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Conclusiones

La pregunta que gui贸 esta tesis fue de qu茅 modo se gobierna a la juventud en riesgo en Argentina a trav茅s de programas de prevenci贸n social del delito. Eso requiri贸 entre otras muchas cosas, mirar esos espacios que llam茅 intermedios, entre las formas de inclusi贸n social m谩s cl谩sicas y las de seguridad y control penal m谩s duras. Y la mirada sobre ese espacio no result贸, tal como pod铆a esperarse, en una imagen de bordes n铆tidos, sino m谩s vale borrosos y no del todo estables. Tambi茅n requiri贸 despejar esas comillas que anudaban a la juventud con el riesgo, refinar qu茅 demarcaba los l铆mites etarios de la categor铆a y c贸mo se le铆a al considerar la dimensi贸n de g茅nero. 驴De qu茅 lado del riesgo estaban los varones y las mujeres j贸venes? 驴del lado de la producci贸n o de la recepci贸n de los riesgos? 驴o depend铆a de qu茅 riesgos se tratara para unos y para otras? 驴o de qui茅n se encargara de tratarlos?

Para despejar los interrogantes conduje una investigaci贸n cualitativa que se propuso indagar en el asunto desde las instancias m谩s abstractas e ideacionales del proceso – lo que supuso proponer una suerte de genealog铆a sobre el problema y una ubicaci贸n en el contexto actual de 茅poca-, hasta las pr谩cticas concretas m谩s cotidianas, en las que se implementaba un programa de prevenci贸n social del delito, espec铆ficamente, el Comunidades Vulnerables. La tesis intent贸 transitar el modo de gobierno entendiendo al Estado como un ente en capas (Haney, 1996), y siguiendo una perspectiva que permitiera, a煤n asumiendo un enfoque institucionalista, recuperar lo complejo de la regulaci贸n social, en la que se traman proyectos de inclusi贸n y control gubernamental, con apropiaciones y resistencias de los sujetos a gobernar (Llobet, 2009, Fraser, 1991, Watson, 2000, Elizalde, en prensa).

Los resultados

La cuesti贸n del riesgo asociado a ciertos sectores de la juventud, y los intentos de decisores de pol铆ticas p煤blicas y dem谩s agentes estatales de manejarlo, en sus diferentes formas y alojamientos, recorre la tesis: riesgos anudados a subjetividades, riesgos propios de los desarrollos sociales que impactan en los individuos, tensiones entre formas solidarias e individuales de abordarlos y evitarlos o minimizarlos, debates en torno a las figuras responsables de hacerlo, riesgos como sin贸nimo de situaciones indeseables, o con formas positivas, como antesala de mejores cotidianidades. En el contexto contempor谩neo, el primado de las ideas de gesti贸n individual de los riesgos indica que la intervenci贸n estatal, nombrada como pol铆ticas del individuo (Merklen, 2013), se reserva para aquellos casos en los cuales los individuos no pueden hacerlo por s铆 solos del modo socialmente aceptado. La asistencia se condiciona a trav茅s de un contrato particular, que requiere que el asistido se active y se responsabilice individualmente tanto de sus trayectorias pasadas, como de sus circunstancias presentes y sus proyecciones futuras. La ayuda para la activaci贸n que brinda la intervenci贸n estatal, se orienta a que el individuo en cuesti贸n pueda armarse r谩pidamente, para volver a la batalla cotidiana por la supervivencia.

La investigaci贸n que aqu铆 se present贸 expuso las variadas formas que adquiere el riesgo, y sus sentidos, que se vincularon estrechamente con la interpretaci贸n de necesidades, tanto desde las perspectivas institucionales, como desde las de quienes deben ajustarse a definiciones dominantes para acceder a la asistencia. Las formas locales de intervenci贸n estatal, informadas por las realidades propias, habr铆an adherido, en gran medida, a los principios de estas pol铆ticas del individuo.

Espec铆ficamente, al enfocar en programas de prevenci贸n social del delito juvenil argentinos, la figura del contrato establec铆a acuerdos sobre la gestaci贸n de un聽proyecto de vida.聽A trav茅s de 茅ste podr铆an canalizarse las formas leg铆timas de hacer frente a los riesgos circundantes que impidieran no s贸lo formas de integraci贸n socialmente aceptables, sino los tr谩nsitos a la adultez esperados y necesarios para la reproducci贸n social. Los programas propondr铆an un forma de gesti贸n centrada en el聽acompa帽amiento聽institucional a los sujetos para que 茅stos se activaran en la creaci贸n y desarrollo de su propio proyecto. Pero lo curioso es que, para establecer esos acuerdos, se impuso como necesario ofrecer un est铆mulo para que los sujetos se dejaran聽acompa帽ar.聽脡ste fue el rol que cumplieron las entregas de dinero en forma de TCI, un “subsidio terap茅utico” (Zelizer, 2011). El an谩lisis de este componente permiti贸 clarificar los objetivos de gobierno sobre j贸venes en riesgo, al tiempo que reconstruy贸 el sentido de esos ingresos para las estrategias institucionales. El dinero era valorado, para los programas, por su potencial en habilitar una intervenci贸n instructiva sobre c贸mo ganarlo; con ese fin, a su vez, permit铆a trasmitir una serie de valores asociados a ciertas interpretaciones de necesidades leg铆timas, riesgos a evitar, y estrategias para hacerlo. La persecuci贸n institucional de los fines del dinero vinculados con su potencial instructivo, menospreciaba -sin ocluir- otras din谩micas sobre sus usos y sentidos, a煤n aquellas que entraban, transitoriamente, en contradicci贸n con sus ideales. La creencia en el efecto rehabilitador de la instrucci贸n institucional, pod铆a tolerar que el dinero entregado compartiera una triada de formas leg铆timas de ingresos para los j贸venes, quienes consideraban al dinero de la asistencia como uno que complementaba – especialmente por su regularidad-, los del delito y el trabajo informal.

Lo poroso de la regulaci贸n estatal que pudo observarse en torno al efectivo uso de las TCI, se mantendr铆a al interior de las din谩micas de intervenci贸n. Mientras el proceso de instrucci贸n sobre c贸mo ganar dinero era aceptado y respondido seg煤n algunas de las expectativas institucionales, tambi茅n fue posible reconocer sus contestaciones, resistencias e intentos de impugnaciones por parte de los y las j贸venes. El contrato sobre el聽proyecto de vida聽propuesto institucionalmente se configuraba como un marco de intervenci贸n dentro del cual se habilitaban espacios de maniobra (Haney, 2002) que posibilitaban sentidos alternos, o ampliados, sobre los significados de la inclusi贸n social, las necesidades y los riesgos. Mientras el efecto de la tolerancia permit铆a mantener la instrucci贸n activa, produc铆a tipos de sujetos y reforzaba, seg煤n los casos, subordinaciones ancladas en desigualdades categoriales, de edad y de g茅nero. A su vez, dichas subordinaciones funcionaban en favor de los argumentos que justificaban la necesidad de la persistencia de la intervenci贸n, en su doble funci贸n de control y cuidado; o, en otras palabras, de perseguir objetivos de seguridad e inclusi贸n. Desde este punto, los programas locales empiezan a distanciarse un poco de la forma t铆pica de las pol铆ticas del individuo.

Las particularidades locales

El inter茅s de los programas por justificar la necesidad de su intervenci贸n sobre los/as j贸venes que聽solos no pueden聽es, a mi entender, una de las marcas m谩s significativas de la gesti贸n local. Mientras originalmente la ideolog铆a de los nuevos contratos querr铆a asegurar una activaci贸n individual, evitar la asistencia inmerecida y resguardar los recursos de la intervenci贸n estatal (Rose, 1996, Lister, 2002), la forma local de gobernar la juventud en riesgo mediante programas sociales, y especialmente de prevenci贸n del delito, parecer铆a estar escap谩ndose un poco a la f贸rmula. Es decir, en los cap铆tulos de la tesis se帽al茅 que, globalmente, el modelo predominante de gesti贸n de esta poblaci贸n era el de la聽oportunidad. Me refer铆a con 茅l, a aquel que reconoce, desde el Estado, la necesidad de intervenir para corregir ciertos desv铆os de los j贸venes, pero que est谩 atento a que, como sujetos racionales y responsables, los asistidos aprovechen esa oportunidad de cambiar; esta oportunidad ser铆a presentada como 煤nica de modo de reducir las chances de abuso y dependencia estatal, situaci贸n que busca expl铆citamente ser evitada por las administraciones contempor谩neas. Lo que el an谩lisis presentado para el caso argentino demuestra es que la inclusi贸n institucional en estos espacios intermedios no es presentada como una 煤nica oportunidad, a partir de la cual decidir hacia qu茅 谩mbito de la regulaci贸n -del sistema de bienestar o del penal- la sentencia debe dirigirlos. La promoci贸n de la oportunidad se renueva constantemente, sin caducar. En este sentido, las pol铆ticas locales se distancian de las que caracterizan a las pol铆ticas del individuo en la medida en que no hay necesidad de devolver a las personas asistidas a la batalla solas, sin compa帽铆a; la batalla se librar谩 desde la inclusi贸n institucional con el聽acompa帽amiento聽cercano de la instrucci贸n estatal sobre el聽proyecto de vida聽que en s铆, nunca cobra vuelo propio.

En el inicio de la tesis, una de las preguntas que orientaba el desarrollo era 驴qu茅 marcas de las transformaciones en el modo de gobernar lo social se registran en la forma en que Argentina despliega pol铆ticas de prevenci贸n del delito dirigidas a j贸venes? Mientras que dichas transformaciones, tanto en el plano m谩s general como en el espec铆fico del delito, se caracterizaron en los cap铆tulos 2 y 3, ya desde el 4 pudieron mostrarse las continuidades y las rupturas en la escena local.

En primer lugar, se advirti贸 la continuidad respecto a que la modalidad de intervenci贸n se sustenta en una din谩mica de individuaci贸n que produce sujetos en base a exigencias formales de activaci贸n y responsabilidad individual (Castel, 2004, Garland, 2005, O麓Malley, 2006, Merklen, 2013, Haney, 2004, Miller y Rose, 2008). En la figura del contrato, pacto, o acuerdo de inserci贸n sobre la gestaci贸n de un聽proyecto de vida聽pueden reconocerse estas formas. Tambi茅n en el discurso de la condicionalidad que tiene la asistencia dispensada por el Estado, que supone, por un lado, dirigirse hacia un actor racional capaz de aprovechar la oportunidad brindada, y por otro, evitar la temida desincentivaci贸n o vagancia, tradicional de los asistidos.

Sin embargo, al revisar los fundamentos sociales y criminol贸gicos de los programas de prevenci贸n social del delito, especialmente del Comunidades Vulnerables, as铆 como testimonios de funcionarios y operadores, se marcan ciertas distancias con ese tipo de racionalidad neoliberal. Especialmente cuando los objetivos de las intervenciones de prevenci贸n del delito, se orientan a la聽construcci贸n de ciudadan铆a聽o聽restituci贸n de derechos聽antelas cuales media la inclusi贸n social en espacios laborales o educativos. La reducci贸n de la criminalidad es un objetivo de segunda instancia que se coloca como efecto del cumplimiento del objetivo anterior. En este orden se articulan los intereses securitarios con los de inclusi贸n social, y no de otro modo. Resuena, entonces, una fundamentaci贸n de la intervenci贸n m谩s representativa de aquellos propios del聽welfare penal聽que de la nueva cultura del control del crimen, cuyo principal objetivo es impedir la comisi贸n de delitos o su reincidencia.

Pero podr铆a suponerse que la expresi贸n de estas prioridades responde a un postura institucional que es meramente ret贸rica, aunque no por menos productiva. Con la intenci贸n de validar la efectividad de esas ideas -que son intervenciones- se traslad贸 la mirada hacia las interacciones entre operadores y j贸venes. Entonces se advirti贸 que tanto el acceso a derechos y restituci贸n ciudadana como la disminuci贸n de la criminalidad, permanec铆an en un horizonte presente, pero lejano. Por su parte, la inclusi贸n social entendida como inserci贸n educativa y laboral tampoco formaba parte de las preocupaciones cotidianas concretas, aunque ocuparan un lugar m谩s cercano a las tareas diarias. Si el foco no respond铆a a las intenciones de disminuir la criminalidad, pero tampoco, en lo concreto, de incrementar la inserci贸n educativa y laboral de las personas asistidas 驴cu谩l era la misi贸n de estos programas de prevenci贸n social del delito?

Efectivamente la misi贸n de estos programas parece ser la producci贸n de sujetos activos que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar la vida cotidiana; en ese sentido se los instruye para tomen la responsabilidad individual de sus elecciones sobre c贸mo manejar los riesgos. En una de sus formas m谩s concretas, los programas los instruyen sobre modos leg铆timos de ganar dinero. Pero aquel discurso de derechos enunciado, aunque aparezca un poco alejado, influencia los contornos de las expectativas sobre la activaci贸n y la responsabilidad individual. Por un lado, el esp铆ritu de la ret贸rica de derechos habr铆a informado la decisi贸n de, con muchas limitaciones de ejecuci贸n concreta, optar por utilizar el enfoque de la prevenci贸n social del delito para gestionar un segmento de la delincuencia juvenil, que como se ha descripto, suele representar a las estrategias m谩s protectivas y menos punitivas hacia los/as j贸venes (Crawford, 1998, Sozzo, 2000). Por otro lado, esa influencia podr铆a explicar la configuraci贸n multilocalizada de responsabilidades que los programas encuentran. Es decir, en estas propuestas, los individuos no son los 煤nicos responsables de los riesgos que los aquejan, y mucho menos aparecen como los 煤nicos que deber铆an comprometerse en gestionarlos. Aunque, finalmente, la tarea de gestionar los riesgos se endilgue mayormente a los individuos asistidos. En suma, los programas reconocen que, adem谩s de los riesgos聽mixtos聽del entorno, como las malas juntas familiares y comunitarias, y aquellos riesgos聽esenciales聽propios de sus condiciones de juventud y g茅nero, tambi茅n est谩n expuestos a los riesgos que llam茅聽externos聽producto de abusos o ausencias estatales. El reconocimiento de riesgos externos, y una cuota de responsabilidad estatal -m谩s discursiva que puesta en pr谩ctica- podr铆a colaborar en la tolerancia que los programas tienen al incumplimiento de las condiciones pautadas, idealmente, por los contratos en torno a la generaci贸n del聽proyecto de vida.

La tolerancia y sus costos

En rigor, la聽tolerancia聽local podr铆a tener dos explicaciones que no se requieren mutuamente pero mucho menos se excluyen. Una es que la habilitaci贸n de la misi贸n instructiva tiene un peso mayor que el control y el castigo sobre los incumplimientos. Mientras haya espacio para las tareas de normalizaci贸n y producci贸n de una determinada subjetividad, ciertas inadecuaciones, imposibilidades y discrepancias de parte de los j贸venes son minimizadas y aceptadas. Pero por otro lado, la existencia de estos riesgos externos y responsabilidades estatales podr铆a colaborar tambi茅n con esa tolerancia; en suma, los programas saben que nunca cumplen sus propios presupuestos de integralidad. Es decir, si a la consideraci贸n del entorno complejo en el que viven los/as j贸venes, que los programas consideran riesgoso, se adosan otros riesgos en cuya producci贸n y gesti贸n las instituciones tienen responsabilidad y a la vez pocas respuestas, ser铆a l贸gico suponer que los programas comprendan que su auditorio es doblemente dif铆cil de interpelar. En la medida en que las instituciones estatales suelen ser para los j贸venes espacios de los que han sido expulsados (escuelas) o por los que han sido castigados (comisar铆as, juzgados), estas estrategias de prevenci贸n social deber铆an ofrecerles otros tratos para configurarse como un lugar por el cual dejarse聽acompa帽ar. De all铆, entonces, que las aparentemente r铆gidas figuras del contrato, el聽proyecto de vida聽y sus t茅rminos y condiciones, se flexibilicen para no fracasar antes de poder existir.

La postal que se construye es la de un modo de gobierno de la juventud en riesgo聽tolerante. Pero esa tolerancia tiene matices que es necesario clarificar, y que no s贸lo significan aceptar controversias en funci贸n de reconocer lo precario de su acci贸n. Por un lado, es una tolerancia con efectos restrictivos sobre las subjetividades. Los varones son infantilizados y sus criterios de acci贸n son, aunque no reprimidos, s铆 desvalorizados de modo tal que las instituciones los mantienen en una posici贸n de subordinaci贸n et谩rea. Las mujeres, si bien cuentan con un reconocimiento institucional por se madres, y no se las acusa de inmaduras, son asistidas por su vulnerabilidad intr铆nseca como mujeres y ubicadas por tanto en una posici贸n subordinada de g茅nero. A los varones y a las mujeres se les restringen sus experiencias vitales, a unos por su incapacidad de trascender a una posici贸n et谩rea de mayor poder, y a otras por ser confinadas a estar bajo la protecci贸n de otros. Por otro lado, la tolerancia tiene efectos desconcertantes sobre las y los j贸venes en un doble sentido. En primer lugar, en la medida en que los programas les exigen activaci贸n en la gesti贸n cotidiana de los riesgos, pero deslegitiman los criterios de acci贸n con los que los y las j贸venes act煤an. La discordia suele versar en que las acciones leg铆timas para resolver una misma necesidad -por ejemplo la obtenci贸n de dinero- se distinguen en funci贸n de la dimensi贸n temporal: mientras entre los j贸venes se prioriza el presente, los programas enfocan en el futuro. En segundo lugar, la tolerancia tiene efectos desconcertantes pues esta contradicci贸n entre activaci贸n e invalidaci贸n de criterios opera particularmente. Es decir, la evaluaci贸n que los programas hacen sobre la forma en que los y las j贸venes cumplen el contrato, se activan y se responsabilizan o no, es聽caso a caso.

As铆 las cosas, aunque este modelo de tolerancia tiene un car谩cter restrictivo hacia las subjetividades no puede catalogarse como un modo punitivo de encarar la prevenci贸n del delito, no, al menos, en estos espacios que llam茅 intermedios. Eventualmente, y seg煤n los modelos propuestos en el cap铆tulo 3, Argentina se mover铆a entre la聽tolerancia聽y la聽oportunidad. Sin embargo, el car谩cter del modelo de oportunidad sintoniza mejor con el despliegue tradicional de las pol铆ticas del individuo, y no fomentar铆a la dependencia estatal tal como advierto que hacen los programas estudiados.

Las conclusiones a las que esta tesis me permiti贸 abordar me sugieren dos tipos de interrogantes, que quiero formular, antes de cerrarla. El primero, de orden investigativo, y el segundo de orden pol铆tico -s贸lo si a los fines argumentativos se me permite no caracterizar, tambi茅n al primero, como pol铆tico.

Las nuevas preguntas hacia la investigaci贸n

Si esta investigaci贸n ofrece una pregunta sobre el modo de gobierno de la juventud en riesgo, a trav茅s de programas de prevenci贸n social del delito, quiz谩 el paso siguiente requiera ampliar la mirada. En efecto, como parte de esos riesgos mixtos que se identificaron, se帽al茅 el rol parad贸jico del barrio, a veces part铆cipe de la estrategia de聽rescate, y a veces causal de聽desv铆o. Mientras los programas trataban de armar a los j贸venes para poder habitar esos barrios y confiaban en el poder instructivo de sus intervenciones, no ocultaban su preocupaci贸n.

鈥淢谩s all谩 de lo que hayamos hecho en el programa, o la voluntad de los pibes, vuelven al barrio y vuelven a caer.鈥

Lo que aparece en forma de inc贸gnita, y difusamente expresada en los testimonios de operadores/as y funcionarios/as, es la existencia, en los barrios, de condiciones amenazantes que estimular铆an la participaci贸n diferencial de ellas y ellos en acciones riesgosas (pr谩cticas delictivas, uso de fuerza f铆sica para relacionarse con otros, prostituci贸n, consumo y venta de sustancias) las cuales contradicen las propias de aquel聽proyecto de vida聽ideal. Las/os operadores/as de los programas de prevenci贸n del delito parecen desconcertados al toparse con un adversario (o varios) a quien (es) advierten desdibujadamente en el territorio pero que no puede(n) rodear, y que les disputa(n) la clientela (Haney, 1994, Rose, 1996). Otras formas de regulaci贸n estatales, paraestatales, informales, ilegales, o comunitarias ofrecer铆an recursos a las y los j贸venes a cambio de que se comporten seg煤n unos criterios que no condicen con los del聽proyecto de vida聽que esperan los programas.

En la medida que los proyectos de gobierno estatales suponen formas de integraci贸n social que deslegitiman las subjetividades juveniles populares, 驴podr铆a pensarse que los y las j贸venes estar铆an encontrando en otros proyectos de gobierno presentes en la comunidad desplegados en el territorio (en los que el Estado interviene directa o indirectamente por acci贸n u omisi贸n) repertorios disponibles de acciones sobre los cuales hacer elecciones que impidan finalmente el acceso a los derechos que el Estado -en su faceta m谩s formal 鈥 supone garantizar?

Quiz谩s, el pr贸ximo paso en la comprensi贸n del modo de gobierno de la juventud en riesgo, requiera correr el foco hacia el espacio de la聽comunidad聽y desde all铆 ubicar las intervenciones de estos programas. Es decir, avanzar sobre espacios m谩s amplios de gobierno comprendidos en la idea de 鈥渃omunidad鈥 y en la complejizaci贸n de relaciones p煤blico/privado que habilita la configuraci贸n de m煤ltiples actores sociales y pol铆ticos en ella (de Marinis, 2005). 驴Habr谩 en los espacios de la comunidad y el territorio pistas para identificar las tramas de relaciones con las que los y las j贸venes sienten m谩s afinidad (Rose, 1996) que con las que intentan constituirse desde los espacios institucionales como los programas?

Posiblemente, para allanar ese camino haya que reconstruir, apelando a la perspectiva de los y las j贸venes, los modos en que se articulan los proyectos de gobierno que encaran los programas de prevenci贸n del delito y de inclusi贸n juvenil, con los de otras agencias estatales como la polic铆a y la justicia, pero tambi茅n, con los de organizaciones de la sociedad civil, y con tramas de relaciones y actores vinculados al mercado de trabajo informal, de drogas y a la econom铆a del delito.

El interrogante pol铆tico

Ahora bien, por otro lado, y hasta lo que esta tesis pudo aportar desde esta mirada, quiz谩s sea posible entender a estos programas de prevenci贸n social del delito como una combinaci贸n transitoria entre tregua (para algunos j贸venes, cuyos v铆nculos con el delito no tienen consecuencias consideradas muy graves) y remiendo (de situaciones de desigualdad que no pueden o no quieren abordarse estructuralmente). S贸lo mediante el聽acompa帽amiento, tan valorado por operadores/as y funcionarios/as, estos programas no parecen estar proporcionando a los y las j贸venes la inclusi贸n social perseguida por sus discursos. Quiz谩s, en el marco de un Estado guiado por el enfoque de la Inversi贸n Social en las nuevas generaciones (Lister, 2002, Jenson, 2009), se est茅 esperando que otras pol铆ticas de m谩s alcance -como la Asignaci贸n Universal por Hijo en combinaci贸n con otros avances, tanto en materia de seguridad, como de protecci贸n de derechos de ni帽os, ni帽as, y adolescentes-, empiecen a dar sus frutos en materia de justicia social, y los j贸venes de la pr贸xima d茅cada est茅n menos聽al borde.

驴Ser谩 茅ste un proceso de transici贸n? 驴hasta que los argumentos que insisten en que el problema del delito juvenil no es otro que un problema social -no s贸lo de privaci贸n econ贸mica, sino de m煤ltiples deudas estructurales, sociales, culturales, en el seno de una actualidad que marca permanentemente las formas de la desigualdad-, ganen hegemon铆a? 驴O acaso ya no ser谩 posible volver a pensar el problema del delito juvenil como social, en un contexto de inversi贸n de responsabilidades entre lo individual y lo social (Kessler y Merklen, 2013), en donde lo que prima desde las pol铆ticas es ense帽arles a las personas c贸mo valerse por s铆 mismas sin cuestionar la desigualdad?

Por otro lado, y suponiendo que no sea posible evitar las centenarias asociaciones de lo juvenil con lo disruptivo -propias de las luchas generacionales por el poder-, 驴podr谩 dejar de reservarse ese lugar del “otro amenazante” para, especialmente, los varones pobres j贸venes, con la consecuente invisibilidad de las mujeres j贸venes en casi todo 谩mbito en que se disputen sentidos?

Algunas reflexiones finales…

En cualquier caso y mientras tanto, 驴podr铆a pensarse que los modos de regulaci贸n social que suceden en estos programas representan estrategias en las que todos ganan un poco? Al tomar el caso estudiado del Comunidades Vulnerables y su d茅cada de instalaci贸n en un barrio del Gran Buenos Aires, podr铆a -aunque t铆midamente- afirmarse que s铆. La gesti贸n estatal que responde al discurso de los derechos estar铆a ganando cierto control sobre una poblaci贸n a la que entiende de dif铆cil acceso -por su ubicaci贸n intermedia entre la meramente vulnerable y la propiamente delictiva-, y configurando subjetividades funcionales a los fines del gobierno. Por su parte, los/as j贸venes beneficiarios/as obtendr铆an, sin demasiadas claudicaciones ni verdaderos ajustes sobre sus cotidianidades, algunos recursos econ贸micos y simb贸licos, con los que protegerse frente a ciertas situaciones comprendidas por ellos/as como riesgosas.

Algunas de las preguntas que formulo en este cierre de la tesis, no podr谩n ser contestadas hasta dentro de unos a帽os, cuando el paso del tiempo nos permita mirar para atr谩s y observar qu茅 camino se sigui贸. De lo que no me quedan dudas es sobre que no hay raz贸n ni modo de mirar las relaciones entre las formas de regulaci贸n estatal y las personas si no se transita por los diferentes niveles e instancias en los que esas relaciones suceden. No podr铆a haberse llegado a concluir que la forma de gobernar a la juventud en riesgo mediante programas de prevenci贸n del delito es聽tolerante聽-incluyendo la exigencia de activaci贸n y responsabilidad individual pero fomentando la dependencia estatal-, sino se hubieran rastreado los antecedentes de las formas de gesti贸n del delito juvenil, tanto hist贸ricas como contempor谩neas, de aqu铆 y de otras partes del mundo, y analizado los documentos y discursos institucionales. Pero sobre todo, no se podr铆a haber hecho sin integrar el an谩lisis de esos datos con aquellos provenientes de la observaci贸n prolongada en el tiempo de las interacciones y negociaciones cotidianas entre los/as operadores/as que implementan estas pol铆ticas y los y las j贸venes que aceptan los contratos pautados por las intervenciones, pero tambi茅n los esquivan, los contestan y los resisten, contribuyendo sustancialmente al resultado final del modo de gobierno.



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