En este capítulo se presenta la construcción del problema de investigación y su marco teórico y metodológico. Las discusiones teóricas aquí suscíntamente enunciadas fueron las requeridas para la formulación de la preguntas que orientaron los capítulos. En cada uno de ellos, se profundizan distintas partes de este marco teórico, que se pondrán en discusión a la luz de los datos del campo. El objetivo de este capítulo es, desde el comienzo, evidenciar la emergencia de mi preocupación por el tema y el recorte teórico elegido para abordarlo.

Primer momento. La preocupación que guió esta investigación surgió, de alguna manera, en 2002. Entonces accedí al libro Los pibes del fondo. Delincuencia urbana. Diez historias, publicado en el 2000 y escrito por la periodista Patricia Rojas. Fue mi primer contacto cercano con el tema; el libro me impresionó en muchos sentidos, pero especialmente en el modo en que lograba trasmitir -sin pretensiones de justificarla o condenarla- la vida cotidiana, las elecciones y los accidentes de jóvenes, chicas y varones, que vivían en condiciones precarias y habían tenido o estaban teniendo relaciones cercanas con el delito. El tema y el tipo de publicación eran novedosos para esos años; de hecho, la mayoría de la literatura que nutrió esta tesis es posterior al 2000 y con seguridad lo son los trabajos locales que abordan la relación del delito y la juventud pobre.

Segundo momento. Un domingo, 24 de octubre de 2004, me detuve a leer una nota del diario Página 12 escrita por la periodista Mariana Carbajal: Pibes ex chorros. Un programa oficial ya rescató del delito a 800 chicos y jóvenes. En el copete aclaraba: “Son jóvenes que ya pasaron por la cárcel. O una comisaría. O un tiroteo. Un plan del Ministerio de Justicia busca localizarlos en las villas y proponerles una nueva vida. Si dejan de robar, les ofrecen un subsidio de $150. Deben trabajar y terminar la escuela”. Era el programa de prevención social del delito Comunidades Vulnerables, que se estudió en esta tesis. Recorté la nota del diario y la guardé en un cajón, sin saber bien para qué y con nulo conocimiento sobre juventudes, políticas sociales, o delito. Sin embargo, me había llamado la atención lo de “los planes para dejar de robar”. Evidentemente movilizada por el tema, al mes siguiente y mientras cursaba un taller final de la orientación de periodismo en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, una consigna abierta me llevó a conocer el Instituto para Menores San Martín, de la Capital Federal, recoger datos estadísticos sobre los adolescentes que allí estaban alojados, entrevistar al director de la institución y escribir una nota de investigación sobre el tema.

Tercer momento. En 2006, y como parte de una organización socio educativa y territorial con trabajo en la zona norte del Gran Buenos Aires, llegó la noticia de un programa para jóvenes llamado Proyecto Adolescente. Había sido lanzado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Era el primer programa masivo destinado a adolescentes y jóvenes, cuya finalidad era -a modo general- contribuir a la integración social, educativa, y recreativa de jóvenes de sectores populares. Del mismo modo que el Comunidades Vulnerables -aunque este último fuera de prevención del delito-, entregaba una beca a los y las participantes; independientemente de cómo las llamaran eran transferencias condicionadas de ingresos (TCI). La convocatoria requería que como organización social preparáramos un proyecto para ese programa -que fue de apoyo escolar para los/as niños/as del barrio. Convocamos al grupo de adolescentes que participaría en las actividades del proyecto -la mayoría chicas- y comenzamos a obtener fondos para pagarles becas. Eran $76 mensuales que, como aún el sistema no estaba bancarizado- entregábamos mensualmente en un sobre a cada beneficiario/a a cambio de la firma de un/a adulto/a responsable. Cuando se acercaba la fecha de cobro, todos y todas asistían a las actividades, aunque durante el mes sólo algunas chicas mantuvieran el compromiso con el proyecto colectivo, mientras que otras y otros no, eran “los que venían para cobrar”. Me empezó a preocupar -y lo compartía con mis compañeras y compañeros- en qué medida, este programa que tenía TCI, no estaba mercantilizando la participación, si no estábamos generándoles la necesidad de cobrar por algo -asistir a talleres de educación popular, salud sexual y reproductiva, derechos humanos-, que antes hacían sin mediar dinero, si no estábamos convirtiéndolos desde temprano en la población hipersubsidiada que por entonces se encarnaba en la masividad de los planes Jefes y Jefas de Hogar, Familias, etc.

Cuarto momento. El impacto que me habían producido las historias de los pibes del fondo y la visita al instituto de menores -un claro exponente del sistema de control penal duro-, por un lado, y el operar un programa de inclusión social para jóvenes pobres, por otro, se me aparecieron como los dos extremos mediante los cuales el Estado se ocupaba de los y las jóvenes. ¿Qué instancias de regulación había en los espacios intermedios? Una vez terminada la licenciatura en Comunicación Social y urgida por esas preocupaciones, comencé la Maestría en Políticas Sociales (UBA). Quería tener más herramientas para conocer la relación entre el Estado y sus dispositivos de regulación y la población joven que vivía en contextos de pobreza. Cuando formulé el primer proyecto de investigación sobre este tema, en 2006, me pareció que aquel programa para pibes chorros, el Comunidades Vulnerables, ejecutado en los barrios donde ellos vivían, era un caso interesante para indagar en mis preocupaciones. Parecía constituir un lugar intermedio de regulación del Estado hacia la población joven, que no había sido tan estudiado aún. Permitía poner en relación los aspectos del control y la inclusión: parecía atender a las preocupaciones sociales sobre la seguridad pero también, al entregarles TCI, al contexto de pobreza y falta de oportunidades en el que vivirían esos/as jóvenes.

Luego de contactos con la coordinación nacional del Programa, accedí a una de las implementaciones y advertí otro elemento que yo no había considerado y que enriquecía el análisis del caso. La mayoría de los/as beneficiarios/as no sólo eran jóvenes en desventaja socio económica, además, eran varones. Esta combinación entre delito, privación material y masculinidad en el contexto de programas estatales se presentaba como un lugar ciego en la literatura disponible por ese entonces. Los documentos del programa señalaban tímidamente el sesgo masculino del delito, aunque no restringían la estrategia a los varones. No obstante, a poco de comenzar el trabajo de campo en el Programa empezaron a ser admitidas mujeres jóvenes, la mayoría de las cuales no tenía relación directa con el delito, pero sí, requerían ayuda con sus hijos. El programa encontraba que ellas estaban en riesgo por estar solas y tener que cumplir así con el cuidado de sus hijos.

De las primeras exploraciones en el campo se abrían muchas preguntas en torno a las distintas dimensiones. Por ejemplo, y concretamente ante la situación de que una chica solicitara la inclusión en el Programa y la beca sin haber robado y la obtuviese ¿qué inducía a los/as operadores/as a pensar que una mujer en esas condiciones se vinculaba con su misión de prevenir el delito? Si además el monto de la beca era reconocido como simbólico por los/as operadores/as por lo escaso de su magnitud ¿en qué medida creían que la TCI podría reemplazar al delito como eje del proyecto de vida y fuente de ingresos? ¿Qué razones explicaban que ante reiterados incumplimientos de los acuerdos -inclusive cometer delitos- algunos/as jóvenes no fueran dados de baja del Programa? y finalmente, sólo como para ejemplificar con algunos interrogantes estas dimensiones ¿qué explicaba la participación de jóvenes en los espacios grupales aún cuando la chance de ser excluidos/as por inasistencias era muy baja?

A primera vista, estos espacios intermedios que se preocupaban por la inclusión de los pibes del fondo (o los pibes al borde, como los llamé en la introducción), pero no parecían preocupados por encerrarlos, representaban una acción estatal novedosa cuyo despliegue podría informar sobre las formas de relación entre el Estado, los jóvenes, el delito y el riesgo.

De un modo más abstracto, aquellas preguntas concretas se referirían a los modos en que se articulan, en la preocupación estatal sobre la participación de un sector de la juventud en el delito, la privación económica, el desempleo juvenil y la deserción escolar, y los planes sociales; también permitirían iluminar qué ideas sobre el riesgo circulan en torno a la misión general de prevenir el delito y cómo las definiciones sobre el riesgo son generizadas, etarizadas y también anudadas a aspectos relativos a las posiciones de clase social. El recorrido de esta investigación advirtió que la expresión proyecto de vida era clave para las respuestas y que encastraba perfectamente con cierta lógica aparentemente dominante en el gobierno de las poblaciones, signada por exigencias de responsabilidad individual y activación. El proyecto de vida emergía como la idea en torno a la cual se pactaban los términos de la asistencia estatal.

¿Cómo abordar teóricamente estas cuestiones? ¿de qué conjunto de discusiones nutrirse para ordenar el objeto, circunscribirlo y poder problematizarlo? En el transcurso de la investigación fueron confluyendo vertientes teóricas, dejando de lado unas y advirtiendo la utilidad de otras. El recorrido quedó conformado por referencias y debates en torno a tres grupos de asuntos. En principio resultó necesario contar con un marco para pensar el Estado, y las políticas sociales, y por razones que se exponen abajo se consideró que los estudios feministas tenían algunas ventajas que interesaba aprovechar; por otro lado, había que abordar, -centralmente- la cuestión del delito juvenil y su regulación en la actualidad, pero también entender los orígenes históricos, políticos y sociales que posibilitan que el modo vigente sea el que es. Esto supuso, también, salir del estricto terreno de lo securitario/criminológico pues esta cuestión no deja de estar dentro de la dinámica general del orden social, que tiene unas racionalidades que permean hondo en el conjunto de la regulación social. Finalmente, esta investigación no se preguntaba por la preocupación estatal por el delito en general, sino el juvenil, y particularmente dirigida a varones pobres. Reponer la importancia de los clivajes de edad, género, y clase social, se volvió una tarea ineludible para abordar la especificidad del problema.

Por todo esto, aquí, en lo que sigue, algunos señalamientos sucintos que encuadran la tesis en su marco teórico metodológico.

El Estado, las políticas sociales y el modo de abordar su estudio

Como ya se anticipó, en esta tesis se considera al Estado una entidad en capas, fragmentada y de múltiples caras, que incluye sitios de control y de resistencia, y está conformada por diferentes aparatos que pueden operar en modos inconsistentes. En otras palabras, un conjunto de contextos institucionales conflictivos cuya existencia es posible advertir especialmente en el nivel de las prácticas estatales en donde la regulación y la resistencia están conectadas cercanamente (Haney, 1998:750, 1996:760-773). Esta definición es deudora de los aportes de la obra foucaultiana que permite entender al Estado y a las políticas sociales no como entes totalizadores sino como complejos y contradictorios, a los que, para entenderlos, hay que enfocar en sus contextos específicos de acción (Watson, 2000:67). Además, esta definición requiere descartar aquellas conceptualizaciones que lo entienden simplemente como un régimen abstracto de políticas dadas que redistribuyen recursos. Al contrario, el Estado no sólo es un satisfactor de necesidades -un re/distribuidor- sino que las crea, las interpreta y genera reconocimientos, todas acciones que demuestran la dimensión ideológica de la actividad estatal (Fraser, 1991).

El Estado, así definido, incluye políticas sociales y prácticas institucionales que constituyen un conjunto de programas redistributivos que dan forma a la estructura de la vida social y habilitan a concepciones sociales sobre la necesidad (Haney, 1996). De esta manera, esta tesis quiere distanciarse de un análisis de políticas sociales que verse sobre su alcance o no de universalidad, o que cuantifique necesidades y establezca cómo satisfacerlas del mejor modo; se preocupa, más vale, por identificar cuáles necesidades son politizadas y por qué, y cuáles no, descartando el hecho de que haya algo así como necesidades dadas (Watson, 2000:73). Mientras el Estado, sus agentes y organismos definen quién es necesitado y cómo satisfacer estas necesidades, estas interpretaciones e imágenes dan forma a lo que será posible a nivel redistributivo y constituirán el escenario para las negociaciones y disputas entre operadores/as y destinatarios/as. En este punto se advierte que el Estado tiene la potestad de configurar espacios de maniobra en los que los sujetos pueden negociar con él, ya que amplía o restringe su maniobrabilidad (Haney, 2002). El aclarar qué definición de Estado guía esta tesis, responde al postulado de que dicha elección conlleva consecuencias empíricas, analíticas y políticas (Haney, 1998).

Consecuentemente con esta perspectiva, las políticas sociales no son simplemente entendidas como un efecto de las formas dominantes de concebir las condiciones de los sujetos, por ejemplo, la condición juvenil, sino también como “constructoras de imágenes y discursos sociales sobre tales grupos sociales, capaces de influir en sus condiciones de existencia mediante tales universos simbólicos” (LLobet, 2012:10). Retomando la clásica definición de Sonia Fleury, LLobet señala que se puede entender a las políticas sociales como una “red especial de micropoderes (…) por medio de la construcción de campos disciplinares, instituciones prestadoras de servicios, un cuerpo de técnicos calificados y un conjunto de prácticas normalizadoras”. En este sentido, y retomando a Fraser (1991), parece posible tratar a las políticas sociales como procesos de institucionalización, producción de un conjunto de reglas, normas, valores y restricciones objetivadas, proceso éste que surge de la negociación de sentidos enmarcada en relaciones de dominio y violencia simbólica, que se transforman en contextos de disputa por la interpretación de identidades y derechos (Fraser, 1991). De estas negociaciones surgirá lo que será interpretado como normalidad o anormalidad y que constituyen las cláusulas subjetivas de inclusión (LLobet, 2009c).

Pensando en el programa Comunidades Vulnerables ¿qué tipos de necesidades eran legitimadas y cuáles desacreditadas? ¿qué sentidos alternos podían surgir en el marco de las interacciones cotidianas entre operadoras/es y beneficiarios/as, aún cuando los segundos/as estuvieran en francas posiciones de subordinación generacional, genérica y/o de clase social? ¿qué sujetos de la asistencia se construían en programas como éste? ¿cómo se modificarían dichas construcciones si se tuvieran en cuenta las diferencias de género?

El enfoque feminista para mirar las políticas sociales se reveló útil al permitir iluminar los procesos de reconocimiento pero también de negociación -que se entiende aquí como una noción más compleja que la de participación en la que la noción de poder puede diluirse. Esta, quizás, era la ventaja más general de estos enfoques, pero es posible señalar otras cuestiones por las cuales adoptar este marco teórico metodológico fue enriquecedor para la investigación.

En primer lugar, porque la perspectiva feminista recuerda que resulta fundamental reconocer “la imposible neutralidad del lenguaje, así como su poderosa capacidad de nominación y de institucionalización/confinamiento de los sujetos en formas cristalizadas de identidad individual y colectiva” (Elizalde, en prensa). Por ello, para un análisis constructivista crítico del Estado es necesario

“Analizar los significados, valores y percepciones que sostienen las definiciones de problemas y poblaciones a asistir como aspectos centrales en la determinación de los tipos de programas, del tipo de servicio que los mismos proveen, qué necesidades y/o vulnerabilidades son consideradas legítimas y en última instancia quién es considerado legítimo beneficiario.” (LLobet, 2012:10)

En segundo lugar esta perspectiva sugiere que el gobierno se construye (y no que se impone unidireccionalmente y desde un único lugar) y que la población a la que se gobierna también contribuye a ese proceso. Siguiendo esta idea, la investigación podría situarse en un foco micro social^[1] para evitar deducir las prácticas concretas a partir del mero análisis de los documentos institucionales de la política. Es decir, privilegiar un análisis interaccionista en desmedro de uno tradicionalmente estructuralista. Aunque desarrollos recientes de la teoría feminista reconocen esos avances en el campo de estudios de la intervención estatal, advierten que esta elección tiene también sus límites. No siempre es posible reconstruir a partir de las dinámicas cotidianas de las intervenciones institucionales la dimensión productiva y normativa de la realidad social (LLobet, 2012, Haney, 1998). En este punto la sugerencia es integrar los niveles en el análisis. Con esta intención, los aportes teóricos que aquí se señalan orientan una estrategia metodológica que busca combinar el análisis de dimensiones macro y micro sociales y considerar los distintos tipos de actores que negocian -desde posiciones no equipotenciales- las condiciones de dicho gobierno. La intención es poder combinar un análisis que considere al Estado como un sitio de batallas políticas e ideológicas y las experiencias vívidas de los y las beneficiarios/as del bienestar; es decir, tanto las interacciones entre operadores/as y beneficiarios/as, como los contextos redistributivos o políticos que rodean estas interacciones locales (Haney, 1998:751). En este sentido es que la tesis transita desde una reconstrucción global e histórica de las racionalidades ideológicas que fundamentan la re emergencia de las políticas de prevención del delito, hasta detenerse en las interacciones cotidianas entre operadores/as y beneficiarios/as, pasando por la revisión de un contexto general de modos de gestionar el delito juvenil y las interpretaciones de agentes estatales sobre los asuntos concretos que les tocan administrar día a día. La búsqueda deliberada de atender a los distintos niveles de la cuestión no abandona, sin embargo, un análisis que enfatiza en la dimensión institucional del problema. La particularidad de la mirada puede impresionar una interpretación algo estado céntrica pero se confía en que la perspectiva teórica metodológica evidencie lo poroso del Estado al visibilizar las negociaciones y contestaciones que son posibles en su seno.

En tercer lugar, los aportes de la teoría de género se articulan con los estudios sobre el gobierno de las poblaciones desde una perspectiva particular que se enlaza con el señalamiento anterior. Como se anticipó, tanto la complejidad de la noción amplia de Estado, como la conflictiva resolución que significan las políticas sociales, incluyen una noción de poder que es deudora de los desarrollos de Foucault. La noción de poder que incluyen estas definiciones es aquella que enfatiza su ejercicio más que su posesión, que funciona como una estrategia fluida y que opera capilarmente. Y aún más centralmente según este planteo, el postulado que señala que donde hay poder también hay resistencia (Watson, 2000: 67). De allí que sea imposible considerar que el modo en el que operan las instituciones estatales devuelvan meramente reproducción, efectos unilaterales y sean unívocas.

Ahora bien, según Everett (2009), la perspectiva foucaultiana puede utilizarse, al menos, de dos modos, con resultados bien distintos. Esta tesis adopta la que Everett llama perspectiva foucaultiana débil en desmedro de otra fuerte, a la hora de apelar a los desarrollos de Foucault sobre la gubernamentalidad y los modos de observar la participación de las personas en políticas sociales. La débil enfatiza en el aprendizaje y la agencia entre los/as participantes, en tanto que la perspectiva fuerte, más abstracta, enfoca en lo que es enseñado a los sujetos. Las perspectivas débiles permiten observar más que la complacencia con lo enseñado por los programas o la mera respuesta, la subversión aún cuando ésta no se manifiesta explícitamente como una resistencia. Es decir, por ejemplo, el silencio de los participantes ante una petición de expresarse en los contextos de programas sociales puede ser concebido como una contestación aunque no tome la forma clara de resistencia; el silencio podría ser una señal de un modo de participación contingente, de final abierto y de proceso impredecible en donde lo aprendido puede ser visto como un recurso para la contestación futura (Everett, 2009). Si enfocar las indagaciones con una perspectiva fuerte permite ver éxito o fracaso en el proceso de instalación de determinadas subjetividades, la versión débil -por la que aquí se opta- ilumina la complejidad de las respuestas de los y las participantes y los procesos en los que se renegocian sus posiciones de clase, género y edad en distintos contextos así como también, el modo en que se discuten nuevas posiciones y esferas posibles de actividad.

En cuarto lugar los aportes de la teoría del género resultan útiles para analizar la regulación social en función de las condiciones etarias y generacionales. En este punto, la adopción del enfoque está inspirada en las lecturas que la literatura sobre las políticas sociales para la infancia hizo de los aportes feministas para pensar la incorporación de las nuevas generaciones al orden social en un contexto particular donde el foco de las preocupaciones de la regulación social parecen ser los niños/as y adolescentes. Según LLobet (2012), las políticas para la infancia son un sitio privilegiado para observar disputas sobre los proyectos de inclusión y reproducción social (LLobet, 2012:10).^[2] Los aportes feministas parecen haber visibilizado que existen desigualdades categoriales producidas por las categorías -etarias o genéricas- que exceden las típicamente señaladas referidas a las condiciones socio económicas. En ese sentido, y enfocando en las políticas sociales para la infancia se advierte que no es posible dar por sentado que encontremos intereses que a priori se deriven del carácter supuestamente infantil -en tanto propio de la edad- de los sujetos. “En efecto, necesidades e identidades serán constituidas de manera notable en las negociaciones con los agentes, como modo de acceder a derechos y/o beneficios” (LLobet, 2012:16). El punto crítico está en atender a que las categorías son límites colectivos negociados entre redes interpersonales, que producen desigualdad cuando, a su capacidad sustantiva de producir diferencias, se agrega la producción de ventajas para uno de los lados y la reproducción de la frontera (Tilly, citado en LLobet, 2012). En este sentido, creo que este planteo es extrapolable a los estudios sobre políticas para jóvenes en tanto las categorías de infancia y juventud remiten a posiciones etarias y es esperable que puedan rastrearse desigualdades hacia el interior del grupo juventud. No obstante, es lógico esperar diferencias en la extrapolación, al menos, por la relación que ambas categorías mantienen con la de adultez. Mientras que para el caso de la infancia prevalecería una relación armónica y de protección -aún cuando eso supone restringir espacios de participación a los niños/as-, entre juventud y adultez prevalece una de tensión. Básicamente, al considerar que la juventud se define, especialmente, como una posición relacional e inferior jerárquicamente respecto de otras personas más viejas con mayor acceso a espacios y recursos materiales y simbólicos. La posición del Estado en esta tensión es ambigua porque los programas sociales para jóvenes destacan su interés en dotarlos de voz directamente -sin que intermedien sus familias (adultas). Sin embargo, para legitimar sus habilitaciones y restricciones a la voz juvenil aducen, implícita y explícitamente, su cualidad superior semejante a la de la posición adulta. A su vez, y esta es otra dimensión de la desigualdad categorial, los programas sociales corren los límites etarios de las categorías juventud/adultez cuando evalúan el estado de avance de los proyectos de vida que tienen los varones y las mujeres jóvenes beneficiarios/as. El pasaje de juventud como estado incompleto al de la adultez como estado pleno se configura en los programas sociales bajo determinadas combinaciones de posiciones de género, edad y prácticas asociadas a esas duplas. Y lo que es más significativo, es que esos pasajes determinados entre una posición etaria a otra, no son un punto de encuentro pre definido en una matriz de diseño de la política en cuestión, sino que la mayoría de las veces es un efecto de arreglos situacionales específicos entre los beneficiarios/as y los agentes estatales que negocian no equipotencialmente las posibilidades de acción de cada caso. Se retorna así a la necesidad de enfocar en las instituciones estatales como un espacio de construcción y disputa más que como uno de mera reproducción.

Estos señalamientos que persiguen la incorporación de la teoría de género en los estudios locales sobre la juventud ya fueron sugeridos y practicados por Silvia Elizalde hace casi una década. La autora demostraba las limitaciones de las comprensiones vigentes sobre la juventud -dominadas por los aportes de la sociología- al no lograr considerar al género como una dimensión constitutiva de la categoría juventud. La incorporación del género fue, sin embargo, incrementándose en los últimos años y posibilitando que los estudios de las juventudes que consideraran al género fueran diversificándose (Elizalde y Blanco, 2009). No obstante, la dimensión más heurística de los aportes feministas (la influencia de la configuración ideacional en los procesos prácticos, la cuestión del reconocimiento, el espacio de maniobra, la atención a las desigualdades categoriales, etc.) para estudiar al Estado en relación con la regulación estatal de las poblaciones jóvenes, parece aún poco aprovechada. Es decir, los aportes de la teoría de género no sólo se circunscriben a los estudios sobre la sociabilidad de jóvenes varones y mujeres y sus relaciones. Además, aportan al modo en que se observan las relaciones entre personas agrupadas dentro de la categoría juventud -y sus sub tipos según perfiles, por ejemplo, de riesgo- y las prácticas estatales de regulación social. Lo que interesa señalar es que el aporte de la interpretación feminista del Estado puede contribuir a ampliar el modo en que generalmente se aborda la relación entre la regulación estatal y las personas jóvenes desde la sociología de la juventud. En este sentido, esta tesis procura integrar los aportes de la teoría feminista mencionados, con el uso de una perspectiva foucaultiana débil que enfoca especialmente en el aprendizaje y utilización que hacen los sujetos de lo que se les enseña. El objetivo es, en este proceso, hacer evidentes las capas, fragmentaciones e inconsistencias del ente estatal, al detener la atención en los diferentes niveles de su incidencia que incluyen, inexorablemente, las respuestas, contestaciones y subversiones de aquellos que son regulados, sin pretender, no obstante, oscurecer las relaciones de poder y dominación que de hecho existen desde el ente estatal a pesar de su falta de homogeneidad y coherencia.^[3]

La gestión del crimen juvenil y la prevención social del delito con TCI

La re emergencia de la prevención del delito como enfoque para gestionar el crimen -en sus versiones sociales o situacionales, y de tinte más anglosajón o francés-, se puede situar a principios de los años ochenta del siglo XX en el mundo occidental, como parte de una mutación en la forma de entender al delito y su gestión. La prevención del delito sería “el conjunto de programas, medidas y técnicas por fuera del sistema de justicia criminal que busca reducir varias clases de daños causados por actos definidos como criminales por el Estado” (según van Dijk, en Crawford, 1998:10). En la versión de prevención social, centrada en atender a los riesgos que pesan sobre los individuos y especialmente destinadas a jóvenes, se ubica el programa Comunidades Vulnerables. Los elementos extra penales en la gestión del delito, son los que ubican este tipo de estrategias en el espacio intermedio entre los sistemas de control penal y los de bienestar. Se destinan, entonces, a una población para la que las estrategias de protección de derechos no son suficientes, pero que tampoco ha sido alcanzada aún por el sistema penal, o si lo fue, se considera que es pasible de asistencia fuera de los dispositivos más duros.

Según esta definición, la imbricación entre el bienestar y el control penal podría no distinguirse fácilmente de la típica del welfarismo penal, es decir, del modo de gestionar el crimen propio de los Estados de Bienestar, sustentado en una perspectiva de rehabilitación y reintegración social de los infractores. Lo que sucede – para decirlo brevemente pues en el próximo capítulo se detalla- es que esta re emergencia, se asentó, a su vez, en el tránsito de una sociedad regulada bajo los modelos del Estado de Bienestar o Estado Social, hacia formas más neoliberales, que comenzó a producirse en los años setenta, también, en gran parte del mundo occidental. Así, si bien la prevención del delito tiene antecedentes aún anteriores, su re emergencia desde hace 30 años se enlaza con un nuevo modo de gobierno general de las poblaciones. Estas responden, tal como anticipé en la introducción, a una transformación en las relaciones entre la sociedad, como principal aseguradora de los riesgos, y los individuos. En la actualidad, se pasaría de la gestión social de los riesgos, a la gestión individual de los mismos, tarea que las personas deberían asumir como parte del cumplimiento de las exigencias de responsabilización individual y activación que el mundo contemporáneo les hace (Castel, 2004, 2013, Kessler y Merklen, 2013, Merklen 2013). El correlato en la gestión del delito sería conocido como el pasaje del welfare penal a la nueva cultura del control del crimen asentada en la gestión de los comportamientos criminológicos a través del uso de tecnologías (Garland, 2005).

Este pasaje no fue necesariamente armonioso, ni lineal. Más vale, la criminología tuvo que reformularse para contestar a los cuestionamientos que -desde la amplitud del espectro ideológico-, rezaban “nada funciona en la lógica del welfare penal”. Las respuestas adhirieron a los principios dominantes de la era posindustrial: la idea de responzabilización individual sobre la gestión cotidiana de los riesgos, guiaría también las estrategias de control del crimen. De hecho, algunos autores señalaron que la responsabilización sería la nueva rehabilitación de esta era (Gray, 2005: 938). En suma, en esta época ya no se espera corregir al infractor para que se reintegre a la sociedad, como en el welfare penal, sino, que el sujeto se responsabilice por los riesgos tomados y el daño producido, y asuma los cargos correspondientes. Cuando de lo que se trata es de gestionar comportamientos de jóvenes que aún permanecen fuera del sistema penal, las políticas sociales tienen un rol central en la definición de qué constituirá esa rehabilitación responsabilizante. Tomando en cuenta la dimensión no sólo redistributiva sino también interpretativa del Estado, en el seno de los programas se construye y se negocia por un lado, el carácter riesgoso de los comportamientos de los/as jóvenes que están bajo la mirada estatal, y por otro, las asignaciones de responsabilidades sobre las causas y consecuencias de sus acciones delictivas.

Estas crisis y reformas de los años setenta en torno a la gestión del crimen, encontrarían eco en los años venideros. Tal como se trata en los próximos dos capítulos, en los años ochenta y especialmente en los noventa, la preocupación por la seguridad se convirtió en un tema público y académico de magnitud considerable, y desde entonces va modificándose la extensión de su significado a medida que se le incorporan adjetivos como democrática o ciudadana (CIPC, 2010). Dentro de las propuestas que se ofrecían en la post crisis del welfare penal, el renovado interés en la prevención del delito comenzó a cobrar importancia. Debido a la ineficacia de otros enfoques -quizás los más punitivos-, las estrategias de control social informal ganaron adeptos, al menos retóricamente, para producir y mantener el orden (Crawford, 1998). Además, la tendencia fue apoyada y a la vez fomentada por acuerdos internacionales (Directrices de Naciones Unidas para la Prevención del Delito Juvenil de 1990, de Prevención del Delito Urbano de 1995, y de Prevención del Delito del 2002) que enfatizan en medios inclusivos en desmedro de punitivos para prevenir la delincuencia. El Comunidades Vulnerables se reconoció influenciado por estas propuestas que privilegiaban la prevención social; no obstante, la historia confirmaría que, más allá de las simpatías que estas formas menos punitivas conseguían, sus implementaciones no pasarían, en la mayoría de los casos latinoamericanos, de experiencias muy limitadas (Sozzo, 2009). Lo cierto, más allá de las tendencias para tratar el tema, es que la delincuencia juvenil es un asunto de preocupación mundial. Según Hartjen (2008) algunos de los fenómenos que inciden en el problema es que ya a principios de este siglo la mitad de la población mundial era menor de 15 años y la mayoría vivía en sociedades en desarrollo o en condiciones de pobreza o conflicto armado o étnico. Se suma el que la criminalidad transnacional involucra jóvenes y que, en procesos migratorios, ellos/as son especialmente estigmatizados y sufren consecuencias de choques culturales.

La innovación que presenta, en esta época y contexto, el enfoque de la prevención del delito no es solamente el reformularse en el seno del discurso de la responsabilización y la gestión cotidiana e individual de los riesgos. Además, las estrategias recientes se distancian de las anteriores cuando incorporan el componente de transferencias condicionadas de ingresos (TCI)^[4], apelando a un actor racional que actuará de determinada manera en función del incentivo económico. En su uso más tradicional, este componente tiene la intención de combatir la pobreza pero, sobre todo, contribuir a que las personas estén mejor preparadas para enfrentarse a los avatares del mundo en el que viven, e incrementar, por ejemplo sus condiciones de empleabilidad. Es decir, el foco de la intervención no está tanto, o tan sólo, en modificar las condiciones estructurales de la inserción y reproducción social, sino en fomentar la responsabilidad individual de las personas para hacer elecciones correctas, aprovechar oportunidades, y estar mejor preparadas para cumplir con los requisitos vigentes. Además, la condicionalidad para la entrega del dinero está informada por las críticas que se le hacían al Estado de Bienestar, de desincentivar la activación de los asistidos al no exigirles contraprestación. La cuestión se vuelve curiosa cuando, una TCI muy modesta económicamente, se ofrece como estímulo -más o menos directo- para dejar de robar. ¿Cómo se vinculará este uso con aquel más frecuente que se les da a las TCI? En el capítulo 5 se trata en detalle de identificar y comprender, con la ayuda de los desarrollos de la sociología del dinero (Zelizer, 2011), los sentidos de este dinero entregado en forma de TCI, desde una perspectiva que, desde el inicio, desestima la pregunta en torno a la efectividad de la entrega de los planes en la disminución del delito.

Los procesos y elementos que vienen señalándose evidencian innovaciones en el modo de gobernar la relación entre los y las jóvenes, y el riesgo y el delito, a través de estrategias que siguen tendiendo a articular, objetivos de inclusión social y de control, o de seguridad. Ahora bien, ¿qué lógicas propias subyacen en las intervenciones locales para sopesar los objetivos de inclusión social con los de control social y seguridad? ¿Cómo se articulan preocupaciones securitarias sobre el presente -como el introyectar la responsabilización sobre hechos delictivos-, con el interés en el futuro de las nuevas generaciones connotado a través de la incorporación de TCI? ¿en qué medida las manifestaciones locales de esta preocupación estatal están en sintonía con los concernimientos globales sobre el tema?

Definitivamente, las preguntas son muchas, y el modo de abordarlas fue, siguiendo el marco teórico metodológico adoptado, a través de las capas del Estado. En cada una de ellas, mientras se gestiona, se distribuyen recursos, reconocimientos, discursos legítimos sobre formas de vivir edades, clases y géneros. Es preciso, entonces, antes de presentar las discusiones y respuestas sobre las preguntas planteadas, puntualizar algunas categorías que se consideraron centrales para el análisis.

Juventudes: edad, género y clase

Esta tesis tuvo como premisa que las preguntas alrededor del problema abordado debían responderse atendiendo a que el análisis sobre la regulación social no puede desentenderse de las dimensiones constitutivas de las relaciones sociales como son, principalmente, la clase social, la edad, y el género. No es lo mismo cómo se asocia el riesgo a las mujeres que a los varones, ni qué adultas son consideradas las jóvenes por tener hijos, mientras a los varones se los considera aún niños por relacionarse con los pares a los golpes. Tampoco es equipotencial la relación que se establece entre una operadora mujer de clase media que representa a la institución estatal, con un varón beneficiario que vive en un barrio pobre, aunque tengan la misma edad. Las edades, los géneros, y las clases sociales, son construcciones sociales y se asocian a lugares posibles, denegados e impensables. Por eso es preciso analizar los procesos de regulación, teniendo particular consideración sobre el significado y poder de estas categorías.

Lo primero es rechazar la categoría de juventud como un todo homogéneo y situarla para que su uso sea más fructífero. Más allá del acuerdo general en que la juventud es un concepto construido social e históricamente (Bourdieu, 1990, Reguillo Cruz, 2000, Criado, 1998, Saltalamacchia, 1990, Chaves, 2010, entre otros)^[5] se acuerda aquí en que referirse a la juventud como un actor o grupo social no sólo es inútil para describir a la heterogeneidad que presenta la condición juvenil, sino que oculta las desigualdades y diferencias que se producen entre personas jóvenes que pertenecen a diferentes clases sociales, etnias o géneros y que tienen inserciones familiares, comunitarias, escolares y laborales disimiles. Más aún es necesario situar la categoría porque justamente las intervenciones institucionales (ya sean estatales, religiosas, privadas, etc.) contribuyen, con sus definiciones de actores y objetivos, a la organización y caracterización de distintos grupos de personas en estas categorías sobre las que luego operan. Con lo cual es necesario indagar en torno a de qué se habla cuando se habla de jóvenes o adolescentes como la población destinataria. Quiénes entran en esas categorías y qué atributos se supone que tienen o carecen de, para ser incluidos en dichas categorías.

Cuando las poblaciones a regular son las nuevas generaciones, la tarea es aún más sensible. De lo que se trata, no es solamente de garantizar el orden, sino la reproducción social (LLobet, 2009). No obstante, es necesario observar con atención en qué medida en cada contexto esa reproducción significa la tradicional misión de formar buenos ciudadanos para el futuro o persigue solamente una tibia garantía de derechos humanos en el seno de una intención meramente preocupada por el orden y la armonía social. Más allá de esas diferencias, la condición de la transición entre la juventud y la adultez sigue teniendo un espacio clave y se materializa en la preocupación que los programas sociales manifiestan por encaminar transiciones deseables hacia la adultez, a través de la gestación del proyecto de vida. Esta expresión requiere ser recontextualizada, en cada caso, para moderar sus polémicos matices, y atendida especialmente dada su centralidad en los pactos y las condiciones que se entablan entre operadores/as y beneficiarios/as. De esto, particularmente, se ocupan el capítulo 4 y también el 6.

“Los beneficiarios son quienes no tienen un proyecto de vida, no pudieron armarlo.” (Operadora – programa Comunidades Vulnerables)

La carencia del proyecto de vida es la justificación de los programas para ubicar a los y las jóvenes como sujetos carentes (Chaves, 2005) y posicionarlos inferiormente respecto de ciertos parámetros adultocráticos en torno a la conformación plena de una persona. La juventud se dibuja como etapa incompleta y de transición a un estado que sí goza de plenitud como sería la adultez.

En esa preocupación transicional, la edad parece ser la dimensión a la que apelan los programas sociales para comenzar a definir sus destinatarios/as. Éstos suelen definirlos otorgando centralidad a la dimensión etaria, ya sea delimitando rango de edades o expresándolo en clase de edad.^[6] Lo interesante es que la edad, en este contexto, expresa mucho más que el tiempo biológico que supone. Hace ya casi un siglo que se entiende la edad como una construcción, al agregarle el calificativo social (Mannheim, 1993). La edad social pauta la organización social y la distribución del poder. Tal como señaló Bourdieu (1990), la juventud, por ejemplo, es una de las formas en que se representa la lucha por el poder, en este caso, entre unas personas más jóvenes y otras más viejas. Ese poder es el de detentar las posiciones hegemónicas que definen qué grupos ocupan qué espacios y disponen de qué recursos para legitimar sus visiones de mundo y operar sobre él al tiempo que establecen cierto orden social. Martin Criado (2005) otorga un carácter performativo a la división de edades que se gesta al interior de cada sociedad, ya que cada clase de edad “supone una forma de pensamiento y comportamiento socialmente definida y los sujetos tienden a adecuarse a la definición en la que se hallan incluidos” (2005:88). Esas adecuaciones no son, necesariamente, armoniosas, sino más vale resultado de luchas de poder definidas no sólo en términos etarios, sino también de clase y de género. De hecho, es posible observar, por ejemplo en los sujetos del estudio de esta tesis, la heterogeneidad que se halla presente dentro de un grupo de beneficiarios que supuestamente comparten el mismo perfil. Estas proposiciones vuelven a jerarquizar el enfoque relacional ya que cuando las edades biológicas se cruzan con condiciones de clase, con desiguales accesos a bienes materiales y simbólicos, y con pertenencia étnicas y de género, las historias que se configuran pueden resultar verdaderamente disimiles. Así, resulta más útil pensar que las etapas vitales de las personas no se componen por un conjunto fijo de características homogéneas que se rigen por compartir el año de nacimiento, sino que son más bien flexibles y que se constituyen y moldean en cada persona a partir de la interrelación de múltiples dimensiones y factores, entre las cuales la clase social en cruce con el género cobra una importancia considerable.

En este sentido es preciso puntualizar que los/as jóvenes a los que se refiere este estudio pertenecen a sectores socio económicamente desaventajados -datos sobre este punto se detallan en el anexo-. La consideración de estas condiciones estructurales es central a la hora de negociar aspectos claves de los programas como el proyecto de vida, las posibilidades de inclusión social y su legitimidad, y también, fundamentalmente, las nociones de riesgo. En este sentido se orientan los capítulos 5 y 6, que enfocan en las interacciones cotidianas en las cuales fue posible advertir la emergencia de sentidos alternos sobre estas cuestiones.

El asunto de la definición del riesgo es central. Las discusiones sobre la noción son amplias y de larga data (Castel, 1986, 2004, 2013, De Almeida Filho, 2000, O´Malley, 2006, Kessler, 2009). A lo largo de la tesis se revisita la noción y especialmente se discute sobre ella, sus orígenes y sus usos actuales, sobre los que se han señalado advertencias importantes. El riesgo es, fundamentalmente, una noción ambigua y ambivalente, y es dicho carácter el que la hace tan fructífera para el problema que aquí se trata. Especialmente porque es en contextos desaventajados en donde la forma en que muchos/as jóvenes hacen frente a la adversidad es sometiéndose a riesgos, a ellos y ellas mismos/as y a otros/as. Estos riesgos asumidos suponen prácticas y valoraciones asociadas que entran en contradicción con las nociones oficiales sobre los mismos. A su vez, estas contradicciones o desacuerdos se vinculan con que estas nociones son relativas a inscripciones de clase y edad principalmente, en cruce con el género, y la inscripción socio territorial. Ana María Mendes Diz (2002) señala cómo, la relación con el riesgo, en ocasiones, media otros riesgos en particulares contextos:

“Sin trabajo, sin redes de contención, sin las credenciales educativas exigidas por el mercado y sin oportunidades para lograrlas, muchos jóvenes sienten su seguridad personal y social fuertemente jaqueada (…) Una realidad con tales características ha llevado a los jóvenes a tener menos vocación para intentar cambiar el mundo que para luchar por integrarse a él (…) Ante la ausencia de metas reconocibles como posibles y de medios disponibles para alcanzarlas los jóvenes encuentran en el riesgo una alternativa posible y aún deseable.” (Mendes Diz, 2002)

La asunción de estos riesgos se realizaría con el fin de no caer en otros, por ejemplo, un estado mayor de marginalidad. Estos serían los riesgos positivos (O´Malley, 2006). Muchos de estos jóvenes, varones y chicas, buscan instancias de integración a patrones de consumo o de legitimidad simbólica, a grupos de pares, a prácticas colectivas. La integración y la afiliación se ha concebido tradicionalmente en relación a ciertos espacios, como el trabajo y la escuela. Pero cuando ya hace al menos dos generaciones que estas instituciones están cuestionadas como vehículos de ascenso social, estas juventudes han establecido, de manera no sistemática ni necesariamente razonada, otras instancias de inclusión o socialización. Se recupera así el planteo de Denis Merklen (2005) quien cuestiona que simplemente se den procesos de desafiliación completa. Esto no niega el que efectivamente estos/as jóvenes estén insertos en circuitos de socialización que en muchos casos ponen en riesgo sus vidas, pero permite pensarlos como sujetos activos.

¿A qué riesgos están sometidos los y las jóvenes para ser beneficiarios/as de estos programas intermedios, de prevención del delito? ¿De qué riesgos pueden protegerlos las TCI que se les entregan a cambio de ciertas formas de conducta? ¿Qué riesgos existen para las y los jóvenes en sus vidas cotidianas y cómo coexisten esas definiciones con las institucionales?

Ahora bien, tal como se ha venido anticipando, interesa subrayar que los modos en que las adolescencias y juventudes de sectores populares experimentan sus vidas y son reguladas por las instituciones tampoco son las mismas según se trate de mujeres y varones. Es preciso dar cuenta de que esto es así especialmente porque la dimensión de género es invisibilizada en la mayoría de las intervenciones estudiadas aún cuando el género parece convertirse en el primer factor de riesgo del delito (Crawford, 1998). De hecho, es esa invisibilización lo que construye, también, formas legítimas de ser varón o mujer joven y pobre. Especialmente, tal como apunta Elizalde,

“el modo en que la condición de género aparece en los dispositivos institucionales y legislativos para jóvenes se sustenta en una juridicidad que específicamente ‘borra’ la especificidad genérica y sexual de las mujeres jóvenes y las fuerza a ‘desaparecer’ de la escena pública o a subsumirse en un retrato único de la peligrosidad juvenil; en un segundo momento ‘ilumina’ fragmentariamente a las chicas, bajo la mirada moralizante de sus actuaciones sexuales en términos de ‘pánico sexual’.” (Elizalde, en prensa:100)

Con este fragmento como disparador, es requisito conceptualizar al género como la construcción social de la diferencia sexual que incluye una serie de mandatos sociales diferenciales para hombres y mujeres, que aunque pueden rechazarse, aceptarse o negociarse, influyen de forma profunda en la manera en la que las personas habitan sus cuerpos y se relacionan con los otros (Faur, 2004, Bonan y Guzmán, 2005). Eleonor Faur (2004: 47-53) sugiere que la tensión entre la elección individual de los sujetos y la coerción social del entorno es una de las que permite pensar la construcción social del género, por ejemplo, dentro de programas sociales. Éstos son parte del entorno disponible y a su vez encaran acciones con ideas y representaciones sobre el género (Guzmán, 2002) aunque parezcan presentarse como neutrales. Los programas actúan desde posiciones de género ya desde que sus trabajadores/as son sujetos imbuidos en el género, tienen sus percepciones sobre modelos deseables de ser varones o chicas jóvenes, y bajo esas ideas implementan los planteos institucionales. En síntesis, las instituciones encarnan algunas, y no otras, de las representaciones circulantes sobre lo masculino y lo femenino como regulaciones normativas (Scott, 2000) y, a su vez, las identidades de género de las personas “no responden meramente a elecciones personales ni exclusivamente a formatos construidos en el orden social” (Faur, 2004: 52).

Habida cuenta de estos planteos teóricos, ¿cómo se organizan y jerarquizan estas dimensiones -el género, la clase social, la edad- en los programas de prevención del delito juvenil? Y a su vez esta organización, ¿qué influencia tiene en las cadenas causales de explicaciones que los programas trazan para la definición de los problemas a atender? Por parte de los y las jóvenes, ¿cómo se acomodan en posiciones tales que les permitan atender a unos particulares requisitos vinculados con el procesamiento social de la edad, la pertenencia socio económica pero también con las posiciones de género? En el recorrido de la tesis se abordan estas preguntas y se enfoca en las discusiones sobre cuáles son los proyectos de vida legítimos, las vías de inclusión y los espacios habilitados, y especialmente las nociones sobre el riesgo.

Especialmente la relación de las chicas y los varones con el riesgo, no parece ser la misma, y por eso es particularmente importante ahondar en esta dimensión en función del tema que trabaja esta tesis. Varios autores han estudiado la vinculación entre juventud y uso de la fuerza física^[7] y la han enmarcado en procesos de construcción identitaria. La exposición al riesgo es una de las características que se asocian con los estereotipos típicamente masculinos como la fuerza, la virilidad, la predisposición al riesgo, la racionalidad, la función de proveer sustento económico a la familia, etc., todas atribuciones que se opondrían a lo que se considera como “femenino”. Además, es típicamente masculino ser capaz de soportar consecuencias desfavorables, o desconocidas, de demostrar valentía y de desmerecer el dolor (Bourdieu, 2000, Connell, 1995, Olavarría, 2003, Mendes Diz, 1997, Faur, 2004). En este sentido Mendes Diz (1997) ha comprobado que los varones “buscan el riesgo”, a diferencia de lo que sucede con las chicas a quienes el riesgo “les pasa”.

Por ejemplo, el uso de la fuerza física es uno de los atributos que los varones beneficiarios del Comunidades Vulnerables consideran propios de un buen ejercicio de la masculinidad (Medan, 2011). Sergio Tonkonoff (2003) adjudica a la violencia desplegada por jóvenes (sin especificar sexo) de sectores populares una doble función: como un vehículo apto para descargar la furia de verse primero tentados y luego expulsados del campo de las imágenes juveniles exitosas, y, acaso fundamentalmente, como un modo de afirmar la propia existencia. En la misma línea, Daniel Míguez amplía el sentido y afirma:

“Las condiciones en que estos jóvenes se desarrollan desde su infancia hacen que adquieran un ‘habitus’ en el que la resistencia y capacidad de violencia corporal es, a la vez, resultado del contexto de crianza y un recurso al que pueden echar mano para subsistir.” (Míguez, 2003)

Datos estadísticos disponibles avalan la relación entre la sociabilidad juvenil y la asunción de riesgos y expresan de modo concreto el sesgo masculino de esta relación (cuya referencia no siempre es manifiesta en los estudios que se mencionan). Si se consultan las estadísticas oficiales^[8] sobre el delito y se toma alguna variante particular de delito -por ejemplo de robo (sin incluir robos a autos y bancos que son tomados aparte), los datos son muy sesgados por género: el 94% son varones. Es decir de los 79.194 robos de 2007 (que son de los que se conoció el sexo de los autores) 74.551 fueron cometidos por varones y sólo 4.643 por mujeres. Este dato no aparece segmentado por edad pero si se lo combina con el que el 55% de ese mismo tipo de robos es cometido por menores de 21 años, el cruce entre edad y género de varones jóvenes se vuelve significativo. Si bien estos datos no se desagregan por pertenencia de clase social, la literatura especializada coincide en que existe una asociación fuerte (aunque no unívoca) entre delito juvenil y condiciones de pobreza de estas poblaciones (Kessler, 2004, 2010, Míguez, 2004). El informe del PNUD 2009 señala que de la población desocupada argentina el 60% son jóvenes y literatura especializada (Kessler, 2004) evidencia que muchos de los/as que delinquen a edades tempranas pertenecen a sectores populares en los que el delito se convierte en una vía más para conseguir ingresos que permitan abordar necesidades cotidianas que no pueden ser legalmente satisfechas por la ausencia o precariedad laboral. Interesa sumar a estos datos los indicadores de muertes por causas externas aunque tampoco estén segmentados por clase social. Al revisar datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Informe PNUD 2009), estos indican que del total de muertes de las personas de entre 15 y 24 años, el 64,5% son producidas por causas externas (homicidios, hechos de violencia, suicidios u accidentes de tránsito). Pero si segmentan por género las muertes por causas externas de este grupo etario, las femeninas llegan al 43,7% y las masculinas ascienden al 72,4%. Para el caso argentino, datos del mismo organismo pero para 2006 indican que las muertes por causas externas de los varones de 15 a 24 casi cuadriplican las de las chicas del mismo rango etario (73,5% contra 17,6%).^[9] Eleonor Faur (2004), en su trabajo Masculinidades y Desarrollo se preguntaba ante cifras similares: “¿Cuál es la conexión entre las identidades masculinas y estos problemas?”

“Lejos de pensar tal articulación como un efecto relacionado con la hormona presente en sus cuerpos (denominada testosterona), consideramos que los procesos sociales que transitan los hombres desde pequeños van configurando formas de conducta particularmente vinculadas con la demostración de poder a través de la fuerza y la violencia, y que esta dinámica llevada al nivel macro-social se convalida con los datos observados.” (Faur, 2004:185)

Sin embargo, datos estadísticos e imaginarios colectivos sobre la estrecha relación de los varones con el uso de la fuerza física, el riesgo o la transgresión a la ley, no debería orientar un análisis androcéntrico de estas prácticas y reproducir así, un sesgo marcado en muchos estudios sobre juventud (Elizalde, 2006) y también criminológicos (Haney, 2004). Por una parte, Elizalde (2006) señala que en el campo de los estudios sobre la juventud y hasta bien entrado el 2000, sólo se consideraba a las mujeres en relación a temas de salud sexual y reproductiva se invisibilizaban sus prácticas en todos los demás terrenos. Por otra parte, no debe saltearse al análisis el hecho de que la producción de datos es una de las dimensiones interpretativas del Estado, es decir, se visibiliza estadísticamente aquello que se registra, no aquello que sucede. Lo que es aún más significativo en este sentido de evitar el androcentrismo, es que en tanto la dimensión de género organiza relaciones sociales entre hombres y mujeres, dejar sólo a los varones el terreno de la disrupción y el espacio público -en el que se relacionan exponiéndose a riesgos a ellos y a terceros- como propio, supone que para las mujeres los únicos lugares legítimos de acción serán aquellos caracterizados con el cumplimiento y la esfera doméstica donde puedan mostrarse modosas y requeridas de cuidado (Faur, 2003, Medan, 2011, Elizalde, en prensa). Desde hace unos pocos años, las académicas feministas han avanzado un paso más en esa crítica específica al androcentrismo criminológico. Ya no sólo se ocupan de señalar la consideración que los sistemas de control penal anudados con los de bienestar tienen hacia el género (más o menos ciego o consciente), sino que se han orientado a conocer qué regímenes de género se establecen en los dispositivos de control penal para regular a las mujeres, visibilizando que ellas también pueden tener un relación más estrecha y activa con el riesgo, y que por ello son reguladas (Haney, 1998).

A partir de estos señalamientos que combinan ciertas evidencias sobre los vínculos entre el riesgo y el género, con advertencias sobre el modo de mirar esta relación y sus efectos, es que un análisis que considere la dimensión de género del asunto en un mismo nivel que otras dimensiones (como la edad y la clase) es fundamental. Más aún al tratarse de un problema naturalizado como masculino; la tarea, entonces, es doble: deconstruir esa naturalización y también contribuir a visibilizar la otra mitad (Elizalde, en prensa) de la peligrosidad juvenil, es decir, la femenina. Y respecto de la peligrosidad juvenil, abordarla en sus dos sentidos. Por un lado, el las asignaciones desde el entorno hacia los y las jóvenes, que los señalan como la juventud en riesgo (tanto peligrosa como vulnerable). Pero también, las propias relaciones que en su vida cotidiana los varones y las mujeres jóvenes entablan con situaciones que perciben como riesgosas, tanto en un sentido negativo como positivo. Es decir, poner también la observación en las percepciones de los propios actores sobre su relación con el riesgo en función de cómo lo definen ellos mismos.

En este sentido es que interesa subrayar, finalmente, que la acción de las instituciones -por ejemplo en la definición de qué es ser joven, pobre, chica o varón- no se ejerce sin encontrar resistencias. Como se señaló, el proceso de regulación social se encuentra tensionado por las elecciones individuales que hacen los sujetos. Es decir, los programas sociales generan ciertas interpretaciones sobre las necesidades de los beneficiarios y también satisfactores que se prestan a negociaciones, adaptaciones y rechazos por parte de los/as destinatarios/as. En síntesis,

“el discurso de las necesidades se presenta como un espacio de contienda donde los grupos con recursos discursivos (y no discursivos) desiguales compiten por establecer como hegemónicas sus interpretaciones respectivas sobre lo que son las legítimas necesidades sociales. Los grupos dominantes articulan sus interpretaciones con la intención de excluir, desarmar y / o cooptar las contrainterpretaciones. Por otra parte los grupos subordinados o de oposición articulan su interpretación de las necesidades con las intención de cuestionar, substituir y / o modificar las interpretaciones dominantes.” (Fraser, 1991)

En suma, lo que se quiere subrayar es la importancia de articular en el análisis del problema, unos clivajes constitutivos de las identidades pero sobre todo de las relaciones. Este procedimiento podría ser pertinente en estudios que involucren a cualquier grupo de edad, la infancia, la adultez, la vejez. Sin embargo, particularmente la infancia y la juventud concentran sentidos muy significativos para la cuestión de la reproducción y transformación social.

De LLobet (2009:47) se siguió la hipótesis -que también ha sido retomada por otros desarrollos y que resulta sugerente para esta tesis-, sobre que las nuevas generaciones son “una superficie en la que se reflejan ideales y proyectos en lucha”. Tal como se expone en extenso en el próximo capítulo, la importancia central que la infancia y la juventud “descarriadas” tuvieron desde fines del siglo XIX respecto de los asuntos de control y seguridad social, continúa vigente. Si bien desde la sociología de la juventud esta categoría puede representar un abanico de posibilidades dentro de las que se incluyen misiones positivas y transformadoras de la sociedad, lo cierto es que cuando de lo que se trata es de la regulación social

“los jóvenes y adolescentes se constituyen como un grupo privilegiado en la producción de inseguridad: se hacen portadores de todos los atributos negativos imaginables: peligrosos-violentos-enfernos-drogadictos-incurables e incorregibles.” (Pasin y López, 2008, citando a Daroqui, 2003)

En este sentido, LLobet sugiere que la relación del Estado con la infancia, y, se agrega aquí, con la juventud, especialmente de sectores populares, parece ser, cada vez más, “la relación con un actor que representa otra cosa: un peligro para la salubridad, el futuro de la nación, la modernidad, el delincuente adulto, o el revolucionario adulto, el futuro devastado…” (LLobet, 2009:47). En suma, la juventud representa un grupo de edad particular en la medida en que condensa la ambigüedad de significar esperanza, futuro, con una fuerte asociación con el riesgo.^[10]

De la construcción del problema a la primera capa del Estado

Las perspectivas teórico metodológicas presentadas en este capítulo, enlazadas con las preguntas del caso, pretendieron exponer el modo en que esta tesis construyó el problema de investigación. Sin más preámbulos, se da por iniciado aquí el tránsito por las capas del Estado, en su misión de gobernar a la juventud en riesgo, mediante programas de prevención del delito juvenil.

---