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Chaco y Corrientes durante el Plan CONINTES (1960-1961)

Persecución política, tensiones fronterizas y reorganización del Ejército en la región

Nahuel Castelo y Daniel Chao

Introducción

El objetivo de estas líneas es analizar el despliegue del Plan de Conmoción Interior del Estado (CONINTES) en las provincias de Chaco y Corrientes entre su puesta en marcha en marzo de 1960 hasta su finalización en agosto de 1961[1]. En síntesis, el Plan CONINTES consistió en una serie de acciones ordenadas por el Poder Ejecutivo Nacional y coordinadas por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) –especialmente el Ejército– para enfrentar “situaciones especiales”, recuperar el orden, hacer frente a lo que se denominaba la “amenaza comunista” y, por antonomasia, contener a las organizaciones peronistas[2]. Su importancia radica en que conllevó acciones represivas de alcance nacional y planteó una mirada bélica sobre el territorio argentino como “teatro de operaciones”, subordinó a la policía Federal y policías provinciales a las FF. AA. y traspasó atribuciones del fuero civil a la Justicia Militar para el tratamiento de detenidos “especiales”. El Plan se aprobó por decreto[3] del presidente Arturo Frondizi en noviembre de 1958, aunque se puso en marcha recién en la antesala de las elecciones legislativas del 27 de marzo de 1960.[4] En líneas generales, la literatura académica abocada a su estudio acuerda en que fue una de las primeras grandes experiencias de coordinación represiva sobre un “enemigo interno” y un antecedente central para comprender las acciones desplegadas en nombre de la “seguridad interior” a fines de aquella década y –sobre todo– en los años setenta.

Nuestra hipótesis es que el Plan CONINTES no gravitó en la región con el peso que sí tuvo en otros lugares del país como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, no obstante, analizar su ejecución nos permite ver dos aspectos fundamentales para comprender el mundo político y el mundo militar en estas latitudes. Por un lado, es una vía de entrada al conflicto político regional y la participación de las policías y el Ejército en las tensiones locales, aunque estas se recuesten sobre una normativa de carácter nacional. En ese sentido, el CONINTES habilitó la persecución a figuras políticas que lejos estaban del arquetipo comunista o peronista promovido en la prensa por los portavoces de las FF. AA. Por otro lado, invita pensar la vinculación entre la región y el Ejército más allá de las localías. Los posibles “planteos”[5] militares orquestados desde Corrientes y Resistencia, las tensiones en la frontera con Paraguay, la organización de los Cuerpos de Ejército o las concepciones geopolíticas de la región en el marco de las articulaciones de Defensa a nivel continental, conforman algunos aspectos observables.

El capítulo se divide en tres apartados. En el primero daremos un marco general sobre los trabajos que se han acercado al tema, mostrando, por un lado, las dos grandes hipótesis sobre el papel del gobierno de Frondizi en la gestión y organización del Plan CONINTES y los cambios que por esos años se gestaron a nivel de doctrina militar e involucramiento castrense en la vida política. A su vez, daremos cuenta de la vacancia de estudios sobre este proceso desde el punto de vista regional fuera de los grandes centros urbanos del país. En el segundo apartado, desarrollaremos una de las vías de análisis propuestas a partir de la exposición de procedimientos, detenciones y conflictos políticos que se enmarcaron en la ejecución del Plan y contaron con la intervención de la policía Federal, policías provinciales y/o del Ejército. Finalmente, en la tercera parte nos ocuparemos del lugar otorgado a la región en el mundo militar más allá de la “conmoción interior” y presentaremos dos casos puntuales: el intento de levantamiento gestado en las guarniciones de Chaco y Corrientes que buscó forzar la renuncia del presidente y las situaciones de conflicto en la frontera argentino-paraguaya.

Para llevar a cabo este trabajo, que se presenta como un primer acercamiento a la cuestión, consultamos fuentes diversas que incluyen leyes y decretos tanto de circulación pública como aquellos clasificados como “secretos” en los sesenta (desclasificados desde 2013), partes diarios de la Jefatura de la Policía de la provincia del Chaco, informes y documentos del Ministerio de Defensa de la Nación, la Secretaría de Guerra, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la Casa Militar, expedientes e informes de la Comisión Especial Investigadora de Supuestos Apremios Ilegales de la Cámara de Diputados de la Nación y ejemplares de los periódicos El Liberal[6] de Corrientes y El Territorio[7] de Chaco. Dada su variedad y fragmentación, nuestro análisis las usará para dar cuenta de “casos” que abonen las dos hipótesis que hemos señalado.

El Plan CONINTES en la historia reciente y en los estudios sobre el mundo militar

Con mayor o menor énfasis, el Plan CONINTES ha recibido atención de parte de las ciencias sociales, aunque la mayoría de las veces este ha sido abordado en el contexto de las tensiones político-militares de la segunda parte del siglo XX y de la permeabilidad que las doctrinas contrainsurgentes y contrarrevolucionarias francesas (y en años posteriores, estadounidenses) generaron en una parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Sobre este punto existe una coincidencia en el señalamiento de un cambio doctrinario militar y un progresivo énfasis en la constitución de un “enemigo interno”, además de la transición entre lo que se concebía como una Doctrina de Defensa Nacional (DDN) hacia una de Seguridad Nacional (DSN). Sin embargo, entendemos que hay dos grandes hipótesis sobre las características de este Plan y, en general, sobre la política represiva del gobierno de Arturo Frondizi y el papel de las Fuerzas Armadas.[8] Por un lado, los estudios clásicos como los de Robert Potash (1981), Alain Rouquie (1984) o Ernesto López (1987) abonaron la idea de un gobierno débil y presionado por el poder castrense, con un papel subsidiario en la planificación y organización de las acciones represivas y el proceso de desperonización militar. Esta línea de trabajo pone atención en el crecimiento de la intromisión de las FF. AA. en la vida política nacional y en las tramas que los principales generales y almirantes tejieron en las planas más altas de la vida castrense y política. En este prisma ubicamos al trabajo de Daniel Mazzei (2012; 2013) sobre la doctrina francesa y los antecedentes político-militares de los conflictos internos entre “azules y colorados” entrada la década del sesenta, la tesis doctoral de Cecilia Maestro (2015) en torno al “rol tutelar” de las FF.  AA. y los “planteos” militares durante el gobierno frondicista y los análisis de Samuel Amaral (1998) o Gabriel Périès (2004; 2009) sobre la influencia de la doctrina de guerra revolucionaria (DGR) franco-argelina en el pensamiento militar argentino[9].

Sin dejar de enfocarse en la presión y el descontento militar con Frondizi, una parte de los estudios sobre este proceso ha indicado que no deberíamos quitarle agencia al gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) en la promoción y utilización de la represión y persecución política, ni en el señalamiento del comunismo como un “enemigo común” con las FF.AA. Esta sugerencia fue realizada hace un tiempo por Marina Franco (2012), aunque con mayor sistematicidad[10] por Esteban Pontoriero (Pontoriero, 2015; 2022; Ranalletti y Pontoriero, 2010; Pontoriero y Franco, 2013), al mostrar un emparejamiento en las concepciones del “enemigo común” y la necesidad de un estado de excepción entre una parte del mundo político y el mundo militar a fines de la década del cincuenta, y el correspondiente traslado de estas concepciones a la legislación que dio forma y habilitó la ejecución del Plan CONINTES.

El estudio sobre las condiciones de surgimiento de la represión y violencias estatales encabezadas, aunque no en solitario, por las FF. AA. se ha desarrollado en otros análisis para el período que nos interesa. Entre ellos están el de Marengo Hecker (2018; 2019) sobre el servicio de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, el de Sabrina Castronuovo (2018; 2019) sobre los debates en la Cámara de Diputados de la Nación, especialmente por los representantes de la UCRI y UCRP, en torno al Plan CONINTES y el estatus de los detenidos, o los de María Alicia Divinzenso (2016; 2021; Divinzenso y Scocco, 2017) sobre las acciones implementadas por el Comando del II Cuerpo de Ejército en la ciudad de Rosario en torno a la “sociedad civil”[11]. Si bien el trabajo de Divinzenso no se centra específicamente en el Plan CONINTES, su aporte marca una vacancia en los estudios de Historia Reciente sobre la represión en Argentina: el análisis de este proceso por fuera de Buenos Aires. Esta cuestión ha sido abordada tangencialmente por César Tcach (1998) en los trabajos sobre la actuación de la 4º División de Ejército[12] en Córdoba durante el frondicismo y la deriva represiva en el marco del Plan[13]. A su vez, también por Martha Ruffini (2018), quien se ha ocupado de abordar el despliegue del CONINTES en la Patagonia en dos aspectos: el papel en la desarticulación del movimiento obrero petrolero y el uso de la cárcel de Ushuaia como fin privilegiado de los “presos CONINTES”.

Si bien desde la llamada Historia Reciente se abordó a escalas locales y regionales el período de las violencias político-armadas y estatales[14], se ha puesto mayor énfasis en la década de 1970 (Ballester & Bohoslavsky, 2019; Águila, 2021), y en particular en la última dictadura militar[15] (1976-1983). Con este trabajo pretendemos aportar no sólo al conocimiento sobre el período en el Nordeste argentino, sino a sumar algunos aspectos para comprender el despliegue de la represión en todo el territorio nacional.

Persecuciones y detenciones: el uso local del CONINTES

Las provincias de Chaco y Corrientes contaban con distintos niveles de madurez institucional a principios de la década del sesenta. Corrientes, consolidada como provincia desde el siglo XIX, era portadora de una larga tradición eleccionaria. En los comicios de febrero de 1958[16] resultaron triunfantes, como en la mayoría del país, los candidatos de la UCRI, Fernando Piragine Niveyro y Félix María Gómez. Esta rama del radicalismo, encabezada en el orden nacional por Arturo Frondizi, se impuso frente a los candidatos del partido Liberal (PL) –Mariano Gómez y Diego Díaz Colodrero–, del partido Demócrata Conservador Popular (fracción del ex partido Autonomista) –Elías Abad y Pedro Obregón– y de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) –Cándido Quiroz y Armando Romero–. La UCRI se alzó con más del 41% de los votos, lo que significó la obtención de diez electores[17], diez diputados y seis senadores provinciales. El 17 de marzo, el apoyo de cinco votos del autonomismo de Abad en el Colegio Electoral, sumado a los propios, le otorgaron los números para alcanzar la mayoría necesaria.

En marzo de 1960, luego de dos años de tensiones y rupturas en todos los niveles de gobierno con las FF. AA. (Mazzei, 2012), el país y la provincia se preparaban para las elecciones legislativas. Las mismas se llevaron a cabo el 27 de ese mes, exactamente nueve días después de los decretos presidenciales que pusieron en marcha el estado CONINTES, crearon los Comandos que ejecutarían el Plan y declararon el estado de emergencia y la constitución de los Consejos de Guerra. El acto eleccionario implicó, para Corrientes, la renovación parcial de diputados y la conformación de una Convención Constituyente con el fin de reformar la Carta Magna provincial que databa de 1913 (Castello, 2008). Para Lovatto (2005) ese marco fue el antecedente para una nueva alianza entre los partidos más antiguos de la provincia: el partido Liberal y el partido Autonomista.

Si, por un lado, los años de gobierno de Piragine Niveyro son resaltados por el avance en obras de infraestructura pública, es cierto que también estuvieron marcados por las denuncias de abuso de autoridad en la policía y las irregularidades en áreas de gobierno como Vialidad y Energía. A fines de 1961, la UCRI eligió a Alfredo Echeverría y Justo Pisarello como candidatos a gobernador y vice, quienes compitieron el 18 de marzo de 1962 contra la fórmula del pacto autonomista-liberal conformada por Ernesto Meabe (PL) y Salvador Di Tomasso (PA), resultando estos últimos ganadores en los comicios. No obstante, los candidatos electos no pudieron asumir a raíz de la renuncia de Frondizi el 29 de marzo y la intervención de la provincia dispuesta por José María Guido (Castello, 2008). Hasta 1963, se sucedieron como interventores el general[18] Raúl Edgardo Fayt, y los civiles Abel Lisarrague, Walter Alsina y Enrique Forn (Zarrabeitia, 2010).

La joven provincia del Chaco, que logró ese estatus recién en 1951[19], eligió en febrero de 1958[20] a su segundo gobernador por voto popular, el representante de la UCRI Anselmo Zoilo Duca, que contó con el apoyo del 44.3% del electorado (Meader, 2012, p. 240) y derrotó así a Julio Eleuterio Acosta y Emilio Rodríguez de la UCRP. La UCRI obtuvo no solo la gobernación, también casi la totalidad de intendencias y la mayoría de las bancas (16 sobre 30) de la Legislatura provincial (Beck, 1990). No obstante, durante las elecciones legislativas de 1960, el oficialismo, que ya no contaba con los votos del peronismo, perdió las elecciones frente a la UCRP, y desató una crisis interna que dividió a la UCRI en dos en el parlamento provincial: una línea que respondía a Arturo Lestani y otra disidente encabezada por Luis Víctor Romera (Beck 1990, p. 85). A esta división se le sumaron diversas expulsiones y renuncias y la formación de una fuerza denominada Partido del Trabajo y del Progreso, que dos años más tarde apoyaría al peronismo.

El 18 marzo de 1962 se llevaron a cabo elecciones legislativas a nivel nacional, pero también se eligieron candidatos ejecutivos y legislativos en diversas provincias, entre ellas el Chaco. El gobierno de Frondizi había permitido la presentación de candidatos y partidos vinculados al peronismo como Unión Popular a nivel nacional y el partido Laborista, en el caso provincial. Este último llevó como candidatos a gobernador y vice a Deolindo Felipe Bittel y Mario Villalba, que enfrentaron a las duplas Arturo Lestani-José Hassef Dib de la UCRI y Luis Agustín León-Abel Otaño de la UCRP (p. 87). La fórmula ganadora fue la neoperonista –como se la denominaba en ese momento– con un 32.6% de los votos, frente a un 30.6% de la UCRI y un 25.3% de la UCRP (Meader, 2012, p. 243). La misma noche de la elección el gobierno nacional intervino esta provincia junto a las de Buenos Aires, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán[21] y nombró como interventor del Chaco al senador correntino Víctor Hugo Fleitas. Previamente a su llegada y por unos pocos días, el coronel Manrique Mom, comandante del 3º Destacamento de Monte con asiento en Resistencia, ocupó el lugar de mandatario interino. Finalmente, el 29 de marzo, Frondizi es obligado a dejar el cargo y José María Guido estableció una nueva intervención, esta vez colocando a un representante de la UCRP, Marcelino Castelán, que asumió el 30 de junio de 1962 (Meader, 2012, p. 243).

Organización del Plan y de las policías provinciales

El decreto N° 9.880, que declaró en 1958 el estado de conmoción interior en todo el país, subordinaba a las policías provinciales al Poder Ejecutivo, específicamente a las autoridades militares. Bajo ese paraguas, el decreto que puso en ejecución el Plan, el N° 2.628 del 13 de marzo de 1960, creó el Comando de Ejército CONINTES y sus equivalentes en la Marina y la Aeronáutica, los cuales adquirieron jerarquía sobre el cuerpo policial. Como desarrollaremos en el siguiente apartado, Chaco y Corrientes pertenecían a la Zona de Defensa II, que incluía a Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Formosa y cuya jurisdicción estaba a cargo únicamente del Ejército. Durante las primeras semanas del Plan, la coordinación en Chaco –denominada Subzona de Defensa 5– fue comandada por el coronel Horacio Luis Scasso, jefe del 11º Destacamento con asiento en Resistencia[22], aunque para abril ya había sido nombrado como delegado del CONINTES el capitán Alberto Mingote[23] y más adelante, desde enero de 1961, el mayor Carlos Augusto Carrión[24]. Esta modificación respondió a la nueva organización del Ejército que creó, en diciembre de 1960, el 2º Cuerpo de Ejército que estaría a cargo de esta Zona de Defensa (Scocco y Divinzenso, 2017). Los delegados tenían como función ejecutar el Plan en las Jefaturas de Policía locales, en coexistencia con, y subordinando en casos concretos a las autoridades policiales. Por su parte, en la provincia de Corrientes, la autoridad CONINTES era ostentada por el general de Brigada José Pablo Spirito, comandante de la 7º División de Ejército, hasta el 10 diciembre de 1960, cuando asumió como delegado el teniente coronel Fernando Carlos Vites[25]. Es decir que, a diferencia del Chaco, no hubo un delegado nombrado hasta fines de ese año.

Respecto de las policías provinciales, debe señalarse que ambas cargaban con el peso de ser sindicadas por su violencia, sobre todo en las zonas rurales. Por eso no extraña que el gobernador chaqueño mencionara como un problema a resolver la imagen de “temido organismo persecutorio” (Beck, 1990, p. 28) que cargaba la vieja policía territoriana, reformada institucionalmente luego de la provincialización. Durante el período que abordamos, el cargo de jefe de la Policía estuvo ocupado primero por el inspector mayor Lorenzo Guillermo Zamparo[26], aunque para fines de año se había nombrado al coronel retirado Antonio Rojas[27]. En Corrientes, por su parte, la jefatura estuvo a cargo de Justo Pisarello[28] hasta 1961, cuando al ser candidato a vicegobernador de la UCRI debió ser reemplazado por Luis D’Arrigo. Al igual que su homónima chaqueña, la policía provincial era cuestionada sobre todo por su actuación fuera de las grandes áreas urbanas, aunque el gobernador siempre defendió el accionar ante, lo que entendía, eran ataques por móviles políticos (Lovatto, 2005, pp. 128-129).

Ejecución del CONINTES en ambas provincias

Una mirada a los partes diarios de la Policía del Chaco nos permite ver que, meses antes de la puesta en marcha del CONINTES, existieron numerosas detenciones en el marco de huelgas obreras ferroviarias y rurales, tanto en Resistencia como en el interior. Sin embargo, se evidencia un cambio en marzo de 1960 cuando los detenidos son puestos a disposición del “Comando Militar local”[29] o el “Comando Subzona 5” por infracción de las leyes de estado de sitio a individuos acusados de comunistas o de instigar al voto en blanco[30]. Un ejemplo de ello fueron las detenciones de los soldados Alejandro Segundo Guerrero y José Luis Acuña en el mes de abril[31]. Si bien no se explicitan las razones de la medida impuesta, estos quedaron a disposición del capitán Mingote junto a otros dos ciudadanos acusados de alterar el orden.[32]

A fines de marzo, el coronel Scasso afirmó que se habían llevado a cabo operativos con el objetivo de constatar “la existencia de armas, material de aplicación al sabotaje y terrorismo y documentación y propaganda subversiva”,[33] pero en dicha oportunidad no hubo detenidos ni se encontraron elementos que dieran lugar a la constitución de un Consejo de Guerra. Para el jefe del 11º Destacamento no había condiciones para pensar en una escalada de “perturbaciones”. No obstante, en declaraciones a la prensa nacional, el general Carlos Severo Toranzo Montero, comandante en jefe del Ejército y, por ende, jefe del arma en la ejecución del CONINTES, señaló que el NEA se constituía en un posible foco de desarrollo de la fuerza político-armada y guerrillera de extracción peronista denominada “Uturuncos”, con lo cual se le asignaba a la zona una importancia militar al menos en el plano discursivo.[34] Un mes después, el mismo Toranzo Montero realizó una visita a la provincia e indicó la inexistencia de problemas en la región, a la vez que afirmó desconocer posibles “contingentes revolucionarios” moviéndose por la frontera con Paraguay.[35]

El 13 de abril se hizo pública la noticia de la detención de dos “taximetristas” por pedido del Comando CONINTES de Rosario, quienes fueron liberados el día 19, pero cuyo caso nos permite conocer el procedimiento y las articulaciones interfuerzas. Según el relato, los hombres fueron detenidos por la Policía Federal y alojados en la sede local, sin información, hasta que fueron llevados a la Guarnición Militar de Resistencia donde los tuvieron incomunicados cuatros días, para luego enviarlos a la sede chaqueña del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) en la que estuvieron alrededor de 24 hs hasta obtener la libertad.[36]

Con respecto a la provincia de Corrientes, no contamos en este estudio con fuentes similares a las halladas para el caso chaqueño que nos den más detalles sobre el primer mes de ejecución del CONINTES. Sin embargo, la reconstrucción realizada a partir de la prensa local nos permite conocer algunas cuestiones. En este sentido, el 19 de marzo el diario EL Liberal informó el allanamiento a diez domicilios de dirigentes comunistas y peronistas en los cuales se efectuaron algunas detenciones, aunque sin especificar el número ni la condición.[37] Unos días después se publicó una misiva firmada por el general Spirito en la cual se informaba los “procedimientos” llevados a cabo por el jefe del Regimiento 9 de Infantería, teniente coronel Jorge Fernández Funes, en articulación con la policía provincial. En estos operativos se secuestró material de propaganda y se detuvo a cuatro personas, quienes fueron puestas a disposición del Comando.[38]

Por otro lado, El Territorio informó de otros hechos, como el sucedido en la ciudad de Goya (Corrientes), en los que se detuvo a tres dirigentes peronistas, los hermanos Cirilo, Marcial y Tobías Fernández y, junto con ellos, a una serie de dirigentes de la UCRI, como el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Guillermo Chamorro y el senador provincial, Silvano Espinoza, por estar asociados a una serie de panfletos que denunciaban la detención de los hermanos Fernández. Estos procedimientos fueron ordenados por el teniente coronel Becerra y en la nota se expresa el pedido de liberación inmediata por parte del propio general Toranzo Montero.[39] Estas últimas medidas motivaron un pedido de informe del diputado nacional Jorge Perkins al ministro de Defensa, Justo Villar, para que investigue lo sucedido y se explicite si el Plan implicaba, a la vez, la pérdida de fueros parlamentarios.[40]

Situaciones similares se replicaron en ambas provincias durante la primera mitad de 1961. En el mes de marzo, el diputado nacional por la UCRI, Eduardo Rosenkrantz, presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo para que se explique la detención de dos militantes radicales, Eduardo Sakamoto y Raúl Serantes, este último, secretario de comisiones del Senado de Corrientes. Junto a ellos fueron detenidos otros nueve hombres[41] en su mayoría de nacionalidad paraguaya, pertenecientes al Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA), que habían escapado de ese país. Sakamoto y Serantes fueron puestos a disposición del Comando CONINTES por estar implicados en “actividades comunistas”[42] y, una vez liberados en julio, declararon a la prensa haber sido tratados “con excesos” fuera de la ley.[43]

En Chaco, por su parte, el 24 de julio miembros de la delegación local de la Policía Federal junto a efectivos de la provincia, intentaron detener a los diputados provinciales Arturo Lestani y Víctor Romera de la UCRI, junto a dos militantes del partido Comunista, los médicos Omar Ceballos y Esteban Conde, a la vez que llevaron a cabo allanamientos en sus domicilios y lugares de trabajo. Si bien no hubo detenciones, el caso tuvo dos repercusiones concretas. En primer lugar, generó un fuerte rechazo de la Legislatura chaqueña y una declaración que solicitaba el inmediato cese del Plan CONINTES. Por otro lado, la publicación de un comunicado del coronel Manrique Mom, quien como jefe del 3º Destacamento de Monte declaraba que el Ejército no había intervenido en el hecho y señalaba la total autonomía en la decisión de la Policía Federal. Los allanamientos y su estado público conllevaron una serie de cambios al interior de la cúpula policial provincial. El contexto de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad sitas en la provincia no era el mejor, ya que durante ese mismo mes la Legislatura había manifestado un repudio al director de la Cárcel Nacional N° 7 de Resistencia, en la que se encontraban detenidos algunos “presos CONINTES”, debido a que este había impedido la visita a una Comisión Especial parlamentaria que investigaba presuntas torturas hacia los detenidos.[44] Dos meses antes, en mayo, el diputado provincial Eduardo Gil Spinassi había presentado una nota al gobernador Duca denunciando a un policía local y a un mayor del Ejército por repartir panfletos en contra de Arturo Lestani en la localidad de Sáenz Peña, acusación que fue rechazada por la policía provincial e investigada por la Policía Federal.[45]

Como se puede observar en varios ejemplos dados, en el marco del CONINTES las situaciones locales fueron permeables a las jerarquías y fuerzas militares y policiales implicadas. En efecto, varios de los procedimientos y detenciones fueron denunciados como instrumentos de persecución política. Creemos que la amplitud del arquetipo del “enemigo interno” conformado por la ambigua “amenaza comunista” y el peronismo fue aprovechada en ocasiones para intervenir en disputas internas y marcadamente locales.

Tensiones fronterizas y sublevaciones en los cuarteles: las FF. AA. en la región

El despliegue militar en la región nordeste de nuestro país, sobre todo del Ejército, debe comprenderse a la luz de al menos dos procesos que se dan de manera solapada: la aplicación del Plan CONINTES y la restructuración que el arma terrestre tuvo en 1960. En cuanto al primero, sabemos que el CONINTES se sostuvo en una división territorial del país basada en la interpretación de un conjunto de normas de “organización de la Nación para tiempo de guerra”, de fines de la década de 1940,[46] y desde la cual se organizó el espacio en términos operacionales. A partir de ello, la región nordeste y Litoral –comprendidas por Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa– conformaron la Zona de Defensa II.[47] Todavía sostenidos en una doctrina de Defensa Nacional, con la ejecución del Plan los regimientos y unidades militares de Chaco y Corrientes se reforzaron y emitieron comunicados públicos en los que dieron a conocer nuevas medidas de seguridad. En ellas, los jefes de las unidades locales advertían a los ciudadanos que se manejaran con precaución en las zonas cercanas a las guardias militares. Además, instaban el acatamiento a cualquier orden impartida por las fuerzas policiales y que “no den lugar a dudas con sus procederes”, ya que los centinelas estaban habilitados para abrir fuego.[48]

Paralelamente, durante 1960 se modificó la estructura de la fuerza terrestre que hasta allí se organizaba en tres Ejércitos, reemplazándola por cinco Cuerpos de Ejército, que comprendían, a su vez, dos Divisiones Blindadas de Caballería y ocho de Infantería (Soprano, 2020, p. 86). Esto significó que la Zona de Defensa II quedaría bajo la jurisdicción del 2º Cuerpo de Ejército, cuyo Comando, creado en diciembre de ese año, se asentó en la ciudad de Rosario.[49] Esta reestructuración respondió a la adopción doctrinaria “americana”, tanto en equipo como en el nivel operacional; y, bajo este nuevo esquema, los Cuerpos de Ejército reemplazaron a las viejas Divisiones y Agrupaciones, y se presentaron en el formato estadounidense de Brigadas independientes, lo que, en teoría, debía permitir mejores y más autónomas condiciones para el combate (Soprano, 2020; Cornut, 2021).

Según Alicia Divinzenso y Marianela Scocco (2015) la creación del Comando del 2º Cuerpo se implementó sobre la base del Comando del 1º Cuerpo y del Comando de la 3º Región Militar. De esta nueva Gran Unidad, como se dijo, dependían los comandos, unidades y organismos de la Zona II y se centralizaban, además, todas las actividades inherentes al reclutamiento, movilización e instrucción militar (p. 98).[50] La geografía de esta Zona de Defensa fue definida como un área compleja debido a la presencia de límites internacionales y límites internos que requerían atención militar. Se trataba de la frontera con Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay para lo externo, y de la cercanía con Córdoba, al oeste, y con Buenos Aires, al sur. A nivel topográfico, el espacio ocupado abarcaba unos 500.000 km2 de superficie y contaba con cinco regiones geográficas y climáticas distintas (Divinzenso y Scocco, 2017, p. 24).

La reestructuración militar implicó, asimismo, otro tipo de medidas. En Chaco, por ejemplo, se modificaron las nominaciones de los Destacamentos asentados en la provincia, y, de este modo, el 11º Destacamento de Llanura y el 11º Grupo de Artillería pasaron a llamarse 3º Destacamento de Monte y 3º Grupo de Artillería de Monte, a los que se agregaron la 3º Compañía de Comunicaciones de Monte y la 3º Compañía de Ingenieros de Monte.[51] En Corrientes, por su parte, fue designado como nuevo jefe del Comando de 7º División de Infantería el general de brigada Raúl Fayt y, como jefe de Estado Mayor del mismo Comando, el coronel Alberto Guglielmone. A su vez, se trasladó la 4º División de Caballería desde la ciudad de Mercedes a Curuzú Cuatiá, y allí fue designado como comandante el general de brigada Pedro Pujol Ricci.[52]

En los próximos párrafos nos centraremos en dos cuestiones que se desarrollaron en el marco de estas transformaciones. La primera de ellas refiere a un “planteo” organizado por las autoridades militares en Corrientes y Chaco a inicios de 1960 que fue desactivado por las mayores jerarquías del Ejército. La segunda, a las tensiones que se mantuvieron en las zonas limítrofes con Paraguay debido a la presencia de organizaciones político-armadas del vecino país en territorio nacional.

El golpismo en las guarniciones de Chaco y Corrientes: un “planteo” frustrado

A inicios de abril de 1960, el capitán Campodónico, auxiliar del Comando del 11º Destacamento de Resistencia y el mayor Oscar Baré, jefe de la División de Operaciones del mismo establecimiento, fueron detenidos e incomunicados por decisión del jefe del 11º Destacamento, coronel Horacio Scasso, medida que contó con el apoyo del jefe de Grupo 11º de Artillería con asiento en la ciudad, teniente coronel Alejandro Palacio.[53] Al momento de aplicarse la sanción disciplinaria, los detenidos no fueron notificados de los motivos de la misma ni se labraron actas formales de las actuaciones, no obstante, informes militares y denuncias posteriores permiten reconstruir que la situación había ocurrido cuando ambos plantearon una solicitud de relevo al jefe Scasso, bajo el argumento de “no estar identificados espiritualmente” con sus superiores.[54] El pedido estaba vinculado a hechos recientes en los que participaron varias autoridades militares de Resistencia y de Corrientes, en los que estos no habían aceptado involucrarse.

La situación se remonta al mes de marzo, cuando el coronel Scasso, el teniente coronel Palacio y el general Spirito –este último jefe del Comando de la 7º División de Corrientes– encabezaron una serie de “reuniones conspirativas” en las que buscaron adhesiones de las distintas unidades y guarniciones de ambas provincias para manifestar su descontento con el gobierno nacional. De estos encuentros derivó posteriormente un “planteo” en el que se solicitaba la renuncia del presidente Frondizi. Entre las justificaciones, habría estado la lectura de un “incremento de los actos terroristas” y el “resultado de las próximas elecciones con evidente auge del peronismo”.[55] Según algunos informes circulados al Ministerio de Defensa, los golpistas habían encargado al general Spirito la misión de llevar la exigencia a Buenos Aires y, luego de sumar apoyos, anoticiar del “planteo” al secretario de Guerra y al comandante en jefe del Ejército. El viaje de Spirito estaba estipulado para el domingo 13 de marzo y su regreso debía darse el lunes siguiente, pues en caso de no retornar estaban preparadas las acciones para que, al mando de Scasso, los adeptos locales se declaren en “abierta rebelión”. Sin embargo, luego de un aparente éxito inicial, Spirito no logró adhesión suficiente. La situación motivó que Scasso prosiguiera con los “propósitos subversivos” y así concurrió a la capital del país a entrevistarse con Toranzo Montero y otras altas esferas, quienes terminaron por desactivar definitivamente la operación.

La sublevación militar, salvo excepciones, contaba con apoyo en las unidades de ambas provincias y las sospechas de algunas autoridades del Ejército recayeron incluso sobre los delegados militares CONINTES de las dos jurisdicciones. A partir de una serie de listas halladas en la documentación correspondiente al Ministerio de Defensa,[56] podemos observar que el panorama planteado por las autoridades legalistas identificaba, al menos para este año, tres “tipos” de golpistas. El “grupo A” era clasificado como “golpistas por presión”, el “grupo B” como “golpistas intrigantes – organizadores de rumores” y el “grupo C”, como “golpistas puros”. Si atendemos a quienes tuvieron actuación en estos espacios podemos distinguir el apoyo extendido de los altos mandos, ya que entre los “golpistas puros” figuraban, además del coronel Scasso, el coronel Carlos Carabba (de la 7º División de Corrientes), los tenientes coroneles Palacio y Enzo Garuti (este último del 4º Regimiento de Monte Caseros, Corrientes) y el capitán Mingote (11º Destacamento de Llanura, Resistencia).

Un elemento a destacar es la dimensión alcanzada por el “clima de subversión”[57] en la zona. En su visita a Resistencia, el mayor Hugo Miori Pereira, de la Escuela Superior de Guerra, quien llegó a la ciudad para recabar información sobre los hechos asociados a la actividad conspirativa, relató en un informe un episodio en el cual el teniente coronel Oscar Tiscornia fue abordado por un civil que lo instó a que “depusiera su actitud legalista intransigente y se plegara al golpe a estallar”.[58] Si bien desconocemos las razones por las que la sublevación no se llevó a cabo, autoridades militares antigolpistas habían diagramado la posible acción represiva. Esta se organizaría desde las unidades que se mantenían leales, entre ellas, el Regimiento 9 de Caballería (Corrientes) cuyo jefe era el teniente coronel Tiscornia y su segundo jefe el mayor Carlos Suarez Mason, el Regimiento 29 (Formosa) al mando del teniente coronel Wannewul y la 6º Agrupación de Gendarmería Nacional, comandada por el mayor Arigos. En total se contaba con cinco escuadrones y alrededor de mil hombres.[59]

Otro factor llamativo se manifestó con posterioridad al intento de levantamiento. Este consistió en que luego de las detenciones, tanto el mayor Baré como el capitán Campodónico y los militares con quienes estos habían establecido conexiones para informar los hechos, buscaron iniciar sumarios y denuncias frente al comandante en jefe del Ejército. En dichas oportunidades, el general Toranzo Montero desestimó los pedidos y luego ratificó en reuniones posteriores que “no había existido actitud subversiva en ningún momento en dicha Guarnición”,[60] lo que llevó a los denunciantes a utilizar otros canales jerárquicos para elevar sus solicitudes. De modo paralelo, a mediados de abril el propio comandante en jefe del Ejército visitó la ciudad de Resistencia y declaró en una conferencia de prensa que “no era cierta” la versión de que en esta zona del país había oficiales disconformes con la política del presidente.[61] No obstante, la complejidad del caso se profundiza cuando en una de las denuncias encausadas menciona que la negativa de Toranzo Montero para hacer frente a los coroneles Palacio, Scasso y el general Spirito estuvo vinculada a que el comandante en jefe del Ejército habría encomendado a estos organizar el apoyo a los grupos revolucionarios paraguayos que actuaban en las zonas fronterizas con aquel país.[62] Algunos aspectos de esta última cuestión son abordados en las siguientes páginas.

La frontera con Paraguay y el CONINTES para asuntos externos

En enero de 1960 se reunieron el ministro de Defensa, Justo Villar, el presidente Frondizi y los secretarios de Guerra, Marina y Aeronáutica, cónclave al que asistió también el jefe de la Casa Militar, brigadier Baldomero Llerena. En el encuentro el tema central fue la existencia de un grupo de exiliados paraguayos, nucleados en la organización político-armada Movimiento 14 de Mayo (M-14), que preparaba una incursión desde Argentina hacia el vecino país con el fin de provocar el derrocamiento del presidente de facto, Alfredo Stroessner. A Frondizi le preocupaban las posibles represalias de las Fuerzas Armadas paraguayas contra poblados fronterizos, especialmente en Misiones, Corrientes y Formosa, además del desencadenamiento de un conflicto diplomático. Según el resumen de la Casa Militar,

el señor Presidente (sic) manifestó que tenía conocimiento que Paraguay había solicitado la ayuda armada de Brasil (y) agregó que la reacción Paraguaya en caso de invasión por parte de exilados de esa nacionalidad desde la Argentina, no solo plantearía un acto de fuerza, sino que también presentaría a la Argentina como tratando de invadir, lo cual crearía un conflicto internacional muy desfavorable para nuestra posición.[63]

El presidente sabía de lo que hablaba: el M-14 había intentado un levantamiento popular contra el dictador paraguayo en diciembre de 1959, el cual fue duramente reprimido por las fuerzas que respondían a Stroessner (Arellano, 2004). Las operaciones que desembocarían en este hecho iniciaron en tierras correntinas, ya que la mayoría de los combatientes se concentraron en zonas cercanas al establecimiento “Las Marías” (de la empresa yerbatera Taragüí propiedad del empresario Navajas Artaza), cerca de la ciudad de Virasoro y a pocos kilómetros de Posadas (Misiones) desde donde intentaron invadir, sin éxito, la ciudad de Encarnación (Nickson, 2013).

Meses más tarde, en abril de 1960, el M-14 intentó una nueva incursión esta vez para establecerse en una zona serrana del Paraguay desde donde planearían un nuevo levantamiento. La operación inició nuevamente en “Las Marías” y se trasladó a varias localidades de Misiones, principalmente La Candelaria, pero fue desarticulada por los militares paraguayos y muchos guerrilleros resultaron abatidos, detenidos, o lograron replegarse y escapar hacia Argentina nuevamente.

Estas actividades fueron motivo de informes de Inteligencia de la Policía Federal y de la Casa Militar, aunque con una descripción general de las novedades, sobre todo en Posadas y Corrientes.[64] A la vez, los hechos cobraron un estado público a tal nivel, que el ministro del Interior de Paraguay, Edgar Ynsfrán, tuvo que desmentir la existencia de una escalada bélica entre Argentina y ese país.[65] En ese contexto, en julio de ese año, y tras una protesta de la Cancillería paraguaya, se dio inicio a una serie de conversaciones entre los jefes del Ejército de ambos países para “poner término a los incidentes fronterizos” y “reforzar las medidas de vigilancia”[66] En agosto, el propio Stroessner recibió al coronel Carlos Carabba, jefe del Estado Mayor de la 7º División y al teniente coronel Manuel Fernández Funes, jefe del Regimiento de Infantería 9, ambos con asiento en Corrientes.[67]

El M-14 tuvo un tercer intento de ingreso a Paraguay, esta vez en diciembre de 1960 y desde la frontera formoseña hacia el barrio de Itá-Enramada de la ciudad de Asunción. El plan se desactivó antes de su inicio por la detención de sus principales líderes más una serie de combatientes, entre los que se encontraban cinco ciudadanos argentinos. En un informe de la Casa Militar argentina se afirmaba que los prisioneros declararon haber sido “adiestrados por oficiales argentinos en una estancia distante a 20 kilómetros del lugar denominada El Zapallar” ubicada en la provincia del Chaco y que, además, “algunos integrantes del grupo habían viajado de Resistencia a Clorinda en el automóvil ‘de un mayor del ejército argentino de apellido PALACIOS’ (sic), perteneciente a la guarnición de Resistencia”. [68]

El apellido denunciado coincide con el del teniente coronel Alejandro Palacios, jefe del Grupo 3º de Artillería de Monte (hasta 1960, 11º Grupo de Artillería) y sindicado como uno de los involucrados en el intento de sublevación contra Frondizi de marzo de 1960, lo que refuerza la idea planteada de que el general Toranzo Montero había ordenado a Palacio, junto al coronel Scasso y al general Spirito, “organizar el apoyo a los revolucionarios del Paraguay”. En ese sentido, Andrew Nickson (2013) señala que el derrocamiento de Stroessner era un deseo de los oficiales superiores argentinos, especialmente Isaac Rojas de la Marina, y el propio Toranzo Montero, al punto de ofrecer entrenamiento, armamentos y trabajos de inteligencia, ya que, según el autor, se asumía una alianza entre Perón y el dictador paraguayo, a lo que se sumaba el deseo de neutralizar la influencia brasileña en la región (pp. 21-22).[69]

En principio, y en las fuentes consultadas, los tres hechos no involucraron actuaciones en el marco del Plan CONINTES, aunque esto cambiaría con un cuarto acontecimiento, esta vez en Corrientes, y en donde estuvo involucrada otra organización político-armada denominada Frente Unido de Liberación Nacional (Duré y Silva, 2004; Nickson, 2013). Se trató de la detención de una serie de ciudadanos paraguayos junto a los militantes radicales Eduardo Sakamoto y Raúl Serantes,[70] descritas en el segundo apartado. Sus detenciones fueron el 13 de marzo de 1961, ordenadas por el entonces comandante de la 7º División de Ejército, el general de brigada Edgardo Fayt,[71] y encuadradas en las competencias que permitía el Plan. Asimismo, se realizaron allanamientos y el general acusó a los detenidos de montar “una escuela de guerrilleros comunistas, y exhibió, para corroborar sus palabras, abundante material bibliográfico y documentos”,[72] acusación que fue rechazada por el propio Serantes.[73] Más allá de la veracidad o no, lo cierto es que el marco del Plan CONINTES permitió la detención de 23 extranjeros acusados de planear, desde una quinta correntina, un movimiento revolucionario contra Stroessner, y, asimismo, de ser entrenados por ciudadanos argentinos. Esto demuestra la maleabilidad del Plan en regiones alejadas de los centros urbanos, con problemas político-militares y de seguridad diferentes, que se resolvieron bajo parámetros de la “Conmoción Interior”. A la vez, los acuerdos entre Fuerzas de distintas naciones se dieron en un proceso creciente de articulaciones interestatales y continentales contra “agresiones del bloque comunista”,[74] las cuales podrían haber activado procedimientos como el descrito, aunque no incluyeron, al menos en lo que pudimos constatar, operaciones conjuntas.

Consideraciones finales

Lejos de intentar ver a la región desde lo que sucedía en los grandes centros urbanos en el marco del Plan CONINTES, nuestro trabajo procuró tomar este convulsionado período para enfocar en problemas locales entroncados con los nacionales e internacionales. Los meses transcurridos entre marzo de 1960 y agosto de 1961, en un estado de excepción declarado bajo el nombre de “conmoción interior”, dieron lugar una serie de eventos novedosos pero que, a la vez, se ubicaron en un terreno asentado. Como vimos, el Plan habilitó no solo la persecución de militantes comunistas y peronistas, también permitió su uso en la agitación de conflictos internos entre las fuerzas de seguridad locales y militantes de partidos provinciales. Al menos hasta donde pudimos acceder, la región fue un escenario de baja intensidad en cuanto procedimientos y allanamientos, y los casos más rimbombantes se dieron por detenciones u hostigamiento a figuras de los propios oficialismos, tanto en Chaco como en Corrientes. Asimismo, el ejemplo de las detenciones de Lestani y Romera da cuenta de cierta autonomía de una fuerza, la Policía Federal, que enmarcó el procedimiento con base en el CONINTES sin tener la venia de la delegación militar, lo cual refuerza nuestra sugerencia de los usos locales de un estado de excepción.

Por el otro, el período coincidió con –y el contexto dio las condiciones para– algunas modificaciones a nivel operacional y territorial del Ejército, lo cual se mantuvo e intensificó con los años. Las identificaciones de zonas y subzonas de defensa fueron las bases para la organización del sistema represivo desplegado con mayor ahínco en la década posterior, y coordinado, en la región nordeste, por el 2º Cuerpo de Ejército creado en 1960. Pero a la vez, los conflictos fronterizos de larga duración, y las tensiones y acuerdos que se llevaron a cabo con las autoridades militares paraguayas, muestran un escenario tensionado en el cual las FF. AA. argentinas estuvieron involucradas, tanto en su gestión y apoyo (al M-14) como en su neutralización (al FULNA), acompañada, esta última, con la detención de militantes radicales que dieron asilo a los rebeldes del país vecino. Que una fracción de los oficiales que organizaron el apoyo al Movimiento 14 de Mayo (supuestamente ordenado por el jefe del Ejército, Toranzo Montero), formaran parte también del intento de sublevación y pedido de renuncia del presidente en marzo-abril de 1960, muestra la necesidad de pensar a la región más allá de los límites nacionales, al menos en términos represivos. Pero a su vez, nos permite asegurar que este aspecto debe ser tenido en cuenta antes de la década del setenta para poder comprender las dinámicas de planes de coordinación continental que se dieron en el marco de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional.

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  1. Como la literatura sugiere, las discusiones sobre el “estado CONINTES” tienen sus raíces en las discusiones sobre la ley de preparación de la Nación para tiempos de guerra de 1948, aunque el término fue utilizado a principios de la década del 50 por parte del segundo gobierno de Juan D. Perón y luego por los gobiernos de facto de la Revolución Libertadora de los generales Lonardi (1955) y Aramburu (1955-1958).
  2. Llamaremos indistintamente, y con fines de organización de la escritura, Plan (con mayúscula), CONINTES o Plan CONINTES a estas acciones coordinadas.
  3. Decreto “S” 9880/58. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-9880-1958-209052.
  4. Con la aprobación de los decretos “S” Nº 2.628/60 y N° 2.639/60, publicados el 16 de marzo de 1960. El primero de ellos puso en ejecución pública el estado de Conmoción Interior del Estado y crea los Comandos Conintes para Ejército, Marina y Aeronáutica. El segundo declaró el estado de emergencia grave y habilita la constitución de Consejos de Guerra conforme al Código de Justicia Militar en las distintas Zonas de Defensa. Disponibles en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/10885386/19600316.
  5. La apelación al “planteo militar” fue una constante del gobierno de Frondizi, y a nivel mediático (y de las ciencias sociales) se habló de 32 o 34 planteos hechos por las Fuerzas Armadas, que pueden definirse, según Maestro (2015), como una “acción a través de la cual, las Fuerzas Armadas o grupos de las mismas transmiten un determinado reclamo, dando a conocer sus intereses o posición sobre determinado hecho a los gobiernos civiles” (p. 139). Esta definición resulta, a nuestro entender, un poco limitada pues no incluye que el medio elegido para que la posición se conozca fue una declaración de rebeldía y desconocimiento de la autoridad presidencial e institucional que las FF. AA. deben cumplir.
  6. En el período analizado, El Liberal era un diario opositor al gobierno de Piragine Niveyro (Solís Carnicer y Maggio, 2019).
  7. Durante el período analizado, El Territorio estaba intervenido pero sus líneas marcaban un claro oficialismo que acompañaba la gestión del gobernador A. Duca, de la Unión Cívica Radical Intransigente (Solís Carnicer y Maggio, 2019). Esto se refuerza por una denuncia realizada por el apoderado de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Salvador Chaín, por no publicar propaganda de ese partido en sus páginas. Expte Particulares. Chain, Salvador. Denuncia que el interventor del diario El Territorio de Resistencia Chaco viola la libertad de prensa. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Secretaría Parlamentaria. Dirección de Archivo, Publicaciones y Museos. Subdirección de Archivo. Fondo Comisión Especial Investigadoras de Supuestos Apremios Ilegales. (en adelante AR-HCDN-SP-DAPyM -CEISAI).
  8. Lo que sigue no pretende ser un estado de la cuestión exhaustivo sobre el período y el objeto de estudio, sino simplemente un señalamiento de hipótesis principales y vacancias generales. Sugerimos para ello el trabajo de Pontoriero (2019).
  9. Esta lista podría ser completada con la propuesta de Hernan Cornut (2019) sobre la evolución del “pensamiento del Ejército Argentino” entre 1930 y 1968, que ubica al Plan CONINTES en un entramado de modificaciones doctrinarias; y por la hipótesis una “guerra civil” promovida, entre otros, por Bonavena, Maañón, Morelli, Nievas, Paiva y Pascual (1998).
  10. En esta línea podemos citar el libro-informe Plan Conintes. Represión política y sindical producido por el Archivo Nacional de la Memoria y coordinado por Sebastián Chiarini y Rosa Portugheis (2014).
  11. Al enfocarnos en las relaciones entre el Estado, las FF. AA. y las policías Federal y provinciales, no incluimos en este racconto los abordajes “desde abajo” como los análisis, entre otros, de Gorza (2015) o Ehrlich (2021) sobre la identidad peronista post Revolución Libertadora o la propuesta de Reina (2018) sobre la persecución y estrategias del movimiento obrero durante el Plan CONINTES, particularmente los trabajadores estatales sindicalizados.
  12. En adelante usaremos números arábigos para referenciar a las unidades y elementos militares, a pesar de que en las fuentes consultadas su denominación alterna entre números romanos, arábigos o numerales ordinales.
  13. Este aspecto está retrabajado en su libro clásico sobre Córdoba durante el período 1955-1969 (Tcach, 2012).
  14. Nos basamos en las definiciones de Ansaldi y Alberto (2014) y Marina Franco (2012).
  15. Decidimos no denominarla dictadura cívico-militar, sintagma elegido generalmente por la literatura sobre la temática, a partir del señalamiento que hace Ansaldi (2014) respecto a su uso eufemístico y su error conceptual, a la vez de evitar el uso, justificado, que se ha hecho del período en el campo jurídico, en consonancia con lo que señala Gerlach (2015) para los estudios sobre genocidios.
  16. Para un acercamiento a los años de la “Revolución Libertadora” en Corrientes sugerimos (Solís Carnicer, 2017; Solís Carnicer y Castelo, 2021, Solís Carnicer y Maggio, 2021).
  17. Las elecciones en Corrientes eran por segundo grado y conformación de un Colegio Electoral, el cual siempre fue un espacio de negociación y acuerdos en la provincia (Solís Carnicer, 2019).
  18. Optamos por colocar los rangos militares y policiales en minúsculas, aunque en su uso nativo se estila lo contrario.
  19. Para un análisis del proceso que llevó a la provincialización del Chaco sugerimos a Leoni (2002) y Maggio (2020).
  20. Para comprender los años 1951-1958 en la provincia Presidente Perón (denominación hasta 1955) y Chaco, consultar Leoni (2001; 2013), Herrera (2013), entre otros.
  21. En todas estas jurisdicciones el peronismo resultó ganador.
  22. Diario El Territorio, 25 de marzo de 1960, p. 7. Archivo Histórico de la Provincia del Chaco “Monseñor José Alumni” (en adelante AHPCh.). Hemeroteca. (en adelante H.).
  23. Diario El Territorio, 18 de abril de 1960, p. 6. AHPCh. H.
  24. Diario El Territorio, 5 de enero de 1961, p. 5. AHPCh. H.
  25. Diario El Liberal, 10 de diciembre de 1960, p. 4. Archivo General de la Provincia de Corrientes. Hemeroteca (en adelante AGPC. H).
  26. Diario El Territorio, 18 de abril de 1960, p. 6. AHPCh. H.
  27. La instrucción estaba a cargo del inspector mayor Carlos Chiesanova quien manejaba la Escuela de Cadetes de la Policía, creada en 1953 (Beck, 1990).
  28. Según Lovatto (2005) Justo Pissarello cumplió funciones como jefe de la Policía de Territorios en el Chaco antes de la provincialización, aunque no precisa el período.
  29. Parte diario. Policía territorio del Chaco. Jefatura de policía. Años 1959-1963. Caja N° 78. 24 de marzo de 1960. AHPCh.
  30. Parte diario. Policía territorio del Chaco. Jefatura de policía. Años 1959-1963. Caja N° 78. 25 y 26 de marzo de 1960. AHPCh.
  31. Parte diario. Policía territorio del Chaco. Jefatura de policía. Años 1959-1963. Caja N° 78. 16 de abril de 1960. AHPCh.
  32. No se encuentran disponibles en el Archivo de la Provincia del Chaco los “Partes policiales” correspondientes al período mayo 1960 – abril 1962, es decir hasta después de la renuncia de Frondizi. Con lo cual, la mayor parte del Plan CONINTES no aparece.
  33. Diario El Territorio, 25 de marzo de 1960, p. 7. AHPCh. H.
  34. Diario El Territorio, 4 de abril de 1960, portada. AHPCh. H.
  35. Diario El Territorio, 20 de abril de 1960, p. 10. AHPCh. H.
  36. Diario El Territorio, 21 de abril de 1960, p. 10. AHPCh. H.
  37. Diario El Liberal, 19 de marzo de 1960, portada. AGPC. H.
  38. Diario El Liberal, 21 de marzo de 1960, portada. AGPC. H.
  39. Dario El Territorio, 27 de marzo de 1960, portada, AHPCh. H.
  40. Expte Diputados. Perkins, J. W. Invitación al Sr. Ministro de Defensa Nacional para que informe sobre los hechos ocurridos en Goya Corrientes. 30 de marzo de 1960. AR-HCDN-SP-DAPyM -CEISAI.
  41. Aunque en otros documentos este número asciende a 23.
  42. Expte. Diputados. Rosenkrantz, E. S. Pedido de informes al PE relacionados con la detención de los ciudadanos Eduardo T. Sakamoto y Raul A. Serantes en la ciudad de Corrientes. 21 de marzo de 1961. AR-HCDN-SP-DAPyM -CEISAI. En una nota adjunta, Rosenkrantz.
  43. Intervención del diputado Rosenkrantz. Diario de Sesiones, Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 5 de julio de 1961. AR-HCDN-SP-DAPyM -CEISAI.
  44. Diario El Territorio, 13 de julio de 1961, pp. 13-14, AHPCh. H.
  45. Expediente 2607-S-61 de la Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Policía Federal. Abril-noviembre de 1961.
  46. Hablamos de las leyes 15.385/1944 de División de Zonas de Seguridad y la 13.234/1948 de Organización de la Nación para tiempos de guerra.
  47. Chiarini y Portugheis (2014) señalan que el país se dividió de la siguiente manera:
    “Zona de Defensa I: Buenos Aires desde Bahía Blanca hacia el norte de la provincia, Capital Federal, La Pampa.
    Zona de Defensa II: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa.
    Zona de Defensa III: La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba.
    Zona de Defensa IV: Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero.
    Zona de Defensa V: Subzona V (a), Río Negro, Neuquén, sur de la provincia de Buenos Aires desde Bahía Blanca; Subzona (b), Chubut, Santa Cruz” (p. 36).
  48. Diario El Liberal, 19 de marzo de 1960, p. 3. AGPC. H.
  49. Además de Santa Fe, el II Cuerpo de Ejército “se desplegaba en las provincias del noreste (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa) con la 3º División (con comando en la ciudad de Paraná) y la 7º División (Curuzú Cuatiá)” (Soprano, 2020, p. 86).
  50. Respecto a la ubicación en Rosario, las autoras agregan que tal decisión fue una respuesta a la presencia de un movimiento sindical fortalecido y a las actividades de la “resistencia peronista”, en las que estaban involucrados actores tanto civiles como militares. La denominada “Operación Silencio” , de noviembre de 1960, formó parte de las acciones fogueadas por sectores del peronismo y pudo haber reforzado la idea del inmediato asentamiento de la sede en la ciudad (Divinzenso y Scocco, 2015, p. 102).
  51. Diario El Territorio. 8 de julio de 1961, p. 10. AHPCh. H.
  52. Diario El Liberal, 6 de enero de 1960, p. 4. AGPC. H.
  53. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Políticas de Defensa. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa.
  54. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa. Enero – mayo 1960. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Políticas de defensa.
  55. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa. Enero – mayo 1960. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Políticas de defensa. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa.
  56. Si bien las listas no poseen fecha de elaboración se encuentran en una carpeta datada entre junio-septiembre 1960. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Políticas de defensa. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa.
  57. Según puede verificarse en las fuentes, el uso nativo del término “subversión” no estaba vinculado, aún, a actividades políticas o político-armadas. En este caso, la referencia es a acciones desde el mundo militar y contra el orden institucional y jerárquico.
  58. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Políticas de defensa. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa.
  59. Informe confidencial. 8 de abril de 1960. Dirigido al director de la Escuela Superior de Guerra, firmado por el mayor Hugo Raúl Miori Pereira. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Políticas de defensa. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa. En dicho informe se destaca que habría mayor posibilidad de controlar la rebelión en Resistencia que en Corrientes, lugar donde se hallaba “la masa ‘golpista’”.
  60. Nota de denuncia. 29 de abril de 1960. Dirigida al jefe del Arsenal “Esteban De Luca”, sin firma. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Políticas de defensa. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa.
  61. Según el informe de inteligencia de Casa Militar, el comandante en jefe del Ejército añadió que existían “diarios de reconocida tendencia política tergiversaban los hechos, con el propósito de que se manosee al Ejército en distintos sectores.” Y afirmaba que “[…] no existían cismas en el Ejército –que trabaja dentro de su función específica– y que no había ninguna anormalidad en la guarnición local, ya que si se habían aplicado sanciones disciplinarias a algunos oficiales, lo eran por razones de servicio y dentro del marco correspondiente.” Parte de Informaciones. 20 de abril de 1960. Presidencia de la Nación. Servicio de Inteligencia. Casa Militar. 03.3.8.2. UC5.
  62. Memorándum del teniente coronel Alsina, jefe del Comando de Caballería sobre la situación creada en la Guarnición Militar de Resistencia. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Políticas de defensa. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa.
  63. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Políticas de defensa. Fuerzas Armadas. Ministerio de Defensa.
  64. Informaciones de Policía. Febrero – septiembre 1960. Folio 13. Fondo Centro de Estudios Nacionales – Pres. Arturo Frondizi. Sección Policía Federal.
  65. Diario El Liberal, 7 de mayo de 1960, p. 5. AGCP. H.
  66. Parte de Informaciones. 29 de julio de 1960. Presidencia de la Nación. Servicio de Inteligencia. Casa Militar. 03.3.8.2. UC5.
  67. Parte de Informaciones. 23 de diciembre de 1960. Presidencia de la Nación. Servicio de Inteligencia. Casa Militar. 03.3.8.2. UC5.
  68. Parte de Informaciones. 24 de agosto de 1960. Presidencia de la Nación. Servicio de Inteligencia. Casa Militar. 03.3.8.2. UC5.
  69. El autor sugiere que la orden de este apoyo fue dada por Frondizi, cuestión que, con base en informes de la Casa Militar a los que pudimos acceder, nos permitimos poner en duda.
  70. Llamativamente, en agosto de 1960, Serantes y Sakamoto denunciaron haber recibido disparos desde una lancha de la Prefectura paraguaya, cerca de la ciudad correntina de Paso de la Patria. Parte de Informaciones. 2 de agosto de 1960. Presidencia de la Nación. Servicio de Inteligencia. Casa Militar. 03.3.8.2. UC5.
  71. El general Spirito, anterior y activo jefe, había sido promovido a jefe del Estado Mayor del Ejército en enero de 1961.
  72. Parte de Informaciones. 21 de marzo de 1961. Presidencia de la Nación. Servicio de Inteligencia. Casa Militar. 03.3.8.2. UC5.
  73. Expte. Diputados. Rosenkrantz, E. S. Pedido de informes al PE relacionados con la detención de los ciudadanos Eduardo T. Sakamoto y Raul A. Serantes en la ciudad de Corrientes. 21 de marzo de 1961. AR-HCDN-SP-DAPyM -CEISAI.
  74. Nos referimos a acuerdos enmarcados en, por ejemplo, los decretos “S” 263/1958 “Plan Militar General para la Defensa del Continente Americano” y “S” 13.137/1959 que incluye nueva documentación al decreto anterior, o el posterior decreto “S” 6447/1963 que aprueba el Plan Militar General para la Defensa del Continente Americano Contra una Agresión del Bloque Comunista (P.M.G.D.C.A.).


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