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Anexo

Informaci贸n adicional sobre gestiones en pa铆ses de HNO

Tabla resumen de gestiones en pa铆ses de HNO

Gesti贸n/

Pa铆s

Tradici贸n

Principales preocupaciones

Principios organizadores y operalizaci贸n de la preocupaci贸n

Principal pol铆tica o programa[1]

Inglaterra y Gales

1988/93: ejemplo de estrategias disuasivas, no privativas de libertad, y no criminalizantes.

1995: giro punitivo e importanci贸n medidas de EEUU y tolerancia cero (Muncie, 2001).

2000: preocupaci贸n por altas tasas de encarcelamiento e incorporaci贸n de medidas alternativas/ restaurativas.

Desde 1998 es prevenir la infracci贸n a trav茅s de intervenciones tempranas del sistema penal, y desde mediados de 2000 (por la alarma que provoc贸 la duplicaci贸n de encarcelados juveniles) es adem谩s, evitar la entrada de j贸venes en el sistema penal. Aunque a partir de los 90 se advierte un giro punitivo, las tradiciones de los actores matizaron esas intensiones, de todos modos result贸 bastante restrictivo de la vida de las personas (Field, 2007).

1998: creaci贸n de nueva institucionalidad multiagencial: los YOT麓s, equipos para infractores juveniles, basados en el Paradigna de prevenci贸n de factores de riesgo ( PFPR- prevenci贸n situacional y del desarrollo) (Haines y Case, 2008), y justicia restaurativa (鈥渇amily group conference鈥, de Nueva Zelanda, reuniones en que v铆ctima y ofensor discuten la infracci贸n y la reparaci贸n). (Muncie, 2001). Los YOT麓s funcionan localmente y est谩n integrados por polic铆a, trabajadores sociales y servicios educativos y de salud, y son financiados y supervisados por el YJB (谩rea que supervisa el sistema de justicia juvenil). Este conjunto de instituciones (YJB, YOT, YIP) fueron creadas a partir del Crime and Disorder Act de 1998.

2000: Youth Inclussion Programme[2][3] (YIP, Programa de Inclusi贸n Juvenil). Objetivo: reducir la entrada de j贸venes al sistema de justicia juvenil (ICPC, 2006, 2007 y sitio web). Se implementa territorialmente con los YOT麓s, seg煤n necesidades locales. Para ni帽os y j贸venes de entre 8 y 17 a帽os en alto riesgo de infracci贸n, con inserciones escolares d茅biles o nulas. Ofrecen aprendizaje de nuevas habilidades, apoyo escolar, y 鈥渕odelos positivos鈥 para cambiar sus actitudes hacia el crimen. Alcance: En 110 de los barrios m谩s pobres y con mayor nivel de criminalidad.

Estados Unidos

Luego de una tradici贸n ejemplar de respeto del inter茅s superior del ni帽o, y procesos de desinstitucionalizaci贸n, paradigm谩tico giro punitivo en los 90: tolerancia cero.

1998: medidas para refutar que el encarcelamiento era la mejor opci贸n (Krisberg, 2006).[4]

Doble: Prevenci贸n temprana del delito, basada en el fortalecimiento familiar, en tensi贸n con objetivos de seguridad. Tensi贸n entre enfoques tradicionales de Estados Unidos en el inter茅s superior del ni帽o con pol铆ticas m谩s punitivas y de menos tolerancia

(Krisberg, 2006, en Muncie y Goldson

A trav茅s de la Oficina de Justicia Juvenil y prevenci贸n de la delincuencia y y el programa JABGP. Responsabilizaci贸n, prevenci贸n temprana de riesgos, y justicia restaurativa con y sanciones graduales de acuerdo al tipo de infracciones cometidas.

1998: “Juvenile Accountability Block Grant Program”[5] (JABGP- Programa de Responsabilizaci贸n juvenil). Se financian programas locales en los que los infractores se responsabilizarsen por el da帽o y los gobiernos locales ofrecezcan alternativas para evitar la reincidencia.

Para 2011 la iniciativa funcionaba en 56 territorios de Estados Unidos.

Australia

Hasta 1989 l贸gica del welfarismo penal que cambia hacia responsabilizante pero de justicia restaurativa.[6]

Evitar el contacto de los j贸venes infractores, o en riesgo con el sistema formal de justicia juvenil.

La falta de resoluci贸n de un creciente n煤mero de adolescentes detenidos y la sobre representaci贸n de j贸venes abor铆genes y la selectividad del sistema de justicia para enfocar en ellos (p谩gina web [7]y tambi茅n en Cunneen y White (2006: 109, en Muncie & Goldson, 2006).

Estrategias de disuaci贸n (“diversion programs”) de la participaci贸n delictiva. Se implementa mediante advertencias policiales (police caution) a j贸venes que inflingen la ley por primera vez, o que se los observa en comportamientos que podr铆an llegar a inflingir la ley, y el de (conferencing): las reuniones grupales basadas en la responsabilizaci贸n y la justicia restaurativa: participaci贸n del infractor, la familia, polic铆a, un coordinador estatal y la v铆ctima en las cuales se revisan las condiciones de la infracci贸n y se consensua la reparaci贸n del da帽o.

Programa Nacional de Prevenci贸n Comunitaria del Crimen[8]: financia proyectos locales que atienden, entre otros, el problema de los j贸venes en riesgo.

Otro: Pathways to prevention (Caminos de prevenci贸n, creado en 1997), basado en la perspectiva del desarrollo humano y la prevenci贸n temprana de factores de riesgo especialmente fortalecimiento familiar. (Shaws y Travers, 2007, ICPC, 2010).

Nueva Zelanda

Hasta 1989 welfarismo penal.

Evitar el contacto de los j贸venes infractores, o en riesgo con el sistema formal de justicia juvenil.

Desde 1989 se incorporaran principios de responsabilizaci贸n y justicia restaurativa pero se mantiene la mirada sobre las necesidades del infractor. Creaci贸n de la estrategia llamada “Family Group Conference”. Al igual que Inglaterra y Gales existen YOTs (equipos multidisciplinarios y apelan a medidas de disuaci贸n encabezados por el Ministerio de Justicia[9] (Muncie & Goldson, 86 y ss. y Cunneen and white, p. 106 y ss).

Estrategias basadas en el FGC.

Canad谩

El foco de la preocupaci贸n parece estar los delitos cometidos por los varones entre 12 y 24 a帽os, y con marcado sesgo aborigen. Los principales factores que se mencionan est谩n asociados con la violencia familiar, la escuela y el abuso de drogas, pero tambi茅n con la participaci贸n de j贸venes en pandillas.

Prevenci贸n del desarrollo en factores de riesgo, con estrategias dise帽adas e implementadas localmente con base en la comunidad.

.

Existen varias experiencias de prevenci贸n pero no parece existir una estrategia principal. El gobierno federal legisla, y financia proyectos locales, a trav茅s del 谩rea de seguridad p煤blica del gobierno[10] ; las comunidades resultan recargadas y estigmatizadas (Smadych, en Muncie & Goldson (2006).

Pa铆ses Bajos

Sigue, como tradicionalmente, centrado en la re-educaci贸n y la rehabilitaci贸n. Sin embargo, a mediados de 2000 tambi茅n sufri贸 transformaciones que desmantel贸 parte de su sistema de tolerancia en funci贸n de las influencias recibidas desde Estados Unidos (Muncie, 2008).

Evitar el contacto de los j贸venes infractores, o en riesgo con el sistema formal de justicia juvenil.

Prevenci贸n temprana y 茅nfasis en “orientaci贸n en valores” para evitar el inicio. Luego, responsabilizaci贸n, justicia restaurativa, reuniones grupales entre infractores y v铆ctimas. Adventencias, oportunidades, y si se “desaprovechan”, penas sin contemplaciones. (uit Beijerse and van Swaaningen, 2006: 76, Muncie & Goldson).[11]

Desde 1981: HALT[12] programme: significa “la alternativa”. Si los j贸venes (de 12 a 18 arrestados por primera vez) completan el programa no quedan incluidos en los registros de justicia. El objetivo es confirmar est谩ndares morales, retribuir a la comunidad, disculparse ante las v铆ctimas y cambiar de actitud. (uit Beijerse and van Swaaningen, 2006, en Muncie & Goldson, 73).

En 2010 se ofreci贸 la alternativa del programa a 18069 j贸venes, no aceptaron 754, y lo concluyeron satisfactoriamente 16.017. Hay 16 oficinas del programa en el pa铆s, una por cada regi贸n policial.

Francia

1945/80: medidas educativas sobre represivas.

Los 80: envestida contra ineficiencia de welfarismo penal (Gendrot, 2006:51).

1983 /90麓s: respuesta progresista con la creaci贸n de una estructura administrativa nacional pero desconcentrada para la prevenci贸n social del delito con apoyo en la escuela, deudora del informe Bonnemaison.[13] (Selmini, 2009, Muncie, 2001).

La s preocupaciones se orientan a garantizar seguridad y subsidiariamente prevenci贸n social.

Tambi茅n se advierte una preocupaci贸n especial hacia los hijos de los inmigrantes y los musulmanes.

Se implementa mediante CCPD (Consejos comunales de prevenci贸n de delincuencia) que dise帽an multiactoralmente los planes locales de prevenci贸n. Hay 700 CCPD en todo el pa铆s.

Desde mediados de l 90 hasta la actualidad: importanci贸n de medidas inspiradas en el enfoque de “tolerancia cero” (Muncie, 2008).

Italia

Es reconocido como un sistema tolerante, aunque otros contraponen la idea de que la tolerancia no es el objetivo del sistema sino su resultado (Nelken, 2006: 174)..

Garantizar los derechos de los ni帽os en el seno de sus familias.

Confianza en la crianza familiar para evitar desv铆os, y en el retraso de castigos -contrariamente a las intervenciones tempranas). Rol importante de los principios de olvido y perd贸n de la iglesia cat贸lica.

Desde 1988: sistema previo al juicio, algo as铆 como “pru茅bate a ti mismo” para ver si el joven cumple con un programa basado en la escuela, el trabajo voluntario, trabajo, generalmente organizado por la iglesia y con asistencia psicol贸gica, y este procedimiento es para todos los tipos de cr铆menes, y s贸lo aquellos cr铆menes muy graves son penados con la privaci贸n de la libertad (Muncie, 2001).

Espa帽a

Desde 2000 reformas tendientes a hacer m谩s responsabilizante el sistema de justicia penal juvenil en desmedro de los principios de inter茅s superior del ni帽o (Informe Chile, 2009, Muncie 2008).

La anticipaci贸n y prevenci贸n de riesgos.

La coordinaci贸n de las agencias estatales en compromiso con la sociedad. El tratamiento de los menores de edad en conflicto con la ley depende seg煤n las comunidades aut贸nomas, algunas lo hacen desde los servicios sociales, junto con las 谩rea de protecci贸n y en otras los servicios de protecci贸n dependen de 谩reas sociales y las de reforma del ministerio de justicia.[14]

“Estrategia espa帽ola de seguridad” [15](2011) aunque no enfoca especialmente en la juventud.

B茅lgica

Desde 80/90麓s se incorporan elementos responsabilizante y de justicia restaurativa.

Tambi茅n se observa un sesgo punitivo sobre hijos de migrantes o descendientes de los pa铆ses colonizados

Principios ligados a la protecci贸n, welfarismo y al trabajo en las comunidades, con elementos que girar铆an hacia forma m谩s punitiva, especialmente, sanciones educativas (Muncie, 2008, Put & Walgrave, 2006,[16] en Muncie & Goldson, 2006).

Finlandia

Su estado de bienestar no est谩 desacreditado, su equidad social y la demograf铆a homog茅nea, lo libera de de algunos problemas presentes en sociedades mucho m谩s heterog茅neas. La confianza en el estado ha hecho que no se demanden pol铆ticas m谩s punitivas; adem谩s, los adolescentes en problemas son comprendidos como fruto de condiciones sociales que se revierten con bienestar (Tapio Lappi- Seppala, en Muncie & Goldson); con lo cual el encarcelamiento de j贸venes es una rareza (Muncie, 2001).

Suecia – Dinamarca

fueron influenciadas durante 2000 por el esp铆ritu punitivo, pero de todos modos mantienen baja tasa de encarcelamiento general y juvenil con respecto a otros pa铆ses de Europa Occidental (Muncie, 2008).

Informaci贸n adicional sobre gestiones en pa铆ses de AL

M茅xico cuenta con un Instituto de la juventud en el que no se advierten acciones de prevenci贸n del delito. Sin embargo dentro de la Secretar铆a de Seguridad P煤blica[17], existe un 谩rea (es un organismo administrativo desconcentrado) de prevenci贸n y readaptaci贸n social y dentro de all铆 una Direcci贸n General de Prevenci贸n y Tratamiento de Menores -se especifica s贸lo la misi贸n pero no hay detalles que nos aclaren las estrategias hacia los j贸venes. Lo que s铆 se encuentra es que la Organizaci贸n No Gubernamental Reintegra[18], implementa estrategias de prevenci贸n del delito (y desde 1993 especialmente con j贸venes) en el Distrito Federal (DF), y tiene convenio desde entonces con la Secretar铆a de Seguridad P煤blica para aplicar tratamiento externo a menores y sus familias, y articula, adem谩s, algunas acciones con la Secretar铆a de Educaci贸n Nacional y con el Gobierno Federal y el Gobierno del DF; tambi茅n esta ONG ha recibido financiamiento del Instituto Mexicano de la Juventud. Puede suponerse que si bien no existe una estrategia estatal multiagencial la preocupaci贸n por el tema permite que una organizaci贸n de la sociedad civil se ocupe del mismo y articule con distintas 谩reas estatales alrededor de la cuesti贸n. Por otro lado, revisando el estado de la cuesti贸n en M茅xico he encontrado informaci贸n -en la que no ahondamos pero que marca los alcances vigentes del gobierno- de que el sistema de justicia para menores infractores es una deuda nacional en un contexto en el que los estados mexicanos tienen legislaciones diferentes, en algunas de las cuales no hay previstas medidas alternativas a la privaci贸n de la libertad para el tratamiento de la juventud infractora.[19] En 2013, el nuevo gobierno ha lanzado una nueva Pol铆tica de Estado por la Seguridad y la Justicia de los Mexicanos[20].

El Salvador es quiz谩s el pa铆s de Am茅rica Latina que m谩s cercan铆a mantiene con el enfoque de la tolerancia cero para el gobierno de la juventud en riesgo, aunque implementa medidas preventivas relativas a la convivencia y la cultura de paz. Para el control de las pandillas juveniles -el principal foco de preocupaci贸n en el pa铆s – se implementan programas de alcance nacional el 鈥楶lan mano dura鈥 (desde julio del a帽o 2003) y el 鈥楶lan s煤per mano dura鈥 (desde junio del a帽o 2004 y relanzado en enero del 2006). Desde una vertiente preventiva, se han puesto en marcha el 鈥楶lan nacional de prevenci贸n y paz social鈥 (iniciado en 2007 y dirigido a comunidades en riesgo), el Plan 鈥楳ano amiga鈥 y el Plan 鈥楳ano extendida鈥 (desde junio de 2004). En esta l铆nea, se han puesto en marcha el 鈥楶rograma de prevenci贸n social de la violencia y la delincuencia juvenil en El Salvador鈥 y el 麓Programa de prevenci贸n social de la violencia y la delincuencia en occidente鈥, cuyos diagn贸sticos se basaron en mapas de riesgo, diagn贸sticos municipales, fichas comunitarias y diagn贸sticos de centros escolares. Ambos programas incluyeron tambi茅n variantes recreativas mediante el deporte y el arte, como herramientas para captar la atenci贸n de los j贸venes y alejarlos de la violencia, con el apoyo de centros escolares. Las pol铆ticas m谩s punitivas est谩n a cargo de la polic铆a nacional mientras que las preventivas a cargo de la Secretar铆a Nacional de la Juventud, Ministerio de Trabajo, Educaci贸n, instituciones de protecci贸n a la mujer, organismos internacionales como el PNUD, las alcald铆as locales y otras instituciones (CEPAL, 2008). Seg煤n el sitio oficial del gobierno, el Ministerio de justicia y seguridad p煤blica[21], es quien impulsa la 鈥淧ol铆tica Nacional de Justicia, Seguridad P煤blica y Convivencia鈥, que contiene cinco grandes ejes: control y represi贸n del delito; prevenci贸n de la violencia; rehabilitaci贸n y reinserci贸n de los privados de libertad; atenci贸n a las v铆ctimas; reforma legal y fortalecimiento institucional. La preocupaci贸n sobre las pandillas o maras juveniles es tal que en 2003 comenzaron a aprobarse leyes antimaras, hasta que en 2010 se sancion贸 la ley de proscripci贸n de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal.[22] Se advierte una preocupaci贸n central sobre este tema, hasta el punto que trasciende las fronteras nacionales y se ubica como un problema central para la regi贸n, especialmente en conjunto con Guatemala y Honduras.[23] No s贸lo desde el 谩rea de seguridad y justicia la participaci贸n de j贸venes en pandillas es un problema. Tambi茅n es abordado desde el Instituto Salvadore帽o para el Desarrollo Integral de la Ni帽ez y la Adolescencia. Este organismo se帽ala que si bien las pandillas existen desde los tempranos a帽os 80, se modificaron y se volvieron m谩s violentas desde mediados del 95 tras la guerra civil y las influencias de la tradici贸n norteamericana.[24] Este organismo se帽ala el trabajo que la organizaci贸n internacional Interpeace asociada a Naciones Unidas, que est谩 en Guatemala tambi茅n, est谩 realizando con la implementaci贸n del programa POLJUVE. Una de las acciones de la organizaci贸n en Salvador fue impulsar la concreci贸n, en 2009, del 鈥淧lenario Nacional para la construcci贸n de Pol铆ticas P煤blicas para la Prevenci贸n de la Violencia Juvenil鈥 en San Salvador, El Salvador.[25] “El plenario gener贸 un gran impacto en la sociedad salvadore帽a y fue visualizado como el proceso de di谩logo nacional que permitir谩 la b煤squeda de consensos y la suscripci贸n de un acuerdo nacional que contribuya a la prevenci贸n de la violencia en El Salvador”. Este plenario fue particularmente importante porque -en contexto de sanci贸n de nuevas leyes anti pandillas- se enfatiz贸 la importancia “de la transici贸n de las pol铆ticas represivas y manoduristas de los anteriores gobiernos hacia una pol铆tica nacional que parta del di谩logo, la participaci贸n y la acci贸n colectiva para la b煤squeda de la construcci贸n de la cultura de paz mediante la prevenci贸n social”.

En el 谩rea de la seguridad y convivencia ciudadana Colombia es uno de los pa铆ses con mayor oferta program谩tica y mayor articulaci贸n del tema de la violencia en la pol铆tica nacional de juventud. En el marco de la nueva Constituci贸n Pol铆tica de 1991, que report贸 avances importantes en el 谩mbito de la descentralizaci贸n y la democratizaci贸n, se formul贸 la Primera Estrategia Nacional contra la violencia, seguida de una reformulaci贸n en 1993 que implic贸 la creaci贸n de instituciones especializadas en diferentes 谩reas y niveles (CEPAL, 2008). De hecho, dentro del Programa Presidencial Colombia Joven[26], una de las l铆neas de acci贸n en lo que a prevenci贸n se refiere es la prevenci贸n de Reclutamiento. 脡sta busca evitar que los grupos guerrilleros incorporen, voluntaria o involuntariamente, a j贸venes. Otra de las acciones referidas a la participaci贸n en grupos armados es el Plan de reconciliaci贸n de Medell铆n, para incentivar la desmovilizaci贸n de estos grupos. Tambi茅n en relaci贸n a la preocupaci贸n sobre la participaci贸n de j贸venes en pandillas se destacan, para el plano local, los programas bajo la denominaci贸n de 鈥楶rogramas de Desarrollo, Seguridad y Paz鈥 (DESEPAZ) en los cuales se advierte el inter茅s de establecer mecanismos de control y prevenci贸n por medio de acuerdos en el marco del “Pacto Social por la convivencia” celebrado entre oficiales del ej茅rcito y dirigentes de las pandillas (Dammert, 2008).

Un trabajo de (Santill谩n y Varea, 2008)[27] describe que fen贸meno de las pandillas se instal贸 en Ecuador desde los a帽os 80 (desde cu谩ndo fue abordado policialmente) pero cobr贸 visibilidad a comienzos del 2000, por un lado por su crecimiento y por otro, por la instalaci贸n en Ecuador, del paradigma de seguridad ciudadana -que ha generado intervenciones m谩s represivas y otras m谩s preventivas-, que implica un esquema mediante el cual la ciudadan铆a es la demandante de la seguridad y se desplaza la responsabilidad de la inseguridad hacia actores que representan, muchas veces estigmatizadamente, amenazas reales o imaginarias para la poblaci贸n: pandilleros, j贸venes sospechosos, personas marginales, y donde los marcos interpretativos de la violencia est谩n muy asociados a la identificaci贸n de factores de riesgo. Este paradigma se enlaza con el enfoque epidemiol贸gico que se preocupa en determinar factores de riesgo, as铆 como a fortalecer protectivos. Sin embargo, a pesar de estos lineamientos generales, se observa tambi茅n al igual que en otros pa铆ses, que son las particularidades locales y pol铆ticas dentro de la jurisdicci贸n las que marcan el esp铆ritu con el que se implementa este enfoque aparentemente com煤n. “Las pol铆ticas de tratamiento del tema de pandillas est谩n determinadas por las distintas l贸gicas de la acci贸n municipal, que no son 煤nicamente l贸gicas o modelos de gesti贸n diferentes, sino que tienen de trasfondo visiones pol铆ticas distintas sobre el gobierno de la ciudad y sus problemas. Es por eso que los pilares que sustentan ambos proyectos son distintos. El modelo de integraci贸n de Guayaquil tiene un esp铆ritu empresarial, mientras que el caso de Quito est谩 basado en la l贸gica del reconocimiento simb贸lico y jur铆dico que permita la negociaci贸n y el consenso” (Santill谩n y Varea, 2008:97).

En Per煤, dentro del 谩rea de Seguridad Ciudadana (2011)[28] existen los CODISEC (comit茅s distritales de seguridad ciudadana), dentro de cuyas acciones hay actividades dirigidas a j贸venes en pos de protegerlos frente a factores de riesgo como el consumo de alcohol, la falta de esparcimiento al aire libre, la baja autoestima, las pandillas, el robo, la calle (Shaws y Travers, 2007). En la revisi贸n del sitio no se encontr贸 un 谩rea de justicia juvenil, aunque en el informe de la CEPAL del 2008 destacan como acci贸n espec铆fica del gobierno el 鈥楶rograma de intervenci贸n temprana y consejer铆a para adolescentes y j贸venes de conducta de riesgo鈥, y medidas reparatorias al delito, impulsadas desde el Ministerio de Justicia, a trav茅s de programas de reinserci贸n social del adolescente infractor.

El estado actual de la gesti贸n brasile帽a sobre la juventud en riesgo debe remontarse a 1990 cuando se asent贸 el Estatuto de la Ni帽ez y Adolescencia (ECA) en donde se separaron las causas asistenciales de las penales y se dispuso que la privaci贸n de la libertad ser铆a el 煤ltimo recursos. Tal como describe Graziano (2011)[29] el ECA refiere tanto a los 鈥渕enores en situaci贸n de vulnerabilidad que necesitan una protecci贸n especial del Estado鈥 (鈥渕edidas de protecci贸n鈥) como a los 鈥渕enores en conflicto con la ley鈥 que deben ser sometidos a una 鈥渕edida socioeducativa鈥 (en medio abierto o cerrado[30]) que pueden aplicarse s贸lo a quienes tienen entre 12 y 18 a帽os; bajo esa edad s贸lo medidas de protecci贸n. La ley se fundamenta en lo la 鈥渄octrina de la protecci贸n integral鈥 y est谩 asociado, generalmente, a una idea de progreso con respecto a la justicia juvenil. Se considera que a fines de la d茅cada del noventa se produce en Brasil un cambio de paradigma y que, de un modelo centralizado, paternalista y represivo, se pasa a un modelo descentralizado, participativo y proteccionista (Graziano, 2011). En este sentido, el ECA es un dispositivo que se presenta y se percibe como mejor que el anterior, porque se lo vincula con una idea de protecci贸n de los derechos de los ni帽os. Desde entonces se priorizar铆an medidas alternativas; en este sentido, el Estatuto ser铆a un terreno f茅rtil en donde anidar, m谩s de una d茅cada despu茅s, la justicia restaurativa que describe Schuch para mediados de los a帽os 2000 (Fonseca y Cardarello, 1999). Los avances progresistas que supuso el estatuto tambi茅n habilitaron un pasaje de interpretaci贸n de los problemas que impactar铆a tambi茅n en la avanzada neoliberal de la d茅cada siguiente. Situaciones que antes del Estatuto eran clasificadas como fruto de un problema socioecon贸mico pasaron a entenderse como de negligencia, especialmente familiar, inclinando la balanza de la responsabilidad por los problemas a los 谩mbitos personales y privados (Fonseca y Cardarello, 1999). A partir de literatura bien reciente podemos afirmar que, como el resto del continente, Brasil mantiene una preocupaci贸n significativa en torno al gobierno de la juventud en riesgo, y que lo hace en sinton铆a con tendencias mundiales. De hecho, tal como describe Schuch (2008), y como puede segurse en el documento del Ministerio de Justicia brasilero “Pol铆tica de alternativas penais: a concep莽茫o de uma pol铆tica de seguran莽a p煤blica e de justi莽a” (2011) desde 2005 se implementan proyectos pilotos en distintas regiones (RS, SP, DF, PE) del pa铆s tendientes a modificar el sistema de justicia (no s贸lo la juvenil). Estos proyectos son implementados mediante colaboraciones entre el Ministerio de Justicia, y la Secretar铆a de Reforma de la Justicia, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo que confirma la dimensi贸n internacional de la preocupaci贸n sobre el asunto y tambi茅n la hegemon铆a de ciertos paradigmas para encararlo, sostenidos por organismos internacionales cuya conducci贸n es prioritariamente de los pa铆ses centrales. La reforma en Brasil supone incorporar principios de justicia restaurativa con el objetivo de humanizar la justicia, evitar la judicializaci贸n de ciertos conflictos sociales, por medio de tecnolog铆as llamadas c铆rculos restaurativos, que consisten en conversaciones organizadas en donde las partes del conflicto dialogan con ayuda de un mediador, siguiendo el modelo de los Family Group Conference originarios de Nueva Zelanda y exportados al mundo. Los principios que gu铆an estas acciones son la resonsabilizaci贸n individual, el fomento de la autonom铆a en el gerenciamiento de la vida, y la expansi贸n comunitaria. La operacionalizaci贸n de estos proyectos es local, multiagencial, y en base al enfoque de la comunicaci贸n no violenta (CNV) cuyos principios se vinculan a una “茅tica del amor y la autenticidad”, el gerenciamiento del yo y la promoci贸n de la autonom铆a en base al CNV y a una ret贸rica de “necesidades b谩sicas universales”. Lo interesante de la reconstrucci贸n de esta nueva institucionalidad es el se帽alamiento de Schuch (2008) acerca de que m谩s all谩 de significar un cambio en el sistema de justicia, estas transformaciones suponen modificaciones en el modo en que los estados modelas subjetividades y formas de producir verdad (Schuch, 2008: 501-503). Concretamente, adem谩s, desde el Ministerio de Justicia de Brasil, existe el Programa Nacional de Seguridad P煤blica con Ciudadan铆a[31] (Pronasci). Re煤ne acciones de prevenci贸n, de control y de represi贸n de la violencia que pone atenci贸n en las ra铆ces socio culturales del crimen. Articula programas de seguridad p煤blica con pol铆ticas sociales desarrolladas por el gobierno federal, poniendo especial atenci贸n en la articulaci贸n interjuridiccional y por niveles de gobierno. Est谩 especialmente destinado a j贸venes de entre 15 y 24 a帽os que est谩n al borde la criminalidad o en conflicto con la ley; el objetivo es la inclusi贸n y el acompa帽amiento del joven con recursos sociales y formativos que le permitan el rescate de la ciudadan铆a. Adem谩s podemos destacar que en Brasil existe el Programa Nacional de Inclus茫o de Jovens (ProJovem) y desde all铆 se articulan acciones para j贸venes en riesgo. El gobierno, al menos el de R铆o, articula con la ONG “Viva R铆o” que viene implementando desde el a帽o 2000, proyectos orientados en contra del delito y la droga y a favor de una cultura de paz (en sinton铆a con los ideales que se帽ala Schuch (2008) para la transformaci贸n del sistema de justicia), que consisten en talleres y oficios para j贸venes de sectores vulnerables comprometidos con el tr谩fico de armas y drogas y donde la mortalidad de j贸venes es muy alta; el proyecto ofrece a ni帽os y j贸venes alternativas diferentes que el delito y el trabajo en el mundo de la droga y utiliza las pr谩cticas de boxeo y capoeira como actividades alternativa (ICPC, 2006) (Shaws y Travers, 2007) (Dammert, 2008). M谩s all谩 de estos marcos generales, en revisiones de programas emblem谩ticos encarados por el pa铆s para abordar la relaci贸n de la juventud con el riesgo se menciona el “Sigue Vivo”, dirigido a j贸venes varones menores de 24 a帽os, con un enfoque emparentado con el Comunidades Vulnerables que se estudia en esta tesis, pero con m谩s intervenci贸n policial (ICPC, 2006). Tambi茅n se menciona como una estrategia exitosa aquella implementada en la localidad de Diadema que incluy贸 variadas actividades en el municipio para difundir la cultura de la paz entre ni帽os y j贸venes y el Proyecto aprendizaje adolescente/ o proyecto de j贸venes aprendices que buscaba apartar a los adolescentes del tr谩fico de drogas, ofreciendo transferencias condicionadas de ingresos (50U$S mensuales), actividades y capacitaci贸n etc.(Shaw y Travers, 2007). Es de destacar, en todas estas experiencias la primac铆a que tiene la planificaci贸n e implementaci贸n local, de modo que las estrategias se adecuen a las necesidades espec铆ficas.

Chile aparece como el pa铆s m谩s alineado con el paradigma angloamericano sobre la seguridad en general y la gesti贸n de la juventud en riesgo en particular, al menos desde 2000 cuando se inici贸 el programa “Comuna Segura” (que financia proyectos locales para reducir la delincuencia, y se entiende como prevenci贸n comunitaria) (Shaws y Travers, 2007), y desde 2001 el programa “Barrio Seguro” (Fr眉hling y Gallardo, 2012)[32]. Ya los objetivos del “Comuna Segura” se帽alaban la necesidad fortalecer la participaci贸n comunitaria y la coordinaci贸n intersectorial en la prevenci贸n y control de la delincuencia urbana mediante la aplicaci贸n de soluciones locales (Fr眉hling y Gallardo, 2012) tal como hemos advertidos en muchos otros pa铆ses del globo. El “Barrio Seguro” por su parte, se focalizaba a煤n m谩s en espacios geogr谩ficos m谩s peque帽os y cr铆ticos – por acci贸n y control de grupos de narcotraficantes- que requer铆an una intervenci贸n policial en pos del descontento vecinal respecto de la inseguridad. Estos programas han sido reemplazados, desde 2010 por el Plan de seguridad P煤blica 2010-2014 “Chile Seguro”, que termina con los programas de seguridad localizados en los municipios y los reemplaza por el programa “Barrio en Paz” -caracterizado por la focalizaci贸n de los recursos policiales y preventivos del Estado (Fr眉hling y Gallardo, 2012).[33] Este programa se implementa en dos versiones, en barrios residenciales pobres y en zonas comerciales especialmente a trav茅s de estrategias de prevenci贸n situacional. Actualmente, Chile aborda estos temas desde dos 谩reas: una es el Ministerio del Interior y Seguridad P煤blica, y la otra el Ministerio de Justicia. Del primero depende la Subsecretar铆a de prevenci贸n del delito y la Pol铆tica Nacional de Seguridad Ciudadana[34] y el Plan “Chile Seguro”.[35] Estas estrategias se orientan sobre los principios de multiagencialidad, territorialidad, participaci贸n comunitaria, evaluaci贸n y prevenci贸n de factores de riesgo, importancia a la evidencia de los programas implementados, e incorporan la protecci贸n de la v铆ctima y los niveles primarios, secundarios y terciarios de las intervenciones y los enfoques de prevenci贸n social y situacional del delito. M谩s all谩 de los niveles de prevenci贸n, contemplan el control y la sanci贸n. Si bien sostienen que no ha habido un recrudecimiento del crimen juvenil, s铆 despliegan un discurso en el que los j贸venes son los destinatarios de la mayor铆a de las estrategias de prevenci贸n social. De hecho, tienen un 鈥楶rograma de atenci贸n integral para ni帽os, ni帽as y adolescentes鈥 dirigido a ni帽os, ni帽as y adolescentes a los que se les han vulnerado los derechos y han cometido alguna transgresi贸n normativa en calidad de inimputables. Por otra lado, act煤a el Ministerio de Justicia que tiene a su cargo el Servicio Nacional de Menores[36] que se compone b谩sicamente de dos partes, la protecci贸n de derechos y adopciones, y la parte de responsabilidad penal adolescente. La referencia que el pa铆s mantiene hacia los modelos angloamericanos se advierte por ejemplo cuando, en 2009 y en contexto de la sanci贸n de una ley de justicia penal adolescente en 2007, se realiz贸 un informe para conocer los modelos de institutos cerrados existentes en pa铆ses como Australia, Espa帽a, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido para tomar ideas en pos de la construcci贸n de 10 centros de ese tipo en Chile. “La selecci贸n de los pa铆ses a ser investigados respondi贸 a los siguientes criterios: pa铆ses con sistemas de justicia juvenil de antigua data, respecto de los cuales existe abundante informaci贸n bibliogr谩fica, antecedentes y evaluaciones; existencia de importantes reformas de los sistemas en las 煤ltimas d茅cadas, las que respondieron a la b煤squeda de similares objetivos que la reforma chilena; pa铆ses que utilizan modelos de intervenci贸n basados en evaluaciones y evidencia de resultados; pa铆ses que cuentan con modelos de administraciones diversas, algunas estatales, mixtas y privadas”.


  1. Revisiones de panoramas de pol铆ticas (CIPC, 2010) sobre estos temas advierten sobre cuantiosos programas o estrategias dise帽adas e implementadas m谩s local que centralmente con lo cual se帽alar un 鈥減rincipal鈥 programas o pol铆tica tiene una utilidad relativa, ya que es m谩s ilustrativo, o da cuenta de si fue posible encontrar algo as铆 como una estrategia principal como parte de la institucionalidad nacional pero no quiere dar suponer que sea la 煤nica, o la m谩s importante (simplemente la que aparece m谩s visiblemente al revisar los sitios oficiales nacionales de los gobiernos).
  2. https://goo.gl/bkScv2
  3. Hay otro programa que aparece como importante dentro de los dirigidos a la ni帽ez en riesgo y dentro del enfoque de la nueva prevenci贸n que es el Sure Start, pero es para ni帽os y familias y se inscribe dentro del 谩rea de Educaci贸n. Este parece deudor de otro similar y anterior en Estados Unidos, el Head Start que funciona desde 1974 y tambi茅n tiene su versi贸n Australiana. Y hay otro que en 鈥淥n track鈥.
  4. Krisberg, B. (2006). Rediscovering the juvenile justice ideal in the United States. En Muncie, J., Goldson, B. (eds.) (2006). Comparative Youth Justice. London: Sage.
  5. https://goo.gl/46mGfk
  6. Se pueden revisar los tipos y discuciones al respecto de cada uno de estos enfoque en https://goo.gl/DVMNLi sitio del que se ha extraido la informaci贸n volcada aqu铆.
  7. All铆 pueden consultarse las preocupaciones vigentes del gobierno con respecto a la relaci贸n entre los j贸venes y el crimen, tanto a partir de definiciones pol铆ticas y te贸ricas como documentos de an谩lisis y estad铆sticas: https://goo.gl/CiyRoR
  8. http://www.crimeprevention.gov.au/
  9. http://www.justice.govt.nz/policy/crime-prevention
  10. http://www.publicsafety.gc.ca/prg/cp/index-eng.aspx
  11. uit Beijerse and van Swaaningen, The Netherlands: penal welfarism and risk management. En Muncie, J., Goldson, B. (eds.) (2006). Comparative Youth Justice. London: Sage.
  12. www.halt.nl
  13. http://www.selettigroup.com.ar/Selesis/delphos/maxinosozzo.pdf
  14. http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200804-582324421523987.html
  15. https://goo.gl/MaHt9D
  16. Put, J. y Walgrave, L. (2006). Belgium: from protection towards accountability? En Muncie, J., Goldson, B. (eds.) (2006). Comparative Youth Justice. London: Sage.
  17. http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1
  18. http://reintegra.org.mx
  19. https://goo.gl/6dnJW3
  20. http://www.presidencia.gob.mx/6-lineas-de-accion-para-un-mexico-en-paz/
  21. http://www.seguridad.gob.sv/
  22. https://goo.gl/yEv54w
  23. https://goo.gl/uLUCJR
  24. http://isna.elsalvadormultimedia.info/ISNA/
  25. https://goo.gl/hTdTKD
  26. http://www.colombiajoven.gov.co/es/Paginas/default.aspx
  27. Santill谩n, A., Varea, S. Estrategias y pol铆ticas de inclusi贸n (驴asimilaci贸n?) de pandillas en Ecuador: dos modelos de ciudades, dos visiones sobre las potencialidades de los/as j贸venes pandilleros/as. Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. No. 4, Quito, Mayo 2008.
  28. https://goo.gl/78h6JN
  29. Graziano, F. (2011). Administraci贸n de justicia penal a j贸venes en perspectiva comparada: Rio de Janeiro- Buenos Aires. Trabajo presentado en el X Congreso Argentino de Antropolog铆a Social. Buenos Aires.
  30. En la categor铆a de medidas de medio abierto se encuentran: advertencia, obligaci贸n de reparar el da帽o, prestaci贸n de servicio a la comunidad y libertad asistida. Las medidas en medio cerrado son: semilibertad e internaci贸n (Graziano, 2011).
  31. http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJF4F53AB1PTBRNN.htm
  32. Fr眉hling, H., Gallardo, R. Programas de seguridad dirigidos a barrios en la experiencia chilena reciente. Revista invi N潞 74 / May 2012 / Volume N潞 27: 149-18
  33. Trabajos que estudian el reemplazo de las estrategias anteriores por este programa a煤n advierten la imposibilidad de asegurar que 茅ste logre los niveles de eficiencia buscados (Fr眉hling y Gallardo, 2012).
  34. http://www.seguridadpublica.gov.cl/programas_-_prevencion_social.html
  35. http://www.seguridadpublica.gob.cl/files/chile_seguro.pdf
  36. www.sename.cl


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