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5 Entre la zanahoria y el régimen de las tres platas

Las transferencias condicionadas de ingresos como factor de protección de riesgo

Al seguir el recorrido por las capas del Estado que intentan componer el gobierno de la juventud en riesgo este capítulo llega a la puerta de los programas, donde efectivamente se encuentran cara a cara operadores/as y potenciales beneficiarios/as. Los/as operadores/as cargan tanto con los objetivos previstos formalmente por los lineamientos programáticos de los programas a los que representan, como con sus propias trayectorias, preocupaciones e interpretaciones sobre esos modelos de gobierno que proponen los programas. También, en muchos casos, jerarquizan el hecho de que los programas se implementan contextualmente y que un conjunto complejo de situaciones en los territorios pueden condicionar esas ideas plasmadas en los diseños de los programas. La imagen se compone de los/as operadores/as ubicados/as en los barrios en donde se implementarán los programas, con la intención de interpelar a jóvenes que consideran en riesgo.

En el capítulo anterior se revisó cómo los/as operadores/as y funcionarios/as identificaban los tipos de riesgos de aquejaban a sus poblaciones destinatarias, y también se analizó de qué modo consideraban apropiado gestionar esos riesgos. La forma del contrato de inserción aparecía como la herramienta central del proceso, en el que los operadores/as cumplirían su parte mediante formas de acompañamiento a la activación de la que serían responsables los y las jóvenes, encaminados a gestar un proyecto de vida. El objetivo de los programas era que este proceso los condujera a la inclusión social. La fórmula, no obstante, no podría existir sin sortear un escollo inicial: la carencia de buenas influencias o de interés de parte los y las jóvenes para insertarse en ámbitos que los/as ayudaran con este proceso de activación. En pocas palabras, había que motivar su prestación a ser acompañados, de algún modo. En principio, ésta fue la función de las entregas de dinero en efectivo en la forma de transferencias condicionadas de ingresos (TCI).

La indagación sobre qué significan los dineros entregados podría quedar ahí, pues tal como respondió la coordinadora del Comunidades Vulnerables ante la pregunta sobre su significado, los planes serían como la zanahoria, es decir, aquello con lo que tentar a las y los jóvenes a que se acerquen al Programa. Sin embargo, la respuesta sonaba a poco, porque así parecía que este dinero sólo tendría un único sentido, dado por los programas, y que le asignaba un uso inicial, que luego pasaría a un segundo plano. Desde el primer día del trabajo de campo la cuestión de los planes fue central, diariamente se la mencionaba: el alta o la baja del plan, del día del cobro, de que tal persona no venía y no merecía, de que el plan servía para los pañales, o que si no había plan había que robar.

¿Con qué situaciones se relacionaba el dinero? ¿era una suerte de anzuelo inicial? ¿una carnada -bienintencionada y no como trampa- en un contexto de necesidad económica o de desinterés generalizado? ¿o una forma de entablar los términos del contrato de inserción en el Programa?

Me interesa recordar aquí que en la construcción del problema señalé que la existencia de las TCI en estos programas me venía generando curiosidad desde hacía varios años: primero desde la nota del diario que decía que, si dejaban de robar, el programa les daba un plan; después, cuando, como parte de una organización, operando el Proyecto Adolescente que se mencionó en el capítulo 3, me incomodaba pagarles a las chicas que participaban en los talleres del barrio. Finalmente, ya en 2008 y durante mi trabajo de campo en el programa de prevención del delito escuché a un joven decir: yo robo, cobro el plan y cartoneo. Su declaración respondía en voz alta, con naturalidad, a una pregunta de la operadora en el marco de una actividad sobre el eje trabajo, en la que se conversaba sobre las fuentes de ingresos, las opciones disponibles, las situaciones laborales presentes y las proyecciones a futuro de los y las jóvenes. El joven no fue reprendido por la contundencia de su situación.

¿Qué habilitaba a una operadora a tener un beneficiario en un programa de prevención del delito que reconocía, sin autocensura alguna, que robaba? ¿Qué otras funciones además de la primera interpelación tenía la entrega de dinero del plan cuando, evidentemente, no se trataba directamente de prevenir el delito? Según la mirada de los jóvenes ¿qué tipo de dinero era el de los planes? ¿qué relación tenía esa plata con las de otras ocupaciones como el cartoneo, y el delito?

Es preciso aclarar que, en principio, los programas no le llaman a estas entregas de dinero transferencias condicionadas. Se verá que se les dice becas o estímulos pero no se hace referencia a la condicionalidad para presentarlas. Este dato puede entenderse en función de que los programas subrayan que los/as beneficiarios/as que aceptan el contrato han elegido cambiar de vida, que no lo harán como una obligación para cobrar el plan sino que lo harán porque realmente lo han elegido. Sin embargo, el trabajo de campo indicó que efectivamente funcionaban con una contraprestación y, por ello, aquí se inscriben como TCI.

Ahora bien, las entregas de dinero en efectivo como asistencia pública de modo más o menos organizado, no son de ninguna manera una novedad del siglo XXI, ni aún del XX, tal como bien lo señala Viviana Zelizer en su clásica obra “El sentido social del dinero” (2011). De hecho, según su investigación, hay rastros primarios de estas modalidades de asistencia desde mediados del siglo XVIII en Estados Unidos. Y desde que existen emergieron dudas sobre sus utilidades, sus consecuencias en los comportamientos de las personas y las relaciones, y los usos de este bien anónimo e intercambiable que parece ser el dinero, puede tener. Especialmente preocupados por estas cuestiones estaban los expertos en el bienestar social en Estados Unidos, quienes consideraron casi siempre el dinero de las obras de caridad como una moneda peligrosa y multifacética que, especialmente en manos de los pobres, moralmente incompetentes (Zelizer, 2011:152), podía tener efectos muy negativos. Por eso, hasta el siglo XX se privilegiaba la asistencia en especies u órdenes de compra que detallaban claramente qué y dónde comprar. Las preocupaciones de los expertos se insertaban en debates más amplios sobre el rol del dinero en la sociedad y su influencia en las relaciones sociales. Ésto conformó, especialmente desde mediados del siglo XIX, un núcleo de preocupaciones para los teóricos de lo económico y lo social que debatían qué significaba el dinero: para Marx, mientras era un nivelador radical, obliteraba todas las conexiones subjetivas entre objetos e individuos, y reducía las relaciones personales al nexo del dinero. Para Simmel, mientras la economía del dinero ponía fin al sometimiento personal de los acuerdos tradicionales, otorgándole a cada individuo la libertad de elegir a los participantes y los términos del intercambio económico, era también la evidencia de toda la instrumentalización de la vida moderna, en la que las cualidades se reducían a cantidades (Zelizer, 2011:20-21). Estas discusiones, según Zelizer, se restringían a un modelo utilitario de dinero, que es el que, por otra parte, ha dominado las teorías acerca del mismo. En este modelo el dinero es “un medio de intercambio en el mercado absolutamente fungible, cualitativamente neutral, infinitamente divisible y por completo homogéneo” (Zelizer, 2011:24). Así, sólo existiría un tipo de dinero, y se establecería una marcada dicotomía entre el dinero y los valores no pecuniarios. El dinero, evidentemente, tenía un doble filo. También el inicio del siglo XX contó con defensores de éste, quienes se rehusaban a concebirlo como un antagonista de los valores no pecuniarios y encontraban en él la fuente de nuevos sistemas de valores morales: el dinero podía ser racionalizador pero no por eso corruptor; y lo que es más, podía tener un potencial educativo, especialmente, sobre los pobres (Zelizer, 2011:153). El estudio de Viviana Zelizer, discutió con ambas versiones, señalando que el dinero no sólo no significaba una sola cosa anónima y uniforme, ni tampoco acababa con las relaciones sociales, sino que las multiplicaba y complejizaba.

Las discusiones sobre los pros y los contras del dinero y, especialmente, su uso en la asistencia habilitaron a que en los primeros años del siglo XX se difundiera la idea de que la entrega en efectivo podía ser más conveniente que la de especies. Aunque no se recorrerán aquí las marchas y contramarchas de la primacía del efectivo sobre otras formas de asistencia, sí se resumen que fueron muchas durante las primeras décadas del siglo. La autora ilustra una cuestión de particular importancia para los debates actuales sobre las entregas de dinero en efectivo. Desde que existen estas formas hay discusiones en torno a la pertinencia de entregar efectivo en lugar de especies, y los riesgos que esta forma puede tomar. Básicamente, cuando la entrega es a personas de sectores populares la desconfianza es en torno al mal uso del dinero o al fomento de la vagancia. Éste último temor, en realidad, también aplica a la entrega en especies, pero se agudiza cuando se trata de dinero en efectivo. ¡¿Qué pensar cuando además se la entrega a personas que tienen prácticas delictivas?!

En suma, la entrega de dinero como forma de asistencia es una práctica de larga data plena de controversias. En este capítulo, interesa conocer, puntualmente, cómo complejiza el contrato de inserción que los programas sociales proponen a los y las jóvenes. Es decir, cómo media el dinero en el gobierno de la juventud en riesgo, no sólo en esa instancia inicial de interpelación, sino también en el devenir del ejercicio del contrato. Se recuerda aquí, siguiendo la descripción de Merklen (2013) que la idea de contrato que se usa en la actualidad incluye la idea sobre un proyecto individual de activación y de gestión de los riesgos cotidianos que las personas deben encarar con cierta ayuda inicial. Esta idea de proyecto en los programas para jóvenes toma la idea de proyecto de vida, expresión en la que se enlaza una noción de inclusión social vinculada a la inserción educativa y laboral de las personas.

Estas nuevas formas de gobierno, basadas en la idea del contrato y las exigencias de activación y responsabilización individual que ya se han venido trabajando en la tesis, han incluido desde hace al menos dos décadas la entrega de dinero en efectivo. Dicha entrega, justamente, se inscribe en un discurso emparentado con los principios de activación mencionados, al fundamentarse en el enfoque de las capacidades y la inversión en capital humano. Más adelante se especificará esta transformación en los modos de entregar dinero como asistencia pública, pero interesa señalarla como un punto de partida pues los debates que ésta revivió son algunos de los que se retoman en este capítulo para indagar en el sentido del dinero que se entrega a los/as jóvenes en estos programas.

En efecto, el análisis sobre el dinero entregado en programas sociales puede tomar inspiración de distintos tipos de estudios que han puesto el foco en las entregas de dinero en efectivo en el marco de programas sociales. Por un lado, en aquellos que se han ocupado de evaluar el rol del dinero como TCI en el funcionamiento de programas de asistencia, desde perspectivas de análisis de políticas públicas, especialmente en relación a los cumplimientos de objetivos enunciados, adecuada focalización de la población destinataria, correspondencia entre principios teóricos que los fundamentan y prácticas finalmente implementadas, sus efectos en el desestímulo al trabajo registrado y/o formal, etc.[1] Por otro lado, se puede apelar a un campo de estudios que, desde hace unas dos o tres décadas, investigan el sentido y uso del dinero desde otras disciplinas, especialmente la economía, historia económica, antropología y sociología (Hormes, 2013). Como se anticipó, de este último conjunto de estudios interesa destacar el desarrollo de Viviana Zelizer (2011), pues se ha ocupado de los usos y sentidos del dinero en la asistencia pública. También influidos por su perspectiva, recientemente en el ámbito latinoamericano se reconocen trabajos sobre sentidos del dinero en contextos de crisis económica (Neiburg, 2008, Luzzi, 2012), y también otros, más en sintonía con esta tesis, que estudian los usos del dinero al interior de hogares receptores de planes sociales (Hormes, 2010, Eger, 2012).[2]

Este capítulo se informa de ambos recorridos – de las perspectivas más evaluativas de los programas con TCI y de las de los usos sociales del dinero- pero hace hincapié en el segundo pues se considera que es más fructífero para analizar las relaciones sociales que se establecen, mediante el uso del dinero, entre el Estado y las personas. Especialmente porque, desde la perspectiva que se adopta en la tesis no constituye un hallazgo significativo el que las TCI generen dependencia; en todo caso, será cuestión de ver de qué tipo es, o que habilita -tanto para los intereses de los programas como para los de los/as jóvenes- esa relación de dependencia que se genera. Por otro lado, porque tampoco aplica una de las preocupaciones que nutren al primer conjunto de estudios, en torno al rol desincentivador de las TCI, es decir, el que las personas prefieran tener trabajos no registrados, o directamente desechar oportunidades laborales, para no perder el acceso a los beneficios. Y no aplica no sólo porque la entrega de dinero es a personas que difícilmente podrían cumplir los requisitos para insertarse en el mercado de trabajo formal, sino porque las TCI en estas intervenciones no tienen la finalidad principal de paliar la pobreza por desempleo sino, ser un estímulo para que los jóvenes participen de los programas para gestar un proyecto de vida. Los datos surgidos de esta investigación no dejan dudas de que, habida cuenta de este objetivo, las TCI en principio, funcionaban según los objetivos previstos, pues estos programas tenían sus cupos cubiertos y cotidianamente recibían solicitudes de jóvenes para anotarse. Si bien luego se ahonda sobre en qué consistía esa participación, y cómo se configuraba ese proyecto de vida cuya definición es laxa, lo que sigue, es la pregunta por los procesos que se suceden al interior de esa relación de entrega de dinero, y los sentidos que para las distintas partes del acuerdo, suponen esos dineros. Así es que el desarrollo sobre los usos sociales del dinero en la asistencia pública que plantea Zelizer, se encuentra como más inspirador.

En lo que sigue, entonces, se indaga en los sentidos de estos dineros cuya entrega supone una contrapartida de parte de los y las jóvenes. Estos sentidos se deben inscribir específicamente en una dinámica de gestión de riesgos que propone el Programa pero de modo tal de habilitar interpretaciones alternas de los y las jóvenes. Tanto los programas que los entregan como los jóvenes que los reciben están insertos en una relación en la que se gestionan situaciones de riesgo, en la que estos dineros podrían estar cumpliendo una función específica. La pregunta orientadora es, entonces, de qué riesgos protegen estos dineros de los planes sociales, tanto según la interpretación institucional como según la mirada de los y las jóvenes. En este punto es preciso recordar que la relación entre el dinero entregado y los riesgos no es exactamente la misma según se trate de varones o mujeres. Si bien en general se interpela a ellos y ellas en común respecto del proyecto de vida, la relación entre el recurso económico y el riesgo tiene matices según el género. Vale recordar que el Comunidades Vulnerables describía que la situación de riesgo para las chicas, era estar solas, no tener quién las proveyera económicamente y por tanto verse en la situación de incurrir en el delito. Su situación de riesgo era deudora de su dependencia económica de unos varones que estaban ausentes. Al contrario, el riesgo para ellos estaba asociado, desde la perspectiva del Programa, a sus formas de sociabilización juvenil y a su búsqueda de autonomía económica que los instaba a conseguir ingresos de formas riesgosas o no del todo legítimas, por ejemplo, robando o cartoneando.[3]

La propuesta del capítulo es observar estas cuestiones en las dinámicas de gestión e implementación de los programas estudiados en esta tesis, especialmente en la del Comunidades Vulnerables. Sin embargo, se hacen referencias también a datos obtenidos en el estudio sobre los programas Envión, Envión Volver y A la Salida.[4] Los materiales analizados surgen de entrevistas en profundidad, no sólo a operadores/as y funcionarios sino también a jóvenes, de conversaciones informales con estos actores y también de observaciones en las reuniones de los programas.

En términos muy básicos el planteo del capítulo puede hacerse así. Sobre la asistencia pública en especies, vales o efectivo siempre pesó una suerte de doble sospecha: que desincentivaba la actividad de las personas y que fomentaba el abuso de parte de un grupo de gente que aprendía a vivir parasitariamente. Esto llevó a que se difundieran políticas de asistencia pero con contraprestaciones (de diferentes tipos, con focos en diferentes temporalidades, etc.). Si se tratara de mirar un programa de prevención del delito con TCI, como el Comunidades Vulnerables, ¿cuál sería la reacción ante un beneficiario que declara sin reparos que roba, cartonea, y cobra el plan, al describir su condición laboral?

Posiblemente se tendería a pensar que algo en esa dinámica de co responsabilidad para prevenir el delito funciona de modo extraño. En principio, la triple actividad del sujeto indicaba dos cosas: por un lado, los planes no desincentivaban la activación en sentido amplio. Podría argumentarse que, en todo caso, sí informalizaban su participación en el mercado de trabajo -preferir los ingresos informales del cartoneo para no perder el plan. Esto podría tener algo de cierto si no se consideraran las escasas chances reales de que un sujeto como el enunciador consiguiera un trabajo formal. Pero por otro lado, habría que preguntar cuánto dinero suponía el cobro de esos planes que podrían competir con otras formas autónomas y productivas de generar ingresos, descontando, por supuesto, que fueran legales.

El monto de las TCI que se usaron para el Comunidades Vulnerables a partir de 2001 (y que permanecería igual hasta 2010), era de $150, que correspondían, en ese entonces, a un 75% del salario mínimo vital y móvil de entonces -SMVyM- (que estuvo congelado entre 2003 y 2004). La relación entre los montos del salario mínimo y los subsidios podían justificar los debates sobre las consecuencias que las TCI tenían sobre la activación de las personas. Es decir, suponiendo que no se tuviera en cuenta la situación crítica del mercado de trabajo de entonces (22% de desempleo urbano para 2002[5], y una estimación del triple de desempleo juvenil[6]), un subsidio tan cercano al ingreso mínimo podría generar desincentivo laboral. Ahora bien, si la TCI -por ejemplo para el caso del programa Comunidades Vulnerables- se mantuvo fija entre 2001 y 2010, pero no así el salario, los argumentos sobre el potencial desincentivador de las TCI se debilitan. Mientras que para diciembre de 2007 la transferencia seguía siendo de $150, el SMVyM había ascendido a $980, y para cuando finalizó el trabajo de campo, en octubre de 2009 estaba en $1440: la TCI representaba apenas un 10% de ese monto. Estas TCI cumplirían el principio de menor elegibilidad propio de las leyes de pobres de mediados del siglo XIX, del cual se tenía que lograr que la vida basada en la asistencia social fuera menos tentadora que el peor trabajo pago; las TCI ya no estaban compitiendo con el mercado de trabajo del modo en que podía preocupar a los evaluadores de los programas tradicionales que las incorporaban.

¿Qué se les podía exigir como contraprestación a los/as jóvenes a cambio de ese monto, más aún en un contexto en el que el delito era una forma usual de proveerse de ingresos? La aceptación de que el robo y el cartoneo siguieran siendo acciones cotidianas ¿definía el uso de las TCI como un fracaso? ¿o una malversación de fondos?

Como se anticipó, parece que, al menos en principio, ese monto sí alcanzaba para pactar cierto tipo de inclusión institucional, en la medida en que los programas lograban interpelar beneficiarios/as. Y, tal como se trató en el capítulo 3, la inclusión institucional era, en opinión de operadores/as y funcionarios, un primer paso hacia la inclusión social. Es decir, algún efecto, y consensuadamente positivo, estas TCI de extraño funcionamiento, estaban teniendo. Lo que valdría preguntarse, habida cuenta de que algunas de las preocupaciones típicas sobre el uso de las TCI quedaban fuera de juego, era ¿qué sentidos adquiría ese monto de dinero entregado, relativamente escaso, tanto para los programas como para los beneficiarios?

La justificación del dinero en efectivo

Vulnerabilidad económica y la alternancia de dineros

Si bien el enfoque de la prevención social del delito no requería idealmente incorporar TCI, en la reconstrucción de la historia del Comunidades Vulnerables se fundamenta su incorporación por la crítica situación socioeconómica que atravesaba el país:

“Teniendo en cuenta la difícil situación política, social y económica que atravesaba la Argentina, el Gobierno Nacional impulsó políticas de inclusión a través de la incorporación de los sectores más desfavorecidos a planes de empleo para paliar la coyuntura crítica. Dentro de esa política general, el PCV comenzó a articular con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos para que pudiera, en el marco de proyectos específicos, asignar Planes Trabajar a este tipo de iniciativas. Así, el 20 de diciembre de 2001 se firmó un convenio mediante el cual se articulaban acciones entre el PNPD[7] y la Secretaría de Empleo tendientes a presentar proyectos enmarcados en los Programas de Emergencia Laboral y Trabajar III que tuvieran como beneficiarios a jóvenes de comunidades vulnerables en riesgo de estar en conflicto con la ley penal y a través de los cuales se pudieran implementar estrategias de prevención social del delito y la violencia.” (Müller y otros, 2011:120)

Los programas del Ministerio de Trabajo, Programa de Emergencia Laboral (PEL) y el Plan Trabajar III, estaban destinados a la protección contra el desempleo y tenían la particularidad, que también compartirían con el Plan de Empleo Comunitario (PEC), de permitir a organismos gubernamentales plantear proyectos sobre distintos ejes (por ejemplo de inserción social), en los que agrupar hasta un número determinado de beneficiarios, quienes accederían a un incentivo monetario como contraprestación de las actividades del proyecto. Esto le permitió al Comunidades Vulnerables contar, por medio de estos proyectos, con ingresos para los beneficiarios.

¿Pero qué eran esos recursos de los que disponía el Ministerio de Trabajo? El Plan Trabajar en sus distintas versiones, el PEL, el PEC y más tarde el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJDH), no eran sino programas activación del mercado de trabajo mediante el fortalecimiento de la oferta que incluían la entrega de dinero en efectivo a los beneficiarios, o, al decir de Grassi, programas que atendieron a la “carencia de trabajo” (2006:222). En Argentina comenzaron a difundirse a partir de 1996[8] pero desde años antes podían encontrarse en Latinoamérica como parte de una tendencia iniciada en los países desarrollados (OIT, 2007) para, en una primera época, “luchar contra la pobreza” (LLobet, 2008, Ponce, 2008, Minujin y Delamonica).[9] Antecedentes sobre la entrega de efectivo de parte de la asistencia pública a los sectores necesitados hay sobrados, de aquí, de allá y datan de hace décadas, tal como apenas más arriba se indicó. Sin embargo, se reconoce que la entrega de dineros ha tenido desde hace unos 20 años una forma más o menos difundida. Para ubicar esta nueva forma, es preciso hacer breve mención a la situación previa en el tratamiento de la cuestión social, que había estado enfocada en la “lucha contra la pobreza”.[10] Esta expresión se refería a que el modo de tratar la cuestión social, genéricamente entendida hasta entonces de un modo universal y con cierta atención en la transformación de las condiciones que generaran los desajustes en la relación capital trabajo, mutaría. La atención a la cuestión social se reduciría, mediante estrategias de focalización que respondían a una nueva racionalidad social y económica, al tratamiento paliativo de la pobreza, no para eliminar sus causas sino para minimizar sus efectos.[11] El giro que interesa aquí sucedió cuando las agencias internacionales, impregnadas por las críticas que recibían sobre esta modalidad, comenzaron a vincular las políticas de reducción de la pobreza con la teoría del capital humano (que se refiere al conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos) y el enfoque de las capacidades (desarrollado a partir de los trabajos de Amartya Sen centrados en las capacidades de las personas para actuar por sí mismas e impactar en el mundo mediante actos valiosos) (Dallorso, 2010:106). Según algunos analistas el giro de las políticas de asistencia se configuró de un modo ecléctico, combinando lineamientos más liberales que insistían en focalizar en la pobreza extrema, con otros de tinte más socialdemócrata que proponían la intervención estatal, tanto para estimular la inserción en la sociedad salarial, como para responder a una noción del bienestar asociada a la ciudadanía (Lopreite, 2012, Midaglia, 2012, Hormes, 2013). La nuevas políticas querían diferenciarse de las tradicionales de lucha contra la pobreza proponiéndose objetivos de largo plazo (Banco Mundial en Hormes, 2013). En ese sentido, la adopción de estos enfoques -el del capital humano y las capacidades- supuso un doble objetivo: por un lado, paliar la pobreza por ingresos en el presente, pero por otro lado “transformar y detener la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo de las capacidades humanas en las familias más vulnerables” (CEPAL, 2011). Este giro no se dio sin controversias. Tal como históricamente ha sucedido, los encargados de planificar la asistencia desconfiaban de la entrega de dinero en efectivo, porque dudaban del uso que las personas asistidas pudieran darle. Por otro lado, como ya se anticipó, la recepción de dinero sin contraprestación podría oficiar de desincentivo para el trabajo y generar el surgimiento de grupos de personas viviendo gracias a los recursos de otras sin aportar nada. Estos temores recuerdan las críticas hacia la dependencia estatal y las prácticas desresponsabilizantes que se le hacían a las formas de protección típicas del Estado de Bienestar. No obstante, las nuevas argumentaciones, inscriptas en un cambio epocal de pedido de activación y responsabilización individual, ganaron la batalla y comenzó a difundirse masivamente la opción por la entrega de dinero en efectivo, pero con contraprestación. Ésta rendiría culto a la inversión en capital humano pues, en general, se vincularía con la capacitación escolar o en oficios, y la atención de la salud. De esta forma, los programas no sólo contribuirían a la reducción contingente de la pobreza de ingresos, sino también a la formación de capacidades humanas (CEPAL, 2011). Las últimas dos décadas del siglo XX fueron especialmente productivas en lo que hace a este tipo de programas: se crearon muchos no sólo destinados a los desempleados sino también a familias con hijos pequeños.[12] El PJyJHD fue el ejemplo paradigmático de este giro de la política social en Argentina, no sólo por la gran cobertura que alcanzó, sino porque se fundamentó en el derecho a la inclusión social e incorporaba especialmente una contraprestación enfocada en el cuidado y educación infantil. Más allá de cuáles fueran sus fundamentos y misiones, lo que interesa aquí de estos programas es que pueden inscribirse en lo que ya se ha señalado en la tesis acerca de una nueva racionalidad en el modo de gobernar lo social: los principios de activación y responsabilización individual son los que guían las gestiones. En este sentido la asistencia se organiza de modo que los beneficiarios/as deben cumplir un rol activo y protagónico en la gestión de su propia inserción social o laboral o educativa. Este marco, simplificadamente descripto, era el que fundamentaba aquellas políticas con transferencias condicionadas de ingresos del que un programa de prevención del delito hizo uso desde 2001.

¿Fueron esos sentidos asociados a la inversión en capital humano y la proyección futura sobre las inserciones individuales lo que llevaron primeramente a los ideólogos del Comunidades Vulnerables a incorporar TCI? Cuando un funcionario del ministerio de donde surgió el Programa rememoró la primera estrategia de prevención social en el país, en una experiencia piloto en el barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que nunca se dudó de que había que incorporar una beca para los y las jóvenes; según él, eso le daba seriedad al asunto. En el contexto en el que se ponían en prácticas estas estrategias en los barrios, el nivel de descreimiento generalizado de los jóvenes hacia la vida misma hacía necesario que la propuesta tocara alguna fibra de sus necesidades. La incorporación de las transferencias de ingreso no eran meramente un estímulo en ese momento, como podrían ser en la actualidad. En el 2001, los planes eran de $150 y, como se anticipó, el salario mínimo llegaba a $200. En términos relativos, una asistencia de ese monto era económicamente representativa. Entonces, una primera justificación de la incorporación de las TCI, en ese momento, fue la situación de pobreza. Se quería abordar una situación concreta y presente utilizando recursos disponibles que había en la asistencia púbica. Sin embargo, había un sentido más, no tan ligado al uso del dinero en transacciones económicas concretas.

La incorporación de las TCI parecía justificarse, también, por la preocupación de los gobiernos respecto de la desconexión adolescente que, en el sentido común, podría traducirse como los NiNi, tal como se les llama a los/as jóvenes que supuestamente no estudian ni trabajan. Es preciso hacer la digresión en torno a que, en ocasiones, una categoría estadística se transforma en un grupo que parece así conformado mientras sólo quizás una pequeña parte de él es efectivamente así: nini; por otro lado, esta caracterización supone considerar que las únicas actividades legítimas para los/as jóvenes son estudiar o trabajar. Castel (1991), de hecho, desconfiaba en torno a etiquetar a estos jóvenes desenganchados de una vez y para siempre: “ellos son, a menudo, sea simultánea o sucesivamente, un poco delincuentes, un poco toxicómanos, un poco vagabundos, un poco desocupados, un poco trabajadores precarios. Ninguna de esas etiquetas les conviene exactamente, raramente se instalan permanentemente en uno de esos estados, sino que circulan de unos a otros”.

Lo cierto es que la preocupación de las autoridades sugería que de no reorientarse estas situaciones estas personas no sólo no contribuirían a la sociedad como buenos ciudadanos en el futuro -que eventualmente podría no ser un problema-, sino que podrían convertirse en una amenaza presente para el orden social en la medida en que se involucrasen en actividades socialmente no legítimas y/o ilegales. Como se señaló en capítulos anteriores, estas preocupaciones se trenzaron en una disputa ideológica en el marco de debates sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, que dieron como resultado, una victoria parcial de los argumentos menos represivos. Parte de ellos, en efecto, fueron la creación de programas sociales de inclusión juvenil que, además, también decidieron incorporar en su oferta TCI. Sin embargo, tal como estudiaron LLobet y Minujin (2011), estos programas propusieron un desplazamiento relativo del foco lógico de las TCI conocidas. Ya no se dirigirían a paliar la des-inversión en capital humano producida por las malas estrategias de los hogares para lidiar con la pobreza por ingresos. Lo que los gestores de estos programas consideraban como un factor de riesgo, que podría conducir a la inserción en circuitos delictivos, sería, efectivamente, la desconexión adolescente especialmente de los entornos educativos. Con esta preocupación surgieron los tres primeros programas de transferencias condicionadas de ingresos enfocados en adolescentes: fueron el ProJovem Adolescente de Brasil (2005), el Opportunity NY de la ciudad de Nueva York (2006) y el Proyecto Adolescente de la Provincia de Buenos Aires, Argentina (2006).[13] Según la definición de estos programas pioneros, el problema a abordar se circunscribía en la relación entre incentivos monetarios y objetivos educativos, y una aceptación de prorrogar el ingreso al mercado de trabajo. Los resultados disponibles respecto de los efectos que los programas para adolescentes con TCI tuvieron, indicaron que el componente fue útil para aumentar la matrícula y permanencia escolar dentro de los grupos de menor edad. Sin embargo, fue menos efectivo para la inserción de los adolescentes quienes tampoco lograron incluirse en el mercado laboral cuando ello estaba entre los objetivos de los programas. Lo interesante, especialmente para esta tesis, es el hallazgo de que las TCI colaboraron para que los/as beneficiarios/as formaran parte de espacios donde aprender derechos ciudadanos y también donde cumplir normas institucionales (LLobet y Minujin, 2011). Se volverá sobre este punto en seguida.

Evidentemente, las preocupaciones sobre la desafección adolescente y juvenil de la escuela, sus dificultades para insertarse en el mundo del trabajo, y sus vínculos con prácticas delictivas, aunaban, al menos en Argentina, a los programas de prevención del delito y a los de inclusión social. En efecto, ellas estaban presentes en los fundamentos de todos los programas estudiados aquí, el Comunidades Vulnerables primero, y luego Proyecto Adolescente recién mencionado, seguido por el Envión, el Envión Volver y el programa A la Salida. Todos ellos parecían estar atentos a que en un contexto de crisis en el seno de grandes transformaciones de la estructura social, jóvenes y adolescentes eran los eslabones más débiles.

Que los/as jóvenes representen la pieza más frágil de la cadena de inserción social en contextos de vulnerabilidad social no es una particularidad argentina, ni novedosa -tal como se ha visto, la inserción social de las nuevas generaciones ha sido una preocupación desde principios del siglo XX-. Sin embargo, es cierto que los cambios en la estructuración social, producidos por la crisis del trabajo asalariado de las últimas décadas que configuró una nueva cuestión social (Castel, 1997, Rosanvallon, 1995), tuvo y tiene manifestaciones específicas para las nuevas generaciones de sectores populares. Ya en 1991 Robert Castel se refería a los procesos de marginalidad, que afectaban especialmente a los jóvenes, y que los conducían hacia un doble desenganche, en relación al trabajo y la inserción relacional.

En efecto, si bien no es el objeto de esta tesis ahondar en el problema de la inserción laboral de las nuevas generaciones, los datos sobre el desempleo juvenil evidencian que los jóvenes son el grupo que más dificultades tiene para acceder al mercado de trabajo y más aún cuanto menores son sus credenciales educativas (Jacinto 2004, Salvia y Tuñón 2005). En Argentina, para 2011, la tasa de desempleo para las personas de entre 15 y 24 años era 3.6 veces más alta que la de los adultos (OIT, 2012), que para el último trimestre de 2012 era de 6,9% (INDEC), y como para todo el rango etario, era más elevada para las mujeres que para los hombres.

La dificultad que los/as jóvenes tenían para conseguir ingresos de modo legal era un asunto de particular importancia para los programas que, aunque insistían con la activación individual, reconocían los constreñimientos del entorno. Lo cierto es que era imposible no hacerlo en la medida en que la cuestión del trabajo[14] en un programa como el Comunidades Vulnerables, era central. Buscar trabajo, no encontrar trabajo, capacitarse para el trabajo, no tener oportunidades laborales, no saber aprovecharlas, no tener “cultura de trabajo”, eran expresiones que circulaban entre jóvenes y operadores/as, a veces de modos más comprensivos, a veces de modos más acusatorios, y distribuyendo, entre las partes y hacia afuera, la responsabilidad de esta situación que era considerada problemática de ambos lados.

En una entrevista que le hice a uno de los jóvenes del Comunidades Vulnerables, él pedía si en la oficina del Programa podía imprimir su CUIL, constancia que necesitaba para buscar trabajo, porque era algo que siempre le pedían. En esa ocasión solicitaba también que la operadora le consiguiera un trabajo y manifestaba, nervioso que necesitaba trabajar para poder irse de la casa que compartía con la madre de su hija con la que no se estaba llevando bien.

“Yo en el momento crítico que estoy, encima peleado con mi señora, buscando un lugar para estar durmiendo, quiero buscar trabajo para poderme alquilar algo porque yo me quiero ir de ahí, pero no me salen las cosas, no me están saliendo, ya van a salir. Ahora que tengo el cuil ya es mejor (…) Yo lo que quiero ahora es trabajar, trabajar, yo estaba averiguando que hay un alquiler, una pieza, 200 pesos por mes, por eso estoy buscando trabajo para aunque sea poder pagar eso… yo quiero que salga, pero por eso, estoy algo jodido, todo el día preocupación, buscar trabajo, trabajo.” (Máximo, beneficiario)

Toda la secuencia anterior estaba cargada de ansiedad en conseguir dinero para ciertos fines bien específicos. La misma ansiedad que reconocía Damián, al enlazar la falta de dinero con el delito, mientras contaba que estaba en libertad condicional y que tenía una pena de 6 meses en suspenso. El temor a ser apresado nuevamente neutralizaba su ansiedad.

“Antes me desesperaba porque no tenía plata, qué sé yo ahora no sé, estoy un poco más paciente… (dejar de robar) siempre está en mis planes (…) ¿qué interfiere? lo económico, la desocupación, la falta de dinero, lo principal es la falta de dinero.” (Damián, beneficiario)

El programa no sólo reconocía las dificultades de los jóvenes para conseguir trabajos legales y para mantenerlos; además, sabía que ellos y ellas alternaban lógicas de provisión legales e ilegales. En ese escenario, como se señaló, la TCI no pretendía ser una opción para que dejaran de robar. Sin embargo sí se reconocía que representaba un aporte legal a una economía mixta, y que, en el largo plazo, la existencia de este dinero de la asistencia podría habilitar otras referencias; por ahora significaban:

“Proporcionar una suma fija de dinero a un joven sin ingresos o con ingresos intermitentes, de modo que le de cierta previsibilidad en sus ingresos y autonomía y le ayude a ‘descartar’, dentro de las posibles alternativas, el delito como forma de cubrir sus necesidades. Teniendo en cuenta que los jóvenes transitan la exclusión, la informalidad y la ilegalidad, tanto el acta como el cobro del subsidio generan progresivamente un efecto de afiliación institucional e inclusión social que necesariamente trascenderá las fronteras de esta estrategia.” (Müller y otros, 2012:156-157).

Este fragmento acuerda con la imagen que ya ha descripto fielmente la sociología del delito juvenil (Kessler, 2004, 2010, Míguez 2003, 2010, Tonkonoff, 2003, Pegoraro 2002): jóvenes que despliegan diversas estrategias para conseguir el dinero necesario para integrarse socialmente, las que dependen de su inserción y configuración familiar, credenciales educativas, redes comunitarias e institucionales, vínculos con economías informales, y/o ilegales en una tensión que Pegoraro (2002: 311) ha descripto como de exclusión material (del mercado de trabajo, por ejemplo) y de inclusión cultural. En consecuencia, ante la imposibilidad de socializarse en la escuela o el trabajo, pero a la vez sentirse interpelados por la sociedad de consumo, consiguen lo necesario a partir de alternar prácticas ilegales con trabajos precarios. La mayoría de los/as operadores/as que se entrevisté para esta tesis coincidían en que los y las jóvenes se movían en sus contextos para obtener los recursos que consideraban necesarios bajo la que Denis Merklen (2000) llamó “lógica del cazador”. Ésta se referiría a una suerte de peregrinar en busca de distintas oportunidades para conseguir ingresos, trabajos, credenciales educativas, e inserciones sociales. La particularidad de esta búsqueda es que no estaría guiada por un plan sistemático –por lo demás muy difícil de seguir con los escasos recursos que tienen, tanto a nivel personal como territorial- sino más vale se orientaría por la contingencia. El principio ordenador de las prácticas y también de sus oportunidades en esta contingencia sería, paradójicamente, el de la inestabilidad, que es la característica principal de la situación de vulnerabilidad (Merklen 2000: 102). En la voz de los y las jóvenes esta acción era rebuscárselas.

Dentro de la legalidad, las tareas incluían el acceso a beneficios de servicios sociales de diferentes fuentes. En el RC 70 se apuntaron las estrategias de Silvina y Lara, quienes contaron con detalle cómo, además del plan del Programa, obtenían otros recursos: recibían tarjetas para acceder a beneficios, mientras sus hijos fueran menores de 6 años, una de $80 o $100 por mes para comprar alimentos en el supermercado, salvo productos de limpieza. Además, se habían anotado para recibir leche fluida que le daban las manzaneras,[15] un litro por chico, dos o tres veces por semana. También, las estrategias incluían pedir en los comercios, al final de la jornada, el pan sobrante o las verduras que no sobrevivirían hasta el próximo día, así como emplearse en distintas changas. En su día a día, y para algunos, las opciones se completaban con prácticas delictivas, especialmente el robo simple.[16]

Así las cosas, los datos sobre el empleo juvenil (incluyendo el desempleo, y la precarización especialmente) y la participación de jóvenes en delitos podrían cruzarse en la medida en que la literatura especializada señala que, aún más que el desempleo, la desigualdad en el ingreso (Cerro y Meloni, 2004) tiene un efecto positivo en la delincuencia. Este contexto, de fronteras difusas de la legalidad, de inserciones débiles en instituciones, y de privaciones económicas evidentes, era gran parte de lo que para los/as operadores/as justificaba la transferencia de ingresos. Con respecto a estas circunstancias, el dinero entregado tenía, en parte, el rol de minimizar situaciones de privación económica. Pero había un elemento más que se insinuó arriba en relación a la desconexión adolescente, y al rol de las TCI en programas para jóvenes: fortalecer la adecuación a normas institucionales, práctica a la que no estarían habituados.

Un estímulo a la participación

Como se señaló en la introducción del capítulo, los programas parecían advertir que para interpelar a los y las jóvenes era preciso ofrecerles un aliciente. Los modos de nombrar a las TCI variaban entre los programas, pero tenían un punto de partida común: “una estrategia de convocatoria en la forma de beca de estudio” (operador A la Salida), “un estímulo para que el pibe sea enganchado porque sino te encontrás con mucho desinterés” (funcionaria municipal refiriéndose al Envión y al Comunidades Vulnerables), un aliciente para participar en el programa “porque cobrás si venís” (operadora Envión), una ayuda para los gastos que implica ese compromiso personal, que hace que “no puedan decir que no tienen plata para ir hasta la escuela, o al centro de formación profesional” (operadora Comunidades Vulnerables) o un “estímulo para ese intento de cambiar” (funcionaria provincial Envión Volver). Tal como sugeriría Viviana Zelizer, los $150 o $200 de las TCI, significan mucho más que billetes, son todo aquello que mencionaron los/as operadores/as y sus consecuencias sobre las dinámicas de implementación cotidianas de los programas. Cuando una operadora del Envión señaló, casi al pasar, que el rol del dinero consistía en

“Motorizar, en pinchar, en exigir en relación a la beca, sos una persona más que le está rompiendo un poco los cocos para que mantengan la escolaridad”

estaba refiriéndose a un universo significativo mucho más amplio que el dinero, o más vale, daba cuenta de todo lo que ese dinero podía significar para los distintos actores.

Los testimonios daban cuenta, de uno u otro modo, que la beca, el plan o como se llamara, no se entregaba sin una contraprestación. Así ésta fuera ir a la escuela, aguantar las hinchadas de cocos de las operadoras, o ir a las reuniones periódicas. Más arriba se señaló que los fondos que el Comunidades Vulnerables obtuvo para entregar a los beneficiarios provenían de programas de protección al desempleo encuadrados en las estrategias de transferencia condicionada de ingresos. Aunque de fondos propios, los otros programas analizados también manejaban el dinero con la misma lógica, que fue descripto más arriba, basado en las contraprestaciones o la corresponsabilidad.

El esquema básico en el que operan las TCI, tanto en aquellos programas de protección al desempleo como en los programas para jóvenes, supone que las personas beneficiarias deben activarse, ya sea capacitándose en oficios, buscando trabajo, o certificando la asistencia a la escuela y los controles de salud para los más pequeños de las familias. En la mayoría de los programas, la transferencia está condicionada, además, a la participación de algún miembro de la familia en las actividades de fortalecimiento de las capacidades básicas y la cultura del trabajo. Los temas tratados en estas actividades de capacitación abordan ámbitos tan diversos como habilidades emocionales y psicosociales, educación, salud, nutrición y alimentación, salud sexual y reproductiva, derechos humanos y ciudadanía, entre otros (Cepal, 2011, Ponce, 2008). Estas contraprestaciones intentarían responder a las críticas más liberales sobre el universalismo en la protección que sostenían que sin exigencia de contraprestación, lo que se generaba era individuos vagos y dependientes, que vivían a expensas de la ayuda estatal; según esas lecturas, la asistencia universal y sin condiciones desincentivaba la activación de los sujetos. Las contraprestaciones buscaban, según la interpretación de sus defensores, comprometer al individuo en su proceso de mejora. Las condiciones suponían, justamente, fortalecer la agencia de los pobres comprometiéndolos como partícipes protagónicos del proceso de superación de sus distintas situaciones adversas (Dallorso, 2010:107). En síntesis, el esquema de TCI bien puede inscribirse en las nuevas formas de regulación social, ya descriptas, cuyas dinámicas de individuación producen un individuo activo y responsable en la gestión de sus propios riesgos.

Los programas estudiados preveían que la contraprestación fuera, además de asistir a reuniones, comprometerse con alguna otra actividad, ya fuera educativa o formativa, o de cuidado de la salud o de resolución de causas penales (aunque luego, el haberse comprometido, no requiriera verdaderamente hacerlo). De este modo, cuando los programas lograban la interpelación de los jóvenes mediante la TCI, el acceso al dinero se convertía en una moneda de cambio para ajustar los comportamientos de las/os jóvenes a ciertas expectativas institucionales, tal como enseguida se analiza. No obstante, operadores/as y funcionarios coincidían en que el uso de las TCI no sólo les traía ventajas.

El doble filo de la entrega del dinero

En los documentos de los programas se encuentran escasas menciones al dinero entregado y en las entrevistas a funcionarios/as y operadores/as solía ser descalificado en relación al componente de acompañamiento que analicé en el capítulo anterior. Sin embargo, en el libro que registró la experiencia del Comunidades Vulnerables (Müller y otros, 2012) sí se trató el asunto y se advirtió que la principal desventaja de la entrega de dinero era

“Que esa prestación lleve a confundir esta propuesta con una de las tantas asistenciales existentes y que el joven sea llevado a identificarse con el perfil problemático que le facilita el acceso a este subsidio. En el caso de esta estrategia, la asistencia económica tiene una única contrapartida: participar de ella respetando los términos del contrato institucional que ambas partes han convenido.” ( Müller y otros, 2012:156-157)

De aquí se evidencia una preocupación en torno a que el deseo de acceder al dinero generara en los jóvenes una acomodación en el rol del beneficiario que no se correspondiera con la realidad, por ejemplo, que se asumieran como delincuentes o consumidores de drogas cuando en realidad no lo eran. Y les preocupaba no sólo la eventual mentira sino la posibilidad de que se identificaran con figuras consideradas problemáticas. Pero fundamentalmente sobresale la preocupación típica en relación a la entrega de dinero: que el beneficiario crea que se la dan sin hacer nada. Por eso, rápidamente había que establecer los compromisos. La preocupación en torno a distinguir estos programas de otros, desacreditados posiblemente debido a sus críticas de desresponsabilidad o de mero asistencialismo, también se reconocían en el testimonio de una funcionaria municipal

“Hay todo un trabajo de pensar que todo esto es un programa, no un plan y que el estipendio es un componente más pero no es el componente central para nosotros del programa. El programa tiene que ver con esto de poder fomentar la terminalidad educativa, de formación, poder contener a los pibes, (…) de hecho es algo que me pasa seguido que me olvido, de la beca es de lo último que digo.” (Funcionaria municipal- programas Envión y Comunidades Vulnerables).

Todas las entrevistas de la tesis se hicieron a partir de 2008 y se puede leer en ellas que, tanto operadores/as y funcionarios/as necesitaban desprenderse de cierta idiosincrasia asociada a los programas de planes para desocupados que habían sido muy sospechados de ineficaces. Las operadoras del Envión señalaban con aún más preocupación esta tensión, exponiendo que muchas mujeres sumisas iban sólo a cobrar y lo difícil que era revertir esa tendencia en un contexto que llevaba años generando una población “hipersubsidiada”

“Nosotras estamos viendo concretamente en uno de los barrios que hay un grupo de mujeres con hijos o embarazadas que no participan, pero van por una cuestión sumisa del plan…cómo hacemos nosotras para transformar eso?”

En todas las entrevistas pregunté especialmente por las transferencias de dinero porque todos los programas estudiados las incluían. Y es llamativo que todos los informantes necesitaban distinguir sus intervenciones de otras, a las que no mencionaban concretamente aunque se puede pensar que serían del tipo de las del PJyJHD. Estas otras utilizarían el dinero de modo tal de opacar cualquier otro componente de la propuesta, ya fuera la educación, la capacitación, el cuidado de la salud, etc. Y por eso, necesitaban afirmar que sus programas eran otra cosa.[17] Indudablemente, para ellos/as, otra cosa mejor, y más integral, donde el componente dinerario sólo reforzara la búsqueda de otras transformaciones.

Podría pensarse que parte de estas argumentaciones estaban en línea con una interpretación del dinero bajo el modelo del utilitarismo: la necesidad de marcar la dicotomía clásica entre éste y los valores no pecuniarios (Zelizer, 2011:25). Pero su propia interpretación del dinero era difusa, pues en principio era un dinero que aplacaría la pobreza pero a la vez sería un estímulo para comprometer a los jóvenes con una transformación integral. De ese modo se reconocían enfoques menos utilitaristas del dinero y se desplazaría la importancia del mismo como generador de otras relaciones.

Como anticipé, posiblemente esas otras intervenciones de las que querían distinguirse podrían estar ilustradas en la experiencia del paradigmático Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD). El Jefes se creó en 2002, durante la generalizada crisis socioeconómica que atravesó el país, y llegó a tener más de 2 millones de beneficiarios.[18] La rigurosidad de la crisis económica no aplacó el debate típico sobre la eficacia o conveniencia de entregar dinero a los sectores más desaventajados, pero sobre todo se le criticó no haber honrado sus fundamentos. El Plan había querido instalarse como una propuesta fundamentada en el derecho a la inclusión social, pero, según las críticas sólo logró paliar algo de pobreza coyuntural -como cualquier programa asistencialista- y aplacar el conflicto social (Golbert, 2004, Svampa y Pereyra, 2003, Barrientos, 2012, Cortés, 2013). En parte, el PJyJDH no habría logrado sus objetivos de inclusión social porque sólo una mínima porción de sus contraprestaciones fueron de naturaleza productiva, en un contexto donde escasearon los recursos humanos y materiales para vehiculizar las estructuras necesarias para habilitarlas (Golbert y Giacometti, 2008, Repetto, 2004). Especialmente, estas lecturas críticas –en contraposición con otras que sí ponderaron positivamente las TCI de este tipo de estrategias, generalmente producidas por los organismos internacionales impulsores de estos programas (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial)- concluían en que más allá de aminorar circunstancias de pobreza, las TCI no cumplieron su misión de movilizar la activación y propiciar la inclusión social, y que, además, acarrearon efectos perversos e indeseables (Neffa y otros, 2011, OIT, 2007).

Habida cuenta de estos señalamientos, es comprensible que operadores/as y funcionarios que utilizaban, en gran medida, una lógica de asistencia tan criticada, quisieran separarse de ella. Lo curioso es que estas primeras aclaraciones y distinciones irían luego diluyéndose en la práctica; en seguida se vuelve sobre esto, pero interesa advertir que esta primera preocupación tan marcada por distinguir la entrega de dinero de “todo lo demás del programa”, no persistiría.

Otra preocupación de quienes coordinaban los programas era que, al incluir a beneficiarios en conflicto con la ley y ayudarlos con planes, éstos creyeran que el programa era cómplice de sus actividades delictivas o que las apañaba. Quienes operaban el Envión Volver advertían que les aclaraban a las y los jóvenes que la ayuda del programa no significaba que “’porque sos chorro te bancamos’” y enfatizaban en que los y las beneficiarios/as “tenían que entender” que no tenían que ir al programa para sólo cobrar, sino que la asistencia les tenía que “servir para otra cosa”, para otro proyecto, que claramente, excluiría al delito como forma de socialización y obtención de ingresos. En esta declaración parece haber resonancias, también, de cierta observación de la sociedad sobre la entrega de subsidios a personas que no sólo no los merecerían, sino que, más que subsidios, merecerían castigo. La cuestión de los planes parecía ser, para los programas, un tema de complejidad permanente, aunque insistieran, a quien preguntaba sobre el tema y también a los jóvenes, con que la beca no era el programa.

En síntesis, evidentemente, las TCI generaban a funcionarios/as y operadores/as sentimientos encontrados y las encontraban un elemento de doble filo:

“Tienen una parte positiva y otra negativa. La positiva es que te permiten convocar gente de una manera más fácil y eso está claro. Vos sabés que contás con ese recurso, que en líneas generales la gente viene con una necesidad, y que podés darle el plan o no. Es un arma de doble filo, en el sentido que parece a veces una negociación, que el pibe puede venir sólo por el plan y uno lo tiene que tratar de administrar para que se vincule con eso de una manera distinta.” (Operadora – programa Comunidades Vulnerables)[19]

En el sumario de ventajas y desventajas que hacía la operadora del Comunidades Vulnerables, se resumía esta tensión que desde otros programas también se reconocía. Lo curioso de este modo de presentar la justificación de la existencia de la transferencia de dinero y los límites que acarreaba, es que en lugar de colocar el dinero como un recurso para los y las jóvenes, las TCI se volvían un recurso para quienes coordinan los programas. Y como podrá verse en lo que sigue, ese recurso no se reduce, para quienes lo entregan, a las prácticas clientelares de cobrar una parte del dinero entregado al dador del beneficio. El trabajo de campo realizado no tiene ninguna constancia ni mera sospecha de que los/as operadores/as cobraran a los/as jóvenes una parte del subsidio. El recurso del que disponían los/as operadores/as no estaba conformado por los pesos constantes y sonantes en sí, sino en lo que la mediación de ese dinero podía generar.

Los usos del dinero

Viviana Zelizer (2011) describió cómo los trabajadore/as sociales norteamericanos de fines del siglo XIX y XX se preocuparon por enseñar a administrar y gastar el dinero entregado a los pobres, en las épocas en que esta forma de asistencia lograba imponerse, por ejemplo, frente a la de entrega de dinero en especies. Es detalladísima la exposición de la autora para narrar cómo las y los agentes estatales de la asistencia armaban los presupuestos con las familias, especialmente con las mujeres, sobre en qué tipo específico de rubros gastar, cuánto gastar, cada cuánto invertir dinero en determinados productos y cuáles no podían adquirirse con la ayuda pública. También los y las trabajadoras/es sociales se ocupaban de visitar los hogares para verificar los gastos realizados. En estas visitas no había sólo un objetivo supervisor sobre los pobres; se creía firmemente en el valor instructivo de la entrega de dinero en efectivo. Sin contar con el dinero, no habría chance de que los pobres aprendieran a gastarlo y administrarlo. En efecto, ese era uno de los argumentos por los cuales se defendía la entrega de dinero en efectivo frente a las otras formas. Además, la estrategia de mantener el dinero alejado de los pobres se convirtió en un anacronismo en una sociedad que defendía el principio democrático de la libre elección del consumidor (Zelizer, 2011:184). Lo curioso, es que esa supuesta libertad otorgada en la forma de dinero en efectivo no sería tal, en la medida en que el destino de cada billete se supervisaría.

Este cuadro, no obstante, correspondía a otra época en la que el optimismo positivista en la reforma de los desviados era un principio protagónico de acción: había que reformar y educar a la gente, especialmente a la gente pobre, sospechada de beberse o jugarse el dinero de la asistencia. En otras partes de la tesis ya se señaló que formas de supervisión estatal como esa fueron entendidas, más tarde y en el seno de otras crisis del Estado de Bienestar, como justamente restrictivas de la libertad, y también estigmatizantes. La batalla general que ganó la racionalidad neoliberal incluyó discursos en los que, en nombre de la libertad de los individuos, el Estado tenía que simplemente ocuparse de proveer herramientas con las cuales los más desaventajados salieran a flote por sí mismos.

Formas de la política social inspiradas en esta época, aunque con marcados desacuerdos en la retórica explícita con las formas neoliberales, habrán incidido para que en los programas que se estudiaron aquí, y posiblemente en muchos otros similares, no hubiera indicaciones sobre cómo gastar el dinero entregado. Sin embargo, vale mencionar que en la guía del libro en el que se registra la política del Comunidades Vulnerables (Müller y otros, 2012:248 y ss.) los significados y usos del dinero -ubicado dentro del eje vincular sobre proyecto de vida e identidad- parecía ser una preocupación para el diseño del Programa. Allí se proponían talleres sobre obtención, administración y uso del dinero, entre cuyos objetivos estaba la reflexión sobre los conflictos originados a partir de la obtención ilegal y la promoción de formas alternativas al sistema imperante.[20] Los talleres incluían técnicas para reflexionar sobre a) productos de consumo más o menos prioritarios y también sobre la influencia que la publicidad tiene en las decisiones sobre el consumo en función de las figuras que propone; b) orígenes del dinero y consecuencias para la autonomía de las personas (clientelismo, asistencialismo); c) el ingreso y el gasto familiar.

Sin embargo, y más allá de estas preocupaciones en torno al consumismo que se manifestaban en la guía, en los dos años de trabajo de campo en una implementación del Comunidades Vulnerables, sólo se atendió al asunto del origen del dinero. Es decir, la preocupación estaba en las fuentes de obtención y no, mayormente, en el destino del recurso. Ante la pregunta específica, la operadora del Comunidades Vulnerables me contestó que al entregarles el plan, los jóvenes veían limitadas ciertas excusas para incumplir acuerdos, por ejemplo, ya no podrían aducir falta de dinero para ir a la escuela. En ese sentido, el dinero oficiaba más como limitador de excusas, que como una forma de instrucción sobre gastos legítimos e ilegítimos.

Ahora bien, aunque no se establecía en qué gastarlo, los programas sí clarificaban para qué se utilizaría la entrega del dinero en la dinámica de la intervención institucional.

“Resulta útil el otorgamiento de subsidios/becas como ayuda económica a los beneficiarios como estímulo para la asunción y el sostenimiento de compromisos acordados: capacitaciones en oficios, reinserción y/o permanencia escolar, atención de la salud y tratamiento de consumo problemático de sustancias psicoactivas, participación en emprendimientos productivos y/o sociales, etc.” (Canevassi y otros, 2010:7)

Del fragmento se desprende que los usos que se recomiendan, sin exigirse, comienzan a diluir esa primera ubicación meramente utilitarista del dinero. No es un dinero sólo destinado a pagar el boleto de colectivo para ir a la escuela, parece que también podría ser entendido como un estímulo para mantener acuerdos. El foco, empieza a correrse. El dinero deja de ser considerado, por los/as operadores/as, como un fin en sí mismo para asumir ciertos gastos básicos en un contexto de fuerte privación económica, para ser un mediador hacia otro tipo de relaciones. Aquel tímido estímulo que se mencionaba como justificación en el apartado anterior, parecía ocupar un lugar significativo en la dinámica. Se retoma este punto en breve.

Quienes sí marcaban el dinero para gastos eran las y los jóvenes. En ese sentido destinaban los planes para distintos fines, y además, podían hacer la distinción, que no interesaba explícitamente a los/as operadores/as, entre usos legítimos e ilegítimos del dinero. La mayoría de las y los jóvenes declaraban usar el dinero para pagar, a veces en cuotas, ropa o calzado para sí mismos/as o para familiares, y, en algunos pocos casos, equipos de música o teléfonos celulares. También, el dinero se destinaba a gastos del hogar -suministro de agua o energía eléctrica-, o a paseos.[21] Las mujeres que tenían hijos, que eran la mayoría, decían gastar en dinero en pañales, o ropa para ellos. Aunque como ya señalé, los programas no parecían preocupados por el destino de la plata de las TCI, el que las chicas la usaran para estos gastos demostraba que el recurso podía protegerlas del riesgo que las aquejaba a ellas, especialmente, que era el estar solas. Su dependencia económica de los varones, que las ponía en riesgo en la medida en que éstos estaban ausentes, podía ser neutralizada, en parte, mediante la TCI. Era frecuente que algunas mujeres, ya fueran beneficiarias o no, reclamaran el plan en función del cuidado de sus hijas o hijos, argumentando necesidad familiar, embarazo, o problemas de adicción cuyo tratamiento sería más fácil de abordar con la obtención de dinero extra (RC 54, RC 53, RC 50, RC 25, RC 42). Esta necesidad era legitimada por los programas, en función del modo en que anudaban a la feminidad y al riesgo en torno a la dependencia económica.

Cuando Zelizer (2011) expone las negociaciones entre trabajadores sociales y beneficiarios, documenta cómo eran los primeros quienes distinguían entre gastos legítimos y superficiales o inmorales. En el escenario de los programas sociales estudiados, paradójicamente, esta diferencia la hacían algunos jóvenes. Eran ellos quienes evidenciaban que, tal como puntualiza Zelizer,

“El dinero usado para intercambios instrumentales no está ‘libre’ de limitaciones sociales, sino que es otro tipo de moneda creada socialmente, sujeta a determinadas redes de relaciones sociales y a su propio conjunto de valores y normas.” (Zelizer, 2011:35)

Por un lado, ejemplificaban con su propio caso los gastos legítimos, como los señalados arriba, y señalaban como una virtud propia la capacidad de estirar la plata, o hacerla durar. Como contraparte, listaban los gastos incorrectos, o inmorales, o injustos, en los que incurrirían otros compañeros, que deliraban la plata:

“No hace falta que yo te lo explique, muchos chicos a la tarde no tienen nada porque se lo gastaron en droga, es así, y el que no lo gastó en droga lo gastó en el ciber o en boludeces. Está bien dar los $150, pero controlarlos un poquito o hacerle entender que hay que hacer algo, eso está bueno, pero es muy complicado por la mentalidad de cada uno.” (Humberto, beneficiario)

El testimonio no sólo evaluaba tipos de gastos, sino, tipos de beneficiarios legítimos, al insistir en agudizar los controles institucionales sobre los destinos del plan. Es interesante porque este tipo de evaluaciones sobre en qué gastar y en qué no, tienen una correspondencia a la hora de evaluar en qué circunstancias es legítimo robar, y a quiénes, y con qué métodos. Robar por necesidad es entendible y justificable, pero robar para tomar cerveza, o porque sí no lo es, como tampoco robarle a una anciana, o dentro del barrio. Esto devuelve una escena sobre los sentidos del dinero, usos y orígenes, que parece incluir, para los jóvenes, distintas valoraciones según de qué situaciones se trate.

De estas variables en torno al dinero, a los programas parecía importarles, principal y casi exclusivamente, el origen del mismo; de aquí que aunque esperasen que las TCI fueran usadas para gastos cotidianos más o menos relacionados con la viabilidad del proyecto de vida alternativo al delito, las/os jóvenes las empleaban a discreción.[22] Esta falta de atención de los/as operadores sobre los destinos del dinero no debería llevarnos a suponer que no hubiera otras circunstancias que sí les preocupaban. Se verá en seguida que el potencial instructivo del dinero no estaba en su uso -como antaño podía hacerse mediante la confección de presupuestos familiares- sino en lo que su entrega posibilitaba.

¿Quién merece el dinero? La configuración individual de la TCI

Se señaló más arriba que el dinero posibilitaba exigir el cumplimiento de los términos del contrato: cobraba el que se lo ganaba. En el modo de decidir quién cobra el dinero subyace que la asignación no responde tan sólo al cumplimiento de unos requisitos formales previos a la entrada en el programa. Es decir, en principio había que pertenecer a un perfil previsto, por ejemplo, tener antecedentes de prácticas delictivas. Sin embargo, la obtención del plan no sólo se conseguía al cumplimentar requisitos previos al comienzo de la participación, ni tampoco solamente al observar el contrato establecido y retomar la escolaridad. Había una dimensión más que cobraba peso que era la de manifestar una voluntad específica e individual de merecer la asistencia. En efecto, ya en el capítulo anterior se desarrolló cómo desde las ideas previas a la intervención, el acompañamiento si bien es una técnica general en estos programas, se particulariza según las necesidades y capacidades de cada chico. Esta evaluación particularista empezaba en la puerta de entrada a los programas y se materializaba en la negociación para obtener el plan.

Por ejemplo, si acaso ante la negativa a darles de alta en el plan, los o las jóvenes insistían y empezaban a participar aún habiendo recibido la negativa a cobrar, era posible que a las pocas semanas fueran dados de alta. El participar aún sin cobrar era una de las primeras marcas que el Programa valoraba positivamente. En esas asistencias, las y los jóvenes no sólo asistían sino que hacían saber a la agente sus intenciones de participar y de cambiar la situación por la que habían llegado. Un caso paradigmático fue el de Mariela, que no daba con el perfil más específico del programa -no tenía vínculos con el delito-. Sin embargo, era evidente que mientras solicitaba la inclusión en el Programa trataba de adaptar su perfil a medida que la operadora le describía las características del mismo. Al notar que no lograba convencerla sólo por el hecho de tener un hijo, le dijo que también se drogaba. Mariela estaba algo desconcertada porque otro beneficiario le había dicho que le darían el plan sin necesidad de tanta argumentación, y más directamente aún, si tenía un bebé. Pero en esa ocasión, el caso funcionó distinto. De cualquier forma, algo de lo argumentado sirvió, y a las pocas semanas, en las que Mariela demostró su interés asistiendo a las reuniones, logró el alta en el plan (RC 25). Aún cuando Mariela estaba aplicando la estrategia de adaptación discursiva que el Programa quería evitar -como se señaló más arriba-, su mecanismo dio resultados. Cuando las altas no se producían era porque los y las jóvenes no habían insistido, ni argumentado lo suficiente, no habían manifestado voluntad de cambiar y, por lo tanto, no se habían ganado el alta. En suma, no habían sido suficientemente activos/as.

Tal como se anticipó en el capítulo anterior, para lograr la permanencia en los programas, las y los jóvenes debían observar ciertas normas y compromisos. Los/as operadores/as esperarían que cumplan con dos acuerdos dentro del contrato de inserción. Uno específicamente individual, vinculado con el desarrollo del proyecto de vida que en general incluía una relación con el exterior del Programa (por ejemplo, ir a la escuela); y otro acuerdo que se cumpliría en el espacio grupal, referido a respetar normas de convivencia y participar de las actividades. En relación a ambos acuerdos los programas esperaban que los jóvenes se comportaran de manera responsable.

“El que cobra la beca es el que cumple las actividades, (…) ellos saben que en la medida que cumplen con la asistencia a la actividad cobran el plan y como es parte del acuerdo, lo asocian directamente con el cumplimiento del marco de trabajo y de las actividades planteadas como grupo.” (Operadora, programa Comunidades Vulnerables)

Según como es planteado el escenario, los términos están claros, y el Programa cuenta con que las y los jóvenes actúan racionalmente e informados de las condiciones del acuerdo, y que si las incumplen se verán interpelados a dar explicaciones. Sin embargo, lo que no parece tan claro es que los cumplimientos de estas cuestiones básicas son evaluados caso a caso, y deberá entrar a jugar la habilidad de cada joven para dar en la tecla de lo que en cada situación se espera. Las operadoras del Envión explicaban así el modo de decidir si a un beneficiario se le discontinuaba la TCI o no:

“Uno lo va evaluando en función del proceso de ese pibe… Porque por ahí es un pibe que al principio estuvo súper implicado, venía y sostenía el espacio, y después se enganchó en una changa y se desenganchó un poco en ese tiempo, estuvo trabajando y después volvió. Entonces, vos vas viendo el proceso del pibe … Si es alguien que no viene, que nunca se implicó, vino tres veces y no vino más, bueno, son pibes que ya vienen haciendo… probás un par de estrategias y después ya evaluamos la continuidad o no. Siempre es caso a caso.” (Operadora – programa Envión)

En el capítulo anterior se analizó que el contrato funciona más como una formalidad de principios que como una herramienta práctica de formas regulares. El fragmento da cuenta de una suerte de historia clínica de la persona en cuestión que puede aportar información sobre el proceso de transformación; según cómo sea éste, se puede definir que alguien que en realidad no está cumpliendo la formalidad del contrato, igual puede acceder al beneficio.

También en el Comunidades Vulnerables se percibía cierta discrecionalidad, no sólo al admitir beneficiarios/as, sino al mantenerlos/as bajo programa aún cuando parecía que todos los acuerdos se habían incumplido. En uno de los encuentros observados (RC 32), la operadora había estado fuera de la sala con un beneficiario que estaba por ser dado de baja por sus reiteradas faltas e incluso por seguir estando involucrado en prácticas delictivas. Al cabo de algunos minutos, la operadora volvió al encuentro grupal, explicó a los/as beneficiarios que Pablo volvería a entrar (a la sala y al Programa) y dio la siguiente razón sobre la vuelta: nos interesa trabajar con él porque lo queremos. Pablo incumplía todos los requisitos del beneficiario ideal, pero de alguna manera, en la charla privada, se había evaluado que él merecía seguir. Lazos previos con las familias del/la interesado/a en ser admitido/a, anteriores participaciones, diversos vínculos con el delito, el trabajo, el consumo de drogas, o la maternidad o paternidad, o niveles de escolaridad, o pertenencia a familias externas al barrio o mejor posicionadas socialmente que otras, podían generar admisiones o rechazos de forma aleatoria. Del mismo modo, se toleraban prolongadas ausencias de algunos/as beneficiarios/as por razones que en otros casos ameritaban las bajas. Parecía nítidamente ilustrado, lo borroso de los criterios de admisión y permanencia, y también, una suerte de tensión provocada al premiar situaciones que, frente al conjunto de beneficiarios, parecían estimular algunos comportamientos que, paradójicamente, el Programa querría desterrar.

También caso a caso los programas analizados solían quitar los beneficios luego de varias apelaciones infructuosas a las y los jóvenes para que se comportaran del modo esperado.[23] Las operadoras del Envión narraron así un proceso típico hacia la baja del programa. Sucedía cuando, por ejemplo, algún/a beneficiario/a conseguía un trabajo y dejaba de ir a las actividades:

“Si la changa la sostiene cuatro meses, bueno, claramente dejó de ser changa y el vínculo del programa no va a ser ir al cajero y cobrar la plata, sino tratar de llegar a un acuerdo, (y les decimos) ‘bueno, listo, consensuemos que ya no estás cumpliendo nada del programa y le damos la oportunidad a otro compañero, si no venís más a los encuentros, si te dijimos que si los sábados podías venir, hay tres actividades para hacer los sábados, no te gusta ninguna, no podés sumarte, estás cansada, por lo que fuera…’, a veces por voluntad o sin voluntad, depende, tenga ganas o no tenga ganas, la chica o el chico, no se sostiene.” (Operadora – programa Envión)

En este caso se observa que además de la petición sobre un comportamiento responsable, hay una apelación a la honestidad moral con el programa, que recuerda la tradicional sospecha que pesa sobre la población beneficiaria, de ser abusadora de la ayuda estatal. No obstante, lo cierto es que los datos de esta investigación no encuentran indicios de sospechas de abuso de forma reiterada; de hecho, más vale, los programas insisten en que mantienen los beneficios aún frente a incumplimientos de los términos del contrato, pues comprenden las situaciones de vulnerabilidad social y económica de sus beneficiarios.

Ahora bien, hasta aquí se muestra evidencia de que los programas reconocen situaciones de vulnerabilidad socio económica que, de modos particulares, afectan a varones y mujeres y los/as acercan a actividades delictivas. A la chicas en virtud de su dependencia económica, y la ausencia de varones proveedores, y a los varones, en función de la necesidad de autonomía económica a la que los guiaría su patrón de sociabilidad de género. Los programas justificarían, en estos reconocimientos, la entrega de dinero en efectivo. También se advirtió que el uso que los y las beneficiarios/as le daban a esos ingresos no era objeto de mayor atención por parte de los/as operadores/as, y finalmente, que la entrega de TCI tampoco se relacionaba necesariamente con las dimensiones más formales del cumplimiento del contrato, por ejemplo, no robar.

¿Cuál era la potencia de la entrega de efectivo si no era ni directamente descartar el delito como forma de obtención de dinero, ni instruir sobre gastos necesarios o superfluos, ni siquiera exigir realmente la presencia sostenida de las personas en espacios institucionales? ¿Qué significaba la TCI?

El potencial instructivo de las TCI

Con inspiración en el trabajo de Viviana Zelizer puede proponerse que, mientras antaño la entrega de dinero tenía como finalidad enseñar a los pobres a gastarlo en forma correcta, los programas para jóvenes lo usan para enseñarles cómo ganarlo. Y lo amplificador de la tarea es que no sólo se busca trasmitir un oficio legal como contracara de uno ilegal, sino todo un conjunto de valores asociados a la generación de ingresos que incluyen revisiones biográficas, evaluaciones de condiciones presentes, concepciones de temporalidad, disposiciones personales asociadas al esfuerzo y la inversión, ajustes de los deseos en función de las posibilidades individuales, etc. Sobre este conjunto de cuestiones se ahonda en el próximo capítulo. Aquí interesa subrayar que el valor que la TCI tiene para estos programas radica en su potencial educativo, en la posibilidad de instrucción que su existencia habilita. El dinero, más que representar la plata en sí, podría ser un modo de generar competencias que rehabilitaran a los beneficiarios/as de sus comportamientos errados -ya fueran sobre la forma de gastar o de ganar el dinero (Zelizer, 2011:198). En este sentido se trataría de subsidios terapéuticos de dinero que servirían para apuntalar constructivamente las fuerza del yo. En palabras de Zelizer, “los trabajadores sociales no sólo tenían acceso al bolsillo de los pobres, sino también, a sus psiques” (2011:210).

En los casos de los programas estudiados, la TCI resultaba una forma de atraer y luego mantener interpelados a jóvenes para trasmitirles valores asociados a la cultura del trabajo. Así comenzaba su tarea de acompañarnos en la gestación del proyecto de vida, que, como se señaló, se estructuraba en torno al trabajo legal. Los programas asumían la misión de trasmitirles la conveniencia de optar por dicho proyecto y descartar el vinculado al delito. Ésto suponía problematizar la cuestión del trabajo y el desempleo, y encontrar sus causas y sus posibilidades; la gran mayoría de las veces en que se tematizaba la cuestión del trabajo se hacía desde una perspectiva que observaba las capacidades de empleabilidad de los sujetos y sus esfuerzos propios, e invisibilizaba, en la mayoría de las oportunidades, las condiciones del contexto.[24] Como ejemplo concreto -más allá de lo que se indicara en el diseño del Programa-, el resumen de actividades del año 2008, sobre el eje de trabajo en la implementación estudiada listaba: armado de CV; entrega de CV impresos y fotocopias para la búsqueda de trabajo; lectura de revistas con oportunidades laborales y selección de información de utilidad, difusión sobre cursos y actividades en centros de formación profesional con salida laboral dictados en la zona; armado de cartelera laboral; establecimiento de contactos con astillero zonal para la realización de curso de formación y posible inclusión laboral. Otro modo de tratar la cuestión del trabajo era, en las reuniones y oralmente, revisar la situación de cada beneficiarios/as: en qué situación estaban (desocupados, empleados parcialmente en trabajos informales) y qué necesitaban para buscar trabajo.

En una de las actividades del eje, se buscó construir el perfil laboral de cada joven. Para eso se proponía rescatar las capacidades y características positivas, y sistematizar la experiencia laboral. Independientemente de si cada perfil se ajustaba más o menos a la realidad de cada uno/a de los/as jóvenes, y en qué medida no siguieron ciertas pautas orientadoras desde la coordinación de la actividad, interesa resaltar que en las 23 respuestas, dentro de las características de la personalidad estaban presentes adjetivos referidos a la responsabilidad (en 15 respuestas), amabilidad (en 17), y paciencia (en 9).

Actividad Perfil laboral, realizada el 10/10/2007, por 23 beneficiarios/as (se consignan sólo 6 casos)

Sexo

Capacidades

Características de la personalidad

Experiencia

V

Para hacer deportes, para dibujar, para hacer carpintería manual.

Amable, paciente, obediente, responsable, higiénico, sincero, perseverante.

Albañil, carga y descarga, limpieza y embalaje.

M

Para cocinar y como ayudante. Atender personas grandes y enfermas.

Responsable, amable, tolerancia y vestimenta.

Lavacopas, ayudante de cocina, delivery, ama de casa, niñera en hospital público, oficina.

V

Limpiar, estudiar, matemática y mecánica.

Amable, tímido, tranquilo, vergonzoso.

Mecánica, mantenimiento de edificios, electricidad.

M

De niñera, cocina, y manualidades.

Buena presencia, el humor, ser honesta, responsable.

Operaria jabonera, casa de familias, cuidado de chicos, bachera.

V

Organización, práctico, dinámico.

Amable, respetuoso, cumplidor, dispuesto, bueno, impaciente.

Colocador de cerámica, carga y descarga, ayudante de albañil, pintura.

V

Trabajo manual, voluntarioso.

Humilde, puntual, responsable, no le gustan trabajos grupales, detallista, paciente.

Limpieza, hacer manualmente barcos dentro de botellas.

V: varón / M: mujer

El trabajo de campo permitió observar cómo los y las jóvenes tenían que ser auxiliados por los/as operadores/as para completar estas fichas de capacidades, así como los CV. Muchos de los jóvenes no sabían escribir bien, no conocían con precisión los datos sobre sus experiencias laborales o de formación, dudaban por ejemplo, si habían terminado 5° o 6° grado, o si aún habiéndolo hecho tenían o no el certificado, ni podían ofrecer un número de teléfono para ser contactados. La frecuente actividad de confeccionar currículum vitae de los jóvenes, típica del eje laboral de estos programas, posiblemente tuviera menos expectativas de oficiar como una verdadera presentación a un posible empleador, que como la puesta en práctica de una retórica de activación individual vinculada al mundo de los ingresos legales que requiere, como primera tarea, sistematizar las capacidades propias.

La importancia dada al rol instructivo del dinero podría justificar que el monto de la TCI no se hubiera aumentado nunca aún cuando la moneda se hubiera devaluado, pues, en rigor, el dinero tenía que alcanzar para interpelar a los jóvenes y no para pagar un bien o reemplazar dinero de otros orígenes. ¿Cuál sería el mínimo de dinero indispensable para lograr interpelar a los jóvenes para que recibieran la instrucción sobre cómo ganarlo? ¿sería una cuestión del monto del dinero lo que hacía tentadora la oferta de los programas?

El valor de la TCI: entre la zanahoria transitoria y la regularidad de la tercera plata

A esta altura del argumento parece una obviedad que “no existe un dinero único, uniforme y generalizado, sino múltiples clases de dinero: la gente marca diferentes monedas para muchas o quizás para todo tipo de interacciones sociales” (Zelizer, 2011:35).

La configuración instructiva que se revelaba al ahondar en los usos y sentidos del dinero, manifestaba su valor como transitorio. Es decir, los programas creían que la eficacia de la TCI estaba en oficiar como un medio para gestar el pasaje de una lógica de provisión a otra. La TCI, más que reemplazar un dinero por otro -el ilegal del delito compensado por el legal de la TCI- era el medio que habilitaba el proceso de trasformación moral. Este proceso, sin embargo, no era inmediato ni sólo dependiente de la instrucción de hicieran los programas. De allí que no fuera determinante para la entrega de la TCI que los jóvenes dejaran de tener prácticas delictivas. Se confiaba en que la instrucción colaboraría en esa rehabilitación.

     – ¿Crees que los planes impiden la comisión de los delitos?

– No…no por lo que hablamos antes, porque lo económico no modifica, tampoco son pibes que por esos 150… el que quiere seguir robando sigue robando, entonces la elección de dejar de robar tiene que ver con otra cosa, con un clic, y con el pensar…(Operadora – programa Comunidades Vulnerables)

Con ese click, con el pensar, era con lo que la TCI estaba comprometida: su función era permitir el espacio de la instrucción sobre cómo ganar dinero legalmente y, por añadidura, incorporar una serie de valores legítimos para la vida en general. Cuando ese proceso se completara, las TCI y el programa en sí, ya no tendrían justificación, se habrá terminado la transición desde la juventud a la adultez.

Lo interesante es que, al analizar el sentido del dinero desde una perspectiva teórico metodológica interaccionista como la que se sigue en esta tesis, la historia no tiene sólo las marcas del dominador, o, en otras palabras, siguiendo las palabras foucaultianas, donde hay poder, hay resistencias (Watson, 2000:67). Cuando se indagó en el valor de las TCI para los y las jóvenes, el escenario se planteó de un modo radicalmente distinto, e inclusive opuesto. Del mismo modo que comprobó Zelizer en su investigación, más allá de que los trabajadores quisieran “atarles las manos del gasto a los pobres”, éstos marcaban el dinero público atendiendo complementariamente a las instrucciones pero también a sus intereses.

En los programas estudiados, la escena mostró que, mientras para los/as operadores/as las TCI eran transitorias, entregadas mientras duraba la instrucción, para los/as beneficiarios/as, eran el dinero regular en un contexto en el que otras formas de provisión eran transitorias, como los trabajos precarios, o los inciertos botines del delito. Para el caso de una implementación como la estudiada, que para cuando se hizo el trabajo de campo llevaba 6 años de ininterrumpido funcionamiento en el barrio, lejos de una transitoriedad, los planes eran una fuente de ingresos estable. Los y las jóvenes podían dejar de ser beneficiarios/as un tiempo, y volver a cabo de meses o años, y lo transitorio de los planes, aparecía para ellos como lo más estable del entorno.

Resultaba curioso -al menos para quien observa la situación desde otra posición de clase- que las y los jóvenes aceptaran las condiciones, requisitos, evaluaciones y controles sobre sus modos de vida por sólo $150 al mes (que parecen un monto pequeño si de lo que se trata es, por poner un ejemplo, de comprar zapatillas que cuestan cerca de $400). Sin embargo, esta aceptación tenía una explicación que pudo ser advertida luego de varios meses de trabajo de campo y conocimiento de las situaciones de los y las beneficiarios/as. En los contextos de incertidumbre en los que ellos y ellas viven -que pueden implicar inicios o fines abruptos de trabajos precarios y de corta duración, detenciones, mudanzas de barrios, problemas de salud que les impiden mantener otras fuentes de ingresos, embarazos no previstos, etc.- la constancia de un pago mensual, aunque fuera de tan poco dinero, era un dato seguro. Con esa seguridad podían planificar, por ejemplo, pagar en cuotas un electrodoméstico en un negocio, o saldar deudas con familiares, o prever que ante el inicio de clases podrían comprar indumentaria o calzado para sus hijos/as, o cancelar la cuenta corriente del almacén. El resto de los ingresos, legales e ilegales, podían estar o no, pero en cierto momento del mes, en la cuenta del banco se acreditaban los $150. Lo más valorado de ese dinero, era su estabilidad: como insistía una beneficiaria, Valeria, lo importante era que se puede contar con él todos los meses.

Ésta constituye una muestra más de que cuando “las sumas ganadas pueden compararse, diferentes sistemas de pago no representan formas equivalentes de ingresos (…) las formas y la cantidad del pago, además, a menudo tienen un valor simbólico significativo” (Zelizer, 2011:45). La forma mensual, en un contexto de incertidumbre e inestabilidad, incrementaba el valor.

A su vez, el dinero del plan era considerado distinto del proveniente del trabajo. El plan era una solución, válida, pero de segunda clase. Por eso los y las jóvenes aclaraban que lo importante era mantener el plan hasta que consiga un trabajo (RC 48, RC 49). Máximo, reconstruyó en una entrevista su primera vinculación con el Programa: se acercó porque estaba sin trabajo, tenía novia y necesitaba el plan. Jerarquizando las fuentes de ingresos del mismo modo, explicó alguno de sus períodos de inasistencias: cada tanto vengo al plan, pero cuando me sale un trabajo no puedo. Ante inasistencias o retiros anticipados de las actividades en los horarios de los encuentros, la explicación en torno a que salió un trabajo era muy frecuente. Estas eran explicaciones dignas para la falta, que inclusive se esgrimían con orgullo. Horacio argumentaba una tarde, como tantas otras, que no podría quedarse en la actividad porque estaba cuidando unos coches y, como prueba, mostraba la franela (RC 58). Humberto había dejado de participar hacia fines de 2008 porque había empezado a hacer una formación en un astillero que luego podría contratarlo, pero como el ingreso no era seguro, preventivamente, se lo mantuvo incluido en el Programa; cuando finalmente la contratación no sucedió, volvió. Mauricio se acercó antes del inicio de la actividad para avisar que no iba a poder ir al curso de carpintería en el que se había anotado porque le había salido una changa (RC 13), y Orlando, ante un encuentro en la calle del barrio con la operadora le insistía en que había faltado porque estaba trabajando, que volvería cuando se terminara la tarea que lo tenía transitoriamente ocupado (RC 17).

Operadoras/es y jóvenes parecían convenir en que trabajar, aún si fuera informalmente, era mejor que estar en el Programa; pero los beneficiarios/as no coincidían tanto en que el paso por el Programa significara una suerte de transición hacia otro estadío. El Programa era como un seguro, que dadas las precarias características de sus empleos, se mantenía vigente apuntalando las fuentes disponibles de ingresos.

En su caracterización del delito amateur, Kessler observó que los jóvenes que cometían delitos habrían realizado un pasaje desde la lógica del trabajador, a la del proveedor (Kessler, 2004: 41). La diferencia de las lógicas radicaría en la fuente de legitimidad de los recursos obtenidos: en la del trabajador la legitimidad residiría en el origen del dinero recibido, fruto de trabajo honesto y estable; por el contrario, en la del proveedor, la legitimidad radicaría en la utilización para satisfacer necesidades: cualquier recurso, sin importar su origen, es legítimo si permite cubrir una necesidad. Si lo que los programas querían era instruirlos en cómo ganar dinero legalmente, de alguna manera estaban queriendo privilegiar la vuelta a la lógica del trabajador.

Lo que se encontró en el modo de actuar de los y las jóvenes fue una combinación entre la lógica del cazador propuesta por Denis Merklen (2005) y la de las dos platas de Gabriel Kessler (2004), que se reconfiguraría en una lógica de tres platas. Entre las fuentes disponibles y legítimas que estos jóvenes reconocían, además de los trabajos legales más o menos informales y el delito, se encontraba el dinero proveniente de los planes sociales de la asistencia pública.

Posiblemente a este escenario se refería Horacio cuando, con naturalidad y aparentemente investido de legitimidad, declaró yo robo, cartoneo y cobro el plan. Para él había que obtener, cuando se podía, recursos de todas las fuentes posibles que hubiera en ese momento. Esto no significaba que las fuentes de recursos fueran para ellos iguales, ni tuvieran la misma jerarquía, ni produjeran los mismos resultados. El delito, el trabajo legal -cualquiera fuera su nivel de in/formalidad, y los planes, suponían para ellos requisitos, posiciones y actitudes distintas y además representaban distinta calidad, cantidad, y frecuencia de recursos materiales y simbólicos. Pero se combinaban mucho más de lo que se excluían. Del mismo modo que lo aseguraban las y los operadores/as, las y los jóvenes tampoco creían que la obtención de dinero a través de la TCI fuera una razón suficiente para dejar de robar. Pero tampoco lo era, necesariamente, para transitar ninguna transformación en sus lógicas de provisión de recursos.

Es decir, si bien los y las jóvenes se daban por informados de la misión instructiva del Programa en torno a la difusión de la cultura del trabajo, y de hecho se prestaban a ella, el acceder a la TCI no tenía para ellos/as un significado segundo más que conseguir un monto de dinero seguro todos los meses. Aceptar las condiciones para acceder al beneficio no se traducía necesariamente en ninguna transformación moral de las que el Programa esperaba. Ellos y ellas no modificaban sus fuentes de obtención de recursos, y ni siquiera verdaderamente los acuerdos de escolarización o búsqueda de trabajo. Quedaba claro que el plan era una ayuda más, entre otros recursos disponibles, para vivir el día a día.

(Si sacan el plan) “me daría bronca, yo qué sé, porque cuento con esa plata, hasta que busque un trabajo, pero bueno si llego a conseguir un trabajo así en blanco, que se lo den a otra persona que lo necesite.” (Valeria, beneficiaria)

La mayoría de los y las jóvenes del Comunidades Vulnerables acordaba en que sin el plan el Programa no tendría beneficiarios/as, aunque, como se verá en el próximo capítulo, eso no significara que lo único valorado fuera la TCI. Así las cosas, el valor de las TCI para los jóvenes estaba en su regularidad frente a otras fuentes de ingresos -tanto legales como ilegales pero siempre inestables-, regularidad que les permitía planificar algunos gastos, o afrontar pagos periódicos, como las cuotas o los servicios.

Garantizar que ese dinero estable estuviera disponible todos los meses requería algunas acciones de parte de los y las jóvenes. El tipo de acciones que desplegaban para garantizarlo se relacionaba con el tipo de pago que ellos y ellas consideraban que eran las TCI. En este sentido se tornaba aún más evidente la entidad social del dinero, es decir, su capacidad para representar relaciones sociales.

La razón de los pagos

Desde la mirada de los y las jóvenes se podía distinguir por qué creían que recibían ese dinero, y, en consecuencia, cómo actuaban en función de la relación social que ese tipo de pago establecía. Viviana Zelizer (1996) argumenta que los pagos monetarios pueden ser organizados como compensación (intercambio directo), como derecho (el derecho a una participación), o como regalo (el otorgamiento voluntario de una persona a otra). La autora señala también que estos diferentes tipos de pagos generan distinto tipo de relaciones sociales, y, en ocasiones, también distintos marcados del dinero (Zelizer, 2011). Los tipos de pagos que se pueden distinguir no son excluyentes uno de los otros, más vale, suelen coexistir distintas impresiones y se acomodan los tipos a las acciones que se ponen en juego para garantizarlos.

Un forma de entender la TCI es como el pago por un derecho. Este sentido podía reconocerse cuando los jóvenes reclamaban que, ante la ausencia de fuentes de trabajo, el Estado, encarnado localmente en la operadora, debía darles un plan. La apelación al derecho viraba hacia un argumento coercitivo de parte de los jóvenes cuando, ante la negativa de otorgamiento del plan, en un contexto de falta de trabajo los jóvenes advertían que nos les quedaría otra opción que salir a robar.

Sin embargo, las transferencias eran más vale asumidas como un pago por una compensación o un regalo, especialmente vinculado a la benevolencia de la operadora. Principalmente, consideraban a las TCI como una compensación por asistir a las reuniones. Invocando esta forma, aquellos/as que iban a las actividades teniendo la expectativa de ser dados de alta, insistían en su merecimiento al cumplir con la contraprestación. De mismo modo, reclamaban como injusticia, el hecho de que algunos que no asistían al Programa, cobrasen.

Finalmente, hay una tercera forma de combina el pago por una compensación con una forma cercana a la del regalo, que toma el nombre de ayuda. En estos casos ellos y ellas consideraban que si bien se les pagaba por cumplir con la asistencia a las reuniones, el dinero era un tipo de ayuda relacionado con la contemplación benevolente de una situación de privación, especialmente económica, que era reconocida por la operadora.

“Eso, para mí es una ayuda porque me sirve y está bueno porque aprendés, pero no es un trabajo, te da la posibilidad de venir y decir, ‘hoy no puedo venir porque tengo que desagotar el baño’, y vos vas a un trabajo y decís no puedo venir porque tengo que desagotar el baño y es falta, (la diferencia es que) me tienen comprensión digo yo…porque te comprenden las coordinadoras.” (Bibiana, beneficiaria)

Lo que Bibiana señalaba era ese carácter flexible del contrato que podía mantener a flote el beneficio aún cuando no se cumpliera la asistencia, mientras se asumiera el compromiso mediante el aviso de imposibilidad. En el siguiente capítulo se ahonda en esta rendición de cuentas que los y las jóvenes despliegan en forma permanente. Aquí quiere señalarse la condición particularista de la asistencia, no sólo por parte de los agentes hacia la evaluación caso a caso de los beneficiarios/as. También, los y las jóvenes entienden que no sólo se trata de sus propios comportamientos, sino de la suerte que tengan según los coordinadores que les toquen. Así las cosas se configura una forma de asistencia doblemente particularista que se compone del ánimo más o menos comprensivo de los/as operadores/as que evalúan las acciones de cada sujeto en su individualidad.

El subsidio terapéutico como protección de riesgos

El capítulo se guió con la pregunta ¿de qué riesgos protegerían las TCI a las y los jóvenes? Ya se había analizado, en el anterior, que uno de los principales riesgos que aquejaban a los y las jóvenes, y al que habría que atender para prevenir el delito era la carencia de un proyecto de vida. Los/as jóvenes no podrían gestarlo por sí solos/as por estar afectados/as tanto por riesgos mixtos, dentro de los cuales estaba la privación socio económica y la carencia de buenas influencias familiares y comunitarias, como por los esenciales. Para las chicas, los riesgos esenciales se vinculaban con su condición de dependencia económica de unos varones ausentes que las habían dejado solas, y para los varones, su riesgo esencial era fruto de sus reglas de sociabilidad, que les exigían cierta autonomía económica que podía llevarlos a conseguir ingresos de distintas formas, no todas legales ni legítimas. Estos riesgos eran los que los programas podrían gestionar, ofreciéndoles un acompañamiento que supliera esas indeseables o deficitarias referencias del entorno y que les permitiera activarse y armar el proyecto de vida.

Para poder iniciar este acompañamiento primero habría que lograr que ellos/as se prestaran a tal gestión. Habida cuenta de que los programas reconocían la necesidad económica, la entrega de la TCI podía ser un estímulo para convocarlos/as. Además, mientras, ejercía una primera protección contra riesgos. Especialmente a las chicas, las protegía de los riesgos devenidos de su dependencia económica, al ocupar, mediante la TCI, cierto lugar de provisión que los varones ausentes no estarían cubriendo. A los varones, les ofrecía un dinero mediante el cuál reforzar su autonomía económica, desde una opción legal, protegiéndolos de la necesidad de hacerlo mediante el delito. Sin embargo, los programas estaban interesados en proteger a los y las jóvenes de otro tipo de riesgo, que era, fundamentalmente, la falta de un entorno adecuado en el seno del cual poder diseñar ese proyecto de vida alternativo al delito. Ese proyecto tenía como horizonte general la inserción laboral. Y aunque los programas en sí no pudieran garantizarla sí creían tener la misión de insertar a los jóvenes en la cultura del trabajo a la que sus entornos no los habrían conducido. Aprovechando el interés que los y las jóvenes manifestaban por las TCI, los programas les exigían prestarse a la instrucción sobre cómo ganar dinero, que sería, ganarlo de manera legal. Y en esa exigencia los invitaban a merecer, con esfuerzo, el dinero de la transferencia, como una forma de activarse y de encarar su propia rehabilitación. Las TCI funcionaban como un subsidio terapéutico en el cual el valor del dinero en sí quedaba en segundo plano. Mientras los y las jóvenes estuvieran interesados/as en obtener el dinero, cumplirían ciertos acuerdos que los mantendrían incluidos institucionalmente y bajo el proceso de instrucción. Pero los acuerdos que había que mantener no serían los que anticipaba la nota periodística de 2004 sobre el Programa: “Si dejan de robar, les ofrecen un subsidio de 150 pesos. Deben trabajar y terminar la escuela”. Sorprendentemente, para un programa de prevención del delito, el cumplimiento del acuerdo no requería inmediatamente dejar de robar, y trabajar o ir a la escuela. Se confiaba en que el espacio habilitado mediante la TCI permitiera que la perseverancia de la instrucción hiciera mutar, lentamente, aquellos criterios de acción existentes pero equivocados -como el delito-, en favor de los legítimos -como el trabajo legal. La creencia en los resultados de la instrucción, leída en la clave planteada por Zelizer, recuerda algo de las lógicas welfaristas centradas en la rehabilitación. La particularidad de la instrucción era que, aunque se hiciera en un espacio y apelación grupal, se configuraba de manera particularista. Y en esa línea, cada caso debía ganarse el plan, construyendo las razones de su merecimiento, tanto en la etapa de entrada al programa, como en su mantenimiento.

En ese tránsito hacia la rehabilitación, los programas no registraban como un problema la coexistencia de distintos usos del dinero de la asistencia, como así tampoco valoraciones opuestas sobre su existencia. Lo verdaderamente importante parecía ser el acuerdo en torno a que para acceder al beneficio era preciso prestarse al acompañamiento de parte de los y las operadores/as que se disponían a instruir a los y las beneficiarias en los modos legítimos de ganar dinero, y por extensión, a gestar una transformación moral que permitiera la generación de un proyecto de vida legítimo. Por eso, en estos contextos se sucedían sin mayor represión, sentidos alternos a los institucionales sobre el dinero recibido en compensación a esa prestación al acompañamiento.

El trabajo de campo permitió ver todo este proceso desde la mirada de los y las jóvenes. Si los programas le asignaban a estos dineros un sentido, especialmente en una estrategia de protección de riesgos, ellos y ellas también lo hacían, independientemente de las interpretaciones institucionales que circularan al respecto. Para los y las jóvenes ese dinero era esencialmente una ayuda para sus gastos cotidianos que se recibía todos los meses si cumplían con la asistencia. El recibir esta ayuda no suponía para ellos un compromiso con cierta transformación futura, tal como esperarían los programas, ni una reevaluación de las jerarquías de los ingresos obtenidos de distintas fuentes como el trabajo, el delito o la asistencia social. Las TCI no se incorporaban a sus vida cotidianas representando el inicio de un pasaje desde la lógica del proveedor, a la del trabajador. Lo que se inauguraba, eventualmente, era un régimen de tres platas, donde el valor de la TCI era su regularidad. A diferencia del carácter transitorio que los planes podían tener para los programas, para los jóvenes eran un recurso estable, regular y seguro con el que todos los meses se podía contar si se habían cumplido ciertos acciones mínimas. Las TCI eran tanto para los varones como para las chicas una forma de protegerse, al menos un poco, de la incertidumbre que rodeaba permanentemente su fuentes de ingresos.

Si además de este análisis sobre los sentidos sociales del dinero, se pusiera el foco en los aspectos que tradicionalmente se miran al estudiar programas con TCI, podría señalarse que la entrega del dinero en estos programas, tal como estaba prevista, no podría ser confundida con mero asistencialismo -confusión que se esforzaban en clarificar operadores/as y funcionarios- porque desde sus fundamentos los programas creerían que no habría intervención posible sin un compromiso de activación de parte de las y los jóvenes, tal como se establecía en el contrato. Y ese compromiso de activación, en torno al proyecto de vida, podría emparentarse con aquellas misiones de programas con transferencias de ingresos orientados por los principios de la inversión en capital humano, especialmente de las nuevas generaciones, y el enfoque de las capacidades. Sin embargo, no cumpliría fielmente dichos principios en la medida en que sus logros no se medirían en función de la inserción escolar o laboral sino de un proceso de transformación subjetivo e individual vinculado más que nada con los principios de activación y responsabilización en la gestión de los propios riesgos. Lo que parecía dominar el escenario en los programas analizados es que las TCI oficiaban, como otros estudios ya señalaron para casos similares, como un componente que garantizaba una primera ligazón con la inclusión (LLobet y Minujin, 2011), protegiéndolos de la desconexión institucional (al menos de programas sociales) que era señalada como un factor de riesgo fruto de un entorno comunitario y familiar deficitario o negativo. Así, la TCI se convertía en el eslabón inicial en la cadena de interpelación, un canal hacia la promesa de la inclusión, especialmente en un contexto complejo descripto como de privación material y simbólica, en lazo con frecuente desinterés juvenil hacia la gestación de un proyecto de vida.

Cuando el dinero de la TCI, entendida como una zanahoria, seducía a el/la beneficiario/a, el Programa podría iniciar la trasmisión de valores legítimos, especialmente en torno a la cultura del trabajo, donde se condensarían ideas sobre el esfuerzo, la responsabilidad y la proyección. A fin de cuentas, las TCI evitarían la exclusión institucional para fortalecer cierto mundo compartido de valores morales asociados a un modo de transitar la adolescencia hacia la adultez. Así, la desconexión institucional no sería el único riesgo del que las TCI protegerían a los y las jóvenes. Lo que más interesaba a los programas, es que mediante la TCI se habilitara un espacio de instrucción.

El horizonte de la inclusión social, que preocupaba más a programas que a jóvenes, seguía alejado, pero menos debido a la existencia de las TCI. Aunque los programas no pudieran reparar la exclusión de la escuela o del trabajo, repararían algo de la carencia con la incorporación de los jóvenes en sus dispositivos. Aunque en una versión de segunda clase (LLobet y Minujin, 2011) los programas protegerían a los jóvenes de los riesgos de la desconexión, colocándose como una sala de espera para la inclusión plena; o en otras palabras, los tratarían de proteger de conexiones con lógicas de acción no legítimas.

En síntesis, las TCI garantizaban el lazo institucional para la trasmisión de valores aunque no representaban para los/as beneficiarios/as ni más ni menos que una ayuda estable que complementaba otras fuentes de ingresos inestables. Las condicionalidades -individuales- que regulaban el acceso al beneficio no lograban subvertir la dimensión temporal que organizaba tácitamente la asistencia; los programas consideraban a las TCI como un medio para un fin, y las y los jóvenes como un fin que se consumía en el presente.

Finalmente, la dinámica en el uso de las TCI en estos programas, y en su uso extendido, dan otra pista sobre la cuestión de la dependencia que tensa los debates en torno a la asistencia estatal. Las críticas a la asistencia welfarista sobre que la ayuda estatal generaba vagos dependientes, no pudieron ser esquivadas por las nuevas dinámicas de asistencia con expresas contraprestaciones. Las políticas no lograron, según la crítica, la real activación de las personas hacia una modalidad de subsistencia que no descansara en las dádivas de la ayuda pública. Continuaron las desaprobaciones hacia las políticas y hacia los y las beneficiarios que persistían en estar bajo el ala protectiva del Estado. Sin embargo, en los programas analizados, lo que no deja de advertirse es un férreo interés en interpelar a los sujetos y lograr que se presten a la supervisión y la guía estatal.

“Cuando tenemos que darlos de baja de la beca porque no están viniendo, eso se traslada en una pérdida porque tras que los veías poco, les dejás de dar una referencia porque ya no los ves en el día a día.” (Operadora – programa Envión)

El uso del dinero en estas formas de regulación, ratificaban el poco interés de operadores/as y funcionarios/as en devolver a los y las jóvenes a la batalla individual por la supervivencia.

Para finalizar, habría que volver a la imagen del robo, cartoneo y cobro del plan, e indagar nuevamente sobre lo ¿extraño? del funcionamiento del contrato de inserción y la exigencia de responsabilidad individual en un programa de prevención del delito. ¿En qué medida más que un funcionamiento extraño se trataría de uno estratégico para alcanzar un objetivo previsto de inclusión institucional instructiva? La existencia de sentidos alternos e incluso contestados sobre el dinero de parte de los jóvenes ¿correspondería a un fracaso en la opción por la entrega de las TCI, o a un mal funcionamiento? La falta de controversias en el Programa sobre los sentidos variados del dinero, su entrega, su uso, sus contraprestaciones, estarían habilitando la posibilidad de que los programas efectivamente usaran al dinero entregado para unos fines principales que requieren tolerar desvíos de la lógica de las TCI, que para algunas evaluaciones tradicionales de políticas públicas aparecerían como condenables. Esta dinámica de utilización de las TCI por parte de los programas, aún cuando se trata de unos de prevención del delito, abonaría a un modelo de tolerancia que no es benevolente en sí mismo, sino que colabora con un modo de gobernar específico, en el que se ahonda en el próximo capítulo. En este sentido, la explicación del monto relativo tan bajo del subsidio estaría dada por el equilibrio entre quitar al dinero su potencial utilitario pero mantener la regularidad que los y las jóvenes valoran. Así las cosas, la interpelación sucede y el gobierno inicia su tarea fina.


  1. Más abajo se hacen referencias a algunos de los trabajos representativos de este campo.
  2. Con respecto a los usos de planes sociales, vale mencionar el trabajo pionero de Svampa y Pereyra (2003), en el que indagaban en lo que habían significado los planes en las estrategias de organización de los movimientos de trabajadores desocupados.
  3. En un trabajo anterior, plasmado en mi tesis de maestría (Medan, 2011), mostré cómo el modelo de masculinidad que el Programa proponía era uno de un varón proveedor que apelaba, para cumplir su función, al trabajo legal y que desechaba el delito y la fuerza física como forma de sociabilización. El trabajo también halló que los varones acordaban con esa figura del “varón proveedor” pero no coincidían en que sólo debiera regirse por los principios de la legalidad para cumplir su función. Con respecto a los modelos de feminidad, el Programa proponía uno que ubicaba a las mujeres como responsables del cuidado de su descendencia, tarea que podía eximirlas de otras como trabajar fuera de la casa o estudiar- y para la cual se reconocía como una necesidad legítima la dependencia de un varón proveedor, al menos en términos económicos. Las chicas, al menos en el seno del Programa, prestaban complicidad a este modelo.
  4. Al tomar para el análisis de este capítulo datos de estos otros programas se considera que, el hecho de que los montos de dinero entregados mediante las TCI fueran algo superiores que los del Comunidades Vulnerables, no invalida, argumentativamente, la conveniencia de su uso. Más aún cuando el grueso de los datos analizados corresponden a los materiales surgidos en el trabajo de campo sobre el Comunidades Vulnerables.
  5. Datos tomados de la EPH puntual, INDEC.
  6. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba que para 2003 en los países de América Latina, la desocupación juvenil era 3,1 veces la de los adultos (OIT, 2004).
  7. Plan Nacional de Prevención del Delito, dentro del cual se enmarcó el programa Comunidades Vulnerables.
  8. En Plan Social de 1995 se había integrado un Programa Nacional contra el Desempleo, correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que abarcaba varios programas, algunos de los cuales ya incorporaban una ayuda económica no remunerativa (Grassi, 2006:270).
  9. Algunos ejemplos, emblemáticos por su alcance, fueron el Programa de la Bolsa de la Familia brasileño, fruto de la reorganización institucional de otros programas menores; y el Programa de Educación, Salud, y Alimentación (PROGRESA) de México (Ponce, 2008).
  10. Como contexto regional de reformas de sistemas de seguridad social, especialmente de pensiones, pueden tomarse de referencias los modelos de Mesa Lago (2004), que sugiere tres modelos de reforma: sustitutivo (del sector público por el privado), iniciado en 1981 en Chile y recién seguido por otros países a fines de los noventa; paralelo, establecido por Perú en 1993 y seguido sólo por Colombia al año siguiente; y mixto, inaugurado por la reforma Argentina de 1994.
  11. La bibliografía que explica este proceso es muy vasta pero a los fines de esta tesis la descripción del proceso que hace Denis Merklen (2005) para explicar el pasaje del trabajador al pobre como sujeto de la protección social, es bien útil.
  12. Para Andrenacci (2010) en los últimos años, la generalización de las transferencias condicionadas de ingreso representó un avance en forma de reconocimiento de una suerte de derecho al consumo que, en economías capitalistas, es bastante más horizontal y democrático que el derecho a la asistencia social. El surgimiento de iniciativas tendientes a vincular la asistencia social a la restauración o la promoción de la autonomía económica de los sujetos, como la economía social o el microcrédito, si bien de alcance naturalmente limitado, son también manifestaciones de comprensión de la pobreza como un conjunto de situaciones y procesos, alejando las utopías tecnicistas que asocian el combate a la pobreza con la identificación y la neutralización de los atributos individuales de los pobres. Según la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL, los programas con TCI operan en la actualidad en 18 países de la región y benefician a más de 25 millones de familias (alrededor de 113 millones de personas), es decir, el 19% de la población de América Latina y el Caribe, a un costo que ronda el 0,4% del PIB regional (CEPAL, 2011). Inclusive, por lo que sus adherentes entienden como su éxito, los programas con TCI se han extendido a África y Europa oriental.
  13. Es necesario mencionar que el programa Comunidades Vulnerables, de prevención del delito, se creó en 2001 en Argentina e incorporó desde el inicio TCI. No obstante, entiendo que no se haya considerado en ciertos estudios pionero por lo escaso de su cobertura y porque si bien perseguía objetivos de inclusión social, se destinaba especialmente a la prevención del delito.
  14. Las referencias a la carencia o búsqueda de ingresos y trabajo no suponen desconocer que ambos términos se diferencian. Las apelaciones al trabajo tienen dos “caras”, una relativo al dinero –como medio de satisfacción de necesidades de reproducción- y otra relativa a las formas legítimas de conseguirlo –como salario y no como producto del robo, por ejemplo.
  15. En el marco del Plan Más Vida, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Sus objetivos son mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población materno-infantil, fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidando redes sociales. http://www.desarrollosocial.gba.gov.ar/subsec/politicas_sociales/programas/masvida.php
  16. En el capítulo 3 se señaló, según las estadísticas, la abultada presencia que los varones jóvenes tienen en la comisión de robos (sin incluir robos a autos y bancos que son tomados aparte), mientras que su participación en homicidios es más baja.
  17. Tal como señala Grassi (2006:222) todo formulador de planes y programas de asistencia social quiere “escapar” de la condición de “asistencialista” de su propuesta.
  18. Lo particular del Plan Jefes era que no sólo se ocupaba de los desempleados sino de la trasmisión intergeneracional de la pobreza. Ofrecía $150 a los desocupados con hijos de menos de 18 años que no pudieran acceder al seguro de desempleo y como contraprestación exigía la atención educativa y sanitaria de los más pequeños, además de la participación de los adultos en actividades relacionadas con el fomento de la “cultura del trabajo”. Al año siguiente se creó el Plan de Empleo Comunitario (PEC, que también reconocía antecedentes de fines de los noventa), que permitía incluir, a diferencia del PJyJHD, especialmente a jóvenes sin hijos y desde los 16 años. Estas especificaciones permitirieron al Comunidades Vulnerables utilizar los recursos de los PEC para pagar los planes a sus beneficiarios/as.
  19. En los registros de campo se advierte esta cuestión: Para la operadora es un problema que sólo vengan por la plata y no quieran cambiar de “proyecto de vida” (RC 13). En algunas ocasiones la negociación sobre los planes llegaba a incluir fuertes enfrentamientos verbales, por ejemplo, cuando la madre de unos beneficiarios que serían dados de baja por inasistencias reiteradas e ininterrumpidas prácticas ilegales en el barrio, se presentó a la reunión a increpar a la operadora (RC 23 y RC 32): la madre de los A fue a defender los planes y a decir que sus hijos no eran los que hacían bardo, que eran otros, que siempre los acusaban a ellos, que había que informarse antes de hablar.
  20. Estas formas alternativas podrían ser la asociación, el cooperativismo y la solidaridad -para contrarrestar la visión que los jóvenes tendrían sobre la tenencia de dinero como algo mágico, cuya adquisición y distribución sería arbitraria e injusta y que los llevaría a emplear acciones violentas para obtenerlo.
  21. Datos de entrevistas a Alicia, Bibiana, Máximo, Valeria, Néstor.
  22. Sólo en una oportunidad, y ante una pregunta específica, la operadora del Comunidades Vulnerables reconoció que ante ciertas situaciones, por ejemplo de consumo descontrolado de drogas, habría que discontinuar el beneficio pues de lo contrario ese ingreso extra sólo agudizaría la situación al representar más dinero para gastar en consumo.
  23. Estas decisiones de bajas pueden estar influenciadas por conflictos al interior del grupo. En el trabajo de campo en el Comunidades Vulnerables se pudo advertir que recurrentemente algunos reclamaban que había quienes cobraban sin asistir, y otros que aún asistiendo no lograban ser dados de alta (RC 2, RC 55). Esta discusión podía tornarse fuerte y representar un conflicto para la constitución del grupo.
  24. Según la guía del Comunidades Vulnerables (Müller y otros, 2012), los objetivos del eje “mundo del trabajo” eran: instalar individual y grupalmente el tema del trabajo, problematizarlo, favorecer la capacidad de análisis, promover la incorporación de la propia historia en la reflexión presente, valorar las raíces y propiciar el fortalecimiento de la identidad; estimular el reconocimiento y adquisición de habilidades que mejoren las condiciones de empleabilidad y/o desarrollo de actividades productivas; apoyar la búsqueda de formas de sustento por fuera de la actividad delictiva; ejercitar la capacidad de proyección de las propias acciones, distinguiendo fines y medios, pasos y etapas, a fin de que puedan mirar el futuro a corto, mediano y largo plazo, a partir de sus propias decisiones y no como algo mágico o independiente de las voluntades; analizar la realidad del mercado laboral aprendiendo a utilizar diferentes recursos e información específica, a fin de tomar decisiones que les permitan mejorar las condiciones de empleabilidad. En las propuestas, todas las acciones que podían hacerse a partir de mirar la descripción de la realidad pasada y presente eran individuales. Otras actividades proponían reflexionar acerca de la relación entre la formación adquirida y las posibilidades de conseguir empleo. Las carencias individuales solían ser las que fundamentaban el núcleo central de los problemas de empleo.


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