María Celia Cotarelo

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI se han producido manifestaciones callejeras y otras formas de protesta en distintos países de América Latina y del resto del mundo que presentan rasgos similares entre sí. Manifestantes con velas encendidas y vestidos de blanco reclamando seguridad en Argentina, Distrito Federal de México, Guayaquil y muchas otras ciudades; propietarios rurales en Argentina y en la Medialuna boliviana cortando rutas y haciendo caravanas y marchas; ciudadanos indignados clamando por la libertad y contra el supuesto autoritarismo de gobiernos tildados de populistas o comunistas en numerosas ciudades de la región y del mundo; fieles religiosos movilizados contra la extensión de derechos ciudadanos vinculados con el género y la sexualidad en Argentina, Estados Unidos, España y otros lugares; ciudadanos xenófobos enardecidos contra el crecimiento de la inmigración en sus respectivos países; más ciudadanos escandalizados por la corrupción -real o supuesta- de los políticos “populistas”, pero siendo solidarios con otros políticos o empresarios sospechados de lavado de dinero o evasión en Argentina, Brasil, Ecuador y otros países. Ya en tiempos de pandemia, manifestantes anticuarentena, junto con antivacunas contrarios al “nuevo orden mundial”, en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia. Estas movilizaciones tienen variadas expresiones políticas; a través de las mismas, en algunos países han llevado adelante golpes de estado mediante distintos mecanismos, desplazando a gobiernos surgidos de elecciones, como en Bolivia, Brasil, Honduras y Paraguay. En otros países, accedieron al gobierno o a espacios parlamentarios por elección de los ciudadanos.

En esas movilizaciones han confluido tanto sectores reaccionarios, nostálgicos de tiempos pasados; como conservadores, determinados a mantener el orden vigente sin demasiados cambios; y reformistas neoliberales, decididos a conservar el régimen social imperante pero también a seguir impulsando su transformación en beneficio de los sectores más concentrados del capital, la oligarquía financiera; todos, contrarrevolucionarios en términos históricos, más allá de la coyuntura en cada país y en el mundo. Constituyen una fuerza social internacional, conducida por la oligarquía financiera, que pasó a la ofensiva a partir de la década de 1970 hasta lograr realizar su hegemonía a nivel mundial. Se encuentra en disposición de guerra en todos los frentes y actúa para neutralizar o aniquilar toda fuerza social popular reformista, o potencial o efectivamente revolucionaria, que apunte a resistir, poner en cuestión o terminar con esa hegemonía.

Como parte de ese proceso internacional, esta clase fue construyendo una fuerza social en Argentina en las últimas décadas. Como toda fuerza social, se constituye, se desarrolla, entra en crisis, se reconstituye, según las alternativas de la lucha. En distintos trabajos hemos señalado cómo esta fuerza se ha ido reconstituyendo tras la insurrección espontánea de 2001, en confrontación con una fuerza social que caracterizamos como popular, democrática y nacional, emergente de aquel hecho^[1].

En este trabajo, abordamos su estudio a partir de la observación, desde un enfoque cuantitativo, de los hechos de protesta que hicieron a ese proceso de reconstitución entre 2002 y 2020 (hasta el 31 de agosto). Para ello tomamos hechos registrados en nuestra Base de Datos, que reúne hechos de rebelión en los distintos lugares del país desde diciembre de 1993 y que contiene más de 37 mil registros, a partir de la información brindada por cuatro diarios de Buenos Aires de alcance nacional –Clarín, La Nación, Página 12 y Crónica–. Dado que esta base incluye hechos protagonizados por muy diversos participantes –trabajadores, pobres, vecinos, pobladores, militantes, ciudadanos, mujeres, ambientalistas, indígenas, familiares de víctimas de crímenes y muchos otros–, quienes utilizan diversos instrumentos de lucha, organizados de muy diversa manera y que plantean reclamos de todo tipo, debemos aquí delimitar nuestro universo específico –como hemos dicho, las protestas que hicieron a la reconstitución de una fuerza social conducida por la oligarquía financiera, con elementos reaccionarios, conservadores y reformistas neoliberales.

Como es habitual en todas las bases de datos sobre protesta social, la inmensa mayoría de los hechos son protagonizados por distintos sectores de las clases subalternas o del pueblo, que protestan o luchan contra aspectos de las condiciones de explotación, expoliación y opresión en que se encuentran. Sin embargo, en coyunturas en que una alianza social con participación popular –en el grado que sea– logra acceder al gobierno del estado o en momentos en que esa fuerza existe y se encuentra en condiciones de confrontar, las clases dominantes apelan a la movilización callejera y otras formas de protesta, entre otros muchos instrumentos de lucha, a fin de constituir, reconstituir o consolidar su propia fuerza social en defensa del régimen social vigente. En esta fase capitalista, cualquier intento de avance democrático del pueblo constituye, para la oligarquía financiera, una amenaza inaceptable. En algunas de esas protestas han participado distintas capas y fracciones del proletariado, que se mueven, no en tanto tales, sino en función del interés de la cúpula de la burguesía como parte de esa fuerza social o como atributo del capital.

A fin de delimitar el universo, comenzamos por tomar la variable “objetivo”, es decir, el reclamo o la consigna central expresados, ya que se trata del indicador más evidente del carácter del hecho; tomamos también las variables “participante”, “tipo de organización” y “objeto” (contra quién se dirige la protesta). En el lapso considerado, registramos 4.022 hechos, el 10,82% del total de hechos registrados en nuestra Base de Datos (37.137), en los que se han planteado demandas que agrupamos en los siguientes ejes: seguridad (incluye demanda de penas que sean más severas para los delincuentes, “mano dura”, rechazo a la instalación de pobres en el barrio), guerra antisubversiva de la década de 1970 (reivindicación de la misma, oposición a los juicios a los genocidas), valores cristianos (incluye el repudio ante obras artísticas, la oposición a la despenalización del aborto, al matrimonio igualitario y a la Educación Sexual Integral, a favor de imágenes religiosas en espacios estatales), libertad de mercado (rechazo a la intervención del estado en la actividad privada a través de la aplicación de retenciones y otros impuestos, (re)estatización de empresas, regulaciones o controles, defensa de la propiedad privada); paz social (contra protestas de trabajadores y pobres, acción de militantes populares); libertad individual (contra el autoritarismo); institucionalidad republicana (defensa de la república, independencia del poder judicial, costo de la política, contra el populismo, contra la corrupción de los políticos); alineamiento internacional anticomunista (contra gobiernos progresistas o revolucionarios en América Latina).

No incluimos aquí otros hechos que pueden haber contribuido también al desarrollo de la fuerza social oligárquica a partir de sus motivaciones o de la utilización política que se hizo de ellos, como por ejemplo, las protestas policiales en reclamo de aumentos salariales en 2013, las olas de saqueos a comercios en barrios pobres de distintas ciudades durante 2012 y 2013, las ocupaciones de terrenos por pobladores sin techo en 2010 y 2011 en varios lugares del país, las protestas a raíz de tragedias colectivas, los llamados linchamientos de delincuentes o hechos de justicia por mano propia individual o colectiva. Estos hechos contribuyeron a generar un clima político y un estado de ánimo en la población, apelándose al miedo, la incertidumbre o el odio.

Principales rasgos

Los que protagonizaron las protestas lo hicieron en tanto pequeños y medianos empresarios – en su gran mayoría, agrarios-, ciudadanos, vecinos, militantes, familiares de víctimas de crímenes, fieles religiosos y profesionales independientes. En más de 200 hechos (230), participaron también trabajadores asalariados, ocupados, desocupados y pobres, organizados en sindicatos o en agrupaciones de desocupados o pobres urbanos. Aunque generalmente en escaso número, estuvieron presentes en algunos de los hechos más masivos, como en jornadas por la paz social en 2002, en marchas convocadas por Blumberg por más seguridad, en el conflicto de las patronales del campo en 2008 y en el cacerolazo del 8N (8 de noviembre de 2012). También participaron de protestas en contra de la aplicación de retenciones a las exportaciones petroleras y agrarias, en defensa de la actividad minera y sojera y por la libertad de empresa, junto con sus patrones y en defensa de los intereses de estos últimos.

Veamos algunas características generales de estos hechos, atendiendo a los objetivos, instrumentos de lucha, las formas de organización y los objetos contra los que fueron dirigidos. En el apartado sobre los objetivos, presentamos una periodización a partir de los enfrentamientos sociales generales desarrollados en el lapso analizado.

Objetivos

Los ejes que ocupan los dos primeros lugares según cantidad de acciones son el de la libertad de mercado (1.859 hechos, 46,2% del total de 4.022), y el reclamo de seguridad (1.129 hechos, 28,1%). Luego siguen los de la institucionalidad republicana (191 hechos, 4,7%), la defensa de los valores cristianos (185 hechos), la paz social (130 hechos), guerra antisubversiva (51 hechos), libertad individual (32), alineamiento internacional anticomunista (26 hechos). En otros 280 hechos se plantearon demandas que corresponden a más de uno de estos ejes. El resto (133) corresponde a “otros”; y 6 sin datos.

Durante los primeros años del lapso que abordamos, entre 2002 y 2007, y sobre un total de 15.168 hechos registrados entre esos años, una pequeña parte, apenas 538 (3,6%), correspondió a acciones que presentaron demandas referidas a los ejes mencionados más arriba. Los objetivos de las protestas referían principalmente al eje de la seguridad: los hechos en reclamo de seguridad, “mano dura”, penas más severas para los delincuentes o rechazo a la instalación de pobres (sospechados de delincuentes) en el barrio, constituyeron dos tercios (349; 64,9%) del total de 538 hechos. En mucho menor medida, tuvieron repercusión protestas referidas a la paz social (47 hechos) y a la reivindicación de la guerra antisubversiva (18). Si bien también existieron hechos referidos a la libertad de mercado (78) y a la defensa de los valores cristianos (25), no alcanzaron la relevancia que habrían de tener en los años posteriores.

Al comienzo, en las manifestaciones en reclamo de seguridad y de paz aparecían carteles con leyendas como éstas: “La paz sólo se consigue con educación, trabajo, justicia y salud” o “para que no haya tanta gente en la calle” (en la jornada “Tres minutos para decir basta”; Clarín, 7/9/02). Más allá de cuál haya sido el propósito de los organizadores –entre los cuales las instituciones religiosas, y en particular la iglesia católica, tuvieron un rol central-, se percibe la influencia del proceso de rebelión que había tenido su punto culminante en diciembre de 2001^[2]. Esta influencia se observa también en algunas protestas contra la inseguridad en las que se apuntaba a la policía como causante de la violencia. Sin embargo, en 2002 este tipo de hechos coexistió con protestas cuyo reclamo de seguridad se circunscribía exclusivamente a endurecer las penas a los delincuentes, en particular aquellos provenientes de capas pobres que cometían robos, tal como se ve en la jornada de protesta convocada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y muchas otras que se fueron sucediendo. Este tono se acentuó y se terminó imponiendo con las marchas masivas convocadas por Juan Carlos Blumberg^[3] entre 2004 y 2006.

La primera de esas marchas, donde el endurecimiento de las penas era el leitmotiv, fue convocada una semana después del acto de transformación de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más importantes durante la última dictadura cívico-militar- en un espacio de la memoria por parte del gobierno de Néstor Kirchner, que tuvo lugar el 24 de marzo de 2004.

La derogación de las leyes de obediencia debida y punto final en el gobierno de Kirchner y el impulso que cobraron los juicios por crímenes de lesa humanidad llevaron a una sucesión de concentraciones de militares retirados y familiares de militares en las que expresaban su rechazo a los juicios, afirmaron que los genocidas que estaban siendo juzgados eran presos políticos, reivindicaron la guerra antisubversiva, condenaron la acción de las organizaciones guerrilleras de la década de 1970 y propusieron que el 5 de octubre fuera declarado Día Nacional de Homenaje a los Muertos por la Subversión. Además de considerar que el Che Guevara fue un “asesino internacionalista”, afirmaban que los Montoneros estaban en el gobierno nacional de entonces: “El enemigo es el mismo y se agazapa no en los montes sino en la Casa Rosada” (Clarín, 6/10/07). La cuestión de la “verdad completa” se observa en estas declaraciones de Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, en una concentración en la Plaza de Mayo con la consigna “Una plaza sin discriminaciones y una Justicia sin impunidad para los terroristas de los ‘70”: repudió que la política del gobierno nacional “continúe reflejando una memoria parcial y hemipléjica de nuestra historia reciente”; en ese hecho, mujeres del grupo dibujaron cintas negras con la frase “víctimas del terrorismo” sobre los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo impresos en el suelo de esa plaza (Crónica, 6/3/08).

Como reacción ante la “anarquía” que derivó de la insurrección espontánea de 2001, en la que los trabajadores desocupados jugarían un papel preponderante durante los dos años siguientes, se produjeron hechos de protesta en demanda de paz social, contra la violencia –en particular, la “piquetera”- y en reclamo de orden: se repudiaban huelgas, cortes de calles o rutas u otras protestas. Las declaraciones de algunos dirigentes políticos sintetizan lo expresado en estas protestas: según Macri, había “…que aplicar la ley con los líderes piqueteros para que el orden vuelva a reinar y la libertad de todos sea respetada. Y que los planes sociales tengan contraprestación.”; Ricardo López Murphy exigió al presidente Kirchner que ejerciera “el principio de autoridad”; “…si la orden de liberar las rutas o las plazas no es acatada, debería haber acciones de las fuerzas de seguridad. Lo mismo para quienes bloquean un supermercado con sus camiones.”; Hilda González de Duhalde señalaba que “…es preciso aplicar la ley y regular las manifestaciones, como ocurre en otros países en los que las expresiones callejeras no entorpecen el normal desenvolvimiento de las actividades laborales.”; y para Elisa Carrió había que “…asegurar un orden legal que garantice determinados lugares para la protesta y el resto, para la libre circulación.” (Clarín, 21/8/05).

Comenzó así el proceso de reconstitución de una fuerza social oligárquica. En ese momento no logró encontrar una expresión política nacional con capacidad para confrontar exitosamente en el terreno electoral. Sin embargo, sí logró el control de un territorio político importante: la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires; Mauricio Macri, de Propuesta Republicana (PRO) resultó electo en 2007.

A partir del llamado conflicto de las patronales del campo en 2008 –primer gran enfrentamiento social desde el de 2001- y el enfrentamiento electoral de 2011, pasó a primer plano el eje de la libertad de mercado (1.386 hechos), como respuesta a varias medidas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tendientes a fortalecer el papel del estado en la fijación de las reglas de juego de la economía. Los propietarios rurales se opusieron a la suba de las retenciones a las exportaciones agropecuarias por considerar que la rentabilidad empresaria debía quedar en sus manos y no en la del estado; éste los estaría esquilmando para mantener a “…los vagos que no quieren trabajar…” (población pobre subsidiada, empleados estatales). Para legitimar su protesta, se presentaban como la verdadera expresión de la nación argentina y como la quintaesencia de los productores de la riqueza nacional. “Estoy asombrado por lo que veo, a ustedes no los trajo ningún colectivo ni les pagaron para venir”; “…a los campesinos no les gusta que el gobierno meta mano en sus bolsillos, para mantener más vagos que viven sin trabajar” (Boyero Rondoni en un acto en Gualeguaychú; Clarín, 3/4/08); “…el campo engorda novillo, no piqueteros” (Clarín, 17/6/08). También aparece la referencia a un gobierno cuyos integrantes serían los “subversivos” de la década de 1970, “…dejaron de ser jóvenes pero siguen siendo imberbes…” o “Basta de montoneros resentidos” (Ricardo Osella, titular de CARTEZ; Clarín, 20/3/08 y 17/6/08), así como expresiones tales como “…los Kirchner nos quieren convertir en una Cuba” (Clarín, 16/7/08).

En protestas contra la estatización de las AFJP volvió a plantearse la idea de que el estado se apropiaba del dinero de los ciudadanos y que violaba las libertades individuales: “no al saKeo de tu futuro”, “Yo elegí. No me roben. Trabajador AFJP”, “La plata es tuya. Defendela”, “Sí a la libre opción jubilatoria” (Clarín, 24/10/08). Por lo tanto, se intentaba instalar la premisa de que se estaba ante un gobierno autoritario: “se va a acabar, la dictadura de los K” (Clarín, 29/10/08), “No a los superpoderes. No al saKeo de nuestros ahorros” (Clarín, 2/11/08).

Asimismo, el proyecto de ley de matrimonio igualitario en 2010 llevaría a varias protestas en defensa de los valores cristianos (49 hechos entre 2008 y 2011, 36 de los cuales se realizaron en 2010). “A favor de la vida y la familia”, “Todo niño tiene derecho a tener papá y mamá”, “Salvemos la familia” y “Matrimonio: fuente de vida” (Clarín, 20/6/10) fueron algunas de las consignas de las marchas.

Ese momento corresponde así al desarrollo de la fuerza social oligárquica, que pasó a la ofensiva en su confrontación con la fuerza popular, democrática y nacional. La cantidad de hechos aumentaría fuertemente: 1.859 hechos (casi la mitad de los hechos que estamos considerando). El mayor número se produjo en 2008 (1.035), y en los años siguientes habría de ir bajando drásticamente, hasta llegar a 86 hechos en 2011.

Desde 2012 hasta el enfrentamiento electoral de 2015 se volvió a intensificar esa ofensiva. Hubo una menor cantidad de hechos (1.094) pero se extendió la movilización a mayores porciones de las fracciones y capas sociales participantes. En ese momento alcanzaron mayor relevancia los ejes referidos a la institucionalidad republicana (126) y la libertad –individual, de empresa y de expresión (328)–, al tiempo que se mantenía el de seguridad (297). A diferencia de los momentos anteriores, se llevaron adelante 200 hechos en los que confluían consignas referidas a todos los ejes, dirigidas contra el gobierno nacional en general y no tanto contra alguna política en particular.

Apenas unos meses después de haber asumido su segundo mandato Cristina Fernández de Kirchner, en mayo de 2012 diputados del PRO, del peronismo disidente y de sectores de la UCR convocaron a un abrazo a los tribunales de Buenos Aires para exigir que se respetara “la independencia de los poderes”^[4]. A partir de entonces comenzaron a circular por las redes sociales convocatorias a realizar cacerolazos semanales, aunque éstos tuvieron escasa adhesión. Sin embargo, el 13 de septiembre la convocatoria alcanzaría mayor apoyo ciudadano, siendo masiva el 8 de noviembre.

En esos cacerolazos se expresaron múltiples reclamos: en defensa de las instituciones republicanas y contra el supuesto autoritarismo del gobierno, que incluía las restricciones a la compra de dólares (el llamado cepo cambiario), la posibilidad de que se impulsara una reforma constitucional para establecer la reelección presidencial ilimitada, el abuso de la cadena nacional por parte de la presidenta, el estilo de gestión de la presidenta (calificado de “soberbio” y “despótico”), un proyecto de reforma judicial, por la independencia del poder judicial y el respeto a la división de poderes -“justicia, justicia, justicia independiente”, “Viva la división de poderes” (Clarín, 23/5/12); “se va a acabar, la dictadura de los K” (Clarín, 1/6/12), “Libertad, libertad” (La Nación, 1/6/12), “…democracia sí. Monarquía no.” (La Nación, 8/6/12), “No queremos una Cuba ni una Venezuela.” (Clarín, 8/6/12), “…queremos educación y no adoctrinamiento.”, “No puedo creer que no pueda comprar dólares, parecemos Cuba. Pero lo peor es que Cristina se quiere quedar a vivir en la Casa Rosada”, “Cristina quiere ser Chávez, pero la Argentina no es Venezuela. Acá está el pueblo para oponerse a la chavización” (Clarín, 14/9/12), “Estoy cansada de escucharla por TV, no quiero una democracia donde tenga que pedir permiso para todo”, “…estoy acá porque siento que quieren organizar mi vida. Queremos vivir en libertad.” (La Nación, 14/9/12), “Quiero comprar dólares”, “…vine porque hay mucha soberbia.”, “…quiero que dejen hacer con mi dinero lo que quiera, no como en Cuba o la Rusia de Stalin”, “No al pensamiento único”, “…vine para que se respeten los derechos civiles y que haya mayor libertad.” (Clarín, 9/11/12); contra la corrupción de los políticos – “Se va a acabar, esa costumbre de afanar”, “Boudou chorro”, “Boudou, Boudou, queremos tu prisión”. “Basta de impunidad”, “Basta de corrupción”, “Boudou miente” (Clarín, 23/5/12), “Cristina, devuelvan el país” (La Nación, 1/6/12), “…estoy harto de la ola de robos y de la corrupción de los políticos.”, “TN no miente, Cristina miente y roba” (La Nación, 14/9/12), “Basta de políticos chantas, parásitos, ineptos y chorros” (Página 12, 9/11/12); contra la inseguridad – “Jueces garantistas=inseguridad” (Página 12, 9/11/12), “Aníbal F: la inseguridad no es una sensación. Me mataron a mi hermano” (Clarín, 9/11/12); referencias a los pobres que recibían subsidios – “…basta de vagancia” (La Nación, 8/6/12)- y a militantes de la década de 1970 – “Montoneros resentidos”.

Estas consignas y declaraciones se repitieron una y otra vez en todas las manifestaciones callejeras realizadas durante esos años –los principales cacerolazos fueron el 18 de abril y el 13 de noviembre de 2013-, junto a aquellas por la libertad de expresión, supuestamente puesta en peligro por la ley de servicios audiovisuales impulsada por el gobierno, y por justicia a raíz de la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015 –considerada por estos sectores como un asesinato ordenado por la presidenta Cristina Kirchner.

Esta ofensiva terminó con un cambio en la relación de fuerzas. Tras lograr una expresión político-electoral en la alianza Cambiemos, el enfrentamiento electoral de 2015 se definió a favor de su candidato presidencial, Mauricio Macri, por escaso margen con respecto a su rival en segunda vuelta, Daniel Scioli, del Frente para la Victoria.

En el siguiente momento, tras haber accedido al gobierno del estado, la cantidad de hechos disminuyó drásticamente (368). Sin embargo, se destacan dos tipos de movilizaciones: las de defensa de los valores cristianos, contra el proyecto de despenalización del aborto en 2018 (69 hechos) y las de apoyo al gobierno de Macri, estas últimas con el mismo contenido que presentaban los hechos entre 2012 y 2015, y que se proponían demostrar que esta fuerza social se encontraba en disposición de enfrentamiento, repitiendo en cada una la consigna “sí, se puede”.

Finalmente, la relación de fuerzas volvió a cambiar. El enfrentamiento electoral de 2019 llevaría al desplazamiento del gobierno de esta fuerza social. Poco tiempo después de la asunción del gobierno de Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, volvieron a incrementarse exponencialmente las protestas (163 hechos en sólo 8 meses) en torno a los ejes de la libertad individual y de empresa, el institucionalismo republicano, la corrupción de los políticos (kirchneristas, y en particular Cristina Kirchner) y la seguridad. Cada una de las medidas tomadas por el gobierno fue considerada autoritaria, anticonstitucional o confiscatoria. Las medidas de aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia de covid dispuestas por el gobierno refuerzan las denuncias de supuesto autoritarismo y violación de las libertades individuales, a las que se suman sectores reaccionarios, como los “antivacunas” y los que se oponen al “nuevo orden mundial”. Asimismo, varias de las protestas giraron en torno a la defensa de la propiedad privada en forma explícita: éste fue el caso de las manifestaciones en contra de la intervención a la empresa de agronegocios Vicentín, en concurso de acreedores; contra un proyecto de impuesto a las grandes fortunas; contra la declaración de los servicios de Internet, telefonía móvil y televisión paga como servicios públicos esenciales y el congelamiento de sus tarifas hasta fin de ese año, entre otras medidas.

Instrumentos de lucha

Más de la mitad de los instrumentos de lucha (2.216; 55,1%) que se utilizaron fueron marchas, concentraciones, caravanas de vehículos y escraches, ocupando un lugar importante las concentraciones con golpeteo de cacerolas en plazas y esquinas de las ciudades. Esta modalidad se repitió casi sin cambios desde 2008 en adelante, pasando a ser una de las formas más típicas de los participantes de estos hechos. Las manifestaciones sólo serían superadas en número en 2008 por otro instrumento de lucha -los cortes de ruta y bloqueos- en el llamado conflicto de las patronales del campo, durante el transcurso de un cese de comercialización. Aun cuando expresar el rechazo a la utilización de ese instrumento por parte de pobres y trabajadores ocupados y desocupados fue uno de los objetivos de los hechos de protesta que estamos considerando, esos cortes de 2008, realizados por propietarios agrarios, habían sido considerados legítimos por esos mismos sectores. Fueron acompañados por asambleas, en las que decidían los pasos a seguir, en particular en aquellas organizadas por autoconvocados. En la mayoría de los hechos, tanto en las marchas y concentraciones como en los cortes de ruta, los manifestantes utilizaban los símbolos patrios -banderas argentinas, globos celestes y blancos, la entonación del himno nacional- y portaban carteles improvisados con las consignas, presentando las movilizaciones como apartidarias, como un movimiento espontáneo de ciudadanos indignados y como verdadera expresión de la nación argentina. Se contraponía esa supuesta espontaneidad de ciudadanos libres autoconvocados con una contraparte en la que supuestamente existía una extorsión y manipulación hacia los manifestantes por parte del kirchnerismo o del populismo, en particular de aquellos pertenecientes a las capas más pobres del proletariado, calificados de “choriplaneros”. “En la marcha no se vio acarreo de gente, ni aparatos partidarios, sólo hubo banderas argentinas, familias, una concurrencia heterogénea, con predominio de clase media y de todas las edades, con carteles y ningún micro estacionado en las inmediaciones” (La Nación, 2/4/17). Como afirmaba un funcionario del gobierno de Macri: “Esto no fueron las redes sociales y los trolls, como nos acusan. Esto fue el boca en boca de la gente que se enteró de la marcha y quiso venir. Ratifica lo que decimos, que el cambio viene de abajo para arriba, que la gente hace lo que quiere”. O, en palabras de los manifestantes, “Vinimos con la SUBE”, “No nos paga nadie” (Clarín, 2/4/17).

Junto a las consignas, se incluían fuertes insultos hacia los políticos y militantes kirchneristas, especialmente hacia Cristina Kirchner, su vicepresidente Amado Boudou, la agrupación juvenil La Cámpora, dirigentes sindicales, de organizaciones de desocupados y pobres y de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación afines al kirchnerismo, entre otros. Por momentos, la agresión verbal expresaba odio de clase.

En varias de las concentraciones en reclamo de seguridad se movilizaron también portando velas encendidas y vestidos de blanco, tal como sucedió en otros países de América Latina durante los mismos años. En las manifestaciones en defensa de valores cristianos, en particular en aquellas en contra de la despenalización del aborto, incorporaron los pañuelos celestes, junto a imágenes religiosas.

Formas de organización

El tipo de organización que convocó a mayor cantidad de hechos fue, de lejos, la organización empresaria (un tercio de los hechos de los cuales tenemos datos sobre la organización convocante^[5]); su mayor peso fue durante los años 2008 y 2009 (498 y 363 hechos respectivamente), lo que se corresponde con el conflicto de las patronales del campo. Las principales organizaciones convocantes fueron la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que junto con Coninagro, integraban la Mesa de Enlace Agropecuario. Las organizaciones empresarias también se destacaron en 2012; en este caso, quienes convocaron fueron la SRA y Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), integrante de CRA. Además de estas entidades nacionales, fueron convocantes otras organizaciones de propietarios rurales locales, como la Asociación de Productores Chaqueños, la Asociación de Productores de Granos del Norte, la Asociación de Productores de Villarino, Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y Sociedad Rural de numerosas localidades. También algunas protestas fueron convocadas por otras organizaciones, como la Cámara de Comercio, o por empresas, como Techint (siderurgia), el Grupo Clarín (multimedia) y Coto (hipermercados).

En segundo lugar, los hechos fueron convocados desde las redes sociales (437), que comenzaron a ser relevantes desde 2012. Existen innumerables blogs, cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, desde donde se vienen difundiendo las convocatorias a las movilizaciones, junto con una constante publicación de mensajes de agitación, que luego también circulan por grupos de whatsapp. Si bien entre los titulares de esas cuentas hay militantes de partidos políticos y otras organizaciones, recurrentemente se afirma que las protestas son apartidarias e, incluso, apolíticas y sin ideología. Por ejemplo, en 2012 había “…unos 45 grupos de Facebook que participan de la organización de los cacerolazos. Entre ellos, El Cipayo, El Anti K, Yo no voté a la Kretina y Ud.? y ONG Salvemos a la Argentina” (Rodríguez Niell, 2012). Algunos de los múltiples organizadores (agitadores) eran: Yamil Santoro, del partido Unión por la Libertad, conducido por Patricia Bullrich, quien luego formaría parte de la alianza Cambiemos; Mariana Torres y Marcelo Morán^[6]; Marcelo Bustos^[7]; Jorge Sonnante^[8]; Luciano Bugallo, luego de la Coalición Cívica^[9] (organizadores de los cacerolazos de 2012; Perfil, 7/10/12); Maximiliano Mai (uno de los organizadores del cacerolazo de abril de 2013; Infobae, 9/5/13); José Luis Berón de Astrada, a través de su cuenta de Twitter en la que se identificaba como Rex_Aluminio (uno de los organizadores de la Marcha por la Democracia el 1 de abril de 2017). Varios de estos organizadores de protestas desde las redes sociales, desarrollando tareas de agitación, se encontraban vinculados a los partidos políticos conducidos por Patricia Bullrich y Elisa Carrió.

Los autoconvocados (227) también tuvieron mayor peso en el conflicto de 2008. Se trata casi exclusivamente de propietarios agrarios que no respondían a las entidades que integraban la Mesa de Enlace Agropecuario, a la que criticaban por su supuesta moderación. Tomaban las decisiones en asambleas, en general al costado de las rutas.

Le siguieron en número los hechos convocados por organizaciones políticas (160), las organizaciones no gubernamentales (112), las organizaciones religiosas (111), organizaciones sindicales (105) y colegios profesionales (43).

En cuanto a las organizaciones políticas –tanto partidos como otras formas organizativas de carácter político, aun cuando se presenten como asociaciones civiles-, mencionaremos algunos ejemplos. Algunas de ellas reúnen a defensores de la guerra antisubversiva de la década de 1970 y la última dictadura cívico-militar, como la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), conducida por Cecilia Pando, esposa de un ex militar. La AFyAPPA es

… una Asociación Civil, sin fines de lucro, apartidista, que nuclea a familiares y amigos de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policías y Personal Civil, que se encuentran injustamente detenidos y/o procesados, por haber cumplido con el sagrado deber de defender a la Patria durante la Guerra contra el Terrorismo en la Década del 70. Afirmamos que se encuentran INJUSTAMENTE DETENIDOS: Porque durante su proceso se han violado y se siguen violando principios y garantías claramente establecidas en la Constitución Nacional. Porque se desconoce que todo lo actuado contra el terrorismo se dio en el marco de un Conflicto Armado no Internacional, sujeto por lo tanto al Derecho de Guerra y no al Código penal Ordinario que rige durante la paz. Porque mientras los miembros del Estado Nacional que participaron en dicho Conflicto son sometidos a una justicia arbitraria, los terroristas que intentaron tomar por asalto el poder, matando y atentando contra miles de inocentes, hoy disfrutan la libertad y las prebendas que les otorga un gobierno identificado con la demencia mesiánica de las organizaciones terroristas de los 70 (http://afyappa.blogspot.com/).

Esta cita es ilustrativa de la ideología de las distintas organizaciones de este tipo que convocaron a movilizaciones durante estas décadas, levantando la bandera de la “verdad completa” y el repudio a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Algunas de estas organizaciones son la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA), Hijos y Nietos de Presos Políticos –que cambió su nombre a Puentes para la Legalidad^[10]-, entre varios otros.

Otras de estas organizaciones son partidos políticos. Entre ellos, el Partido Unidad Federalista (PAUFE), conducido por el ex comisario Luis Patti, paladín de la “mano dura”; Fuerza Republicana, fundado por Antonio Bussi, militar condenado por crímenes de lesa humanidad; Acción Comunal (partido vecinalista fundado por Ricardo Ubieto, quien fuera intendente durante la última dictadura cívico-militar); Partido Nacionalista Constitucional, presidido por Alberto Asseff (hoy diputado nacional por Juntos por el Cambio); Vanguardia Nacionalista^[11]; Vanguardia de la Juventud Nacionalista; el Partido Libertario, cuyos referentes son los economistas neoliberales José Luis Espert y Javier Milei; los partidos integrantes de Cambiemos –luego Juntos por el Cambio: Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y el Partido FE.

También se encuentran grupos políticos “apartidarios”, como Equipo Republicano, que

… está formado por Ciudadanos sin banderas políticas, hartos de la corrupción y de la impunidad. El ingreso como la participación al Equipo es absolutamente gratuito. Los Requisitos son: Amor a la Patria, Respeto a la Constitución Nacional y la Lucha Inclaudicable Contra la Corrupción y en favor de la Justicia Independiente. Tiene su origen en las Cruzadas por Justicia Independiente en Tribunales en Diciembre de 2012. Nuestro objetivo es apoyar a todos los Jueces y Fiscales independientes de todo el país, como asimismo denunciar a Jueces y Fiscales corruptos. Nuestra herramienta de lucha es la Condena Social con participación en las calles, ruidosas y silenciosas, con carteles que hablan por nosotros, convocatorias sociales a diferentes lugares a donde tenemos que apoyar y/o denunciar y/o repudiar (https://www.facebook.com/EquipRepublicano/).

Cabe mencionar también al Foro Nacional Patriótico, que se define como un “Grupo de Patriotas Argentinos con una visión de profundo Amor a la Patria. Luchamos contra la corrupción en todas sus formas desde el Nacionalismo” (https://www.facebook.com/FONAPApampillon/).

Asimismo, el Club Político Argentino reúne intelectuales que apoyaron activamente al gobierno de Cambiemos; se encuentra presidido por Graciela Fernández Meijide, que formó parte del gobierno de Fernando de la Rúa.

También hubo convocatorias de grupos políticos extranjeros, como Rumbo Libertad, que lucha contra la revolución bolivariana en Venezuela.

Entre las organizaciones no gubernamentales convocantes de algunos hechos, y que se presentan como ajenas a cualquier alineamiento político, abocadas a la elaboración y propuesta de políticas públicas, se encuentra Conciencia:

Conciencia es una asociación cívica no partidaria, sin fines de lucro, centrada en la educación en valores y la participación ciudadana para una sociedad más justa y democrática. Fundada en 1982, en vísperas de la restauración de la democracia, desde sus inicios, los objetivos estuvieron centrados en propagar y fortalecer los valores democráticos y republicanos, con la premisa de que todos tenemos los mismos derechos (https://conciencia.org/quienes-somos/).

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) “…es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas.” Al igual que la Asociación por la Igualdad y la Justicia:

… es una organización apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, así como también contribuir al desarrollo de prácticas participativas y deliberativas de la democracia (https://acij.org.ar/asociacion-civil-por-la-igualdad-y-la-justicia/).

O la Asociación por los Derechos Civiles, que:

… promueve y defiende los derechos fundamentales de las personas, fomenta el fortalecimiento democrático y aboga por una sociedad inclusiva, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, a través de la identificación e investigación de temáticas de vanguardia, el desarrollo de estrategias de incidencia y comunicación, y en particular, el uso del litigio estratégico de interés público (https://adc.org.ar/sobre-la-adc/).

Otro grupo lo constituyen las organizaciones de abogados. Entre ellas se encuentra la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, “…una organización sin fines de lucro registrada en Argentina y surgida ante la necesidad de reestablecer el orden jurídico en este contexto de desintegración nacional.” (https://justiciayconcordia.org/quienes-somos/quienes-somos-2/); está presidida por Alberto Solanet, socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Corporación de Abogados Católicos (http://www.estudiosolanet.com.ar/es/web/equipo). El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, fundado en 1913, pone “…particular énfasis en la prédica constante a favor de la defensa del derecho, de la ética, del libre ejercicio de la profesión, y de las libertades individuales”; su actual presidente es Máximo Fonrouge (http://www.colabogados.org.ar/institucional/historia.php). Éste es a la vez presidente de la agrupación Será Justicia, creada en 2012, cuyos integrantes se identifican como “…un grupo de abogados que busca asumir su rol en la sociedad, velando siempre por el respeto a las instituciones y la democracia.” (https://www.facebook.com/SeraJusticiaok/).

Varias organizaciones no gubernamentales surgieron a partir del reclamo de seguridad. Una de ellas es la Fundación Axel Blumberg, dirigida por el padre del joven secuestrado y asesinado en 2004. Entre sus integrantes se encontraban Gerardo Ingaramo, abogado con formación de posgrado en las universidades Austral (del Opus Dei) y Católica Argentina (UCA), electo como legislador porteño en 2007 por el PRO; el ex militar Alfredo Goetz y Cornelia Schmidt Liermann (quien también sería luego diputada por el PRO) (Ámbito Financiero, 31/5/04).

Usina de Justicia relata su creación, concretada en 2014, y su “misión”, la que

… comenzó a gestarse en el año 2011, cuando Diana Cohen Agrest – Dra. en Filosofía de la República Argentina- enfrentaba el juicio por el asesinato de su hijo Ezequiel. Inmersa en la búsqueda de justicia por dicha muerte injusta, Diana se abocó al estudio del Derecho Penal y su implementación. (…) Poco tiempo después, Diana tuvo un encuentro informal con una referente política y social argentina, que había transitado una situación semejante. En dicho encuentro Diana le pidió un consejo y la respuesta de dicha referente fue contundente: “Únanse””. “Usina de Justicia está compuesta por víctimas que han perdido un ser querido en situaciones violentas y profesionales de distintas especialidades que voluntariamente apoyan nuestra labor. Constituye una Asociación Civil apartidaria fundada bajo las siguientes premisas: recuperar una justicia justa que contemple a las víctimas y trabajar contra la impunidad (https://usinadejusticia.org.ar/nosotros/).

Finalmente, otro grupo de ONG convocantes son aquellas que luchan contra la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la Educación Sexual Integral y otros derechos vinculados al género y la sexualidad. Junto a instituciones religiosas como la Conferencia Episcopal Argentina (iglesia católica) y organizaciones evangélicas, principalmente las agrupadas en la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), en estos años han sido muy activas aquellas organizaciones autodenominadas Pro Vida y la Red Federal de Familias. A modo ilustrativo, citamos la declaración de principios de esta última:

I. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. Formamos una red de instituciones, personas y/o familias, cuya finalidad es la promoción de la vida humana, el matrimonio y la familia, según lo establece su ideario. La red es apartidaria y respetuosa de las personas y convicciones religiosas de sus miembros. (…) II. IDEARIO. a) La promoción y defensa de los derechos humanos –entendidos como los inherentes a la naturaleza del hombre y exentos de toda carga ideológica–, y la defensa de la dignidad de la persona humana. Esos derechos pertenecen a todo ser humano por el sólo hecho de serlo –motivo por el cual está dotado de la personalidad jurídica–, con independencia del reconocimiento estatal, pues son anteriores a la creación del Estado (…). Tales derechos son universales (…). b) La promoción y defensa de la familia como célula natural y fundamental de la sociedad, por ser el ámbito propio de acogida a toda vida, y la dispensadora de humanidad a sus miembros y a la sociedad entera. La familia se funda en el matrimonio, entendido como unión indisoluble de un varón y una mujer (…). c) La promoción y defensa del derecho a la vida humana desde el momento de la concepción (fecundación), hasta la muerte natural. d) La promoción de una verdadera educación para la vida desde las primeras etapas del desarrollo cognitivo. Esta formación, como toda educación, corresponde primariamente a los padres. El Estado desempeña en materia educativa una función subsidiaria que, en cualquier caso, debe amparar y respetar la formación religiosa y moral que los padres quieran transmitir a sus hijos. En consecuencia, el Estado debe posibilitar que en la escuela, de gestión pública o privada, se transmita dicha formación, especialmente en todo lo referido a la sexualidad humana. e) La promoción integral de la mujer y el reconocimiento de la maternidad como bien social y personal. El Estado y la sociedad deben reconocer la función insustituible de la mujer madre y educadora –en armoniosa complementariedad con el padre–, tanto para el crecimiento integral de los hijos, como para el progreso de la sociedad. f) La promoción de políticas públicas ordenadas al bien común, centradas en la dignidad de la familia y la persona, de modo tal que les aseguren las condiciones culturales, sociales y económicas adecuadas, tanto para el libre ejercicio de sus derechos y responsabilidades, como para alcanzar su pleno desarrollo. g) En todas las cuestiones relacionadas con la vida y la dignidad humanas, el matrimonio y la familia; velar por la plena vigencia de la objeción de conciencia, tanto personal como la que preserva el ideario institucional (https://www.facebook.com/Red.Federal.de.Familias/). 

En cuanto a las organizaciones sindicales, la gran mayoría de los hechos fueron convocados por cuerpos de delegados de líneas de colectivos y sindicatos de peones de taxis en demanda de seguridad. Se registraron también otros tipos de conflictos, por ejemplo, aquellos entre conducciones de sindicatos y militantes de líneas internas sindicales de izquierda. Así, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina se opuso a una protesta en una fábrica autopartista impulsada por militantes de izquierda; el dirigente petrolero Alberto Roberti afirmó que “…son infiltrados que van cambiando las reglas de juego que existen entre los gremios y el sector patronal.” (Clarín, 6/6/14). En una manifestación de integrantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para oponerse a una huelga en los subterráneos de Buenos Aires conducida por los llamados metrodelegados, cantaban “Yo sabía/yo sabía/ que a los zurdos/los cuida la Policía” (Página 12, 6/11/09). En 2010, la disputa en el gremio ferroviario llevó al asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra por parte de militantes de la Unión Ferroviaria en el transcurso de una movilización.

En otros casos, los trabajadores se movilizaron alineados con los intereses de sus patrones. Entre ellos, periodistas agrupados en la Asociación de Prensa de Buenos Aires (APBA) que hicieron una concentración contra el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales con las consignas “No a la Ley de Medios K” y “No al modelo de Santa Cruz, donde el 90 por ciento de los medios está en manos K” (Clarín, 1/9/09). Por su parte, los trabajadores gráficos de los diarios Clarín, Olé, La Razón y Muy difundieron un comunicado:

“Con preocupación y temor los trabajadores asistimos al avance directo del Gobierno para forzar una intervención del Grupo Clarín por parte de la Comisión Nacional de Valores. Los trabajadores gráficos de ARTE Gráfico Editorial Argentino SA no podemos permanecer ajenos frente a este plan que busca destruir la empresa de la cual formamos parte.”; “…aquí no estamos hablando de las discusiones habituales de una relación laboral: aquí está en juego mucho más que eso. Aquí se juega si Clarín, Olé, La Razón y Muy seguirán existiendo como tal, si seguiremos trabajando para un medio independiente. No debemos permanecer ajenos y movilizarnos más que nunca en resguardo de la Empresa y nuestra fuente de trabajo. Y frente a eso no tenemos dudas: RECHAZAMOS TERMINANTEMENTE cualquier injerencia del Gobierno o de sus organismos en la empresa, sea cual sea.” (Clarín, 15//5/13).

Ya mencionamos la participación de trabajadores rurales agrupados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a favor del reclamo de las patronales del campo en 2008, de sindicatos petroleros en contra de las retenciones a las exportaciones de petróleo durante el gobierno de Kirchner, así como trabajadores mineros de la Asociación Obrera Minera Argentina en respaldo a la explotación minera a cielo abierto. Asimismo, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) se movilizó en contra del proyecto de reforma judicial en 2013 y participó de las marchas contra el supuesto asesinato del fiscal Nisman.

Objetos

Esta variable nos permite aproximarnos a cuáles son los enemigos que delimitan quienes se movilizan.

Correspondiéndose con los ejes de movilización señalados más arriba, uno de los objetos de las protestas fueron los trabajadores, pobres o militantes políticos y sindicales que habían llevado a cabo huelgas, manifestaciones o cortes de calles o rutas; a nivel local, también integrantes de comunidades originarias que luchan por su derecho a la tierra. Algunos ejemplos de declaraciones de participantes de las protestas, cánticos y consignas en carteles: “Los señores piqueteros tienen que cambiar la forma de reclamo, no cortando las rutas, no faltando el respeto a todos los ciudadanos” (Juan Carlos Blumberg, orador en un acto contra la inseguridad en abril de 2004; Clarín, 24/4/04); “…cambian los gobiernos pero seguimos igual, con las calles cortadas en cualquier lugar, parece que importan más los piqueteros que la gente que labura.” (un comerciante de Puerto Madero ante una protesta de empleados de casinos despedidos; Clarín, 20/1/08); “basta de piquetes”, “Los chicos a la escuela”, “Ba-ra-del, dejate de joder”^[12], “Hay que cantar, hay que cantar, los piqueteros a laburar” (en “marcha por la democracia” el 1 de abril de 2017).

Las referencias a los “Montoneros”, los “zurdos” o “el trapo rojo” se vinculan directamente con la reivindicación de la guerra antisubversiva de los años ’70 del siglo pasado, así como el repudio a Cuba y Venezuela como ejemplos de dictaduras.

Otros objetos son los delincuentes y los pobres, muchas veces asociados entre sí, dado que no se oponen a los delincuentes en general –incluyendo, por ejemplo, a los grandes empresarios que lavan o evaden dinero en paraísos fiscales-, sino a delincuentes residentes en barrios pobres, asentamientos y villas miseria. Así, la sospecha se hace extensiva a todos los habitantes de esos barrios, considerados potenciales delincuentes que pueden atentar contra su propiedad. A la vez, se señala a los pobres como masa de maniobra del llamado populismo, “gente que no quiere trabajar”, “vagos a los que mantienen” con sus impuestos, etc.

Desde 2003, el principal objeto de las protestas (un 60%) fue el llamado kirchnerismo, calificado de populismo: entre 2003 y 2015, y nuevamente en 2020, se movilizaron, pues, contra el gobierno nacional; entre 2016 y 2019, en apoyo al gobierno nacional de Macri y contra la posibilidad de que el kirchnerismo volviera al gobierno. Para los sectores movilizados, era la encarnación de la inseguridad por sostener el “garantismo”, es decir, el respeto por las garantías de los delincuentes por sobre los de las víctimas; de la subversión de la década de 1970, por contar entre sus integrantes con militantes revolucionarios de entonces, genéricamente identificados como los Montoneros, por pertenecer a ese espacio político la mayor parte de los organismos de derechos humanos, por favorecer la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad, por haber invitado al país y tener vínculos políticos con Fidel Castro, Hugo Chávez y otros dirigentes “comunistas” o “populistas” de América Latina; de la corrupción, por las denuncias generalizadas contra varios funcionarios, en particular Cristina Kirchner, el vicepresidente Boudou, el ministro Julio De Vido y muchos otros, y contra algunos empresarios asociados a ellos, como Lázaro Báez o Cristóbal López; del autoritarismo, por medidas de gobierno que implicaban algún grado de intervención estatal en la actividad económica y que afectaban, en alguna medida, a los intereses de algunos capitales o fracciones del capital, sumado esto a un estilo presidencial “soberbio”, persecución a los periodistas “independientes”, supuestas intenciones de detentar el poder de manera absoluta atentando contra la república; lo que se vinculaba, por un lado, al ataque a las instituciones republicanas por parte del kirchnerismo, intentando manejar el poder judicial, atacando a la oposición en el parlamento, alentando el odio en la sociedad; y por el otro, al espacio que ocupaban los dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, con capacidad de presionar y extorsionar a las patronales para impedir la flexibilización laboral, ahuyentando así las inversiones, y viviendo a expensas de los ciudadanos que pagaban sus impuestos –cada vez más confiscatorios y onerosos- y de los que brindaban empleo. Parecía tratarse, así, de un modelo que propiciaba un estado voraz, opresor, que violaba las libertades individuales y los derechos de propiedad y de expresión, que bastardeaba la república, que anulaba la democracia; y que, además, atentaba contra los valores de la familia, adoctrinaba a niños y jóvenes y fomentaba la alteración del orden público por parte de las clases subalternas.

Tal era el discurso que legitimaba y cohesionaba a esta fuerza social contra un enemigo claramente delineado; discurso que era cotidianamente difundido por los medios masivos de comunicación y las redes sociales.

En síntesis

El hilo conductor de estas movilizaciones fue la defensa de la propiedad privada, directamente o a través de la defensa de los pilares sobre los que se sostiene el régimen social y político vigente: familia, magistratura, ley, fuerzas armadas, religión, libertad individual.

Si bien ese hilo conductor podía aparecer más o menos velado en la mayor parte de las protestas, en 2020 se realizaron hechos explícitamente convocados con la consigna “en defensa de la propiedad privada”: éste fue el caso del “banderazo” del 20 de junio, tras el intento del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentín –a raíz de las deudas que tiene con el Banco Nación, entre otros muchos acreedores y en medio de denuncias de manejos irregulares por parte de la compañía-, para oponerse a todo intento del estado por avanzar sobre la propiedad privada. Uno de los organizadores, Roberto Porta (que fue asesor agropecuario en la zona de Rafaela, provincia de Santa Fe, y pertenece a la agrupación de propietarios agropecuarios autoconvocados Campo más Ciudad), declaró: “Nosotros no vamos a defender a Vicentín, que la empresa se defienda con las armas que tiene. Nosotros vamos a defender la propiedad privada. Hoy fueron por Vicentín, después irán por tu casa o el departamento.” (Clarín, 19/6/20). Celebrando la protesta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que sintió “…un gran orgullo de que tantos argentinos en todo el país dijeran libertad, república, constitución, propiedad privada.” (Clarín, 21/6/20).

La mayor parte de los movilizados en las calles fueron pequeños propietarios: de tierras y de empresas agropecuarias, de comercios y de pequeñas y medianas empresas industriales, de viviendas (bajo la figura de vecinos), y su figura en el ámbito político, ciudadanos –que pagan sus impuestos-; junto con asalariados que asumían como propios los intereses de sus patrones. Pequeños propietarios que no se enfrentaron con el gran capital sino que, por el contrario, se movilizaron en su defensa, en contra de lo que consideraban una amenaza de fracciones y capas del proletariado que pugnaban por mantener, recuperar o acceder a mayores espacios sociales y políticos, aun dentro del régimen social vigente. La fuerza social que conduce la oligarquía financiera se basa, pues, en la acción de los pequeños propietarios, que temen perder su propiedad real o imaginaria.

Delimitamos distintos momentos en el desarrollo de esta fuerza social. El primero se extendió entre 2002 y 2007, y fue el inicio del proceso de reconstitución de la fuerza. Comenzó tras el enfrentamiento social de 2001 que llevó a la caída del gobierno de De la Rúa; su final estuvo marcado por otro enfrentamiento social, de características muy diferentes: el llamado conflicto de las patronales del campo. El principal eje de movilización fue el de la seguridad, y en torno a éste emergió la figura de Juan Carlos Blumberg, como paladín de la mano dura contra los delincuentes. Sin embargo, no logró convertirse en un líder político y la fuerza social no logró una expresión política nacional. Sí hubo de lograrlo a nivel local, y en particular, en la ciudad de Buenos Aires, de la mano de Mauricio Macri y el PRO. También fueron importantes los ejes referidos a la paz social y la guerra antisubversiva.

El conflicto de las patronales del campo en 2008 marcó el comienzo de un segundo momento, en el que esta fuerza social pasó a la ofensiva, avanzando en espacios institucionales y debilitando a la fuerza oponente pero sin lograr revertir, finalmente, la relación de fuerzas políticas. Este momento se extendió hasta el enfrentamiento en el terreno electoral en 2011, que culminaría con la reelección de la presidenta. El principal eje de movilización durante esos años pasó a ser el de la libertad de mercado, mientras cobraba también más importancia el eje de los valores cristianos.

Pocos meses después, en 2012, comenzó un tercer momento, en el que esta fuerza social intensificó su ofensiva, al tiempo que la fuerza oponente entraba en crisis^[13]. El resultado fue la derrota de esta última en el terreno electoral, en 2015, por estrecho margen. De esta manera, tras haber logrado una expresión política mayoritaria, esta fuerza social accedió al gobierno del estado, con la presidencia de Macri, de la alianza Cambiemos. En este momento pasó a primer plano el eje referido a la institucionalidad republicana, la democracia, la libertad individual, la libertad de empresa y de expresión, confluyendo con otros ejes: seguridad, guerra antisubversiva y paz social.

El cuarto momento se desarrolló entre 2016 y 2019, cuando la fuerza social accedió al gobierno del estado –su conducción ejercía el poder político, económico y social, que, obviamente, nunca había perdido. Tras disminuir notablemente su presencia en las calles, al final de este momento se volvió a incrementar, poniendo en evidencia la disposición a emprender una nueva ofensiva.

Efectivamente, esta ofensiva puede observarse al comienzo del quinto momento, luego de un nuevo enfrentamiento electoral a fines de 2019 y con el nuevo cambio de alianza en el gobierno. Estamos transitando un momento, pues, en el que han arreciado las protestas protagonizadas por esta fuerza social.

Bibliografía

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Clarín (2002) “Con emoción, la gente manifestó su sentimiento contra la inseguridad”; 7 de septiembre.

Clarín (2007) “Duras críticas a Kirchner en otro acto de militares retirados”; 6 de octubre.

Cotarelo, María Celia (2016) El proceso de desarrollo de una fuerza social. Argentina 1993-2010; Editorial Imago Mundi-PIMSA, Buenos Aires.

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