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Introducción

Esta tesis trata sobre el gobierno de la juventud en riesgo, y especialmente focaliza en los programas estatales de prevención social del delito que se ubican en un espacio de regulación intermedio entre las estrategias de protección de derechos y las de control penal duro. El entrecomillado en la expresión juventud en riesgo sugiere que de la misma no se desprende un significado cerrado ni aún consensuado. Por el contrario esta tesis intentó, de distintos modos, problematizar el significado de dicha expresión y, especialmente, de la categoría de la que da cuenta.[1] La juventud que estos programas buscan gestionar está conformada por los pibes que están ahí, al borde. Al borde de empezar a robar, de volver a caer [en cana], al borde de no tener cómo contarla.

– ¿Qué los constituye como beneficiarios?

– El grupo en riesgo. El trabajar la cuestión primaria de prevención del delito. Son pibes que capaz están cartoneando, juntándose con los de la esquina, la mitad de la familia delinquió, y viene la madre o un pariente o ellos mismos, por la motivación a salir a robar. O están en pequeñas acciones, y capaz no tienen causas, no cometieron delitos grandes, pero están en pequeñas actividades, o que afanan guita en la casa, o que participa como cómplice de campana en alguna situación delictiva pero todavía no se metió y está ahí. (Operadora – programa de prevención del delito Comunidades Vulnerables).

Por todos esos bordes transita esta tesis que busca contribuir a conocer los modos de incorporación al orden social de las nuevas generaciones -especialmente las que viven en condiciones de pobreza en Argentina- y también los procesos de transformación social que son posibles en dicho contexto, sí, aún en dicho contexto cargado de connotaciones negativas. Estar en los bordes es una situación que los programas sociales, tal como el Comunidades Vulnerables que se estudia en esta tesis, consideran límite y la mayor parte de las veces inestable, incierta, imprevisible. Por ello se esfuerzan en caracterizar esos bordes, hacerlos previsibles, identificarlos como situaciones riesgosas e intervenir para su neutralización. Los programas quieren ayudar a los jóvenes a que puedan manejar esos riesgos, y creen que la mejor forma es acompañarlos para que gesten un proyecto de vida. En esta última expresión, central para este tipo de programas, se condensan una vasta cantidad de sentidos institucionales, todos ubicados, principalmente, en la vereda opuesta de los riesgos. Pero consensuar qué se entiende por riesgos no es una tarea sencilla ni, la mayoría de la veces, posible. El riesgo es un concepto complejo, multiforme y polifónico, y sus significados y acciones asociadas varían hondamente según a qué o quién se lo adjudique, quién lo padezca y cómo y por quién esté prevista su gestión. Esta tesis se propone reconstruir críticamente su significado en función de su utilización concreta en políticas sociales locales destinadas para jóvenes en riesgo.

En esta tesis entiendo al término gobierno en el sentido amplio foucaultiano, como la forma que estructura el campo posible de acción, que guía o afecta la conducta de uno mismo y/o sobre otras personas. En pocas palabras, el gobierno como conducción de la conducta (de Marinis, 1999).[2] La noción de gobierno de Foucault, pone atención sobre la diversidad de fuerzas y grupos que tienen, en formas heterogéneas, el deber de regular las vidas de individuos y las condiciones dentro de territorios definidos en búsqueda de ciertos objetivos. El gobierno, en ese sentido, excede al Estado, aunque el Estado puede ser una forma en donde se despliegue el gobierno (Miller y Rose, 2008b:27). Bajo este sentido amplio, cuando me refiero al gobierno de la juventud en riesgo a través de programas de prevención social del delito, estoy haciendo alusión a ese campo posible de acciones para esa categoría poblacional, campo que no es sólo estructurado por la dirección estatal sino, también, por las propias formas de conducirse que tienen los/as jóvenes dentro de esos programas de prevención del delito. La gestión estatal en sí misma, o sea, la dirección estatal, está dada por optar por el enfoque de la prevención social del delito para regular el problema del delito juvenil y la juventud en riesgo. El cómo finalmente se configura ese proceso de gobierno es algo que supone otras relaciones que exceden las simplemente previstas por la gestión estatal. En el seno de la implementación de esa gestión particular, que es la propuesta estatal de un programa de prevención social, se darán relaciones de poder, negociaciones no equipotenciales entre agentes y beneficiarios. Toda esa trama de relaciones -que incluyen las propias formas de conducirse de los/las jóvenes conducidos a su vez por redes de relaciones que exceden lo estatal-, le darán forma al gobierno de la juventud en riesgo, en este caso en particular, a través de esos escenarios que sí representan la gestión estatal, que son los programas de prevención social del delito.

La tesis indaga en torno al gobierno de la denominada juventud en riesgo en un contexto global en el que se ha consensuado, desde hace unas tres décadas, la existencia de una nueva cultura del control del crimen (Garland, 2005), que ha modificado la forma de entender al delito y su manejo. Esta transformación se inscribe en mutaciones generales en el modo de entender y gobernar lo social (Rose, 1996, O´Malley, 2006, Castel, 1986, 2004, Kessler y Merklen, 2013), que suponen nuevas dinámicas de individuación centradas en las exigencias sobre el individuo de responsabilización y activación para el manejo de su vida cotidiana, sus inclemencias y riesgos. En este nuevo contexto, el Estado reserva su atención para grupos de individuos que no puedan responder a estas exigencias por sí solos, a través de lo que se conoce como políticas del individuo (Merklen, 2013). Nociones como riesgo, responsabilidad, activación, condicionalidad, y dependencia, han adquirido -si bien distan de ser novedosas- renovados significados y protagonismo y están en el centro de los debates de estos escenarios. En este contexto, la tesis propone mirar un problema que no es nuevo – la preocupación estatal sobre la participación de los jóvenes, especialmente varones, en delitos urbanos- pero que reconoce unas particulares formas de gestión. Éstas recuperan experiencias casi centenarias -la prevención social del delito-, pero a la luz de las nuevas racionalidades que reconfiguran el gobierno de lo social y el rol del individuo. De este modo aparecen imbricadas lógicas propias de los sistemas de bienestar y del control penal, una de cuyas manifestaciones está representada por la creciente incorporación de transferencias condicionadas de ingresos (TCI), componente propio de las políticas sociales, a los programas de prevención del delito. La propuesta de la tesis fue analizar este complejo proceso, pero hacerlo, además, apelando al enfoque feminista para mirar el Estado. Esto supone, por un lado, considerar la dimensión redistributiva del Estado pero también de reconocimiento, es decir como un intérprete de necesidades (Fraser, 1991). Por otro, adoptando una definición de Estado que lo entienda como un ente complejo, dispuesto en capas, fragmentado y no necesariamente coherente (Haney, 1996). Uno que en su interior habilita espacios de maniobra (Haney, 2002) en los cuales es posible advertir procesos de conflicto, disputas y negociaciones de sentidos, en y entre las distintas capas del Estado y los sujetos de gobierno ubicados en específicas posiciones de clase, género y edad. Así concebido, el Estado atiende a las necesidades de reproducción social[3], pero contiene, a su vez, un potencial transformador. Los marcos teóricos y metodológicos presentados se pusieron a disposición del análisis de un problema que tiene a la cuestión generacional como una dimensión central. Las políticas de prevención social del delito juvenil, como parte de un Estado definido en términos complejos, no escapan a la tensión propia de las políticas sociales para la infancia y juventud. Es decir, están tensionadas por la necesidad de combinar objetivos de control y seguridad con otros de bienestar, con una doble finalidad: en general, garantizar el orden social, y, en particular, la inclusión en dicho orden de las nuevas generaciones (LLobet, 2009).

Éstas han sido objeto de metáforas sobre la sociedad, tanto auspiciosas como preocupantes (Chaves, 2010). Las infancias y juventudes nunca dejan de estar asociadas a los procesos de cambio y renovación positivos, y así encarnan, en ocasiones, el futuro esperanzador de la sociedad al que hay que proteger. Pero más a menudo, y especialmente en torno a los sectores juveniles de estratos populares, priman las imágenes sino negativas, al menos sospechosas e inquietantes. Desde hace un siglo, la juventud parece haberse convertido en el prisma a través del cual se ven las enfermedades de la sociedad. En ningún lado la percepción pública sobre el riesgo es más aguda que en relación a la gente joven, percibida como en riesgo o representando un riesgo (Case, 2007, Kemshall, 2008). A esta tradicional mirada desconfiada sobre la juventud se suma el que actualmente las personas sub 30 conforman, por decirlo rápidamente, la primera generación de crecidos en la sociedad marcada por la incertidumbre (Castel, 2004). En ésta la exigencia que prima sobre todas las personas es gestionar la propia vida y riesgos con menos soportes (Merklen, 2013). Los jóvenes, especialmente los pobres, conjugan en sí la petición contemporánea de hacer elecciones correctas en sus trayectorias vitales cuando escasean los recursos para hacerlo, so pena de ser considerados una otredad amenazante.

De hecho, lo que sucede aquí, pero también alrededor del mundo (Hartjen, 2008, Muncie y Goldson, 2006), es que ciertos comportamientos de personas jóvenes (especialmente varones y pertenecientes a sectores socio económicamente desaventajados), como el delito callejero pero también otras acciones no delictivas que infringen ciertos estándares de orden, constituyen una preocupación de los Estados. Esta preocupación de larga data ha suscitado el despliegue de distintas estrategias de control social, entre las que oscilan unas más ligadas a un paradigma de bienestar e inclusión social y otras con más componentes punitivos. Recientemente se han popularizado aquellas que imbrican lógicas propias de ambos sistemas, sostenidas por la intención de evitar el ingreso de jóvenes en el sistema penal, para lo cual se implementan distintas políticas que incluyen modalidades condicionantes de ayuda estatal. El panorama se presenta bien variado. Partiendo de la base de que la noción de riesgo está recubierta por un carácter ambiguo muy útil a la regulación social, se despliegan de esta expresión al menos dos relaciones entre la juventud y el riesgo. Por un lado, una juventud que está expuesta a ciertos riesgos -que en cada caso habrá que ver cuáles son- y por otro lado, una juventud cuyas acciones suponen riesgos para sí misma pero también para el resto de la sociedad. Con más o menos preponderancia de una y la otra, ambas relaciones se consideran en las estrategias que tradicionalmente agencias sociales y penales han desplegado para gobernar a la juventud en riesgo. En este punto se articulan, de distintos modos, objetivos de control social, con otros de inclusión social.

El problema que aborda esta tesis reconoce, en sus distintas dimensiones, una cantidad significativa de antecedentes locales e internacionales con los cuales dialogó a lo largo de los capítulos, en donde se hicieron las referencias correspondientes.[4] Por lo pronto, resulta prudente señalar cuatro conjuntos de antecedentes, la mayoría argentinos, que tienen a las políticas estatales como centro de la atención, o al menos se refieren a ellas como parte de la construcción social de la adolescencia y juventud. Esta selección se justifica en que representan, además, estudios con lo que la investigación que se presenta ha dialogado, prácticamente, cara a cara.

El primer grupo está conformado por trabajos cuyas autoras se centran en los procesos de construcción social de infancia, adolescencia y juventud en estrecha vinculación con los sistemas de protección de derechos, tanto desde perspectivas sociológicas e históricas y no necesariamante vinculadas con la infracción a la ley (LLobet, 2009,[5] Gentile, 2008, Litichever, 2009, Magistris, 2012, Villalta[6], Zapiola, 2007, 2010). Otro conjunto de trabajos se centran – desde la sociología penal – en las instituciones de control social penal (policía, sistema judicial, cárcel) y la violencia institucional dispensada hacia adolescentes y jóvenes (especialmente los producidos por el Observatorio de Adolescencia y Juventud del Instituto de Investigaciones Gino Germani[7] dirigido por Silvia Guemureman, Daroqui y otros, 2012, López, 2010, etc.). Un tercer conjunto de trabajos que se reconocen como antecedentes significativos de esta tesis son los que se han ocupado de formas de sociabilidad juvenil, dentro de las que se tratan sus relaciones con instituciones estatales (Kessler, 2004, 2010, 2013, Míguez, 2008, 2004, Pegoraro, 2002, Tonkonoff, 2003, Elizalde, en prensa). El cuarto conjunto de trabajos se compone de estudios que han tomado como caso de observación al mismo programa que esta tesis, el de prevención del delito Comunidades Vulnerables (Sozzo, 2009, Ayos, 2010, Hener y Niszt Acosta, en prensa, Pasin, 2009, Mancini, 2012). La mayoría de estos análisis se han centrado en las dimensiones más institucionales del mismo, salvo el de Mancini (2012) que incluyó cierto análisis desde la perspectiva de la población beneficiaria.

El esfuerzo de los trabajos de este último grupo reconoce la misma intención del que aquí se presenta. Es decir, observar cómo se articulan los objetivos de control e inclusión social en ese espacio intermedio de gobierno de las nuevas generaciones que viven en contextos de pobreza, como son los programas de prevención social del delito.

A pesar de los avances de estos últimos trabajos, persistía un espacio vacío al cual esta investigación pretendió contribuir a llenar. Es decir, continuar la indagación iniciada por estos estudios en torno a los programas de prevención del delito, pero desde una perspectiva que permitiera analizar el problema desde sus dimensiones más abstractas e ideacionales, hasta aquellas más concretas en donde situadamente los agentes estatales se encuentran con personas beneficiarias y en esas interacciones le dan sentido acabado a la política social. Con este objetivo se planteó una investigación que, parafraseando a Lynne Haney y su definición del Estado, transitara por las distintas capas que componen la gestión de la juventud en riesgo. La intención fue, además de aportar al conocimiento sobre el problema en sí, brindar elementos que permitiesen comprender de qué manera los procesos que estos programas generan -de construcción de subjetividades, de modelizaciones de riesgos, de habilitación de sentidos alternativos- habilitan espacios de mayor autonomía o de mayor restricción de derechos.

La hipótesis general que guió esta investigación fue que la forma que adopta, en Argentina, el gobierno de la juventud en riesgo a través de programas de prevención del delito, permite señalar algunas particularidades propias dentro de la tendencia global hegemónica. Los programas de prevención del delito locales se caracterizarían por una fuerte tolerancia al incumplimiento de las exigencias de responsabilización individual y activación de los y las beneficiarios. Además, se advertiría: a) la habilitación de sentidos alternos sobre el dinero entregado en forma de TCI, en el marco de una redefinición de las condicionalidades, así como de interpretaciones sobre la inclusión social y el riesgo; b) la reinscripción de la exigencia de la responsabilización individual en un contexto de responsabilidades multilocalizadas; c) una discusión sobre la supuesta incoherencia y potencial negativo del par activación-dependencia. Es decir, la modalidad argentina adoptaría los principios hegemónicos vigentes en el gobierno de las poblaciones en general, y de los programas de prevención del delito en particular. Sin embargo lo haría de modo tal que en sus implementaciones concretas, los programas se configuran mucho más como un espacio de cuidado o protección, que como uno que les ofrece una última oportunidad antes de su condena definitiva. La tolerancia que caracterizaría el modelo argentino no estaría exenta de procedimientos rigurosos de control social, especialmente en la dimensión moral de la subjetividad, y conllevaría consecuencias significativas para la configuración etaria, genérica y de clase social de sus beneficiarios/as.

Algunas preguntas que orientaron la investigación fueron ¿qué marcas de las transformaciones recientes en los modos de gobernar lo social son posibles advertir en el gobierno de la denominada juventud en riesgo? ¿qué sucesos e interpretaciones de los mismos permitieron la re emergencia de las políticas de prevención del delito para jóvenes? ¿en qué medida estas transformaciones han tenido eco en el mundo como parte de un problema global? ¿cómo se definen, en las distintas capas del Estado -al nivel de las racionalidades más abstractas y de las implementaciones más concretas-, los riesgos que aquejan a los jóvenes? ¿qué tipo de subjetividades se construyen en dichas instancias? ¿qué sentidos adquieren las transferencias condicionadas de ingresos en las dinámicas de los programas, habida cuenta de la advertida necesidad de imbricar políticas de bienestar y de control penal, y de atender a las críticas sobre la desresponsabilización generada por la asistencia estatal? ¿qué significados alternos sobre el riesgo y la responsabilidad, que incluyen inscripciones concretas de clase social, género y edad de los sujetos de gobierno, emergen en las interacciones cotidianas en los contextos institucionales? y por último y más general, ¿en cuál de los escenarios posibles sería apropiado ubicar el modo en que los programas sociales argentinos abordan el problema de la participación juvenil en el delito?

Aspectos metodológicos y materiales analizados

La estrategia

La investigación que se presenta constituyó un estudio de caso sobre la cuestión del gobierno de la juventud en riesgo a través de programas de prevención social del delito. Se eligió este tipo de estrategia para refinar el conocimiento existente, pues la hipótesis general que guiaba la investigación sugería que el modo local en el que se manifestaba el problema si bien mantenía continuidades con la teoría general que lo explicaba, también esbozaba diferencias. En ese sentido, el estudio de caso es útil porque invita a modificar la generalización, reconociendo la existencia de variabilidad de percepciones, aunque quizás sin cambiar la tipificación. Se definió como la estrategia adecuada, además, por las preguntas que guiaban la investigación. Éstas fueron, principalmente descriptivas, por ejemplo, ¿cómo es el gobierno de la juventud en riesgo mediante programas de prevención del delito?, pero que también tenían una pretensión explicativa, por ejemplo ¿por qué se usan las TCI? ¿por qué se toleran ciertos comportamientos de los jóvenes, que incumplen los acuerdos con el Programa?. Finalmente, pareció la estrategia adecuada porque el estudio de caso no requiere control sobre el comportamiento de los acontecimientos y porque enfoca en sucesos presentes (Yin, 1994).

De acuerdo con la tipología de Stake (1995), el tipo de estudio de caso fue el instrumental. La caracterización se justifica en que el propósito del estudio excede la comprensión del caso de observación en sí, y es utilizado para evidenciar -con ciertos límites- características de algún fenómeno o teoría. Si bien el caso de observación, o referente empírico principal fue el programa Comunidades Vulnerables, se analizaron algunos datos provenientes del estudio sobre otros casos de observación, para conocer mejor el caso principal. El Comunidades Vulnerables fue el elegido como caso de observación por haber sido el primer programa nacional de prevención social del delito y porque se convirtió, desde su creación en 2001 -aún cuando nunca dejó de ser una experiencia piloto-, en un modelo paradigmático de este tipo de estrategias.

El incorporar análisis proveniente de otros referentes empíricos fue una decisión tomada de acuerdo al marco teórico metodológico que la investigación adoptó. En este sentido condice con la pretensión de presentar un problema de modo complejo, que ubique la observación participante de las interacciones cotidianas, en un contexto histórico y extra local. En este sentido, la investigación también podría entenderse -aunque con limitaciones-, como un estudio de caso extendido (Burawoy, 1998). Éstos son útiles para análisis que pretenden dar cuenta de las relaciones entre las diferentes capas del Estado y los individuos, pues buscan dar cuenta del caso desde una perspectiva compleja, incorporando al análisis de la mirada más situada de las interacciones, dimensiones más ideacionales y estructurales del problema. En síntesis, el caso extendido supone que hay claves de comprensión del caso, que están fuera del caso y a las que hay que ir a buscar al exterior.

Las técnicas

Las técnicas para la construcción de los datos fueron las típicamente asociadas a los estudios de casos: observación participante y entrevistas, en profundidad, semi estructuradas, grabadas y conversaciones informales. Para el análisis de los materiales obtenidos se adoptó una perspectiva de carácter etnográfico. Se realizó observación participante con foco en las interacciones cotidianas entre operadores/as y beneficiarios/as de los programas, y entrevistas a beneficiarios/as, operadores/as y funcionarios/as. Se consultaron fuentes secundarias de organismos estatales especializados y de programas de prevención del delito o estrategias internacionales similares.

La elección de la observación participante se debió al interés en acceder a las interacciones cotidianas entre operadores/as y sujetos ya que esta técnica permite rastrear la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones del otro (Goffman, 1994). El tipo de observación utilizada fue la participante, de campo, directa, no controlada, no estructurada y no mediada. Privilegié lo que se llama “participación como observador” en la cual se interactúa de manera lo más natural posible con el objeto pero en el cual, “tanto investigador como objeto son conscientes de que la suya es una relación de campo” (Gold 1958, en Marradi y otros 2007:194). Siguiendo a los autores que caracterizaron la observación participante típica, mi experiencia se corresponde: me involucré en variedad de actividades durante un tiempo prolongado, seleccioné informantes claves y clarifiqué hallazgos a través de controles con algunos miembros, de entrevistas formales y de conversaciones informales y registro de notas (Kawulich, 2005, en Marradi y otros, 2007).

Se analizaron los registros de las visitas al barrio (en adelante RC), los testimonios de entrevistados/as, documentos institucionales y fuentes secundarias sobre otros programas. El análisis se enfocó en los dos núcleos de datos obtenidos mediante estas herramientas: las interacciones cotidianas concretas entre los/as operadores/as encargados/as de implementar los programas y los y las jóvenes beneficiarios/as, y los discursos e ideas que ambos tipos de actores expresaron tanto en las entrevistas en profundidad como en charlas informales que mantuvieron conmigo.

Otro de los materiales considerados en la tesis fueron fuentes secundarias sobre organismos internacionales, especialmente el Centro Internacional de la Prevención del Crimen (CIPC) y la CEPAL, con información tanto de América Latina, del Norte, Europa Occidental y Oceanía. Este material complementó la revisión y análisis de bibliografía académica específica -tanto libros como artículos de revistas, entre otras, Youth Justice y British Journal of Criminology-, la mayoría de origen angloamericano. Incorporar estos materiales y esbozar un estado general de la cuestión a nivel global respondió al interés de situar el problema de estudio en el contexto mundial, no sólo académicamente sino al nivel de las gestiones gubernamentales. Dar cuenta de qué se entiende en distintos países del globo por juventud en riesgo y prevención del delito y qué se hace estatalmente con estos problemas representa un modo, aunque posiblemente acotado e insuficiente, de superar los límites que a veces impone la mirada local. En todo caso, se asumen los riesgos de simplificar el escenario, aunque la intención fue mostrar tendencias o, más modestamente, los sentidos asociados al problema a partir de las intervenciones que toman lugar. Esto, sin desatender a que las particularidades locales y las culturas moldean en cada caso qué significa la prevención del crimen (Crawford, 1998:4).

Casos de observación

El programa Comunidades Vulnerables (en adelante nombrado PCV o el Programa o el Comunidades Vulnerables) fue creado en el 2001 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del Plan Nacional de Prevención del delito (PNPD). Según sus documentos su objetivo era

“Promover la puesta en marcha de proyectos locales destinados a favorecer la integración social de los sectores más desprotegidos de la sociedad, especialmente adolescentes y jóvenes inmersos en procesos de alta vulnerabilidad social, procurando reducir su participación en la comisión de delitos callejeros”. (Documento institucional- Dirección Nacional de Política Criminal, 2007)

Los destinatarios eran personas de entre 16 y 30 años, definidos como adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social en conflicto con la ley o en riesgo de estarlo. La dinámica de implementación consistía en encuentros grupales semanales en los barrios donde vivían los y las beneficiarios. Allí se abordaban temáticas en relación a cuatro ejes: del trabajo, socio comunitario, vincular y judicial. Además, los/as jóvenes debían asumir un compromiso personal como retomar y/o mantener la escolaridad, trabajar, realizar algún curso de formación profesional, o tratamiento de recuperación de adicciones o tareas comunitarias. Otro componente del Programa era una transferencia condicionada de ingresos (TCI) de $150, que proveía el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) mediante el programa de Empleo Comunitario (PEC). Hasta que fue dado de baja en 2008, el Comunidades Vulnerables funcionó en 6 barrios de la CABA, en una docena de barrios bonaerenses, y en Cipolletti, Viedma, Bariloche y Santa Fé, alcanzó a unos 6000 beneficiarios, involucró a 70 personas en tareas de coordinación e implementación y nunca tuvo presupuesto propio. Desde 2008 funcionó bajo las órbitas municipales. En el capítulo 3 se describe el Programa en detalle, y la configuración sociodemográfica del barrio en donde se estudió y la composición del grupo de jóvenes puede encontrarse en el apéndice metodológico.

Una fuente de datos secundaria fue el reciente y novedoso libro Inseguridad social, jóvenes vulnerables y delito urbano. Experiencia de una política pública y guía metodológica para la intervención (Müller y otros, 2012). La publicación fue escrita por el equipo que creó, coordinó e implementó el programa Comunidades Vulnerables desde su creación en 2001 hasta su finalización (como estrategia de dependencia nacional) en 2008. Lo novedoso del texto radica, a mi entender, en la intención institucional de plasmar la experiencia de la política pública, desde su emergencia, su diseño inicial, sus reformulaciones, las consideraciones sobre sus logros y limitaciones así como sus lineamientos teóricos y metodológicos. De esta obra se extrae información que se considera oficial, y que suplanta la vacancia de otros documentos sobre el programa.[8]

Si bien esta tesis tomó como caso principal al PCV, analizó datos provenientes del estudio de otros programas que complementaron la comprensión del problema. Estos fueron el programa de Responsabilidad Social Compartida Envión[9] (en adelante programa Envión) y su versión Envión Volver, de prevención social del delito (ambos del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires), y el programa A la Salida (dependiente de la Dirección de Adolescentes Infractores a la ley penal -DINAI- de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia -SENNAF-). En el capítulo 3 se detallan las características de estos programas.

Etapas del trabajo de campo

En la primera parte de la investigación, entre octubre de 2007 y septiembre de 2009, realicé observación participante en 76 encuentros en una implementación del programa Comunidades Vulnerables, en un barrio del Gran Buenos Aires que aquí se denominará ficticiamente Villa Los Árboles. De cada uno de ellos realicé un registro de campo.[10] En algunos casos, tomé notas mientras se desarrollaban las actividades con los/as jóvenes, en otros, simplemente observaba y participaba tratando de recordar lo importante para luego escribirlo. En los registros incluí las situaciones que tenían lugar en los encuentros y también las sensaciones que las visitas al barrio me generaban.[11]

Además, en esa primera parte del trabajo de campo centrada en el PCV, realicé entrevistas en profundidad a 8 jóvenes beneficiarios/as, a 3 operadoras (principal, comunitaria y monitora)[12], a una funcionaria municipal del área de la que dependía el Programa, y a una de las coordinadoras nacionales de la iniciativa. Para el análisis también conté con trabajos producidos por los/as jóvenes a partir de consignas dadas por el Programa en relación a distintos temas (sus trayectorias vitales, laborales, etc.). Fui fotografiando estos trabajos a medida que se realizaban, y además accedí a otros que el grupo había realizado antes de mi llegada al campo. De mismo modo registré afiches que se realizaron grupalmente durante las actividades y también algunos encuentros en el barrio.

Un segunda parte del trabajo de campo, que se realizó en 2011 y 2012, incluyó otras 14 entrevistas en profundidad: por un lado, 10 a funcionarios nacionales de: la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, del Ministerio de Justicia de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, de las Direcciones de Juventud de Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, de un municipio de la Provincia de Buenos Aires donde se implementa el programa Envión. Y por otro lado, 4 entrevistas a equipos técnicos del programa A la salida, Envión Volver y Envión. Al analizar todas las entrevistas a operadores/as y funcionarios/as me interesó reconstruir qué preocupaciones orientaban las intervenciones, sus modos de entender la inclusión y el riesgo, las ofertas institucionales para prevenir los distintos tipos de riesgos, el rol que cumplían las TCI que todos los programas incluían, y qué nociones sobre la responsabilidad incluían las propuestas. Esta reconstrucción es la base del capítulo 4.

El detalle sobre el modo en que construí los datos de campo, especialmente los que surgen de la observación participante en la implementación del Comunidades Vulnerables, puede encontrarse en extenso en el apéndice metodológico de la tesis. También allí se hace referencia explícita a mi posición de edad, género y clase en tal contexto.

Resumen de las etapas y estrategias de construcción de datos

Etapas

Estrategias de construcción de datos

observación 
participante

entrevistas en 
profundidad

Total

1. Octubre 2007-septiembre 2009

76 visitas a la implementación barrial del PCV

8 beneficiarios/as (5 varones, 3 mujeres)

1 operadora municipal – PCV

1 operadora comunitaria – PCV

1 operadora monitora – PCV

1 directora municipal -área a cargo de programas Envión y PCV

1 coordinadora nacional – PCV

13

2. Marzo 2011-diciembre 2012

3 visitas a la implementación barrial del PCV

5 visitas a la implementación barrial del Envión

1 director nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1 director nacional – Secretaría de Niñez, adolescencia y familia- (SENNAF)

1 coordinador nacional -SENNAF

1 coordinador de programa- A la Salida

1 director provincial Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ)

1 directora provincial -SRPJ- Envión Volver

1 equipo de diseño e implementación de programa- Envión Volver

1 directora provincial (Ministerio de Desarrollo Social – MDS)

1 director área juventud provincial

1 coordinadora municipal de programa – Envión

1 directora municipal de juventud

2 coordinadoras municipales de programa – Envión

1 equipo de implementación de programas – Envión

14

TOTAL

84 visitas a programas

27 entrevistas en profundidad

Aclaraciones

Finalmente, tres aclaraciones sobre criterios de escritura de la tesis. En primer lugar, todos los nombres de las personas que aparecen en esta tesis son ficticios, incluso lo es el nombre del barrio donde se implementa el Programa. En segundo lugar, utilicé comillas para señalar palabras o expresiones usadas irónica o metafóricamente, o al querer poner atención sobre ellas por su polisemia; además, como es habitual, para señalar conceptos o expresiones propias de algún autor/a, o corriente. La letra bastardilla en palabras o expresiones la reservé para indicar términos propios de los actores. Por último, cuando me referí al Programa evoqué prácticas y sentidos emanados por el equipo técnico de la implementación o por los documentos de diseño del programa Comunidades Vulnerables. Por ejemplo, al plantear diálogos entre el Programa y las y los jóvenes, quise referirme a un diálogo entre un/a o varios/as operadores/as o sentidos institucionales y los y las beneficiarios. Asimismo, llamé operadores/as a agentes institucionales de los programas pues así son llamados en el libro que registra la experiencia del PCV (Müller y otros, 2012) y porque me permitió distinguirlos/as de los/as funcionarios/as.

Estructura de la tesis

Luego de la introducción, se presenta, en el capítulo 1 la construcción del problema de investigación y su marco teórico y metodológico. Concretamente se divide en tres secciones: el Estado, las políticas sociales y el modo de abordar su estudio; la gestión del crimen juvenil y la prevención social del delito con TCI; las juventudes: edad, género y clase. Las discusiones teóricas que se presentan allí son profundizadas en los siguientes capítulos. El capítulo buscó evidenciar la emergencia de mi preocupación por el tema y el recorte teórico elegido para abordarlo. El capítulo 2 presenta un recorrido, en la forma de modelo teórico, que explica los cambios en los modos estatales de entender el delito juvenil, desde su emergencia hasta sus formas actuales: especialmente, hasta el re descubrimiento de la prevención. El capítulo muestra que nociones como riesgo, responsabilidad, individuación, prevención, por mencionar algunas, no son nuevas, pero sí han sido reformuladas en sí mismas o en los usos que se les dan hacia dentro de las formas de gobierno. Los programas de prevención del delito actuales de la Argentina como el Comunidades Vulnerables, tienen, en sus fundamentos y en sus dinámicas de implementación, marcas de estas formulaciones y mutaciones. Por ello, se considera que los aportes del recorrido que se presenta son útiles para pensar cómo se entiende la cuestión del gobierno de la juventud en riesgo en Argentina. En el tercer capítulo se ofrece una propuesta de modelización (modelo de deuda, de oportunidad y de tolerancia) de las actuales gestiones estatales de la juventud en riesgo a nivel internacional, de modo de contextualizar el escenario en el que se inserta el programa Comunidades Vulnerables. Además, da cuenta de la emergencia de la prevención del delito en Argentina, de los fundamentos criminológicos, sociales y políticos del Comunidades Vulnerables, así como de los otros dos programas que complementaron el análisis. El cuarto capítulo aborda las interpretaciones institucionales sobre las estrategias de prevención del delito. Revisa, especialmente, cómo son entendidos el bienestar y la inclusión social, qué modelos de riesgos se construyen desde los programas (externos, mixtos y esenciales), cómo se los propone gestionar, y qué responsabilidades les cabe a los distintos actores para cada tarea. En este capítulo toman particular importancia figuras como el acuerdo sobre el proyecto de vida y la estrategia del acompañamiento institucional. El quinto capítulo se ubica, metafóricamente, en la puerta de los programas. Se analiza en profundidad el sentido que el dinero entregado como TCI tiene en las estrategias de prevención del delito. Se reconstruyen los complejos sentidos y funciones que este elemento tiene para los operadores y funcionarios, y también el que asume en la mirada de las y los jóvenes que lo reciben, especialmente en relación con otras fuentes de ingresos como el delito y el trabajo. El capítulo concluye señalando, entre otras cosas, que el uso institucional de las TCI en la dinámica cotidiana de los programas, privilegia su potencial como habilitador de un espacio de instrucción, encaminando la caracterización del modelo de gestión hacia aquel de la tolerancia. El sexto capítulo se aboca a identificar y analizar las formas en las que las y los jóvenes respondían a la instrucción estatal para recibir los beneficios, al tiempo que demandaban la legitimación de interpretaciones propias sobre las necesidades y el riesgo. El análisis concluye en que esta tensión entre respuestas adecuadas y demandas se resuelve en una forma de gobierno tolerante que imprime formas particularistas y produce una serie de subjetividades fortalecidamente subordinadas de edad y género, en función de las posiciones que los y las jóvenes toman respecto de los riesgos. El resultado del esquema de intervención devuelve una postal compleja en la que se combinan, sin obstaculizarse, formas de dependencia con exigencias de activación y responsabilización individual. El final del capítulo anuncia la conclusión de la tesis: la vuelta a la batalla de la vida cotidiana es un vuelta acompañada. Interrogantes sobre las razones de esa tolerancia invitan a transitar, en el último capítulo del trabajo, en algunas trayectorias biográficas en las cuales el Programa pretendió incidir. Finalmente, se ofrecen conclusiones generales sobre la investigación.

Una propuesta, en forma de pirámide invertida, para mirar el problema

La tesis está estructurada como una pirámide invertida, que intenta dar cuenta de un problema teórico desde un nivel más abstracto, distante y descriptivo, hasta uno más particular, cercano y analítico.

Una forma de mirar la pirámide es en virtud del par ideas / acciones, si por un momento pueden ser pensadas separadamente para el análisis. Del capítulo 1 al 6 puede pensarse así: la construcción del problema (C1) requiere una exposición de las racionalidades de época (C2) que toman forma de gestiones políticas (C3) que, a su vez, son reinterpretadas por agentes estatales (C4), para luego ser finalmente discutidas con beneficiarios y beneficiarias (C5 y C6). Entre el capítulo 5 y 6 también hay un escalón: en el 5 se produce el primer encuentro entre los programas y los y las jóvenes, a través de la TCI, y en C6, una vez adentro de los programas, y cuando los términos para el acceso al dinero ya están arreglados, se discuten otras cuestiones. El capítulo 7 fue pensado para quedar fuera del análisis, para restituir trayectorias biográficas que habían sido fragmentadas en favor de su conversión en categorías.

También, desde el capítulo 2 se puede incorporar a la pirámide el par espacio / tiempo: el segundo capítulo es una línea de tiempo que prácticamente homogeneiza la dimensión espacial: los cambios son epocales más que geográficos; el capítulo 3 se ancla en la contemporaneidad -para quedarse allí el resto de la tesis- y los matices de la descripción están dados, en la medida de lo posible, por las regiones geográfico/culturales. Del hemisferio noroccidental a América Latina, y finalmente a la Argentina, donde queda el foco. Desde el capítulo 4 en adelante las fuentes de datos son primarias, argentinas (metropolitanas) y contemporáneas en su totalidad. Si en el capítulo 4 sólo los actores de la arena estatal problematizan el objeto de estudio, en el 5 se avanza un paso más en el análisis del gobierno al incorporar las voces de las y los jóvenes. Hasta aquí se de-construyen ideas, diseños de gestiones en función de ideas, interpretaciones de operadores/as y funcionarios/as sobre las gestiones, y modos de interpelar exitosamente a jóvenes para que se conviertan en beneficiarios/as. Estos parecen los ingredientes necesarios para construir el gobierno. El capítulo 6 representa los resultados de un ejercicio de observación micro social que pretendió amalgamar estos ingredientes nuevamente para analizar el gobierno de la juventud en riesgo. El recorrido propuesto va de las racionalidades hegemónicas globales en la parte más ancha de la pirámide invertida, a observaciones de reuniones de una o dos horas semanales, durante dos años, en un barrio pobre del conurbano bonaerense donde empleadas/os del Estado negociaban los términos del intercambio de bienes y servicios con varones y mujeres jóvenes de sectores populares. La parte más angosta de la pirámide podría ser esa, pero no lo es. El capítulo final se propone como una suerte de efecto biográfico del Estado desde donde mirar la regulación estatal, y observar cómo se integra el Programa al continuo biográfico que representa una vida singular. Se presenta lo que fue posible mirar de las vidas de algunos/as beneficiarios/as durante un trabajo de campo limitado entre 2007 y 2009, y dónde se podría encontrar a esas y esos jóvenes, tres años más tarde, en marzo de 2012. Sólo como ejemplos, anticipo que Humberto sería el ejemplo de los que habrían podido rescatarse: estaría trabajando en una de las cooperativas formadas por el programa nacional Argentina Trabaja; Juan, estaría terminando una condena de tres años en un penal de la zona, y, como Mariano -aunque por otras razones, sería de los que se habrían perdido. A Horacio, podría encontrárselo en la reunión del Programa, negociando con la operadora por enésima vez que se le vuelva a dar de alta en el plan, mientras ella le dice que “ya hace 10 años que va y viene sin resolver nada”.


  1. Luego de esta aclaración y sólo para aligerar la lectura, prefiero descartar su uso a lo largo de la tesis.
  2. A pesar de tomar esta definición, de Marinis (1999) advierte que, aún habiendo realizado un exhaustivo trabajo sobre la obra de Michel Foucault, no puede esperarse de aquella ninguna definición firme ni acabada, de casi ningún término, y tampoco del de gobierno; no obstante, esta definición amplia, en virtud de su recuperación por distintos analistas, parece haber resultado la más sugerente y útil para los análisis críticos.
  3. Garantizan reproducción social en la medida en que se proponen conservar las relaciones jerárquicas de poder económico, político y social que establecen normas hegemónicas de comportamiento y sentidos asociados en función de posiciones de clase social, género y edad.
  4. Los antecedentes internacionales proceden especialmente de: los estudios feministas del Estado (especialmente las producciones de Fraser, Haney, Mc Kim, Schuch, Lister); de otro vasto conjunto de autores que, desde el estudio de lo social y las transformaciones propias del capitalismo pos industrial indagan en las nuevas formas de gobierno, la cuestión social, el riesgo, y el crimen (Crawford, O´Malley, Castel, Rose, Miller, Garland, Merklen, Sozzo, e incluso antecedentes propios de los años 30 del siglo XX, por ejemplo, de Thrasher y los representantes de la Escuela de Chicago); otro conjunto específico de trabajos sobre el uso de las transferencias condicionadas de ingresos (TCI), especialmente producidos por organismos de evaluación y también trabajos sobre el sentido social del dinero (Zelizer); finalmente un tercer conjunto de trabajos angloamericanos que abordan la cuestión específica de las transformaciones recientes en los sistemas de justicia para jóvenes, tanto en países específicos como desde perspectivas comparadas globales (Kemshall, Gray, Muncie, Goldson, Hartjen, Field, etc.).
  5. Esta tesis se inscribe, en parte, en el Programa de Estudios Sociales en Infancias y Juventudes, Escuela de Humanidades, Universidad General San Martín, dirigido por Valeria LLobet.
  6. Esta tesis también dialoga con el grupo dirigido por Carla Villalta en el en el marco del Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Sección de Antropología Social, FFyL, UBA.
  7. El Observatorio está inscripto en el Grupo de Estudios e Investigación sobre Infancia, Adolescencia y Juventud, radicado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (observatoriojovenes.com.ar).
  8. Durante la investigación se obtuvo un documento impreso institucional de diseño, del 2007, un artículo escrito por los coordinadores en 2010 (Cannevassi y otros, 2010), y una entrevista al principal funcionario del área donde se lo creó, pero no se pudieron concertar entrevistas con las coordinadoras nacionales; por ello, el libro al que se hace referencia representa un insumo de mucho valor para la investigación en la medida en que “responde” oficialmente interrogantes que no pudieron realizarse oportunamente. Por ejemplo, cuestiones presupuestarias que sin éxito intentaron rastrearse antes.
  9. Los datos analizados correspondientes a este programa surgen de entrevistas y visitas a un implementación del mismo en las cuales yo participé pero que se inscriben en el proyecto colectivo “La participación de las/os adolescentes en los programas de inclusión social y las identidades de género”. Convocatoria PIP 2010-2012- CONICET N° 11220090100520. Directora: Valeria LLobet. CEDEHU, Escuela de Humanidades, UNSAM.
  10. El primero data del 16 de octubre del 2007 y el último del 23 de septiembre de 2009. Al recuperarlos en el análisis los nombré como RC y el número correspondiente.
  11. En el apéndice metodológico me explayo sobre la confección y procesamiento de los registros.
  12. La principal era la que coordinaba el grupo, preparaba las actividades y era la referencia principal para las y los jóvenes; la comunitaria era una mujer del barrio que oficiaba de referente barrial; y la monitora era enviada desde la coordinación nacional del Programa cada dos meses a presenciar las actividades.


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