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Anexo V

Ideas centrales de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (ELAPCyTED)

Se desarrollan aquí las ideas centrales de la Escuela enumeradas en el capítulo 3:

Es un pensamiento que nace de una práctica

Como se ha observado por el desarrollo histórico de las realizaciones y las ideas de la Escuela, no se la puede entender sin tener en cuenta que para ella la puesta en práctica precede a la teorización. En palabras de Sabato, ya en 1972:

Una de las características más singulares del proceso vivido en Latinoamérica alrededor de la problemática Ciencia-Tecnología-Desarrollo-Dependencia fue la estrecha relación entre pensamiento y acción, es decir, entre la producción de trabajos académicos referidos a distintos aspectos de la problemática y las medidas puestas en ejecución por instituciones nacionales y regionales para operar sobre la realidad en base a esos estudios[1].

Ruptura con el modelo lineal ofertista

Ya se comentó en el capítulo 1 la importancia de la ELAPCyTED por haber roto con este modelo. En realidad, rompe con él en su práctica, mucho antes de discutirlo en teoría.

También se comentó que es frecuente escuchar que las políticas científicas y tecnológicas de América Latina han estado signadas hasta hace poco (mitad de los 80) por el ofertismo, como si sólo recientemente se hubiera empezado a poner el énfasis en la innovación y en la necesidad de partir de la demanda.

Pero en el caso de ELAPCyTED ocurrió justamente esto último: sus acciones partieron de la demanda: fueron emprendimientos productivos (muchos de ellos, pero no todos, por iniciativa estatal), surgidos de una demanda o necesidad, y a su vez generaron una demanda “aguas arriba” de desarrollos tecnológicos, con elementos, en determinados casos, de investigación básica. Exactamente lo contrario de lo que se define como ofertismo, la creación por el Estado de una infraestructura, programas o instituciones, que generan una oferta de conocimientos sin responder a una demanda específica. Por otro lado, el hecho de que muchas de las iniciativas fueran estatales o realizadas por empresas públicas, no las define como “ofertistas”[2].

El constitutivo central del pensamiento de la Escuela es la búsqueda y el desarrollo de una autonomía tecnológica: es decir, un desarrollo endógeno de la tecnología que cumpla un rol clave en el proceso de desarrollo global. Como bien afirma Martínez Vidal,

[…] la Escuela no buscaba la autarquía tecnológica, sino un desarrollo basado en la capacidad de decisión propia en materia de selección y uso de tecnología. En términos de teorías del desarrollo, la autonomía tecnológica es el correlato de un desarrollo “autocentrado”. Con esta última expresión aludimos a una característica propia del desarrollo: una estructura productiva que tiene su centro en sí misma. Ahora bien, el centro de una estructura productiva es la producción de medios de producción y tecnología, que asegura el crecimiento armónico o la “reproducción ampliada” del sistema; esto implica por tanto la posesión de una capacidad tecnológica propia, para seleccionar, generar y adoptar/adaptar tecnología. Cuando lo esencial de ello está fuera del país, hablamos de un modelo de desarrollo descentrado, que tiene su centro en otro país o países, de los que depende para aprovisionarse de los medios de producción y la tecnología necesarios: esta sería la definición de “subdesarrollo dependiente”[3].

Según Sabato, los países hasta entonces dependientes, debían desarrollar su propia capacidad técnico-científica[4] por las siguientes razones:

  • Para tener capacidad de decisión propia y de negociación en problemas como la explotación de recursos naturales, introducción de nuevas industrias, desarrollo tecnológico local, prioridades de inversión, etc.
  • Para tener capacidad de adaptación, es decir, capacidad para incorporar tecnologías importadas de la manera más conveniente y eficaz.
  • Para tener la capacidad de evaluar los cambios tecnológicos y diseñar estrategias que eviten o disminuyan el riego de obsolescencia.
  • Para tener capacidad de creación sostenida.
  • Para mejorar el balance tecnológico de pagos, convirtiéndonos en exportadores de tecnología.

Un elemento fundamental en esta capacidad tecnológica fue la apertura del paquete tecnológico o desagregación de tecnología: en esto es ilustrativo el proceso de selección y negociación desarrollado por la CNEA para la Central Nuclear de Atucha 1. La Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) tomó este concepto y lo desarrolló en sus trabajos teóricos y de programación sectorial en los años 1970, como se mencionó en el capítulo 1. La apertura del paquete significa no comprar paquetes cerrados o llave en mano, sino desagregar de antemano los componentes que se podrían producir localmente. Carlos Aguirre, jefe del Grupo Tecnológico de la JUNAC en la década de 1980, define así la desagregación de tecnología[5]:

El desglose de cada una de las etapas y componentes de un paquete tecnológico para la producción de un bien, la realización de un proceso o la presentación de un servicio. La desagregación facilita clasificar la tecnología en medular y periférica, con el objeto de mejorar el poder de negociación de los adquirientes, generar demanda de servicios o bienes nacionales y ayudar al proceso de difusión y asimilación, entre los aspectos más importantes. El concepto opuesto a desagregación es el de tecnología empaquetada.

Aguirre destacaba que el paso posterior es la apertura por rubros e ítems y culmina en la consecución de una capacidad para “armar paquetes”.

El “comercio de tecnología” y la transferencia de tecnología

En el punto 3.3. sobre la “Formación de la Escuela y consolidación de su pensamiento” se mencionó la introducción en él por Jorge Sabato y otros (Víctor Urquidi, Miguel Wionzcek) de la transferencia de tecnología como elemento central. Para Sabato, la tecnología

[…] es un elemento imprescindible para la producción y comercialización de bienes y servicios, y por lo tanto se la constituye en un objeto de comercio entre los que la poseen y están dispuestos a cederla, canjearla o venderla, y los que no la poseen y la necesitan. La tecnología adquiere así un precio y se convierte en mercancía […][6],

una mercancía “[…] que se compra, se vende, se alquila, se fabrica o se roba, igual que cualquier otra mercancía en el sistema económico (si bien con algunas características ligeramente diferenciadas, que la hacen ‘cuasi-mercancía’).”[7]

En otros términos, en la sociedad industrial moderna la tecnología no es sólo una de las principales manifestaciones de la capacidad creadora del hombre, sino que también es algo que se produce y se distribuye, se compra y se vende, se importa y se exporta: “[…] en el sistema económico la tecnología es una mercancía, una auténtica ‘commodity of commerce’”[8].

Según Martinez Vidal, una de las contribuciones fundamentales de Sabato al problema de la transferencia de tecnología es haber planteado y desarrollado este concepto de “tecnología como mercancía”[9].

Es importante tener en cuenta que para Sabato es preferible hablar de “comercio” de tecnología en vez de transferencia de tecnología, ya que la palabra “transferencia”

[…] se emplea generalmente con el sentido de algo que se cede sin recibir contraprestación alguna, mientras que comercio designa la operación de cambiar algo por algo (generalmente dinero) que es realmente lo que ocurre en la mayoría de las transacciones de tecnología[10].

El comercio de tecnología es, en la sociedad industrial moderna, el mecanismo más importante en la “transferencia” de tecnología, mediante transacciones mercantiles entre vendedores (oferentes) y compradores (demandantes) de tecnología.

Para Martínez Vidal, uno de los aportes fundamentales de la Escuela al problema de la transferencia de tecnología (sobre todo a través de los escritos de Jorge Sabato como así también de los estudios de Constantino Vaitsos sobre dicha problemática) es que esta “[…] dejó de ser considerada en el marco de la cooperación técnica y se insertó y actuó como una extra-relación de carácter estrictamente comercial entre la estructura productiva nacional de cada país y la similar de los países desarrollados e industriales”.[11]

Como ocurre con todas las ideas de la Escuela, el de transferencia de tecnología es un concepto vivido y creado en la práctica, más que una teoría completa. Los tecnólogos de la Escuela no fueron teorizadores de la dependencia tecnológica, por más que tuvieran una relación fluida con los teóricos (de CEPAL y otros) que introdujeron estos conceptos. Pero supieron combinar muy bien la adquisición de tecnología extranjera con la generación propia, habiendo adquirido en ello una práctica de negociación notable. Lamentablemente ha quedado en la memoria colectiva de los años 90 la idea de que para ELAPCyTED la transferencia de tecnología consistió únicamente en el control de los contratos de transferencia de tecnología del exterior. Detrás de esta campaña de descrédito se reconoce la mano de los abanderados del neoliberalismo y de las mismas empresas transnacionales. Pero esa no fue la práctica de las experiencias de la escuela, ni tampoco su teoría, como lo muestra también el Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnología, basado en la identificación de la demanda y la búsqueda y selección de tecnologías (la inteligencia tecnoeconómica). Si bien hubo un diagnóstico y una propuesta inicial, que partió en buena parte de economistas (C. Vaitsos entre otros), para controlar la transferencia de regalías al exterior generadas en los contratos de transferencia, sus estrategias combinaban estas medidas con otras dirigidas a la absorción de la tecnología transferida, por ejemplo, la negociación con las transnacionales para la desagregación tecnológica y para que capacitaran a los técnicos de sus filiales en el dominio y eventual adaptación de las tecnologías. Lamentablemente, lo único que quedó en el recuerdo de esos años es ese aspecto de control, mucho más fácil de llevar a la práctica que la negociación y la absorción de tecnología. Pero esto tiene que ver con la dificultad que tuvo la Escuela para imponer sus puntos de vista en las políticas científicas y tecnológicas: las políticas llamadas explícitas estaban dominadas por científicos ofertistas, las implícitas por economistas que en muy pocos casos pudieron superar su estrecha formación en la economía ortodoxa; como se ha repetido varias veces aquí, a pesar del predicamento de que gozó la CEPAL, las políticas industriales ISI tuvieron más que ver con la industrialización que convenía a las transnacionales de la época que con las doctrinas de CEPAL y de ELAPCyTED. Y ya desde 1975 irrumpieron las recetas de ajuste del FMI.

¿Cómo se integra en ELAPCyTED el concepto de transferencia de tecnología? El objetivo central de las políticas de ELAPCyTED era introducir la tecnología como variable del proceso de desarrollo. Los tecnólogos y economistas de ELAPCyTED observaban que cuando llegaban los contratos de transferencia de tecnología de una empresa transnacional con una local, se había avanzado mucho en la ingeniería básica y en la prefactibilidad y factibilidad del proyecto, lo que significaba una erogación de entre el 7% y el 12% de él. Nadie aceptaría dar marcha atrás en ese punto del proyecto, a pesar de que en muchos casos se consiguió generar una cierta capacidad de negociación real a través de la explicitación de las cláusulas restrictivas que normalmente se introducían en esos contratos. Frente a este problema, se consideró que para que la tecnología pudiera cumplir su función como variable del desarrollo, el proceso de transferencia tenía que ser iniciado en las etapas de los estudios de preinversión, empezando con la búsqueda de alternativas tecnológicas, para que pudiera haber una verdadera capacidad de negociación tecnológica. Por eso, varios países, como Brasil, Colombia, Venezuela y México crearon fondos para esta etapa de estudios de preinversión y procuraron el fortalecimiento de las firmas nacionales de consultoría e ingeniería.

Política tecnológica y régimen de tecnología

De la consideración del concepto de “comercio de la tecnología” surge el de “mercado de la tecnología”, que se caracteriza, según Sabato, por ser un mercado imperfecto, asimétrico entre vendedores y compradores de tecnología, especialmente en el comercio entre países “desarrollados” y países en “vías de desarrollo”.

De ahí, según Sabato, la necesidad, en los países en “vías de desarrollo”, de una participación fundamental del Estado en el área científico-tecnológica, a través de la planificación e implementación de una política científica y tecnológica explícita, debidamente articulada con la política de desarrollo global.

La política tecnológica, según Sabato, debe proponerse el paulatino aumento de la autonomía tecnológica del país, es decir, su capacidad de decisión y elección en todos los problemas relacionados con la producción y empleo de tecnología como así también en lo referente al comercio de tecnología. Es decir, generar una capacidad científico-tecnológica propia, “[…] imprescindible tanto para producir tecnología como para decidir qué, cuánto y cómo importar[12].

Como afirma Sabato, para desarrollar una capacidad autónoma en el manejo de la tecnología, hay que desarrollar simultáneamente capacidad para crear tecnología y para controlar lo que se importa.

En su artículo “Bases para un régimen de tecnología”, Sabato define el concepto de “régimen de tecnología” como “[…] el conjunto de disposiciones que normarían la producción y comercialización de la tecnología necesaria para llevar adelante la política industrial”[13]. Un verdadero régimen de tecnología, sostiene Sabato, debe asegurar que las actividades tecnológicas produzcan un cierto impacto en la estructura productiva y el desarrollo económico. Es decir, la política tecnológica debe proponerse un cierto impacto en la distribución del ingreso y bienestar de la población.

Un régimen de tecnología es, en otros términos, el conjunto de disposiciones que permiten registrar, evaluar, controlar y utilizar el flujo de tecnología (o flujo de tecnología total, compuesto por el flujo de tecnologías producidas localmente y el flujo de tecnologías importadas) empleadas en el sector industrial.

En síntesis, el papel del Estado en materia de CyT debe ser el de regular el balance tecnológico de pagos mediante la aplicación de políticas tecnológicas debidamente articuladas con la política económica y científica de cada país.

Esta política tecnológica deberá tener en cuenta un conjunto complejo de elementos que operarán a través de mecanismos e instituciones adecuados. Entre estos elementos, Sabato señala los siguientes[14]:

  • Revisar y reformar el Régimen de Propiedad Industrial, en particular respecto a patentes y marcas, ya que las que existen en la mayoría de los países favorece a los exportadores de tecnología.
  • Revisar los sistemas impositivos, crediticios, arancelarios y tarifarios con el propósito de estimular la producción local de tecnología y desalentar su importación.
  • Establecer un registro de contratos de licencias y transferencia de tecnología, lo cual permitiría conocer el negocio de tecnología para de este modo poder regularlo de manera eficiente.
  • En los regímenes de promoción industrial, la tecnología debe recibir un tratamiento explícito.
  • Fomentar la producción de tecnología y la promoción de la constitución de empresas productoras de tecnología.
  • Incentivos a consultorías para la difusión de tecnología local.
  • Generar mecanismos de vinculación entre estructura productiva e infraestructura científico-tecnológica, que garanticen el uso del conocimiento producido, la utilización del conocimiento para fines productivos. En otros términos, que el conocimiento sea incorporado al proceso de producción y comercialización, o sea, se transforme en innovación tecnológica.

Fábricas de tecnología

Un grado superior de capacidad tecnológica es la producción de tecnología, concepto que Sabato desarrolló como las fábricas de tecnología y que Carlos Aguirre[15] define de la forma siguiente:

El laboratorio de investigación que no se limita a investigar sino que tiene como objetivo la venta de sus productos, la tecnología. Aunque la diferencia entre laboratorio de investigación (en el sentido tradicional) y fábrica de tecnología parece sutil, en realidad es de fondo. Una fábrica de tecnología no hace investigación por el afán de avanzar la ciencia, sino como un negocio que debe ser rentable, en términos privados o sociales y que debe vender a otras empresas un producto, como cualquier empresa productora de bienes tangibles. La idea de Sabato ha sido muy útil para reorientar las políticas de investigación básica y de investigación aplicada en América Latina.

Sabato intentó promover entre las empresas públicas sus ideas de generación y de fábricas de tecnología, como lo hizo personalmente a la cabeza de la empresa eléctrica argentina SEGBA. Pero su renuncia a la presidencia de ese organismo en 1971 frustró dicha experiencia, sin que por ello renunciara a su idea.

Los conceptos de políticas explícitas e implícitas

Fueron desarrollados en primer lugar por Amílcar Herrera en 1968, como se describe en el capítulo 1, y posteriormente por el Proyecto de Instrumentos de Política Científica y Tecnológica (STPI Project, 1974-77), iniciado por Francisco Sagasti en la OEA y financiado principalmente por IDRC de Canadá. Junto con el concepto de políticas implícitas, que se refiere fuertemente a la importancia del contexto económico y político como determinante de las políticas tecnológicas, el Proyecto también desarrolló el concepto de clusters de políticas, importante contribución sistémica, bien alejada del simplismo ofertista.

El triángulo de Sabato

Finalmente, hay que mencionar como coronación y paradigma de las ideas de la Escuela, el triángulo de Sabato[16], que apuntaba a la necesidad de vincular en proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico a los tres vértices del triángulo: el sector productivo (demanda/financiamiento parcial), el sector gobierno (políticas/regulaciones/financiamiento parcial) y el sector científico-tecnológico.

Según Sabato, la infraestructura científica y tecnológica y la estructura productiva debían llevar a cabo una acción coordinada que permita que el conocimiento generado en la primera sea utilizado en la producción. Pero el gobierno también tiene otro rol, que es el de impulsor de demandas hacia la infraestructura científico-tecnológica, las cuales pueden ser incorporadas, transformadas o eliminadas a través de un acto que genera una contrademanda de reemplazo. En ciertos casos, la infraestructura científico-tecnológica satisface estas demandas y propone desarrollos originales.

Por último, es importante tener en cuenta que para Sabato el triángulo IGE se define por las relaciones que se establecen dentro de cada vértice (intrarrelaciones), por las relaciones que se establecen entre los tres vértices del triángulo (interrelaciones) y por las relaciones que se establecen entre el triángulo constituido o entre cada uno de los vértices con el contorno externo del espacio en el cual se sitúan (extrarrelaciones).


  1. Sabato, J. (1972c): 7-15. Debido a esta característica señalada por Sabato, no se puede comparar, como a veces se hace, el pensamiento de lo que llamamos la Escuela, surgido de “tecnólogos actores”, con el movimiento posterior de los llamados Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, surgido en las últimas dos décadas en la academia y con marcos teóricos y métodos de investigación propuestos en la mayor parte de los casos por investigadores de los países centrales (lo que constituye otra diferencia más con la Escuela ELAPCyTED) y generalmente con menor preocupación inmediata por sus aplicaciones prácticas (por más que muchos investigadores en algún momento y a título individual sean activos proponentes de políticas de ciencia y tecnología en sus países).
  2. Como también se comenta en el capítulo 1, apartado 1.8. “Las políticas de ciencia y Tecnología en América Latina y los dos modelos de innovación”, esto es lo que plantean Dagnino, R.; Thomas, H. y Davyt, A. en “El pensamiento latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Una interpretación política de su trayectoria”, en REDES, Nº 7, Dagnino, R. (1996). Como bien afirman en ese texto, el ofertismo implica la creación de una infraestructura científica y tecnológica que no responde a una demanda específica. Pero aquí existían demandas específicas (el desarrollo de aviones, de reactores nucleares, de computadoras, etc.). A nuestro parecer, Dagnino, Thomas y Davyt caen en el error, en lo que sin querer coinciden con las corrientes neoliberales, de identificar las políticas de innovación con políticas de apoyo a la empresas privadas, con prescindencia del Estado de la esfera productiva (todo lo contrario de lo que hacen los gigantes asiáticos y de lo que hizo Estados Unidos con su industria militar y espacial).
  3. Martínez Vidal, C. (2002b).
  4. Sabato, J. (1979): 19.
  5. Aguirre, Carlos (2000): 53.
  6. Sabato, J. (1979): 124.
  7. Martínez Vidal, Carlos A. (1997): 145.
  8. Sabato, J. (1979): 59.
  9. Martínez Vidal, C. (1997): 145.
  10. Sabato, J. (1979): 73.
  11. Martínez Vidal, C. (1997): 144.
  12. Sabato, J. (1997): 91. El énfasis es nuestro.
  13. Sabato, J. (1997): 122.
  14. Sabato, J. (1997): 94-95.
  15. Aguirre, C. (2000): 71.
  16. Originalmente apareció en Sabato, Jorge A. y Botana, N., “La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina”, en Revista de la Integración, INTAL, Buenos Aires, año 1, N° 3, noviembre de 1968, pp. 15-36. Ver también en la compilación de Sabato, J. (1975) y (2011).


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