eilbaum, 2006; Sarrabayrouse Oliveira, 1998 y 2004; Tiscornia, 2008).

De todas formas, en las “causas de drogas” cierto es que en nombre de las “dificultades inherentes a la investigación de estos casos” se han introducido nuevas y, en general, no se cuestionan viejas prácticas y técnicas de indagación policiales. Tanto es así que algunos proyectos presentados en 2010-2011 que proponían la modificación de la normativa vigente, aunque elaborados por sectores garantistas, conservaban muchas de estas, a menudo y en otros contextos, cuestionadas figuras. Nos referimos a la figura del agente encubierto, la actuación en ajena jurisdicción territorial, la figura del arrepentido y la entrega vigilada. Así, las “técnicas especiales de investigación” y las detenciones sin orden judicial perviven en la medida en que son presentadas como los únicos medios disponibles para lograr la persecución y represión de estos delitos. Sin ir más lejos, la Corte Suprema en muchos de sus fallos aún legitima por acción u omisión, entre otras cosas, la detención por “sospecha”, el delito de confabulación y la figura del agente encubierto.

Ahora bien, el análisis de las particularidades que adquiere el juzgamiento de este tipo de causas resultaría incompleto si nos detenemos únicamente en el aval otorgado a estas facultades y dispositivos de detención policiales, ya que la escasa atención que recibe la situación que dispara la posterior detención del acusado en los juicios también obedece a la falta de criterios precisos en la ley de estupefacientes para tipificar una situación o acción en términos de “infracción” o “adicción” y para clasificarla como un delito de “tenencia para consumo”, “simple” o “para comercialización”.[10] Esta falta de criterios, como manifestó el presidente del tribunal en el caso de Gustavo,

… torna entonces relevante analizar, en cada caso, el grado de adicción del sujeto, su situación económica, su personalidad, actividades que desarrolla y otras características que permitan determinar las circunstancias en las que el imputado obró su accionar, y por las que se determina la calificación legal… (Sentencia TOF, caso Gustavo).

De tal forma, se favorece a que en los procesamientos judiciales a pesar de que los operadores judiciales trabajen con el hecho puntual —esto es, la cantidad de sustancia estupefaciente secuestrada, el momento y acción que habrían disparado la detención, etc.—, se avoquen también a otras cuestiones que parecen justificar un trato secundario a los hechos. Así, en el transcurso de la lectura de los alegatos, pero también en las preguntas formuladas por los operadores judiciales a los acusados y a algunos de los testigos, el eje del procesamiento penal parece correrse del “acto” para poder esclarecer en cuál de las opciones propuestas por la ley cabe mejor el “actor”. Es decir, lo que está en tela de juicio, antes que el hecho, es la “subjetividad del imputado” (Corbelle, 2010).

En este sentido, los antecedentes penales, peritajes e informes psicológicos, toxicológicos, médicos y socioambientales, pero también las declaraciones indagatorias, se tornaron en los casos antes relatados en herramientas y espacios destinados a indagar en las relaciones familiares y laborales, las amistades, los estudios, los momentos de ocio, las costumbres y los hábitos de consumo del acusado —qué consume, hace cuánto, con quiénes, con cuánta frecuencia—. Cuestiones que, en algunas ocasiones, mediante nuevas preguntas fueron retomadas en las “audiencias de probation” y en los juicios orales así como en los pedidos de excarcelación de la defensa, alegatos de las partes y en las sentencias elaboradas por los magistrados (Corbelle, 2010; Renoldi, 2013). En otras palabras, lo que está sujeto a evaluación son las características personales, el quehacer cotidiano, el estilo de vida así como la pertenencia del acusado a determinados grupos sociales.

Esto termina propiciando que las partes, para argumentar y justificar la postura adoptada y el magistrado o el tribunal su posterior decisión —sobre la inocencia o culpabilidad del acusado y, en este último caso, sobre cuál es el delito que cometió y su correspondiente sanción—, no se limiten a encontrar una ligazón lógica de pruebas materiales, sino que incorporen múltiples discursos y representaciones provenientes del campo del derecho, la medicina, la psiquiatría y la psicología, así como de valores y creencias que operan desde el sentido común que los ayuden a legitimar su decisión. De esta forma, nos encontramos con discursos y representaciones —que se van entrelazando y apuntalando en los testimonios, informes, pericias y otras pruebas—, a los que apelan en forma recurrente los operadores judiciales para legitimar este esfuerzo clasificatorio y construir una versión coherente con alguna de las opciones propuestas por la ley, a la vez que erigirla como unívoca, irrefutable y veraz (Corbelle, 2010 y 2012).

Como ya se ha analizado en otras oportunidades, puede decirse a grandes rasgos que estos discursos y representaciones gravitan en torno a concepciones sobre el sujeto, la salud-enfermedad, la seguridad y salud públicas (Corbelle, 2010 y 2012; Renoldi, 2008). En este sentido, la definición del “adicto” como la contracara del sujeto moderno ideal —es decir, como un ser dependiente, que no tiene dominio de sí, que no puede construir un proyecto de vida, carente de voluntad y capacidad de elección— y la de “adicción” —como una enfermedad con consecuencias físicas, psicológicas y sociales que apartan al sujeto del ideal— ocupan un lugar central en tanto son utilizadas por ambas partes para justificar que estas personas, dado su supuesto dominio parcial de los códigos y las conductas necesarias para pertenecer a la comunidad, deben permanecer bajo tutela estatal (Renoldi, 2001; Vianna, 1997). De igual modo que lo hace su contracara, la definición del traficante como un sujeto libre, autónomo y consciente del peligro que acarrean sus actos. Ello así, en la medida en que quien “no consume estupefacientes” “ni depende física ni psíquicamente de ellos”, “una persona normal que goza de salud física” y está “en el uso de todas sus facultades mentales”; es decir, un sujeto racional que no está enfermo, es responsable de propagar el mal y, por ende, susceptible de recibir una sanción privativa de la libertad.

Pero si estas concepciones sobre el sujeto y la salud-enfermedad acompañan la definición del actor, es la constatación de un riesgo para la comunidad lo que establece si existió o no una infracción. Como generalmente no hay víctimas inmediatas, los fiscales y jueces recurren a la noción de salud pública para determinar si “se ha ofendido a la víctima, en cuánto se la ha ofendido, cuánto vale la ofensa y cómo ha de tratarse al ofensor” (Bovino, 1992). En este sentido, muchos afirman que este “bien jurídico” no solo comprende a

… la salud individual de quienes se ven comprometidos en el uso y abuso de estupefacientes, sino que se extiende a los ámbitos familiar y social que rodean a los consumidores […] [Es más] no se refiere a las enfermedades que pueden afectar a los ciudadanos, o se circunscribe solo a la ausencia de enfermedad, sino que su protección tiene en miras las alteraciones de las condiciones de ciudadanía vinculadas con el estado de bienestar de sus individuos (Documento presentado por fiscalía, 2013).

Bienestar que puede verse afectado, en la medida en que quienes son adeptos al uso de estas sustancias “roban para consumir” y son el “primer eslabón del tráfico”. Así, la “tenencia de drogas” no solo es conceptualizada como una enfermedad infectocontagiosa, en donde la “droga” ocupa el lugar del agente infeccioso, el que las posee es entendido como el huésped de este agente y la vía pública como el contexto donde ocurre la infección; sino que también es asociada —aunque la legislación ya no abogue como hasta hace unos años por la protección de la seguridad nacional— a la violencia, la delincuencia, la pobreza y la marginalidad permaneciendo en el foco de atención de la seguridad ciudadana.

De todas formas, defensores y, desde el fallo “Arriola”, cada vez más magistrados y representantes del MPF se han pronunciado en contra del supuesto peligro para la seguridad y salud públicas de la tenencia y cultivo para consumo personal. Sin que ello signifique que, en otras causas, estos mismos fiscales y jueces no estén dispuestos a afirmar el daño que la simple tenencia de estas sustancias puede acarrear para la salud pública y el bienestar de la comunidad o que los propios defensores, sin poner en duda la peligrosidad, retomen la poca cantidad secuestrada para mejorar la situación procesal del acusado. Así pues, la preferencia sistemática por determinados discursos y representaciones no garantiza modelos coherentes y unificados como tampoco implica que entre quienes adhieren a ellos no se presenten conflictos y contradicciones. Al contrario, estos discursos son utilizados para apoyar criterios jurídicos y posturas en relación con el “problema de la droga”, muchas veces, enfrentados.

Desde ya, las discrepancias no solo existen entre defensores, fiscales y magistrados, sino incluso dentro de un mismo juzgado (Renoldi, 2013),

Vos imaginate que en la distribución de tareas que existe en un juzgado a veces ni siquiera es el juez el que resuelve. A veces somos nosotros los secretarios o el empleado que tiene la causa. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos… hay un criterio que, más o menos, baja. Pero ese criterio no siempre baja de modo tan estricto a todas las situaciones iguales. Y siempre hay un margen grande para que las cosas puedan ser de otro modo. Entonces, así funciona (Entrevista a secretario, 2011).

Esta disparidad de criterios y posturas, entre y al interior de los juzgados, ha llevado a algunos abogados a hablar de la vigencia de “la ley de la perinola. Hay jueces que aplican una teoría y dicen: ‘Usted no va a ningún lado. Esta causa es inconstitucional, váyase a su casa’; y otro juez lo manda a Devoto” (Abogado penalista, HCDN, 15 de junio de 2011).

De ahí que, sobre todo en la etapa oral, el secreto de una buena acusación y una buena defensa sea, justamente, saber cómo operar con cada tribunal. Para ello, como afirmó un defensor entrevistado, “nosotros leemos y guardamos los fallos de los tribunales y después los usamos para argumentar. Sabemos por dónde conviene ir en cada tribunal […] Puedo decir, ‘Como dijo el Dr. Tal que integra el presente tribunal…’”. En otras palabras, se trata de un conocimiento personalizado de los actores intervinientes, que supone estar familiarizado con los diferentes “estilos de trabajo” antes mencionados. Pero, sobre todo, en un tipo de causas donde la versión policial de los hechos rara vez es cuestionada, se trata de conocer los argumentos que tienen mayor probabilidad de ser aceptados y de escoger estratégicamente entre unos u otros en pos de acentuar o relativizar la responsabilidad del acusado. Así las cosas, el juicio oral parece ser el enfrentamiento entre dos posturas escolásticas, dos bibliotecas que se enfrentan una a otra recurriendo a argumentos y discursos que, en muchos casos, pueden rastrearse en sentencias anteriores del tribunal interviniente, resoluciones de la Cámara Nacional de Apelaciones y, fundamentalmente, fallos de la Corte Suprema, ya que, en nuestra tradición jurídica, tanto o más importante que la racionalidad y plausibilidad de los argumentos, es el rango jerárquico de quien los avala o sostiene (Tiscornia, 2008).

Con todo, lo cierto es que, pese a la centralidad que adquieren estos discursos y representaciones en los alegatos, sentencias y resoluciones, no se trata sino de discursos de verdad apropiados y empleados en forma rutinaria por los operadores judiciales para legitimar sus juicios de valor sobre el estilo de vida de la persona que está siendo juzgada y que, en el mejor de los casos, hacen luego de haber visto en persona al imputado. Es decir, los argumentos expuestos por las partes y los magistrados en tanto construcciones,

No son de esa puridad racional que a veces se pretende de la justicia. Claramente, no son y también son imposibles de alcanzar porque no hay una racionalidad perfecta. La racionalidad tiene límites […] Esa pretensión es imposible, claramente es un valor más que una realidad […] Hacia fuera la gente cree que las construcciones, nuestras construcciones, son totalmente racionales y no lo son. Claramente, juegan un montón de factores que, a veces, se expresan en la argumentación y, a veces, no. Por eso, vas a encontrar con el mismo cliché distintas soluciones (Entrevista a secretario, 2011).

Al menos esto parece ser lo que motiva a quienes en su rol de defensores caso tras caso presentan solicitudes de nulidad y argumentos que usualmente “caen en saco roto”, pero que, como rara vez ocurre, los jueces pueden utilizar cuando, convencidos de la inocencia o conmovidos por la confesión del acusado, se disponen a “salvarlo”. Entonces, argumentos que por lo común no serían motivo de atención, son revalorizados, revelando así su calidad de “verdades formularias” (Sarrabayrouse Oliveira, 1998). Ello, en tanto que legitiman a posteriori las decisiones que los operadores judiciales toman, más bien, en base a estereotipos como los de “vendedor”, “adicto” y “consumidor no problemático”, y que no siempre aparecen reflejados en los fallos, sentencias y alegatos.

Así, a lo largo del trabajo de campo, aunque en algunos casos se probó el comercio con filmaciones, escuchas, mensajes de texto, identificación de eventuales compradores y/o la observación de “pasamanos”, fueron tener droga, una balanza, una cuchara, tijeras, bolsitas de nylon y/o billetes de baja denominación y, además, estar desempleado (como en el caso de Marisa) los sinónimos indiscutibles de tráfico. Poco importó si se trataba de una balanza de cocina, de útiles, bolsas de supermercado o vajilla que puede encontrarse en cualquier casa. En cambio, si en ausencia de “elementos de corte, fraccionamiento o preparación de sustancias” se secuestraban drogas ya fraccionadas y el detenido poseía una “actividad laboral”, estaba terminando el secundario, tenía una buena relación con vecinos, pares, docentes y familiares, era considerado una persona “respetuosa, inteligente y muy sociable” o bien presentaba un “consumo problemático” de sustancias, este estereotipo se iba desarmando y hasta era posible, como en el caso de Ignacio, un cambio de carátula.

Es decir, el estereotipo de “vendedor” podía ser, entonces, reemplazado por el estereotipo del “adicto”. Pero además, este entraba en juego siempre que, como en el caso de Gustavo, la persona detenida tuviera drogas, fuese pobre, careciera de empleo, estudios, familia y/o las relaciones con su entorno íntimo fuesen conflictivas. En estos casos, los informes socioambientales, médicos, toxicológicos y psicológicos —esto es, aquellos que indican la presencia de drogas en sangre y orina, revelan un tabique nasal corroído por el uso de cocaína, señalan que “el imputado presenta un perfil de personalidad compatible con consumo habitual de sustancias psicoactivas”, aluden a un “trastorno con el compromiso de las emociones y las conductas” o exhiben “signos compatibles con un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas”— se constituyeron en piezas probatorias imprescindibles para confirmar un estereotipo que habilitó la morigeración de penas, cambios de carátulas y la aplicación de “medidas de seguridad curativas”. Con todo, era posible que el acusado consumiera pero tuviese empleo, estudiara, contase con “contención familiar” y mantuviera una buena relación con sus vecinos y amigos. Entonces, lo más probable era que, encuadrado en el estereotipo de “consumidor no problemático”, fuese sobreseído. Es más, en estos casos, aun cuando la cantidad de droga secuestrada fue considerable, los operadores judiciales cuanto mucho sugirieron que los acusados se acercasen a un centro para recibir orientación sobre su aparente “consumo problemático”.

En síntesis, los operadores judiciales, a pesar de su esmero por mostrar sus decisiones como asépticas, tecnocráticas y resultantes del empleo de la “sana crítica racional” (Renoldi, 2008; Sarrabayrouse Oliveira, 2011), al momento de juzgar ponen en juego una serie de estereotipos, cimentados en valores y concepciones en torno a la “familia”, la “amistad”, la “responsabilidad” y el “trabajo”, algunos de los cuales pueden rastrearse en las causas judiciales, los edictos policiales y los escritos de médicos higienistas, toxicólogos y psiquiatras de principios y mediados del siglo pasado (Salessi, 1995; Tiscornia, 2004). De este modo, hechos fácticamente similares reciben resoluciones diferentes dependiendo no solo del juzgado y tribunal asignado sino también del estilo de vida y clase social de la persona que está siendo procesada. Lo que no es otra cosa que una aplicación discrecional de la ley, en la que algunas personas son encontradas culpables y otras no, dando lugar a fórmulas privadas, en las cuales se afirma la prominencia de lo contextual, de lo episódico, en detrimento de reglas previsibles que concurrirían para la universalización de los derechos (Pires, 2005).

Disputando verdades jurídicas establecidas

Las descripciones, definiciones y clasificaciones a partir de las cuales los operadores judiciales estructuran el mundo de los usuarios y vendedores de sustancias ilegales, en la medida en que orientan sus decisiones cotidianas, tienen además claras consecuencias prácticas. La regularidad y naturalidad con que estas decisiones son tomadas, termina cristalizando y sustantivando las descripciones, adjetivos y clasificaciones en categorías estereotipadas y homogeneizadoras —el “consumidor no problemático”, el “adicto” y/o el “vendedor/traficante”— que no solo prueban en forma circular la validez de las características que les son atribuidas sino que explican las resoluciones adoptadas. Así, a cada una de estas categorías de sujetos corresponde una respuesta determinada: la reclusión en prisión, cuando se asocia la tenencia de estupefacientes a actos delictivos; el sobreseimiento, cuando se asocia la tenencia al consumo no problemático, y la acción pedagógico-sanitaria de internación en institutos de rehabilitación, cuando se la asocia a una enfermedad que necesita tratamiento.

Ciertamente, esta forma de comprender y abordar el problema confirma y reifica los principales conceptos y antinomias que guían las representaciones sobre “la droga”: consumidor/traficante, pobres/ricos, drogas blandas/drogas duras, enfermo/delincuente, salud/enfermedad, dejando de lado la multiplicidad de situaciones de tenencia y de sujetos usuarios y/o vendedores de drogas. Pero además, se vuelve un elemento central para formular la correspondencia entre legislación, sentencia y sujeto poseedor de sustancias psicoactivas ilegales que sirve de sustento —no siempre explícito— a la construcción de verdades jurídicas (Corbelle, 2010 y 2012). Sin embargo, allí donde el acceso privilegiado a un conocimiento particular erige versiones en verdades, es también el espacio de las estrategias de quienes están sentados en el banquillo de los acusados. Me explico, dada una situación en la cual los agentes judiciales parten del dato de la simple tenencia al que articulan con determinadas características de la vida personal del acusado y objetos que se encuentran en su posesión para tomar una decisión sobre su inocencia o culpabilidad y, en este último caso, sobre cuál es el delito que cometió, el acusado tiene la posibilidad de resaltar aquellos aspectos de su vida personal que pueden mejorar su situación procesal.[11]

Así, en algunos casos, los acusados y sus defensores creen conveniente presentar/se ante los instructores y miembros del tribunal como alguien que está ahí por casualidad, mala suerte y que no lo hará más, que en realidad es una persona trabajadora, “familiera”, un “buen pibe”, que no “anda en cualquiera”. Ello así porque, por un lado, mostrarse a uno mismo como una persona trabajadora, como vimos, no cuadra con el perfil del “transa” de los operadores judiciales y, por el otro, presentarse como alguien con lazos familiares estables, que está en pareja y estudia, le otorga a esa persona determinados atributos que no cuadran con el perfil de “adicto” imaginado por los magistrados. Incluso, algunos acusados entienden que los favorece explicar a los jueces que hacen deporte, dieta, y comen sano. Sin embargo, en un ámbito donde para construir una versión de los hechos no basta con comentarios, pareceres, impresiones o dichos, es preciso adquirir documentos que, dotados de fe pública, se presuman verdaderos (Sarrabayrouse Oliveira, 2011; Sarrabayrouse Oliveira y Tiscornia, 2004). Es en este sentido que defensores y abogados hacen hincapié en “las ambientales que salen bien”, presentan testigos de concepto, recibos de sueldo, constancias de alumno regular y juntan firmas de vecinos, amigos y conocidos del barrio que den cuenta de que el acusado “está integrado a la comunidad”. De este modo, si se logra crear una versión creíble, entonces, existe una gran posibilidad de mantenerse fuera de la cárcel y de una “medida de seguridad”.

No obstante, en otras situaciones —generalmente, en causas caratuladas como “tenencia simple” o “tenencia para comercialización”— el mejor escenario al que pueden aspirar algunos acusados es a ser considerados “adictos” o bien a sembrar la duda sobre una posible adicción. Por ende, estas situaciones alientan presentaciones de uno mismo como “adicto” o “adicto en recuperación”. Pero, mientras que en el primer caso es necesario relatar con detalle un presente de adicción; en el segundo caso, no basta con describir un pasado de adicción sino que, además, resulta necesario construir y narrar el proceso de recuperación. Más allá de las diferencias, en ambos casos se encauzan las demostraciones de tal forma que coincidan con el modo en que los jueces comprenden la adicción y la posterior curación y reinserción social. Para ello, es fundamental reunir y exponer aquellas pruebas y argumentos que son tenidos por válidos en un tribunal. En este sentido, para describir un presente o pasado de adición creíble puede resultar útil nombrar las malas compañías, la adicción de algún familiar y la falta de trabajo. En cambio, para describir un proceso de recuperación también creíble es condición necesaria, aunque no suficiente, poseer algún certificado de CENARESO, Narcóticos Anónimos o algún hospital, clínica o comunidad terapéutica donde se haya iniciado un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, pero también haber abandonado las malas compañías, conseguido un trabajo y tener un proyecto de vida —entiéndase, formar una pareja, contraer matrimonio o haber comenzado a estudiar.

De todas formas, si esto no es posible, siempre se puede apelar a la precaria situación económica (ser único sostén del hogar y cubrir mínimamente las necesidades básicas del grupo familiar), laboral (vivir de changas o percibir exiguos ingresos por una actividad laboral informal) y habitacional, mencionando el cumplimiento de las obligaciones familiares a pesar del bajo nivel educativo alcanzado y de la dificultad de conseguir un empleo formal. En estos casos, probablemente no se logre influir en la calificación legal del hecho, pero tener el visto bueno del tribunal puede al menos contribuir a morigerar la pena de prisión o a que su aplicación quede “en suspenso” si se cumple con la serie de requisitos impuestos por el tribunal. Ahora bien, esto no quiere decir que las personas inventen un pasado y un presente para la justicia penal, sino que más bien aprenden a presentar su vida personal exhibiendo aquellos aspectos —y, al mismo tiempo, ocultando aquellos otros— que les permitan conseguir una mejor resolución judicial. Así, este acto de defensa —en tanto ejercicio estratégico, individual y muchas veces solitario de adecuación a la lógica jurídica— hace evidente la desigualdad ante la ley, ya que no todos los acusados disponen de la misma capacidad, recursos materiales y simbólicos para presentarse a sí mismos de la mejor manera posible de acuerdo a su situación procesal.

Pero además, es preciso aclarar que estos argumentos esgrimidos no solo no cuestionan sino que tienden a reproducir, confirmar y reforzar los estereotipos con los que trabaja el sistema judicial. En palabras de un secretario entrevistado,

… la lógica jurídica es una lógica binaria tanto en la distinción del consumidor con el traficante como y, al tiempo, ubicua sobre todo en la situación del usuario, que es responsable y no responsable al mismo tiempo. Juega en uno y otro sentido. No solo por quienes juzgan, no solo por quienes los detienen; sino a veces también por los defensores y los propios usuarios, digamos, haciéndolo jugar en las reglas de este juego. Con lo cual también se reproduce un discurso donde la persona en ningún momento puede decir ‘Yo soy un usuario de drogas, esa tenencia era para consumo y yo quiero… —y yo creo que es algo que puede decir— ejerciendo mi responsabilidad y ejerciendo mi libertad de decisión… Y ustedes no pueden condenarme por eso’ (Entrevista a secretario, 2011).

Sin embargo, activistas y abogados especializados en la problemática, recientemente, han comenzado a adoptar esta forma de presentarse, que puede resumirse a grandes rasgos en la frase “yo tengo el derecho de decidir qué hago conmigo mientras no dañe a otros”, propia del activismo cannábico en el espacio público, en el marco de causas penales a usuarios y cultivadores medicinales y no medicinales de cannabis.

En lo que respecta a los “usuarios medicinales”, no solo están incorporando a las causas historias clínicas, estudios y demás elementos que dan cuenta de los frustrantes resultados obtenidos en los tratamientos anteriores y los beneficios que ha traído para su salud el consumo de cannabis; sino que también han comenzado a defender, en el marco de estos procesos penales, su derecho a elegir un tratamiento. Además, han pedido recursos de amparo para que el Estado les provea —o bien les permita cultivar— cannabis y la declaración de inconstitucionalidad de los decretos que lo incluyen en los listados de sustancias restringidas (THC, N° 84, 2015). En tanto que, varios cultivadores, algunos de ellos medicinales, con causas penales abiertas por comercialización de marihuana han escogido mencionar su participación política incorporando a los expedientes judiciales, como pruebas de su activismo, volantes de agrupaciones cannábicas, artículos de revistas, videos y audios que registran intervenciones en emisiones radiofónicas, programas televisivos, reuniones, charlas, marchas y audiencias públicas, aunque con resultados dispares. Sin embargo, todavía es frecuente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el juez o el fiscal ofrezcan al acusado, como le ocurrió a Esteban,[12] poner fin al proceso judicial a cambio de confesar un problema de adicción y someterse a un tratamiento curativo u optar por un juicio abreviado.

Pero esta es considerada una “salida fácil” que cada vez más activistas rechazan, “Yo en un momento, mirando la foto de mi hijo, me dije ‘Listo, me declaro adicto y me como un tratamiento’. Pero cuando me senté enfrente del juez me di cuenta de que tenía que decir la verdad que las plantas eran para mí, que soy un cultivador”, explica Juan (THC, N° 46, 2011: 41). Para ello, oponen a la figura de “adicto” el concepto de “usuario responsable”,

… una persona que consume por una elección personal y [cuyos] consumos no alteran su normal desarrollo en la vida diaria, o sea, una persona que estudia, trabaja, tiene una familia y […] puede llevar adelante una vida, un proyecto de vida, de manera responsable (Entrevista activista cannábico, 2011).

Pero además, alguien que planta para su propio consumo y, de este modo, colabora para desarticular el narcotráfico.[13] “Enfrentar un juicio oral” o “Pasar horas o días en una celda no es nada agradable, pero es parte de la lucha diaria”, asegura un cultivador entrevistado.

Por otra parte, estos usuarios —con amplios conocimientos sobre las características, las vías de administración, las modalidades de consumo y las consecuencias que el uso de estas sustancias puede traer aparejadas— así como el puñado de abogados expertos en la temática que con ellos trabajan están familiarizados con los modus operandi policiales,[14] la jurisprudencia y las tendencias de los tribunales locales. Se trata de un conocimiento que les ha servido para lograr sobreseimientos, declaraciones de inconstitucionalidad y evitar allanamientos policiales, pero que también difunden a través de medios especializados. En este sentido, es especialmente revelador el caso de Pablo, director de una conocida revista de la “cultura cannábica”, que publica en ese medio una nota contando cómo pudo advertir, con ayuda de su vecino, una “investigación policial” a pocos minutos de haber comenzado y los pasos que realizó junto a su abogado para evitar el allanamiento de su casa.

“Está pasando algo raro”

Una tarde de verano, a Martín “unos locos que dicen que son de la brigada” le solicitaron “pasar al techo” porque unos vecinos se habían quejado de que “el tanque perdía agua”. Extrañado de que la brigada estuviese interesada en revisar un tanque de agua, alertó por teléfono a su vecino director de la mencionada revista cannábica —Pablo—, quien al subirse a su terraza vio como una silueta se perdía corriendo por los techos aledaños. Cuando Pablo entró nuevamente a su casa, Martín estaba tocando el timbre para avisarle que “el del almacén” había visto dos hombres parados en la puerta cámara de fotos en mano. Pablo, preocupado, llamó al asesor jurídico de la revista quien le recomendó ir a tribunales a presentar un habeas corpus para saber si lo estaban investigando. Unas horas más tarde, el abogado le decía al secretario del juzgado de turno “venimos a presentar un habeas corpus porque hay personas caminando con cámaras de fotos por los techos vecinos y dicen ser de la brigada”. Algo escéptico el secretario se dispuso a llamar a la comisaría del barrio, “si hay algún pedido de investigación presentan el habeas corpus” sugirió. Media hora después, les informaba que efectivamente había una causa penal en su contra y que se estaba tramitando en el fuero federal, “llamé al juzgado y todavía hay gente”. Pablo y su abogado salieron rumbo a Comodoro Py. Entre tanto, el juzgado que instruía la causa implementaba “consigna policial a fin de evitar la destrucción de pruebas”.

Ya en las oficinas de Retiro, el secretario confirmó que había una causa abierta por una denuncia anónima de un hombre que decía que en la terraza de Pablo había “un mega cultivo de cien plantas”. El abogado solicitó que antes de realizar el allanamiento investigaran si se realizaban actividades de comercio y, que si no era así, declarasen inconstitucional todo el procedimiento. Pero el secretario le adelantó que él no podía hacer nada, esa era decisión del juez que en aquel momento no estaba. Una vez afuera, el abogado le explicó a Pablo, “probablemente, van a ordenar tareas de inteligencia por diez días y ahí resuelvan […] Hay que presentar básicamente el mismo pedido de inconstitucionalidad de la penalización del cultivo para consumo personal basado en el fallo de la Corte: si la tenencia para consumo no es un delito, menos aún lo es el cultivo, […] pero a diferencia de otras causas donde se lo suele presentar al final, acá hay que pedirlo antes de que hagan el allanamiento”.

Esa misma noche, el juzgado dispuso retirar la consigna policial de la casa y el fiscal solicitó “se practiquen tareas de inteligencia” y “de arrojar resultado positivo […] se proceda al allanamiento”. En virtud de ello, el juzgado ordenó a la División Metropolitana de Drogas Peligrosas la investigación del domicilio por diez días a fin de constatar si las que, luego de tomadas las fotografías, resultaron ser veinte plantas eran utilizadas para consumo personal o alguna actividad contemplada en la Ley 23737. Entre tanto, Pablo y su abogado decidían presentar el pedido de “inconstitucionalidad de la penalización de la siembra de semillas y germinación de plantas de cannabis para uso personal” con tiempo.

Veinte días después, el fiscal respondió al escrito presentado por Pablo. A su entender, el fallo “Arriola” invocado no era aplicable puesto que las “circunstancias fácticas no eran asimilables”. El bien jurídico protegido estaba siendo afectado no por la actual trascendencia a terceros sino por la posibilidad de que ello ocurra, por lo que la investigación debía seguir su curso. Finalmente, el juez resolvió declarar la inconstitucionalidad de la penalización del cultivo para consumo personal, en tanto no lesiona el bien jurídico tutelado ni perjudica a terceros, y sobreseer a Pablo. Es más, allí el magistrado explicó que el autocultivo representaba un régimen cerrado en el que el dealer estaba ausente por lo que penalizarlo en nada ayudaba a desbaratar bandas de narcotraficantes y, por otra parte, si el objetivo de la justicia era proteger la salud, se debía proteger la salud de Pablo y no la de “terceros indeterminados”. Sin lugar a duda, un gran triunfo para el activismo cannábico (THC, N° 61, 2013: 34-37; THC, N° 62, 2013: 32-33).

Pero la revista no solo hace públicos diferentes casos, reconstruye juicios orales, expone y explica argumentos jurídicos, advierte sobre los caminos que puede tomar una causa o escracha a aquellos funcionarios que persiguen “perejiles” e invierten su carrera en condenarlos;[15] sino que también brinda una serie de recomendaciones a los cultivadores por si son allanados. En este sentido, aconsejan “no tener balanzas, armas ni demasiado dinero en efectivo —ya que, explican— de este modo casi no habrá dudas de que tu cultivo es para consumo personal, y tendrás menos posibilidades de ser mal interpretado y caratulado como comercialización” (THC, N° 29, 2010: 27). Además, sugieren controlar que las plantas sean pesadas sin tierra ni macetas; y una vez frente al juez aconsejan,

… declarate consumidor y detalladamente contale por qué cultivás marihuana, por qué te hace falta sembrar esa cantidad de plantas para solventar tu consumo y así no tener que frecuentar y financiar el narcotráfico y si tenés ganas, explayate sobre la pasión con que lo hacés” (THC, N° 29, 2010: 27).

La mejor opción, entienden, es “dar cátedra” sobre las técnicas, los motivos y las virtudes del autocultivo, dejando en claro que las hojas y tallos no se fuman porque carecen de sustancia psicoactiva.[16] Algunos usuarios acompañan sus exposiciones con informes científicos y otros, llevando la lucha aún más lejos, han solicitado permiso para “ir a regar las plantas a la comisaría” mientras dura el proceso o bien, luego de una resolución judicial favorable, han pedido que se les devuelvan las plantas retenidas en el juzgado o fiscalía que atiende la causa.[17] Mientras que todavía son pocos los que dicen se animarían a declarar que las plantas secuestradas son propiedad de un “colectivo” o “club de cultivo”, tal vez porque ser acusado nada más y nada menos que de asociación ilícita es un riesgo demasiado grande.

En resumidas cuentas, nos encontramos frente a una lucha librada en el ámbito jurídico que consiste en tomar determinadas situaciones, con muchos más grises que los que plantea la lógica binaria del derecho, y describirlas de forma tal que —sin discutir del todo con los valores, discursos, representaciones y formas de argumentar hegemónicas— incorporen nuevos sentidos, discursos e interpretaciones, fundamentalmente, a partir del concepto del “usuario responsable”. Desde ya, esto no implica salirse de la lógica jurídica, al contrario, supone un conocimiento acabado del lenguaje, de los procedimientos así como de las formas y estilos de trabajo de los juzgados y tribunales locales tal que faculte a acusados y defensores a encontrar grietas en los argumentos y elaborar estrategias acordes a la obtención de una mayor incidencia en la construcción de verdades jurídicas que reafirmen los derechos de los usuarios y configuren nuevos repertorios jurisprudenciales. Ciertamente, en un sistema caracterizado por criminalizar la pobreza y signado por “mecanismos de individuación” que trituran las identidades sociales (Kaufman, 1991; Sarrabayrouse Oliveira, 1998), no todos los usuarios están en las mismas condiciones de defender sus derechos ni están dispuestos a correr los riesgos que supone hacer de la suya una “causa política”. Sin embargo, un creciente número de activistas se niegan poco a poco a aceptar el rótulo de “adictos” y la aplicación de “medidas de seguridad curativas” apelando, para ello, a estrategias “cultivadas” colectivamente por el activismo cannábico.

En la Segunda parte se reconstruye, precisamente, la trayectoria de lucha de estos activistas y del colectivo más amplio del que forman parte —i.e., los usuarios así como sus formas de hacer política que exceden por mucho este escenario.


  1. La Ley 23737 prevé para la “tenencia para consumo” —ya sea de estupefacientes, plantas o semillas— penas de 1 mes a 2 años de prisión; para la “tenencia simple”, penas de 1 a 6 años de prisión, y para la “tenencia para comercialización”, penas de 4 a 15 años, todas acompañadas de multa. Además, toda vez que el acusado dependa de estupefacientes, la ley faculta al juez a imponer una “medida de seguridad” curativa o educativa como complemento o sustituto de la encarcelación, pudiendo reimponerse la pena si no se cumpliere con lo previsto.
  2. Este apartado lleva el nombre del documental realizado en 2013 por Agustín del Monte, José María Melnik y María José Bazán sobre el caso Alexis Torrijos, un joven santiagueño de 23 años, estudiante y canillita, que estuvo privado de su libertad durante seis meses por la tenencia de 15 gramos de marihuana.
  3. Ambas partes conforman el Ministerio Público, un organismo paralelo e independiente del Poder Judicial, que se divide en Ministerio Público Fiscal (MPF) y Ministerio Público de la Defensa (MPD). En el proceso penal, el MPF acusa y el MPD defiende al imputado de las acusaciones del fiscal.
  4. La reforma de 1992 estableció la obligación de delegar al fiscal la investigación de los casos “flagrantes” y “NN”, no así los otros casos. No obstante, en el último quinquenio, se ha delegado únicamente el 6% del total de causas ingresadas al fuero (PROCUNAR, 2014 y 2016). Sobre los criterios de delegación ver Eilbaum (2006).
  5. De acuerdo con un informe de la SEDRONAR, sobre un total de 8752 causas ingresadas a la justicia penal federal de la CABA entre 2007 y 2009, únicamente en 115 casos, que involucraban a 321 personas, se aplicaron “medidas de seguridad curativa” (La Nación, “Drogas: pocos casos van a rehabilitación”, 17/6/2010).
  6. Según información extraída del expediente, en su mayoría, se trataba de jóvenes menores de 24 años aunque también entre los detenidos había dos mujeres mayores de 35 años. Por otra parte, la mitad de los apresados eran indocumentados, muchos de ellos cartoneros y domiciliados en asentamientos y villas cercanos a la casa de la acusada, siendo que, únicamente, dos de los jóvenes demorados vivían en el conurbano y estaban empleados.
  7. En cambio, en los juicios orales por “tenencia simple” presenciados algunos acusados eran usuarios de clase media, las sustancias incautadas eran variadas (cocaína, éxtasis, LSD y marihuana) y eran más frecuentes los abogados particulares, los testigos de concepto y la presencia de amigos y familiares (Corbelle, 2010).
  8. Estoy haciendo referencia a los acuerdos de juicio abreviado a los que llegaron algunos imputados de la “mega causa paco”, una investigación judicial en el marco de la cual se realizaron 289 operativos, se detuvieron 226 personas y se secuestró una gran cantidad de sustancias, armas y chalecos antibalas. Ver el micrositio “Paco: las claves de la investigación judicial” del Centro de Información Judicial (CIJ), disponible en: www.cij.gov.ar/.
  9. Las figuras de “agente encubierto” y “testigo de identidad reservada” incorporadas por la Ley 24424 (1995), no solo validan medios de producir prueba que van en detrimento de los derechos y garantías del acusado, sino que además, lejos de haber colaborado a procesar grandes traficantes, función para la que fueron ideadas, han servido para incriminar a usuarios y vendedores de estupefacientes en pequeñas cantidades.
  10. La Ley 23737 no aporta cantidades ni pautas para establecer una distinción entre “adicción” e “infracción” y entre los delitos de “tenencia para consumo”, “simple” y “para comercialización”. Así, queda en gran medida a criterio de lo que los magistrados comprendan por: “escasa cantidad”, “sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, “surja inequívocamente que está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal” y “dependiere física o psíquicamente de estupefacientes”.
  11. Esta posibilidad no debe confundirse con la “inversión de la carga probatoria” en la cual es el usuario quien tiene que demostrar que la tenencia es para consumo personal y no el Estado el que debe probar el comercio.
  12. En 2011, la Policía Bonaerense inició una “investigación” a Esteban por una denuncia anónima que lo identificó como “un dealer pesado de la zona”. A la jueza interviniente le bastó con la denuncia y una foto tomada por un teléfono celular que mostraba algunas plantas de cannabis en el balcón de un departamento para firmar la orden de allanamiento. El operativo encontró 10 plantas, 15 esquejes, 400 gramos de marihuana y algunas semillas. Por ello, Esteban no solo estuvo preso quince días sino que fue procesado ya que el magistrado entendió que había puesto en peligro a terceros al promover su práctica. Específicamente, en 2011, cuando enseñó en un programa televisivo la forma en que cultivaba marihuana; en 2012, cuando en la Marcha Mundial de la Marihuana hizo referencia a su autocultivo; y cuando, en una nota de la revista THC, explicó los motivos que lo llevaron a cultivar cannabis. Los abogados apelaron la resolución que afirmaba que el activismo afecta a la salud pública y el juez se apartó de la causa. Actualmente, el expediente se encuentra en otro juzgado.
  13. En la Segunda parte analizo este concepto fundamental en la praxis política de estos activistas.
  14. En este sentido, distinguen cuatro modus operandi, es decir, formas de intervención policial que dan origen a causas por infracción a la ley de drogas: “detenciones en la vía pública”, “control de ruta y/o medios de transporte de larga distancia”, “denuncias anónimas” y “detenciones en eventos públicos”. Algunas de ellas —aclaran— adquieren características particulares durante los meses de enero y febrero —i.e., las vacaciones de verano— momento en el que no solo se intensifican sino que se centralizan en determinados “lugares clave” como, por ejemplo, la costa bonaerense y la ruta de acceso a Bariloche. Otras, en cambio, se agudizan durante los meses de floración de la planta de cannabis período en el cual los allanamientos son abundantes.
  15. En este sentido, se pueden consultar diversas notas de la revista THC, entre otras, aquellas publicadas en los números 29 (2010); 35, 39, 40, 45 y 46 (2011); 49, 50 y 54 (2012); 64 y 65 (2013); 70 (2014); y 93 (2016).
  16. Esto —aclaran— es especialmente importante dado el escaso conocimiento que tienen los peritos sobre la planta.
  17. Esto último, luego advertirían, no es posible dado que el pesaje se realiza con las plantas secas y al momento de finalizar el proceso muy probablemente no quede nada ellas.


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