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La construcción
de una frontera “caliente”

Securitización del fenómeno del tráfico de marihuana y cocaína en la zona fronteriza argentino-paraguaya (2010-2018)

Diana Milena Rodríguez Coy[1]

Introducción

A nivel global, durante casi todo el siglo XX, el desarrollo conceptual acerca de las fronteras priorizó las márgenes de la nación vinculándolas casi exclusivamente a la idea de soberanía y seguridad nacional, en particular frente a las disputas territoriales entre Estados vecinos. No obstante, pensar en las fronteras como barreras que provocan un contraste total no resulta pertinente para el análisis de los procesos actuales, en la medida que la homogeneidad y centralidad del territorio es cuestionado por la movilidad, fluidez y la fragilidad de los límites que esas líneas demarcatorias se proponen establecer. En las fronteras se articula una serie de continuidades y discontinuidades, que se presentan como un complejo sistema solidario y también contradictorio de objetos y acciones espaciales (Santos, 1996).

La complejidad de los territorios fronterizos se ha profundizado en el marco de la globalización. Esta no ha traído consigo la desaparición o la irrelevancia de sus dimensiones territoriales y locales, pero si ha llevado a un redescubrimiento de las fronteras, donde lo periférico ha cobrado centralidad (Villafuerte, 2009). Los esfuerzos de los Estados se concentran en controlar las zonas limítrofes frente a las nuevas amenazas trasnacionales, evidenciando la importancia del territorio donde tiene lugar la interrelación entre fenómenos globales y realidades y prácticas locales.

Peter Andreas (2003) señala que, si bien la globalización puede haber socavado los límites económicos, también ha traído consigo nuevas funciones y énfasis respecto del control del Estado en los límites territoriales. Así, hay una variación histórica en las prioridades del control fronterizo. Se ha estimulado la libre circulación de capitales y bienes ‒cuestionando la soberanía estatal en este ámbito‒ pero las formas de control territorial por parte del Estado se mantienen y se han enfocado en impedir el flujo de ciertos bienes y personas, calificados de ilícitos, lo cual es considerado como una problemática de seguridad estatal.

Uno de los fenómenos fronterizos que, desde la década de 1980, viene evidenciado el endurecimiento de las formas de control espacial en Sudamérica es el mercado transnacional de las drogas consideradas ilícitas. Este ha desarrollado alcances globales y capacidades regionales, permitiendo una estrecha vinculación de los sistemas fronterizos entre países, tanto en la región como fuera de ella, conformando una unidad que va más allá de la conjunción de sus elementos individuales. Así, en las relaciones internacionales y la geografía política, los roles del territorio y las fronteras se han visto sometidos a un mayor escrutinio para entender la génesis de los conflictos y sus cambios en el marco de la globalización (Agnew, 2006).

Se considera que la referencia constante a una modernización de la frontera inteligente (Carrascosa, 2018), “ordenada, segura y regular”, no es una fórmula vacía sino que supone una manera específica de comprender y actuar sobre los flujos mercantiles internacionales, bajo un modelo de gobernanza que propone la gestión de las poblaciones de manera eficiente, según lógicas de costo-beneficio y/o ventajas-desventajas (Domenech, 2017). En este sentido, el análisis de las políticas de seguridad en las fronteras dirigido al problema del narcotráfico revela una convergencia de discursos y prácticas de control territorial y fronterizo, en la que se impone un paradigma de la seguridad impulsado por la lucha contra las drogas ilícitas.

Asimismo, a pesar de la proliferación de clasificaciones estatales vinculadas a las nuevas amenazas internacionales (terrorismo, narcotráfico, trata y tráfico ilícito de personas, etc.), el modelo de frontera segura como mecanismo de regulación pone en evidencia la persistencia de la visión del territorio nacional como principio de gestión fundamentada en la idea de seguridad. De este modo, se sostendrá que, más allá de la retórica de gobernabilidad y de las particularidades de los marcos nacionales, los procesos analizados expresan que la seguridad del Estado prevalece por sobre la seguridad de los pobladores.

En la Argentina, los procesos de securitización se desplegaron a través de diferentes políticas de seguridad, en parte como resultado de su implementación para el control fronterizo (Plan Escudo Norte, Narcotráfico Cero), la profundización de la aplicación de los criterios internacionales de lucha contra el narcotráfico y el aumento regional de producción y tráfico de marihuana y cocaína en Sudamérica. Estas circunstancias se han traducido, entre otras cosas, en una gran inestabilidad de los proyectos territoriales locales que ven restringida su movilidad y el desarrollo de su actividad económica sustentada en el flujo de mercancías a través de la frontera.

El presente capítulo tiene por objeto examinar el proceso de securitización del fenómeno del tráfico de marihuana y cocaína en la zona fronteriza entre Argentina y Paraguay, a través del análisis del desarrollo histórico de las políticas de seguridad fronteriza en el primer país, entre los años 2010 y 2018. El propósito es comprender los efectos producidos por la dinámica de regulación territorial asociados al régimen de seguridad (local-global) en la construcción de la frontera como espacio de peligro.

Se abordará el nexo entre tráfico, fronteras y seguridad con relación al recorrido histórico reciente en la definición de las políticas de seguridad fronteriza en Argentina, a fin de entender el proceso de securitización que construye al territorio como un lugar de peligro y amenaza, sujeto a la necesidad de aplicación de dispositivos de control (acciones, leyes, reglas ad hoc, instituciones, presupuestos y mecanismos de emergencia).

En la normativa argentina vigente se manifiesta de manera más concreta la consolidación del fenómeno del tráfico de narcóticos en el ámbito de la seguridad, mediante una retórica de peligro que ha justificado la adopción de políticas especiales, particularmente en la frontera norte. Por lo anterior, se reconstruyen aquí las normas, planes y políticas de seguridad impulsadas por el Estado argentino para las zonas de frontera en general y para la zona de frontera con Paraguay en particular, cuestionando las dinámicas que han movilizado la inseguridad nacional hacia la frontera.

Realizamos un análisis temporal de los cambios acontecidos en la política de seguridad y defensa en el periodo 2010-2018, abarcando fuentes institucionales y discursos políticos oficiales de los gobiernos electos, que se concentraron en las acciones y políticas públicas en materia de control fronterizo y lucha contra el narcotráfico.

Este capítulo se divide en cinco apartados. El primero dará cuenta de la categorización del concepto de frontera, reconociendo su carácter complejo y conflictivo, que en América Latina ha sido concebido fundamentalmente desde el paradigma del conflicto, la separación y las barreras. En la segunda parte se abordará cómo dicho paradigma de la barrera aplicado a las fronteras se refuerza en el contexto de la globalización neoliberal. En el tercer apartado se caracterizará el área de estudio a fin de ubicar los pasos internacionales y su distribución territorial, y se realizará una aproximación a los niveles de interacción comercial que se dan en esta frontera. Los apartados 4 y 5 evidencian la apertura de la política de seguridad fronteriza al discurso de las nuevas amenazas durante las gestiones kirchnerista y macrista, respectivamente.

Territorio, Estado y fronteras

La categorización del concepto de frontera implica atravesar una serie de dimensiones que constituyen su complejidad. Partimos del reconocimiento que estas condensan conflictividades y tensiones de las luchas sociales y geopolíticas. Representan una particular relación entre variables sociales, económicas y políticas, que pueden ser transitorias o durables. De ahí que la frontera sea una línea divisoria imaginaria o real, nunca natural y siempre construida (Moncada Paredes, 2016).

La condición de división no resulta el atributo principal de las fronteras, a pesar de que durante el proceso de consolidación de los Estados nacionales este concepto aludió directamente a la escala nacional y al territorio como soporte natural e inequívoco de los Estados. Se construyó la idea de territorios homogéneos, “cuya demarcación estaba dada por un contorno externo (el límite) y como línea de expansión interna con un carácter marcadamente geopolítico” (Tapia Ladino, 2017:65). Es así como, desde la geografía política clásica, una frontera internacional fue considerada casi siempre como una línea que determina los límites de la soberanía territorial. Con frecuencia, esta definición asocia a las fronteras como líneas que separan la soberanía de los Estados en el sistema internacional (Newman, 2003).

En las regiones fronterizas latinoamericanas, la intervención del Estado se ha concretado, desde el siglo XX, en los ámbitos de la seguridad. Ello explica la presencia militar y policial como una de las formas clásicas de intervención estatal en sus fronteras, orientada por el paradigma de la seguridad y concentrando, a su vez, la actuación institucional civil en procedimientos administrativos y aduaneros. Tal intervención sobre las fronteras sugiere que éstas han sido apreciadas fundamentalmente desde el paradigma del conflicto, la separación y las barreras (Moncada Paredes, 2016).

Es necesario, considerar las diferencias que suponen los límites fronterizos y las áreas de frontera. Mientras el límite expresa la constitución de líneas de separación físicas y visibles entre espacios económicos, políticos y sociales, el área de frontera es la región, en relativa proximidad al límite, donde las dinámicas de cambio y las prácticas cotidianas están afectadas por la misma presencia del límite (Newman, 2006).

Los límites fronterizos se construyen a través de instrumentos tanto jurídicos como de control (seguridad o defensa) que marcan la separación entre unidades políticas soberanas y delimitan el territorio bajo control estatal. Por su parte, las áreas de frontera expresan altos niveles de comercio y de interdependencias productivas que se dan en el entretejimiento de relaciones culturales e identidades plurales, en los que destacan las continuidades. “Fronteras y territorialidad son por tanto nociones contextuales” (Moncada Paredes, 2016:8).

El límite y el área fronteriza se manifiestan en una sinergia donde su coexistencia produce una afectación mutua. La administración de las fronteras está imbricada en los espacios institucionalizados de control y, cada vez de forma más presente (a través de los instrumentos de seguridad y defensa), en los escenarios que trasgreden los límites jurídicos.

Por ello, el Estado gestiona una posición central en el ordenamiento de flujos dentro y fuera de los límites nacionales, lo que se evidencia en el fortalecimiento del control sobre los territorios fronterizos en relación a la circulación de personas, las mercaderías del llamado contrabando hormiga y la aplicación de tecnologías de dominio espacial. Así, en muchos casos, “los pobladores fronterizos perciben una mayor ‒no una menor‒ presencia estatal” (Pinzón, 2015:77). El Estado se retira en su función de protección y reaparece en su papel de control y regulación.

Podríamos hablar de una mutación en el modelo de territorialización:

El Estado […] ha cambiado su eje de intervención. Si en la fase anterior su obsesión era la preservación territorial y el control del espacio, ahora su eje de acción se vincula a controlar los flujos, los movimientos de personas y mercaderías entre los países. Especialmente, a promover los flujos “por arriba” y controlar los flujos “por abajo”. (Grimson, 2004:12)

Se expresan otras prioridades de control fronterizo dirigidas a la seguridad de los Estados, proyectadas al control de las nuevas amenazas, como el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como las conexiones entre ellos. Las problemáticas transnacionales han llevado a replantear la relación entre la seguridad interna y externa. A medida que las fronteras se hacen cada vez más dinámicas por efectos de la globalización, los Estados han construido barreras contra el flujo de elementos “indeseables”, contra la ilegalidad. Aguiar (2010) refiere al neoliberalismo selectivo para dar cuenta de esta dinámica: mientras se promueve una ideología de libre mercado y de reducción del control estatal, se construyen nuevas barreras. Muchas fronteras se hacen permeables, pero otras permanecen como barreras significativas a las personas y a los bienes.

Agenda de seguridad y fronteras en Sudamérica

El fenómeno de la globalización financiera ha instaurado una lógica neoliberal que ha alterado las relaciones sociales, políticas y económicas en relación con el territorio, debido a la consolidación de poderes institucionales, sociales y/o económicos de carácter transnacional que transcienden la base territorial de los Estados. El tráfico de drogas catalogadas como ilícitas es una de las actividades que más han desafiado las barreras nacionales, lo que en la actual agenda de las relaciones internacionales se considera una amenaza para la seguridad.

Lo anterior ha contribuido a que el Estado ya no prioriza la frontera únicamente como escenario fundamental en la preservación del territorio, sino que, en aras de garantizar la seguridad conservando la libre circulación de capitales, se concentra en la regulación de los flujos y categorización de personas y mercancías que por ella transitan. El nuevo escenario evidenció la instauración de un nuevo régimen global de vigilancia fronteriza valiéndose del empleo de dispositivos de seguridad, donde se gestionan aquellos flujos que se dan de manera regular y deseada, como un beneficio para el desarrollo de los países de origen y destino, mientras que, aquellos que tengan carácter irregular e indeseado, son ilegalizados y presentados como amenazas.

Es importante señalar que, bajo esta lógica de gobernabilidad neoliberal, la seguridad no se ciñe exclusivamente al Estado, sino que es un concepto multidimensional que atravesó un proceso de ampliación después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo otros ámbitos como, por ejemplo, el desarrollo, el medio ambiente, el individuo y actores no estatales.

Resulta central evaluar cómo un asunto pasa de ser aprehendido como una cuestión política ordinaria a adquirir una naturaleza diferente y específica que se considera como una amenaza para la seguridad. Este proceso hace referencia al concepto de securitización que, en rasgos generales, pretende realizar una interpretación de la reclasificación de un problema dentro de los marcos de la seguridad, enfatizando la actuación espacial de las fuerzas y órganos de control y defensa.

El proceso de securitización manifiesta la forma en la que un tema se extrae de la política ordinaria, ya sea a través de su enunciación o de la práctica, y se enmarca como una amenaza existencial que exige la puesta en marcha de medidas extremas (Carrascosa, 2018). En él interfieren los grandes medios de comunicación y las élites que instauran ‒a través de metáforas bélicas‒ la idea de la amenaza en la opinión pública, produciendo un escenario de legitimación, además de los mecanismos burocráticos y administrativos que ponen en marcha políticas públicas de excepción para gestionarlas. Lo anterior se manifestó en el régimen de control fronterizo, mediante el alineamiento de la política de seguridad y defensa nacional con la política exterior de regulación y gestión de las amenazas transnacionales.

La securitización de las fronteras en Sudamérica refiere a aquellas nuevas amenazas que transcurren a través de y en las fronteras (Flemes y Radseck, 2012) y su tratamiento que entrelaza procesos de militarización y fronterización. Aquellas provienen fundamentalmente del tráfico ilícito y del crimen organizado transnacional, que tienen una creciente capacidad para controlar los flujos de mercancías a uno y otro lado de las fronteras y las estrategias de los Estados para gestionar dicha peligrosidad.

Las amenazas a la seguridad fueron trabajadas durante la Conferencia Especial de Seguridad de 2003, convocada por la Organización de Estados Americanos en México, cuyo objetivo era la revisión de todos los temas que se refieren a los enfoques comunes sobre la seguridad internacional en la región, priorizando el abordaje de las transformaciones y los nuevos desafíos que se presentan en el escenario actual. En esta Conferencia, las amenazas fueron clasificadas distinguiendo:

  • Amenazas tradicionales: conflictos fronterizos, guerras interestatales, etc.
  • Nuevas amenazas: el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos, la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, el VIH/SIDA y otras enfermedades, el deterioro del medio ambiente, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética, el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos y las armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.

Éstas no son amenazas en el sentido tradicional que predominó en las políticas de defensa y seguridad internacional. Es decir, la posibilidad de agresiones calculadas que “afectan potencialmente la integridad territorial y la soberanía de los Estados, e implican el eventual empleo de los medios militares, tanto para su materialización como para responder a ellas o neutralizarlas anticipadamente” (Eissa, 2005:6). En cambio, las nuevas amenazas no siempre implican agresiones calculadas y, en general, afectan de manera indirecta la integridad territorial y la soberanía. Su impacto incrementa los niveles de incertidumbre e imprevisibilidad y, debido a sus características, las fronteras pierden crecientemente su significado como criterio distintivo de amenazas internas y externas.

A partir de estos fenómenos se han (re)construido discursos securitizadores de los espacios fronterizos como lugar de peligro para los Estados, en el cual se gestan las amenazas provenientes del tráfico ilegal de drogas, armas, terrorismo, lavado de dinero y hasta nuevas categorías, como los crímenes medioambientales o la biopiratería. Así, se desarrolla una concepción de la frontera como límite contra el intercambio de aquello que se concibe como indeseable a través de ellas. Esto se ha hecho particularmente evidente durante las últimas dos décadas, en las que a nivel global se han reforzado las políticas de seguridad que buscan controlar la migración ilegal, las drogas prohibidas y las finanzas ilícitas.

Así, las fronteras configuran espacios de síntesis, donde lo legal e ilegal emerge y coexiste. Son el espacio de límite entre un ordenamiento legal y otro(s); un escenario donde los dominios legales e ilegales convergen con el avance del control territorial desde la perspectiva de la seguridad y la defensa.

En materia de seguridad y fronteras, la región presenta una situación en la cual la agenda de seguridad prioriza las denominadas nuevas amenazas (Fuentes, 2008). La inseguridad nacional se ha movilizado hacia el exterior (los inmigrantes latinoamericanos, los narcotraficantes, los contrabandistas), siempre pretendiendo construir una nación segura, sana y armónica que pudiera jactarse de ser una comunidad nacional superadora de las diferencias entre las provincias (Baeza, 2016).

Quienes trabajan en las instituciones que velan por la seguridad nacional consideran que el tráfico de drogas es un tipo de subversión que condensa fuerzas antidemocráticas. Aquí juega un papel muy importante la noción de integridad nacional, pues pareciera lograrse y fortalecerse ante un fenómeno de estricto orden transnacional. El narcotráfico, al provocar desorden y atentar contra la nación, genera como consecuencia un fortalecimiento interno a partir de la metáfora de guerra (Renoldi, 2015).

Desarrollo histórico de las políticas de seguridad en la frontera argentino-paraguaya

La frontera del Paraguay con la Argentina comprende, para el caso argentino, las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Salta. Para el territorio paraguayo, los departamentos de Alto de Paraná, Asunción, Boquerón, Itapuá, Ñeembucú, Misiones y Presidente Hayes. Esta frontera cuenta con 38 pasos internacionales referenciados en el Cuadro 1. La misma tiene una extensión de 1.345 km de límite fluvial y 345 km de frontera seca, totalizando 1.690 km en toda su extensión, la segunda mayor después del límite con Chile. Fue delimitada a través del “Tratado de Límites” del 3 de febrero de 1876 (Machain-Yrigoyen), y el “Tratado Complementario” del 5 de julio de 1939 (Arbo-Cantilo). En la Figura 1 podremos encontrar la ubicación de todos los pasos fronterizos legales y su distribución a lo largo del límite internacional.

Figura 1. Frontera entre Argentina y Paraguay

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Fuente: elaboración propia con base en datos Google Maps.

Cuadro 1. Pasos internacionales entre Argentina y Paraguay
Provincia Paso Internacional AR-PY Tipo Referencia
Chaco Puerto Bermejo – Puerto Pilar Río 1
Puerto Las Palmas – Puerto Humaitá Río 2
Corrientes Puerto Paso de la Patria – Paso de la Patria Río 3
Puerto Itatí – Puerto Itá Corá Río 4
Puerto Yahapé – Puerto Cerrito Río 5
Puerto Itá Ibaté – Panchito Lopéz Río 6
Yaciretá Ruta 7
Puerto San Antonio de Apipé – Puerto Ayolas Río 8
Puerto Ituzaingó – Puerto Ayolas Río 9
Formosa Puerto Colonia Cano – Puerto Pilar Río 10
Puerto Formosa – Puerto Alberdi Río 11
Puerto Pilcomayo – Puerto Itá Enramada Río 12
Pasarela La Fraternidad (Clorinda – Nanawa) Ruta 13
Clorinda – Puerto José Falcón Ruta 14
General Belgrano – General Bruguez Ruta 15
Isleta – Paraje Rojas Silva Ruta 16
Lamadrid – Misión San Leonardo Ruta 17
El Remanso – La Verde Ruta 18
Misiones Puerto Posadas – Puerto Pacú Cuá Río 19
Posadas – Encarnación Ruta 20
Puerto Candelaria – Campichuelo Río 21
Puerto Santa Ana – Puerto Samuhú Río 22
Puerto San Ignacio – Puerto Paraíso Río 23
Puerto Maní – Puerto Bella Vista Sur Río 24
Puerto Oasis – Capitán Meza Río 25
Puerto Leoni – Puerto Triunfo Río 26
Puerto Rico – Puerto Triunfo Río 27
Puerto Garuhapé – Puerto 3 de Mayo Río 28
Puerto Paranay – Colonia Alborada Río 29
Puerto Montecarlo – Puerto Ape Aimé Río 30
Puerto Piray – Puerto 7 de Agosto Río 31
Puerto Pinares – Carlos Antonio López Río 32
Puerto Eldorado – Puerto Mayor Julio Otaño Río 33
Puerto Victoria – Capitán Urbina Río 34
Puerto Mado – Puerto Lomas Valentinas Río 35
Puerto Wanda – Puerto Itá Verá Río 36
Puerto Libertad – Puerto Domingo Martínez de Irala Río 37
Salta Misión La Paz – Pozo Hondo Ruta 38

Fuente: elaboración propia.

El carácter de los vínculos geopolíticos que han regido las relaciones exteriores de Argentina con Paraguay ha sufrido importantes cambios a lo largo de la historia, producto de las diferentes coyunturas históricas y de las distintas posiciones que los gobiernos argentinos le asignaron en sus agendas. Comba (2011) señala que, hasta mediados del siglo XX, los vínculos con Paraguay ocupaban un lugar privilegiado en la política exterior argentina, debido a su afán de posicionarse como líder regional y evitar el avance de la influencia brasileña en dicho país, incidiendo marcadamente en la agenda política paraguaya.

Recién desde el año 1989, con la presidencia de Carlos Menem y a raíz de la profunda crisis económica que atravesaba en ese momento la Argentina, las concepciones de las relaciones internacionales se inscribieron en el proyecto neoliberal hegemónico, dándole un viraje a las relaciones con Paraguay. En la agenda de la política exterior, las preocupaciones económicas determinaron la búsqueda de inversión y financiamiento extranjero. La Argentina se alineó exitosamente en asuntos estratégicos globales con los Estados Unidos, asumiendo un modelo de relacionamiento sustentado en el marco del realismo periférico en el cual la conducta externa del país adopta el perfil más bajo posible y adecúa sus objetivos políticos a los de la superpotencia dominante en su región (Comba, 2011).

El menemismo suscribió, en este marco, numerosos convenios bilaterales con Paraguay, donde resalta la reanudación de obras suscritas al proyecto energético de la hidroeléctrica de Yaciterá. Las relaciones comerciales primaron sobre las políticas y el intercambio durante este período tuvo un importante incremento hasta la crisis económica argentina en el año 2001.

Con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner, el eje de la política exterior giró en la recuperación de capacidad de decisión del país sobre su agenda bilateral, no solo en temas comerciales sino también políticos. De esta manera, el proyecto del MERCOSUR y la relación con los países asociados pasó a ser una prioridad en la agenda (Domenech, 2017). Lo anterior responde a un alejamiento de la visión comercial de la década de 1990, que en esta nueva etapa se orientó a un proyecto regional sudamericano, a las relaciones político- económicas y al multilateralismo como mecanismo de apertura y de diversificación de los mercados externos, modificando nuevamente la relación con los Estados Unidos.

Sin embargo, pese al cambio de gobierno y de contenido de la agenda de política exterior, la relación bilateral con Paraguay no sufrió mayores modificaciones al respecto:

Desde el 2003 […] El nivel de acercamiento bilateral fue bajo, sólo se registró la visita oficial del canciller Taiana a Asunción en 2007. El intercambio comercial, luego de una gran caída producto de la crisis argentina del 2001, demoró 5 años en recuperar los niveles alcanzados en la década del noventa. Recién en el año 2007 recién las exportaciones argentinas superaron los 600 millones de dólares, alcanzando los 1100 millones en 2008. Lo sorprendente de este período fue el aumento en las importaciones argentinas provenientes de Paraguay, especialmente en los años 2007 y 2008, las cuales superaron ampliamente a las exportaciones, modificando negativamente el signo de la balanza comercial de Argentina con el vecino país. (Comba, 2011:35)

Los vínculos más importantes que se sostuvieron entre los dos países fueron, por un lado, el proyecto energético y la inauguración de la represa de Yaciretá y, por el otro lado, los problemas de seguridad concentrados en el área de la Triple frontera. Con respecto a esta última cuestión, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y la instauración de la lucha internacional contra el terrorismo impulsada por el gobierno de George Busch, se dedicó un lugar especial para la región latinoamericana y la presencia real o imaginaria de células terroristas en nuestro territorio (Comba, 2011).

El departamento de Estado de los Estados Unidos centró su atención en la frontera común de Paraguay, Brasil y Argentina, más conocida como “la Triple Frontera” (Brieger, 2009). Se impulsó en diciembre de 2003 una reunión en Asunción de delegaciones oficiales de los gobiernos los 4 países, en el marco del llamado Grupo de 3 + 1 para abordar cuestiones de la seguridad en el área de la Triple Frontera analizando acciones preventivas contra el terrorismo; estableciendo que “la lucha contra el terrorismo es el primer gran test que impone el siglo XXI” (Brieger, 2009:15).

La imposición de esta agenda de seguridad supuso un perfilamiento del carácter de los vínculos bilaterales entre Argentina y Paraguay, especialmente para la zona de frontera. De esta manera, se pasó de considerar solo a la Triple Frontera –denunciada por los EEUU como zona con presencia de terrorismo internacional– a concebir todo el límite binacional como un punto importante de narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero e inmigración ilegal.

Se superponen en este territorio actividades legales e ilegales, donde se conjuga un complejo sistema de flujos en el que operan los ámbitos de la administración estatal y las economías locales que giran alrededor del intercambio de artículos de primera necesidad. Para el caso de la comercialización de droga, los flujos abarcan el movimiento, la producción y la protección de esa sustancia ilegalizada. La Administración de Control de Drogas​ (DEA) de los Estados Unidos estimaba para el año 2016 que por Paraguay ingresaron a la Argentina alrededor de 2,5 toneladas de pasta base de cocaína por mes y que existen, en aquel país, cerca de 8.000 hectáreas cultivadas con marihuana. La producción alcanzaría las 300 toneladas anuales, las cuales se exportarían casi en su totalidad a Brasil y Argentina (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC, 2019). A su vez, según las mismas estimaciones sobre el impacto de la comercialización de estas sustancias psicoactivas en la economía paraguaya, el narcotráfico ocupó cerca de 25 mil puestos de trabajo, con una facturación cercana al U$S 1 mil millones anuales.

La frontera argentino-paraguaya, en particular, ha sido escenario pionero de la aplicación de los procesos securitizadores respecto de las políticas de seguridad contra el crimen organizado y el narcotráfico. La Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado (UFIDRO), creada en 2005 mediante un convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y la Procuración General de la Nación, realizó en 2007 un diagnóstico del tráfico de drogas ilegales en la Argentina. Allí se indicaba que la cocaína que ingresaba al país era traficada predominantemente por la frontera norte y provenía de los principales países productores de la región, en especial de Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay (Ministerio del Interior, 2007).

También se señalaba el ingreso de pasta base por la frontera norte a los efectos de comercializarla internamente o para culminar la fase productiva de cocaína utilizando precursores o sustancias químicas de corte, de tipo industrial. Por su parte, la marihuana provenía de los países productores de la región, particularmente de Paraguay, e ingresaba por el litoral mesopotámico y por el norte del país a los efectos de ser transportada, distribuida y comercializada internamente en los principales centros urbanos en los que se concentra el consumo más alto de esta droga, particularmente en la provincia de Buenos Aires (Ministerio del Interior, 2007).

Las primeras referencias que irían poniendo la cuestión de la seguridad en la agenda política en Argentina se remontan al año 1997, cuando el Gobierno nacional de Carlos Menem dispuso recurrir a la Gendarmería con 700 efectivos y a la Prefectura con 600, para enfrentar una ola de delitos violentos. En el año 1999, esta resolución tendría un salto cualitativo que resolvió la movilización de estas dos fuerzas para apoyar a la Policía Federal en la lucha contra la delincuencia (Nievas y Bonavena, 2014).

Sin embargo, fue el denominado Plan Escudo Norte del año 2011 que delimitó la regionalización de las fronteras incluyendo la de Paraguay en la Región Fronteriza Norte, el que consolidó un discurso de este territorio como un lugar de peligro y amenaza, sujeto a la necesidad de aplicación de dispositivos (acciones, leyes, reglas ad hoc, instituciones, presupuestos y mecanismos de emergencia) para acabar, evitar, detener, contener o controlar dicho peligro, como se analizará a continuación.

Gestión kirchnerista: del Libro Blanco de Seguridad al Plan Escudo Norte 2010-2015

En el Libro Blanco de la Defensa del año 2010, el gobierno argentino identificó, dentro de las características del nuevo escenario global, dos elementos que marcaron una línea de tratamiento de las fronteras en el marco de las políticas de seguridad. Por un lado, el protagonismo ascendente de actores de naturaleza no estatal o transnacional y, por el otro, la comprensión multidimensional de la problemática de la seguridad.

Esta determinación del tratamiento de las fronteras tuvo como antecedente el Operativo Fortín. A través de la resolución 206 del año 2007, el Ministerio de Defensa sumó medios del Ejército a las tareas de vigilancia del espacio aéreo en sectores del noreste y noroeste del país, actividad que hasta entonces era llevada a cabo con recursos de la Fuerza Aérea Argentina, al ser una responsabilidad primaria de esta última arma. Así nacía la Fuerza de Tareas Conjunta para el Control del Aeroespacio.

El diagnóstico era que los actores operaban tanto al interior de los Estados como a través de ellos, y que los fenómenos tales como las redes criminales, trata de personas, piratería y narcotráfico se intensifican en las zonas de frontera. El documento afirma que: “estos flagelos, que para Argentina conforman problemas propios de la seguridad interior, no han mostrado globalmente ser susceptibles de resolución por vía militar” (Ministerio de Defensa, 2010:s.n.).

Respecto al análisis del escenario regional, el documento realiza una distinción complementaria con el punto anterior cuando reafirma la diferencia entre cuestiones de seguridad interestatal y de seguridad transnacional. Estas últimas “son afectadas por actores no estatales que operan e impactan sin respetar frontera” (Ministerio de Defensa, 2010:s.n.).

En efecto, se observa que actualmente las principales amenazas a la seguridad e integridad de los Estados se deben a problemáticas vinculadas con delitos transnacionales que tienen gran capacidad de corroer las capacidades estatales. En este documento se resalta la diferenciación conceptual entre defensa nacional y seguridad interior. La seguridad interior tiene por objetivo prevenir el delito o juzgarlo y aplicar la pena si ya fue cometido. Supone la “aplicación de la fuerza mínima imprescindible, racionalidad, gradualidad, estricta adecuación de los medios a los fines y protección de la vida y la integridad física” (Ministerio de Defensa, 2010:s.n.). La defensa nacional es, según la Ley 23554, “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.

No obstante, con el propósito de aumentar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste frente al ingreso de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes, mediante el Decreto 1091 (Poder Ejecutivo Nacional, 2011) se puso en marcha el Operativo Fortín II (Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad, 2011), a través del cual el Ministerio de Defensa instruyó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para que incremente las capacidades de vigilancia y reconocimiento aeroespacial en la frontera norte, diferenciado entre la Región Noroeste (NOA), que abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, y la Región Nordeste (NEA), que comprende las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

De este modo, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) cumplirían funciones de apoyo, logística e interceptación, utilizando medios tales como radares de Fuerza Aérea y aviones IA-63 Pampa para misiones de interceptación. En el año 2013 se dispuso el desplazamiento de 4.500 hombres de las FF. AA. hacia la región NEA (Innovación de Asuntos Estratégicos, s.f.). Sin embargo, el operativo se apoyaba principalmente en la radarización, ya que el programa estaba diseñado ante todo para monitorear el cruce de la frontera aérea. Así, el decreto incorporó un radar primario de alcance medio (RAME 3D) para la vigilancia y 20 radares RASIT de corto alcance, los cuales se concentrarían en su mayoría en la frontera con Paraguay.

Para el control de las vías fluviales, el decreto dispuso el servicio de más de 100 embarcaciones menores, 28 guardacostas, 31 lanchas de frontera y 14 motos de agua. Sin embargo, la mayor afectación de recursos humanos provino de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, quienes aportaron 6.000 efectivos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Dentro de estas dotaciones se incluyó a 800 efectivos pertenecientes a las Fuerzas Especiales y Antidrogas del Escuadrón Alacrán de Gendarmería y a la Agrupación Albatros de Prefectura.

En la Figura 2, podemos observar la disposición de los radares, los cuales en julio del año 2011 complementaron al Operativo Fortín, dando vía al proyecto Fortín II. Lo anterior, coincidió con la instalación del radar primario Radar Alcance Medio Experimental 3D (RAME), fabricado por la empresa INVAP, en el Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés de Santiago del Estero. Se desplegaron radares RASIT en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, cubriendo la frontera y las principales avenidas de aproximación identificadas como Tránsitos Aéreos Irregulares por la Gendarmería Nacional Argentina (Innovación de Asuntos Estratégicos, s.f.).

Figura 2: Radares RPA en la Frontera Noreste

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Fuente: elaboración propia con base en Innovación de Asuntos Estratégicos (s.f.).

Este operativo se llevó a cabo por decisión gubernamental:

con el objeto de vigilancia en fronteras del noreste debido a que el territorio presenta zonas demográficas fáciles de violar y entonces se determina que un grupo de la fuerza de seguridad debe realizar las tareas de vigilancia en el área de fronteras […] En Formosa con las Fuerzas Armadas se está trabajando en la región oeste, centro de la provincia y de capital con dos radares que son específicamente de vigilancia, uno en el sector de Las Lomitas y otro acá en la capital que está en el terreno del ejército por la calle Marcial Rojas y que es un equipamiento con barrido electrónico muy importante, un alcance de 400 metros de radio y 5000 metros de altura y garantiza que todo aquella [sic] que pueda volar en la región sea identificado, se visualiza con imágenes en 3D. Estos radares con los que se cuentan en Formosa forman parte la región, hay otros en Resistencia, en Posadas, Santiago del Estero y más al oeste en Tartagal. (Radio Formosa, s.f.)

Con el Decreto 1091 de 2011, el Operativo Escudo Norte fue más allá de la vigilancia y el control del espacio aéreo e incluyó también al ámbito terrestre y fluvial, siendo la Fuerza de Tareas Conjunta Fortín II la encargada de llevarlo a cabo. Pese a que el operativo se mantuvo en la esfera de las misiones subsidiarias de las FF. AA. (Sanin, 2018), en la práctica supuso una militarización de las zonas fronterizas del país, por ejemplo, a través de la presencia del Ejército en los patrullajes.

Se trataba de una intervención operacional directa de efectivos del Ejército en el control del narcotráfico. Por decisión del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA., esas unidades estaban integradas por 12 soldados y 3 gendarmes para unificar las tareas operacionales y soterrar la intervención militar en labores policiales. En su conjunto, se ordenó la participación de 4.500 efectivos militares, aunque inicialmente se movilizaron 1.500 uniformados integrantes de la Brigada V de Montaña General Belgrano, con sede en Salta, y la Brigada XII de Monte General Manuel Obligado, con sede en Misiones (Ministerio de Defensa, 2010:s.n.).

El Programa Escudo Norte se fue prorrogando año tras año desde el 2011 hasta su reconversión en el 2016, incorporando recursos y personal (Ministerio de Seguridad, 2016). Como consecuencia de afectar medios de las FF. AA. a tareas de seguridad interior, se propició un involucramiento creciente del Ministerio de Defensa en asuntos que no son estrictamente defensivos. Desde entonces, se promovió la idea de que la frontera es una zona militarizada en el combate al narcotráfico y se reforzó el desdibujamiento de los límites entre asuntos de seguridad y de defensa. Estas medidas también permitieron a la oposición política instaurar un debate en el cual plantearon que el involucramiento de las FF. AA. en las fronteras es insuficiente en recursos humanos, es “deficiente en tanto no se promulgue una Ley de Derribo y merece reformas en aquellas leyes que establecen la separación entre seguridad interior y defensa” (Baeza, 2016:12).

La zona fronteriza con Paraguay resultó altamente impactada a partir de la ampliación de las medidas de securitización aunque no fueron acompañadas con un estudio que pudiese seguir el estado de flujos de las redes de narcotráfico. No se encuentra disponible informe estatal alguno sobre la cantidad de marihuana y cocaína que por allí entraba para fundamentar en este periodo la necesidad de trasladar un alto número de personal militar y policial e instalar un mayor control tecnológico.

Los vínculos entre control fronterizo y seguridad manifiestan la forma en la que un tema se extrae de la política ordinaria, ya sea a través de su enunciación o de la práctica. Se enmarca como una amenaza existencial, a través de la figura del problema del narcotráfico, que exige la puesta en marcha de medidas extremas a partir del uso de nuevas tecnologías e incorpora mecanismos preventivos de contención de carácter policial y administrativo, basado en el diseño de políticas públicas que incluyen el incremento de dispositivos de vigilancia (Carrascosa, 2018).

Se apeló al argumento de la porosidad y las características físico-naturales de la frontera, así como la instalación de la idea de peligrosidad de los territorios fronterizos, para la aplicabilidad de los operativos. Dado que, dentro de esta lógica de la securitización, “el alcance simbólico de una barrera cuenta más que la propia barrera” (Carrascosa, 2018:296), la instalación de cámaras, centros de monitoreo y ampliación de pie de fuerza son concebidos como acciones de gobierno que aumentan el sentimiento de gestión de la inseguridad.

En el Cuadro 2 podemos evidenciar que el Plan Escudo Norte tuvo una intervención en todo el espectro territorial de la Zona de seguridad de la frontera con Paraguay, especialmente por medio del despliegue de los cuerpos de seguridad.

Cuadro 2: Despliegue por provincia del Plan Escudo Norte – Frontera Argentina Paraguay
Provincia Medio Control Tecnológico Control por presencia de pie de fuerza Base operativa
Corrientes Aéreo Radar RPA Fuerza aérea
Fluvial Hidronaves de navegación Prefectura Naval / Gendarmería
Terrestre Tarea de comando conjunta
Formosa Aéreo Radar RPA Fuerza aérea
Fluvial Hidronaves de navegación Prefectura Naval / Gendarmería
Terrestre Tarea de comando conjunta
Chaco Aéreo Radar RPA Fuerza aérea
Fluvial Hidronaves de navegación Prefetura Naval / Gendarmería
Terrestre
Misiones Aéreo Radar RPA Fuerza aérea
Fluvial Hidronaves de navegación Prefetura Naval / Gendarmería
Terrestre Tarea de comando conjunta Brigada XII de Monte General Manuel Obligado, con sede en Misiones

Fuente: elaboración propia.

Gestión macrista: la continuidad del Plan Escudo Norte y el Plan fronteras Seguras 2015-2018

Desde antes de asumir como gobierno, el sector político encabezado por Mauricio Macri alentó la idea de la peligrosidad que, con cada vez más fuerza, representaba el narcotráfico para la Argentina, el cual se concentraba especialmente en las zonas fronterizas. En el año 2014, Patricia Bullrich ‒ministra de seguridad durante la gestión macrista‒ publicó un estudio denominado “Frontera Norte, tierra de nadie”, en el que denunciaba la relación directa entre el aumento de los delitos de narcotráfico con la ausencia de fuerza militar en las zonas de frontera (Interbloque Unión-Pro, 2014).

Dicha denuncia se concentró en la visibilización de la potencial amenaza que constituía la frontera con Paraguay por la ruta del narcotráfico que se establecía desde la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, actualmente considerada el mayor punto de producción de marihuana del Cono Sur, y su interconexión con la frontera brasileña que provee la producción de cocaína (UNODC, 2019).

Lo anterior se vería reflejado en los puntos claves de la campaña presidencial de la alianza política Cambiemos, siendo uno de ellos el ataque directo al problema del narcotráfico. Una vez en el gobierno, uno de los primeros actos de gestión del entonces presidente Macri fue involucrar a las FF. AA. en asuntos de seguridad interior. A fines de enero de 2016, el gobierno promulgó el Decreto 228/16 mediante el que declaró la emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio nacional, con el fin de “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado” que afectaba al país, según sus considerandos (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2015).

El gobierno, afirmando que el Operativo Escudo Norte no había dado los resultados esperados, lo transformó en el Operativo Fronteras Seguras sin modificar ninguno de sus objetivos, metas y prescripciones, lo que significó la continuidad del primero, bajo otro nombre. Seguidamente, en relación con la “protección del espacio aéreo” para perseguir la criminalidad organizada, se aprobaron las “Reglas de Protección Aeroespacial y se levantó el secreto militar de las Reglas de Empañamiento para la Defensa Aeroespacial, aprobadas en 2014” (Sanin, 2018:45).

Al respecto, Macri afirmó que

[…] tenemos que darles los equipamientos, el acceso a la tecnología del siglo XXI, más allá de nuestras restricciones que todos sabemos que tenemos en este momento en términos presupuestarios en nuestro país […] el apoyo fundamental que están haciendo las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en el control de nuestras fronteras. Ha sido un cambio histórico. (El Economista, 15/03/2019)

Sin embargo, el gobierno no había elaborado un diagnóstico integral sobre el narcotráfico en el país y, en especial, sobre el tráfico de drogas ilegales hacia la Argentina. Se desconocía el volumen de droga que se introducía en el país y de qué manera se lo hacía; también se ignoraba cuántos vuelos irregulares tenían lugar a través de la frontera Norte y, fundamentalmente, si esos vuelos furtivos estaban vinculados al narcotráfico, al contrabando de mercancías o al tráfico de personas, entre otros crímenes posibles. “Del mismo modo, se desconocían la envergadura y la diversificación de las organizaciones narcotraficantes internacionales que operaban en el país y de qué manera lo hacían” (Sanin, 2018:39).

Recién en el año 2018, el Ministerio de Seguridad publicó los resultados de la investigación “Evaluación de las estrategias de prevención y control del narcotráfico”, el cual presentaba un análisis de sentencias judiciales por infracción a la Ley 23737 y por el delito de contrabando de estupefacientes, en el ámbito de la justicia federal en el periodo 2014-2016 (Ministerio de Seguridad, 2018).

En el trascurso del periodo 2016-2018 se tomaron varias decisiones de política de seguridad en las fronteras, bajo los dos siguientes objetivos considerados urgentes: por un lado, frenar la entrada de las bandas en nuestras fronteras; por el otro, bajar la violencia en los barrios (habitualmente asociada al narcotráfico y al crimen organizado) y recuperar la autoridad del Estado (Cambiemos, 2015). En ese informe se evidencia una particular visión acerca de la gestión de la frontera en referencia al control de narcotráfico:

Las fronteras se encontraban con un grave déficit de infraestructura de seguridad, de personal y de medios. Menos del 8% del personal de la Prefectura Naval Argentina se encontraba ubicado en la zona más crítica del narcotráfico y del contrabando. Sólo había 1.800 efectivos desplegados en el Alto Río Paraná y en el Río Paraguay. La Gendarmería tenía asignados sólo 850 efectivos para asegurar y operar 101 pasos internacionales, menos del 3% de su personal. Sólo el 17% de las fronteras estaban radarizadas y la capacidad de defensa aérea del país era escasa. De hecho, todo el sistema de defensa estaba desatendido: los aviones no volaban, sólo unos pocos barcos funcionaban, faltaba equipamiento en todas las fuerzas. (Cambiemos, 2015:s.n.)

En este contexto, el Ministerio de Defensa emitió la Resolución 860/18 en la que estableció el Operativo Integración Norte en la zona de frontera comprendida entre la localidad de San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, y la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, es decir, toda lo frontera con Paraguay y parte de la región noreste (Ministerio de Defensa, 2018). En ese operativo se encomendó a las FF. AA. el fortalecimiento de las tareas de apoyo logístico que desarrolla el cuerpo militar con el Sistema de Seguridad Interior, así como el desarrollo de “actividades de adiestramiento operacional y operaciones de apoyo a la comunidad” (Ministerio de Defensa, 2018:s.n.). El Estado Mayor Conjunto quedó a cargo de impartir las directivas y la coordinación con las fuerzas de seguridad

La instalación del discurso del ingreso de la amenaza como un agente externo condicionó la intensidad del ejercicio de gestión de la seguridad en la frontera argentina, por lo que se propició el despliegue de dispositivos de vigilancia y la proclamación de nuevas medidas, justificados por los poderes públicos. De todos modos, estos no constituyeron un cambio trascendental en las políticas que ya se venían aplicando en gestiones anteriores.

Por tanto, el problema en torno a la consideración de las amenazas como instrumento para la gestión de políticas territoriales radica en “decidir que todo problema es de seguridad, posee el riesgo de ‘seguritizar’ su respuesta a través del uso de la fuerza pública o fuerza militar, sin considerar la esencia o naturaleza del problema a enfrentar” (Griffiths, 2007:95).

La continuidad del Plan Escudo Norte se basa en una plataforma que asegura resultados de mayores rangos de control de las movilidades en las fronteras terrestres y marítimas de un Estado, sobre la base de implementación de tecnologías, además del concurso de diversas agencias estatales que se coordinan para compartir información. El referido programa supone mayor dotación de recursos humanos y físicos a los cuerpos de seguridad, con el objetivo de vigilar y controlar el territorio fronterizo, a fin de eliminar el ingreso de productos ilícitos (contrabando y drogas), aunque sin detener los flujos comerciales legales.

Este último punto se traduce en el uso de tecnología en espacios fronterizos y dispositivos fijos y móviles para el control de caminos, carreteras y sectores no habilitados para el tránsito vehicular, aunque utilizados de hecho como zonas de paso. De este modo, se busca restringir el ingreso y la circulación de las sustancias ilegalizadas.

La derivación de estos planes de control sobre la frontera paraguaya se pueden leer como programa macro para la zona norte, que supone la coordinación de distintos niveles de la administración local y regional con las agencias de orden y seguridad centrales aplicados al control de tráfico de estupefaciente en la frontera.

Reflexiones finales

La política para la seguridad de la zona fronteriza argentino-paraguaya en relación al control del narcotráfico se da en el marco de la idea de una globalización segmentada que fortalece la intervención estatal de las fronteras en la construcción de muros contra lo indeseado, y la creciente necesidad de crear estrategias de seguridad funcionales sobre las cuales se erigen planes de control y gestión especializados. Mediante este mecanismo, el Estado garantiza la continuidad de los flujos comerciales consonantes con la política económica de apertura de mercado, aunque bajo una mayor supervisión que a la vez permita filtrar y controlar el flujo del tráfico ilegal de mercancías y narcóticos.

Las políticas de seguridad aplicadas no son solo una estrategia de contención y clasificación de los flujos; estas son, a su vez, un demarcador territorial, en tanto contribuyen a la construcción del imaginario social de la frontera como lugar de peligro. Desde esta perspectiva, el caso de la frontera argentino-paraguaya ha estado marcado por una visión amenazante de la alteridad en este lugar. Esta visión se mantuvo en los dos periodos de gobierno analizados, variando solo en la profundidad de aplicación de los mecanismos de control. Ello se explica desde la implementación de medidas estatales frente a actores no estatales bajo la lógica de la seguridad ampliada y la premisa que la amenaza ‒ahora por el narcotráfico‒ sigue teniendo su origen en el país vecino, y que no logra ser neutralizada por la falta de control. De todos modos, aún no se cuenta con un estudio que sustente dicha peligrosidad.

El resultado es que, a través de la gestión fronteriza con Paraguay, se promueve la generalización del miedo contra este territorio, justificando así la aplicación de medidas excepcionales y dispositivos de emergencia, que son diseñados para producir una categoría de sospecha a priori. Esto ha conducido a la militarización paulatina de esta frontera, ya sea mediante el empleo de dispositivos de alta tecnología o con el despliegue de fuerzas policiales y militares.

En efecto, esta ampliación de las amenazas convencionales a las no convencionales en el concepto de seguridad ha impactado notablemente en la política pública sobre la temática en la Argentina. Así, las amenazas no convencionales se han traducido en los argumentos prioritarios para generar estrategias de control de la frontera que van más allá de las propias amenazas, lo que da cuenta de un temor a los potenciales riesgos del país limítrofe. Resulta fundamental, en esta misma línea, preguntarse cómo las respuestas que el gobierno argentino está dando a la problemática de la seguridad interna en relación con el problema del narcotráfico se inscriben en el proceso de orden regional sudamericano.

En este sentido, se les atribuye a las FF. AA. la capacidad para afrontar las nuevas amenazas en contextos de Estados desbordados, que generalmente se concentran en espacios que han sido construidos como lugares de peligro. Una de las prioridades de esta estrategia, fundamentada en una supuesta complejidad geográfica de la región Frontera Norte, fue la seccionalización del territorio según ciertas prioridades y demandas de seguridad y control de flujos que, sin embargo, carecían de un estudio de caracterización territorial. Puede afirmarse, por tanto, que el paradigma de la seguridad nacional sigue ocupando un lugar prevalente en la política del régimen de control fronterizo.

Bibliografía

Agnew, J. (2006). “Entre la geografía y las relaciones internacionales”. Tabula Rasa, 5, 85-99.

Aguiar, J. (2010). “Stretching the border: Smuggling practices and the control of illegality in South America”. New Voices Series Nº 6, Global Consortium on Security Transformation.

Andreas, P. (2003). “Redrawing the line. Borders and security in the Twenty-first Century”. Internationality Security, 28(2), 78-111.

Baeza, M. (2016). Securitización de las fronteras en América del S8ur (2004-2014) [Tesis de maestría]. Buenos Aires: Universidad Torcuato Di Tella. Recuperado de https://bit.ly/37Wch1i.

Brieger, P. (2009). “La política exterior de la era Kirchner”. Ponencia presentada en el seminario “Política externa dos governos progressistas do Cone Sul: convergências e desafíos”. Sao Paulo, 29 y 30 de septiembre.

Carrascosa, M. I. (2018). “Aproximación teórica al concepto de securitización de la política migratoria”. Século XXI, Revista de Ciências Sociais, 8(1), 266-311.

Comba, L. (2011). “La política exterior argentina hacia el Paraguay”. Revista Brumario 4, 31-38.

Domenech, E. (2017). “Las políticas de migración en Sudamérica: elementos para el análisis crítico del control migratorio y fronterizo”. Terceiro Milênio. Revista Crítica de Sociologia e Política, 8(1), 19-48.

Eissa, S. (2005). “Lucha contra el narcotráfico y su impacto en América Latina”. Centro Argentino de Estudios Internacionales, Working Paper N° 02. Recuperado de https://bit.ly/3qW5rBP.

Flemes, D., y Radseck, M. (2012). “Gobernanza multinivel en América del Sur”. Papel Político, 17(1), 203-238.

Fuentes, C. (2008). “Fronteras calientes”. Foreign Affairs Latinoamérica, 8(3), [online]. Recuperado de: https://bit.ly/35fSFoF.

Griffiths, J. (2007). “Seguridad hemisférica en América Latina. Alcances y proposiciones”. Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, 1(1), 88-104. https://doi.org/10.3232/GCG.2007.V1.N1.04.

Grimson, A. (2004). “Fronteras, naciones y región”. Ponencia presentada en el Foro Social de las Américas. Quito, 25 al 30 de julio.
Recuperado de https://bit.ly/3oLZvcw.

Moncada Paredes, M. (2016). “Fronteras y seguridad en el nuevo regionalismo estratégico”. En AA. VV. Desafíos, perspectivas y horizontes de la integración en América Latina y el Caribe (pp. 197-255). Buenos Aires: CLACSO.

Newman, D. (2003). “On Borders and Power: A Theoretical Framework”. Journal of Borderlands Studies, 18(1), 13-25. https://doi.org/10.1080/08865655.2003.9695598.

Newman. D. (2006). “The lines that continue to separate us: borders in our `borderless’ world”. Progress in Human Geography, 30(2), 143-161.
https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx.

Nievas, F. y Bonavena, P. (2014). “La sociedad argentina se militariza: Yuxtaposición entre defensa y seguridad”. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP. Ensenada, 3 al 5 de diciembre.

Pinzón, G. (2015). “Territorios fronterizos. Agenda de seguridad y narcotráfico en Chile”. Estudios Internacionales, 181, 69-93.

Renoldi, B. (2015). “Estados posibles: travesías, ilegalismos y controles en la Triple Frontera”. Etnográfica, 19(3), 417 – 440.

Sanin, M. (2018). “¿Los militares como policías? Cambios en la seguridad en Argentina, 2013-2018”. Nueva Sociedad, 278, 36-47.

Santos, M. (1996). La Naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona: Editorial Ariel.

Tapia Ladino, M. (2017). “Las fronteras, la movilidad y lo transfronterizo: Reflexiones para un debate”. Estudios Fronterizos, 18(37), 61-80.
https://doi.org/10.21670/ref.2017.37.a04.

Villafuerte, D. (2009). “La centralidad de las fronteras en tiempos de mundialización”. Comercio Exterior, 59(9), 693 -703.

Fuentes de Información

Cambiemos. (2015). Propuesta del Frente Cambiemos – Derrotar al Narcotráfico. Pro Argentina. 16 de septiembre. Recuperado de https://bit.ly/37hZDL6.

Centro de Estudios Legales y Sociales. (2015). Derechos humanos en Argentina. Informe 2015. Buenos Aires: Siglo XXI.

El Economista. (15/03/2019). “Macri: ’Hubo un cambio histórico en el control de nuestras fronteras’”. Recuperado de https://bit.ly/2IMiRiq (consulta: 1/10/2019).

Innovación de Asuntos Estratégicos. (s/f). “Control de las fronteras a través de la radarización militar”. Recuperado de https://bit.ly/3mjVDOy (consulta: 11/10/2019).

Interbloque Unión-Pro. (2014). Frontera Norte, tierra de nadie. Informe sobre drogas. Recuperado de https://bit.ly/3gOPubK (consulta: 11/10/2019).

Ministerio de Defensa. (2010). Libro Blanco de la Seguridad. Buenos Aires, Gobierno de Argentina. Recuperado de https://bit.ly/3mgPAKn (consulta: 11/10/2019).

Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad. (2011). Resolución Conjunta 821/2011 y 905/2011. Seguridad interior. “Protocolo Interministerial para la transferencia de Datos Neutros de Movimientos Terrestres a las Fuerzas de Seguridad”. Argentina. Recuperado de https://bit.ly/34bMfq0 (consulta: 11/10/2019).

Ministerio de Defensa. (2018). “Operativo ‘Integración Norte’”. Argentina. 26 de octubre. Recuperado de https://bit.ly/37jInFg (consulta: 11/10/2019).

Ministerio del Interior. (2007). Resolución 795/2007. Cuerpo de capacitadores – creación. Argentina. Recuperado de https://bit.ly/3qXINZS (consulta: 11/10/2019).

Ministerio de Seguridad. (2016). Decreto 152/2016. Operativo Escudo Norte. Argentina. Recuperado de https://bit.ly/2K6VUY3 (consulta: 11/10/2019).

Ministerio de Seguridad. (2018). “Proyecto de Investigación. ‘Evaluación de las estrategias de prevención y control del narcotráfico’. Análisis de sentencias judiciales por infracción a la Ley 23. 737 y por el delito de contrabando de estupefacientes en el ámbito de la justicia federal (2014-2016)”. Informe final. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de https://bit.ly/3nn6ico (consulta: 11/10/2019).

Poder Ejecutivo Nacional. (2011). Decreto 1091/2011. Seguridad interior. Operativo Escudo Norte. Argentina. Recuperado de https://bit.ly/385WaOL (consulta: 11/10/2019).

Radio Formosa. (s/f). “Cómo funciona el operativo Escudo Norte en Formosa”. Recuperado de https://bit.ly/37iLywR.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). World Drug Report 2019. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de https://bit.ly/3qWWrwo (consulta: 11/10/2019).


  1. Lic. en Ciencias Sociales, especialista en educación y gestión ambiental, maestranda en Políticas Territoriales y Ambientales, UBA.


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