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4 Los supuestos que guían las gestiones

Interpretaciones de operadores/as y funcionarios/as

Inclusión social, derechos humanos, factores de riesgo, contrato, responsabilización y activación individual, son los términos que frecuentemente usan los programas que aquí se analizaron tanto para enmarcar sus acciones, como para justificarlas y orientarlas. A lo largo de la tesis ya se han tratado estos conceptos, a veces considerados como construcciones teóricas en el capítulo 2, y otras enfatizando su uso en modelos de gestión en el capítulo 3. El objetivo ahora es descender un nivel más en las capas del Estado e indagar en las formas en que estos conceptos son asumidos por operadores/as y funcionarios/as que representan al programa Comunidades Vulnerables, y también a los otros dos programas de los que se analizaron datos, el Envión/Volver y A la Salida. La propuesta del capítulo supone comprender cómo se enlazan esas nociones, y su productividad discursiva, en las estrategias de intervención concretas.

Ahora bien, los datos analizados surgieron, en gran medida, de entrevistas en profundidad que se realizaron especialmente para esta tesis. Entonces, las construcciones argumentativas que se utilizan para conocer las definiciones institucionales han sido realizadas en un contexto particular: el marco de la entrevista. En ese sentido, es preciso poner atención en que dichos argumentos pueden vincularse de modos diversos con las prácticas concretas. En principio, deberían ser como asumidos como aquellas definiciones que el entrevistado sabe que el que entrevista desearía escuchar. El análisis asumió esas condiciones de producción, y lo hizo a sabiendas de que en los próximos capítulos, al analizar interacciones cotidianas entre operadores/as y beneficiarios/as, se completaría la escena de gestión.

El capítulo se presenta en tres partes. En la primera se discute cómo se articulan en las interpretaciones institucionales las nociones de inclusión social, vulnerabilidad, bienestar y derechos, en los objetivos de los programas; en el resultado se tensan intereses de seguridad con los de garantía de derechos. Este primer apartado incluye la asunción de responsabilidades y límites que advierten operadores/as y funcionarios/as para sus propias tareas. El segundo identifica qué tipos de riesgos, asociados a qué factores, son reconocidos por los programas. El tercero presenta a las gestiones concretas como unas particulares políticas del individuo (Merklen, 2013), con sus tradicionales componentes del contrato de inserción y los principios de activación, pero con un énfasis en el acompañamiento que se analiza especialmente y se pone en relación con la petición de los programas sobre que los y las beneficiarios/as armen un proyecto de vida. El último sumariza las dimensiones analizadas, abstrae los resultados más significativos, y los enlaza, necesariamente con los capítulos que siguen.

Como se ha venido señalando, representa una limitación teórica, analítica y política, entender al Estado como un régimen abstracto de políticas, si en esa mirada se observa a las constelaciones políticas como dadas más que como productos de luchas políticas o ideológicas. Resulta en limitación porque esencialmente así se pierde el proceso histórico a través del cual la propia institucionalidad del Estado es construida (Haney, 1998). Por el contrario, de lo que se trata es, en palabras de Fraser (1991), ver al Estado como un intérprete de necesidades y no sólo un distribuidor de satisfactores en la medida de las redistribuciones percibidas. Desde esta perspectiva es que mientras en el capítulo anterior, al describir los programas, el foco estaba puesto en lo que distribuyen como recursos, ahora interesa poner el foco también en sus acciones de reconocimiento. Fraser señala que la representación, como operación en las políticas sociales, tiene una función relativa a las identidades de los representados, funciona distribuyendo reconocimiento, y, articulada a los modos de subjetivación, delinea las formas en que varios discursos ubican a las personas a las que se dirigen como sujetos de un tipo específico. ¿En función de qué situaciones se construye un sujeto que requiere asistencia? ¿qué tipo de asistencia, a su vez, requerirá? El modelo del discurso social propuesto por Fraser (1991) sobre la política de interpretación de las necesidades resulta de utilidad porque lo que los programas hacen es generar interpretaciones sobre qué necesidades tienen sus destinatarios, definir satisfactores para ellas y legitimar demandas que coinciden con esas interpretaciones. De hecho, esto es lo que se verá en este capítulo y en los próximos dos.

Vulnerabilidad, inclusión institucional y inclusión social

Por lo pronto, para empezar, los programas deben legitimar su intervención y para ello manifiestan preocupación por ciertas situaciones en las que se encuentran jóvenes de sectores populares. A partir de allí orientan sus objetivos para revertir tales situaciones de modo tal de aumentar el bienestar de esas personas. La forma en la que se nombra a ese bienestar no es unívoca pero se vincula a estados calificados como positivos asociados a mayores niveles de inclusión social, o ejercicio de derechos.

Los programas que se analizaron aquí, Comunidades Vulnerables especialmente, pero también el Envión y su versión Volver, y A la Salida, si bien se definían, en su mayoría, como de prevención del delito, lo hacían como parte de una acción estatal de restitución de derechos. Es decir, las condiciones de vulnerabilidad en las que reconocían que estaban inmersas las poblaciones destinatarias se vinculaban con carencias tanto en el acceso como el ejercicio de derechos.

“La construcción de ciudadanía real no puede ser otra cosa que construcción de ciudadanía política, es decir de transformarse en sujetos de derechos que desde esa posición no pueden ser más que sujetos reclamantes de derecho. Por lo tanto, no estoy hablando de construir ciudadanía política clientelar, sino ‘sabé que estos son tus derechos y tenés que luchar por esto’ (…) La salida en la vida es la lucha, entonces si se orienta en ese sentido es una orientación efectivamente preventiva y además revolucionaria.” (Funcionario nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -MJyDH)

“Garantizar ciertos derechos básicos y la promoción y la protección de esos derechos.” (Funcionario nacional – Dirección de Adolescentes Infractores a la ley penal-DINAI/ SENNAF)

“Considerar que más allá de las desventajas desde la cuna, este joven es un sujeto de derecho, y por eso no despojarlo de toda posibilidad de crecimiento y de inclusión.” (Equipo de diseño e implementación – programa Envión Volver)

“Pensar la inclusión social desde una perspectiva de derechos y de una igualdad de oportunidades, el acceder al pleno ejercicio de la ciudadanía en términos de salud, educación, laburo, en términos de los artístico, recreativo.” (Directora municipal – Área Juventud)

En primer lugar, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se señaló que el fin último del Comunidades Vulnerables era recuperar a estas personas como personas y ciudadanos/as. El objetivo recuerda el perfil correccionalista de una criminología del welfarismo penal y supone que es central considerar a los jóvenes no como externos a la comunidad que demanda seguridad, sino como parte de ella. En una línea similar, desde la SENNAF, el foco de la preocupación de las intervenciones era la garantía de derechos. Acción que, entre otras consecuencias, tendría como efecto la disminución de delitos: la prevención del delito pasa por que funcionen los sistemas de protección.

Estas definiciones permiten señalar dos cuestiones. Por un lado, se ubican en una posición para el gobierno del delito enmarcado en un discurso de derechos, aunque sea desde áreas distintas, de seguridad y de desarrollo social. Se volverá sobre esto en breve.

En segundo lugar, estas definiciones se pueden ubicar en las discusiones sobre inclusión-exclusión social. Como se advierte en los testimonios, y también en extenso en las entrevistas y observaciones, los programas no suelen basar sus discursos en la exclusión social. Que las políticas sociales argentinas no se hayan visto interpeladas por el discurso de la exclusión social es algo que ya ha sido señalado (Kessler, 2011). Pero sí se refieren a la inclusión social, y reiteradamente, como se observa en los testimonios. De todas formas, lo cierto es que el modo en que hablan de la inclusión permite, en una suerte de espejo, pensar contra qué tipo de exclusión estarían orientando sus acciones.

La noción exclusión social reconoce orígenes anteriores, aunque es alrededor de la crisis de los años setenta que resurge con fuerza y para los ochenta se instala en debates académicos y políticos, especialmente europeos. Entonces, la noción de pobreza también pretendió dar sus explicaciones, pero la crítica rápidamente señaló sus limitaciones. Algunas de las más significativas señalaban que era limitada para analizar la cuestión social porque no permitía considerar o invisibilizaba privaciones no materiales (Lister, 2004); además, la condición de pobreza no debería vincularse a la de exclusión o marginalidad necesariamente pues podría tratarse de una pobreza integrada caracterizada por cierta estabilidad (Castel, 1991). La noción de exclusión social se diferenciaba, especialmente, por el énfasis con que se vincula a carencias en las formas de participación social, reconocimiento social o relaciones sociales (Kessler, 2011).

Entonces, la exclusión social fue la forma de nombrar a procesos expulsivos del mercado de trabajo propios del fin de la sociedad salarial. Dentro de este gran fenómeno, las perspectivas para entender la exclusión social fueron varias, y no se intenta reponerlas aquí.[1] Pero por lo pronto, y brevemente, puede señalarse que las propuestas de explicación del fenómeno reconocían vínculos con la exclusión del mercado de consumo, del mercado de trabajo, y de la ciudadanía (Saraví, 2006). Ruth Levitas (2005) propuso una tipología sobre los discursos sobre la exclusión social que reconocía la exclusión en función de lo que los grupos excluidos carecerían. La autora, pensando en comprender los marcos políticos desde los cuales se hacía sentido sobre la exclusión social en el contexto inglés de fines de los años noventa, estableció que una primera noción de exclusión social podría ser la retomada por un discurso redistributivo e igualitario que incluía nociones de ciudadanía, derechos sociales y justicia social, vinculada a la idea clásica de ciudadanía de Marshall; en estos casos, quienes estuvieran en situación de exclusión social lo estarían por carecer de dinero. Otro discurso vigente, típicamente norteamericano, sería aquel que vincularía la exclusión de cierto grupo de personas, especialmente la llamada underclass, por sus comportamientos amorales, o guiados por morales ilegítimas a los que, además, se les adjudicaría aprovecharse de la dependencia estatal; estos grupos de personas carecerían de una moral adecuada. Y un tercer modo de considerar la exclusión, propiamente francés, sería aquel que se encarnaría en torno a un discurso interaccionista, preocupado por la cohesión social y centrado en la situación de exclusión del mercado trabajo pago (Levitas, 2005).

En el contexto latinoamericano, especialmente en Argentina, la perspectiva que entendía la exclusión como expulsión del mercado de trabajo, propia de la línea francesa, tuvo más adherencia que las otras (Kessler, 2011, LLobet, 2013).[2] Para la comprensión francesa, la exclusión social era un fenómeno novedoso y especialmente dramático habida cuenta de que la sociedad allí se había pensado como intrínsecamente integrada. Los desarrollos que impregnaron el campo local fueron especialmente los de Robert Castel (1991) que comprendió que la exclusión sería el extremo de los procesos de vulnerabilidad y desafiliación. La vulnerabilidad se entendía como débiles inserciones laborales y relacionales que le impedían a los individuos integrarse plenamente. La exclusión pura, en realidad, era algo que objetivamente no existía pero podía comprenderse como un punto de llegada al que había que evitar interviniendo para que no se agudizaran los procesos de desafiliación. La intervención paradigmática del caso francés fue el Ingreso Mínimo de Inserción establecido en 1988. No se trataba de atender a las poblaciones típicas que transitoriamente se quedaban sin empleo, sino que daba respuesta a la demanda creciente de personas que no lograban insertarse en el mercado laboral (entre ellas, especialmente, jóvenes que no conseguían su primer trabajo). El elemento característico de estas políticas, que luego se conocerían como políticas del individuo (Merklen, 2013) – se retomarán en breve-, era que incluían la necesidad de pactar con el beneficiario una trayectoria de acción encaminada a conseguir esa integración, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Para estas intervenciones, la noción de vulnerabilidad, resultaba más útil que la de exclusión, pues en realidad la intervención sería sobre la situación de vulnerabilidad más que sobre la exclusión. Si la vulnerabilidad se refería a la debilidad de las inserciones, de lo que se trataría sería de reforzarlas. Esta idea, traducida del contexto francés al local pudo encontrarse en el programas de prevención del delito Comunidades Vulnerables. Para su operadora, de hecho, no se trataba de incluir a los jóvenes como si no estuviesen integrados, se trataba de integrarlos más y mejor:

“A veces se piensa que hay que integrar al pibe porque está desintegrado, y el pibe está integrado en un círculo limitado que hay que ampliar (…) no es que no está integrado. Creo que ahí el concepto es distinto, ampliar su integración. Y en ese sentido ejemplificaba: la integración a la escuela y al trabajo sabemos que está limitada en la mayor parte de los pibes, bueno, no es tampoco que no están integrados de ninguna manera, en el trabajo están integrados pero de forma precaria, entonces hay que modificar esa forma de integración.” (Operadora – programa Comunidades Vulnerables)

El carácter débil, aún resguarda la existencia de lazos, y no la ausencia de ellos. Dicho carácter enlazado a la necesidad de reforzar la integración al mercado de trabajo y al sistema educativo, parece indicar la adopción de la noción de exclusión tradicionalmente francesa, asociada a que estar excluido es estar fuera de la principal institución incluyente que es el mercado de trabajo formal. Si se consideran además los señalamientos anteriores sobre la importancia de enfocar en la garantía de derechos, por sobre todas las cosas, el panorama parece mixturar los marcos interpretativos. Es decir, un modo de concebir la inclusión social que aúna la inserción en instituciones tradicionales como la escuela y el trabajo, en el marco de un plena inclusión ciudadana, reflejada en la persistencia del discurso de derechos. En efecto, algunos/as de los/as entrevistados/as combinaban en un sólo objetivo ambas perspectivas para:

“Trabajar esta cuestión de la inclusión social (supone) hacer que los chicos puedan volver a la escuela, ir preparándolos para ese retorno a la escuela o brindarles otras herramientas comunicativas, expresivas, trabajar el tema de la convivencia, todo eso tiene que ver con construcción de ciudadanía.” (Operador- programa A la Salida)

Tal como se ve, la inserción laboral y escolar, era parte de una inserción ciudadana, o al menos, una vía a ello. Si bien la opción de los programas sugiere cierta continuidad con el modelo francés, es cierto que habría que considerar la existencia de matices. Aunque es probable que no haya en lo concreto mucha diferencia de edad, entre la población destinataria de las políticas francesas de inserción, y las personas alcanzadas por los tipos de programas analizados aquí, las maneras en que se interpela a los sujetos es diferente. Mientras la preocupación del país europeo es sobre una persona adulta (o un adulto joven), en los casos analizados las personas asistidas son ubicadas aún en una zona formativa, en la cual hay que prepararlos para esa inserción ideal representada por la laboral.

Ahora bien, lo anterior supone usar esquemas de compresión europeos para el análisis de la situación argentina, y eso, efectivamente, tiene sus riesgos. Si bien la idea de vulnerabilidad, tal como la plantea Castel, resulta útil para el análisis de políticas sociales argentinas, y de hecho parece adoptada por los discursos institucionales concretos, es preciso hacer algunos señalamientos que han sido advertidos por varios analistas.

Tal como expresan Saraví (2006), Kessler (2011), LLobet (2013), las particularidades latinoamericanas son bien distintas a las europeas con lo que un simple traslado de modelos teóricos a los análisis locales puede resultar sino erróneo, también poco útil. Mientras las explicaciones sobre la exclusión europeas alternaban entre la pobreza, la expulsión del mercado de trabajo o los problemas de ciudadanía como fenómenos novedosos, para América Latina constituirían cuestiones estructurales. Además, lo que para Europa podría ser el centro de la afiliación social por excelencia, el mercado de trabajo, no correspondería para la región. América Latina se habría caracterizado por procesos de multiafiliación (Saraví, 2006). En la interpretación de Salvia (según LLobet, 2013), el tema sería que se estarían tratando de pensar fenómenos similares pero inscriptos en desarrollos capitalistas bien distintos. Lo que propone Saraví es, más que pensar en exclusión social, comprender la dinámica de acumulación de desventajas que caracterizarían estas latitudes. Allí, reconoce la existencia de unas desventajas estructurales a las que se sumarían unas desventajas dinámicas, por ejemplo, de corte institucional. Esta acumulación de desventajas tendría lugar, además, en un contexto epocal que ya se ha ido describiendo, en el cual los nuevos modos de gobierno requieren individuos activos y responsables de gestionar sus propias trayectorias biográficas. Saraví señala que son justamente los jóvenes, el grupo social que más padece la acumulación de desventajas por su estadio transicional hacia la adultez. En el momento en el que deberían iniciar su propia trayectoria biográfica contarían con menos soportes, resultado de la acumulación de desventajas, y más exigencias en un contexto en el que los modelos para responder al contexto de incertidumbre se habrían desdibujado. El desarrollo de Saraví recubre importancia para las políticas sociales no sólo por su foco latinoamericano. En el planteo del autor, especialmente centrado en comprender las biografías juveniles, se señala que una de las desventajas que padecen los y las jóvenes es la ausencia de instituciones estatales en los territorios marginales en los que viven, ausencia que empeora su estructura de oportunidades para configurar sus trayectorias. Es decir, la exclusión institucional a la que los conducen las carencias de sus territorios no hacen otra cosa que empeorar el panorama. En este sentido, los territorios en los que viven los/as jóvenes desaventajados son parte central de su exclusión. Sin embargo, podría haber otra lectura del rol de los territorios, la inclusión y las políticas sociales. Denis Merklen (2005), desde una perspectiva distinta para comprender las acciones de los sectores populares[3], sugiere que el territorio más que una fuente de carencias es un espacio en el que se da la organización colectiva para demandar al Estado asistencia. Esa organización se vincularía con los procesos de participación ciudadana y podría ser así un modo de acercarse a la inclusión plena.

Estas dos lecturas sobre el territorio lo presentan con signos distintos respecto de su capacidad para integrar a las personas a espacios institucionales. En la versión de Saraví, el territorio sería un factor productor de exclusión, y en la de Merklen, potenciador de inclusión social. En los casos analizados, el territorio, al que aquí podemos homologar con el barrio, es una fuente ambigua de significaciones, a veces más cercana a la amenaza y los riesgos, y otras veces más cercana al espacio de la contención y la referencia indispensable. Se volverá a la comprensión sobre el barrio en breve. No obstante, lo que sí observamos – tanto en esta investigación como en otras, colectivas y de colegas[4]– es que la presencia estatal es muy fuerte en los barrios y, aunque con versiones que pueden entenderse de segunda clase, sus esfuerzos para lograr la inclusión institucional parecen permanentes -así como también se observa la presencia institucional en su fase más represiva. La presencia estatal en los territorios que hemos estudiado, al menos en la forma de programas sociales, parece hacerse en nombre de los derechos humanos y con intenciones explícitas de fomentar inserciones clásicas asociadas al trabajo y la escuela, en la que la inserción institucional en programas sociales se coloca como un acción intermedia hacia la inclusión social plena.

Así, lo particular de estos modos de entender la orientación de las intervenciones está en cómo enlazan los discursos de la vulnerabilidad y el par inclusión-exclusión con el lenguaje de derechos. La definición sobre inclusión comienza a ser borrosa cuando no está muy claro si el objetivo que los programas tienen es que los/as jóvenes logren inclusión social, en general, o si más vale, persiguen inclusión institucional. En esos casos, la inclusión cobra un sentido evaluativo, en relación al avance que cada sujeto particular esté haciendo en pos de su proceso de inclusión social. Así, si anotarse en la escuela o conseguir un trabajo podría ser un paso tradicional hacia la inclusión, una acción tan puntual como llegar temprano a una actividad y cumplir una norma de convivencia, también lo es. La inclusión, más que un estado en estos contextos institucionales, puede entenderse también como un proceso:

“Se habla tanto de inclusión en educación, ya sea formal o no formal, o formación, a veces no es escuela, a veces es formación para generar un trabajo o un recurso. A veces tiene que ver con inclusión en su comunidad, con un refuerzo de los vínculos.” (Funcionaria provincial- programa Envión Volver)

En la marcha hacia la inclusión plena, ciertos procesos se evalúan como progresivos y positivos, aunque estén a mitad de camino. De este modo, en las prácticas concretas se advierte cómo en las definiciones institucionales era posible la convivencia de inclusiones en ciertas esferas con persistencia de situaciones de exclusión en otras. Tal era el caso cuando se señalaba que

“Tenemos pibes que por ahí no se han insertado, y se están fumando un paco en la esquina, pero (ya) no están robando.” (Funcionario provincial- Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de la Pcia. de Buenos Aires- SRPJ)

La inclusión, cuando se atiende a su uso cotidiano, parece más vale un parámetro normativo para calificar ciertas conductas deseables, no todas previstas de entrada, ni todas con el mismo valor. La inclusión no estaría sólo determinada por mantener la escolaridad, sino también podría ser percibida al asistir puntualmente a una reunión del programa. A su vez, la inclusión es en esferas múltiples, y en ese sentido multilocalizada, basada en ocasiones en definiciones más totalizantes y prioritarias en el seno de discursos más formales como el de derechos, y otras más prácticas propias de las necesidades de intervención cotidiana. Finalmente, la inclusión también se define por la negativa, por: no robar, no faltar a las reuniones, no quedarse en silencio ante una interpelación.

Hacia la inclusión: los roles del Estado y sus limitaciones

Cuando al indagar sobre los procesos de inclusión social y garantía de derechos se avanzó en el terreno de las prácticas, funcionarios y operadores/as señalaron los roles que le competían al Estado, algunos de los cuales se materializaban en los programas sociales. Enunciar las tareas que recaerían en la gestión estatal y sus límites constituye un aspecto importante del análisis, especialmente en el seno de una racionalidad para el gobierno de las poblaciones que estaría tendiendo a ubicar al Estado como aquel que debe garantizar, mediante distintos arreglos intermedios, que los individuos manejen correctamente los riesgos. El correr del capítulo hará avanzar el argumento.

A partir de los testimonios obtenidos, el rol del Estado en sus niveles más altos y con respecto a este tipo de problemas de gobierno es marcar la perspectiva ideológica del enfoque, hacia afuera y hacia adentro.

Tanto desde las áreas nacionales de justicia, como desde las de protección de derechos de niñez y adolescencia, y especialmente de adolescentes infractores a la ley penal, se coincidió en que los niveles centrales de gobierno son los responsables de dar directrices claras sobre el modo y el marco en que debe encararse la prevención del delito juvenil, o el manejo de poblaciones en riesgo. Y que estas indicaciones no son meras formas dentro de un sistema jerárquico, sino que suponen decisiones ideológicas. En función de esos lineamientos los gobiernos locales podrán organizar los recursos disponibles en función de las necesidades de cada jurisdicción siguiendo las directrices centrales, y eso constituirá una particular disposición de la ayuda que condicionará luego el arco de recursos disponibles de los y las jóvenes.

Aunque los planteos provenían de funcionarios de áreas distintas, el mensaje mantenía continuidad ideológica: debe primar la prevención antes que la represión, y para eso, las áreas de prevención deben poder construir legitimidad para ser consideradas competentes en la tarea de gestionar el delito.

“Si hay un área de prevención del delito en el Estado que está dentro del área de seguridad, éste (el de prevención social) tiene que ser el contenido, si no lo vaciamos de contenido y da lugar a que ese espacio sea ocupado por otras prácticas de supuesta prevención del delito que en realidad no lo son, sino reproductoras de violencia (…) prevención del delito lo tiene que tener seguridad sí o sí porque hace también a la reforma del pensamiento de seguridad democrática.” (Funcionario nacional – MJyDH)

Los funcionarios entrevistados señalaron la importancia de posicionar sus dispositivos como estructuras capaces de oficiar de alternativa a las medidas más duras de control social para adolescentes infractores. Por ejemplo, uno de los programas de prevención del delito funcionaba, de hecho, como garante frente al adolescente infractor porque se hacía cargo de sus acciones frente al juez y de este modo se proponía un tipo de intervención frente a otra:

“Lo que hemos tenido en cuenta es que estos programas alternativos tengan la capacidad de disputarle la clientela, para decirlo desde una posición fuerte, a los dispositivos de privación de la libertad.” (Funcionario nacional – DINAI/ SENNAF)

Esto justificaría, por ejemplo, la creación de ciertos tipos de dispositivos lo suficientemente rigurosos con las medidas de seguridad de modo de ser claros para la contra parte.

“Nosotros le llamamos semi cerrados aprovechando un poco las cosas para dar a entender que ese dispositivo es penal, para que los juzgados los tomen como dispositivos penales, (para que) los jueces comprendan que los pibes no van ahí sólo a jugar a la pelota, sino que también hacen cosas que no les gustan.” (Funcionario nacional – DINAI/ SENNAF)

En este sentido, la propuesta de inclusión social que planteaban estas áreas requería, primero, dar ciertas batallas ideológicas contra otras opciones de regulación. Luego, este viraje debía ser comunicado e introyectado hacia los agentes institucionales que comandaban estos dispositivos. En este sentido era tarea del Estado capacitar a los directores y a los asistentes de minoridad respecto de los enfoques de las intervenciones:

“Se avanzó mucho en las instituciones en hacer más hincapié en el tratamiento que en la seguridad; cuando nosotros llegamos el tema de la seguridad estaba muy marcado, que se te fugue un pibe era lo peor que le podía pasar al sistema, eso venía muy relacionado con que los jueces le venían diciendo a los directores ‘cómo puede ser que se te fugue un pibe’ Fue todo un trabajo de capacitación con los directores: si el pibe se fugó pero estaba afuera jugando al fútbol no es tan grave.” (Funcionario provincial- SRPJ).

El testimonio daba a entender que un viraje en la perspectiva ideológica de abordaje del tema, redundaría en flexibilizar algunos modos de comprender las transgresiones de los jóvenes al sistema.

No obstante, estos roles pueden entenderse como los propios de cualquier administración que se propone conducir las estrategias. Por ello, es aún más interesante detenerse en los déficits estatales y las consecuentes fallas de las intervenciones que se admitieron tanto desde los niveles más altos de la gestión, como en los de la implementación. Interesa señalar específicamente dos.

En un nivel más cercano a las prácticas concretas, los equipos de implementación advertían la necesidad de subvertir las discrecionalidades dentro del sistema:

“Estamos trabajando sobre un documento para tener unidad de criterio, que es esencial, porque sino surgen dudas, descreimientos y la confusión, porque son muchas las personas que estamos involucradas en esto. Vos considerá que hay un equipo a nivel provincial, que somos nosotros, y además está cada equipo a nivel municipal, que también tiene sus criterios, sus modalidades, su forma de pensar, que uno tiene que respetar. Y para abajo está todo lo que van a gestionar con esa comunidad, las familias y los jóvenes que son, por supuesto, nuestro foco de atención.” (Equipo de diseño e implementación- programa Envión Volver).

Este señalamiento es interesante porque la tensión entre criterios uniformes y discrecionalidad en las intervenciones recorre las dinámicas cotidianas. La tensión es paradojal porque mientras aquí se manifestaban preocupados por la discrecionalidad, luego, dicha práctica se traducía en el tratamiento personalizado caso a caso que desde las mismas instituciones señalaban como una virtud de los enfoques. Comienza, lo que en este capítulo y en los que siguen se llama, en palabras de Haney, el control através de la contradicción. Se vuelve luego sobre este punto.

La otra cuestión que interesa señalar con respecto a los déficits estatales es la limitación que los programas admitieron en relación a las misiones que se proponían y los recursos con los que contaban. Esta tensión también se presentó como una paradoja. Con frecuencia, funcionarios y operadores/as reconocían que el Estado -del que ellos/as mismos/as eran representantes- fallaba en ofrecerles a los y las jóvenes posibilidades de inserción educativa y laboral concretas:

“Se necesitaría mucho más apoyo desde Nación para que esta política sea integrada a otras políticas y para que el programa de prevención del delito no sea aislado, con un esfuerzo tremendo del grupo de operadores y de los pibes en el barrio. Que se pueda estar asociando a otras instancias institucionales para que tengan más facilidad para que sea concreto lo que uno les propone a los pibes (…) uno les propone un proyecto de vida alternativo a delinquir, y ahí están todos los obstáculos, en la inserción educacional está el obstáculo, en la laboral también, en la justicia también y está cerca el obstáculo.” (Operadora – programa Comunidades Vulnerables).

En un contexto en que parece primar un modo de ser en sociedad que individualmente geste sus propias inserciones sociales, el que los programas reconozcan como un déficit estatal la nula oferta de oportunidades podría ser un dato a tener en cuenta. No obstante la contundencia de estas formulaciones que visibilizan las fallas del Estado, podría objetarse argumentando que el reconocimiento de ellas es principalmente retórico, hecho a la luz de la producción de los datos -es decir, en el marco de una entrevista para una investigación académica. Y que además, siempre se plantea desde una comprensión del Estado como mero distribuidor de recursos materiales. Es decir, los/as entrevistados/as podrían verse sugeridos a hacer esta suerte de autocrítica influidos por el contexto de la conversación con fines investigativos-académicos.

Sin embargo, el complementar la producción de datos con el trabajo de campo prolongado en el tiempo en el Comunidades Vulnerables, pudo extender la advertencia de la falla. En una de las observaciones, una agente le comentaba a otra que ya no tenía sentido seguir enseñando a los jóvenes a hacer currículum vitae, hasta tanto no tuvieran alguna oferta concreta de trabajo que hacerles. La limitación en la oferta de oportunidades concretas se complementaría, según el testimonio de operadores/as, con déficits de otras agencias estatales. La misión de los programas de facilitar el acceso a ciertos servicios y/o derechos estaba condicionada por una lógica calificada como burocrática. Los tiempos y requisitos que manejarían ciertas agencias parecerían no considerar la urgencia de aprovechar la instancia en que, una persona que suele estar alejada de las instituciones, finalmente hace un intento o acepta, acercarse a un centro de salud, o iniciar un trámite de documento de identidad, o volver a la escuela. Finalmente, una última limitación en la misión inclusiva de los programas podría estar dada, según los propios operadores/as, por la inestabilidad política y administrativa de las intervenciones. Durante varios meses de 2008, la operadora del Comunidades Vulnerables señalaba que la inestabilidad del propio Programa, por ejemplo durante el traspaso de la dependencia nacional a municipal, volvía débil la implementación y sus compromisos: se alteró la periodicidad del cobro de los planes sociales, se discontinuaron algunas actividades y la carencia y escasez de recursos humanos redujo las intervenciones previstas (RC 6, RC 9, RC 9bis, RC 15, RC 24, RC 33, RC 37).

La denuncia, no obstante, queda un poco devaluada si se mira la escena completa. Más adelante, al analizar la misión de acompañamiento que los programas encuentran como su rol más loable, pierde relevancia la indignación de algunos operadores/as.

En suma, lo planteado en este apartado tiene dos justificaciones. Por un lado, indaga en las fragmentaciones, inconsistencias e incoherencias dentro del propio ente estatal y sus consecuencias para pensar entonces, la cabalidad de sus misiones así como los espacios de fuga que permite. La cuestión de la uniformidad de criterios en contra de la discrecionalidad, y la denuncia sobre la poca oferta estatal que se diluye en un mensaje de “el cambio está en vos”, tornan los escenarios de intervención en espacios bien ambiguos, en los que en seguida se indaga con más profundidad. Por otro lado, este mismo Estado desentendido, fragmentado, burocrático –en el sentido de su difícil acceso- y hasta represivo, puede representar algún rol dentro de los propios factores de riesgo que los programas identifican en el entorno de los y las jóvenes. Esto permite seguir abriendo los sentidos perseguidos sobre los modos de inclusión social y la garantía de derechos, y, especialmente, quién se encarga de llevarlos a cabo.

La identificación de factores de riesgo en los programas para jóvenes

La forma de circunscribir la inclusión y las situaciones de vulnerabilidad anticipan qué es lo que los programas quieren evitar. Es decir, es posible rastrear en ellas qué es lo que constituye un riesgo o un factor de riesgo, para lograr la inclusión.

El riesgo, como bien se ha discutido desde el comienzo de la tesis y especialmente en el capítulo 2, es una noción que ha sido central en las formas de gobierno de las poblaciones. Recientemente, habría habido un cambio importante en relación a que los riesgos ya no se socializarían sino que se propondría su gestión individual. En apenas unos apartados el capítulo se ocupará de esta cuestión, y cómo especialmente operaría esa gestión individual. Sin embargo, aquí es preciso detallar más que en capítulo 2, la mención al carácter ambiguo de la noción de riesgo que sirve especialmente en el análisis de programas sociales y que reconoce una matriz patológica propia de la epidemiología. Según especificó De Almeida-Filho (2000: 244), la centralidad del concepto riesgo para la epidemiología se fundamentada en tres supuestos básicos: la identificación entre lo probable y lo posible: “la posibilidad de un evento puede ser reconocida en su probabilidad de ocurrencia”; la homogeneización de distintas situaciones en el concepto de riesgo; y el principio de recurrencia, por medio del cual existe una expectativa de patrones de ocurrencia, por lo cual se justifica la prevención. Lo particular es que estos datos abstractos o factores, pueden ser, eventualmente, cualquier cosa.

Estos principios básicos son también reconocibles en el uso de riesgo que hacen los programas sociales. Pero lo que hace tan apropiada la noción para la regulación social es el particular carácter ambiguo que la recubre. De Almeida Filho (2000) deconstruye que dicho carácter fue una importación que el discurso de la ciencia epidemiológica hizo del discurso social. Al recorrer los distintos usos, el autor da cuenta de cómo los factores determinantes para el riesgo son a veces entendidos como riesgos en sí mismos. Por ejemplo, para el caso que se analiza aquí se podrá ver que se identifican como factores de riesgo para la comisión de delitos (que es el riesgo que se quiere evitar en un programa de prevención del delito) situaciones disimiles como haber estado detenido en comisarías, o estar cartoneando, o para las mujeres, especialmente, estar solas. Todas esas situaciones, al agruparse en función de la prevención del delito, ven difuminadas sus particularidades, y determinadas a producir el riesgo -cuando en realidad, por ejemplo, no existe una causalidad directa ni necesaria entre recoger cartones y delinquir. Lo que sucede, complementariamente, es que esas situaciones, al pasar de ser determinantes a ser determinadas por la relación en la que están inscriptas, pasan de ser factores de riesgo, a ser riesgos. Así, situaciones que deberían estar sujetas a distintos tipos y niveles de regulación (pobreza y delito, por ejemplo) pueden quedar agrupadas en un mismo perfil. Operaciones ideológicas explícitas pero también espontáneas o no conscientes en la dinámica de construcción de perfiles de riesgo cuentan con este carácter ambiguo de la noción de riesgo, que puede, por su versatilidad y elasticidad, acomodarse y mutar de acuerdo a distintas necesidades y objetivos de la regulación social. Esto supone que ante preguntas sobre qué es el riesgo, a veces las respuestas se refieran a situaciones o formas de sociabilidad que podrían aumentar las probabilidades de que un evento nefasto suceda, tanto como a los eventos nefastos en sí mismos. La complejidad está en que la gestión de dichos riesgos debería ser diferencial según se trate de prevenir uno u otro tipo de cuestiones.

Ahora bien, ¿en qué consisten estas situaciones adversas que les impedirían a los y las jóvenes concretar la inclusión social? ¿qué riesgos identifican funcionarios/as y operadores/as dentro de estas condiciones de vulnerabilidad? ¿Alrededor de qué figuras, o prácticas o contextos se anudan las amenazas hacia las transiciones generacionales a la adultez? En términos más generales ¿cuáles son los riesgos que justifican la intervención estatal hacia adolescentes y jóvenes en el escenario contemporáneo?

Como se describió en el capítulo 2, la infancia (en un sentido amplio que incluye a la adolescencia) como categoría de intervención estatal ha estado vinculada al riesgo a partir de su visibilización como parte de la cuestión social: había que protegerla para que pudiera completarse una transición a la adultez deseable para la reproducción social. A esta tarea se abocó la intervención estatal desde distintas áreas -mediante la creación de instituciones específicas-, aportando significativamente a sus distintas categorizaciones. Además, supervisar las relaciones entre la experiencia infantil y adolescente y el riesgo, tenía efectos también en el presente ya que suponía neutralizar aquellos que pudieran acarrear ciertos comportamientos adolescentes o juveniles, especialmente de varones, para el resto de la sociedad. En suma, tal como se han revisado anteriormente, trabajos de corte histórico han señalado cómo el riesgo es una categoría que, en la intervención social, pierde su carácter probabilístico para adoptar connotaciones morales y de peligro social.[5] Es difícil establecer con claridad si el riesgo es algo de lo que hay que proteger a los sujetos infantiles, adolescentes y juveniles para que se evite una situación más grave de la presente, o si el riesgo es algo que portan los sujetos a partir de algunas características biográficas particulares. O si además, ese riesgo indefinido es algo que produce posteriores exclusiones o si la situación de exclusión social se define por la presencia de múltiples situaciones o factores de riesgo. Todo esto es materia de indefinición y constituye una zona difusa apta para procedimientos múltiples, sentidos particulares, objetivos de regulación social en contradicción. En este sentido, y como fuera mencionado más arriba, la categoría riesgo es particularmente apta para su recepción desde diversos acentos ideológicos, y para constituirse en pivote desde donde articular la intervención institucional.

En el Comunidades Vulnerables, la noción de riesgo formaba explícitamente parte de la definición de la población destinataria. Ella eran los jóvenes en conflicto con la ley o en riesgo de estarlo (DNPC, 2007). Desde la descripción del entorno en el que vivían sus destinatarios, el Programa ubicaba factores de riesgo que casi se respiraban en el ambiente:

“Los jóvenes crecen respirando inestabilidad, imprevisión, precariedad y escasez. Así se comprende la manera en que ellos se van formando en una visión de sí mismos, de los demás, del mundo y de su lugar en él, arraigando hábitos y prácticas que desarrollan desde niños y son sujetos de una triple exclusión: de la enseñanza, de la capacitación laboral y de la esperanza de la propia vida; les queda sólo la calle, el grupo de pares y otros jóvenes como ellos, igualmente a la deriva, vulnerables a la droga, las tentaciones fáciles, a la estigmatización, al delito y a incontables riesgos.” (Müller y otros, 2012:15)

Desde este primer escenario, pleno de situaciones indeseables, la tarea primaria de los programas es realizar un diagnóstico de los factores de riesgo que circundan a los y las jóvenes. Esos factores, entrelazados, y que son causas y consecuencias de débiles inclusiones a instancias -calificadas como positivas- de socialización, parecen impedir que los y las jóvenes construyan un proyecto de vida que asegure una transición deseable a la adultez. En lo que sigue, se descuenta la evidencia de que los programas reconocen los factores de riesgo estructurales que aquejan a las poblaciones asistidas, haciendo referencia, brevemente, a las condiciones de pobreza material y necesidades básicas insatisfechas.

Ahora bien, cuando se trata de delimitar las poblaciones, la infracción a la ley es una primera forma importante. Distintos funcionarios advirtieron la necesidad de diseñar estrategias especiales para jóvenes o adolescentes que habían infringido la ley. Parecía que los niveles de riesgo que era preciso gestionar eran distintos. Un pibito de 12 años que tiene derechos vulnerados y nada más, o que fue expulsado de la escuela requiere un tipo de intervención distinto y más firme, que el que viene de robar todo el día y que tiene un perfil transgresor. Luego, dentro de los que solamente tienen derechos vulnerados se afinaría la selección mediante otros instrumentos, por ejemplo, en función de un índice de vulnerabilidad que combinaba, según las indagaciones del trabajo de campo, datos sociodemográficos con evaluaciones subjetivas de los casos de parte de los y las operadores/as. A partir de esta primera segmentación de perfiles de riesgo se diagnosticaba, individualmente, la intervención requerida:

“Generalmente, se los invita a pensar junto con el operador, con el profesional, qué le gustaría hacer, pero también viendo qué puede hacer, porque por ahí generalmente no coincide lo que quiere con las posibilidades. Eso es lo que uno tiene que ir acompañando. Por eso es un trabajo arduo, de mucho desafío, de un manejo muy importante de lo que significa la frustración tanto para el acompañante de ese joven, como para el joven (…) tiene que ver con esto de diagnosticar lo más fehaciente posible y hacer un pronóstico real, concreto y posible para ese chico.” (Funcionaria provincial- programa Envión Volver)

Enseñar a personas agrupadas en perfiles por factores de riesgo (por ejemplo, por vivir en condiciones de vulnerabilidad) a gestionar por sí mismas situaciones señaladas como riesgosas -porque atentan contra el orden y la reproducción social- parece ser una tarea nueva y esencial para lograr los objetivos de regulación social. En ella parecen estar especialmente comprometidos tanto los sistemas de bienestar como de control social, y más aún cuando se trata de hacerlo sobre poblaciones infantiles o jóvenes en contextos de vulnerabilidad. La dimensión etaria parece central en la medida en que cuanto más temprano se logren introyectar las normas, más predecibles y aceptables socialmente pueden ser las trayectorias de los sujetos. Por otra parte, la circunstancia de vulnerabilidad es un espacio en el que la regulación social presta especial atención debido a que aún parece posible rectificar algunos rumbos.

El contexto de vulnerabilidad y la imposibilidad de gestar un proyecto de vida

Habitar en condiciones de vulnerabilidad es un gran paraguas a partir del cual agrupar a ciertas personas en un perfil de riesgo, que se especifica cuando se trata de adolescentes y jóvenes que, dadas esas condiciones, no han podido gestar un proyecto de vida. No tenerlo definido se representa institucionalmente como un riesgo o una situación que debe subvertirse. De hecho, y sin eufemismos el Comunidades Vulnerables se orientaba en este sentido:

“El programa tiene como objetivo principal la construcción de un proyecto de vida diferente a delinquir. Para algunos será la inserción laboral, para otros la escuela, para otros será un emprendimiento, para otros será resolver alguna cuestión de salud para después estar mejor para otra cosa.” (Operadora – programa Comunidades Vulnerables)

Este proyecto de vida incluye un componente temporal al suponer cierta organización del curso vital entendido como un desarrollo finito, y un componente racional e individual en las decisiones tomadas al diseñarlo. La juventud parece ser el momento propicio para gestarlo, y el comienzo de su ejercicio se relaciona con la transición hacia la adultez. Por ello, uno de los principales objetivos de los programas es que las y los adolescentes armen ese proyecto. Al lograrlo estarán en condiciones de egresar exitosamente de la intervención institucional. Lo problemático es que confeccionar un proyecto de vida que sea legítimo para los programas, supone para los y las jóvenes haber consensuado con la institución qué riesgos son los que deben evitarse.

Ahora bien, ¿qué significa un proyecto de vida? Según LLobet (2009b: 85), la idea del “proyecto de vida” se definió a mediados del siglo XX —en el auge del Estado de Bienestar— alrededor de acciones propias del fin de la adolescencia, como “la salida del hogar parental mediante la independencia económica lograda con un empleo o profesión, y la formación de una familia propia”. Además de suponer a la adolescencia como un conjunto homogéneo, el uso de esta definición se vuelve paradójico. Qué sentido tiene, se pregunta LLobet, tratar como un dato propio del desarrollo normal un concepto teórico que depende fuertemente del contexto para poder concretarse y no únicamente de la voluntad individual del sujeto que debe armarlo. Por ello, LLobet sugiere que para usarlo se debe repasar el contexto actual que, al menos en Argentina, devuelve una situación de precaria inserción laboral para los sujetos menores de 25 años, escasas credenciales educativas, y niveles elevados de pobreza estructural. Parece difícil concretar aquel ideal proyecto de vida en tales circunstancias y, mejor, parecen prevalecer estrategias de socialización y supervivencia, que se rigen más por la inestabilidad y la incertidumbre que por la planificación de un proyecto.

No obstante estas advertencias, que no son manifiestamente desconocidas por operadores/as y funcionarios, la petición del proyecto de vida persiste. Los programas interpretaban que distintos factores -a los que también se ocuparían de identificar- habían impedido que las y los jóvenes gestaran un proyecto de vida legítimo por sí mismos, y por eso intervenían para orientarlos a diseñarlo. Además de guiar ese diseño, al contribuir a armar estos proyectos de vida, los programas ocupaban la posición adulta/dominante al mismo tiempo que calificaban a la juventud como momento incompleto. Tener un proyecto de vida armado, y comenzar a ejecutarlo, permitiría a las personas abandonar la clase de edad juvenil para ascender a la adulta; hasta entonces, permanecerían en una posición de subordinación.

En torno a la petición del proyecto de vida, que se expresa con más nitidez en la figura del “contrato” que se trabaja luego, existe un tensión clave al interior de los programas, que no es otra que la clásica entre libertad y disciplina (Merklen, 2013). Es decir, los programas buscan fomentar un sujeto autónomo e independiente, pero que se maneje acorde a un marco normativo aceptable del que carece y el cual los programas van a intentar introyectarle. Lo curioso es que, como se verá en seguida y también en los próximos capítulos, la idea de proyecto de vida es una noción que, en sí, no parece tener una definición sustantiva sino que es, más vale, una base sobre la cual negociar acciones legítimas. Es decir, la cualidad de legítimo del proyecto de vida, no parece estar establecida en los programas previamente de modo acabado, más vale, es algo que se va delimitando, según la mirada institucional, caso a caso.

Ahora bien, previo al desenlace en torno a la concreción o no del proyecto de vida, el tránsito de la intervención institucional parece delinear una tipología de factores de riesgo. Con fines meramente analíticos y sin la intención de identificarlos de manera excluyente es posible nombrarlos: externos, mixtos y esenciales. El criterio que se utiliza para tipificarlos así, responde al lugar, respecto del sujeto desde donde surgen los factores de riesgo o riesgos[6] que lo aquejan. Es decir, riesgos que surgen en espacios o instancias externas a él; riesgos cuyo origen es externo, pero de permeabilidad muy alta en el sujeto por su propia predisposición a dicha influencia; y riesgos que aparecen como innatos.

Factores de riesgo externos

El primer tipo refiere a riesgos que son externos a los sujetos. Tanto operadores/as como funcionarios identificaron que abusos, déficits o ausencia de instituciones estatales atentaban contra las posibilidades de inclusión social y bienestar de adolescentes y jóvenes. Especialmente se refirieron a la ausencia de agencias específicas para la garantía de sus derechos, a déficits de la institución escolar -que es, en ocasiones, catalogada como expulsora e incapaz de comprender cabalmente las circunstancias de algunos de sus destinatarios-, y a abusos policiales.[7] De estos últimos, las víctimas suelen ser especialmente los varones, en sintonía con la selectividad típica del sistema penal, que posa la atención sobre varones jóvenes pobres.

“Realmente la que rompe los códigos es la policía, son raras las ocasiones en que se armen tiroteos a la luz del día entre bandas, no pasa. Quienes desencadenan los tiroteos son los patrulleros cuando ingresan persiguiendo a alguien; quienes rompen el código, a las 6 de la tarde, un día de semana, cuando los chicos salen de la escuela, es la policía. Y la verdad que termina pasando que uno prefiere meterse por el monoblock más oscuro, por el hueco más oscuro, antes que estar donde está parando la policía porque en cualquier enfrentamiento ellos tienen el arma en la mano y no dudan en entrar y disparar. Y uno sabe que los pibes o los flacos que están en la peor [del barrio] no lo van a hacer, no van a llegar a ese nivel de violencia. Entonces, como que uno ahí está al límite, te está poniendo al límite alguien del Estado.” (Operadora estatal- programa Envión)

Así, hay ciertos riesgos que se vinculan con la presencia territorial de actores que hacen de los adolescentes y jóvenes los sujetos más vulnerables. En cierto sentido, segregados por distintos grupos –incluso y sobre todo, los adultos socialmente incluidos de los mismos barrios populares- los adolescentes y jóvenes son fácilmente blanco de la violencia institucional y social. En este sentido, la idea de que el espacio-tiempo de la intervención social interpone una protección, crea un lugar alternativo donde, tal como señaló una operadora, no estar regalados. Es decir, los programas no serían sólo un escenario de inclusión, sino más bien una protección básica (por ejemplo, ante abusos policiales o enfrentamientos entre bandas -sobre los que suele haber treguas en los espacios institucionales) ante el peligro de muerte que amenaza a las y los adolescentes de estos barrios.

Si este es el extremo del riesgo institucional, por sobre regulación o control, un factor de riesgo por omisión es la ausencia de Estado, pero no de la ausencia del Estado en los territorios, como señalara antes Saraví (2006). Los funcionarios señalaron falta de áreas específicas, al nivel de las estructuras de los gobiernos, por ejemplo, para infractores a la ley penal. Sucede que en algunas provincias el problema sólo está a cargo de jueces o de áreas de seguridad (por ejemplo, mediante las comisarías del menor). Eso hace que las articulaciones necesarias, ya por sí difíciles, sean aún más complicadas.

“En muchos casos los niños que han cometido delitos ya no se consideran sujetos dependientes de áreas de niñez, sino que ya son asunto de otra agencia -la policía o la justicia por ejemplo.” (Funcionario nacional – DINAI/SENNAF)

Aún cuando en algunas provincias el área de niñez tiene una sección dedicada a jóvenes infractores, no recibiría todos los casos: los más graves serían dejados de lado para que la justicia u otro organismo lo tomara a su cargo. El mismo problema se identificaba a nivel municipal donde las intervenciones excluirían a los adolescentes infractores de sus áreas de incumbencia esperando que la provincia o la nación se hiciera cargo.

“Hay municipios que han adoptado un compromiso grande con la niñez y los pibes en conflicto con la ley, y otros municipios que son un caos (…) el chico con derechos vulnerados les pertenece, el chico que está pidiendo en la esquina les pertenece, ahora el pibe que salió a robar y matar ya es cuestión de la provincia, la nación, ya el municipio es como que no puede hacer nada.” (Funcionario provincial – SRPJ)

Entre lo que es mucho, y lo que no existe, las deficiencias del Estado son el primer grupo de factores de riesgo institucionales reconocidos por operadores/as y funcionarios. Por ejemplo, la emergencia de la creación de programas de egreso para adolescentes que cumplen las penas responde a que ciertas instituciones no han podido o no han sabido cumplir sus objetivos de prepararlos para la reinserción social:

“Aquellos chicos que egresaban no tenían a dónde ir, y la libertad no te otorga la capacidad de reparar solo o con la familia o con esa comunidad a la que pertenecés todas tus situaciones que llevaron al conflicto.” (Equipo de diseño e implementación – programa Envión Volver)

Es posible también ubicar como un factor de riesgo institucional, la mención que operadores/as y funcionarios hacían de la escuela como un espacio que podía ser expulsivo cuando no recibía al alumno ideal. También la falta de acción de ciertas instituciones que no respondían a las demandas de la población de ámbitos marginados; en esos casos, la situación de vulnerabilidad social se reforzaría por la institucional. Una funcionaria municipal relataba cómo ante una denuncia a la policía sobre un hecho de violencia de género, la institución responsable no actuó sino hasta que medió un llamado de otra área de gobierno:

“Hacen una denuncia y la cana no va, el fiscal no entra si vienen de la villa; nos ha pasado el caso de una chica que la habían golpeado delante de uno de los coordinadores del programa; fueron con la piba y la madre a hacer la denuncia, y como eran de la villa, hasta que no llamamos a la secretaria de gobierno no la atendieron.” (Funcionaria municipal – programa Envión y Comunidades Vulnerables)

Aquí sí se evidencia a los territorios marginados como espacios en donde acumular las desventajas que señalaba Saraví (2006), y también lo analizado por Kessler (2012) respecto de la aislación por estigmatización que padecen ciertos barrios.[8] A su vez, la operadora relataba que ante la ausencia de instituciones formales, se generaba la resolución comunitaria de los conflictos a veces con finales dramáticos; esta situación también fue recogida en los testimonios de funcionarios nacionales de áreas de niñez (SENNAF). Evidentemente, los riesgos que se agrupan aquí como externos parecen ser del tipo de los riesgos producidos por omisión de procesos deseables, más que por presencia de indeseables.

También, del modo como han sido reconocidos, mantienen parentesco con las fallas institucionales que más arriba los propios representantes institucionales advertían. Al reconocer la existencia e importancia de riesgos externos puede pensarse, aún de modo preliminar, que en los programas estudiados las y los operadores/as tienden a adoptar una retórica compleja, que deslegitima las perspectivas que solamente personalizan el riesgo. Es decir, en un contexto en el que se sobrestima la noción de elección individual, el que los programas identifiquen estos factores de riesgo externos invita a aceptar que hay riesgos que los y las jóvenes no eligen. Este reconocimiento de las circunstancias sociales complejas en las que viven estos/as jóvenes no supone tampoco que no resuenen ecos de individualización, que conlleven soluciones particularistas en virtud del sujeto de que se trate. En seguida se profundiza en esta cuestión.

Factores de riesgo mixtos

Un segundo tipo de factores de riesgo que los programas reconocen es el que llamo mixtos y se configura en función de riesgos que combinan el ser externos e internos. Es decir, son riesgos externos pero que permean, según los programas, en la subjetividad de los y las jóvenes. En este sentido, sus débiles inserciones educativas y laborales y sus vínculos con prácticas ilegales o antisociales son concebidos, en gran medida, fruto de la influencia de malos o escasos modelos positivos provenientes de las familias y los grupos de pares. Así, la falta de buenos estímulos y el fomento de aquellos inconvenientes guiarían a los y las jóvenes a vivir su cotidianidad en función de criterios y lógicas de acción incorrectos o cuestionables a los ojos de las instituciones.

Estos riesgos externos, pero que se apropian de los sujetos, parecen encontrarse amalgamados en una figura del riesgo como lo es el barrio -en general se trata de asentamientos precarios con zonas más o menos urbanizadas y con una provisión deficitaria de recursos de infraestructura. El barrio es, según operadore/as y beneficiarios/as, una fuente inagotable de riesgos: acá en el barrio tenés más probabilidades que en otro lugar de agarrar cosas malas que buenas, ¿me entendés?, señalaba uno de los operadores juveniles del programa Envión. Por los peligros que alberga y por las tentaciones que se manifiestan en su interior, un testimonio que se repetía era el de que, más allá de las voluntades individuales de los jóvenes y de los procesos que hubieran realizado, por ejemplo, al salir de un instituto y cumplir una pena, volvían al barrio y volvían a caer:

“Vos pensá que el pibe vuelve al mismo barrio, el barrio ya sabe, el mismo pibe ya sabe, el pibe está estigmatizado, el resto de los pibes que no cayeron porque, como decimos nosotros, corrieron más rápido, lo van a buscar, el pibe que salió de un instituto no puede ser un recuperado, todo lo contrario, lo van a buscar para que haga peor, entonces hay un montón de variables que ver ahora que el pibe está afuera y que también la familia está en un circuito delictivo y vos ves que el pibe hizo un proceso; mirá, yo trabajé en institutos, fui asistente de minoridad así que los conozco y vos te das cuenta cuando el pibe te dice ‘no, es la última, es la última’, y pone un pie afuera y vuelve a caer, y que realmente no es una cuestión de convicción, ni del proceso que hizo de darse cuenta de que no tiene que volver a delinquir, no, no…” (Funcionaria provincial- programa Envión Volver)

De otro programa, otra operadora, presentaba la situación de riesgo para estos jóvenes de la misma manera, como si fuera prácticamente una cruzada imposible el salir de las tentaciones del barrio.

“Un caso, que participó en el programa, re bien, uno lo vio en condiciones de egresar, egresó porque se lo propusimos, y porque empezó a tener un trabajo con mayor carga horaria, durante un año no lo vimos pero sabíamos que estaba bien. Tuvo un conflicto familiar, empezó de vuelta con consumo de sustancias, perdió el trabajo, volvió a juntarse con los pibes de la esquina y volvió a delinquir. Entonces, en esa persona incidió la cuestión emocional familiar, la cuestión de descuidar ese trabajo, sustancias y volvió al mismo circuito. Y yo creo, haciendo un análisis muy general, que todos esos espacios vulnerables para que el pibe vuelva a caer están muy cerca, todo el tiempo, en la esquina, en la puerta de la casa, dentro de la casa a veces, entonces el pibe tiene que estar muy fortalecido para decir ‘No’. Desde ese concepto están en riesgo todos todo el tiempo.” (Operadora- programa Comunidades Vulnerables)

El reconocimiento sobre las malas juntas propias del barrio y las tentaciones que acarrea por un lado, y los buenos hábitos que no inculca, por el otro, no parece una novedad. Justamente eso es lo que justifica que las intervenciones traten de compensar la balanza. Lo complejo de esta situación es que, tal como se señaló antes, los barrios tienen una doble cara para las dinámicas institucionales: sus componentes son parte a la vez perjudicial y necesaria de los programas. En el mismo sentido son consideradas las familias y hasta cierto punto, los grupos de pares, que constituyen, en sí esa figura problemática de los barrios. La cuestión con las familias es análoga: oscilan entre ser consideradas factores de riesgo y de protección, según cómo se comporten. Los programas lidian con las familias que influencian mal a los jóvenes y deben tomar su lugar de guía de las nuevas generaciones, pero a la vez también encuentran en ellas aliadas circunstanciales para la rectificación del rumbo de los y las jóvenes. A veces, se trata de una familia que no está, o es una familia que los manda a cartonear o conseguir plata como sea, o que acepta parte del botín, o que los incita a vender drogas; en otros casos, es una familia que no les estimula las buenas prácticas como estudiar o trabajar legalmente (RC 8, RC 15, RC 23, entrevista a operadora comunitaria). En lo concreto, los diagnósticos sobre los potenciales beneficiarios/as que realizan los programas pueden incluir estos escenarios:

“Contemplamos situaciones de vulnerabilidad sociodemográfica, donde no hay familia y el pibe no necesariamente cayó en situaciones vinculadas al delito, pero sí necesita un espacio donde referenciarse, y generar adultos referentes, tener un marco de contención porque en la casa no existe.” (Funcionaria municipal- programa Envión y Comunidades Vulnerables)

 

“Había también un taller donde se trabaja cómo se veían de acá a un tiempo, y que tenían que hacer para eso, por ejemplo para ser mecánico, y conocer los pasos para llegar a ser eso, esta cosa de proyectarse, de verse de los tiempos en el trayecto, uno empieza a estudiar y sabe que una carrera universitaria lleva unos 5, 6 años, y uno se proyecta, en la familia, no? De acá a 6 años me voy a recibir me voy a poner un estudio, no sé, pero hay todo un proyecto, toda la familia está detrás de ese proyecto de ese hijo, en esas casas no se vive eso, nunca escucharon hablar de eso a sus padres o que les hayan dicho, bueno, terminás la secundaria y…” (Operadora – programa Comunidades Vulnerables)

 

(Ante la pregunta de quiénes pueden rescatarse) “Según la contención que haya alrededor tuyo porque por ejemplo, yo esos problemas los pasé y yo tuve una familia que siempre me siguió, siempre me contuvo y me dijo lo que está bien y lo que está mal. Pasa que acá a muchos pibes los dejan a la deriva, entonces los pibes no tiene una contención familiar o alguien que lo encamine. Mayormente el pibe a los 13, 14 años es muy rebelde acá en el barrio e imaginate, hay familias que tienen 5 ó 6 pibes y los padres no pueden, ¿entendés?” (Operador juvenil – programa Envión)

Los fragmentos refieren a algunas cuestiones que hay que puntualizar. Por un lado, las familias, cuando acaso no tienen malas intenciones, son deficitarias, porque tienen valores equivocados y no estimulan lo importante, o porque no dan a vasto para atender a todos los hijos que supieron tener. Cuando una familia funciona, los resultados cambian notablemente. Pero además, la familia que no funciona debe ser compensada con otro espacio de referencia que equilibre esta carencia y que incline la balanza hacia influencias más convenientes. Y desde ese lugar, los programas podrán legitimarse. En esta justificación para la intervención no sería extraño escuchar cierto eco de las ideas centenarias del Patronato y la misión de interceder ante el “caldo de cultivo del riesgo moral”. La analogía no sería completa pues las intervenciones, en estos casos que analizo son mucho más débiles y, justamente, plantean el interés de intervenir en los procesos de subjetividad en y con cierto marco y colaboración comunitario y familiar.

En efecto, lo complejo del panorama es que los programas insisten en que, en algunos casos, necesitan a las familias como socias, y requieren que éstas se comprometan con el cambio de ese joven. En efecto, los programas señalaron que, en algunas instancias límite, cuando ya no alcanza sólo con el trabajo con los jóvenes:

“El Estado necesita como más acompañamiento de esa misma familia y ahí es donde me parece que hay que apuntar, en poder fortalecer a esa familia o a ese pibe a que se comprometan en la solución de sus problemas.” (Operadora -programa Envión)

Algunos programas rinden culto a esta necesidad de modo más riguroso que otros y hablan con los padres, o los convocan. Esto suele suceder cuando se trata de programas cuyas poblaciones son más cortas de edad. Para el caso del Comunidades Vulnerables, cuyos/as destinatarios/as promediaban los 20 años, la relación con la familia primaria era más distante y más vale los acuerdos se manejaban con los propios beneficiarios/as. En cualquier caso, la orientación comunitaria de los programas insiste con que el trabajo sobre las relaciones vinculares de los y las jóvenes con su entorno, familiar y comunitario, es esencial. Entonces, se organizan actividades en las que se convoca a las familias y al vecindario a ser partícipes.

Es insoslayable aquí, la mención a la cuestión de la comunidad, y el lugar que ciertos analistas del gobierno de lo social le han dado recientemente. Tal como se señaló en el capítulo 2, el cambio radical que habría sufrido la concepción de lo social, en relación a la gestión de los riesgos, los aseguramientos, y el foco de la cohesión y regulación social, habría implicado el resurgimiento del interés por lo comunitario (Rose, 1996). En este contexto no queda muy claro, por ahora, la relación que intenta establecerse desde la lógica de regulación estatal entre la apelación a lo comunitario de estos programas -su políticamente sostenido anclaje territorial y comunitario- y el traslado de responsabilidad en el gobierno al espacio comunitario. En cualquier caso se reconoce que la comunidad, o lo comunitario, juega dos papeles en estos programas, los mismos que la literatura señala como propios de la prevención comunitaria del delito (Crawford, 1998, Sozzo, 2000). Los dos papeles, como ya se ha ido notando a lo largo de la tesis, reconocen a la comunidad como espacio desde donde intervenir: gobernar a través de la comunidad, y como blanco de la intervención. Sozzo (2000) clarifica estas cuestiones. En primer lugar, y siguiendo el primer papel cercano al planteo de Rose, la apelación es a la comunidad como un conjunto de individuos que tendrían que formar parte en las estrategias de prevención de riesgos dentro de sus propias comunidades; es decir, deben comprometerse con la gestión. Esta versión ha sido utilizada por el discurso neoliberal para justificar el retiro del Estado de ciertos espacios que, en adelante, deberían gestionarse comunitariamente en virtud de movilización de individuos y recursos propios de los espacios a regular. Como señala Sozzo,

“Se instala la retórica de la necesidad de que los individuos recuperen su autonomía, su iniciativa y capacidad de empresa, para así hacerse responsables de su propio destino y acabar con la ‘cultura de la dependencia’ del welfarismo, que se declinaba en pasividad e irresponsabilidad. La comunidad es, en esta dirección, una herramienta simbólica para motivar la generación de individuos activos y responsables (O’Malley, 1992, 1996, Garland, 1996). Los puntos de contacto con las premisas teóricas de la prevención situacional-ambiental son evidentes.” (Sozzo, 2000:35)

El otro papel, abordaría a la comunidad como un espacio que no ha logrado mantener niveles de orden y valores compartidos y que, entonces, precisa de una intervención externa que trasmita ese sentimiento de comunidad y la reorganice. Bien apunta Sozzo que se reconoce aquí el legado de la Escuela de Chicago de los años treinta del siglo XX que he trabajado en el capítulo 2. Esta teoría zonal tuvo críticas y una principal señala que “no consideraba el impacto en las comunidades de fuerzas externas a ellas, es decir las relaciones de poder económico y político más amplias” (Sozzo, 2000: 36).[9]

Lo cierto es que los programas analizados consideran a las comunidades, en sus dos papeles, combinando alternadamente los argumentos de las dos teorías que los sostienen. Por un lado, la intervención comunitaria en tanto territorial y no desde las oficinas se defiende bajo los argumentos del espíritu de la gestión, que se basa, como se verá en seguida, en el acompañamiento y la cercanía física entre operadores/as y beneficiarios/as. En ese sentido está presente la misión de reorganizar la comunidad, aunque concretamente se trate, más que de una comunidad entendida en sentido integral, de una reorganización de individuos que forman parte de un barrio. De hecho, esta misión reorganizativa se diluye un poco cuando, la dinámica de intervención, se orienta, principalmente, a una activación individual de los sujetos. La reorganización de la comunidad que planteaba el ideal de Chicago, preveía -a pesar de su visión limitada de ciertas dinámicas sociales- dotar de recursos humanos e infraestructurales a la comunidades, y transformar las formas de sociabilidad grupal. Aunque es preciso avanzar un poco más en el modelo de gestión de los riesgos que proponen los programas para clarificar la relación que existe en estos marcos entre el Estado, la comunidad, y los individuos, puede adelantarse que la versión local se sustenta más en la búsqueda de activación individual de los sujetos, aunque eso no supone que el Estado traslade a la comunidad la misión de prevenir el delito y se retire de la escena.

Para complejizar el panorama, los programas, aunque cuestionan aspectos de la sociabilidad barrial que atenta contra los proyectos de inclusión juvenil, constituyen para los y las jóvenes aliados en la propia estrategia de protección. Como se señaló respecto de los abusos policiales, pero también atendiendo a riesgos propios de los enfrentamientos entre pares, estar dentro de la sede del programa puede protegerlos/as de situaciones riesgosas. Esto es advertido por las y los agentes que, tal como se señaló arriba, identifican fragilidades extremas que hacen muy difícil a mujeres y varones la construcción de estrategias alternas más cercanas a los modelos de inclusión provistos por las instituciones. Mirado sólo desde el punto de vista de las redes y grupos de pertenencia, la mayoría de las y los destinatarios o bien tienen familiares presos o bien han visto morir amigos/as a manos del fuego cruzado en los barrios populares, en un juego de poliladron donde la posición de cada actor no permite identificar anticipatoriamente con claridad a qué juego jugará. Lo que también recubre las interpretaciones institucionales, es la duda acerca de que las y los jóvenes puedan individualmente tomar la decisión de apartarse de estos riesgos. La trama barrial y las influencias familiares y comunitarias se identifican como complejas y tramposas para los y las jóvenes.

El nudo de la cuestión parece estar en una asociación fuerte entre déficits institucionales que los programas reconocen, y otros familiares y comunitarios -también condicionados por carencias estructurales y socioeconómicas aunque a veces no tan reconocidas esas condicionalidades y más vale asociadas a valoraciones morales sobre tales disfuncionalidades. En este sentido, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sitio desde donde se creó el Comunidades Vulnerables, un funcionario describía la situación extrema desde donde se iniciaron las intervenciones:

“Un grado de deterioro de los vínculos sociales y las estructuras importante, en el sentido de que están dispuestos a asumir riesgos de vida, eso lo mezclan con altos consumos de tóxicos, es decir que tienen una desvaloración hacia su propia vida.” (Funcionario nacional – MJyDH)

El resultado es un caldo de cultivo para desenlaces desafortunados que impactan en lo más hondo de las subjetividades juveniles.

Factores de riesgo esenciales y esencialmente, de género

Finalmente se identifica un tercer tipo de riesgos, llamado esenciales que los vincula con características que aparentemente serían intrínsecas de las personas. Como se anticipó, la carencia de un proyecto de vida es, por omisión, un riesgo que atenta contra la concreción de la inclusión social. Pero a su vez, esa carencia es ya un fenómeno indeseable fruto de otros factores de riesgo. Estos, sin embargo, reconocen especificidades según se trata de mujeres o varones. La pertenencia a uno u otro género es una dimensión central de este tipo de riesgos que se consideran esenciales -en el sentido de no problematizarse la configuración cultural del género-, y cobra especial nitidez cuando se trata de programas de prevención del delito para jóvenes. Algo de esto ya fue anticipado en la construcción del problema de investigación, se retoman aquí algunas cuestiones.

Cuando la literatura especializada recupera los perfiles que se construyen alrededor de la prevención del delito, señala que la masculinidad aparece como el principal factor de riesgo aunque de tan preeminente sea naturalizado (Crawford, 1998). Implícitamente dirigidos hacia varones, los programas de prevención del delito no reparan en la dimensión de género como una particularidad de su población meta y consideran dado el vínculo entre la sociabilización en grupos de pares, el uso de la fuerza física -llamada violencia- el delito, y los varones. Esas cualidades asociadas al género actúan como factores de riesgo que conducen a los varones a no poder gestar un proyecto de vida alternativo al delito.

El modo en que los programas naturalizan la relación entre el riesgo y los varones no impide que puedan señalar diferencias cuando se trata de anudar mujeres, riesgo y delito. De hecho, he advertido que la identificación de factores de riesgos varía si se trata de varones o de mujeres, y esto no sólo tiene consecuencias sobre el tipo de tecnologías que se ponen en práctica para evitar el desarrollo de estos factores en riesgos. También tiene efectos sobre los modos de masculinidad y feminidad que se promueven y construyen desde los programas -aunque este proceso sea poco visibilizado tanto en los propios programas como en los análisis sobre ellos. Las influencias negativas externas, por falta de adecuada referencia familiar afectarían tanto a mujeres como a varones.

Sin embargo, a lo largo del trabajo de campo, más exhaustivamente en el Comunidades Vulnerables, pero también en los demás programas, los riesgos asociados a las malas influencias de los grupos de pares parecieron pesar más sobre los varones que sobre las mujeres. Llegar a esta afirmación no ha sido una tarea rápida ni sencilla y requirió una análisis sobre el modo en que los programas, al menos de prevención del delito, estarían contribuyendo a la configuración de masculinidades y feminidades juveniles (Medan, 2011). El inicio del ovillo puede rastrearse en la pregunta formulada a la operadora del Comunidades Vulnerables -cuya respuesta cité también en la introducción de esta tesis- en torno qué constituía el grupo de beneficiarios del programa:

“El grupo en riesgo … Son pibes que capaz están cartoneando, juntándose con los de la esquina, la mitad de la familia delinquió, y viene la madre o un pariente o ellos mismos, por la motivación a salir a robar. O están en pequeñas acciones, y capaz no tienen causas, no cometieron delitos grandes, pero están en pequeñas actividades, o que afanan guita en la casa, o que participa como cómplice de campana en alguna situación delictiva pero todavía no se metió y está ahí.” (Operadora – programa Comunidades Vulnerables)

Los programas, aún aquellos que no se definen como de prevención del delito sino como de inclusión social, consideran a los varones como la población destinataria por excelencia, asignándolos a categorías en riesgo de delinquir. En esos casos, la exclusión que pretende combatirse tiene como una de sus manifestaciones posibles la delincuencia (Minujin y LLobet, 2009). Que los varones sean la población destinataria por excelencia surge de los discursos de los/as operadores/as quienes permanentemente se refieren a los pibes, los jóvenes -no sólo por un práctica hegemónica de nombrar por defecto a las categorías como masculinas, sino al dar cuenta de que son varones los actores que encarnan los problemas que los programas pretenden evitar.

El diagnóstico presente en el fragmento seleccionado arriba incluía las malas influencias familiares y ocupaciones informales para conseguir ingresos, pero no permitía ubicar a las mujeres en el cuadro. La información del trabajo de campo advertía, para el momento en que se realizó aquella entrevista a la operadora, que había un tercio del grupo asistido que eran mujeres y cuya mayoría no correspondía -al menos evidentemente- al perfil descripto. Lo que tenían en común, más vale, las chicas, es que eran madres. ¿Dónde quedaba ubicado su perfil infractor o potencialmente infractor? ¿o no tenían ese perfil? y si no lo tenían, ¿en qué situación de riesgo estaban para requerir asistencia de un programa de prevención del delito? La pregunta obligada a la operadora fue sobre diferencias en las concepciones sobre el riesgo según género, si era distinto cuando se trataba de mujeres:

     – ¿El programa prevé admitir chicas que no han cometido delitos pero que al ser madres están en “situación de vulnerabilidad”?

– No, el perfil es el mismo, o que estén en riesgo, el marido, el cuñado, están todos presos ella está sola, y no tiene ingresos en la casa y está empezando a participar de alguna manera en la dinámica delictiva del barrio. Por eso se la incorpora, aunque no haya cometido delitos. (Operadora- programas Comunidades Vulnerables)

Las chicas serían más vulnerables a la comisión de delitos si no eran acompañadas por varones proveedores de ingresos; su riesgo era estar solas (sin hombres); no aparecen otras figuras -madres, hermanas, amigas, o ellas mismas- que pudieran compensar esa carencia. La soledad de las adolescentes es equiparable a la comisión de delito por parte de los varones, naturalizándose la dependencia económica femenina: lo que el varón no puede proveer, podrá proveerlo el programa mediante su protección y su ayuda económica. El riesgo de los varones no suponía ausencia de chicas, sino, tal como se detalló en otro trabajo (Medan, 2011) necesidad de ingresos o influencia de pares.

Lo que se observa es que las narrativas del riesgo y adjudicaciones a uno y otro género presentan ciertas regularidades en los distintos programas estudiados. Los vínculos con el delito y el uso inapropiado de la fuerza física son riesgos asociados a los varones quienes parecen más amenazados por las malas juntas. El consumo problemático de drogas, las malas influencias familiares y el acoso y abuso policial son situaciones que afectan tanto a ellas y a ellos, pero sin embargo los varones son quienes adquieren más visibilidad como sujetos peligrosos y en riesgo en relación con estas problemáticas y todas las demás que en estos contextos se ponen en juego. Tal como otras investigaciones lo han demostrado (Gentile, 2008, LLobet y Litichever, 2008) y también puede percibirse para el propio trabajo de campo, las dimensiones de actividad sexual tienden a ubicar a las adolescentes como potencialmente problemáticas o vulnerables.

En la tipología que se intenta construir, sobre dónde están ubicados los riesgos, resulta claro establecer aquellos provenientes de déficits institucionales como externos a las y los jóvenes, y también los provenientes de las familias o el entorno. Sin embargo, cuando en la escena aparecen las malas juntas, un factor de riesgo que podría asociarse con algo externo -pues son otras personas- la ubicación se vuelve difusa pues la necesidad de socializarse en grupos de pares, especialmente durante la adolescencia, y en ese proceso trasgredir ciertas reglas y comportarse con osadía parece una característica propia de la masculinidad hegemónica. Cuando estas características asociadas a un género se naturalizan, parece convertirse en parte de la esencia y entonces ser un riesgo que está en sí mismos. El paso siguiente es que la responsabilidad de protegerse de ese factor de riesgo -la tendencia a socializar con otros varones usando la fuerza física y desafiando la ley- esté en manos de los sujetos individuales; en caso de que no lo logren, habrá sido por propia culpa.

La falta de atención a la cuestión de género persiste aún cuando los programas señalan elementos que condicionan un buen desarrollo, que son propios de los varones y de las chicas. Esos elementos parecen ubicados como características propias y esenciales de las personas, y por eso se agrupan como esenciales, sin dudas, cuestionando completamente su carácter innato.

La confluencia de factores de riesgo de estas distintas índoles parecen construir un perfil de joven -varón o mujer- que debe ser interpelado e intervenido por estos programas para interferir con estos factores de riesgo, por un lado, y promover factores de protección, por otro. Las definiciones sobre cuáles son los riesgos que los agentes y funcionarios señalan no excluyen las situaciones de pobreza económica, infraestructural y de condiciones de vida de sus beneficiarios/as, pero las consideran de tal modo como contextuales que en ocasiones parece perderse su eficacia concreta al tiempo que se refuerza la jerarquía superior de otras condicionalidades que parecen extrínsecas a los constreñimientos de tipo material.[10]

Esta apreciación de situaciones riesgosas que pueden ser identificadas se inscribe en una dinámica de interpretación de la regulación social que ubica al riesgo y su control, como una característica aparentemente central. Los riesgos entonces, al ser identificables, podrían anticiparse o evitarse o al menos gestionarse a través de ciertas tecnologías. De aquí que exista algo así como el management del riesgo. La capacidad de manejar el riesgo es una habilidad que cobra protagonismo en la sociedad contemporánea y de cuya trasmisión el Estado parece tener un rol activo. Es decir, algunas estrategias de regulación social tienen la función no sólo de garantizar el orden y la cohesión social sino también de enseñar a las personas a que puedan regularse a sí mismas y a su relación con los riesgos. En lo que sigue se ahonda en dicho punto.

Para finalizar este apartado interesa subrayar que cada uno de los tipos expuestos no supone excluir al otro sino todo lo contrario. Lo que con mayor magnitud se observa en las caracterizaciones de la vulnerabilidad que rodea a los y las beneficiarios es una confluencia de factores de riesgo de los distintos tipos.

Tipología institucional de factores riesgos

Origen

Factores de riesgo

Sujetos afectados

Ambos

Varones

Mujeres

Externos

déficits institucionales

X

abusos policiales

X

Mixtos

familiares disfuncionales

X

grupos de pares

X

consumo de drogas

X

Esenciales

carencia de proyecto de vida

X

predisposición a sociabilidad violenta y delictiva

X

soledad

X

predisposición a ejercicio inmoral de la sexualidad

X

La gestión institucional de los riesgos, a partir de las necesidades interpretadas como legítimas

El paso siguiente a la identificación de los factores de riesgo es proponer un modelo de gestión. La propuesta institucional es que la gestión de los riesgos -que los programas han nombrado como tales- sea conjunta a través de un contrato. Si bien el contrato no es una novedad, sí parece ser una característica de la época el énfasis en la activación individual que conlleva, y la dimensión particularista que en estos contextos institucionales adquiere. La caracterización de un nuevo tipo de políticas, llamadas del individuo permiten abstraer las formas que toma la propuesta de gestión de riesgos de los programas.

Tal como se revisó en el capítulo 2, el gran cambio sobre lo social es que las nuevas dinámicas de individuación revierten la relación clásica sociedad – individuo. Ya no es la sociedad la que debe proteger a los individuos de los riesgos a los que los somete, sino que son los individuos personalmente quienes deben proteger a la sociedad de sus propios comportamientos, protección que supone gestionar activa y responsablemente su exposición al riesgo. Ahora bien, lo problemático del planteo es que esta nueva racionalidad supone la igualdad de los individuos, y subestima la desigual posesión de recursos materiales y simbólicos para activarse y manejar hábilmente los riesgos presentados en la contemporaneidad. Algunas personas no estarían bien provistas para asegurar, por sí mismas, que su participación en la vida social sea correcta y segura para su entorno. Ante la posibilidad de que estas personas incapaces de manejar sus propios riesgos, los diseminen sobre la sociedad, el Estado mantiene su rol orientador tomando a su cargo políticas del individuo (Merklen, 2013).

Los programas que se analizan aquí, destinados a jóvenes en riesgo, pueden colocarse, al menos en principio, dentro de este nuevo tipo de políticas del individuo. Los programas, en tanto políticas del individuo, estarían entonces destinados a aquellos casos en que las dinámicas de individuación producen formas negativas. Es decir, tal como explica Merklen (2013), no todas las personas están en las mismas condiciones para poder aprovechar la libertad conseguida de la mano de la relajación de la regulación estatal. Para algunas, en efecto, la pérdida de soportes que para otras representaban ataduras, ha tenido consecuencias dramáticas. Las políticas del individuo son, entonces, las tecnologías mediante las cuales se ayuda, por ejemplo desde las políticas sociales, aunque no solamente, a los individuos que, por sí solos, no logran comportarse de acuerdo a las exigencias de individuación contemporánea. Los jóvenes que no han logrado gestar un proyecto de vida alternativo al delito son, por ejemplo, un destinatario propio. Estas estrategias intervienen de modo de actuar sobre el individuo al “socorrerlo para que, lo más rápido posible, esté en condiciones de retomar la batalla cotidiana” (Merklen, 2013). Las políticas, mediante un trabajo de subjetivación, van a armarlo nuevamente para el combate que tendrá que afrontar por sí solo. El objetivo es que los individuos aprendan a manejarse sin dispensar efectos negativos sobre su entorno.

Si bien las políticas del individuo podrían asemejarse al trabajo social clásico por implementar un sistema de escucha, rápidamente se distancian de aquellas en un doble sentido. Por un lado, las estrategias se destinan “a los perdedores, por el hecho de haber perdido, pero ya no se ocupan de las reglas del juego que llevan a unos a ganar y a otros a perder” (Merklen, 2013:49). Por eso, lo que tratarán es de proveer de recursos y habilidades al individuo para que logre adaptarse al estado de las cosas, por ejemplo, capacitándolo para que pueda ajustarse mejor a las exigencias del mercado de trabajo y no, como antaño, tratando de interferir en las dinámicas laborales estructurales. Además, y fundamentalmente, se distancian en otro sentido. Si bien esta políticas existen porque se reconoce que la distribución de riesgos y capacidades es desigual, y que dicha situación puede traer problemas al conjunto de la sociedad, la ayuda se brinda a condición de que haya una contrapartida, de modo de evitar los efectos negativos de la asistencia estatal -encarnados en la dependencia. Se establece una nueva forma de contrato: las políticas brindan asistencia a condición de que el individuo se active en la gestación de un proyecto. En los programas que se analizan aquí, y debido al foco generacional, el proyecto con el que deben comprometerse las personas asistidas es el proyecto de vida, y especialmete, uno que sea alternativo al delito.

El interés por explicitar el compromiso puede rastrearse, tal como ya se ha anticipado, en torno a la reforma política británica de fines de siglo pasado en cuyo marco se acuñó el lema “no habrá derechos sin responsabilidades”, tomado de la obra de Giddens llamada “The third way” (Lister, 2002). El programa de gobierno inglés proveería asistencia activa para ayudar a la gente a volverse independiente. Las personas debían comprometerse a aceptar y aprovechar la ayuda, para empoderarse. De esta forma, se hacía eco de las críticas hacia la dependencia sin contraprestación, pero se distanciaba de las versiones más liberales que pregonaban el retiro completo del Estado de la asistencia pública.[11]

Así las cosas, el elemento del contrato, en esta forma algo renovada, goza casi de dos décadas de popularidad y se ha convertido en un elemento ordinario en los programas sociales. Con más claridad se observará su dinámica en el capítulo próximo, en torno a los sentidos de las transferencias condicionadas de ingresos.

Una de las operadoras explicaba cómo en la figura del contrato se establecían los primeros acuerdos para poder participar del programa y obtener los beneficios disponibles en la propuesta:

“Lo que sí es importante destacar es que lo que hacemos con cada uno de los chicos que ingresa al programa es firmar un acuerdo de compromiso donde ellos dicen ‘a qué me comprometo’. El municipio se compromete a esto, el Ministerio se compromete al pago de la beca, el Municipio a articular los talleres y al manejo de la sede y la coordinación del programa en general, y los chicos se comprometen a cumplir el acuerdo de compromiso.” (Operadora- programa Envión)

Esta figura del acuerdo está presente en todos los programas que se analizan y funciona tal como el contrato de inserción que describió Castel (1997, 2004) tempranamente para el contexto francés de fines del siglo XX, en base a la expectativa de activación a la que se hizo referencia arriba. El contrato de inserción o contrato sobre un proyecto, supone la capacidad de acordar deberes, derechos y responsabilidades, y así constituye la marca del pasaje del “consumo pasivo de prestaciones sociales brindadas de modo automático e incondicional a una movilización de los beneficiarios que deben participar en su rehabilitación” (Castel, 2004: 91). El objetivo es romper con la tradición supuestamente desresponsabilizante de la asistencia propia del Estado de Bienestar. Es decir, el dinero será entregado mensualmente a los y las jóvenes, como un estímulo, ayuda o compensación, pero siempre y cuando la persona que lo recibe se lo merezca por haber cumplido con su parte del acuerdo.

“Conocemos al grupo de chicos, les presentamos la oferta, la propuesta que tenemos, les contamos cómo es el marco del taller, que es un espacio de trabajo, de aprendizaje, donde estar implica estar dispuesto y hacer un esfuerzo por permanecer, por aprender, por trabajar el tema de la convivencia.”(Operador – programa A la Salida)

Aunque el contrato es presentado por los agentes con cierta solemnidad a los jóvenes o a quien pregunte sobre su significado, lo cierto es que es una primera forma de encuadrar el acceso a la asistencia que tiene que ser merecido. Y cuyos términos, en realidad, tienen una margen de flexibilidad basado en la intención de lograr un acuerdo inicial.

Si se propone un contrato para gestionar el principal riesgo que conjuga los demás, es decir, la carencia de un proyecto de vida ¿qué ofrecen para ello los programas? ¿cómo se vincula su oferta con la concreción de la inclusión social?

Si se restringe la oferta a lo explícito, los programas ofrecían una transferencia condicionada de ingresos (asunto abordado en el próximo capítulo) y ayuda para incrementar las chances de acceder a ciertos espacios o servicios vinculados al ejercicio de derechos,[12] -nótese lo condicionado e indirecto de tal ayuda a través de talleres y charlas. Lo curioso es que al describir su oferta los programas insistían en que lo que brindaban las intervenciones era acompañamiento. ¿A qué? Acompañamiento humano y personal a la trayectoria vital en un momento de la vida configurado como vulnerable, a modo de soporte o guía, que proviene, además, de alguien que se constituye como referente. El acompañamiento se configura como una acción central en estos programas y expande su sentido de modo tal de construir sujetos necesitados, sujetos dadores, y expectativas de intercambio.

El acompañamiento

Los programas insistían en que el énfasis en la cuestión vincular era lo que los distinguía de otras intervenciones; que sin la dimensión afectiva que encarnaba el acompañamiento ningún camino hacia la inclusión social podía darse, y ningún intento de prevención del delito tendría sentido. Tal como puntualizaba un funcionario nacional de la Dirección de Infractores a la ley penal, lo central de las estrategias era el

“Acompañamiento, no funciona fuera del vínculo personal, la verdad es que si no hay un operador que espere algo de un chico, que confíe en él…”. (Funcionario nacional- programa A la Salida- DINAI/SENAF)

Para las/os operadores/as del Envión también resultaba fundamental que esa referencia proviniera desde una persona adulta:

“Es una pata súper importante del programa, que es la referencia con un adulto, regular, cotidiano, que vos sabés que va a estar en tal espacio y que eso es importante (…) la particularidad de la edad también, pero me parece que esto de sonreírles o de poner un límite también, pero encontrar esta cosa del afecto es yo creo que lo más importante del programa (…) una forma de andarles atrás, como que por ahí la familia no lo va a buscar somos nosotros los que estamos ahí pinchándolos y ‘si tu papá no te va a buscar, bueno, somos nosotros’.” (Operadora – programa Envión)

En los testimonios, empiezan a notarse algunas cuestiones que relacionan el asunto de los riesgos, tal como son evaluados por los programas, con la figura del contrato. Si los déficits familiares y del entorno eran inconvenientes para gestar un proyecto de vida legítimo, alguna figura tendría que ocupar esa referencia necesaria que las familias no podían cumplir, o no hacían bien. Y la figura tendría de tal modo que compensar esa ausencia, que el vínculo debía ser cara a cara, reconociendo cada caso. La definición programática de las tareas del operador para el programa Comunidades Vulnerables, coincidía con aquella que se señaló más arriba para el caso del programa A la Salida:

“La tarea del operador consiste en contener, motivar, acompañar y orientar durante un período de tiempo a grupos de jóvenes en un proceso individual y colectivo de revisión de estrategias de vida y búsqueda de alternativas que contribuyan a integrarlos a la ciudadanía activa.” (Müller y otros, 2012: 135, sobre el PCV)

El fragmento agrega otros elementos, que aumentan la cercanía con las políticas del individuo. La misión de acompañar, requiere revisar las formas de comportamiento, y fomentar la reflexividad sobre ella. En los capítulos próximos se tratan particularmente estas técnicas, pero es preciso aquí ubicarlas dentro de lo que puede denominarse las tecnologías del yo. El acompañamiento no es sólo espiritual, sino también cuerpo a cuerpo como les gustaba caracterizar a las coordinadoras del Envión Volver. El acompañamiento y le revisión de las estrategias propias debía ser en condición de cercanía física. De ese modo, el operador podría realmente hacer una análisis preciso de la coyuntura y elaborar algo así como un plan de acción:

“Tratamos de trabajar con un operador que haga todo el acompañamiento territorial, con el armado de un proyecto de vida alternativo a lo que es el circuito delictivo y con objetivos a corto, mediano y largo plazo para tratar de llevar adelante ese proyecto de vida (…) ver qué deseos tiene el chico, qué quiere hacer, qué capacidades tiene para resolver en el aquí y ahora lo que desea. Eso es lo que uno tiene que ir acompañando. Por eso es un trabajo arduo, de mucho desafío, de un manejo muy importante de lo que significa la frustración tanto para el acompañante de ese joven, como para el joven.” (Equipo de diseño e implementación- programa Envión Volver).

Un poco más arriba, en la identificación de los tipos de riesgo, se advertía la presencia de carencias multidimensionales nucleadas en la imposibilidad de gestar un proyecto de vida. Los propios de instituciones, represivas o ausentes; los propios del entorno, signados por el desinterés o las malas influencias; y los factores de riesgo esenciales que instalaban a los varones en una sociabilidad violenta y a las chicas en una solitaria. El acompañamiento parece dirigirse a compensar o neutralizar a algunos de estos factores, aquellos más ligados con la vulnerabilidad subjetiva; entonces, por ejemplo, se coloca en el punto necesario para apuntalar, casi como en una suerte de relación filial, esa carencia familiar o de referentes adultos. Se pone en juego una relación de autoridad y de supervisión, pero atravesada por lo afectivo. Es ambivalente la propuesta de gestión, porque al mismo tiempo plantea la formalidad del contrato, y la imagen de actores racionales que acuerdan, pero en la dinámica de ponerlo en práctica se aleja de esa frialdad de lo legal para resguardar su efectividad en la cercanía afectiva y comprensiva. En los capítulos que siguen, especialmente en el 6, se observa cómo se practica el acompañamiento y la revisión biográfica como modo de ir cumpliendo el contrato.

El proyecto de vida y la activación

Si la oferta brinda acompañamiento ¿cuál es la contraparte de los y las jóvenes? Como se señaló, la novedad del contrato, es el requerimiento de activación en la producción biográfica del sujeto que recibe asistencia. Si bien la exigencia epocal es gestionar los propios riesgos individualmente, ante la imposibilidad de hacerlo las políticas del individuo auxiliarán a “los perdedores”. Sobre éstos cabrá la expectativa de activación individual -retomar la escolarización, o evitar ciertas juntas y fortalecer la capacidad de decir “no” a las malas influencias. Esa activación es la forma de aprovechar la oportunidad que se le da para, al decir de Merklen (2013) “volver pronto a la batalla”. Los casos locales requerirán mostrar ciertos matices, por ejemplo, respecto a la intención de las políticas de devolverlos rápidamente a la batalla, pero en eso, se ahondará un poco más adelante.

El contrato, en los programas analizados, suele contener un acuerdo personal y referido a alguna acción en particular –que parece bien definida y fácilmente medible su cumplimiento, por ejemplo, ir a la escuela-, y otro más tácito, pero que funciona con más profundidad: la cuestión de las normas. Las operadoras del Envión entrevistadas reconstruían así lo que se les explicaba a los y las jóvenes sobre este punto:

“’Vos tenés que venir a tal hora, está buenísimo que vengas cuando te parezca, que pasés a tomar mate, que te hayas apropiado de este lugar. Pero mucho más importante es que vos vengas a tu horario asignado, que lo cumplas y que te quedés desde el inicio hasta el final’.” (Operadora – programa Envión)

Al aclarar sus procedimientos para la evaluación del cumplimiento señalaban haber informado sobre las reglas de juego:

“Vos al chico no lo podés obligar, al fin y al cabo, obligar en términos coercitivos (…) entonces, (si) el pibe decide irse, vos decidís ponerle ausente.” (Operadora – programa Envión)

El planteo parecía sugerir que cada cual tomaría libremente sus decisiones de modo racional y que por lo tanto, debería hacerse cargo de los efectos de éstas. La figura legal a la que pretende asimilarse el contrato es también más una cuestión de forma, que intenta imponer desde el inicio la idea de que la asistencia requiere un esfuerzo de la otra parte, que no es simplemente recibir beneficios gratuitamente. Lo curioso es que, en efecto, en el mismo momento en que se enuncia la formalidad del contrato que parece ser el mismo para todos -guiado por cierto principio de igualdad ante la ley- empieza a particularizarse. De hecho, así lo expresaban las operadoras del Envión:

“Está el ojo del equipo técnico de saber, o en base a conocer a cada chico, cuánto exigirle, hasta cuánto sabe que puede dar, cuánto más le podemos estar pidiendo”. (Operadoras- programas Envión)

Es decir, la forma del contrato es una, pero su contenido puede estar configurado por las pautas más disimiles, no sólo diferentes según con qué personas se entable sino también variable en el tiempo. Aunque podría pensarse como un desvío del espíritu del contrato, no lo es en absoluto.

El cumplimiento de las normas es el principio de activación mínimo requerido. Luego, la otra parte, será aprovechar alguna de las opciones que marquen la creación de un proyecto de vida. La cuestión del aprovechamiento es característica de este tipo de políticas, pues la ayuda recibida es frecuentemente trasmitida como un golpe de suerte que les tocó a los beneficiarios. La carencia de un proyecto, o de uno legítimo, es el síntoma que expresa su incapacidad para manejar su vida cotidiana de un modo deseable. Y por esa razón han sido incluidos en estas políticas. Por eso, a veces no se entiende, desde la óptica institucional, que no lo sepan aprovechar. En palabras de una operadora del Envión, la propuesta institucional representaba:

“Un abanico de oportunidades y eso está en el interior de cada uno de ellos, hay de todo, como los que van a la escuela, los que quieren terminar y piden apoyo escolar, y también están los que no quieren nada.” (Operadora- programa Envión)

Algunos, no sabían aprovechar la oportunidad de recibir tal acompañamiento. Pero otros sí. El operador del programa A la salida, al recordar un caso exitoso, hizo evidencia al modo en que un joven había demostrado su compromiso con la oportunidad que el programa le había dado:

“El chico estaba realmente en una situación de riesgo por lo que evaluábamos y veíamos todos los miembros del equipo: pudo sostener las actividades, se lo pudo acompañar, él pudo soportar que lo estuviéramos marcando con las intervenciones todo el tiempo, pudo transitar todo ese verano con mucho dedo y mucha mirada puesta, sostenerlo.” (Operador- programa A la Salida)

La señal del compromiso era doble, no sólo había logrado terminar un proceso y no abandonarlo, diferenciándose de lo regular de su especie, poco presta a completarlos; sino, había tolerado el acompañamiento institucional que parecía tener más de supervisión que de caminata a la par.

Lo que aparece como una regularidad en los testimonios y observaciones, es que la apelación a la responsabilidad individual y la reforma del sí de los y las jóvenes, se debe a una convicción que tienen los programas de que las transformaciones sólo pueden suceder en la medida en que ellos y ellas tengan voluntad de hacerlo (casi al punto de que la intervención de los programas sólo puede acompañar un proceso que es independiente a la intervención).

“Cada historia es un mundo y no hay que ser ingenuo y creer que el programa los rescata y es mágico. Me parece que hay un montón de cosas para que eso suceda, el programa, el espacio grupal, la experiencia de los otros ayuda. Pero tiene que haber un interés personal, lo planteas todo el tiempo, en la entrevista, con el pibe, cuando se genera un conflicto, se lo actualizás todo el tiempo, y eso va haciendo un proceso de a poco.” (Operadora – programa Comunidades Vulnerables)

Cuando se indagó en los objetivos de algunos programas, se esperaba que, habida cuenta de las definiciones de inclusión social que manejan, vinculadas a la inserción laboral y educativa, respondieran con alguna apelación a estos ámbitos. Sin embargo, lo que sobresalió fue la expectativa en que los y las jóvenes se comprometieran con ese proceso rehabilitador que se daría dentro de los programas. El modo más frecuente de referirse a esta cuestión era la preocupación por fomentar, e incluso, exigir, la participación.

“No es un gran objetivo, sino que son varios asociados o varios mini objetivos que tienen que ver con la participación de los chicos en distintas actividades, en distintas propuestas deportivas, recreativas… que los chicos participen en algún espacio, se sientan contenidos, tengan un acompañamiento, un equipo técnico, ocupen su tiempo en actividades que les sean entretenidas, en distintos talleres y que los sostengan en el tiempo, logren como una asistencia, para lo cual el enganche es el cobro de la beca, digamos, esto es lo que determina, lo que garantiza que los chicos terminen o completen su participación en el programa.” (Operadora- programa Envión)

El fragmento anterior parece deslizar la atención desde una noción de inclusión social tradicional, a una que remite mucho más a la inclusión institucional y casi podría pensarse, grupal. Este proceso de inclusión institucional acarrearía el seguimiento de ciertas normas que hablarían de una transformación subjetiva: el poder terminar algo, y no abandonarlo a mitad de camino. La inserción escolar, laboral, o el ejercicio de los derechos aparece en estas escenas francamente desdibujado, y condice con la tendencia de la época sobre una suerte de primado de las formas, más que sobre los contenidos, del tipo de trasmitirles habilidades para la vida, que luego podrán aplicar a cualquier ámbito.

De hecho, los programas buscaban trasmitirles mensajes que mejorasen su autoestima y reconocieran sus capacidades -intrínsecas- de auto transformación:

“Es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, esto de mostrar a los pibes que ‘mirá, si podés hacerlo ¿entendés?’ o sea, demostrar que ellos tienen la herramienta (…) apuntamos a generar actores.” (Operadora – programa Envión)

Así se enlaza la petición de activación en un doble nivel, o doble momento: uno primero de responder a la interpelación, por ejemplo, presentarse en día y hora a la reunión grupal; y otro segundo que supone reconocer y poner en práctica la capacidad de actuar por sí mismo. El par libertad-disciplina se actualiza en la medida en que esa transformación, que deben hacer apelando a sus propias herramientas, no es sino otra que la legítima. Esa actuación autónoma no será cualquiera, evidentemente. Por ejemplo, la carrera delictiva podría ser un proyecto de vida, pero no sería uno legítimo.

En síntesis, el modelo de gestión de los riesgos es en base al acompañamiento y tiene implícita la obligación de aprovecharlo de alguna manera en la trasformación personal. Esa es la responsabilidad individual que tienen los y las jóvenes. Pero ese aprovechamiento no tiene por qué traducirse en una clásica inserción, por ejemplo, volver a la escuela. Los procesos buscados, parecen ser otros. En base a estas asignaciones de responsabilidad, los programas consideraban avances en los procesos de intervención, algunas manifestaciones de compromiso con el cambio que hacían las y los jóvenes:

“Otro pequeño avance es, independiente del mantenimiento o no de la escolaridad, el de venir y hacer la tarea, venir y pedir ayuda, buscar información, en esas cosas también se avanzó un montón.” (Operadora- programa Envión)

La versión local de las propuestas de gobierno de la juventud en riesgo, no parecen, al analizarse estos hallazgos, distanciarse mucho del uso de las tecnologías del yo propias de los requerimientos de la conducción de la conducta a la distancia, que se señalaron en capítulo 2 como marca de los nuevos modos de gobierno de las poblaciones. Sin embargo, todavía resta observar un poco más de cerca cómo se concretan estas propuestas en las interacciones cotidianas. A eso se abocan los próximos capítulos. Ahora, algunas conclusiones parciales de lo enfocado en el capítulo en esta capa.

Una propuesta de acompañamiento para el proyecto de vida

A partir de discursos de operadores/as y funcionarios/as se pudo reconstruir que la inclusión buscada por estos programas tiene, en el horizonte, el acceso a la ciudadanía. Sin embargo, las intervenciones persiguen, para el mediano plazo la inserción laboral y educativa, y como medida para el logro de la propia estrategia, la inclusión institucional. A su vez, el análisis construyó una tipología de riesgos según las identificaciones que hicieron los programas de las circunstancias que condicionan a los/as jóvenes para alcanzar las distintas esferas de la inclusión. Pudieron identificarse riesgos externos -sobre los cuales se traza cierta responsabilidad estatal sobre el origen y gestión de los mismos-, mixtos y esenciales, especialmente vinculados con la carencia del proyecto de vida y con sus posiciones de género. La gestión de los riesgos propuesta es sobre la subjetividad mediante estrategias de acompañamiento y el establecimiento de un contrato sobre el proyecto de vida. Tanto el contrato como la idea de proyecto de vida parecen configurarse más como una petición de principios, que con unas definiciones sustantivas y preexistentes a la intervención. Ambas figuras se definirían, concretamente, en el seno de una tensión entre el fomento de la autonomía y la restricción, que terminarían resolviéndose caso a caso. Las estrategias desplegadas gestionarían conjuntamente, los riesgos mixtos -sobre todo cierta anomia afectiva-valorativa en la que los/as jóvenes vivirían que no les permitiría “nada bueno”-, y los riesgos esenciales, a través de una exigencia de transformación actitudinal. Mientras, entre tanta apelación al compromiso y la participación, la cuestión de la garantía de derechos parece depender de la capacidad de activación que tengan las personas para rehabilitarse, y de lo permeables que sean al acompañamiento. En los próximo capítulos se intentan responder algunas preguntas que surgen del recorrido hasta aquí realizado. ¿Qué entidad tiene el contrato que se ofrece? ¿cuánto de oportunidad única tiene en su formulación? ¿en qué medida el contrato propone la rápida vuelta a la batalla cotidiana? ¿en qué medida la persistencia de la necesidad de ayuda podría ser la señal de un abuso de la asistencia estatal?

Ahora bien, para que la gestión de los riesgos que los programas proponen sea posible, el primer paso es interpelar a los/as jóvenes, y para ello, los/as operadores/as cuentan con un elemento que constituye un recurso valioso para los/as jóvenes: una transferencia condicionada de ingresos. Aunque podría no ser la única razón por la que se sintieran interpelados a participar, sigo la hipótesis de que es la razón principal. La cuestión será comprender por qué es un recurso valioso para los/as jóvenes, y también para los programas. En el análisis sobre el funcionamiento de las TCI también se podrá clarificar la entidad del contrato sobre el proyecto de vida, que aquí se presentó.


  1. Para ampliar el debate inclusión/ exclusión, especialmente en relación al gobierno de las nuevas generaciones, que aquí sólo se repone a los fines del análisis de los datos, puede consultarse LLobet (2013).
  2. Kessler (2011) señala que, efectivamente, en Argentina dos nociones de exclusión han sido las de mayor difusión. Una es la de raigambre francesa que se explica aquí y que puede nombrarse como unitaria o republicana, basada en los desarrollos de Hilary Silver (en LLobet, 2013 pueden encontrarse más desarrollos sobre el enfoque esta autora). Otra es la propia de un paradigma pluralista o multidimensional desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo.
  3. Esta perspectiva se recupera en el capítulo 5, mediante la explicación de la figura del “cazador”.
  4. Al respecto cabe señalar el trabajo reciente de la investigación colectiva de la que formo parte (LLobet, 2013), y también trabajos de colegas LLobet (2009), Gentile (2006), Litichever (2009), Magistris (2012).
  5. Esta cualidad se verifica especialmente en el tipo de estrategias locales como las que aquí se analizan. Trabajos angloamericanos a los que se ha hecho referencia antes, dan cuenta de cómo recientemente en los países del norte se ha vuelto a usar el Paradigma de la Prevención de Factores de Riesgos como sistema para calcular la probabilidad de ocurrencia de ciertos fenómenos.
  6. En tal forma se alterna la referencia a situaciones que serían más propiamente factores de riesgo -la burocracia estatal-, con riesgos en sí -el abuso policial-, que para alivianar la lectura, me referiré a “riesgos” para ambos casos.
  7. Puede ampliarse sobre este punto en Medan (2013).
  8. En el capítulo 6 se retoma la cuestión de la estigmatización territorial, especialmente desde la mirada de los/as jóvenes.
  9. En el trabajo de Sozzo (2000) puede completarse la descripción sobre estos usos de la comunidad en la prevención, así como las críticas que las diferentes perspectivas recibieron.
  10. No obstante, se verá que el reconocimiento existe en la medida en que se entrega una TCI. Sin embargo, tal como se presenta en el próximo capítulo, se analizó en qué medida tal dinero era concebido como un modo de completar ingresos, de evitar el delito, o de garantizar otras circunstancias.
  11. Más comentarios sobre esta renovación del programa político inglés, y su importancia para las políticas dirigidas a las nuevas generaciones se realizaron en el capítulo 3.
  12. Ayuda para gestionar documentos, trámites escolares, judiciales, de salud, o en talleres de formación laboral, o de fortalecimiento de vínculos familiares o comunitarios, o de adicciones, o de derechos humanos, u actividades culturales recreativas que incitaran la expresión verbal y corporal.


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