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7 Formas de las acciones colectivas de violencia punitiva
en la Argentina reciente

El fenómeno del linchamiento y sus implicancias en las potestades punitivas

Loreto Quiroz, Juan Ladeuix y Leandro González

Introducción

Desde hace ya varios años, y particularmente durante el año 2014, en la Argentina se han vuelto recurrentes las imágenes en torno a los linchamientos. Entre abril y mayo de ese año, una sucesión de hechos ocurridos en Buenos Aires y Rosario despertó el interés mediático sobre el fenómeno, cuestión que, en palabras de Evangelina Caravaca, generó un “toque de reunión” para políticos, periodistas, juristas y académicos que fueron consultados sobre los “linchamientos en la Argentina” y los peligros de los fenómenos de “justicia por mano propia” (Caravaca, 2014). Una importante cantidad de informes televisivos y de reportajes periodísticos buscaba entender cómo, un fenómeno propio de las “sociedades más postergadas del continente”, se podía vislumbrar en la sociedad argentina. Además, llamaban la atención los escasos trabajos académicos que, a pesar del auge actual de los estudios sobre la protesta y los nuevos movimientos sociales en la Argentina después de 2001, se habían ocupado de la cuestión. La novedad de las “acciones de justicia por mano propia” como una práctica recurrente en la Argentina puede ser una de las causas de esa carencia inicial.

Los linchamientos no son una novedad en la historia. El homicidio de personas a manos de una muchedumbre que, sin mediar procedimiento legal alguno, asume el poder punitivo que se esperaría fuese reservado para el Estado se remonta a tiempos inmemoriales. No obstante, esta denominación es relativamente reciente, como lo señalaba James Cutler (1905) al describir “la ley del linchamiento” como uno de los principales problemas de la sociedad estadounidense. Los linchamientos como fenómeno social presentan una complejidad, tanto en sus motivaciones como en sus formas, de la cual ha dado cuenta la importante producción académica sobre el problema en Estados Unidos.

Los linchamientos de 2014, que despertaron tal interés mediático, son acompañados en Argentina por toda una serie de prácticas sociales punitivas que los precedieron y sucedieron.

En el presente texto pretendemos exponer, en primer lugar, un breve estado de la cuestión en torno a los estudios de las acciones colectivas de violencia punitiva -en los que se inscriben los linchamientos-, con especial atención a un conjunto de estudios que abordaron el fenómeno desde una perspectiva cuantitativa. Por otro lado, en una segunda sección, pretendemos plantear, mediante la focalización en una serie de casos sucedidos en el Gran Buenos Aires entre junio de 2014 y marzo de 2018, una de las variables que consideramos fundamentales para comprender la importancia del fenómeno: los linchamientos como un momento de tensión entre los actores colectivos y los actores institucionales por la potestad del poder punitivo.

Las acciones de violencia colectiva en la Argentina reciente: los aportes de los estudios cuantitativos

Como hemos señalado anteriormente, el interés de los investigadores sociales por este tipo de accionar colectivo en Argentina es relativamente reciente. Si bien en el ámbito anglosajón así como en varios países latinoamericanos existe una importante tradición de estudios en torno a estas expresiones de violencia social – especialmente sobre los linchamientos-, no fue sino a partir de la década de 2010 que en la Argentina comenzaron a realizarse las primeras investigaciones sobre estas formas de acción colectiva. De esta manera, durante estos últimos años, se han llevado adelante un conjunto de estudios que en cierto modo han comenzado a revertir la carencia de investigaciones sobre la temática que primaba hasta hace poco tiempo atrás.

A grandes rasgos, pueden identificarse dos líneas de investigación desarrolladas por estos estudios. Una de ellas se ha interesado, sobre todo, en explorar la construcción de sentido, los discursos y representaciones sociales en torno a los llamados casos de “justicia por mano propia”. Estos estudios se han abocado a analizar el papel de los medios de comunicación, la construcción de discursos punitivos y su relación con la problemática de la “inseguridad”, que emergieron en la arena pública argentina luego de la denominada “ola” de linchamientos de 2014.

Otra línea de estudios, en cambio, se ha caracterizado por un abordaje más próximo y atento a los interrogantes propios de los estudios de la acción colectiva, la protesta y las violencias sociales. Estas investigaciones se han dirigido a cuestionar tanto las narrativas mediáticas como las sociológicas que tienden a presentar estas formas de acción colectiva como reacciones mecánicas sujetas a estímulos como la ira o la desesperación y, por ende, carentes de racionalidad. En su lugar, estas investigaciones han propiciado un abordaje de carácter cuantitativo a partir de la compilación de noticias aparecidas en la prensa escrita (González, Ladeuix y Ferreyra, 2011; Alvarito y Schvartzman, 2014; Gamallo, 2017). El primero de estos trabajos fue realizado por los historiadores Juan Ladeuix, Leandro González y Gabriela Ferreyra (2011) quienes aportaron los primeros datos sistemáticos a partir del análisis de 98 noticias de la prensa argentina entre 1997 y 2008. Poco tiempo después, los abogados Rodolfo Alvarito y Claudia Schvartzman publicaron un estudio a partir de la recopilación de 195 casos ocurridos en la provincia de Buenos Aires entre los años 2004 y 2014. El sociólogo Leandro Gamallo (2017), finalmente, produjo el más reciente aporte al ofrecer un nuevo análisis para el período 2009-2015 sobre la base de más de 250 casos relevados en todo el país.

Existen matices entre las distintas investigaciones, atribuibles en ocasiones a los diversos campos disciplinares de los que proceden los autores, y con ello, a las variadas tradiciones teóricas que nutren a cada uno de éstos. De todas formas, los principales hallazgos referentes a las acciones colectivas de violencia punitiva destacadas por estos estudios pueden resumirse de la siguiente manera:

  1. Al igual que lo acontecido en otros países de la región, en la Argentina se observa un creciente número de acciones colectivas de violencia punitiva. De esta forma, de ser un fenómeno marginal en la década del noventa, se advierte un incremento sostenido de casos desde comienzos de siglo a la actualidad, con un pico de eventos de estas características en el año 2014 (ver gráfico 1).
  2. Las acciones colectivas de violencia punitiva son un fenómeno extendido a lo largo y ancho del país. Su distribución geográfica es, sin embargo, muy desigual, puesto que la mayoría de casos suele concentrarse en la periferia de los centros urbanos más importantes del país.
  3. Mientras que en otros países del continente los delitos contra la propiedad son los que suelen catalizar acciones como los linchamientos, en Argentina los delitos contra las personas (homicidios, agresiones con armas de fuego, violaciones, etc.) parecieran ser los eventos más importantes que los detonan.
  4. Los delitos que pretenden vindicarse tienen una vinculación de vecindad o parentesco con aquella/as persona/as que son señaladas como victimarios;
  5. En la Argentina las acciones colectivas de violencia punitiva se componen de un repertorio que excede claramente la práctica del linchamiento, teniendo una importancia destacada la quema y a veces el saqueo de las viviendas de los supuestos victimarios.

Fuentes: Gonzalez, Ladeuix y Ferreyra (2011), Gamallo (2017).

Linchamientos e institucionalidad estatal

En lo que se refiere a la relación con la autoridad estatal, la literatura sobre los linchamientos (Favarel-Garrigues y Gayer, 2016; Comaroff y Comaroff, 2006; Vilas, 2001; Santillán, 2008; Nivette, 2016) sitúa estas acciones en una posición dicotómica frente a los marcos institucionales propios del Estado. Nuestro trabajo justamente se interroga sobre dicha relación, reconociendo como punto de partida que estas acciones revelan conflictos que van mucho más allá de los hechos y circunstancias que las motivan. Se trata de dilucidar cómo estas acciones se instalan sobre tensiones preexistentes y se relacionan, en particular, con el poder estatal. En definitiva ¿implican los linchamientos la reivindicación de una cierta autonomía y/o oposición frente al poder punitivo estatal, o más bien logran entablar formas de articulación con el mismo?

De acuerdo a lo señalado, resulta pertinente trabajar con un concepto de linchamiento amplio, que permita incluir acciones que presenten cierta variabilidad, pero reconociendo su carácter de acción colectiva de violencia punitiva.

En razón de lo señalado resulta apropiado para el presente trabajo el concepto que nos da Antonio Fuentes. Este autor sostiene que los linchamientos constituyen

… una acción colectiva, punitiva, que puede ser anónima, espontánea u organizada, con diferentes niveles de ritualización, que persigue la violencia física sobre individuos que presumiblemente han infringido una norma, sea esta formal o virtual (es decir, instituida por la colectividad), y que se encuentran en considerable inferioridad numérica (Fuentes, 2011, p. 125).

De esta definición destacamos que es la intencionalidad del despliegue de violencia sobre el cuerpo de el o los individuos, que se señalan como infractores, la que permite identificar una acción como linchamiento y no la efectividad del despliegue de dicha violencia. Por otra parte, a la definición agregamos que la violencia desplegada en estas acciones es ejercida por agentes que no pertenecen a las instituciones del Estado.

Teniendo como referencia una extensa noción de vigilantismo que abarca los linchamientos, Nivette (2016) señala que muchas investigaciones indican que el apoyo y la participación en estas acciones corresponden a contextos en los que las instituciones formales encargadas de impartir justicia son débiles, están ausentes o resultan inaccesibles. A este respecto, el autor destaca que la justicia institucional en Latinoamérica se caracteriza por la corrupción, la falta de profesionalismo, la impunidad y la violencia. Éstas son constantes que caracterizan la inestabilidad política y la falta de legitimidad de los sistemas de justicia institucional en la región. Circunstancias así generarían las condiciones para una especie de ausencia del Estado, situación en la cual los ciudadanos desconocerían las formas legales de resolución de conflictos, comprometiéndose en formas violentas de justicia no institucional (Nivette, 2016), eso sin perjuicio de los hallazgos de su investigación relativos a la variabilidad del apoyo de este tipo de acciones en el subcontinente.

Algunos antropólogos han planteado que existe una estrecha relación entre el neoliberalismo y la actual extensión global del vigilantismo. Definido este último como formas baratas de hacer cumplir la ley, llevadas a cabo por aficionados, es decir comprendiendo a los linchamientos, se plantea que estas iniciativas son el resultado de varios decenios de desregulación, descentralización y privatización de las funciones policiales por parte del Estado Neoliberal (Comaroff y Comaroff, 2006).

Las lecturas centradas en la relación entre el Estado y estas acciones muchas veces implican una reificación del Estado. En estas interpretaciones se piensa el aparato estatal en abstracto, como un bloque monolítico, prescindiendo de las particularidades que encarna en las distintas formaciones sociales y tiempos. Es así como estas tesis sugieren implícitamente que los Estados coloniales, y luego postcoloniales, como los latinoamericanos, habrían ejercido en algún momento un monopolio efectivo de las funciones policiales, para luego, en el marco del Estado Neoliberal, agobiados como resultado de los programas de privatización y ajuste estructural, deshacerse de tal monopolio (Favarel-Garrigues y Gayer, 2016).

Las aproximaciones a los linchamientos, centradas en la deficitaria presencia del Estado en los espacios donde se producen, implícitamente le atribuyen al Estado el carácter de externalidad respecto a la sociedad civil, lo que implica desconocer el proceso social como una totalidad y confundir al Estado con el aparato Estatal (Lechner, 2006). Por el contrario, si consideramos al Estado menos como garante coercitivo del orden social y más bien como organización del sentido del orden (Lechner, 2006) podemos afirmar que los linchamientos, aun cuando constituyen acciones divergentes del canon de castigo propio del discurso estatal, más que develar una presencia deficitaria del Estado en los espacios donde estos se producen, podrían dar cuenta de la particular organización del sentido de Estados, sociológica e históricamente determinados.

El planteamiento de la cuestión en estos términos nos habilita para superar la mirada sobre los linchamientos, globalizante y anclada en el presente, apartarnos de la mirada del déficit y, en cambio, relevar las matrices culturales e históricas y las particularidades de los Estados y su derecho, en las que se inscriben estas acciones, como elementos que contribuyen a una mejor comprensión del significado de las mismas.

En este punto es preciso destacar que si bien en Latinoamérica, a pesar de múltiples dificultades, se constituyeron Estados en términos jurídicos-constitucionales, el aparato estatal no habría logrado aparecer como administrador del interés general de la sociedad y la falta de integración social exige el permanente recurso a la coacción directa (Lechner, 2006).

En este contexto, el orden existente no deja de verse como parcial y arbitrario, cuestión que decanta en una falta de compromiso categórico con el cumplimiento de las normas institucionales, tanto por parte de la autoridad como por parte de los subordinados, de ahí se puede entender lo que se ha identificado como una actitud ambivalente de los latinoamericanos frente al derecho (García y Rodríguez, 2003).

Por otra parte, el déficit de maniobra política de los Estados latinoamericanos redunda en la permanente recurrencia del Estado al uso simbólico de las normas y los discursos jurídicos (Santos y García, 2001). La producción de derecho pasa a ser un sustituto del sistema político. Se recurre al derecho para responder a las demandas sociales, sin que esto sea acompañado por un interés o capacidad por parte de esos mismos Estados de lograr el cumplimiento de las normas que se producen desde su propio discurso jurídico oficial. Esto explica en buena medida una de las características del derecho latinoamericano: la ineficacia de ese discurso jurídico oficial (García y Rodríguez, 2003). Sin embargo, esa ineficacia debe tener un límite; el uso simbólico del derecho cumple su objetivo en la medida en que al menos un mínimo grado de eficacia instrumental se logre (Bourdieu y Teubner, 2000).

Para contrarrestar la tensión que se produce por la constante apelación al uso simbólico del derecho, y a la vez, la ineficacia del mismo, se ha observado la recurrencia a otra práctica institucional: la excepción jurídica, destinada a atenuar el alcance de los derechos. El exceso de retórica jurídica por parte del Estado se compensa entonces por éste con catálogos y prácticas que plantean excepciones a los derechos pregonados por esa retórica (García y Rodríguez, 2003). Esta práctica institucional permea todo el campo jurídico, así es como en América Latina, es frecuente que los funcionarios cumplan con el derecho sólo en ciertas circunstancias, cuando consideran que las situaciones fácticas lo permiten (Gutiérrez, 1998), práctica que también es frecuente entre los ciudadanos (García y Rodríguez, 2003). Esto se explica si consideramos que el comportamiento de quienes representan y hacen cumplir la ley manda importantes señales a los ciudadanos acerca de la legitimidad de los agentes e instituciones estatales (Bottoms y Tankebe, 2012).

La ocurrencia de linchamientos podría constituir una de esas prácticas que expresan la posibilidad de la excepción jurídica como forma de canalización de la tensión que produce la permanente recurrencia del Estado al uso simbólico de las normas y los discursos jurídicos (Santos y García, 2001), acompañada de la regular ineficacia de esas normas, en tanto implica la posibilidad de una excepción al canon del derecho moderno que significa el cuerpo humano como un valor no sacrificable.

Linchamientos en el Gran Buenos Aires: entre la coexistencia y la disputa de las potestades punitivas de los agentes del Estado

Con el objeto de contribuir a la problematización cualitativa del fenómeno, en esta parte del trabajo se indaga en la construcción de la relación con la autoridad institucional estatal en los linchamientos. Dicho análisis se funda en la revisión de archivos de prensa electrónicos de Clarín y La Nación, correspondientes a episodios sucedidos entre junio de 2014 y marzo de 2018 en el Gran Buenos Aires, período en el que se identificaron 35 casos. Sobre los archivos se trabajó realizando análisis de contenido, centrándose en los elementos descriptivos de la acción de los agentes y en la interacción entre ellos.

Con base en los archivos de prensa examinados se observó que, en la gran mayoría de los casos, existe una abierta tolerancia respecto de los linchamientos por parte -justamente- de quienes deberían tender a su reproche, los agentes estatales, específicamente, las policías.

Por otra parte, las características descriptivas de estas acciones en cuanto a los grados de estructuración que presentan nos permiten afirmar que, dentro de una gran variabilidad, éstas se configuran, con una tendencia a aparecer como acciones más bien desorganizadas y espontáneas. Los casos en los que se observan grados de estructuración más elevados corresponden a casos en los que existen lazos previos entre quienes participan del linchamiento, y en algunos casos también, entre linchadores y linchados.

Se aprecia también una tendencia marcada hacia formas de interacción cordial con los agentes institucionales. A su vez, en los casos que se desvían de esta tendencia se observa que existen vínculos entre quienes participan de la acción. Pareciera ser que, a vínculos más intensos entre quienes aparecen como actores en la acción de linchamiento, corresponde la emergencia de una cierta disputa de las potestades punitivas del estado y/o una cierta posibilidad de protesta frente al actuar de las agencias institucionales.

En base a los datos es posible afirmar que, en ocasiones, se aprecia una articulación entre los linchamientos y el accionar de la institucionalidad estatal. Esto sucedería porque la acción deriva en algún tipo de intervención de agentes estatales, orientada a la represión del linchado y/o al restablecimiento del orden público, sin que ello implique dar indicios de represión contra los linchadores. Pero en otro grupo de casos la potestad punitiva del Estado y las acciones punitivas de los agentes no estatales no convergen tan claramente; en tanto la autoridad no reprime al linchado.

En el primer grupo de casos, en los que las potestades punitivas de los agentes del Estado y la acción de los linchadores aparecen más en convergencia que enfrentadas, la suspensión de los cánones de castigo institucionalmente establecidos es sólo temporal. Los agentes institucionales retoman sus funciones para castigar al supuesto ofensor, en el accionar represivo de la institucionalidad sobre éste revive la eficacia de dicha institucionalidad, nutriéndose de ello el propio poder simbólico de esta última.

Ahora bien, en los casos en que la potestad punitiva del Estado y las acciones punitivas de los agentes no estatales no convergen, esto es en los casos en los que la autoridad parece no orientarse a la represión de la ofensa que gatilla el linchamiento, se aprecia que ello sucede debido a:

  1. Cuestiones de facto que lo impiden, no es posible el castigo del supuesto ofensor, porque éste resultó muerto o el linchado no puede ser calificado institucionalmente como ofensor.
  2. Ausencia de intervención de las instituciones. En algunos de estos casos queda la duda respecto a la posibilidad de calificar institucionalmente al linchado como ofensor.

En estos casos, el equilibrio entre ineficacia y poder simbólico se tensiona, este último se debilita puesto que los linchamientos se relevan como acciones que se constituyen en una especie de paralelo a la potestad punitiva del Estado, debido quizá a que la acción de linchamiento se mueve en registros distintos a esa potestad punitiva estatal. Se trata de niveles de violencia absolutamente intolerables a nivel institucional o de ofensas que no pueden ser calificadas como tales por las instituciones. Tal vez porque las instituciones estatales parecen simplemente no intervenir respecto de estas acciones, aparece la idea del “dejar hacer”.

Sin embargo, el poder simbólico de la institucionalidad tiende a restablecerse en los límites a la tolerancia institucional sobre los linchamientos. Si bien es cierto que en los datos observados se aprecia una tendencia por parte de las autoridades a tolerar los linchamientos, ésta tiene límites. Pareciera que la autoridad, en términos generales, tiende a retomar su función represora o contra la violencia interpersonal, o da indicios en ese sentido cuando:

  1. Los niveles de violencia sobre el supuesto infractor superan ciertos límites.
  2. Cuándo no hay claridad alguna respecto de la supuesta ofensa que gatilla el linchamiento.
  3. Cuándo la violencia se dirige también contra los agentes de la autoridad.

Los límites en cuanto a la tolerancia institucional sobre estas acciones encuentran un factor común en que, en todos los casos en los que emergen estos límites, las acciones de linchamiento no sólo constituyen una apropiación de la potestad punitiva que oficialmente corresponde al Estado, cuestión implicada en toda acción de linchamiento, sino que implican también poner en disputa cuestiones canónicas de esa institucionalidad, el derecho penal del enemigo, la certeza de la ocurrencia de la ofensa (independiente de su autoría) y la posibilidad de represión por parte de las agencias institucionales. Este juego entre tendencia a la tolerancia y límites a los linchamientos, a la vez que permite la coexistencia de potestades punitivas fuera de los márgenes institucionales, resguarda la persistencia de la institucionalidad misma. Pareciera entonces que la idea de los linchamientos enfrentados al derecho del Estado comienza a desdibujarse, tratándose más bien de un dejar hacer, pero con ciertos límites, y esas fronteras tienen por objeto que el poder simbólico de esa institucionalidad persista.

Lo anterior nos permite intuir que en los linchamientos en Argentina la tensión entre ineficacia y poder simbólico de la institucionalidad se resuelve a través de la convergencia de las potestades punitivas de agentes institucionales y agentes no institucionales y del establecimiento de ciertos límites a la tolerancia sobre estas acciones. Esta afirmación es reforzada a su vez por los datos relativos a la gran cantidad de casos de la muestra. En 24 casos de 35, los linchamientos constituyen acciones claramente desorganizadas y espontáneas, en las cuales se ha dado una marcada tendencia a la interacción pacífica entre los agentes institucionales y los agentes no institucionales. De los 25 casos en los que se observa que las policías intervienen en la acción, y por tanto, interactúan de alguna manera con quienes participaron del linchamiento, se aprecia que en 18 de estos casos no hay mayores tensiones en la interacción entre los policías y las personas que participan de los hechos. La tendencia observada en los linchamientos en Argentina a constituirse como acciones más bien desorganizadas y espontáneas y a desarrollarse sin gatillar mayores tensiones con los agentes institucionales devela que estas acciones, en la mayoría de los casos, no pretenden disputar la potestad punitiva de la institucionalidad estatal, y por ende, no llevan a cuestionar el lugar que ocupa ese poder, sino que más bien aspiran a coexistir con esa potestad punitiva.

Sin embargo, la configuración de los linchamientos en Argentina no resulta del todo homogénea. La tendencia a configurarse como acciones que coexisten con la potestad punitiva del Estado, sin disputarla, tiende a ser revertida cuando se trata de acciones en que existen vínculos previos al linchamiento mismo, ya sea entre los linchadores, entre éstos y la víctima de la ofensa que gatilla el linchamiento y/o con el sujeto al que se atribuye dicha ofensa. Los datos develan que cuando existen tales vínculos, las acciones pueden presentar mayores grados de estructuración y en algunos casos se pueden observar indicios de tensión entre los cuerpos policiales y los agentes no institucionales. Pareciera ser entonces que los vínculos previos, en algunas ocasiones, dan lugar a acciones que, en atención a los mayores grados de estructuración observados y/o por los indicios relativos a tensión con los agentes institucionales, pueden ser leídos como acciones, no sólo de apropiación de poder punitivo, sino también como acciones que disputan ese poder a las instituciones estatales y que por tanto no sólo dan cuenta de la ineficacia de dichas instituciones, ya que implican formas de castigo divergentes de sus cánones, sino que también debilitan el poder simbólico de esa potestad punitiva del Estado. Sin embargo, en todos los casos que presentan estas características se observa que las agencias estatales hacen frente a esa disputa de la potestad punitiva del Estado, ya sea dando indicios de sancionar a los linchadores, ya sea dando señales en el mismo sentido sobre los linchados y/o tratando de gestionar el control de la situación.

Consideraciones finales

Las formas de desarrollo de los linchamientos examinadas ponen de manifiesto que, aun cuando estos repertorios de acción, en consonancia con lo planteado por la literatura, emerjan fuera de los marcos institucionales y tiendan a presentarse de formas más bien desorganizadas y espontáneas (Nivette, 2016; Eriksson, 2009; Huggins, 1991), tales características descriptivas no pueden servir de base para explicar estas acciones lisa y llanamente en términos homogéneos, como la reivindicación de una cierta autonomía y/o oposición respecto del Estado.

Al observar las interacciones implicadas en los linchamientos apreciamos que, a través del desarrollo de estas acciones, se expresan dos rasgos que han sido descritos como característicos de las formas de operar del derecho latinoamericano que resultan paradójicos. Mientras, por una parte en estas acciones se manifiesta la relativa ineficacia del discurso propio del derecho positivo del Estado, al mismo tiempo se identifica el peso del poder simbólico de este derecho. Todo el espectro en la variabilidad de los casos puede explicarse por la falta de compromiso categórico con el cumplimiento del derecho observada en Latinoamérica, tanto por parte de la autoridad como por parte de los subordinados (García y Rodríguez, 2003), cuestión que se explica a su vez por una condición estructural: el déficit de hegemonía de los Estados de la región (Lechner, 2006). Los linchamientos mirados desde la perspectiva de su relación con la institucionalidad estatal nos permiten ver al Estado ya no como un bloque monolítico, haciendo visibles sus particularidades en las formaciones sociales donde se desarrollan estas acciones.

Los Estados Latinoamericanos han sido descritos como estructuras que presentan un déficit de maniobra política (García y Rodríguez, 2003): ya que no son capaces de hacerse obedecer en razón de un orden de sentido, porque son incapaces de generarlo, entonces se hacen obedecer por la fuerza, constituyéndose así como Estados autoritarios (Lechner, 2006). Sin embargo, ese mismo autoritarismo, en tanto en definitiva no suple la falta de hegemonía necesaria para generar un orden de sentido, media en la generación de prácticas complejas de desobediencia. Así se origina un comportamiento ciudadano complejo y dispar: la obediencia a la ley es a menudo excluida, negociada o, en el mejor de los casos, adaptada a cada nueva situación, prácticas en las que los agentes pueden operar no sólo en consonancia con los intereses del Estado, sino también bloqueándolos, subvirtiéndolos, transformándolos o apropiándose de la actuación del Estado (García y Rodríguez, 2003).

En el caso de los linchamientos, la tensión que está en juego es el equilibrio entre poder simbólico e ineficacia del poder de las instituciones estatales, a la que alude Bourdieu y Teubner (2000), como una cuestión necesaria para que el poder simbólico persista. De acuerdo a los antecedentes analizados, este equilibrio se logra mediante el establecimiento de límites a la tolerancia institucional hacia estas acciones, esos límites ponen a resguardo, aunque de manera precaria, variable y ad-hoc, el lugar de la potestad punitiva de las agencias estatales.

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