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Introducción

Guillermina Laitano y Agustín Nieto

Las contribuciones que dan vida a este libro presentan matices en los enfoques, los conceptos y las metodologías; sin embargo, comparten un mismo punto de partida y asumen que la comprensión integral del orden de lo social no puede completarse sin incorporar la conflictividad como dimensión transversal. Los procesos de conflictividad social, lejos de ser una excepción o desviación -e incluso, lejos de ser patrimonio de específicos grupos sociales-, son una constante de lo social -de la totalidad social-, y explican una parte sustancial de su realización. El orden social, esa aparición que asumimos como diáfana, es resultado, entre otras dimensiones, del devenir de los conflictos que produce (Hobsbawm 1960; Marín 1995; Marx 1987; E. P. Thompson 1984).

La temática general de esta compilación refiere al estudio de la conflictividad social desde una perspectiva cuantitativa. Desde allí se ingresa a un conjunto de problemáticas historiográficas y sociológicas que en su desenvolvimiento se enriquecen a partir de indagaciones profundas. Aunque todos los capítulos que componen esta publicación introducen los análisis a partir de bases de datos sobre la conflictividad social, lejos de quedar anclados en descripciones estadísticas, avanzan en el conocimiento de procesos sociales como la sociogénesis de organizaciones, la feminización de la protesta, la complejidad de hilos que traman el devenir nacional desde historias situadas regionalmente, los vínculos entre la política callejera y la política institucionalizada y las correlaciones de fuerzas en múltiples escalas, entre otros.

Si bien el recorte temporal difiere de capítulo a capítulo, conjuntamente los trabajos compilados cubren un amplio periodo que comienza en los años de la transición democrática y culmina en la segunda década del siglo XXI. Estos últimos cuarenta años se caracterizan, a grandes rasgos, por la consolidación del modelo neoliberal en Latinoamérica (1980-2000), su crisis (2001, para el caso argentino), la recomposición institucional del sistema político y las disputas entre fuerzas sociales por su conducción (2003-2020).

El libro que aquí presentamos nació con el propósito de unir retazos de historias locales, regionales, provinciales, comparativas, temáticas, que se construyeron a partir de la pregunta por el conflicto; pero que, estando dispersas por la impronta hiperproductivista a la que el mercado académico nos somete y acostumbra, corrían el riesgo de quedar náufragas de crítica y debate, y fundamentalmente, de lectura dialógica. Nuestro propósito entonces, fue rescatar algunos de estos retazos de la vorágine mercantilista, y ponerlos en relación. Para lxs lectores, pero también para lxs autores; para lxs académicxs y para lxs hacedores de los conflictos; para lxs estudiantes y lxs docentes.

Los estudios de la conflictividad social en Argentina: un estado del arte

El problema de la conflictividad social, específicamente en las formaciones histórico-sociales donde la relación capital-trabajo tiende a ser predominante, cuenta con una larga trayectoria de estudio en los principales centros de ciencias sociales y humanas de Europa continental y el mundo anglosajón. En Latinoamérica, y particularmente en Argentina, cuenta con distintas tradiciones científico-académicas.

La temática general no es novedosa, la conflictividad en las sociedades contemporáneas fue tratada desde muy temprano. Un racconto sistemático de este tópico lo encontramos en Dirks y McLean Parks (2003) y Crompton (2013), quien se ocupa de poner en relación la conflictividad social con las situaciones de desigualdad. Otra deriva es la que vincula los procesos de conflictividad con los de democratización y empoderamiento organizacional (Chakrabarty 2008; Chatterjee 2008). También es un concepto central en los estudios del cambio social (Roy 1984; Siregar y Zulkarnain 2022).

En las páginas siguientes presentamos un recorrido por el extenso itinerario de esta temática, de modo que permita ordenar los aportes, las discusiones y los diálogos. Es esta trayectoria la que nos permite hoy elaborar problemas concretos y situados.

La conflictividad social fue un problema presente en los clásicos de la sociología (Marx, Durkheim, Weber, Simmel, entre otros). Fue también un problema desplegado por la antropología durante los años cincuenta (Gluckman 1954; Turner 1957) y por los teóricos del conflicto social desde las vísperas de la década del sesenta del siglo XX, quienes tenían una fuerte impronta funcionalista (Coser 1957; Dahrendorf 1958; Rex y Moore 1967).[1] En los años subsiguientes el campo se expandiría generando una gran diversidad de abordajes. La proliferación de enfoques fue habilitada por “la crisis de los grandes relatos”, en particular con la identificación de la clase obrera como sujeto único de la transformación social. Esta diversidad puede ser ordenada en dos grandes tendencias interpretativas, con matices y prestamos teórico-metodológicos en su interior. Aunque todo estado del arte termina por esquematizar una realidad bibliográfica rica en singularidades, para el campo de estudios sobre la conflictividad social no deja de existir un fuerte consenso sobre su ordenamiento en torno a dos núcleos (Viguera 2009). Por un lado, ubicamos las obras identificables con la amplia perspectiva analítica de los movimientos sociales, dentro de la cual podemos reconocer dos grupos no excluyentes, pues existen explicitas transacciones conceptuales entre ambos (Ibarra 2000). Uno de ellos está centrado en la problemática de la construcción de identidades en los nuevos movimientos sociales y su enmarque cultural –frameanalysis– (Hunt, Benford, y Snow 1994; Melucci 1994; Offe 1992; Touraine 1991). Este conjunto de trabajos brinda un amplio abanico conceptual para indagar sobre el proceso de construcción de identidades y subjetividades sociales en una clave cultural, a la vez que nos alerta sobre los riesgos de perspectivas ancladas en la estructura socio-económica. El otro grupo centra su indagación en el aspecto organizacional de las acciones colectivas contenciosas, articulando su análisis en torno a la teoría de “movilización de recursos” y el concepto de “estructura de oportunidades políticas”, sin dejar de hacer referencia a los procesos de enmarque cultural en los que se despliegan los movimientos sociales (Franzosi 1995; Shorter y Tilly 1986; Tarrow 1990, 1994; Tilly 2000, 2007; Tilly, Tilly, y Tilly 1997; Tilly y Wood 2009; Zald y McCarthy 1987). Esta constelación de autorías y escritos aporta categorías analíticas útiles para la identificación de cambios y continuidades en los repertorios organizacionales y de protesta desplegados en los procesos conflictuales.

Por otro lado, ubicamos las obras identificables con la amplia perspectiva de la lucha de clases y los ciclos de rebelión, dentro de la cual también podemos diferenciar dos grandes puntos de vista. Uno de ellos, preocupado por dar cuenta de los lenguajes y las culturas de clase en los procesos, siempre conflictivos, de formación de los grupos sociales subalternos. Dentro de esta perspectiva, el historiador E. P. Thompson es referencia obligada, tanto por su discutido concepto de “experiencia” de clase (1989), como por sus nociones de “economía moral de la multitud” (1984a) y “lucha de clases sin clases” (1984b). También autores destacados de esta tradición son Hoggart (1990) y su análisis de las tensiones entre la naciente cultura de masas y la cultura obrera, Williams (2000) y su problematización de la relación entre estructura y superestructura en los análisis marxistas, y Stedman Jones (1989) y su original abordaje de los leguajes de clase. Otras referencias, poco conocidas pero tan sugerentes como las anteriores, las encontramos, entre otros, en Steinberg (1999), Chakrabarty (2000) y Selbin (2010). Al igual que los análisis sobre la construcción de identidades en los movimientos sociales, estos escritos aportan imprescindibles elementos conceptuales para desentrañar la compleja relación entre las condiciones sociales de existencia y las subjetividades y conciencias obreras y populares. El otro punto de vista se interesa por la intrincada relación entre procesos económicos y procesos de lucha, así como por los vínculos entre formas y sujetos de la rebelión y sus grados de politicidad y radicalidad. Uno de los autores más destacados de esta vertiente es Hobsbawm (1952), quien en sus trabajos se preocupa por identificar ciclos progresivos y jerarquizados de rebelión y formas de acción. Una línea similar encontramos en la obra del historiador británico Rudé (1981), quien busca relacionar las formas de rebelión con las ideas inherentes y adquiridas operantes en la multitud rebelde. Por su parte, Burawoy (1989) y Negri (1979) se ocupan de dar cuenta de las relaciones de dominación y resistencia en los lugares de trabajo. En una perspectiva global destacan los aportes de Arrighi, Hopkins y Wallerstein (1999) sobre los movimientos antisistémicos, y la investigación de Silver (2005), quien entre otros aspectos, da cuenta de las recurrencias en las olas huelguísticas a escala planetaria, cuya dinámica, sostiene la autora, es independiente del marco cultural.[2]

La recepción latinoamericana de los trabajos mencionados, con ediciones en lengua vernácula de autorxs europexs y anglosajonxs, fue configurando un campo de estudios sobre conflictividad social que, con altibajos, llega hasta nuestros días. Los años sesenta y setenta del siglo anterior arrojaron un importante cúmulo de investigaciones centradas en el accionar conflictual del movimiento obrero y campesino. Entre las pesquisas y autores más destacados encontramos a Alexander (1965), con una obra que fue pionera en análisis históricos comparados del movimiento obrero latinoamericano; Touraine y Pecaut (1971), con su ensayo sociológico sobre la relación entre el desarrollo económico y la conciencia obrera en América Latina; Quijano (1966), con su trabajo sobre el accionar campesino en Latinoamérica; Sito (1971) quien analiza la relación entre las determinantes estructurales y las dinámicas sindicales en los países latinoamericanos; Jelin (1974), con su libro sobre la protesta obrera y las relaciones entre bases y direcciones; Spalding (1978), que en una clave historiográfica publica su investigación sobre el accionar sindical en países latinoamericanos marcados por el subdesarrollo; y finalmente la compilación de pesquisas sobre movimientos laborales latinoamericanos realizada por Katzman y Reyna (1979). En la década del ochenta las investigaciones estarán ya marcadas por el proceso de transición a la democracia que transitó todo el subcontinente. Algunos trabajos siguieron estando centrados en el movimiento obrero, en particular durante los primeros años (Bergquist 1988; González Casanova 1984; Jelin y Torre 1982; Zapata 1986), mientras que otros trabajos comenzaron a transitar la indagación de los nuevos movimientos sociales en su vertiente identitaria (Calderón 1986; Calderón y Jelin 1987), fueron estos últimos los que marcaron la agenda del momento. Más cerca en el tiempo y tras la crisis del neoliberalismo, muchas de las investigaciones incorporaron a la vertiente identitaria los aportes de la teoría de la movilización de recursos para analizar la conflictividad social contemporánea (Calderón 2012; Eckstein 2001; Seoane, Taddei, y Algranati 2006). Sin embargo, perduraron los análisis centrados en el accionar de clase (Cotarelo 2007; Galafassi y Puricelli 2017; Modonesi 2008; Munck 2012; Petras 2000; Zapata 2015). Un tópico que ganó presencia es el de los movimientos ambientalistas latinoamericanos (Castro Soto 2005; Seoane 2006), vinculados a un cuestionamiento del modelo neo-desarrollista imperante en la región (Svampa 2012). Durante los últimos años, en el marco del CLACSO, que reunió a investigadorxs de distintos países y de diversas perspectivas teóricas, se editó la revista OSAL (Observatorio Social de América Latina) y se publicaron libros de referencia en la temática. Estas producciones son una buena referencia del estado del campo en nuestro subcontinente (Caetano 2006; López Maya, Iñigo Carrera y Calveiro 2008; Seoane 2004).

En Argentina, el campo de estudios sobre la conflictividad social acompañó, con singularidades, el devenir de los estudios latinoamericanos. Más aun, algunas de las obras más destacadas del campo vernáculo informaron la agenda latinoamericana. Dentro de este universo, son muchos y variados los abordajes de carácter cuantitativo y cualitativo que, con diferentes propósitos y marcos teóricos, buscan describir y explicar el movimiento de la sociedad, tanto en el presente como en el pasado, privilegiando el análisis desde el estudio de las protestas y las luchas sociales de las clases subalternas.

Este conjunto de trabajos puede ordenarse en torno a los dos grandes enfoques ya presentados: “enfoque clasista” y “enfoque movimentista”. El primero de los enfoques nació conceptualmente informado por la teoría de la lucha de clases y los ciclos de rebelión, aunque cuenta con aportes de otros marcos teóricos. El segundo de los enfoques se formó en un diálogo crítico con el primero, en el marco de la transición democrática. Sus reparos se centraron en los conceptos de ideología, clase, conciencia de clase y lucha clasista. Esta crítica habilitó un nuevo entramado categorial centrado en los conceptos de sectores populares, protesta, acción colectiva, cultura y nuevos movimientos sociales. Nuevamente es importante hacer notar que entre ambos enfoques existen zonas de afinidades conceptuales y metodológicas que evidencian la existencia de una frontera permeable. Muchos de los aportes actuales (2001-2020) de ambas miradas son comprensibles a la luz de sus antecedentes (hasta 2001). Los fundamentos del enfoque clasista son variados, pero presentan una fuerte constelación de pesquisas desarrolladas en torno al CICSO (Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales) y su Programa de Investigación (Balvé y Balvé 1989, 1989, 1993; Iñigo Carrera et al. 1991; Jacoby 1978; Marín 1984). Cercana a esta experiencia pero con una impronta más institucionalista aparecen los textos de Doyon (1977) sobre la conflictividad obrero-patronal en los años 1948-1955, Torre (1968) y Cavarozzi (1979) sobre la dinámica sindical postperonista, y Jelin (1978) sobre la conflictividad obrero-patronal en los años 1973-1976.[3] Por su parte, los trabajos de Sigal (1974) y Roldán (1978) se muestran con una mayor preocupación por el impacto de la conflictividad social de los años sesenta y setenta en las subjetividades obreras. Desde otra tradición político-académica, el sociólogo Roberto Carri elaboró dos sugerentes ensayos (1967, 1968), uno referido a las formas políticas de la rebeldía popular y otro preocupado por el sindicalismo peronista. Muchos de los aportes de este último texto son retomados por James (1999) en su historia thompsoniana de los trabajadores peronistas. En sintonía con los aportes de James y de la escuela francesa de la regulación, son publicados los trabajos de dos investigadoras interesadas por el mundo obrero (Gordillo 1999; Lobato 1988). Aunque sus objetos de estudio y análisis sean lxs trabajadorxs, por perspectiva sus trabajos se corresponden con el enfoque movimentista. Estas autoras desarrollan sus investigaciones en un contrapunto con el paradigma clásico del movimiento obrero, enmarcándose en una nueva agenda investigativa que se preocupa por ampliar los horizontes temáticos de la vieja historiografía obrera. Una investigación histórica sobre lxs trabajadorxs durante los años 1969 y 1976, en discusión con las tesis de James, es la realizada por los historiadores Pablo Pozzi y Alejandro Schneider (2000). Otros aportes realizados en clave socio-histórica y basados en matrices de datos sobre conflictividad laboral son los trabajos de Korzeniewicz (1993) sobre los procesos de lucha y organización de los trabajadores argentinos durante los años treinta; Amaral (1993) sobre la violencia política de los años de la resistencia peronista; Izaguirre y Aristizábal (1994) sobre las luchas obreras durante los años 1973-1976; Villanueva (1994) y Gómez, Zeller y Palacios (1996) sobre la conflictividad obrera durante la década del ochenta; Iñigo Carrera et. al. (1995) sobre los saqueos de 1989-1990; Piva (2001) sobre la conflictividad laboral durante los años noventa. Pese a las diferencias teóricas, las seis bases de datos elaboraron sus registros a partir de la información brindada por la prensa periódica. También los antecedentes del enfoque movimentista son variados, sin embargo, presentan una fuerte constelación de pesquisas desarrolladas en torno al CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad). Uno de los tópicos más caros a este grupo de trabajos es la relación entre movimientos sociales y democracia en un contexto de transición reciente (Jelin 1985, 1987). Otro tópico relevante y vinculado al anterior es el que refiere a los movimientos por los derechos humanos y su papel bajo regímenes democráticos (González Bombal y Sondereguer 1987; Sondereguer 1985), y al movimiento de mujeres en el contexto de transición a la democracia (Feijoó 1983; Feijoó y Gogna 1985). Un tercer tópico es el referido a la dimensión local de las prácticas políticas en los municipios (Palermo y González Bombal 1987). Vinculadas a este último encontramos las pesquisas preocupadas por la emergencia de movimientos territoriales reivindicativos –barriales, vecinales, fomentistas, etc.– (Fara 1985; Feijoó 1983; García Delgado y Silva 1985; González Bombal 1985). Un cuarto tópico es el de la relación entre movimientos sociales y partidos políticos (Palermo 1987). Otra arista afín a estos estudios es la de la relación entre vida cotidiana, política y democracia (Jelin y Vila 1987; Ramos 1981). Finalmente, un último aspecto que preocupó a este grupo de intelectuales fue la relación entre el actor sindical y el naciente régimen democrático (Abós 1987; Palomino 1985). A otros antecedentes del enfoque movimentista los encontramos en el libro de Hebe Clementi (1982) sobre juventud y política, en el trabajo de Vila (1985) referido al movimiento de jóvenes en relación al Rock Nacional, en los textos de Denis Merklen (1991, 1995, 1997) sobre los asentamientos de población en el conurbano bonaerense, en el ensayo de Marysa Navarro (1989) acerca de las madres de Plaza de Mayo, y en los aportes de Giarracca y Teubal (1997) sobre el protagonismo femenino en la protesta rural en la Argentina contemporánea.

Hasta aquí, fueron presentados los antecedentes de los dos enfoques hasta los años finales de la década de 1990, ya que a partir de aquel momento se multiplicaron las investigaciones sobre el tópico de la conflictividad social tanto desde miradas eminentemente cuantitativas como desde estudios de corte cualitativo. La elección del momento de inflexión se fundamenta en el amplio consenso que existe en identificar los acontecimientos que dieran lugar a las jornadas de diciembre de 2001 como un quiebre social y político en la historia de nuestro país, hito que necesariamente impactó en las subjetividades de lxs investigadorxs.

El enfoque clasista contiene diversas perspectivas analíticas en su interior. Un primer grupo identificable de investigaciones es el desarrollado en torno al Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), coordinado por el historiador Nicolás Iñigo Carrera. El trabajo colectivo del grupo es el registro sistemático de hechos de rebelión –desde 1993 hasta la actualidad- identificables en la prensa comercial de tirada nacional y volcados en una base de datos diseñada para tal fin.[4] Por su parte, cada uno de los integrantes desarrolla una investigación sobre algún proceso o hecho singular de rebelión. La lista de hechos de rebelión investigados se inicia con la revuelta del hambre de 1989/90 (Iñigo Carrera et al. 1995), continúa con los motines provinciales iniciados en 1993 con el llamado “santiagueñazo” (Cotarelo 2000), sigue en los llamados “cortes de ruta” comenzados en 1996 con la experiencia de Cutral Có y Plaza Huincul (Klachko 2000), prosigue con el análisis de la insurrección espontánea de 2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo 2004), y complementa todo el ciclo con un análisis de las huelgas generales nacionales y su papel en los procesos de rebelión (Iñigo Carrera 2010). A partir de la combinación de investigaciones particulares, en base a descripciones densas y reconstrucciones en profundidad con triangulación de diversos tipos de fuentes, y utilizando también la base de datos construida de forma colectiva, que permite un mapeo extenso de la conflictividad, el grupo conceptualiza que entre 1993 y 2001 se desplegó un ciclo de rebelión que fue de menor a mayor intensidad en relación a las formas de lucha, a la vez que se desplazó de la periferia al centro político del país (Iñigo Carrera 2008). En cuanto a las investigaciones más recientes, cabe destacar el libro de Cotarelo (2016), que continuando el análisis precedente, problematiza la formación de la fuerza social del régimen mediante el análisis del ciclo de rebelión. Este ciclo comienza con el santiagueñazo en 1993 y llega hasta la primera década del siglo XXI, con lo cual este análisis complementa y complejiza los hallazgos e interpretaciones precedentes. En sintonía teórico-metodológica con este grupo –cuyo antecedente inmediato es CICSO– encontramos los trabajos de investigadorxs preocupadxs por el devenir de la conflictividad social en regiones específicas de nuestro país. Dos de éstos son los trabajos de los historiadores Guillermo Colombo (2010), quién investiga el acontecer conflictual en la industria de la pesca marplatense durante la hegemonía del neoliberalismo, y el de Gonzalo Pérez Álvarez (2012), interesado por las luchas sociales ocurridas en Chubut entre 1995 y 2005. Además, en esta perspectiva, localizamos una compilación reciente (Becher y Pérez Álvarez 2018) que aborda el movimiento de desocupados desde la década de los noventa hasta 2015 en diversas regiones del país, y un artículo sobre la conflictividad en Chaco durante el año 2016 (Graciosi 2020).

Otros aportes que también tienen su antecedente inmediato en el CICSO provienen del Programa de Investigación Sobre el Cambio Social (PICASO). De ellos, podemos mencionar el trabajo de Antón, Cresto, Rebón y Salgado (2010) sobre las luchas sociales en nuestro país durante la primera década del siglo XXI; el de Cresto y Salud (2010) sobre las representaciones construidas por los asalariados en torno a la legitimidad de diferentes formas de acción contenciosa; y la tesis doctoral de Antón (2010) que, a partir de un análisis cuantitativo, estudia la conflictividad política en Argentina y la irrupción del kirchnerismo como fuerza política emergente de la crisis de 2001.

Otro nodo de producción académica emparentada con la “escuela” del CICSO es el Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social, dirigido por Inés Izaguirre. Los tópicos más abordados por este grupo son los que se corresponden con la lucha de clases del período 1969-1976, la conflictividad obrera entre 1973 y 1976 y la violencia estatal contra los militantes populares durante los años 1973-1983 (Izaguirre 1994, 2009; Izaguirre y Aristizábal 1994, 2002; Santella 2019; Santella y Andújar 2007). En una perspectiva más preocupada por los regímenes de acumulación que por los ciclos de rebelión, contamos con las indagaciones de Adrián Piva (2009, 2012). Este autor, en sus investigaciones, se ocupa de contextualizar el accionar conflictual durante los regímenes de acumulación y vincularlo al accionar del estado, con el objetivo de evitar caer en una mirada sesgada y unilateral. Un concepto caro a su perspectiva es el de hegemonía. Dentro de este enfoque, podemos ubicar a los aportes de Atzeni y Ghigliani (2008), Varela y Lotito (2009), Santella (2009), Lenguita (2011), Collado y Roitman (2015), en torno a la caracterización del incremento de la conflictividad laboral en el marco del relanzamiento de la negociación colectiva nacional, problemática que la bibliografía especializada denomina “revitalización” o “resurgimiento” sindical. La mayor parte de los estudios enmarcados en el enfoque clasista muestran entre sus tópicos recurrentes la identificación de hitos que posibilitan periodizar la secuencia de eventos de rebelión. Por otra parte, se pretende establecer el estado y el momento (de su formación) en que se encuentran las fuerzas sociales en pugna. Asimismo, en el marco de las periodizaciones, estos estudios buscan establecer las formas de lucha predominantes y subordinadas en el marco del conjunto de la conflictividad social. Esta preocupación se vincula, por un lado, con aportar la ubicación de las formas de lucha en una escala relativa al grado de organización y radicalidad, y por otro, con la determinación del sujeto predominante. En el marco de esta perspectiva, la determinación del sujeto preponderante se hace en contrapunto a la tesis que sostiene la perdida de centralidad del movimiento obrero como sujeto principal de la conflictividad social y la huelga como su forma predilecta de acción. Finalmente, podemos decir que el enfoque clasista, pese a la diversidad de análisis, encuentra su identidad en el marxismo como marco teórico y en la centralidad atribuida a la clase obrera en los procesos de conflictividad social.

El enfoque movimentista también contiene diversas perspectivas analíticas en su interior. En esta constelación conviven las perspectivas de los nuevos movimientos sociales junto a la de movilización de recursos, estructura de oportunidades políticas y procesos de enmarque cultural. Si bien a través de autores como Touraine, Melucci y Offe en un primer momento lxs investigadorxs vernáculxs fueron más afines a la recepción de la vertiente de los nuevos movimientos sociales en relación a los conceptos de identidad y subjetividad, con posterioridad habrían de incorporar los aportes de las otras dos vertientes de factura anglosajona (Tilly, Tarrow, McCarthy y Zald). Un buen ejemplo de esta convivencia la encontramos en el ya clásico texto de Svampa y Pereyra (2003) sobre el movimiento piquetero. En esta obra se amalgaman los aportes de las distintas perspectivas con una leve primacía de vertiente identitaria. Algo similar ocurre con el estudio sobre el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha de Giarracca (2001), quien combina la perspectiva de Melucci sobre la construcción de identidades con aportes conceptuales de Tarrow y Tilly. Estos conceptos de movilización de recursos y estructura de oportunidades políticas son puestos en juego para dar cuenta del devenir conflictual de la organización de mujeres vinculadas a la actividad agropecuaria. Los mismos van ganando preeminencia en trabajos posteriores, donde las referencias a Tarrow son cada vez más recurrentes. Esto lo podemos constatar en el artículo sobre protestas agrorrurales (2003), en el cual, a diferencia del primer trabajo citado, se despliega un análisis cuantitativo en base a un banco de datos sobre conflictividad agrorrural elaborado por el Grupo de Estudios Rurales dirigido por Giarracca. En su libro sobre el movimiento piquetero, Massetti (2004) pone en relación las distintas perspectivas conceptuales para dar cuenta de los procesos conflictuales y de politización del movimiento de desocupadxs. Sin embargo, el eje de su tesis refiere a las subjetividades e identidades puestas en juego en las movilizaciones, las cuales son analizadas en clave etnográfica. Es en este punto donde la línea identitaria del enfoque movimentista se impone. Por su parte, Auyero (2002a, 2002b, 2007) en sus trabajos sopesa las distintas tradiciones, incorporando nociones thompsonianas al enfoque movimentista para evaluar los procesos de conflictividad social en relación a los cambios en los repertorios de la acción colectiva. Esta problemática remite a la tradición anglosajona, con una significativa influencia de las tesis de Tilly. Esta última problemática es cara a distintos trabajos (Farinetti 2002; Lobato y Suriano 2003; Scribano y Schuster 2001). En el marco del Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva (GEPSAC), coordinado por Schuster, se ha elaborado una base de datos sobre acciones colectivas de protesta para caracterizar la dinámica conflictual en la Argentina contemporánea. Teóricamente, esta matriz está informada por la línea anglosajona de la movilización de recursos y estructura de oportunidades políticas. A partir de dicho relevamiento y de análisis cualitativos, el grupo busca identificar cambios en los repertorios de la acción colectiva de protesta y la relación de éstos con los distintos gobiernos desde 1989 a 2007 (Natalucci et al. 2013; Pereyra et al. 2015; Pérez y Pereyra 2013; Schuster et al. 2002; Schuster, Pérez, Pereyra, Armesto, y Armelino 2006).

En una línea de trabajo emparentada con la del GEPSAC, contamos con los aportes de Adrián Scribano (2005, 2009), quien en una de sus últimas contribuciones a la temática problematiza la relación entre el conflicto social y las políticas de las sensibilidades, a partir del estudio de prácticas intersticiales (Scribano 2017). Dentro de este subgrupo también encontramos el trabajo del equipo dirigido por Mónica Gordillo. En el marco de distintos proyectos el grupo fue relevando en una matriz de datos ad hoc las acciones colectivas aparecidas en el diario de mayor tirada de la provincia de Córdoba, La Voz del Interior, correspondiente al período comprendido entre julio de 1989 y diciembre de 2003; las referencias teóricas más relevantes son Tarrow y Tilly (Gordillo 2012). Finalmente, desde la teoría del enmarcado interpretativo, Gómez (2016) analiza las protestas de la clase media en la historia reciente (entre 2001 y 2015), y focaliza en los procesos de definición de sus intereses y de construcción de matrices de significación. En la misma línea teórica del enmarque cultural se inscribe el reciente trabajo de Alvarado y Gómez (2019), que trata sobre la movilización y la producción de marcos interpretativos relacionados a la cuestión del aborto.

Los trabajos enmarcados en el enfoque movimentista buscan entender y explicar los ciclos de conflictividad en el contexto general de la gobernabilidad y los procesos de ciudadanización, en relación a sus alcances y límites. Actualmente, esta perspectiva es considerada como predominante en el campo de estudios sobre conflictividad social en la Argentina contemporánea (Iuliano, Pinedo, y Viguera 2007; Viguera 2009). Algunos tópicos recurrentes de este enfoque son los referidos a la identificación de nuevos repertorios de acción, así como también la filiación de los nuevos movimientos sociales que desplazaron al movimiento obrero como principal sujeto de la protesta. Estos trabajos, en su gran parte, sostienen la tesis de la pérdida de centralidad del movimiento obrero y la huelga ante la emergencia de nuevos movimientos sociales –como el piquetero- y nuevas formas de acción conflictiva –como el piquete-; y del desplazamiento de la identidad obrera por la identidad piquetera. Una revisión de estas tesis, desde el enfoque movimentista, la encontramos en un artículo de Marcelo Gómez (2009) que versa sobre la reactivación sindical.

Si bien el campo de estudios sobre el conflicto social en Argentina se estructuró en función de los enfoques clasista y movimentista, durante los últimos años investigaciones de ambas facturas han comenzado a problematizar las posiciones más herméticas. Ya sea partiendo de reflexiones de carácter teórico o de análisis empíricos concretos, transitan una trayectoria de diálogos y prestamos conceptuales para el análisis de la conflictividad social (Aiziczon 2020; Galafassi, Puricelli, y Galafassi 2017; Gómez 2014; Millán 2009; Natalucci, Ríos, y Vaccari 2019; Piva 2020; Stratta y Barrera 2009; Viguera 2009). En línea con Piva (2020), si este encuentro logra superar al lugar de la polémica y en su lugar hace emerger la crítica constructiva, se vislumbra una senda de debate prometedora.

Para finalizar, mencionamos brevemente dos líneas de estudios que están ramificando nuevos problemas de investigación en el campo de la conflictividad social: su cruce con las teorías de género y con el giro digital (Romein et al. 2020). En relación al primer cruce, dentro de la recepción argentina del enfoque movimentista clásico podemos mencionar los aportes tempranos de Calderón y Jelin (1987), quienes localizan en la década de los ochenta al género como un área específica; un campo de conflicto donde los movimientos de mujeres desplegaron demandas. También el trabajo de Norma Giarraca (2001), que articula el análisis de la protesta agraria y el género a partir del estudio de caso sobre el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha surgido a mediados de los noventa; y los aportes de Di Marco (2003), quien estudia las asambleas barriales -surgidas en el marco de la crisis de 2001- como formas emergentes de acción colectiva, que contribuyen a los procesos de democratización, desde una perspectiva de género y generacional.

En relación al movimiento de desocupadxs de fines de los noventa, destacan los aportes con perspectiva de género de Andújar (2005, 2014) sobre el protagonismo de las mujeres en el movimiento piquetero, tanto en la organización como en la realización de las protestas; también Partenio (2012), quien realiza un estudio de caso sobre la formación de un espacio de mujeres dentro de una organización piquetera desde una perspectiva de género. En relación al mundo del trabajo, cabe mencionar el trabajo de Elizalde (2006) que articula conflicto laboral y género a partir de dos casos de estudio, mujeres obreras y mujeres en situación de prostitución, en sus luchas contra políticas de represión y de exclusión. Estos aportes son fundamentales en la historiografía sobre la conflictividad social puesto que develan y reponen el ocultamiento de las mujeres en la protesta política realizada por la producción académica hegemónica.

En el marco de ascenso del movimiento feminista en el presente siglo, y sobre todo a partir de 2015, el campo de la conflictividad social en relación al movimiento de mujeres, se encuentra en expansión. Para nombrar solo algunos de los aportes más recientes, desde una visión crítica hacia los conceptos clásicos del enfoque movimentista, Natalucci y Rey (2018) analizan la experiencia argentina conocida como #NiUnaMenos, evento que en 2015 abre un ciclo de movilización política de las mujeres en torno a demandas contra la violencia machista, por la legalización del aborto y por derechos sociales y económicos de las mujeres. También con una visión crítica desde la teoría política hacia los clásicos del enfoque movimentista, el trabajo de Rocío Annunziata et al. (2016), analiza, entre otros, el caso de #NiUnaMenos, poniendo el foco en la relación de lo que definen como movimientos ciudadanos y el ámbito de la virtualidad. En esta misma línea cabe mencionar el trabajo de Stefanetti (2020), que analiza el uso de las TICs en el ciclo de movilización que inaugura el caso de #NiUnaMenos.

Finalmente, el trabajo de Natalucci, Ríos y Vaccari (2019), analiza el caso del Colectivo de Mujeres Sindicalistas desde los conceptos de ciclo de movilización e interseccionalidad, e interpretan que, a través de sus acciones, tanto las contenciosas como las que no lo son, por un lado, interpelan al movimiento feminista aportando una mirada de clase, y por el otro, cuestionan las estructuras laborales y sindicales desde la crítica de género. Asimismo, cabe mencionar el reciente trabajo de Nogueira, Salazar y Calderaro (2020) que, desde el enfoque clasista y la teoría de la reproducción social, analizan el caso de la Comisión de Mujeres de la gráfica recuperada Madygraf. La fábrica aparece como espacio de la organización central de ese conflicto, pero también como expresión de la politización y la militancia generizada en su interior, de la cual emergieron mutuas influencias entre la fábrica y el hogar en lo que refiere al trabajo de reproducción social.

Con el acceso masivo a internet y el desarrollo vertiginoso en los últimos años de plataformas, redes sociales, portales de noticias digitales, etc., las formas y los espacios del conflicto social y político se extienden a un nuevo ámbito de la vida: la llamada virtualidad. Dentro de la producción académica que está explorando este nuevo espacio social, podemos mencionar a nivel latinoamericano el libro Activismo político en tiempos de internet (Sorj y Fausto 2016), que reúne estudios de casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, desde la perspectiva de los movimientos ciudadanos; y el dossier “El subsuelo de lo político. Sustratos sociales, culturales, comunicacionales y tecnológicos de la acción colectiva en el siglo XXI” coordinado por José Villarreal Velásquez y Gilberto Rescher, donde se analizan distintas experiencias en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, y Guatemala (2022). A nivel local, desde un enfoque movimentista, Fixman (2019) toma el caso de una huelga docente en la ciudad de Mar del Plata y analiza las relaciones entre acciones colectivas y acciones conectivas, aquellas que se despliegan en la virtualidad (en este caso, en Facebook). Concluye que estas últimas estimulan la creatividad y el compromiso individual a la vez que alteran las lógicas tradiciones de las luchas sindicales.

Por otro lado, existe un conjunto de trabajos en los que se ha comenzado a incorporar lo digital, no sólo como objeto de estudio, sino como mediación técnica para la producción de conocimiento (Albrieu y Palazzo 2020; Franzosi 2021; Liang y Zhu 2017; Palazzo 2017). Para el caso argentino, desde el enfoque centrado en las luchas sociales, encontramos los recientes aportes del GESMar (Laitano y Nieto 2021b, 2021a; Nieto 2019, 2020; OCS 2020), donde el estudio de la conflictividad social (general, laboral, portuaria, vecinal) se realiza a partir de la programación computacional, mediante técnicas como el web scraping y la minería de textos. Los aportes auguran cambios metodológicos que impactarán hondo en la forma en que construimos e interpretamos los problemas y los catálogos de eventos conflictivos.

Reflexiones metodológicas sobre el abordaje cuantitativo de la conflictividad social

En relación a la cuestión del método en el estudio de la conflictividad social es interesante hacer notar que existen solapamientos de estrategias metodológicas entre ambos enfoques, el movimentista y el clasista. Por un lado, en las vertientes culturalistas de una y otra tradición tienden a predominar las técnicas cualitativas de investigación. Por otro, en las vertientes centradas en los formatos y repertorios de las acciones, tienden a predominar las técnicas cuantitativas.

Asimismo, constatamos cierto predominio de los estudios de corte cualitativo (principalmente, estudios de caso) en ambos enfoques. En particular, notamos que estos estudios de corte cualitativo, en su gran mayoría, prescinden de un mapeo de la conflictividad social total, lo que en algunas ocasiones da lugar a un cierto impresionismo (Varela y Lotito 2009). Sin embargo, es importante señalar que existen estudios de caso que se basan en un mapeo previo de la conflictividad social total (Collado y Roitman 2015; Iñigo Carrera 2010; Pérez, Pereyra, y Schuster 2008).

El registro sistemático (es decir, de corte cuantitativo) de hechos de conflictividad social de distinto tipo es llevado adelante tanto por agencias estatales -como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS)-; consultoras privadas, -como la Consultora de Investigación Social Independiente (CISI)-; grupos y programas de investigación -como el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA)- y el Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva (GEPSAC). También observatorios provinciales y regionales como el de San Juan, Mendoza, Córdoba y del Nordeste Argentino, y el Observatorio del Derecho Social de la CTA autónoma. A grandes rasgos pueden ordenarse entre aquellas que cubren sólo las acciones conflictivas de un grupo social (los/as asalariados/as), y aquellas que pretenden cubrir las acciones conflictivas emprendidas por las distintas personificaciones sociales (sean o no asalariados/as). Otro criterio de ordenamiento para este universo gira en torno a su alcance: los registros de conflictividad que pretenden un alcance nacional y aquellos que tienen una cobertura provincial. Sin embargo, hay algo que todas estas experiencias investigativas comparten: la utilización del periódico como fuente para el estudio cuantitativo del conflicto social. Existe una importante producción de críticas y reflexiones teórico-metodológicas sobre esta cuestión (Benente 2011; Franzosi 2017; Ghigliani 2009; Río 2008; Sorribas 2010). En lo que sigue presentamos las dos críticas que entendemos son las centrales sobre el uso de la prensa como fuente histórica.

Una crítica frecuente tiene que ver con que el diario subestima los conflictos realmente existentes (Ghigliani 2009). La crítica es aceptable, de hecho la cuantificación del conflicto a partir de la prensa como fuente no refleja todos los conflictos que realmente existieron, sino sólo aquellos informados por la prensa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, la subestimación de conflictos (o del objeto de estudio que se trate) es inevitable independientemente de la fuente, es decir, se trata de un hecho inherente a la producción de conocimiento, y no de un problema específico de la prensa. También es cierto que, hasta el momento, la fuente que permite con mayor facilidad construir el problema del conflicto a partir de su registro estandarizado sigue siendo la prensa. Al respecto y en su defensa, Izaguirre y Aristizábal señalan que la prensa “…ha logrado constituirse en un medio estandarizado de una gran masa de información de todo tipo.” (Izaguirre y Aristizábal 2002:20). En este sentido, entendemos que la crítica de la subestimación debe ser un punto de partida en la producción de datos (la triangulación se ofrece como un camino a seguir), pero no el argumento metodológico que anule la utilización del diario como fuente de conocimiento histórico. En la profusa producción de grupos de investigación e investigadorxs que estudian el conflicto social, aun desde perspectivas teóricas muy disímiles, se evidencia un acuerdo tácito que identifica en la prensa periódica, aun con sus problemas, la fuente más completa y accesible -incluso muchas veces la única disponible- a la hora de problematizar el conflicto social cuantitativamente (Antón 2010; Franzosi 2017; Ghigliani 2009; Giarraca, Mariotti, y Comelli 2007; Iñigo Carrera y Cotarelo 2003; Marín 2003; Río 2008; Schuster, Pérez, Pereyra, Armesto, Armelino, et al. 2006; Silver 2005; SISMOS 2019; Tilly 2011). A esto hay que agregar que, la cuantificación del conflicto no apunta a conocer magnitudes exactas, sino tendencias y cambios en el devenir conflictivo (Antón 2010; Ghigliani 2009; Silver 2005). Finalmente, las investigaciones muestran cómo la subestimación se registra particularmente en estudios que utilizan como fuente diarios que pretenden una cobertura nacional, pero que presentan una impronta fuertemente capitalina (Ghigliani 2009; Gómez 1997; Río 2008; SISMOS 2019). Es necesario señalar en este sentido que proponerse estudiar el conflicto social a nivel nacional, utilizando diarios de tirada nacional pero con impronta capitalina, no responde a un error de método, sino a las condiciones materiales de realización de la ciencia en nuestro país. La emergencia de fuentes nacidas digitales y su análisis computacional en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, proporciona un novedoso horizonte metodológico interesante en este punto (Laitano y Nieto 2021a, 2021b; Nieto 2019, 2020; OCS 2020).

A la crítica de la subestimación del registro se debe agregar la cuestión de que cada diario, en tanto institución, expresa intereses políticos y económicos que repercuten, para el caso de nuestro interés, en qué, cuántos y cómo se visibilizan los diferentes conflictos. Las críticas han alertado sobre el problema de que los diarios no sólo son un actor, y de peso, con intereses políticos, sino también una empresa que como tal representa intereses económicos (rentabilidad). Gustavo Antón señala en este sentido: “Las empresas periodísticas son un actor más de la escena y la arena política. Son parte de los procesos que reportan, tienen sus intereses como también sus contradicciones y están sujetos a las leyes del mercado tanto como cualquier otra empresa.” (2010:288). Por ello, es necesario incorporar al diario como una variable independiente a tener en cuenta en el análisis de los datos. Las investigaciones que proponen el enfoque del frame analysis, por ejemplo, focalizan en los procesos de producción de noticias que delimitan qué protestas y qué sujetos (y a partir de qué imputación moral), y cuáles no, son visibilizadas por la prensa (Río 2008; Sorribas 2010).

Sin negar que los periódicos pueden tergiversar determinados acontecimientos – incluso hasta el absurdo, pensemos en el fenómeno de las fakenews-, lo cierto es que justamente por su carácter público y masivo los diarios no pueden mentir sobre todos los eventos ni todo el tiempo. En este sentido, no podemos limitar la definición de un periódico a la de una estructura homogénea donde sólo cuentan los intereses políticos y económicos de lxs directores y lxs dueñxs de la empresa; también están lxs periodistas y sus trayectorias profesionales que se dan por fuera del diario, las relaciones entre periodistas de diferentes diarios, criterios estandarizados de construcción de las noticias, rutinas de trabajo de los propios diarios, etc. (Río 2008). Esta enumeración dibuja un territorio un tanto más complejo que la imagen típica del diario como un ‘leviatán’ de la información sobre lo que acontece en una sociedad. Las posibilidades de publicación de un conflicto dependen de muchos más factores que la línea editorial del periódico.[5]

La crítica metodológica (Franzosi 2017; Río 2008) coincide en que existe información “dura” sobre los conflictos que los diarios no suelen tergiversar, como el tipo de acción, la fecha, la localización, lxs sujetxs participantes, y reacciones estatales como las detenciones y los asesinatos. En este sentido, una buena decisión metodológica en la producción de los datos es limitar el relevamiento a este tipo de información “dura”, y descartar -o relevar como acciones discursivas de la propia publicación- aquella información dudosa o que claramente exprese la adjudicación valorativa política-moral por parte del diario sobre el conflicto. En este sentido, Franzosi (2017) concluye que tomar el diario como fuente de datos históricos implica el riesgo de proporcionar información insuficiente, más que defectuosa. En el mismo sentido, señala Río

… la prensa nos proporciona una gran cantidad de datos útiles y fiables, en la medida en que están sujetos a pautas estandarizadas e interactivas de cobertura y publicación por parte de los periodistas. Profesionales cuyo margen de manipulación al reportar protestas sociales no es ilimitado, debido a los efectos constrictivos que ejerce el campo periodístico sobre los actores del mismo (2008: 80).

Entonces, mientras mantengamos una actitud crítica hacia la fuente y en la forma de utilizarla (reconstruyendo las condiciones de producción del periódico, identificando la identidad política de su editorial, definiendo explícitamente las variables a relevar, controlando la selección de los casos, y triangulando con otra documentación) el uso del periódico como fuente histórica no presenta problemas irresolubles en relación a sus sesgos.

La estructura del libro: escalas de análisis y temáticas abordadas

El ordenamiento de los capítulos que componen este libro se estructura en función de las escalas de análisis propuestas. Tres partes lo componen: escala local, escala provincial y escala nacional/regional. Como todo ordenamiento, no deja de ser arbitrario: simplemente organiza la lectura según la dimensión de las aldeas (Geertz 2003). Sin embargo, los problemas allí estudiados exceden la cuestión del alcance del objeto de estudio. Con diferentes anclajes empíricos, estos problemas se reactualizan y reacomodan capítulo a capítulo, incorporando múltiples formas de acceso (no sólo de escala, sino también de método y de instrumental teórico), así como agregan capas de sentido al debate suscitado por el diálogo que quienes lean vayan hilvanando a lo largo del libro.

El capítulo de Pablo Becher y Nicolás Rabino es un estudio comparativo sobre la conflictividad social protagonizada por el movimiento de trabajadorxs desocupadxs, en tanto fracción de la clase obrera, en dos ciudades del sudeste bonaerense: Bahía Blanca y Mar del Plata, entre 1997 y 2002. La comparación se realiza a partir de cuatro dimensiones analíticas: la génesis de los movimientos, sus formas de organización, las formas de conflicto en que expresaron sus intereses y las estrategias que han desenvuelto en relación a otros actores, incluido el Estado. Articulando las temáticas de conflicto social y organización política desde un enfoque que privilegia la historicidad de los procesos sociales, y desde una metodología que triangula los abordajes cualitativo y cuantitativo, los autores explican la formación de lxs trabajadorxs desocupadxs como agentes sociales colectivos y sus luchas, en tanto expresión de la crisis argentina de fines del siglo XX y principios del XXI. El capítulo constituye un aporte significativo para el campo al incorporar un análisis comparativo. Reconstruir comparativamente la formación de los movimientos piqueteros en dos ciudades del sudeste bonaerense permite a los autores destacar texturas y mixturas, señalar contrapuntos y características comunes. Por complejos, los análisis comparativos suelen quedar relegados en las agendas de lxs investigadores; sin embargo, son necesarios para construir una historia nacional que se nutra a partir de las particularidades de todas sus regiones.

Luciana Nogueira analiza el conflicto de lxs trabajadorxs municipales del partido de Necochea durante el año 2019, desde la perspectiva de la teoría de la reproducción social. Metodológicamente, se asienta en la confección de una base de datos de conflictividad social que le permite reconstruir densamente el conflicto de lxs municipales, así como la conflictividad general. Además, se opta por triangular la producción de datos a partir de la observación participante y el análisis de fotografías. A modo de contextualización, el capítulo reconstruye la estructura productiva y el mercado de fuerza de trabajo, describiendo también la conflictividad global que tuvo lugar durante 2019 en Necochea, dando cuenta de quiénes fueron sus protagonistas y cuáles sus demandas principales. En este contexto, el conflicto de lxs trabajadorxs municipales sobresale, no sólo por la cantidad de acciones de lucha que llevaron a cabo, sino también por el número menor en Necochea de trabajadorxs del sector público respecto del privado y la relación con la magnitud del conflicto. El conflicto de lxs trabajadorxs municipales surgió en torno a dos problemáticas principales: el atraso en el pago de salarios y la falta de insumos básicos en la salud pública. Desde la teoría de la reproducción social, la autora destaca que se trata de problemáticas que impactan no sólo en la subsistencia de los hogares de lxs trabajadorxs en conflicto, sino también, en el conjunto más amplio de la clase trabajadora, que atiende necesidades básicas como la salud, a través de los servicios públicos. La duplicidad del impacto se transforma en la dimensión que estructura el análisis de Nogueira sobre la magnitud adquirida por la lucha de lxs municipales. Finalmente, bajo la sugerente nominación de feminización de la protesta, se problematiza el rol de las mujeres en el conflicto a partir de cuestiones tales como la participación de las mujeres en medidas de fuerza y el carácter de las tareas militantes desarrolladas.

Por su parte, Agustín Nieto y Guillermina Laitano presentan un estudio exploratorio desde una perspectiva atenta a la dimensión territorial de la acción contenciosa en el partido de General Pueyrredon (provincia de Buenos Aires). Analizan el quinquenio 2016-2020, comparando la conflictividad general de anclaje barrial con la conflictividad específicamente vecinal, a partir de la cantidad y magnitud de conflictos, lxs sujetxs de las protestas, los formatos y geografías de las acciones y las demandas. Metodológicamente novedoso, el capítulo utiliza un acercamiento computacional que abarca todo el proceso investigativo, desde el relevamiento de las fuentes hasta la visualización de los datos. Como resultados principales, además de ensayar una periodización de la conflictividad en el periodo, se localizan dos grandes temporalidades-territorialidades en la dinámica de la protesta. Una de ellas, caracterizada por patrones más estables y previsibles, y que de conjunto devuelve la imagen de una conflictividad más regulada e integrada, está referida a las organizaciones de alcance nacional e internacional. Otra, vinculada a organizaciones de anclaje local, está caracterizada por patrones menos definidos, que de conjunto devuelven la imagen de una conflictividad mucho más desregulada y con menor integración.

El capítulo de Gonzalo Pérez Álvarez y Demián Suárez reconstruye la conflictividad social entre 1983 y 2011 en el noreste de Chubut. Se sustenta en una base de datos construida a partir de un diario provincial y tres locales, complementados con entrevistas, archivos oficiales y relevamiento bibliográfico. El escrito ofrece un análisis panorámico de un periodo prolongado sobre la subregión patagónica a partir de tres variables centrales: las formas de rebelión, lxs sujetxs y las organizaciones protagonistas de las protestas. El análisis se asienta en un conocimiento exhaustivo de las mudanzas de la estructura económico-social de la región, y en la problematización de sus relaciones con los modelos económicos de los gobiernos nacionales. La argamasa así construida por los autores – a la par que les permite problematizar los vínculos entre historia nacional y regional – decanta en una interpretación de la conflictividad que se estructura en la identificación de periodos. En esa interpretación confluyen todas las dimensiones analíticas: desde cuestiones estructurales del mercado de trabajo, cambios en las políticas públicas nacionales y provinciales, contiendas electorales, sujetxs que participan de las protestas, formas de lucha empleadas y tipo y variedad de demandas. Anclado en la perspectiva de la lucha de clases, el capítulo profundiza la discusión sobre la centralidad del movimiento obrero como sujeto de transformación social en la historia reciente.

En el capítulo de Francisco Favieri, Verónica Orellano, Adán Morales Illanes y Mariano Padín, se describe la conflictividad laboral en la provincia de San Juan durante el periodo 2016-2019. El foco apunta a la composición y evolución de los conflictos y da cuenta de las particularidades en función del sector y la rama de actividad, los intereses expresados como demandas, las formas de organización de lxs sujetxs colectivxs y el nivel de agregación del conflicto (provincial o nacional). Desde un enfoque cuantitativo, elaboran una base de datos en base a tres periódicos digitales provinciales. Entre varias conclusiones, el análisis pone de manifiesto una tendencia a la baja de la conflictividad laboral durante el periodo y un predominio del sector público en las situaciones de conflicto laboral. También evidencia el carácter estacional del predominio de sectores (público o privado) en situaciones de conflicto, según el periodo del año, – estacionalidad que se explica por el tipo de demandas de cada sector – y los ritmos institucionales (del capital y del Estado). Lxs protagonistas del periodo realizan trayectorias de conflictos divergentes, que se explican por el sector de actividad. Mientras que el sector público (particularmente la rama de la enseñanza) focaliza sus demandas en motivos salariales, sus situaciones de conflicto presentan una agregación nacional y los momentos de mayor conflictividad se registran en los primeros y segundos trimestres; el sector privado (particularmente las industrias manufactureras) presenta demandas vinculadas a despidos, suspensiones y continuidad laboral, sus situaciones de conflicto presentan mayoritariamente una agregación provincial y el carácter estacional de su conflictividad se evidencia en la preponderancia de las situaciones de conflicto en los terceros y cuartos trimestres. Esta última cuestión sobresale entre los aportes del capítulo al evidenciar la importancia de ciertas dimensiones para los análisis de conflictividad a escala provincial particularmente, pero sin limitarse a ella: la estacionalidad de los conflictos laborales en función de los contextos y las situaciones.

El capítulo de Susana Roitman, Marina Falvo y Fabiana Visintini caracteriza la conflictividad laboral en la provincia de Córdoba entre 2013 y 2018 desde un enfoque cuantitativo sustentado en la base de datos que las autoras construyen desde el Observatorio de Conflictos Laborales de Córdoba. El análisis se estructura en torno a tres categorías teóricas: movilización/desmovilización, participación/delegación y solidaridad/fragmentación, categorías desarrolladas por Richard Hyman desde una perspectiva marxista. Además de sostenerse en estos constructos teóricos, los datos sobre conflictividad laboral se analizan contextualmente a partir de datos macroeconómicos (empleo y salario). Armadas con la compleja y coherente argamasa de teoría, datos y contexto (macroeconómico y político), las autoras aprehenden las correlaciones de fuerzas entre capital y trabajo para el periodo en la provincia, y como hallazgos más relevantes en este sentido sobresale el carácter defensivo y reducido de los conflictos, que a su vez emergen desacompasada y corporativamente. Esta fragmentación también se observa en el análisis de los conflictos en los lugares de trabajo que permiten problematizar las correlaciones de fuerzas al interior de lxs trabajadores (base-dirección) y evidenciar la ausencia de voluntades colectivas, tanto en sentido interno como externo. Finalmente, el análisis problematiza la tesis sobre la huelga general como indicador de un momento de la conflictividad social que expresa solidaridad de clase, sosteniendo que no es aplicable al caso cordobés en el periodo de estudio, puesto que las huelgas generales no expresan a todxs lxs trabajadores, no sólo porque las centrales sindicales ya no incluyen a todxs ellos (no incluyen a lxs informales, no incluyen a lxs desocupados, etc.), sino también por las disputas en el interior del movimiento obrero que se expresan en múltiples fracturas de las centrales sindicales.

En el capítulo de Loreto Quiroz, Juan Ladeuix y Leandro González se problematiza los linchamientos, en tanto formas de acción colectiva de violencia punitiva. Por un lado, se reconstruye el estado de la cuestión sobre la temática a nivel nacional, particularmente centrándose en sus abordajes cuantitativos. Tal sistematización pone de manifiesto que el linchamiento pasó de ser un fenómeno marginal durante los años noventa, a presentar un incremento sostenido desde inicios del nuevo siglo; evidencia la transversalidad geográfica del fenómeno a nivel nacional; y revela un repertorio de acciones que sobrepasan el clásico linchamiento. Por otro lado, lxs autores analizan la sistematización de casos de linchamiento ocurridos entre 2014 y 2018 en el Gran Buenos Aires, problematizando particularmente la relación entre las acciones colectivas de violencia punitiva y el accionar estatal. Desde una perspectiva crítica que rechaza una concepción de Estado fetichizada, el análisis ilumina cómo dicha relación expresa una tensión en torno a la potestad del poder punitivo, que no puede reducirse a la reivindicación de ejercicios de punitivismo autónomo por parte de lxs linchadorxs en relación al Estado. De conjunto, el capítulo contribuye con dos líneas poco abordadas de la conflictividad social en Argentina: las acciones colectivas de violencia punitiva y la relación entre las formas de conflicto social y las reacciones estatales frente a ellas.

El capítulo de Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel analiza la correlación de fuerzas políticas entre trabajadores y capital durante la gestión del gobierno de Cambiemos a nivel nacional. En cuanto a la relación de fuerzas objetivas, lxs autorxs analizan indicadores del mercado de fuerza de trabajo (empleo y salario) y evidencian la situación profundamente desfavorable para lxs trabajadorxs durante estos años. La relación de fuerzas políticas entre trabajo y capital, corazón del texto, se problematiza a partir de dos indicadores: la conflictividad laboral y la negociación colectiva. El primer indicador se construyó con los datos que lxs autorxs relevan sobre la conflictividad laboral a escala nacional en el marco del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma; mientras que el segundo indicador se construyó con convenios y acuerdos entre trabajadorxs y empleadorxs homologados por el Ministerio de Trabajo. El análisis evidencia que mientras en el periodo 2003-2015 la conflictividad laboral se caracterizó por presentar demandas de carácter defensivo en los lugares de trabajo pero ofensivo a nivel de la rama; luego de 2016, el carácter de las demandas se volvió defensivo en toda su escala de expresión. Otra característica de la conflictividad laboral en el periodo es el alto grado de intensidad de las acciones. El carácter marcadamente defensivo se expresa en ambos frentes, tanto por las demandas en el caso de los conflictos, como por los acuerdos salariales alcanzados en el caso de las negociaciones. Sin embargo, no se deduce de aquí una lectura en clave de derrota del movimiento obrero en el periodo; al contrario: en el contexto de deterioro en que tuvieron que actuar, lxs trabajadorxs ejercieron resistencias -que actuaron como contrapesos y frenos concretos ante las políticas laborales que pretendía instalar el gobierno de Cambiemos- resistencias que pueden explicarse en parte por la acumulación de fuerzas -tanto en el momento económico como en el político- realizada durante el periodo anterior (2003-2015).

El capítulo de María Celia Cotarelo aborda la política callejera de la fuerza social del capitalismo financiero en Argentina, entre 2002 y 2020. Compuestas de sectores reaccionarios, conservadores y reformistas neoliberales, todos contrarrevolucionarios, las movilizaciones de esta fuerza social se constituyen en contra de toda fuerza social popular que ponga en cuestión su hegemonía. El texto ancla empíricamente en la base de datos sobre conflictividad social que la autora elabora en el marco del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) y en documentos de las propias organizaciones. El análisis de las diferentes dimensiones abordadas (los objetivos de las movilizaciones, los instrumentos de lucha empleados, las formas de organización y los objetos contra los que fueron dirigidas) le permite a la autora ir delimitando una periodización del desenvolvimiento de la fuerza social oligárquica. Entre 2002 y 2007, luego de la insurrección espontánea de 2001, localiza el proceso de reconstitución de la fuerza; entre 2008 y 2011, un momento donde esta fuerza social pasó a la ofensiva, avanzando en espacios institucionales, pero sin lograr revertir la relación de fuerzas políticas (reelección de la presidenta); un tercer momento entre 2012 y 2015, cuando la ofensiva se intensifica y la fuerza social oponente entra en crisis, lo que culmina con la victoria electoral que le permite acceder al gobierno del estado, vía la alianza Cambiemos; un cuarto momento, durante el gobierno de esta alianza, cuando la presencia en las calles menguó; y un quinto momento, actual y en desarrollo, luego de la contienda electoral de 2019, donde la fuerza social del régimen vuelve a la ofensiva en las calles, como se ha apreciado a lo largo del año 2020. El trabajo de María Celia Cotarelo es innovador porque focaliza en procesos sociales en general inobservados por la producción científica, como lo es la movilización callejera de las clases dominantes. Asimismo, es enriquecedor porque analiza de forma sintética dos procesos que no siempre logran pensarse juntos: la política callejera y la política institucionalizada, mostrando cómo en el proceso de constituirse, reconstituirse o consolidarse como fuerza social, el régimen hace uso de formas de lucha que desde el sentido común hegemónico se asocian en general a las clases subalternas.

El capítulo de Agustín Santella e Iván Montes de Oca presenta un estudio comparativo de casos que indaga las acciones colectivas conflictivas que expresaron oposiciones y resistencias frente a las políticas de la fase capitalista neoliberal. Focaliza fundamentalmente en los casos de México y de Argentina durante el año 2001. Desde una perspectiva clasista crítica, define la conflictividad laboral como aquella que se expresa entre el capital y la clase proletarizada, pero también entre el capital y la clase desposeída (no necesariamente proletarizada). Los autores elaboran una base de datos que toma como fuente las cronologías del conflicto social, elaboradas por el Observatorio Social de América Latina (OSAL), contribuyendo de esta forma con una línea de trabajos que renuevan las formas en que tradicionalmente se mide la movilización obrera. En este sentido, el análisis de los indicadores clásicos (afiliación sindical, negociación colectiva, representación política sindical y actividad huelguística) se complementa tomando como indicador las acciones colectivas conflictivas, lo que repercute en las tesis a que se arriba en el capítulo. Finalmente, otro aspecto a destacar en este sentido es que el foco en la conflictividad laboral se pone en relación con la conflictividad social general que expresan las clases, grupos y fracciones subalternas.

Sobre las flexiones de género

En nuestros días, la dominación de género constituye socialmente una evidencia: hay un consenso hegemónico sobre su existencia (aunque claro que siempre hay negacionismos, porque siempre hay disputa). Este estatuto de evidente es la realización de luchas pasadas y presentes, primero de las mujeres y hoy de los géneros. Los avances en términos de cambio social de esta opresión son múltiples, expresan diferentes tiempos sociales de tramitación y muchísimos aspectos de la vida en sociedad. Uno de ellos es el lenguaje. El tema es complicado, la lengua es una de las instituciones sociales cuyas temporalidades son más densas, y sus cambios de largo plazo. La revolución de los feminismos, en tanto revolución cultural, también lo es.

El develamiento del carácter androcéntrico de una lengua que se postulaba como neutral y las luchas por instaurar cambios en ella cuenta con varias décadas de historia. Sin embargo, en los últimos años, y particularmente en Argentina, este tópico se ha instalado con fuerza. Hoy la agenda pública discute en torno al lenguaje inclusivo y las alternativas de su construcción. Este tópico permeó la vida en sociedad: en grupos sociales de todo tipo (políticos, sindicales, culturales, estatales, etc.) la cuestión del lenguaje en relación al género es pensada y discutida. Esto es un indicador del momento histórico del problema. Cuando la historia, en su manifestación presente, nos interpela frente a algún tópico, significa que el cambio está ocurriendo. Por ello, no es opcional estar al margen del asunto. Por explicitación o por omisión, nos posicionamos y damos forma a la historia.

Cuando este libro estaba en pleno proceso, una de las colaboradoras nos consultó si habíamos establecido dentro de las normas para la edición el uso de alguna variante del lenguaje inclusivo en particular. Nuestra respuesta -pensada en ese momento, a partir de su intervención, puesto que no lo habíamos contemplado antes- fue que cada autore podía usar el lenguaje como decidiera. Y tomamos esta decisión porque entendemos que refleja el estado actual de la revolución de los feminismos en torno al lenguaje. La historia está siendo: cuando hablamos en masculino omitiendo el tema, cuando dedicamos tiempo de trabajo en revisar y corregir cada los/las, cuando construimos una escritura desde la e o la x. Este libro entonces, en lo que a la expresión de la dominación de género en el lenguaje se refiere, refleja, en el campo de producción escrita en ciencias sociales, un momento del cambio cultural que estamos transitando como sociedad. Por ello, quienes oficien de lectores encontraran tanto expresiones androcéntricas como diferentes formas de lenguaje inclusivo, decididas (a veces de formas consiente y otras no) por las múltiples autorías que lo componen. En nuestro rol de compiladorxs, optamos por mantener el desorden: evidenciar las tensiones y contradicciones es un buen ejercicio que colabora con la desfetichización de lo establecido.


Para finalizar esta introducción, a modo de reconocimiento, resta explicitar las instituciones y personas que han hecho posible esta compilación. Ella condensa resultados que varixs de lxs autorxs desarrollamos en el marco de PICT “La conflictividad social en la Argentina contemporánea: procesos de lucha y organización en las ciudades-puerto del sudeste bonaerense, 2001-2008”, subsidiado por el Fondo para la investigación científica y tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). Finalmente, también condensa los frutos de vínculos académicos que año a año fortalecemos quienes integramos la Red de Observatorios de Conflictividad en Argentina.[6]

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  1. Para una síntesis de esta perspectiva teórica recomendamos leer a Rex (1981).
  2. El soporte empírico de este último trabajo es una base de datos sobre conflictividad laboral con cerca de 100.000 registros de los distintos países del planeta.
  3. En un texto más cercano en el tiempo, Izaguirre y Aristizábal (2002) presentaron sugerentes y minuciosas críticas a las perspectivas teóricas y metodológicas de estos textos.
  4. Para mayor detalle recomendamos ingresar a http://www.pimsa.secyt.gov.ar/informes.html
  5. Para un panorama en profundidad sobre el tópico de este párrafo ver Río (2008).
  6. https://observatoriosconflictividad.org/


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