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Los derechos humanos en Formosa (1982-1989)

Gabriela Yolanda Alucín

Introducción

Abordar el estudio de los derechos humanos en la Argentina y específicamente en Formosa, implica revisar etapas anteriores al periodo 1982-1989, donde el capital expansivo y globalizado indujo a disciplinar a una clase trabajadora en queja, profundamente reprimida y vulnerada en sus derechos, que planteará sus reclamos en la postdictadura. En el ámbito local, la lucha por la vigencia de los derechos humanos no tuvo la centralidad ni el protagonismo de otros lugares, aunque existieron instancias de demandas producto de políticas de ajustes y expulsión de las décadas del ‘70 y ‘80, reafirmadas en los años siguientes, sin que se afecte al capital más allá de los gobiernos y sin que se detengan los dispositivos represivos.

De acuerdo con Elizabeth Jelin (1986),

cuando se habla de un movimiento social se está haciendo referencia a acciones colectivas con alta participación de base, que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social. (Jelin, 1986, p. 18)

En Formosa no se puede aseverar que haya existido un movimiento de derechos humanos, acciones colectivas o sujetos colectivos que hayan expuesto sus luchas en este sentido, sin que esto signifique una desmovilización social. Aquí, como en otros espacios a mediados de los ‘70 y principios de los ‘80, aparecen los primeros reclamos más conocidos sobre las personas privadas de libertad y desaparecidas después, pero a diferencia de otros lugares las gestiones no se concretaron por medio de organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o Madres o Abuelas de Plaza de Mayo, sino a través de gestiones particulares hechas por sus familiares.

A fines de 1975 se estaba creando en la Argentina la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,[1] entidad que no tuvo una filial en la provincia hasta 1984, por lo que la incorporación y relevancia de lo que significaban los derechos humanos fue progresiva y de escaso tratamiento público en la inmediata transición. Más adelante, en los años 90 se creó una Secretaría de Derechos Humanos de la que no se encuentran mayores registros.

La divulgación más expresa y oficial sobre derechos humanos se concretó en los años 2000, principalmente tras lo dispuesto por el gobierno nacional por medio de la ley N° 25633 que estableció el 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”. Antes de esta normativa, los 24 de marzo eran recordados como una efeméride en los establecimientos educativos y los actos y jornadas de reflexión eran realizados por los organismos de derechos humanos en espacios cerrados y con escaso apoyo del Gobierno Provincial, el cual modificó sus políticas de memoria cuando esta temática fue ponderada por el Gobierno Nacional. En este marco se creó en el 2005 la Subsecretaria de Derechos Humanos que promovía las denuncias por violación de derechos humanos en la última dictadura y colaboraba en la sustanciación posterior de los juicios de lesa humanidad.

Durante mucho tiempo las expresiones públicas en favor de los derechos humanos y de repudio a los excesos del gobierno militar, fueron expuestas y señaladas principalmente por los familiares de personas desaparecidas o ex-presas políticas. Más allá de la enfática mención en la campaña electoral del radicalismo nacional, en la provincia no tuvieron mucha repercusión.[2] La prensa local tampoco recuperó las inquietudes sobre los derechos humanos, más que algunas pocas notas imperceptibles entre las noticias, que no igualaban a la amplia cobertura de espectáculos deportivos o de algunos actos políticos hechos en la capital como en el interior provincial.

En el ámbito local hasta la actualidad, no existen referencias en términos condenatorios hacia el gobierno militar. No se lo designa como “dictadura” o se alude a su accionar como “terrorismo de Estado”, sino que la referencia más común es “la época del Proceso”, que luego dio paso al gobierno electo en 1983, poco efusivo en materia de derechos humanos.

Es necesario destacar que la obtención de datos, consulta de diarios, documentos o entrevistas para este trabajo, dado el contexto de pandemia impuesto por el COVID 19 y las restricciones sanitarias de la Provincia, se vieron dificultadas por la suspensión de actividades y el cierre de oficinas públicas como el Archivo Histórico Provincial, la Secretaría de Derechos Humanos, los archivos del Poder Legislativo y del Poder Judicial.[3] En la actualidad la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Filial Formosa) funciona en un domicilio particular y por las mismas razones expuestas más arriba, tampoco fue posible acceder al lugar y su documentación, salvo el contacto con algunos de sus miembros que aportaron información y respondieron a algunas consultas.

En estas circunstancias el escrito logrado es un relato aproximado o indiciario que puede ser ampliado y sujeto a discusión, además alude a una temática sensible de tratar que explican en parte lo muy poco escrito al respecto sobre la provincia. A los fines expositivos se ha divido el escrito en cuatro apartados a través de los cuales se pretende observar la evolución de los derechos humanos en Formosa como ser: la transición, la represión, las víctimas y la prensa. Finalmente presentamos una conclusión que intentará integrar todos estos tópicos a tavés de los cuales explicamos este proceso.

La transición

Se entiende aquí a la etapa que abarcaría los últimos tiempos del Proceso de Reorganización Nacional y la postdictadura, principalmente tras las elecciones de 1983 después de la victoria de la Gobernación de Formosa por el Partido Justicialista con la dupla Floro Bogado-Lisbel Rivira (1983-1987). A su vez, la Legislatura Provincial quedó compuesta con diecisiete (17) bancas para el Partido Justicialista, nueve (9) bancas para la Unión Cívica Radical (UCR), siete (7) bancas para el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y una (1) banca para el Movimiento Línea Popular, haciendo un total de 30 como lo prevé la Constitución Provincial.[4]

Con el restablecimiento de la democracia, la nueva administración se abocó a la reinstalación y funcionamiento de las instituciones, con poca referencia al pasado y a la lucha por la vigencia de los derechos humanos. La dirigencia política en general, se encargó del armado de sus estructuras políticas, con una actitud prospectiva, sin revisiones de los acontecimientos recientes. Entre estos representantes, había exfuncionarios de la dictadura que actuaron en la gobernación, los ministerios, las secretarias, las direcciones, los municipios y paradójicamente también expresos políticos,[5] que mantuvieron una postura aparentemente de cierre del pasado y enfocada en el porvenir.

El gobernador electo en su primer mensaje a la ciudadanía, en la jura del cargo, convocó “a deponer toda ambición sectorial o interés partidario que atente contra el interés genuino del pueblo” a la vez que reclamó “la colaboración y el apoyo de todos, sin el cual nadie puede gobernar” y solicitó “el aporte generoso y critico fruto de la consecuencia hacia los elevados intereses de la nación y de la provincia y no el de la obsecuencia sectorial que agravia la fortaleza del gobierno y del pueblo” (La Mañana, 12 de diciembre de 1983). Se instaba a resolver las cuestiones presentes, como la difícil situación económica, a lo que se sumaba la inundación con gran cantidad de damnificados y daños materiales,[6] donde las fuerzas armadas y de seguridad colaboraban activamente para el rescate y traslado de la población, que no serían cuestionadas en estas circunstancias, sino que por el contrario revitalizarían su imagen.

Al respecto el Gobernador decía:

a nadie escapa la gravedad del deterioro que impera en todos los ámbitos de la provincia, situación a la que se ha llegado como resultado de las perniciosas políticas aplicadas en las distintas áreas y que intentaron incluso socavar al hombre mismo… se impone en esta hora la tarea inmediata y prioritaria de la reconstrucción de lo devastado, amparando en primer término el respeto a la persona humana y el fortalecimiento de la familia como célula social básica o comunidad nacional organizada cuya integridad debe ser celosamente resguardada. (Diario La Mañana, 12 de diciembre de 1983)

En este contexto, las denuncias o acciones de los organismos de derechos humanos pasaban inadvertidas salvo esporádicos anuncios o notas de ocasión, considerando el panorama de catástrofe natural y que imprevistamente funcionaba como distractor de otros temas de los que se prefería no hablar.

En la memoria colectiva estaban frescos los sucesos del 5 de octubre de 1975, cuando la organización Montoneros intentó copar el Regimiento de Infantería de Monte Nº 29, con un saldo de varias personas muertas entre soldados, atacantes y civiles. Desde la memoria hegemónica este hecho es considerado un ataque subversivo que vino a inquietar la “calma formoseña”, provocando daño y dolor, donde la actuación militar y su posterior arribo al gobierno, fue necesaria para enfrentar a quienes quebrantaban la paz social.

Mencionar las violaciones a los derechos humanos, que no eran ignoradas, implicaba reconocer a presos políticos que estuvieron ligados a grupos armados como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) o Montoneros, vinculados con los episodios que golpearon duramente a la sociedad formoseña. En los cuales, si bien no había focos guerrilleros ni grupos armados, sí había expresiones reivindicativas, que, sin distinción, sufrieron una fuerte represión, iniciada bajo el gobierno constitucional y continuada en el gobierno militar. Por otra parte, lo ocurrido entre el 5 de octubre de 1975 y el 24 de marzo de 1976, facultó los intereses purgatorios del momento. Las normativas de seguridad sancionadas, entre otras posibilidades, permitieron al oficialismo deshacerse del ala más radicalizada del partido, a la oposición avanzar en la exclusión del peronismo de la contienda política, a los empresarios desmontar las demandas de sus empleados, y a los grandes propietarios rurales desmovilizar los reclamos de tierra y precios de los campesinos liguistas. [7]

Ante la toma de conciencia desde el espanto de lo que significaron estas políticas, sin aducir una ingenuidad absoluta, el pudor frente a los “beneficios obtenidos” instaló mutismos y negación de consentimientos. Se podría decir que, desde un pacto de las dirigencias, no se impulsó a la revisión del pasado más próximo y no se crearon las condiciones como para el abordaje de los derechos humanos. Se identificaron algunas responsabilidades entre las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad sin que esto signifique un recambio inmediato de sus jerarquías, cosa similiar sucedió en la administración pública. Así, se obviaron colaboraciones de referentes políticos, sindicalistas, empresarios, clérigos, médicos, abogados o ciudadanos comunes que tal vez por ignorancia o temor, se habituaron a callar, a no expresarse públicamente y a mantener conductas excesivamente prudentes, aun en democracia.

La poca difusión de los derechos humanos, además del incipiente conocimiento que había sobre este campo del derecho, también influyó en el silencio de los propios afectados por la dictadura. Ex-presos políticos y funcionarios después, quienes, habiendo conocido los rigores del régimen, prefirieron no hablar, y aun en la comprensión humana de lo vivido, se cree que esto imposibilitó una conciencia mayor de las abominaciones del terrorismo de Estado en Formosa, donde siempre se creyó “que nunca pasó nada”.

La represión

Las políticas contrainsurgentes que se venían aplicando desde los primeros ‘70 en todo el país, amparadas en la Doctrina de Seguridad Nacional, y las posteriores normativas de seguridad como la Directiva N° 1/75 del Consejo de Defensa y la N° 404/75 de lucha contra la subversión del Comandante General del Ejército y los Decretos de Aniquilamiento N° 2770, N° 2771, N° 2772,[8] conformaron circuitos represivos que excederían en su magnitud a las manifestaciones disruptivas existentes en Formosa. Dentro de esta lógica el país fue dividido en cinco zonas para el plan de defensa y seguridad, correspondiendo este territorio a la Zona 2, subárea 23 dependiente del II Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario, provincia de Santa Fe.

La participación masiva no era habitual en Formosa, siendo una provincia asiduamente intervenida [9] con poco ejercicio ciudadano desde su provincialización en 1955, ubicada en un área de frontera con presencia constante de fuerzas de seguridad, Policía, Gendarmería, Prefectura y principalmente del Ejército, con escasa movilización social, poca presencia obrera, aunque con reclamos puntuales de orientación distributiva. Entre las manifestaciones de estos años estuvo el “zapiolazo”[10] de noviembre de 1970, cuando estudiantes secundarios y algunos universitarios que estudiaban en otras provincias, pidieron al Gobernador de facto Sosa Laprida la creación de una Universidad local. En la ocasión se estrenaba en el Cine Italia de la ciudad capital, con importante público y presencia de la prensa, la película La pandilla inolvidable. Se cuestionaba el financiamiento de esta película con recursos provinciales, sin dar lugar al pedido de creación de una Universidad, muy necesaria para Formosa. La respuesta fue una enérgica represión policial, que puso de manifiesto la capacidad de los dispositivos represivos que, aunque el gobierno fue cambiando de signo no se detuvo, ni modificó en los años siguientes.

Las actividades de las organizaciones sindicales y de las ligas agrarias como la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF), creada en 1971, que expresaban sus reclamos por la prensa e invitaban a participar de sus actividades, fueron toleradas sin dejar de ser observadas, hasta el 5 de octubre de 1975. Momento en el que se impulsó una fuerte campaña contrainsurgente, destinada a desalentar cualquier motivo de rebeldía.

En los días posteriores al ataque del RIM Nº 29 en la prensa se leen los comunicados de las fuerzas ombinadas como el Ejército, la Policía, el Servicio Penitenciario, la Gendarmería, pidiendo colaboración a la población para los operativos de control, totalmente intimidatorios, especialmente por sus recomendaciones. Así por ejemplo el Ejército aclara sobre versiones foráneas:

ADEMÁS DE LOS HECHOS DEL DOMINGO NO HUBO OTRAS ACCIONES ARMADAS La jefatura del RIM 29 desmintió ayer que se hubieran producido en la provincia otras acciones armadas además de las registradas el domingo último con motivo del frustrado intento de copar la unidad militar y la ocupación por elementos subversivos del Aeropuerto Internacional del Pucú… La información producida por la jefatura del RIM 29 viene a clarificar la situación creada por numerosas publicaciones periodísticas principalmente de diarios de la capital Federal que tras el hecho del domingo insistieron en informar sobre nuevos enfrentamientos entre guerrilleros y fuerzas combinadas incluido un supuesto ataque la unidad 10 de Instituto Penales y el Hospital Central… esta Jefatura se hace un deber poner en conocimiento de la opinión pública que además de los sucesos conocidos ocurridos el domingo pasado… no existieron otras acciones armadas… Por otra parte, se comunica a la población que los operativos de rastreo y seguridad continuarán hasta tanto se den las condiciones mínimas de seguridad, por lo que se solicita la mayor colaboración posible con las fuerzas que los efectúan”. (Diario La Mañana, 10 de octubre de 1975)

En la misma línea de información:

REITERA LA POLICÍA QUE REINA TRANQUILIDAD Y QUE CARECEN DE VERACIDAD CIERTA NOTICIAS la jefatura de policía de la provincia sigue difundiendo por radio un comunicado por medio del cual aseguró a la opinión pública que reina tranquilidad en todo el territorio provincial, significa también que noticias difundidas por algunos órganos de prensa extra provinciales carecen de veracidad y en consecuencia exhorta a mantener la calma. Pide además el comunicado a la población, que acceda al requerimiento identificatorio acatando de inmediato las indicaciones emanadas de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales que tiene como única finalidad preservar el orden y garantizar la tranquilidad pública que elementos inadaptados pretenden quebrar por cualquier medio. (Diario La Mañana, 10 de octubre de 1975)

El servicio penitenciario también se suma a estas requisitorias en hechos como los que se relatan aquí:

RAZONES DE UN PROCEDIMIENTO “llamo ayer la atención a los transeúntes luego del mediodía la ampliación del dispositivo de seguridad montado en torno a la cárcel nacional (en referencia a la Unidad 10 del Servicio Penitenciario Federal ubicado en las calles 25 de mayo y Dean Funes). Se prohibió el paso de vehículos por ambas manos de la avenida y se avisó a los vecinos para que permanecieran en sus casas. Pudo saberse luego que fuerzas combinadas procedieron a requisar un colectivo interurbano que estacionó en las inmediaciones sin que trascendieran los resultados. Igualmente, ayer prosiguieron en diversos lugares de la ciudad operativos de identificación y comprobación de la identidad de las personas. (Diario La Mañana, 10 de octubre de 1975)

En cuanto al interior provincial el Diario La Mañana informó tomando el reporte desde su corresponsalía ubicada en Clorinda[11] que:

SIGUE CELOSAMENTE CONTROLADO EL TRÁNSITO POR LA RUTA 11 con paciencia y comprensión propia de quienes saben de la dura jornada soportada por Ejército, Policía, Prefectura y Gendarmería el domingo último, los viajeros que se ven obligados a transitar por la Ruta 11 se someten al celoso control ejercido por la fuerza armadas y de seguridad. El viaje de Formosa a Clorinda… supone bajar tres veces del vehículo para ser este inspeccionado, mientras se le controla la documentación propia y del rodado… el viaje en ómnibus que originalmente dura 2 horas puede demorarse por lo menos una hora más, para dar lugar a tales controles con el natural subir y bajar de todos los pasajeros. En la salida de Formosa controla Ejército y Policía, en el triángulo de entronque de la Ruta a 11 y 81 también efectivos de esas dos fuerzas y en el acceso a Clorinda el ya normal control de gendarmería. Conveniente tenerlo cuenta principalmente de noche porque todo parece indicar que las guardias se mantendrán por varios días en las mismas condiciones como prevención ante la posible existencia de terroristas aún refugiados en ciudad o monte de la zona. (Diario La Mañana, 10 de octubre de 1975)

Se puede advertir en estas citas que los dispositivos y circuitos represivos estaban organizados e instrumentados, solo esperaban ponerse en acción y lo hicieron con énfasis a partir de estas fechas, con todo lo que ello significaba[12]. Como dice Scatizza, Formosa pudo haber sido considerada “una zona potencialmente apta para la subversión” (2015, p. 71) dada su ubicación fronteriza con posible entrada de ideas sediciosas, o principalmente por sus campesinos movilizados. Por lo que las Fuerzas Armadas observaron que el “accionar subversivo” era limitado, en relación con los centros urbanos y dispusieron que la represión fuera lo suficientemente intensa como para desalentar cualquier intento articulador de esas organizaciones, y lograr con ello transformar esas áreas en “zonas seguras” e “impedir su utilización como de descanso o reorganización de los elementos subversivos” (Scatizza, 2015, p. 71).

De esta forma, en palabras de Jelin

El régimen militar de 1976 cortó, por la vía de la represión, toda posibilidad de expresión de intereses y demandas populares. No más organizaciones e instituciones legitimas, no más manifestaciones callejeras, no más huelgas y protestas, no más declaraciones o solicitadas en los medios de comunicación de masas. Entonces ¿qué? La propuesta gubernamental era la búsqueda del orden y la disciplina de la privatización e individuación, cada uno, en el mercado, define su posición, sus prioridades, sus intereses. No más actores colectivos, acciones solidarias, identidades grupales. (Jelin, 1986, p. 20)

En este marco miembros de la ULICAF, de la Asociación Judicial de Formosa (AJF), del Centro de Empleados de Comercio, del Frente Coordinador de Acciona Gremial Estatal, del Sindicato del Personal Público, del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), de los centros de estudiantes, de las cooperativas, de la Juventud Peronista, principalmente entre octubre de 1975 y hasta mediados de 1977, fueron detenidos, deportados, torturados y hasta muertos, calificados todos como “subversivos” o “extremistas”. Sin ser adherentes muchos de ellos a grupos armados, aunque sí difusores de sus propuestas y articuladores de reuniones, asambleas, plenarios, escuelas sindicales, como era el clima de la época.

Como ejemplo de estos hechos recuperamos una Declaración de la ULICAF de octubre de 1975 donde dice:

La asamblea de Espinillo forma parte del plan de movilizaciones y concentraciones que ULICAF programa para el mes de octubre en apoyo de sus reclamos condensados en 15 puntos que fueron expuestos ya al gobierno de la provincia (que piden) la prórroga inmediata de las deudas contraídas con las entidades crediticias, reapertura inmediata de los créditos en los bancos sin la exigencia del aporte por jubilaciones y la garantía solidaria con un interés del 22% de trabajo, reajuste inmediato de los anticipos pagados por las Desmotadoras oficiales para que alcancen el 100% de los precios mínimos fijados por el Gobierno Nacional, reajuste de 1.400.000 pesos solamente y con el último recibo de pago de tierras que se tenga, que la Dirección del Algodón facilite créditos en semillas, insecticidas, bolsas, carros, fumigadoras y en efectivo, inembargabilidad de las herramientas viejos la tonelada de algodón de la campaña 1974/75… cese de intimidaciones a dirigentes y organizaciones agrarias, adjudicación de tierras a los pequeños y medianos productores con participación de las Ligas… cumplimiento de la ley Nº 330 de 1973 que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación 40.000 hectáreas. (Diario La Mañana, 5 de octubre de 1975)[13]

Con estas demandas, la represión se aplicó sin piedad contra todas las expresiones disidentes, siendo las Ligas las más afectadas por el número de sus adherentes, y la naturaleza de sus reclamos. Al respecto Alicia Servetto enfatiza que

La intervención federal (en referencia a la dispuesta para Formosa el 17 de noviembre de 1973 por ley Nº 20564 del Congreso Nacional) se propuso poner fin al ciclo de movilización y politización en una sociedad que no presentaba en sus antecedentes, rastros de semejante organización. Los canales de participación comenzaron a cerrarse, y la esfera pública fue abruptamente cercenada. Para el movimiento de campesinos, solo quedo el aislamiento, la descomposición y la nostalgia de lo que pudo ser. (Servetto, 2010, pp. 77-78)

En cuanto a los agremiados judiciales se citan los informes elevados al Ministerio Público Fiscal, ante el pedido de indagatoria para exjueces miembros del Superior Tribunal de Justicia en la dictadura, donde dice:

hubo dos olas de secuestros, en agosto de 1976 y junio de 1977. Las víctimas eran capturadas por su labor en el Poder Judicial formoseño y su afiliación en la Asociación Judicial de Formosa (AJF), tras lo cual las trasladaban al Regimiento de Infantería del Monte (RIM) N°29 o el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” que funcionaba en el destacamento policial de Colonia San Antonio, todos ellos dependientes del Área Militar 234… El procedimiento de privación de libertad era concretado en lugares y condiciones de encierro paupérrimas: las víctimas eran vendadas, permanecían con ataduras, en pésimas condiciones sanitarias, sin cuidado médico ni alimento suficiente lo que era complementado por violentas sesiones de interrogatorio en las que se empleaban múltiples modos de tormentos, tanto físicos como psicológicos. (Requerimiento del fiscal federal Flavio Ferrini del Ministerio Público Fiscal, 16 de enero de 2018)

Estos empleados además de ser víctimas de represión fueron cesanteados en sus trabajos, con el conocimiento de las autoridades judiciales de entonces, quienes pudiendo actuar en virtud de sus atribuciones, optaron por no intervenir. Por otra parte, estos desvelamientos de trascendencia pública son muy actuales (2018), y demuestran una vez más que en la temprana transición los derechos humanos no fueron atendidos, lo que evidencia la eficacia represiva reacia a dar información y desalentadora de revisiones de gestión.

Las víctimas

El número más conocido de personas desaparecidas víctimas de la represión estatal en un principio fue entre 30 a 36 según datos publicados por la Subsecretaria de Derechos Humanos[14] y más tarde se amplió a 69 según datos actualizados por el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE, 2015, p. 1553) y se siguen actualizando por nuevas denuncias que van apareciendo.

Si bien en los últimos años existe una mayor disponibilidad e interés por conocer esta historia reciente, sin desechar el arduo trabajo principalmente de la APDH local y la colaboración de la Liga Argentina de los Derechos Humanos, todavía es una temática de difusión reducida, dado que el Estado Provincial no ha actuado como querellante.

En este tránsito no dejan de ser auspiciosos los juicios de lesa humanidad celebrados en el fuero local, no solo por su carácter punitivo y resarcitorio en términos de justicia, sino por el estado público que adquieren hechos ligados a la dictadura, por mucho tiempo omitidos y negados en Formosa, en el sentido de no darle entidad, credibilidad y difusión. Así se condenó al ex Gobernador de facto General Juan Carlos Colombo en el año 2009, al ex Suboficial del Ejército Juan Carlos Camicha en el año 2013 y al ex Comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato en el año 2016, acusados de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar, condenados a 25 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa.

Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, los familiares de las víctimas en búsqueda de información transitaron las dependencias de la Unidad 10 del Servicio Penitenciario Federal, del Regimiento de Infantería de Monte N° 29 y de la Unidad de Cuatrerismo de la Policía de la Provincia conocida como “la Escuelita” del Barrio San Antonio, la Alcaldía de Varones y la Alcaldía de Mujeres, lugares donde presuntamente estaban recluidos sus allegados. Los dos primeros concentraron a la mayoría de los presos y allí estuvieron alojados, inicialmente los capturados tras el ataque al RIM Nº 29 y luego los detenidos en los meses siguientes de este año y específicamente a partir de 1976.

Estos Centros Clandestinos de Detención aportaban información falsa sobre el destino de los presos, para desmotivar las búsquedas y “proteger” a familiares que insistían con sus visitas advirtiéndoles que podrían correr la misma suerte. Algunos de los presos políticos fueron trasladados a la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal del Chaco, otros a la Unidad 9 del Servicio Penitenciario de La Plata o al penal de Coronda en Santa Fe, la cárcel de Devoto en Buenos Aires y otros a la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Chubut, cumpliendo con las prácticas previstas de desarticulación, para aislarlos de su entorno y evitar el contacto con sus familiares o compañeros de grupo o militancia.

El estigma social que significaba ser cercano a un “subversivo”, “extremista” o “guerrillero”, según los términos de la época, produjo orfandad en los que buscaban a sus familiares presos, sabiendo que lo harían sin colaboración, ni apoyo, aun de los más cercanos. El temor a ser identificados con los “rebeldes” era abonado por los espectaculares operativos de captura de los supuestos involucrados, hechos en sus domicilios de noche o de madrugada, con la llegada de numerosos efectivos en los trágicamente famosos Mercedes Unimog, que enmudecían a los circunstanciales testigos, sean vecinos o parientes, cumpliéndose el plan exterminador que no solo afectaba a la víctima en sí, sino a todo su entorno.

Según los testimonios de ex-presos políticos o familiares de estos, hubo datos más precisos sobre ellos hacia 1978, cuando varios fueron “blanqueados” o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Se comunicaba a través de cédulas provenientes del Servicio Penitenciario de distintos puntos del país, sobre la situación de los detenidos sin que existieran noticias de los que fueron llevados a la clandestinidad. En muchos casos la persistencia de familiares, principalmente de las mujeres, madres, esposas, hermanas, en los reclamos por la desaparición forzada de personas, posibilitaron la ubicación y posterior liberación de algunos presos políticos, como la sustanciación de los juicios de lesa humanidad después, gracias a sus denuncias, testimonios y presentación como querellantes.[15]

En la prensa local de fines de 1983 a 1986, es prácticamente nula o inexistente la referencia a la violación de los derechos humanos, a excepción del 3 de agosto de 1984 cuando visitaron Formosa miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP),[16] con el fin de identificar Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en el Barrio San Antonio y en el Regimiento de Infantería de Monte Nº 29 (Diario La Mañana, 1984). Esta Comisión estuvo integrada por el obispo metodista Carlos Ganinotti, el arquitecto Carlos Ocampo, el doctor Raúl Aragón y el fotógrafo perito Carlos Shone, y fueron recibidos y acompañados por el presidente de la APDH Formosa, el Dr. José Lindor Costa y el vicepresidente Víctor Savloff, a los que se sumaron para el reconocimiento los ex-presos políticos Ismael Rojas y Elsa Chagra. Publicados sus informes al día siguiente, la noticia no trascendió más que el registro de esta visita, aunque, de acuerdo con Crenzel, de alto valor simbólico,

las inspecciones implicaban la disputa por un territorio, pero no perseguían como objetivo modificar la identidad de sus propietarios. Eran intervenciones fugaces, de un par de horas, tras las cuales la Comisión se retiraba. Sin embargo, condensaban una fuerte violencia simbólica para los uniformados, acentuada por la presencia de los sobrevivientes. Para la mirada castrense, las inspecciones avanzaban sobre el territorio ultimo de su dominio, donde se amparaban del repudio social que recorría la sociedad. (Crenzel, 2014, p. 76)

No se puede afirmar que en Formosa haya tenido el mismo impacto que en otras provincias la visita de la CONADEP, pero se coincide en la trascendencia de su accionar, como indicadora de lugares y de personas ligadas a la violación de derechos humanos en momentos en que la democracia todavía se estaba reafirmando.

Las víctimas fueron objeto de un plan sistemático de exterminio, diseñado desde el Estado ante una supuesta “guerra contrarrevolucionaria” que justifico su accionar y borró todo indicio de los supuestos enemigos, no solo con su muerte, sino con su desaparición absoluta. Sobre este aspecto Crenzel agrega

las desapariciones evidenciaron que la cárcel política para el imaginario castrense, era una solución insatisfactoria… interpretaron que para doblegar la voluntad del enemigo era necesaria su destrucción física. La clandestinidad procuraba evitar las denuncias de la comunidad internacional… y permitía extender sin límites la tortura y eliminar a los opositores… No quedarían huellas, los secuestrados perderían visibilidad publica, se negaría su cautiverio y su asesinato no tendría responsables. (Crenzel, 2014, p. 35)

En este punto se insiste en el agudo silencio de muchos años sobre la violación de derechos humanos en Formosa, que toman estado público sólo en etapas muy recientes, sin que se haya dimensionado todo lo que aconteció en la dictadura, que no sólo afectó a los involucrados directos, sino a toda la sociedad, sometida a un doble silenciamiento. Primero el impuesto por la dictadura y luego por el de la democracia, que, en sus omisiones, nuevamente hizo desaparecer a los que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

La prensa

En la década del ‘70 los medios de comunicación eran escasos pero contribuían a la formación de la opinión pública. El principal diario de tirada local era La Mañana y había tres emisoras de radio: LRA 8 Radio Nacional Formosa, LRA 20 Radio Nacional Las Lomitas y LT 44 Radio Fortín Yunka, medios a los que se suma en 1978, LT 88 Lapacho Canal 11 que amplía progresivamente el horizonte informativo. Las noticias viajaban muy lentas y había un desconocimiento en general de los acontecimientos y de la violación de derechos humanos en particular. Aun así, no se descarta la influencia de estos medios principalmente en las burguesías locales o los sectores más acomodados y alfabetizados del interior, que se hacían eco de las noticias y afirmaciones que desde ellos se impartían y a la vez usaban para comunicar sus propias impresiones.

La prensa escrita abundó en información sobre la actuación de “extremistas”, “guerrilleros” o “subversivos” a lo largo de toda la década del ‘70, informando sobre los operativos contrainsurgentes y los inconvenientes del Gobierno Nacional establecido en 1973, abonando a un clima caldeado de tono anti insurgente y anti gobierno. En octubre de 1975 luego del ataque al RIM 29 el Diario La Mañana en su editorial dice:

REFLEXIONAR SOBRE EL DOLOR: Formosa ha sido escenario de uno de los más sangrientos episodios del que se tenga memoria, desde que se instauró efectivamente la violencia sin límite, como sistema en la Argentina… El ataque concretado el domingo, tiene la dudosa virtud de ubicar a Formosa en el catastro de la intolerancia que tantas vidas siega en la Nación… Formosa ha pagado su cuota de sacrificio. Alta por cierto y quizá la más cruenta por su volumen, de cuantas se hayan oblado (sic) en esta guerra sucia que enluta todos los días al pueblo argentino. Ahora recién sobreviene un brusco despertar, un llamado cruel a la realidad desagradable que es el odio, la muerte y la destrucción de valores humanos y divinos. Es seguro que, tras el golpe nuestros comprovincianos volverán a velar su paz quebrantada con otra mentalidad. (Editorial del Diario La mañana, 7 de octubre de 1975, p. 2)

En la misma línea el exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Mariano Fernández Bedoya dijo:

Quiero manifestar categóricamente mi condena por la agresión consumada con alevosía contra el regimiento de Infantería de Monte 29 y deplorar la pérdida de numerosos hombres jóvenes, cuyas vidas fueron truncadas en cumplimiento de sus deberes de preservar el orden jurídico y la tranquilidad social… también deseo expresar mi solidaridad con las fuerzas armadas y de seguridad que una vez más no escatimaron sacrificios para repeler y aniquilar a la delincuencia subversiva… no debemos subestimar la subversión porque ella busca infiltrarse en los partidos, en las estructuras del estado, en los hogares y en los lugares donde el hombre busca alivio para su paz espiritual, a veces directa o indirectamente, consciente e inconscientemente se contribuye a incentivar la subversión. (Diario la Mañana, 10 de octubre de 1975, p. 3)

Estas expresiones eran compartidas por otros representantes que hicieron públicos sus repudios y que insistían en cambios en las políticas económicas y de defensa, con mayor participación de las fuerzas combinadas.

En relación con las frecuentes intervenciones federales el Diario La Mañana decía:

LA ESTABILIDAD POLITICA: inevitablemente Formosa vuelve a enfrentarse con el fantasma de la inestabilidad, un mal que obstaculiza la iniciativa y llega a provocar la más desgraciada parálisis en la administración pública, cuando esta se halla a cargo de funcionarios que no saben con cuanto tiempo cuentan para llevar a cabo su tarea de gobierno… Los estados federales merecen, por lo menos, un mínimo de consideración para con su condición de tales. La buena voluntad al respecto podría traducirse concretamente en un esfuerzo dirigido a evitar que sigan siendo escenario de experimentación política, en el que se ensaya el drama de la propia indefinición nacional y se cambian gobiernos con la misma frecuencia que el PEN renueva sus ministros. (Editorial del diario La Mañana, 24 de octubre de 1975, p. 2)

Estas descripciones de inestabilidad, presagiaban el golpe y cuando se dio fue recibido con alivio y el Diario lo refleja:

CON LA VISTA EN EL FUTURO: Como resultado de un pronunciamiento sin objeciones y con una coincidencia total de sus cuadros, las Fuerzas Armadas se han hecho cargo de la conducción del Estado… la declaración asegura la existencia de una acción orientada hacia el ´propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo y solo está dirigida contra quienes han delinquido o cometido abusos de poder´ sin que implique ´discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni factor social alguno´… Ante los hechos consumados, no hay ya lugar a las lamentaciones… pero si es posible volver la vista hacia el futuro para que las propuestas que se han dado públicamente al país sean realidad. Y esa, es obligación y responsabilidad, no ya de las FF.AA. sino de todos los argentinos que se sientan tales en la integridad del concepto y deseen legar a la posteridad una sociedad limpia, sana y mejor”. (Editorial del diario La Mañana, 25 de marzo de 1976, p. 2)

Lo que se pretende señalar, y que no es una novedad, es la influencia de la prensa en el ánimo de los lectores. Obviamente no son inducidos en su apoyo al gobierno militar únicamente por estas editoriales o noticias, sino que había una comunidad de ideas relativas al orden y la pacificación que el Proceso de Reorganización Nacional representaba, por lo que pronto fue aceptado, sin imaginar lo que vendría después, o intuyéndolo, pero prefiriendo este gobierno que al último electo.

Conclusiones

Como desarrollamos a lo largo del escrito, en la inmediata transición formoseña el reconocimiento de los derechos humanos no tuvo el despliegue ni la significación que en otros lugares. El contexto social y político de la época imposibilitó la consolidación de un movimiento de derechos humanos, sin descartar las acciones llevadas a cabo, ya sea individualmente o por grupos muy reducidos de aquellos que posibilitaron marcos resarcitorios para las víctimas y sus familiares, que siguen luchando por la memoria, la verdad y la justicia, logrando en los últimos años que destacados responsables de delitos de lesa humanidad sean juzgados.

La instalación de silencios y olvidos sobre lo acontecido en la dictadura no solo impidió el conocimiento sobre la violación de los derechos humanos, sino que evitó que se invaliden argumentos reduccionistas. Como por ejemplo, justificar la represión en el desgobierno y la violencia de los ‘70, cuando se iniciaron sistemáticas políticas de exclusión social y recorte económico, que luego serán las bases de los proyectos neoliberales.

La dictadura y su trágico impacto no fue superada. Persisten conductas y prácticas autoritarias que niegan lo ocurrido y cuidan la “buena memoria” de instituciones y ciertos líderes políticos, desvinculándolos de procesos represivos antes y después del último golpe de Estado, quitando voces a los que luchaban por inequidades que siguen existiendo. La transmisión de relatos enlatados sobre estos años, con responsabilidades seleccionadas y discursos políticamente correctos, imposibilitan un conocimiento más integral de lo sucedido, que acotado puede ser útil para proyectos electorales o prestigios públicos que los instituye como fehacientes, pero que impiden la deconstrucción de mitos y la reiteración de historias petrificadas.

En suma, así como en otro orden de cosas, desde lo historiográfico el abordaje de esta temática en clave local, no resulta sencillo. La consulta de los archivos tiene trabas burocráticas, las entrevistas a funcionarios ligados a derechos humanos tienen demora o no aceptación, la provisión de diarios, libros o leyes es vigilada por empleados o encargados de los repositorios, la ubicación de documentos o archivos digitales en domicilios privados de referentes de derechos humanos imposibilitan su consulta.

Dificultades que en este tipo de empresas se pueden presentar, no obstante tampoco escapan a factores políticos, que, además de recordar las épocas en que la desinformación y el desconocimiento era habitual, indican cuánto aún falta para el afianzamiento pleno de los derechos humanos, que exceden a cuestiones básicas como las que aquí se mencionan, como ser el acceso a la información y la disponibilidad de documentos públicos.

Referencias bibliográficas

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Formosa. Nómina de detenidos-desaparecidos en Formosa. Recuperado de http://viejositio.apdh.org.ar/delegaciones/formosa/trabajos/ 30anivgolpe.asp

Crenzel, E. (2014) La historia política del Nunca Mas. La memoria de las desapariciones en la Argentina. Historia y cultura serie el pasado presente. Buenos Aires: Siglo XXI.

Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio Formosa. (2014) Nunca más. Formosa: Edición digital.

Jelin, E. (1986) Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratización en la Argentina. En Calderón Gutiérrez (comp.) Los movimientos sociales ante la crisis. Buenos Aires: UNU/CLACSO/IISUNAM.

Leguizamón, M. (2019) Un civil del Proceso. El gobierno de Rodolfo Rhiner. Formosa 1981-1983. Corrientes: EUDENE.

Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado -RUVTE- (2015) Anexo VI Listado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino Víctimas de desaparición forzada y asesinato en hechos ocurridos entre 1966 y 1983.

Servetto, A. (2010) 73/76 El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”. Historia y cultura: el pasado reciente. Buenos Aires: Siglo XXI.

Scatizza, P. (2015) Un Comahue no tan frío. La Norpatagonia argentina en el proyecto represivo de la dictadura militar (1975-1983). Revista Izquierdas. Nº 23.

Fuentes consultadas

Ministerio Público Fiscal www.fiscales.gob.ar

Diario La Mañana de octubre de 1975, marzo de 1976, enero -julio 1980, enero – diciembre de 1983, enero a septiembre de 1984.

Nuevo Diario de diciembre de 1983, enero- febrero- mayo – junio de 1984, Junio 1986.

Boletín Oficial febrero – marzo de 1976 – diciembre de 1983 – enero de 1984.

Personas entrevistadas

ANTONIO HERALDO PRIETO Ex-preso político

APOLONIO NUÑEZ Ex-preso político

Personas consultadas

ISMAEL ROJAS Ex-preso político

CARMEN RAMIREZ Familiar de ex-preso político

EUSEBIO SALINAS Vecino de ex-presos políticos

ROSA GAMARRA Vecina de ex-presos políticos

CLAUDIA CARBAJAL Abogada de víctimas en 1989

MARIA FERNANDA QUINTEROS Familiar del Dr. José Lindor Costas


  1. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue creada el 18 de diciembre de 1975.
  2. Mariela Leguizamón (2019) hace referencia a las estrategias de campaña de los principales partidos como el MID, la UCR y el PJ, donde “los desaparecidos” y “la participación de la civilidad” eran mencionados tangencialmente, sin profundizar en la temática.
  3. Esta situación en parte fue resuelta por el uso de los medios informáticos, como las consultas a través del WhatsApp, correo electrónico, videollamadas, comunicación telefónica tradicional, meet, y en muy pocos casos entrevistas personales o visitas a estos lugares con turnos permitidos.
  4. Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Elecciones Nacionales. Escrutinio definitivo 1983.
  5. El ministro de Gobierno Vicente Joga, después también electo gobernador en dos periodos (1987-1991) (1991-1995), el presidente provisional de la Cámara de Diputados de la Provincia Emilio Juan José Tomas (1983-1987), entre otros funcionarios que se pueden indicar, fueron presos políticos entre 1975 y 1978. Según consta en los listados de presos políticos del Nunca Más Formosa (2012).
  6. En 1983 el río Paraguay alcanzó una máxima de 10,7 metros, provocando importantes daños materiales en las viviendas, el sector agropecuario, la suspensión de clases, el corte de rutas, del transporte y casi 70.000 personas damnificadas alojadas en 75 centros.
  7. Sobre la represión a las Ligas ver el trabajo de Alicia Servetto (2010).
  8. Los decretos de aniquilamiento han sido promulgados el 6 de octubre de 1975, inmediatamente después del ataque montonero al RIM N° 29 el 5 de octubre, evidenciando antecedentes represivos y la puesta en marcha de un plan prediseñado antes de marzo de 1976.
  9. Desde 1955 a 1975 se han sucedido siete intervenciones federales.
  10. Se llamó “zapiolazo” a esta movida estudiantil porque el acompañamiento musical de la película “La pandilla rebelde” estaría a cargo de Julián Palacios Zapiola.
  11. Ciudad ubicada a 115 km de la capital, en la margen derecha del río Pilcomayo a 15 km de la desembocadura en el río Paraguay, por la cual se puede transitar para llegar a la República del Paraguay. 
  12. Estas notas del Diario La Mañana de 10 de octubre de 1975 sobre los dispositivos represivos en Formosa también son analizadas por Mariela Leguizamón (2019).
  13. Dadas las dificultades para la obtención de este tipo de registros y de este año en particular, por la naturaleza de los reclamos y la conservación de los periódicos de los cuales cuesta su lectura y literalmente se han arrancado páginas, se ha considerado importante transcribir prácticamente completo el texto, por lo que significaron las luchas campesinas y la intensidad con las que han sido combatidas y reprimidas antes y después del golpe de 1976.
  14. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia publicó estos datos en 2017.
  15. Estos datos fueron aportados por expresos políticos y familiares de expresos políticos que han sido consultados para este trabajo, y también tomados de los testimonios de víctimas y familiares presentados por la APDH Delegación Formosa, a 30 años del golpe.
  16. La CONADEP fue creada en diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín e integrada por diez miembros de la sociedad civil y tres diputados nacionales para investigar el destino de los desaparecidos, recabar pruebas y enviarlas a la justicia. Presidida por el escritor Ernesto Sábato, el 20 de septiembre de 1984 entregó su informe y en noviembre de ese año se publicó su síntesis bajo el título Nunca Más.


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