Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel

Introducción

La gestión de Cambiemos al frente del Gobierno Nacional ha constituido el cierre de una etapa abierta con la rebelión popular de 2001. El agotamiento de la “convertibilidad” y la creciente resistencia social que venía expresándose en las calles desde mediados de los años ’90 transformó una crisis económica y social en un cuestionamiento abierto a la administración política del Estado, lo que hizo eclosión en diciembre de 2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003). El período de transición abierto por entonces comenzó a cerrarse a mediados del año 2003, dando paso a un ciclo largo que parecería haberse agotado con la nueva crisis por la deuda que estalló en 2019 y la irrupción de la pandemia a comienzos de 2020. Este trabajo apunta a describir las características que asumió la conflictividad laboral y la negociación colectiva durante la gestión de Cambiemos al frente del Gobierno Nacional.

Desde esta perspectiva, muchas de las variables políticas, económicas y sociales que sirven para explicar el período 2015 – 2019 se vinculan con el período abierto casi dos décadas atrás, cuyos impactos han sido muy importantes sobre el sistema de relaciones laborales. En particular, a partir de 2003 se consolidaría un esquema donde el conflicto laboral en el sector formal y la negociación colectiva volvieron a ocupar un lugar central, que les otorgó a las organizaciones sindicales un papel muy relevante en la regulación de la compra venta de fuerza de trabajo.

El análisis de las razones que contribuyen a explicar la consolidación de dicho esquema excede el marco de este trabajo. Nos basta señalar aquí la existencia de elementos objetivos que operaron como condiciones de posibilidad para ello, entre los cuales se encuentran la devaluación real de la moneda y el consiguiente abaratamiento de los costos locales, la existencia de una importante capacidad ociosa producto de años de recesión económica y la disponibilidad de recursos externos. Esto ha sucedido, en un primer momento como consecuencia de la falta de pago de los servicios de la deuda y posteriormente originándose en el ciclo alcista de los precios internacionales de las commodities exportadas por nuestro país. A partir de 2012, comenzaron a hacerse evidentes los límites y tensiones de dicho modelo, en tanto desde entonces la economía argentina entró decididamente en un período de estanflación que sólo pudo sostenerse con la adopción de medidas que implicaban postergar la resolución de la crisis y limitar aun más los márgenes de maniobra en el futuro. El acuerdo firmado con el FMI en abril de 2018 constituye el punto cúlmine de este proceso y, en otras palabras, el principio del fin, sólo alterado por la irrupción de la pandemia del Covid-19. Sea cual sea la salida de la emergencia sanitaria, la economía argentina en general y el sistema de relaciones laborales, en particular, difícilmente volverán a un escenario similar al existente con anterioridad a marzo de 2020. Una nueva transición se ha abierto, sin que estén definidos aún los principales lineamientos de la próxima normalidad.

El accionar de las organizaciones sindicales entre 2003 y 2019 experimentó un proceso de “fortalecimiento o revitalización” (Etchemendy y Collier, 2008; Palomino, 2010; Senén González y Borroni, 2011; entre otros) que si bien va perdiendo fuerza conforme avanzan los años, logra mantener hasta el final del periodo una fuerte capacidad de movilización y resistencia. La recuperación del empleo formal, que creció al 5% anual acumulativo entre 2001 y 2011, constituyó la piedra angular de esta etapa y contrarrestó el proceso de disciplinamiento masivo que había supuesto el desempleo durante los años 90 y la hiperinflación de los 80. Este fortalecimiento estuvo signado por la aparición en escena de una nueva generación de trabajadores y trabajadoras con experiencias organizativas distintas (Arecco y cols., 2008; Lenguita, Montes Cató y Varela, 2010; Abal Medina y Diana Menéndez, 2011; Varela, 2013; Varela, 2015; entre otros) y su vínculo e interacción con dirigentes que habían vivido y sobrevivido a las derrotas sucesivas de la década del ‘90. En otras palabras, el análisis de la dinámica de las relaciones laborales en todo el período, a partir de la vinculación entre conflicto y negociación, requiere considerar la interacción entre direcciones sindicales relativamente consolidadas que se encontraban ante condiciones objetivas favorables para la acción sindical, y nuevas camadas de trabajadores y trabajadoras que en muchos casos hacían sus primeras experiencias en el mercado formal de fuerza de trabajo y en la actividad sindical. Esta “revitalización sindical” no se llevó adelante sin tensiones y contradicciones internas. Tal como ha ocurrido en otros momentos de auge, aparecieron divisiones y pujas; formas que asumen las organizaciones gremiales para canalizar tendencias internas y construir su propia fuerza. Efectivamente, la conformación de estructuras centralizadas y de bases dinámicas constituye el fenotipo de la estructura sindical argentina, y la etapa postconvertivilidad, con todas sus tensiones, no hubo de constituir una ruptura en este patrón de comportamiento.

Como parte de este proceso, la conflictividad laboral volvió a ocupar un lugar destacado, tanto en los ámbitos descentralizados como por rama de actividad -e incluso- a nivel de huelgas generales de alcance nacional. Durante toda esta etapa pudo registrarse a nivel nacional un incremento de los reclamos en los lugares de trabajo, incluso con disputas que, durante los primeros años del período, eran impulsadas por trabajadores y trabajadoras por fuera de las organizaciones sindicales. Por cierto, no fue un proceso lineal, en tanto estuvo condicionado por la evolución del ciclo económico y los cambios en las relaciones de fuerzas políticas a lo largo de la etapa. Así, se sucedieron entonces conflictos ofensivos y defensivos, con una dinámica cambiante que influía en los niveles, contenidos y modalidades de las acciones colectivas llevadas adelante por les trabajadores y sus organizaciones sindicales. Es evidente, de esta manera que las características de la conflictividad laboral están lejos de poder ser explicadas a partir de caracterizar a las bases como combativas y a las dirigencias como meros aparatos de control y disciplinamiento; más bien habría que poner el acento en las interacciones entre los distintos niveles de la estructura sindical y sus vinculaciones con el ciclo económico y las relaciones políticas.

Como contracara del crecimiento de la conflictividad laboral, y ante la persistencia de niveles de inflación que se ubicaron en torno al 25% anual a partir de 2007 y que rondaron el 40% anual a partir de 2014, la negociación colectiva -en tanto otra forma de cristalización de la relación de fuerzas entre capital y trabajo- recuperó su lugar como herramienta de regulación de las condiciones de compra venta de la fuerza de trabajo. La renovación periódica de acuerdos salariales importó, para las organizaciones sindicales, el acceso a crecientes recursos materiales y simbólicos, así como también un ejercicio de aprendizaje para toda una nueva generación de activistas. Aun así, en su mayoría estos acuerdos no pudieron superar su carácter salarial, y fue difícil, cuando no imposible, imponer nuevos temas de negociación o revertir e impedir la profundización de la flexibilización instalada convencionalmente durante las décadas anteriores (Campos y Campos, 2010).

Estas características generales de la etapa se mantuvieron entre los años 2015 y 2019, condicionadas por un contexto donde las condiciones objetivas para la acción sindical resultaban crecientemente desfavorables y por un retroceso en la relación de fuerzas políticas. En efecto, la asunción de un gobierno con un discurso marcadamente contrario a las organizaciones sindicales no impidió que los conflictos laborales y la negociación colectiva continuaran ocupando un lugar central en la determinación de los salarios nominales. Por cierto, esta dinámica asumió un marcado carácter defensivo, predominando los conflictos vinculados al sostenimiento de los puestos de trabajo y en oposición a las iniciativas de reforma laboral, y las negociaciones salariales centralizadas que una y otra vez corrían tras una inflación creciente.

Desde esta perspectiva, este trabajo apunta a describir las características que asumió la conflictividad laboral y la negociación colectiva durante la gestión de Cambiemos al frente del Gobierno Nacional. Para ello, en un primer momento incluimos una breve referencia a la evolución de las principales variables del mercado de fuerza de trabajo, en tanto estas últimas nos permiten realizar una primera aproximación al estado de la relación de fuerzas objetivas (Gramsci, 2000), sobre la cual se montan aquellos conflictos y sobre la que se construyen los mecanismos de regulación, tanto de carácter general (legislación) como sectorial (negociación colectiva).

Frente a esto, son preguntas que guían este trabajo: ¿cuál es la característica específica que asume la conflictividad laboral durante los últimos años del ciclo, cuando el avance patronal y la profundización de la crisis económica resultaron más evidentes? ¿Cuáles son las características del mercado de fuerza de trabajo que condicionaron la construcción y sostenimiento de dicha fuerza? ¿De qué forma se expresó o evidenció en estos años la fuerza construida durante los años anteriores, tanto en los enfrentamientos como en los resultados de los mismos?

Para observar el conflicto laboral desde la conflictividad abierta, realizamos un análisis cuantitativo a partir de la elaboración de una base de datos. La misma se realiza desde el 2007, a partir de la lectura de un medio de prensa por región, dos diarios de tirada nacional y un medio sindical. Desde el 2014 relevamos las acciones que ocurren en el marco de cada conflicto laboral, a fin de poder caracterizar las formas que asumen las luchas y su nivel de intensidad. En este sentido, un conflicto puede reunir más de una de estas manifestaciones y en parte, de ello depende su intensidad.

Para el análisis de la negociación colectiva, hemos limitado el estudio a la negociación formal, es decir, aquellos convenios y acuerdos celebrados entre trabajadores y trabajadoras con sus empleadores homologados por el Ministerio de Trabajo, por lo cual, esta selección supone una serie de aclaraciones que limitan y dan forma a un particular objeto de estudio: 1) los convenios y los acuerdos colectivos de trabajo que se analizaron fueron sólo aquellos homologados por el Ministerio de Trabajo y socializados a partir de su publicación en la web; 2) las condiciones acordadas en los mismos aplican a trabajadores y trabajadoras registrados en el Sistema de Seguridad Social; por lo cual, quedan excluidos del universo de análisis aquellos trabajadores no registrados y/o que trabajan de manera informal; 3) casi la totalidad de esos convenios y acuerdos pertenecen a sectores del ámbito privado, quedando por fuera una variedad de negociaciones desarrolladas en el ámbito público; y 4) los convenios y acuerdos se registraron según su fecha de homologación, es decir que ésta no coincide necesariamente con la fecha de celebración: a veces hay sólo unos meses de diferencia entre ambas; otras, la diferencia puede ser de uno o más años.

El mercado de trabajo y las reformas durante el Gobierno de Cambiemos

En enero de 2016, a pocas semanas de haber asumido como ministro de Economía del nuevo gobierno, Alfonso Prat-Gay dejó clara la postura de la nueva gestión frente a la relación existente entre salarios y empleo. Señaló que:

Cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos^[1]

Cuatro años más tarde, el comportamiento del mercado de fuerza de trabajo durante el Gobierno de Cambiemos puede leerse a la luz de aquellas declaraciones: no sólo los salarios de trabajadores y trabajadoras encuadrados bajo un convenio colectivo se deterioraron significativamente, sino también que el empleo lo hizo al mayor ritmo alcanzado desde la crisis final de la Convertibilidad a finales de 2001 y principios de 2002. En otras palabras, el supuesto dilema entre salarios y empleo se demostró completamente falso, mientras que las políticas laborales y económicas implementadas en estos cuatro años fueron impactando negativamente, tanto en materia de precios como de cantidades, profundizando el escenario de estancamiento y retroceso iniciado en 2012.

El deterioro del empleo se observa en la caída constante de los puestos de trabajo registrados en el sector privado y en un crecimiento muy importante de las modalidades más precarias de inserción en el mercado de trabajo, en particular los puestos no registrados y el trabajo por cuenta propia. En efecto, entre el primer trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2019 la cantidad de ocupados se incrementó en casi un millón y medio. Esto se explica, sin embrago, por el crecimiento de las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional: trabajadores por cuenta propia y asalariados no registrados. Simultáneamente, en el mismo período se registró una caída absoluta de la cantidad de ocupados registrados en el sector privado, descendiendo hasta una cifra que llegó a ubicarse en los valores mínimos desde el año 2012, y una relativa estabilidad del sector público, cuya variación acompañó al crecimiento vegetativo de la población (ver tabla n° 1).

Tabla Nº 1. Puestos de trabajo totales según modalidad de inserción en la estructura ocupacional. 1er trimeste 2016 vs. 1er trimestre 2019. En miles

	1° Trim 2016	4° Trim 2019	Variación
			absoluta	%
Total general	19.735	21.195	1.460	7,4%
Total sector público	3.400	3.528	128	3,8%
Sector privado registrado	7.213	7.090	-123	-1,7%
Asalariados no registrados	4.404	5.078	674	15,3%
No asalariados	4.718	5.499	781	16,6%

Fuente: INDEC, Cuenta de Generación del Ingreso.

Este proceso de deterioro y precarización del mercado de fuerza de trabajo se hizo más evidente a partir de abril de 2018, coincidiendo temporalmente con la firma de un nuevo acuerdo con el FMI que no hacía más que denotar la incapacidad de repago de la deuda y preanunciaba una crisis que se manifestaría con toda crudeza desde entonces. En particular ello se hizo evidente en la destrucción ininterrumpida de puestos de trabajo formales que habría de prolongarse entre abril de 2018 y diciembre de 2019, y que implicó una caída del 4,5% en el total de trabajadores registrados pertenecientes al sector privado en poco más de un año y medio.

El retroceso del empleo registrado y la creciente precarización de la estructura ocupacional estuvieron lejos de ser producto de un incremento salarial en términos reales. Muy por el contrario, durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos, el salario de los trabajadores y las trabajadoras retrocedió en forma constante, alcanzando un deterioro de casi el 20% y ubicándose en los mínimos desde el año 2008 (ver gráfico n° 1).

Gráfico Nº 1. Evolución del salario real de los trabajadores registrados del sector privado, enero 2009 = 100

Fuente: Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) con datos del Ministerio de Trabajo – OEDE, IPC 9 provincias, IPC CABA e IPC INDEC.

La caída del empleo registrado, el incremento de la precarización laboral y el retroceso salarial deben complementarse con la mención a los intentos gubernamentales de introducir ciertas modificaciones en la legislación laboral y previsional, en todos los casos con contenidos perjudiciales para les trabajadores.

En particular, el Gobierno Nacional presentó varios proyectos de ley que incluían reformas a la ley de contrato de trabajo, la creación de formas contractuales por fuera de la legislación laboral, el reemplazo de la indemnización por despido por un fondo de cese laboral, la eliminación de las sanciones por la falta de registración laboral, la reducción de los aportes patronales, etc. Estos proyectos, a excepción de la reducción de los aportes patronales y la modificación de la ley de movilidad jubilatoria, no pudieron siquiera llegar a ser tratados por el Congreso Nacional, en gran medida por la oposición que generaron dentro del conjunto de trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones sindicales.

Como veremos a continuación, el creciente deterioro del mercado de fuerza de trabajo implicó un debilitamiento de les trabajadores en la relación de fuerzas objetiva, dificultando la promoción de conflictos colectivos. Sin embargo, ello no constituyó por sí mismo un obstáculo al impulso de numerosas acciones de resistencia, tanto en el plano del conflicto abierto como a través de la resistencia por vía de las herramientas institucionales. En otras palabras, la acumulación de fuerza subjetiva durante el período previo habría contrarrestado, al menos parcialmente y en el corto plazo, la existencia de una relación de fuerzas objetiva crecientemente desfavorable. La imposibilidad del Gobierno de Cambiemos de modificar sustancialmente la dinámica de la lucha, tanto en su faz de conflicto abierto como en la de negociación colectiva, constituye una muestra resultante de aquel proceso.

La resistencia obrera durante el Gobierno de Cambiemos

La profundización de la crisis económica, el retroceso del empleo y la necesidad de avanzar sobre derechos y conquistas laborales por parte del gobierno no se tradujo en una disminución drástica de la conflictividad laboral, aunque sí en una modificación de su dinámica, contenido y modalidad. En efecto, el conflicto laboral, en tanto acto colectivo, calculado y diseñado para expresar un agravio o hacer cumplir una demanda por parte de un grupo de trabajadores (Griffin en Hyman, 1989), puede asumir múltiples formas, más o menos visibles, incluyendo desde una negociación pacífica hasta boicots al proceso productivo: estos medios de expresión son tan ilimitados como el ingenio de los trabajadores. Acciones así pueden afectar a un gran número de trabajadores, ser ejecutadas sólo por un sector o trabajador clave, ser promovidas por un sindicato o una organización de delegados (Kerr en Hyman, 1989) e incluso por un colectivo sin presencia de una estructura sindical. Más allá de la manera en que se plasme, el conflicto laboral es inherente al antagonismo entre quienes son los dueños de los medios de producción y quienes sólo cuentan con la venta de su fuerza de trabajo para subsistir, y es la forma en la cual se exterioriza el antagonismo de clases, entre trabajadores y empleadores.

El ciclo de conflictividad laboral iniciado a partir de 2003 y que llega hasta 2015 estuvo signado por conflictos defensivos en los lugares de trabajo y ofensivos a nivel de actividad. En los establecimientos, los delegados y delegadas sindicales motorizaron disputas por deudas salariales y despidos, contra las prácticas antisindicales por parte de las empresas (persecución de activistas, amenazas, despidos antisindicales, etc.), y también, en algunos casos, conflictos ofensivos ligados a reclamos por regularizaciones y mejoras de las condiciones de trabajo. Por el contrario, a nivel de rama de actividad, las estructuras sindicales buscaron mejorar los salarios mediante el reclamo de aumentos porcentuales y bonos de fin de año^[2].

La dinámica de la conflictividad empezó a mostrar cambios a partir de 2016. Las luchas defensivas atravesaron todos los niveles: conflictos en los lugares de trabajo vinculados a despidos masivos y cierre de empresas, además de medidas de fuerza a nivel de rama por el deterioro salarial, junto a huelgas generales contra las reformas laborales. Fueron estos los rasgos principales que se vislumbraron durante 2016-2019.

Las luchas obreras durante el Gobierno de Cambiemos se plasmaron en, al menos, 3.330^[3] conflictos laborales. De éstos, el 51% ocurrieron en el sector público, el 35% en el privado, el 8% en la economía informal y el 6% en más de un sector. A lo largo de este período, el patrón de conflictividad iría variando, incluyendo momentos de mayor y menor centralización e intensidad.

En 2016 los conflictos fueron mayoritariamente impulsados por les trabajadores del sector público (56%) a través de acciones en gran medida descentralizadas, aunque ya durante los primeros meses se registran acciones a nivel más agregado como el paro y las movilizaciones de ATE del 24 de febrero, las movilizaciones de la CGT, la CTA-A, y la CTA-T el 29 de abril por la sanción de la ley antidespidos, la movilización multisectorial por “Pan, Paz y Trabajo” el 7 de agosto y la Marcha Federal, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Este protagonismo de la conflictividad en el sector público se dio como respuesta al intento de avanzar sobre los puestos de trabajo y el control del gasto público.

En el sector privado la conflictividad laboral iría en alza a lo largo del año. En particular, se explicó por motivos vinculados a situaciones de crisis, cuya participación en el total de conflictos se ubicaría en los valores más altos de la década. En el marco de esta situación generalizada de despidos, suspensiones y deudas salariales, y luego de una masiva movilización convocada por todas las centrales sindicales para el 29 de abril, el Congreso Nacional sancionó una ley de prohibición de los despidos, que sin embargo, habría de ser vetada por el Gobierno Nacional.

De esta manera, la conflictividad durante 2016 se focalizó en la resistencia contra los despidos y la búsqueda por limitar la caída del salario real. Estos dos ejes estructuraron los planes de lucha desarrollados por las organizaciones sindicales, que en comparación con períodos anteriores, fueron incrementando su intensidad y centralización.

Las disputas de les trabajadores informales fueron en alza y sus organizaciones confluyeron con las centrales sindicales en una movilización desde la Iglesia San Cayetano hacia el Ministerio de Trabajo bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. Esta articulación se mantuvo durante todo el segundo semestre y sumó al pliego de demandas, un salario universal y la sanción de la emergencia social.

En 2017 y 2018 se produjo una caída de la cantidad de conflictos en los sectores público y privado, mientras que comenzaban a crecer las disputas de les trabajadores informales. Se observa, no obstante, una mayor centralización impulsada por centrales sindicales, intersindicales, multisectoriales y frentes sindicales mediante movilizaciones masivas y huelgas generales.

En 2017, el retroceso en la cantidad de conflictos laborales se dio a la par de la presencia de masivas movilizaciones de trabajadores, desarrolladas en los meses de marzo, abril, junio, agosto, noviembre y diciembre. Los motivos de los conflictos también tuvieron un patrón diferenciado. Por un lado, la resistencia frente a situaciones de crisis se mantuvo mayoritariamente en forma descentralizada, a nivel de los lugares de trabajo, pero incluyó crecientes acciones a nivel nacional, incorporando este reclamo en huelgas generales o provinciales y en numerosas movilizaciones masivas donde las organizaciones sociales tuvieron un rol fundamental. La resistencia a la pérdida salarial se plasmó en acciones centralizadas, mayoritariamente a nivel de rama de actividad, mediante paros y movilizaciones por apertura o reapertura de paritarias por sector. Por último, la resistencia centralizada de todo el arco sindical a la reforma previsional y laboral a fines de 2017.

En 2018, a medida que la crisis económica se iba profundizando, la respuesta del conjunto de les trabajadores tendió a expresarse de distinta forma. Por un lado, los conflictos descentralizados, tanto en el sector público como en el sector privado, se fueron limitando crecientemente a aquellas situaciones de crisis donde la reivindicación pasaba por la defensa de los puestos de trabajo. A su vez, la crisis económica fue ampliando las condiciones para el crecimiento de los conflictos de los trabajadores del sector informal, que a lo largo del 2018 ocuparon un lugar cada vez más relevante. Finalmente, estos cambios en el patrón de la conflictividad laboral se combinaron con un marcado crecimiento de protestas sociales vinculadas a cuestiones de género, donde las organizaciones sindicales participaron activamente.

Entre los principales conflictos se encuentran: la huelga general del 25 de junio de 2018 contra el acuerdo con el FMI, el atraso salarial, el ajuste y el aumento de tarifas; la huelga general del 25 de septiembre de 2018 por “la defensa del empleo y el salario, el rechazo al ajuste y el endeudamiento, la rectificación del plan económico y un pedido a poner como eje central a la seguridad social” y la movilización masiva del 25 de octubre contra el presupuesto 2019. Ello permitió mantener altos niveles de conflictividad a pesar de una marcada retracción en los reclamos a nivel de empresa en el sector privado, y a nivel provincial y municipal, en el sector público.

La respuesta del Gobierno de Cambiemos a esta dinámica conflictiva fue contundente. En efecto, durante 2018 se registró la mayor cantidad de hechos de represión por parte de las fuerzas de seguridad desde el inicio de su gestión^[4].

Durante 2019 continuó decreciendo la cantidad de conflictos en el sector público. Por el contrario, los conflictos en el sector privado habrían de crecer un 10% producto de las situaciones generalizadas de despidos, cierres, suspensiones y deudas salariales en empresas de diversas actividades. Los conflictos de trabajadores informales también se incrementaron, registrando su máxima presencia desde 2011.

Esta modificación en la dinámica de la conflictividad laboral puede responder a múltiples causas. En términos generales los efectos disciplinadores de la crisis del mercado de trabajo sobre el conjunto de les trabajadores no deben ser subestimados. A la par de ello, la existencia de elecciones en todo el país, podría haber impulsado a numerosos gobiernos provinciales a buscar rápidos acuerdos con los sindicatos del sector público provincial para disminuir la conflictividad, tal como se aprecia en las múltiples cláusulas gatillo incorporadas en los acuerdos salariales del sector durante 2019.

A lo largo de cuatro años también pueden destacarse particularidades en la evolución de las acciones conflictivas^[5]. Por un lado, la importante cantidad de acciones en el sector público en el año 2016, como respuesta al fuerte ajuste en el Estado Nacional, seguido de una caída de los reclamos en el 2017, año en el que las variables macroeconómicas tendían a mostrar cierta estabilización e indicios de recuperación. Por el otro, un fuerte crecimiento de las acciones conflictivas durante 2018 que abarcó a todos los sectores, y que fue particularmente importante en aquellas medidas en las que confluían organizaciones de distinto tipo y actividad. En contraste, en 2019 se observa una fuerte caída de las acciones en el sector público y en ambos sectores, aunque en este último caso sigue por encima de los valores registrados en 2016 y 2017.

Gráfico Nº 2. Evolución de las acciones conflictivas totales según sector 2016-2019

Fuente: Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

Al observar la evolución de los distintos tipos de acciones^[6] vemos que el paro de actividades fue la medida de fuerza con mayor frecuencia, registrando un total de 1250 acciones seguida por las movilizaciones, las medidas comunicacionales, las actividades en la vía pública y los cortes. En todos los casos se registra una caída en 2019, producto de una menor cantidad de acciones en el sector público.

Tabla Nº 2. Distribución de las acciones conflictivas según tipo 2016-2019

	2016	2017	2018	2019	Total
Paro	395	289	316	250	1250
Movilización	254	208	325	203	990
Comunicacional	168	229	248	222	867
Actividad en la vía pública	175	200	258	188	821
Corte	140	106	142	85	473
Ocupación	50	64	64	22	200
Piquete	50	74	24	22	170
Otros[7]	229	169	260	174	832
Total	1461	1339	1637	1166	5603

Fuente: Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

El agrupamiento de la Tabla n 3 muestra el alto grado de intensidad que adquirieron las luchas obreras a lo largo de los cuatro años del Gobierno de Cambiemos. En efecto, el 70% de las acciones sindicales totales fueron las de mayor grado de intensidad, tendencia que iría decreciendo levemente a lo largo del período^[8]. El resultado de esta dinámica es que las acciones se traducen en una paralización de los lugares de trabajo y/o en una exteriorización de los conflictos en las calles y rutas.

Tabla Nº 3. Distribución de las acciones sindicales según su grado de intensidad 2016 – 2019

	2016	2017	2018	2019	Total
Menor grado de intensidad	388	395	500	390	1673
Mayor grado de intensidad	1073	944	1137	776	3930
Total	1461	1339	1637	1166	5603

Fuente: Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

Al observar la distribución trimestral del total de acciones más intensas puede verse cómo este comportamiento se corresponde con el momento de negociación de paritarias, dando por resultado que se yuxtaponga la resistencia por las situaciones de crisis y la de pérdida de salarios durante los segundos trimestres, y una profundización a partir de abril de 2018, a la par de la firma del acuerdo Stand By con el FMI, medida que fue rechazada por las organizaciones de trabajadores en numerosas acciones.

Las resistencias colectivas se expandieron durante los cuatro años y en cierta medida puede afirmarse que resultaron exitosas, aun a pesar del persistente deterioro experimentado por el empleo y los salarios. La vitalidad de las organizaciones sindicales, incluyendo aquí no sólo a los sindicatos formales sino a todas aquellas experiencias de articulación colectiva de trabajadores y trabajadoras en tanto tales, fue un dato distintivo de la etapa, así como también su capacidad de imponer un veto a la profundización del ajuste en los términos buscados por el Gobierno Nacional.

Resistencias y adaptaciones: la negociación colectiva en los últimos cuatro años

La negociación colectiva y el conflicto laboral son parte del mismo proceso: mientras el conflicto es un elemento constitutivo de las relaciones laborales, la negociación colectiva constituye una de las expresiones de ese conflicto en un momento determinado, es un acuerdo coyuntural entre dos fracciones cuyos intereses son antagónicos. Ese acuerdo será provisorio y esa “paz laboral” (Hyman, 1979) permanecerá hasta que el conflicto, siempre latente, vuelva a manifestarse mediante alguna acción de descontento que dará origen a una futura negociación.

Durante la etapa iniciada en el año 2003, la negociación colectiva se convirtió en un factor central del sistema de relaciones laborales, principalmente por su intervención en la regulación del precio de compra-venta de la fuerza de trabajo^[9]. En particular, a partir de 2006 se transformó en un mecanismo para impulsar aumentos reales de los salarios de convenio, y desde 2016, en un mecanismo para impedir un ajuste aun mayor al que efectivamente tuvo lugar.

Hasta el año 2015 la negociación colectiva se centró en la renovación o creación de convenios colectivos de trabajo por actividad o empresa, los que incluyeron cláusulas sobre distintos temas, salariales y no salariales, y fundamentalmente en la actualización salarial a nivel de actividad, a partir de la renovación de las escalas de los convenios y/o, la inclusión de ítems de remuneración variable, tales como premios, bonificaciones, sumas por única vez, entre otros.

La llegada de Cambiemos al Gobierno Nacional incluyó planteos a nivel discursivo tendientes a introducir modificaciones en el sistema de negociación colectiva. Si bien la intervención del Ministerio de Trabajo en las discusiones paritarias favoreció la postura de los empleadores, esto no llegó a plasmarse en cambios institucionales, a excepción de la eliminación de la paritaria nacional docente en el año 2017^[10].

Por su parte, la negociación colectiva salarial intentó ser condicionada a partir de la búsqueda de imponer “techos salariales”, es decir, topes a la hora de negociar aumentos en línea con la inflación prevista, que las organizaciones sindicales no deberían traspasar. Sin embargo y debido a los fallidos intentos de controlar la inflación, desde el año 2016 las negociaciones salariales adquirieron distintas particularidades para intentar paliar la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos (ver tabla n° 4). Durante la ronda de ese mismo año, en muchos casos se optó por desdoblar la negociación en dos acuerdos semestrales; un año más tarde la estrategia sindical se plasmó en el impulso de cláusulas gatillo y cláusulas de revisión. A su vez, en el año 2018 se replicó el modelo del año anterior, incluyéndose en la mayoría de los acuerdos cláusulas de revisión que empujaron a sindicatos y empleadores a negociar y “revisar” más de una vez al año las escalas salariales. Con las revisiones realizadas en el último trimestre del año 2018, la gran mayoría de los aumentos anuales rondaron el 40%, lejos de la inflación anual que fue del 47,6%.

El comienzo de la ronda salarial del año 2019 tuvo como centro la revisión de los aumentos negociados en 2018. La mayoría de los aumentos de la ronda de 2019 giraron en torno al 30% y se pactaron revisiones para evaluar el impacto del índice de precios sobre los salarios. En algunos casos, se optó por negociaciones trimestrales para revisar periódicamente este índice e ir pactando aumentos según su comportamiento. En otros, se optó por repetir la misma estrategia que el año anterior, es decir, la inclusión de cláusulas de revisión que comprometan a las partes a negociar y evaluar la situación de los salarios en relación al comportamiento de la economía. La imposibilidad de controlar los aumentos de precios y la fuerte devaluación post elecciones primarias de agosto volvieron a impulsar una ronda de revisiones que en muchas actividades se prolongó hasta entrado el año 2020, en el que encontramos sectores que han logrado aumentos totales entre el 50% y el 55% anual y sectores que han quedado muy lejos de la inflación anual para 2019 (53,8%).

Tabla Nº 4. Comparación entre meta inflacionaria, primeras negociaciones, aumentos finales e inflación anual (2016-2019)

Año	Meta inflacionaria	Primeras negociaciones	Aumentos anuales finales	Inflación anual (INDEC)
2016	25%	Los acuerdos que se negociaron en el primer y segundo trimestre, acordaron entre el 15% y el 25% de aumento, como el caso del sector de entidades civiles y deportivas, construcción, comercio, plástico, papelera, estaciones de servicio y gráfica.	Los aumentos finales rondaron entre el 30% y el 40% anual, incluyendo tanto aquellas actividades que desdoblaron su negociación como aquellas que negociaron un porcentaje anual; algunos ejemplos son: textiles, administración pública, transporte de pasajeros, bancarios, sanidad, químicos, aceiteros, alimentación.	40,9%
2017	12-17%	Los acuerdos que se negociaron entre el primer y el segundo trimestre, acordaron entre el 10% y el 20% de aumento, como el caso de ferroviarios, mecánicos, bancarios, municipales de CABA y no docentes universitarios.	Los aumentos finales, cláusulas gatillo y de revisión de por medio, rondaron entre el 20% y el 25% anual; entre estas actividades se encuentran: entidades civiles y deportivas, comercio, gastronómicos, construcción, estaciones de servicio, metalúrgicos y vestido.	24,8%
2018	15%	Los acuerdos que se negociaron entre el primer y el segundo trimestre, acordaron entre el 15% y el 19% de aumento, tales como las siguientes actividades: bancaria, entidades civiles y deportivas, aceitera, comercio, construcción, transporte de pasajeros, administración pública y petroleros (refinación).	Los aumentos finales, revisiones de por medio, rondaron entre el 40% y el 45% anual, ejemplo de ello son los siguientes sectores: metalúrgica, alimentación, sanidad, transporte de cargas, comercio, mecánica, aceitera y estaciones de servicio.	47,6%
2019	Sin meta de inflación oficial. Pauta inicial en torno al 23%	Los acuerdos que se negociaron entre el primer y el segundo trimestre del año, acordaron aumentos en torno al 23% y 30% anual, tales como las siguientes actividades: entidades civiles y deportivas, encargados de edificios, metalúrgica, bancaria y aceitera.	Los aumentos finales, revisiones de por medio, resultaron muy dispares de acuerdo a la capacidad de revisión durante el año. Así, tenemos algunos sectores que cerraron en torno al 50% y 55% anual (farmacia, entidades y civiles y deportivas, bancaria, agentes de propaganda médica, aceitera, rurales, mecánica y sanidad) y otros que lo han hecho en torno al 30% y 35% anual (administración pública, maestranza y textiles).	53,8%

Fuente: elaboración propia en base a los acuerdos salariales y al Ministerio de Economía.

Finalmente, cabe destacar que la introducción de condiciones de trabajo “flexibles” por vía de la negociación colectiva tampoco se generalizó durante este período, quedando limitada a algunos casos puntuales. Para mencionar algunos ejemplos, el acuerdo firmado en 2017 entre la Unión del Personal Civil de la Nación y el Estado Nacional para les trabajadores de la Administración Pública Nacional incluyó premios por presentismo y por productividad; a su vez, la renovación de convenios colectivos de la industria petrolera incluyó la flexibilización de un conjunto de condiciones de trabajo. A nivel de empresa -pero no por eso menos importante- encontramos la firma del convenio entre una de las empresas nacionales líderes, Mercado Libre y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga. Si bien es un convenio que abarca a pocos trabajadores, su firma tuvo un importante peso simbólico, dada la visibilidad del fundador y CEO de esta empresa, Marcos Galperín, un empresario muy cercano al Gobierno de Mauricio Macri. El acuerdo, ente otras cuestiones, desdibuja por completo la jornada laboral, afectando así los descansos diarios, las licencias anuales y las horas extras; así como también, eliminando el sistema de categorías, incorporando el concepto de “polivalencia funcional”, donde todos los trabajadores están obligados a realizar cualquier tarea.

Si bien son pocos los ejemplos de negociación de convenios con estas características, esto no quiere decir que la ofensiva contra las y los trabajadores haya sido menor; los datos sobre la reducción de puestos de trabajo, la precarización del empleo, la pérdida de salario real y el descenso de la conflictividad, nos alertan sobre un contexto que sí golpeó al conjunto de trabajadoras y trabajadores. La imposibilidad de avanzar con modificaciones institucionales por parte de la gestión de Cambiemos nos muestra la importante resistencia durante este periodo, pero no por esto debemos dejar de lado que la clase trabajadora ha perdido mucho de lo que había logrado recuperar, al menos en parte, luego de la salida de la crisis de principio de siglo.

Las relaciones laborales durante el Gobierno de Cambiemos: una mirada de conjunto sobre los retrocesos y las resistencias

Una lectura superficial de la evolución de las principales variables sociales, y en particular, de aquellas vinculadas al mercado de fuerza de trabajo durante los años 2015-2019 podría conducir a caracterizar dicho período como un período de derrota para el conjunto del movimiento obrero. Caída del empleo y los salarios, disminución de la cantidad de conflictos laborales y una negociación colectiva marcadamente defensiva fueron tan sólo algunas dimensiones salientes de la etapa. Sin embargo, una mirada más detallista sobre la dinámica de las relaciones laborales permite matizar significativamente tal afirmación. En efecto, en un contexto de persistente deterioro de las principales variables del mercado de fuerza de trabajo, el conjunto de los trabajadores, trabajadoras y las organizaciones sindicales y sociales mostraron una gran capacidad de resistencia.

Las características de la conflictividad laboral durante el período 2015-2019, entendida como la articulación entre acciones de lucha y negociación colectiva, estuvieron relacionadas con una acumulación de fuerza que, en gran medida, estuvo condicionada por los vaivenes políticos y económicos de la etapa cuyos principales pilares se estructuraron a partir de 2003. En otras palabras, el ciclo de crecimiento económico iniciado por entonces, su impacto en términos de una relación de fuerzas objetiva más favorable para los trabajadores, junto a un lugar de mayor importancia de las organizaciones sindicales en la relación de fuerzas políticas, permitieron impulsar acciones reivindicativas durante los años de bonanza y, a la vez, moldearon la capacidad de resistencia una vez que las señales de agotamiento comenzaron a hacerse evidentes a partir de 2012^[11]. De esta manera, durante el período de auge económico se gestaron las condiciones para una expansión del conflicto reivindicativo tanto a nivel centralizado como descentralizado, mientras que en momentos de crisis económica y embestida empresarial la morfología de la conflictividad laboral mutó. Desde entonces, los reclamos descentralizados se focalizaron en la defensa de los puestos de trabajo, mientras que los conflictos centralizados apuntaron a impedir u obstaculizar los avances patronales en el plano institucional vinculado a la regulación de las condiciones de compra venta de la fuerza de trabajo.

Por otra parte, el triunfo electoral de Cambiemos en 2015 no se tradujo en un cambio radical del sistema de relaciones laborales. De ello no debe desprenderse que ella no haya sido la intención del gobierno entrante, sino más bien que les trabajadores y sus organizaciones contaban con una fuerza acumulada que les permitió resistir exitosamente y, de esa manera, garantizar la continuidad de un sistema donde el conflicto, entendido como lucha y negociación, se encuentra dentro de sus principales herramientas de disputa. Este sistema no fue suficiente para impedir el deterioro persistente de la situación social en general, y del mercado de trabajo en particular. Sin embargo, sí contribuyó a deslegitimar socialmente el proyecto político de Cambiemos al punto tal que su gobierno culminaría sin haber podido implementar gran parte de las políticas laborales de su agenda inicial; ni siquiera luego de su victoria electoral de medio término en 2017. Las iniciativas legislativas tendientes a modificar a la baja las normas laborales ni siquiera fueron tratadas por el Congreso Nacional. El sistema de negociación colectiva por rama de actividad no se modificó en lo sustancial y tan sólo realizó ajustes defensivos en su dinámica para eludir las presiones oficiales y responder así a niveles crecientes de inflación. Además, la capacidad de resistencia colectiva por medio de la acción directa mostró altos niveles de conflictividad, incluyendo cinco huelgas generales y numerosas movilizaciones masivas.

Incluso la modificación de la fórmula de actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aprobada por el Congreso en diciembre de 2017 –el avance más importante logrado por el oficialismo de entonces– fue al mismo tiempo uno de los momentos de mayor resistencia de los trabajadores y trabajadoras. En efecto, se trató de una victoria sumamente costosa para el Gobierno Nacional, por cuanto las movilizaciones masivas del 14 y 18 de diciembre, y la resistencia contra la represión de las fuerzas de seguridad, mostraron la capacidad de respuesta ante iniciativas que tenían como objetivo descargar las consecuencias del ajuste sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras. El gobierno consumió en dichas jornadas gran parte del capital político que había acumulado en el triunfo electoral obtenido apenas dos meses atrás, y que poco tiempo después habría de entrar en una pendiente de descomposición que culminaría con su derrota electoral en agosto de 2019.

Desde esta perspectiva, las políticas económicas implementadas por el Gobierno de Cambiemos pueden entenderse, en un primer momento, como el intento de superar los límites al proceso de acumulación que la economía local venía acumulando desde 2012 en perjuicio de la clase trabajadora. Fracasado este intento, no sólo por las propias inconsistencias del programa económico sino también por la resistencia social que provocaba, en una segunda etapa se abriría un período de salida que implicaba generar las condiciones para la realización y puesta a resguardo de las ganancias acumuladas en los años anteriores por parte de las fracciones más determinantes de la burguesía que opera localmente. El acuerdo celebrado con el FMI en abril de 2018 operó como bisagra y al mismo tiempo como señal de largada para el cierre de una etapa iniciada casi dos décadas atrás. A partir de entonces, el ritmo de deterioro de los indicadores sociales se profundizará y el margen de maniobra para llevar adelante políticas económicas será cada vez más estrecho.

Por el contrario, desde la posición de los trabajadores la forma que adoptaría la resolución de esta crisis presenta aspectos contradictorios. Por un lado, la capacidad de veto del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, junto a sus organizaciones colectivas, se plasmó durante cuatro años en miles de acciones de resistencias -centralizadas y descentralizadas- y contribuyó decisivamente con la derrota electoral del oficialismo de por entonces. Sin embargo, se trata de un triunfo que no pudo traducirse en acciones ofensivas que plantearan alternativas para enfrentar los desafíos del estancamiento en el que la economía local se encuentra desde el año 2011.

El triunfo del Frente de Todos en las elecciones presidenciales de 2019 pudo haber generado alguna expectativa sobre la posibilidad de revertir las medidas implementadas durante el gobierno anterior y, de alguna manera, volver a la senda trazada entre los años 2003 y 2015. El análisis de la factibilidad de dicho objetivo, a la luz de los acontecimientos que tuvieron lugar en 2020, no pasa de ser un mero ejercicio contrafáctico. Sin embargo, si el Gobierno de Cambiemos es entendido como el cierre de un período más largo, en el que algunas tensiones venían asomando ya hacia 2007 y cuyas consecuencias se descargarían con mayor intensidad a partir de 2012, los desafíos previos a la pandemia del Covid-19 resultaban aun mucho más importantes.

La dinámica de los mecanismos de organización y acción colectiva de los trabajadores y trabajadoras junto con sus organizaciones sindicales, y su acumulación de fuerza en el período abierto luego de la crisis de diciembre de 2001, resultan elementos ineludibles a la hora de analizar el fracaso del Gobierno de Cambiemos. En otras palabras, se trata de una fuerza social que resultará clave para pensar no sólo el cierre del ciclo largo iniciado dos décadas atrás, sino también la forma en la que habrá de operar la transición que actualmente está en curso y cuya salida todavía resulta extremadamente incierta.

A modo de cierre, algunas evidencias que muestran la importancia que podría tener dicho señalamiento. La crisis global producto del COVID-19 ha generado impactos todavía difíciles de cuantificar en las economías y mercados de trabajo nacionales. Nuestro país no ha estado al margen de este proceso: en el primer semestre de 2020 se profundizó la caída del empleo y los salarios. A pesar de ello, los conflictos laborales y las negociaciones colectivas que establecen aumentos salariales han comenzado a recuperar su vitalidad, aun en contextos de fuertes restricciones a la movilidad y, por ende, a la capacidad de acción colectiva. Acciones de este tipo llevadas adelante por trabajadores de la salud, repartidores, en el transporte, en el sector informal, sumadas a acuerdos que establecen aumentos salariales en actividades cada vez más representativas^[12], dan cuenta de una dinámica que estaría mostrando su vigencia, incluso en uno de los contextos más adversos que se recuerden en las últimas décadas.

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