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1 Estrategias y experiencias de resistencias de los movimientos de trabajadorxs desocupadxs en Bahía Blanca y Mar del Plata (1997-2002)

Pablo Ariel Becher y Nicolás Rabino

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar las principales características de la conflictividad del movimiento de trabajadorxs desocupadxs (MTD) en las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), durante el periodo enmarcado entre 1997 y 2002. Se procura analizar las estrategias adoptadas por esta fracción de la clase obrera, en un periodo particularmente álgido a nivel nacional (Klachko, 2009; Pérez Álvarez, 2013) donde se intensifican a nivel regional y nacional las luchas de trabajadores y de diversos sectores populares en una disputa económica y política generalizada. A su vez, se comparan las relaciones socio- históricas que incidieron en la formación de las organizaciones y sus modalidades de acción colectiva en términos de lucha de clases (Becher, 2019).

En esta investigación se comprende a los movimientos de trabajadorxs desocupadxs como sujetos políticos atravesados por relaciones e intersecciones de poder (clase, género, raza), relaciones que ejercen una influencia importante en sus prácticas sociales en el marco del sistema hegemónico patriarcal/capitalista. Se caracterizan principalmente por la demanda de trabajo, vivienda, servicios básicos, seguridad social y por la capacidad de generar espacios de autonomía política. En muchos casos representan a un conjunto de organizaciones sociales heterogéneas, donde la territorialidad es un elemento vital en la formación de su dinámica. Su antagonista fundamental no sólo es el Estado, sino también las múltiples formas en que el capital tiende a revelarse.

Las hipótesis principales de este estudio comparativo son las siguientes: en primer lugar, la conflictividad de los movimientos sociales se asocia a las estrategias realizadas en diversas coyunturas con momentos de intensidad y/o latencia (Melucci, 1994) y que se relacionan con los mecanismos de organización y negociación dispuestos en relación con el Estado, como principal interlocutor de estos sectores. En segundo lugar, las fracciones obreras de desocupadxs han incidido fuertemente en la formación de un tipo de conflictividad laboral, generando un entramado de alianzas políticas y sindicales importantes en el reclamo de determinadas demandas colectivas. Sobre esto, han cobrado importancia las relaciones de los MTD con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y dos gremios particulares (Suteba- Bahía Blanca y el Sindicato de Luz y Fuerza- Mar del Plata) con posicionamientos articulados y lazos en común, así como con diversas organizaciones de izquierda. Por último, las estrategias adoptadas en la organización territorial han jugado un rol insoslayable en la configuración de una identidad colectiva, propiciando un conjunto de experiencias de resistencia con similitudes y diferencias en ambas ciudades.

Este capítulo es un resumen analítico de dos procesos de investigación más amplios (Rabino, 2018; Becher, 2018) donde se utilizaron metodologías de carácter cuantitativo y cualitativo, con diversas fuentes documentales (fundamentalmente periodísticas), orales y elaborando una base de datos sobre hechos de conflictividad. La sistematización de los conflictos se llevó a cabo a partir de la elaboración de una base de datos siguiendo las categorías de análisis elaboradas por integrantes del Observatorio de Conflictividad del Grupo de Estudios Sociales Marítimos (GESMar) de la Universidad Nacional de Mar del Plata[1].

Con la idea de reflexionar sobre algunos aspectos específicos de los MTD de las dos ciudades señaladas, este trabajo articula el abordaje de la cuestión del conflicto social, la organización política y la historicidad de los procesos sociales, con la idea de explicar – en última instancia ‒las formas en que los sujetos sociales se constituyen y organizan colectivamente, asumiendo distintas maneras de pensarse a sí mismos y de definirse en el plano político‒ cultural. En este sentido, se entiende la necesidad de re-pensar la lucha de clases como una herramienta explicativa de la realidad social que contribuye a analizar los procesos contemporáneos desde una mirada crítica y constructiva.

El presente estudio se divide en cuatro secciones: una primera parte donde se expresan algunas cuestiones relacionadas con los conceptos teóricos relevantes para el objeto de estudio señalado; una segunda parte que describe brevemente la estructura económica y social de ambas ciudades; una tercera parte con varias subsecciones que identifican los aspectos relevantes del MTD bahiense y marplatense en el periodo: génesis, organización y dinámica de la conflictividad; un cuarto apartado que se refiere al análisis de los MTD como sujetos colectivos que ejecutan diversas estrategias dentro del entramado político y en relación al Estado. Por último, se esbozan una serie de conclusiones provisorias y líneas a seguir trabajando.

Algunas discusiones previas sobre el abordaje teórico

La perspectiva marxista ha proporcionado una serie de ideas sugerentes en torno a la cuestión del estudio de los movimientos sociales en general (Becher, 2019; Gómez, 2014). En primer lugar, la idea de pensar la clase social no desde el punto de vista sociológico, sino dentro de la noción de lucha de clases, en su movimiento y enfrentamiento en fuerzas sociales. El conflicto como concepto central posibilita la comprensión de contradicciones que afectan a los sujetos, llevándoles a movilizarse, atravesados por las relaciones de dominación en términos de intersecciones (Viveros Vigoya, 2016). A su vez, la idea de estudiar las prácticas de resistencia y la constitución de la hegemonía (en términos gramscianos) dentro del marco de experiencia (en términos de E. P. Thompson) y la estrategia (Iñigo Carrera, 2011), resultan conceptos sugerentes para pensar la dinámica social del MTD. De esta forma, la línea marxista permite discutir la lógica movimentista de muchas otras concepciones teóricas, sin caer en el sobredimensionamiento de las características culturales/ simbólicas, la acentuación del análisis del discurso como metodología explicativa y una negación a dimensionar las relaciones de clase y sus enfrentamientos como una de las contradicciones importantes a la hora de comprender el conflicto social.

Dentro de las herramientas teóricas principales se identifica la noción de enfrentamiento social entre clases sociales como un instrumento dialéctico para observar, analizar la sociedad y comprender su movimiento (Bensaid, 2013). Las clases sociales no se conciben como entidades objetivas determinadas con existencia previa a las relaciones sociales, sino como partes constituyentes de un entrelazamiento o confrontación entre sí, lo que lleva a la complejidad de su observación. En este proceso de enfrentamientos entre fuerzas sociales se genera un conjunto de alianzas en pugna, cada una de las cuales expresa articulaciones de oposición, antagonismo y dominación (Gramsci, 1980; Izaguirre y Aristizabal, 2002). En la actualidad, pensar las fuerzas sociales y las clases implica redefinirlas como cuerpos que se producen en situaciones reales, bajo circunstancias espaciales y temporales que portan relaciones sociales y categorías condicionadas por el marco histórico del capitalismo (Nievas, 2016).

Con la recuperación del concepto de lucha de clases a través del análisis de la conformación de fuerzas sociales, se intenta comprender el fenómeno de los MTD dentro de un marco relacional más amplio. Los sujetos desocupadxs atravesados por distintas formas de dominación, más allá de la relación capital/trabajo, encuentran en la conflictividad una posibilidad de construir identidades colectivas. Al plantear que la coerción no es unívoca ni prescriptiva, sino contradictoria y dinámica, el análisis de las fuerzas sociales y de los movimientos se vuelve relacional.

El concepto de estrategia nos permite visibilizar las formas en que esos sujetos colectivos se dinamizan en lo social. Esta herramienta teórica que tiene sus antecedentes en el arte militar, se comprende como “el sentido general en el proceso de lucha” (Iñigo Carrera, 2011) que adoptan en determinados contextos los movimientos sociales en relación a un conjunto de prácticas sociales, tradiciones sindicales y procesos de organización colectiva. En este sentido, la fracción desocupada y organizada de la clase obrera se plantea metas y objetivos políticos, que pueden constituirse en una fuerza social, producto del desarrollo del enfrentamiento entre diversas alianzas sociales.

Las estrategias se hacen observables a partir del ordenamiento de las acciones de lucha y a través de las distintas formas que adquiere la conciencia de clase. De esta forma, no existe una estrategia, sino varias estrategias y variables dentro de una tendencia más general en el proceso de conflictividad. Más allá de las contradicciones en el uso y la definición del concepto de estrategia (Cambiasso, 2015), resulta relevante visibilizar dentro de este entramado un conjunto de prácticas y tradiciones que lxs trabajadorxs realizan en sus espacios de sociabilidad, elementos que permiten abordar concretamente los procesos de construcción interna como un colectivo reivindicativo.

Es importante diferenciar la idea de estrategia del concepto que emana de las teorías norteamericanas, y fundamentalmente, de la teoría de movilización de recursos, donde se plantea que los sujetos que forman parte de los MS son sujetos económicamente racionales y utilitaristas que hacen elecciones de costos y beneficios de acuerdo a los recursos de que disponen y atendiendo a la capacidad de influencia que generan. En este proceso, los actores tienen intereses que se colectivizan en términos de agregación (Mac Doug et al, 2006), anteriores a su participación en un MS. Por otra parte, el concepto de estrategia que estamos planteando se diferencia de la lógica de las gramáticas políticas, como corpus teórico de la performatividad de la acción desde el pragmatismo (Natalucci, 2010). La gramática política se plantea como un juego de reglas no escritas en el que se delimitan las pautas de interacción de los sujetos y sus combinaciones de acciones, con el objetivo de coordinar, articular e impulsar intervenciones públicas, ya sea con acciones que se dirijan a cuestionar, transformar o ratificar el orden social (Natalucci 2010: 100). Según la autora Ana Natalucci, estas lógicas en los MTD pueden ser autonomistas, clasistas y movimentistas (Natalucci, 2012). Las estrategias remiten a otro modelo teórico que permite reflexionar en términos dialécticos con la estructura posicional de los movimientos y sus agencias. Se caracterizan por ser flexibles y cambiantes de acuerdo a las coyunturas y formas de acción que desarrollan estos colectivos. Mientras la gramática fija, la estrategia se discute, cambia y se construye permanentemente entre los MTD, por lo que asignar tipologías predeterminadas puede ser un error si no se las observa dentro del entramado de poder y el contexto político en el que se encuentran. Ante esta batería conceptual, es posible pensar – como lo hace Gerardo Munk – en una síntesis que permita estudiar el MS alrededor de tres problemas centrales: la formación de actores, la coordinación social y la estrategia política (Munk, 1995: 24), teniendo en cuenta los conceptos de identidad, estrategia y coordinación y lucha política.

Para nuestro caso de estudio sobre los movimientos de trabajadores desocupadxs durante el periodo 1997- 2002 en dos ciudades portuarias argentinas, estos conceptos resultan claves porque permiten analizar la constitución del fenómeno en términos estructurales, la organización del mismo y la relación del MS dentro del campo de disputas y luchas que se tejen en la sociedad.

Breve planteamiento de la estructura socio-económica en ambas ciudades

La década de 1990 estuvo marcada por una reestructuración de la economía argentina, donde distintos gobiernos profundizaron las políticas neoliberales instauradas por la última dictadura cívico militar (1976-1983): desregulación de los mercados, apertura comercial y financiera, privatización de los servicios públicos, la consolidación de un proceso de concentración y centralización económica (Azpiazu y Schorr, 2010) y un retroceso en términos de conquistas económicas y sociales de los trabajadores.

A partir de 1995, las elevadas tasas de desocupación, subempleo, precarización e informalidad impactaron directamente en el incremento del empobrecimiento y en la vulnerabilidad de amplios sectores sociales (Ariño, 2010). El aumento de la población sobrante trajo aparejado un condicionamiento objetivo sobre los trabajadores activos y actuó como mecanismo privilegiado para incrementar su productividad y contener sus salarios (Marticorena, 2014). El conjunto de los trabajadores experimentó una profunda transformación en sus condiciones sociales de existencia, lo que se manifestó a nivel colectivo en una clase obrera fragmentada y heterogénea (Piva, 2006:41) y en un crecimiento importante de la población sobrante o desocupada. Esta situación debilitó a los trabajadores frente a la ofensiva del capital, que actuó de forma disciplinadora ante un conflicto laboral principalmente defensivo. Durante este período, varios estudios destacan la pasividad y la complicidad de las centrales sindicales hacia las políticas neoliberales de un peronismo redefinido (Bonnet y Piva, 2009).

Bahía Blanca y Mar del Plata se caracterizan por ser zonas portuarias de exportación y de industrialización mixta, con un elevado grado de integración económica y de sus flujos de inversión (Aramburú y Cadelli, 2012). Además, por su importancia relativa en términos de empleo, estas ciudades representan dos de los cuatro aglomerados urbanos que utiliza el INDEC para medir y evaluar la situación ocupacional de la provincia de Buenos Aires. En el período bajo estudio, ambas ciudades se mantuvieron entre las cinco poblaciones con mayores índices de desocupación no sólo a nivel provincial, sino también en relación al resto del país. Por este motivo, los conflictos que las atravesaron resultan de gran relevancia al objeto de estudio propuesto.

Mar del Plata es la cabecera del partido de General Pueyrredon, ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En el año 2001 la población total del partido era de 564.056[2]. A pesar de que el turismo fue históricamente una de las actividades principales, hacia finales de la década de 1970, el Producto Bruto Geográfico (PGB) revela que el sector primario, y dentro de éste, la pesca como rama hegemónica, concentraba un 22% del PBG. Las actividades del sector secundario alcanzaban un 18%, destacándose la construcción, gracias al empuje del turismo y la industria textil, que se benefició de las políticas de protección industrial del periodo bajo el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones (Spadari, 2007)

A finales del siglo XX, la ciudad experimentó la crisis del sector pesquero, de la construcción y de la industria textil, lo que provocó que el 40% de la población marplatense, – es decir 200.000 personas – tuviera problemas laborales en el periodo comprendido entre 1995 y 2001. La Encuesta Permanente de Hogares indica que, en ese periodo, más del 20% de los hogares de la ciudad sufrieron pobreza estructural. Todo esto está relacionado con lo dicho anteriormente, la situación crítica de los pilares de la economía local: industrias textil, pesquera, de turismo y de la construcción (Nieto, 2005), se reflejó en el cierre de comercios e industrias, lo que haría crecer el número de desocupadxs y del subempleo, cuyo número para fines del año 2001, habría de llegar al 39,2%.

La población de la región de Bahía Blanca (que incluye a la ciudad y a las localidades de los alrededores) según el censo de 1991 ascendía a 272.191 habitantes, representando el 2,16% de la población de la provincia de Buenos Aires (12.594.974 en 1991; fuente: INDEC). Hacia el año 2001 hubo un importante crecimiento poblacional, aunque de menor variabilidad que el sucedido entre 1980 y 1991, y la Población Económicamente Activa, según datos del Boletín Estadístico Laboral (INDEC), pasó de 101.387 personas en 1991, a 130.342 en 2001, es decir un crecimiento del 22%.

Bahía Blanca nació como una ciudad ligada principalmente a la actividad de exportación agropecuaria a través de una amplia red ferroviaria que conectaba ésta con las regiones cercanas con los puertos de Ingeniero White. Sin embargo, a mediados del siglo XX, las transformaciones económicas y sociales generaron un cambio cualitativo en su estructura productiva, pasando a caracterizarse principalmente por la inserción de actividades ligadas a los servicios y el comercio. Por su parte, el desarrollo se acompañó con la instalación de una gran industria relacionada con la petroquímica y la continuidad en la exportación de productos agropecuarios a través de sus puertos marítimos.

En la década de 1990, el nivel de desocupación de Bahía Blanca superó ampliamente al registrado en diversas ciudades del país, pasando del 10% al 20% entre 1991-1995 y manteniéndose en dos dígitos hasta bien entrado el 2003. Asimismo, como contrapartida al aumento del desempleo, se verifica, por un lado, un avance significativo de la subocupación horaria visible (12%) – personas que trabajan menos horas de las que desean y buscan un trabajo adicional –; y por otro, un notable crecimiento de la sobreocupación. Otro proceso importante en la ciudad ha sido la presencia femenina en el mercado de trabajo en condiciones de precarización laboral (Becher, 2018).

Si en un primer momento entre 1991- 1995, las privatizaciones fueron el principal motivo de desocupación local, la segunda fuente de desempleo provino del retroceso del sector industrial y de las fluctuaciones del sector de la construcción. Durante 1997 y 1998, Bahía Blanca experimentó una recuperación mucho más marcada que otras regiones, principalmente por la recuperación del nivel de actividad y empleo, aunque con un alto nivel de precarización laboral. En esos años, las estadísticas de empleo reflejaron una gran movilidad en el mercado de trabajo generada por la demanda de personal en nuevas actividades de servicios y por la desaparición de empleos en funciones y sectores tradicionales. Al analizar la composición de los nuevos empleos, se advierte una sustancial importancia de empleos de menor calidad bajo la forma de contratos promovidos en el sector privado y de generación de trabajos en el sector público, a través de programas de empleo temporarios e inestables. Luego de dos años de leve recuperación del empleo, la tendencia se revirtió y el desempleo volvió a aumentar hacia 1999, persistiendo altas tasas entre 2000 y 2002, donde se observa el pico más alto del periodo analizado.

Caracterizaciones principales de los MTD: génesis, organización y conflictividad

En este apartado realizaremos una descripción y breve análisis de tres cuestiones centrales para reflexionar sobre los MTD: sus orígenes, su organización y los procesos de conflictividad en el período seleccionado. De esta forma, analizaremos posteriormente su relación con el Estado, discutiendo los procesos de institucionalización, la formación de una subjetividad propia con prácticas determinadas y la relación con los territorios populares.

Génesis de los movimientos

En todo movimiento social, la formación del mismo se encuentra vinculada a cierta “incapacidad del sistema institucional establecido para encontrar respuestas a los problemas articulados de la sociedad movilizada” (Raschke, 1994: 126). Si bien acordamos en parte con este nivel estructural que provoca, justamente, la lenta o explosiva formación de un movimiento colectivo, es necesario alejarse de la idea de que los MS son simples respuestas mecánicas a los procesos de crisis económica y/o institucional. En el caso de los trabajadorxs desocupadxs, la disconformidad y la injusticia jugaron un rol central, sin embargo, fueron los procesos de conflictividad y de organización de un conjunto de sentidos de pertenencia simbólica y de concientización política los que propiciaron la conformación del MS. En muchos casos, estos sentidos estaban ligados a los procesos de desafiliación laboral, a los sentidos del trabajo genuino, a una matriz estadocéntrica presente en los primeros años de la década de 1990, o a la tradición clasista o vecinal de resistencia. La capacidad de conformar un colectivo que incidiera en la disputa política – más allá de lo institucionalizado por el Estado – y la posibilidad de generar un cambio social, fueron claves en la conformación de los MTD.

En el caso de Mar del Plata, la génesis del MTD estuvo vinculada a dos cortes de ruta producidos a mediados de 1997: el corte de la ruta 88, a fines de junio e inicio de julio, y el corte de la ruta 226 en agosto, durante el paro nacional del día 14.[3]

La importancia de los cortes de la ruta 88 y de la 226, desde una perspectiva simbólica, estriba en que fueron las primeras acciones de rebelión de cierta relevancia por parte de los trabajadores desocupadxs. Ayudaron a visibilizar la problemática de la desocupación, y lograron la primera obtención de planes de empleo en la ciudad, lo que permitió consolidar las primeras organizaciones de desocupadxs en el plano local, como el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Unión de Vecinos Organizados (UVO).

La importancia de la organización territorial en la conformación del MTD en Mar del Plata ha quedado demostrada en el papel articulador mostrado por las sociedades de fomento de barrios periféricos para organizar a la población desocupada. Esto se verificó también en la antesala a la primera gran acción de rebelión, el corte de la ruta 88, donde se realizaron algunas asambleas por parte de colectivos de desocupadxs en los barrios periféricos de la ciudad para analizar una estrategia ante la crisis de desempleo y pobreza. En esas reuniones se organizó la acción de rebelión que permitiría visibilizar el problema de la desocupación en Mar del Plata.

Durante las negociaciones con las autoridades, éstas les ofrecieron acceso al Plan Barrios Bonaerenses,[4] que finalmente sería incluido -junto a otras reivindicaciones- en el “Acta Acuerdo de la ruta 88”. Las autoridades comunales se comprometieron a incorporar a los desocupadxs al plan Barrios y al plan Trabajar, la exención de impuestos y la entrega regular de bolsas de alimentos y una garrafa. La comuna aceptó así cuatro de los puntos reclamados: “eximición del pago de impuestos a los desocupadxs, compromiso de congelar los desalojos, concesión de una garrafa con bolsas de alimentos, y el reconocimiento de la organización de la Coordinadora de Desocupadxs como órgano de control de las conquistas” (La Capital (LC), 03/07/1997,10).

El otro corte de ruta que posibilitó en la ciudad la conformación del MTD, fue el de la ruta 226. Este evento contencioso formó parte de la huelga general del 14 de agosto de 1997 convocada por el MTA y la CTA en contra del gobierno nacional. Las agrupaciones que participaron fueron las mismas que habían cortado la ruta 88 un mes atrás.

Al analizar en conjunto ambos cortes de ruta, se observan algunas cuestiones relevantes. Quienes llevaron adelante los primeros cortes fueron comisiones de desocupadxs de los barrios, sectores muy afectados económicamente. Ante la situación de desempleo generalizado, las entidades fomentistas sirvieron de agrupamiento inicial para conformar las futuras organizaciones que formarían parte del MTD en la ciudad. En el segundo corte importante, ya durante el mes de agosto de 1997, se observan las comisiones barriales en acción, pero también a las primeras organizaciones de desocupadxs como el MTR, la CCC y el UVO. Las dos primeras serán especialmente las agrupaciones más activas durante el periodo analizado.

El origen del movimiento de trabajadores desocupadxs en Bahía Blanca se remonta a las problemáticas de los sectores populares en la ciudad durante la década de 1980, cuando el modelo de crecimiento, basado en el sector agroexportador y el desarrollo de la industria petroquímica, comenzó a debilitarse.

Surgieron entonces las luchas por los servicios públicos y por mejoras en la infraestructura de los barrios, luchas que posteriormente, con el menemismo, tomaron mayores proporciones debido a la expulsión de grandes cantidades de trabajadores del Estado. La conflictividad social no se detuvo a pesar de las indemnizaciones y las dádivas estatales que calmaron provisoriamente el malestar social. En 1995 y luego de la Marcha Federal de 1994 -con enormes repercusiones en la región-, los procesos de lucha social y conflicto en Bahía Blanca se aceleraron durante ese año, que fue electoral. A partir de septiembre y octubre de ese año surgió con fuerza un actor inesperado, que ya venía ocupando un lugar cada vez más importante en los debates de los principales medios: lxs trabajadorxs desocupadxs.

La primera organización en Bahía Blanca fue la Unión de Trabajadores Desocupadxs (UTD) organizada en el barrio Maldonado y con una fuerte influencia de liderazgo de ex militantes que provenían del partido de izquierda trotskista Movimiento Al Socialismo (MAS). De carácter independiente, su núcleo fundamental estaba conformado por desocupadxs de la construcción, del ferrocarril y desempleados estatales. Su primer objetivo fue sumar voluntades para luchar por empleo genuino y para que el Estado se hiciera cargo de la situación de desempleo. A su vez, sus reivindicaciones estaban marcadas por el reconocimiento como organización, la posibilidad de acceder a tierras para realizar trabajos autogestionables, el acceso a la vivienda, exención del pago de servicios y posibilidad de viajar gratuitamente por el territorio nacional en la búsqueda de un trabajo. Se apelaba a la solidaridad y el compromiso social con los sectores obreros y de desocupadxs. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) (fuertemente liderada por los gremios de estatales), SUTEBA y las organizaciones de izquierda, como el Partido Comunista, la CCC y el Partido Obrero, estuvieron desde un principio apoyando la lucha, tanto en el plano legal como en la colaboración en tareas de asesoramiento y acompañamiento material.

La organización y la resistencia confluyeron en la ocupación de la plaza principal (septiembre a noviembre de 1995), con movilizaciones y demandas cotidianas al Concejo Deliberante y el municipio, lo que derivó en un replanteo del gobierno municipal que solicitó planes para estos sectores. Finalmente, la conflictividad se resolvió momentáneamente cuando se iniciaron gestiones para que la UTD pudiera continuar su actividad en galpones abandonados de la ex Estación Ferrocarril Noroeste, con actividades donde el municipio actuaba como principal comprador (ataúdes, pavimento, cordón cuneta, limpieza de terrenos y plazas, etc.). Las disidencias entre lxs desocupadxs llevaron a la conformación de otras organizaciones, algunas auspiciadas por la Iglesia (Cáritas) y otras por otras organizaciones políticas, como fue el caso de Asociación Desocupadxs del Sur (ADS). El municipio comprendió la necesidad de trabajar con los desocupadxs tempranamente, e inclusive, de administrar los primeros planes sociales, con el objetivo de desincentivar la conflictividad. A partir del periodo 1997- 1999, se articularon proyectos con el gobierno municipal, como la fabricación de mosaicos y bloques. Estos proyectos basados en el modelo de cooperativas fracasaron debido a diversos motivos (organizacionales, de demanda, conflictividades internas, problemas de infraestructura, excesiva dependencia estatal) por lo que, sectores importantes de desocupadxs se retiraron de los micro-emprendimientos.

En una segunda fase de organización del MTD, en Bahía Blanca surgieron otros sectores. Los proyectos económicos de los primeros MTD comenzaron a perder base social, mientras el conjunto de obreros despedidos, expulsados y desplazados siguieron organizándose durante el gobierno de la Alianza (1999- 2001), esta vez bajo la dirección política de organizaciones de desocupadxs nacionales, principalmente la CCC, PO y MTL. Este segundo período organizacional del MTD en Bahía Blanca fue diferente en su composición generacional (obreros jóvenes, sin estabilidad laboral perdurable, con familias en condiciones de informalidad o precarización y en situación de vulnerabilidad social prolongada), en sus demandas y en su grado de conciencia política. La organización territorial cobró fuerza, así como también la relación con los sindicatos estatales. Sus métodos cambiaron adoptando la asamblea, la manifestación y el corte de calle como elementos constitutivos de un repertorio de protesta más intenso y con mayor predisposición al enfrentamiento.

Por otro lado, también se generó una organización de desocupadxs alrededor de un objetivo sindical, lo que implicó la conformación de una agrupación interna dentro de la UOCRA denominada Asociación de Desocupados de la Industria de la Construcción Bahía Blanca (ADICBBA). La crisis y las paradas de las plantas petroquímicas en los años 2000 y 2001, sumadas a la poca construcción de obra pública y civil incidieron en la merma de trabajo, lo que significó una mayor pelea por las designaciones de la bolsa de trabajo de la UOCRA. Como los conflictos internos de toda la década de 1990 no dieron los resultados esperados, un sector de desocupadxs de la construcción comienza a organizarse y movilizarse denunciando a la comisión interna. Finalmente, logran el poder en el año 2003/2004 luego de una feroz batalla interna (Becher, 2018).

En 2001 nace Bahía Blanca en Lucha, acompañando las movilizaciones docentes y de los desocupadxs de la UTD. Fue la primera asamblea interbarrial de trabajadorxs ocupadxs y desocupadxs de la ciudad, que se conformó luego como organización independiente y que tuvo corta duración (2003), integrada por trabajadorxs desocupadxs, docentes, estudiantes y vecinos de los barrios Maldonado, Delfina, Loma Paraguaya, Bordeau, Colonia Ferroviaria y la localidad vecina de Gral. Cerri. La realización de un piquete frente a las refinerías de EG3 y las plantas del polo llevó a una feroz represión que disolvió gran parte de este movimiento, además de sus conflictos internos (Becher, 2020).

En síntesis, las personas que participaron en las organizaciones de desocupadxs inscribieron su experiencia en un entramado de interdependencias (donde se incluyen relaciones de parentesco, vecindad, trabajo, pertenencias políticas, etc.) que relacionamos con una perspectiva experiencial, para referir a una mirada que, tomando distancia de los modelos formales, busca restituir la dimensión vivida de la participación y el involucramiento político. Ser trabajador y tener dignidad eran sentidos como elementos de cohesión muy fuertes, que implicaban relaciones con un pasado-presente que se transformaba rápidamente y que posibilitaba nuevas identificaciones subjetivas y de conciencia política. Por otra parte, el movimiento de trabajadorxs desocupadxs tuvo como característica la heterogeneidad en su conformación. Esta característica puede observarse en la aglomeración de vivencias, experiencias y trayectorias de lxs participantes, en sus afinidades políticas, y también, en el atravesamiento generacional, de género y de pertenencia de clase.

Formas de organización

En Bahía Blanca y en Mar del Plata, lxs desocupadxs se organizaron alrededor de diversas formas colectivas con distintas territorialidades (Fernándes Mançano, 2005). Los MTD se nutrieron de las líneas nacionales y regionales que operaban alrededor de todo el territorio argentino y latinoamericano. No fueron movimientos sólo de carácter localista. La construcción de su identidad colectiva tampoco fue un hito que se haya dado, manteniéndose estático en el tiempo. Más bien, fue el resultado de un entramado complejo de creaciones, proyectos y memorias que trascendieron la lógica utilitarista, para crear y recrear sentidos de pertenencia muy dinámicos, entretejidos por su relación dialéctica con la situación económica, política y socio- cultural.

Por un lado, como sujetos vinculados a una agrupación política partidaria, fue una de las formas más extendidas y estables entre estas organizaciones. La conformación de diversas líneas de intervención barrial de organizaciones políticas de izquierda favoreció el desarrollo de comedores, merenderos, espacios de organización y debate en instituciones barriales, junto a la creación de talleres y lugares de encuentro.

La mayoría de las organizaciones de MTD dentro del partido tenían una gran autonomía en sus decisiones, aunque seguían lineamientos generales. Estas mismas organizaciones crearon espacios de economía social basados en cooperativas, talleres de producción, organización de microemprendimientos y ferias de compra/venta. Los trueques también se extendieron como lugares de mercado popular.

En este modelo organizacional, una gran mayoría de los integrantes que actuaron en ámbitos de dirección fueron parte de una militancia política que los correspondía con diversos partidos de izquierda (Polo Obrero, Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Movimiento al Socialismo, Frente Obrero Socialista), añadiéndose una rama del peronismo revolucionario que siguió trabajando en los barrios populares. Los agrupamientos principales se organizaron alrededor de objetivos y de proyectos políticos (Iñigo Carrera, 2011) que intentaron combinar con sus objetivos partidarios, organizativos y metodológicos para generar un sujeto que adscribiera a una causa mayor –de alianza social, socialista o revolucionario–. Las organizaciones dentro del MTD se diferenciaron entonces en sus métodos y estrategias de corto y mediano alcance. En este sentido, si bien la influencia de los partidos políticos y de los/as militantes fue importante, no podemos pensar las relaciones sociales en una forma mecánica y dirigista, donde la organización y su dirección fuera un proceso de implantación y manipulación por parte de los activistas por sobre lxs desocupadxs. Es importante tener en cuenta la elaboración de un proyecto gestado dentro de un espacio de sociabilidad militante, a veces barrial o sindical, y donde se producen encadenamientos sociales que articulan distintos agentes sociales (Pinedo, 2009).

A su vez, otra forma de organización se dio alrededor de la asamblea barrial, que se convirtió en una herramienta para decidir y efectuar tareas de información, propaganda, debate, y planificación de planes de lucha. En este espacio democrático, se socializaban las ideas, se conocían las realidades de distintos representantes barriales y se votaban mandatos para ser cumplidos en diversas instancias de organización. Funcionaba replicando algunas de las características de las organizaciones fabriles y sindicales, con la elección de delegados y la conformación de distintos grados de jerarquización en responsabilidades asumidas.

El territorio (el barrio, principalmente) fomentó la organización de desocupadxs con algunas de las lógicas vecinales y de sociedad de fomento, que durante gran parte de la década se hicieron cargo tanto de relaciones asistenciales como clientelares. Ante las necesidades sufridas en los barrios periféricos de la ciudad, que estaban profundizadas por las crisis sufridas en las industrias de la construcción, textil y pesquera, se dio el incremento de desocupación entre su población. Para dar respuesta a esta situación, en algunos barrios comenzaron a organizarse comisiones de desocupadxs.

La crisis de 2001 y la emergencia de los MTD de corte territorial fortalecieron la dinámica de la conflictividad en los sectores populares relacionada con la lucha dentro del territorio y por la defensa del mismo (Varela 2010). El territorio se fue erigiendo como un escenario de disputa desde fines de la década de 1980. Según Paula Varela, (2010) el proceso de desindustrialización y transformación radical del mundo del trabajo hicieron que las luchas y la acción colectiva de los sectores populares se desplazaran hacia los barrios. Para Denis Merklen (2010) el proceso de integración territorial de los sectores populares involucra un conjunto de dimensiones: el barrio deviene una fuente de poder que puede ser objeto de disputas por su monopolización; lo local también actúa como un ámbito de producción de solidaridades elementales a partir de la generación de un “nosotros”; en tercer lugar oficia como fuente de prestigio, de distinción social; finalmente, actúa como vía de integración, de acceso a servicios sociales básicos y redes de asistencia.

Dentro del concepto de territorialización parece existir una separación entre barrio y fábrica que no se genera en la realidad. Se produce una división arbitraria entre ámbito de producción y ámbito de reproducción, como unidades separadas y homogéneas, como esferas independientes de la realidad social (Varela, 2010). El territorio resulta un componente importante en el desarrollo de la dinámica del sujeto colectivo (Maneiro, 2012), que circula en diferentes ámbitos con una lógica atravesada por sus relaciones de clase u otras formas de identidad social. Atravesado por distintas políticas públicas de control y contención de la pobreza, el barrio se transforma en una nueva usina de organización comunitaria.

Por último, algunos sindicatos también fueron espacios organizativos, de identificación de clase, que aglutinaron a los desocupadxs, con la idea de unificar las demandas y efectuar acciones conjuntas. Las estrategias sindicales durante la década de 1990 fueron variadas y con múltiples propósitos: participativas, negociadoras, empresariales, combativas, autonomistas, etc., y se derivaron de factores relacionados a las propias circunstancias de las grandes centrales sindicales (Gómez, 2007). La CTA y el MTA fueron las centrales que mayor acompañamiento tuvieron con lxs desocupadxs, al menos en el intento de generar una salida institucional al problema del desempleo.

Dinámica de la conflictividad

A diferencia de Bahía Blanca, el MTD en Mar del Plata irrumpió con la fuerza de los cortes de ruta y de calle, como acción colectiva predilecta y modular con el fin de lograr determinadas reivindicaciones. Tuvieron un papel relevante dentro de la conflictividad obrera local al vincularse con el movimiento obrero organizado, estando acompañados por otras fracciones sociales, tales como jubilados, estudiantes y pequeña burguesía.

La tendencia general de la conflictividad del MTD marplatense varía entre etapas de mayor intensidad y otras de pasividad. Luego del pico de intervenciones en el año 1997, se producirá un descenso en 1998: este descenso se explica por la etapa en la cual estaban inmersas las diversas organizaciones, las cuales estaban concentrando sus esfuerzos en la organización territorial. Ya para 1999, se ve un incremento en la intensidad de la conflictividad, con un hecho emblemático para los desocupadxs marplatenses: la ocupación de la Catedral. Sin embargo, en la cantidad de acciones tan sólo se ve un leve aumento con respecto al año anterior. Los años 2000 y 2001, en donde habría de darse un mayor número de acciones articuladas entre las organizaciones de desocupadxs y de éstos con otras fracciones obreras, dan cuenta de un mayor grado de conflictividad, donde las manifestaciones callejeras y la ocupación de delegaciones estatales serán las acciones predominantes.

El movimiento de desocupadxs en la ciudad de Mar del Plata articuló sus luchas sobre la base de seis temas/demandas que se irían desarrollando a lo largo del periodo. Estos temas fueron demandas vinculadas a objetivos que se proponía el MTD y que en algunos casos culminaban en un resultado positivo, y en otros, con la derrota y cambio de estrategia.

El primer gran objetivo de los MTD en la ciudad, y que significó el inicio de su irrupción en la arena política, fue la demanda de planes sociales al Estado, pensados éstos como conquistas sociales vinculadas a derechos laborales postergados. Esta demanda tuvo éxito al lograr extender y exponer el problema de la desocupación en toda la ciudad, presionando a la provincia para que otorgase planes con mayor perdurabilidad. El corte de ruta fue el tipo de acción que posibilitó este resultado, adoptado como método de lucha a raíz de los sucesos de Cutral-Co y Plaza Huincul. La visibilidad del corte, diferente a la huelga clásica, permitió contar con una herramienta eficaz para parar la producción y distribución de la mercadería del capital, colocando al Estado frente a la disyuntiva de reparar o no la situación. Un segundo objetivo devino en evitar los ajustes en planes asistenciales emitidos por la provincia. Todos estos intentos de ajuste fueron resistidos por el MTD, que planteaba la autonomía en las decisiones de su propia organización y el manejo autárquico de los planes sociales. Y un tercer objetivo, fue la intención de incorporarse a los planes sociales provenientes de Nación, como el Plan Trabajar, que no llegaban a la ciudad de Mar del Plata. Este fin se buscó a través de acciones colectivas disruptivas de repercusión nacional, como fue la toma de la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación que, sumado a los cortes de ruta, tuvo un alto impacto en una ciudad balnearia.

Otro tema relevante fue el pedido de alimentos, una de las demandas principales en el acta acuerdo de la ruta 88. En ese momento el municipio se comprometió a entregar bolsas de alimentos de 20 kilos a los MTD. Con el correr de los meses, los kilos de las bolsas empezaron a reducirse hasta llegar a los 10 kilos. Esto motivó la reacción de las agrupaciones que le exigieron al municipio, mediante manifestaciones callejeras, cumplir con los envíos de alimentos acordados. La respuesta de la municipalidad fue contundente, la cantidad de alimentos entregados era la correcta. Ante esto, el MTD cambió de estrategia, presionando al sector privado – concretamente las cadenas de supermercados – para que se hiciera cargo del problema del hambre. Desde la negativa del municipio hasta el acuerdo logrado entre la Cámara de Supermercados, la Iglesia y el MTD, se sucedieron varias acciones que consistieron en concentraciones frente a diversos supermercados pidiendo bolsones de alimentos. Esta estrategia dio sus frutos. Primero, al exponer el incumplimiento del municipio en cuanto a la entrega de alimentos acordados, segundo, en lograr la entrega de bolsas de alimentos a los diversos barrios periféricos de la ciudad. Lo único que no logró el MTD fue administrar en forma directa la distribución, ya que habría de ser la Iglesia a través de Cáritas la encargada de esa tarea.

Por otro lado, mediante las acciones colectivas pudo demandarse una tarifa social de electricidad, por la falta del servicio y la problemática de cortes debidos a falta de pago en varios barrios de la ciudad de Mar del Plata por parte de la empresa distribuidora EDEA. En un primer momento, estos reclamos fueron fragmentados: cada comisión barrial de desocupadxs llevó a cabo la demanda mediante la instalación de ollas populares localizadas en los respectivos barrios, hasta la conformación posterior de un frente amplio y aglutinador junto a la CTA, agrupaciones de desocupadxs, barriales y empresariales, que lograría el objetivo de conseguir una tarifa social.

Un punto fundamental del reclamo del MTD marplatense fue contra las políticas económicas implementadas a nivel nacional. En un primer momento, fueron las marchas y los paros nacionales de la CTA y la CGT moyanista contra el gobierno menemista. Ya con la llegada del gobierno de De la Rúa, los paros nacionales aumentaron su frecuencia y el MTD formó parte de todos ellos. Esto puede explicarse analizando la demanda fundamental del MTD: lograr fuentes de trabajo. La demanda primordial es la obtención de puestos laborales que permitan a los sectores excluidos del mercado laboral, volver a vender su fuerza de trabajo. El logro de este objetivo nunca se podría realizar bajo un modelo económico que considera que para la realización de las funciones elementales del capital, un gran porcentaje de la población laboral deba permanecer como sobrante. Por ende, la lucha contra la economía neoliberal o contra sus promotores y ejecutores se convirtió en una meta importantísima en la estrategia del MTD. El papel del MTD durante estas jornadas de paro, fue el de hacer honor a la herramienta de lucha por la cual la sociedad argentina lo conocía: el piquete. La tarea de las organizaciones de desocupadxs en el marco de estos paros fue el corte de ruta en los accesos a la ciudad, o de calles en las arterias más relevantes, durante las primeras horas de las jornadas de lucha. Luego el MTD acompañaba al resto de los manifestantes en el acto de cierre en el monumento a San Martín.

Figura 1. Hechos de conflictividad normalizados – MTD Mar del Plata

Fuente: Elaboración Rabino en base a datos del Observatorio de conflictividad social para Mar del Plata (1997-2001).

Figura 2. Cortes de ruta entre 1997-2001 (Mar del Plata)

Fuente: Elaboración Rabino en base a datos del Observatorio de conflictividad social para Mar del Plata (1997-2001).

El ciclo de conflictividad que inició el movimiento obrero en estas zonas portuarias, en donde se insertaron las capas de trabajadores desocupadxs, no fue la respuesta mecánica a la crisis económica, sino que constituyó procesos y prácticas contestatarias que antecedían a la coyuntura (Piva, 2009). Estas experiencias se relacionan con un entramado político del peronismo combativo o de la izquierda que tuvo su influencia desde diversos sindicatos y gremios.

Las organizaciones de trabajadores desocupadxs tuvieron una actuación importante dentro de la conflictividad obrera en Bahía Blanca. Su vinculación con el movimiento obrero ocupado fue permanente a punto tal de que sus expresiones de lucha siempre estuvieron acompañadas por otros sectores sociales. La tendencia general de las expresiones de conflictividad del MTD bahiense oscilan entre momentos de pasividad y de intensa acción, con un pico máximo en el 2001. Los años 1997 y 1998 fueron años casi nulos en expresión de manifestaciones de organizaciones de desocupadxs. La diferencia entre estas dos etapas puede explicarse por la puesta en marcha por parte del Estado hacia el periodo 1996- 1999 de una batería de paliativos que permitieron detener la conflictividad de los desocupadxs, especialmente a partir de dar impulso a micro-emprendimientos, cooperativas, capacitaciones y planes que tendrían muy corta duración. La crisis económica de los años 2000- 2001 recrudecieron la situación y masificaron las protestas, aunque la organización se nutrió de relaciones políticas que se irían tejiendo en las luchas de los barrios y sindicatos.

Figura 3. Hechos de conflictividad normalizados – MTD Bahía Blanca

Fuente: Becher (2020) en base a datos de Observatorio de conflictividad (1995- 2003).

Figura 4. Comparación entre el total de la conflictividad obrera y la de desocupadxs. Bahía Blanca, 1995-2003

Fuente: Becher (2020) en base a datos de Observatorio de conflictividad (1995- 2003).

El nivel de implicancia de la conflictividad fue alto y con fuerte intensidad: cortes de calles, manifestaciones, tomas, piquetes a empresas. Hubo también acciones de nivel medio que fueron mayoritariamente reuniones entre funcionarios/as o empresarios con el fin de negociar las demandas presentadas. La calle, la ruta y los lugares específicos de trabajo – tanto públicos como privados- formaron parte mayoritaria de los espacios controlados por las clases dominantes que fueron ocupados por los sectores de población sobrante organizada. Estos rasgos nos indican que las organizaciones de desocupadxs apostaron a la visibilización de sus conflictos contra el Estado, ocupando sus instalaciones y los principales espacios públicos. Los piquetes frente a las empresas privadas expusieron la necesidad de reconocimiento de la desocupación como problema vital, dignificando un lugar perdido, contraponiéndose al ocultamiento mediático y posibilitando generar un espacio de posiciones defensivas-ofensivas en la lucha de clases.

La conflictividad de las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs tuvo una serie de características definidas alrededor de determinados tipos de hechos (manifestaciones y acompañamientos a huelgas generales), con una mayor predisposición al método directo de enfrentamiento, la realización permanente de asambleas, alto nivel de intensidad en las acciones y una enorme energía desplegada por los cuerpos. La conflictividad del MTD se ha periodizado a partir de la conflictividad obrera. El análisis más amplio de la conflictividad durante el período bajo estudio demuestra que los conflictos de la clase obrera fueron sumamente importantes en la ciudad, a pesar del crecimiento de otro tipo de conflictividades (vecinales, ambientales o por los derechos humanos). Este resultado se contrapone con la literatura que postula el descenso de la matriz sindical y obrera en las acciones colectivas durante la década de 1990 (Schuster et al., 2006; Natalucci, 2010) y permite renovar la discusión sobre continuidades y rupturas en los movimientos sociales.

Estrategias de alianzas políticas y de lucha

El periodo que va de mediados de 1995 a 2002 fue una etapa convulsionada para la historia política en la Argentina. Si bien es cierto que este periodo contó con una fuerza social destituyente que renegaba de la institucionalidad y la representatividad política (Natalucci, 2012), para la lógica de la democracia liberal, es cierto que también fue un momento de experimentación y transformación de lo que se entendía como político. En este sentido, resulta difícil argumentar que las formas de hacer política vendrían después del 2001, con el gobierno kirchnerista, ya que mucho antes distintas organizaciones, sindicatos y movimientos sociales discutían, pensaban y tomaban acciones que representaban modelos de representatividad y de decisión política. Las estrategias que irían definiéndose con el paso de los años y al calor de la lucha social más amplia, implicaron que de la estrategia defensiva y reivindicativa, se pasara a una táctica y estrategia más ofensiva, con la transformación del sujeto en un actor político de importancia. En ese contexto los períodos de latencia, en términos de Melucci (1994), fueron momentos claves para la organización y profundización de la discusión política interna de los MTD que cambiaron el eje de sus reclamos para tejer un conjunto de alianzas políticas con otros sectores sociales en el afán de discutir y actuar contra el modelo económico y social imperante.

Lxs desocupadxs organizadxs en estos movimientos formaban parte de una fracción de la clase trabajadora no ocupada, cuyas vidas transitaban en las condiciones que brindaban los barrios alejados del centro de la ciudad. Vinculados a un territorio en disputa con punteros, fomentistas, políticos, y las propias fuerzas de seguridad, la organización a nivel barrial buscó garantizar la subsistencia, mejorar las condiciones de vida, ocupar tierras para hacerlas “productivas” y habitables. Tomando en cuenta lo señalado por Klachko (2004) acerca de que los objetivos de las acciones de protesta constituyen un indicador del momento de relaciones de las fuerzas políticas en las que se encuentran los grupos sociales y de los grados de conciencia que las fracciones y/o clases sociales tienen de sí (de su situación y de cómo resolverla), y considerando los seis temas/demandas vistas en el apartado anterior, se puede observar la siguiente dinámica para el caso de Mar del Plata.

Como primer ítem, las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs respondieron a objetivos económicos reivindicativos/corporativos de los sectores populares, trabajadorxs informales urbanos y pobres, como demanda de planes sociales y alimentos, lo que nos ubicaría en el primer momento de las relaciones de fuerza política y de la conciencia política colectiva que Gramsci ha denominado económico – corporativo, donde “es sentida la unidad homogénea del grupo profesional y el deber de organizarla pero no se siente aún la unidad con el grupo social más vasto” (Gramsci, 2003). Esto se ve reflejado en los primeros años del periodo 1997-1999 del MTD en la ciudad de Mar del Plata, donde el inmediatismo de solucionar necesidades básicas era acuciante. A su vez, varias acciones del MTD fueron acompañadas por sectores del sindicalismo, en especial gremios de la CTA como el Sindicato de Luz y Fuerza, lo que hubo de generar una alianza estratégica entre un sector de las fracciones de asalariados ocupados y no ocupados, demostrada en las intervenciones públicas del líder sindical José Rigane a favor de la lucha de los desocupadxs, acompañándolos en sus acciones más emblemáticas (corte ruta 88, toma de la Catedral) y cediéndoles la sede del gremio para asambleas.

A nivel nacional, parte del movimiento obrero organizado se va a oponer al modelo económico y social neoliberal. Cotarelo (2016) ve en las huelgas generales de 1996 – donde participaron la CGT, MTA y CTA -, el inicio de una fuerza social opuesta al régimen, en la cual, a partir de 1997, el MTD comenzará a participar. Sin embargo, será recién a partir del año 2000, cuando se verá en más oportunidades la acción en forma conjunta de esta alianza de trabajadores ocupados, desocupadxs y estudiantes.

En el año 2000, lxs trabajadorxs desocupadxs organizados fueron los principales protagonistas de la rebelión contra la profundización de las políticas neoliberales y sus efectos. Entre mayo de 2000 y diciembre de 2001 el movimiento sindical, fragmentado y aislado en gran parte, fue uno de los convocantes a las luchas contra el modelo económico, y funcionó como articulador de la rebelión de diversas fracciones sociales.

Esta segunda etapa, 2000-2001 en Mar del Plata, tuvo como demandas ejes la implementación de la tarifa social y la lucha contra el modelo económico/social neoliberal. Ambas demandas requerirán la acción política en conjunto del MTD con organizaciones sindicales, en especial la CTA. Esto no quiere decir que no haya habido más demandas de planes sociales o alimentos, incluso hubo momentos en los cuales la CTA se puso a la cabeza de estos reclamos, siendo parte de la estrategia del gremio como se verá en la iniciativa del FRENAPO[5].

Los MTDs no actuaron como un bloque homogéneo, se divisaron algunas diferencias entre las agrupaciones mayoritarias, la CCC y el MTR. Se puede considerar al MTR como el más radical de los dos en la forma de accionar. La toma de la Catedral junto a la UVO en 1999 fue una acción solitaria que no contó con el apoyo de la CCC y que puso en juego la relación con la Iglesia, algo que la CCC no veía como beneficio alguno. A pesar de esta diferencia, durante el periodo 2000-2001 ambas agrupaciones actuarán en conjunto con el resto del MTD marplatense en aquellas acciones en las que intervino la fuerza social contra el régimen.

En síntesis, desde la génesis del movimiento de trabajadorxs desocupadxs, en la ciudad de Mar del Plata a mitad del año 1997, hasta el cambio de gobierno a nivel nacional en el año 2000, la mayoría de las acciones del MTD estuvieron apuntadas a reivindicaciones económicas inmediatas (alimentos y planes asistenciales). Durante esta primera etapa (97-99), los vínculos con el movimiento obrero organizado se darán a través del sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, perteneciente a la CTA. Esta alianza se expresó en apoyo y asistencia mutua, gestos expresados, por ejemplo, al ceder la sede gremial para reuniones del MTD o en la presencia de dirigentes sindicales en los cortes.

Durante la segunda etapa (2000-2001), este vínculo se enriquecerá al haber una mayor participación activa de la CTA, y en especial, del dirigente Daniel Barragán de ATE, en la cuestión del desempleo. La alianza entre CTA y MTD se verá reflejada en dos demandas: la implementación de la tarifa social y la lucha contra el modelo económico y social neoliberal. Esta última será la demanda que aglutinará a una serie de alianzas entre fracciones sociales (trabajadores ocupados, en especial docentes y estatales de la CTA, CGT, pequeños empresarios nucleados en APYME, organizaciones barriales y el MTD) para luchas en el plano local por otro modelo económico y social que se presente como alternativa al impuesto por la oligarquía financiera durante la década de 1990.

Para pensar en parte la constitución de las estrategias del MTD en Bahía Blanca, resulta necesario volver a observar sus momentos de enfrentamiento. En el periodo 1997 – 1999 se produjo un descenso de la conflictividad social, y las organizaciones de desocupadxs de tinte localista realizaron un proceso de trabajo en cooperativas con base territorial que generó una relación conflictiva con el gobierno radical. Esto formalizó un conjunto de prácticas de solidaridad que no alcanzó a consolidar el movimiento y que produjo una fragmentación.

A principios de 2000, el ascenso general de la conflictividad convierte al sector de desocupadxs de la construcción en una fuerza social que tensiona la relación con la gran burguesía (grandes empresas constructoras, empresas petroquímicas y allegadas) y el propio Estado desde ese periodo hasta fines de 2003. Sus luchas no sólo fueron de vección vertical (contra el gobierno y las empresas) sino también de vección horizontal (interna, por la acumulación de poder dentro del MTD), que dinamizaron el enfrentamiento y las formas de acción colectiva.

El año 2001 dio lugar a la formación de un contexto de resistencia popular, expresado en sus formas materiales y simbólicas, donde se conjugaron fuertemente las bases obreras estatales por fuera del sindicato, los sectores desocupadxs de la construcción y las organizaciones de desocupadxs nacientes como el Polo Obrero, la CCC, el MTL y Bahía Blanca en Lucha, cuyos militantes habían capitalizado las experiencias de lucha en los primeros conflictos de desocupadxs de la década.

Finalmente, el año 2002 vería un nuevo auge de la lucha en las calles, con un sector de desocupadxs radicalizado que se enfrentó cuerpo a cuerpo con las fuerzas de seguridad. El resultado fue la derrota y el procesamiento de los desocupadxs y la retirada de diversas organizaciones de izquierda hacia formas de trabajo sindical y barrial. Estas actividades continuarán durante toda la década, en algunos casos, con un descenso en la conflictividad, pero en una tensa relación con el Estado en sus diversos niveles, donde las agrupaciones de desocupadxs tenderán a unificarse con sus partidos políticos de origen, formalizando instituciones sociales reguladas por el Estado o expresando un trabajo barrial que tendrá en la conquista de planes sociales su punto más importante.

Como corolario, se concluye parcialmente que la crisis de gobernabilidad de 2001 no pudo ser traducida en términos de acumulación por los MTD que lograron un protagonismo hegemónico junto a un sector de la clase obrera y una importante visibilidad a través de experiencias de coordinación. La carencia de un salto cualitativo en la unificación de sus luchas impidió constituir a largo plazo un bloque contrahegemónico de clases subalternas que políticamente permitiera transformar las estructuras de poder y de gobierno, aunque constituyó una experiencia que pervivió en las futuras estrategias de acción de las clases populares.

Si bien resulta difícil realizar una taxonomía de las estrategias, existieron esquemáticamente tres tipos de metas: por un lado, una línea estratégica que tuvo a largo plazo la lucha sindical como objetivo principal. Esta estrategia tuvo su expresión más acabada en ADICBBA y en la agrupación Docentes Indignados, dentro del colectivo Bahía Blanca en Lucha, con vocación de unidad en todas las luchas. Estas organizaciones, si bien buscaban intervenir en diversos ámbitos, entendían que el cambio en las conducciones sindicales generaría cambios institucionales que les permitirían influir en las luchas más generales, con una perspectiva de poder resolutivo. La CTA y el MTA también fueron organizaciones sindicales que influyeron en la organización de lxs desocupadxs, convocando y apoyando sus decisiones y acompañando sus proyectos económicos. La influencia de estas dos centrales implicó la búsqueda continua de un aglutinamiento entre ocupadxs y desocupadxs en un mismo frente de acción, que resolviera problemas en común, a pesar de las situaciones objetivas diferentes.

Otra línea estratégica se afianzó desde lo territorial, tuvo su expresión en la UTD, la CCC, el MTL, en parte en el Polo Obrero y en Cáritas, que influyeron profundamente en la idea de organización de las barriadas populares. Algunas de ellas tenían una perspectiva de la militancia que debía integrar las reivindicaciones básicas vecinales con una organización política de masas. No hubo una línea interna que tuviera como norte estratégico el autonomismo o la construcción de un poder popular, como en el Conurbano bonaerense o en Salta. Estas organizaciones privilegiaban la acción concreta, donde se rehabilitaba el componente básico y esencial, tanto en las condiciones de vivienda, como en la urgencia alimenticia y los servicios públicos (agua, electricidad y gas).

Todas las organizaciones privilegiaron, en mayor o menor medida, la línea estratégica política (partidaria a veces) como marco de identificación común, dentro de un proyecto que implicaba la transformación de la realidad social y económica. En todas las organizaciones hubo un principio de acción orientado con medidas políticas específicas que surgían de debates locales y nacionales. Sin embargo, algunas organizaciones privilegiaron más el componente del partidismo político por encima de la organización de desocupadxs. Esto pudo verificarse en el Polo Obrero y en el MTL, organizaciones que, si bien decían tener cierta autonomía en relación a sus partidos de pertenencia, en general su énfasis a niveles de organización y su reivindicación a un programa político que excedía las propias luchas de los desocupadxs, implicaba el ordenamiento de este sector social hacia un fin partidista. Por otro lado, fueron las organizaciones que más enfatizaron una salida política posterior al Argentinazo. La CCC, si bien también tuvo una enorme influencia del PCR, se expresó con mayor autonomía, oponiéndose también a la salida devaluatoria y proponiendo el voto en blanco como expresión del rechazo popular a los partidos políticos tradicionales.

Las diferentes líneas estratégicas tendieron a amalgamarse y a actuar en forma cooperativa. La “competencia” entre organizaciones en la ciudad de Bahía Blanca no estuvo tan marcada como en otras zonas del país: a nivel local, las agrupaciones sostuvieron la unidad de acción con los sindicatos más combativos, a pesar de sus diferencias. Es importante no reducir el análisis de las organizaciones de base a su contraposición con las organizaciones punteriles de los partidos tradicionales. De esa forma, se tendería a interpretar los MTD como construcciones político- sociales autónomas y democráticas, como si fueran islotes idealizados de cómo serían las organizaciones revolucionarias. Éstas estuvieron atravesadas por problemáticas, rispideces y modalidades de construcción que alternaron la democracia de base con la verticalidad militante, y en muchos casos hasta “caudillesca”.

Un tema importante para destacar en relación a las estrategias de los MTD en ambas ciudades es cómo fueron sus relaciones con el Estado. La relación entre movimientos sociales, partidos y sistema político es un tema trascendental en los estudios sobre este campo. Aquí la concepción del Estado cobra una relevancia central. El Estado no puede pensarse como una institución neutra, disociada de las relaciones sociales que se generan, ni tampoco como una entidad arbitral en los diversos conflictos. Coincidimos en pensarla como proceso y como relación social y objetiva del poder que se encuentra atravesada por las disputas entre fuerzas sociales ancladas en el espacio y en el tiempo (Bringel y Falero, 2016) (por supuesto, no como una simple herramienta de dominación de clase en su visión instrumentalista). Como construcción histórica, su papel ha delineado las fronteras y marcado un proceso de constitución heterónoma de diversos sujetos sociales.

Algunos de los puntos de tensión y articulación entre movimientos sociales y Estado están relacionados con las diversas teorías de estudio sobre MS, en donde han primado la relación del Estado con los contextos de producción de determinadas estructuras de posibilidad de formación, acción y reproducción de los MS, la teoría pluralista de los sistemas políticos que ha hecho hincapié en la acción política institucionalizada, la relación con los partidos políticos y los grupos de presión, o de los recursos estratégicos que se obtienen en la relación entre ambas partes. Estos análisis reduccionistas en muchos casos tendían a visibilizar las acciones de los MS y su relación con el Estado como una mera contienda de intereses contrapuestos, entre demandantes y demandados, entendiendo al Estado como una arena de disputa centrada en lo institucional. Por otro lado, también ha primado la idea de pensar los MS como alternativas políticas a los actores tradicionales o como actores estratégicos que refuerzan sus demandas de cambio. Ya hace un tiempo atrás, Melucci expresaba que los problemas de la acción colectiva son uno de los nudos centrales del funcionamiento político de las sociedades complejas y proponía algunos ejes como la descomposición analítica del dato empírico, desde una perspectiva sociológica que fuera más allá de la simple división entre actores institucionales y no institucionales. El riesgo de caer en una reificación del Estado o de un análisis que pretenda desvincular los MS de la acción política podría ser superado sólo definiendo los componentes analíticos del sistema político, su dependencia y su autonomía. Al sistema político hacen referencia los partidos, y hacia su interior sucede la mediación de los intereses. Sin embargo, existen demandas y conflictos sociales que se escapan al menos en parte de esta competencia regulada: ahí es donde se constituyen otras formas de acción colectiva como los MS (Melucci, 1995).

Tres problemas deben ser tenidos en cuenta como nudos importantes para la comprensión del MTD y el Estado: 1) el lugar que ocupan los MTD en la sociedad y su relación con la experiencia cotidiana de los sujetos, muchas veces presionados a la integración y la institucionalidad en el Estado para garantizar sus demandas (relación heteronomía y autonomía como tensión); 2) la posibilidad de radicalizar su autonomía y generar un proceso autorreferencial totalmente desvinculado de la discusión sobre poder; 3) los riesgos de burocratizarse y e institucionalizarse, convirtiéndose en un espacio desligado de la discusión fundamental sobre la lucha por el cambio social.

Sobre estas cuestiones hay varios aspectos que merecen ser tenidos en cuenta en el análisis del MTD marplatense y bahiense: primero, la cuestión de los planes sociales y su ejercicio en términos clientelares o de creación de politicidad; segundo, los modelos de organización de los MTD con sus diversas líneas estratégicas (política, sindical, territorial) y por último, la formación de una identidad colectiva en base a sus demandas principales y discursos.

En el ámbito de Bahía Blanca, la continuidad del gobierno radical y su red de contención social, junto a organizaciones afines, le permitió consolidar en un primer momento un rol activo en la ejecución y administración de los planes sociales (siempre en conflicto con la provincia), dejando poco espacio para la administración por parte de las organizaciones de desocupadxs, quienes debieron demandar constantemente y empujar sus reivindicaciones para ser correspondidos. Hubo debates profundos en torno a esta cuestión y se generaron disputas internas. En el caso de Mar del Plata, con un municipio de la UCR también, el MTD no controlaba la entrega de los planes (que correspondía a la provincia), sino que solo contribuía aportando los materiales para las cuadrillas de trabajo. El manejo de los planes fue un motivo de lucha entre las organizaciones de desocupadxs y el Estado durante los dos primeros años del MTD (97-99). Con la llegada del gobierno de la Alianza en el plano nacional, las organizaciones lograron un mayor control sobre la distribución de los planes asistenciales.

Las organizaciones de desocupadxs en ambas ciudades intentaron desligarse de las relaciones punteriles, religiosas, sindicales burocráticas y, por supuesto, de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, pero sin dejar de ser interlocutores con el gobierno, destinatario central de cualquier demanda.

En el caso marplatense, la Iglesia fue una interlocutora buscada por los desocupadxs. Ese papel de intermediaria entre el MTD y el Estado comenzó con las negociaciones ante el corte de la ruta 88 y finalizó con la toma de la Catedral, momento en el cual el vínculo entre algunos sectores del MTD, como el MTR y la UVO, y la Iglesia se vio afectado. ¿Fue este papel de interlocutor por parte de la Iglesia deseado por los desocupadxs? Deseado o no, fue necesario, ya que logró descomprimir situaciones de conflicto en favor de las necesidades del MTD. Un ejemplo de lo anterior fue la resolución del tema de las bolsas de alimentos, que culminó en un acuerdo entre empresarios supermercadistas, los desocupadxs y Cáritas como distribuidor de los bolsones.

Si bien la oposición y la crítica a la política asistencial del gobierno siempre estuvo presente, desde el año 1995 fueron muy pocas las organizaciones que se mantuvieron firmes en un proyecto de autogestión y organización autónoma[6].

La noción de trabajo genuino y el reparto de horas de trabajo, demandado al gobierno, siempre estuvo presente en todas las organizaciones de desocupadxs como un planteo excluyente y superador, contraponiéndose al trabajo subsidiado, aunque por determinados factores se terminara posteriormente aceptando como instrumento táctico. Esta contradicción tiene su explicación en las alternativas reales que podían generar las organizaciones de desocupadxs frente a una situación económica y social que achicaba el margen de maniobra y frente a un sector político que hábilmente disminuía las oportunidades de acción para institucionalizar o generar menos margen de autonomía por parte de los MTDs. Esta “dependencia” del Estado es parte constitutiva de un vínculo que resignificó las formas de lucha o acción colectiva confrontativa y la identidad misma de las organizaciones. Muchas veces sucedió que “el plan social” criticado y enjuiciado como “pernicioso” también sirvió para consolidar los reclamos y generar “un puesto de lucha” que trascendiera la mediación con el gobierno de turno y se convirtiera en un derecho adquirido.

A modo de conclusiones generales

Si bien comparativamente Mar del Plata y Bahía Blanca tuvieron diferencias en las formas modulares en que llevaron adelante el conflicto, hubo una serie de similitudes importantes que refieren a sus características definitorias. En ambos espacios, los MTD surgieron en un contexto de resistencia con un programa estratégico de carácter defensivo en medio de una merma importante en la actividad económica y ante un aumento de la desocupación. En Mar del Plata, la génesis se desarrolló con fuerza desde lo vecinal (se organizaron primero mediante las sociedades de fomento y por barrios), mientras que en Bahía Blanca la organización caló profundo en un primer momento en lo barrial, pero luego tuvo su punto fuerte en relación a la organización sindical (construcción, por ejemplo) y de partidos de izquierda.

Los movimientos, en general, jugaron un rol esencial en la formación de la conciencia política de sus integrantes. Fueron espacios de construcción colectiva atravesados por el conflicto y las tensiones internas (Gutiérrez Aguilar, 2015). El carácter táctico ofensivo de sus reivindicaciones y acciones de conflictividad se dirigió fundamentalmente a la adquisición de derechos constitucionales, que debían ser correspondidos por el Estado, abriéndose a la posibilidad de autogestionar pequeños emprendimientos productivos o de vivienda.

Este carácter defensivo tuvo su correlato con las relaciones de fuerza y la debilidad del movimiento obrero durante ese período, frente a la predisposición de un sector sindicalizado a negociar y pactar la flexibilización laboral y el aumento de la desocupación a costa de poder permanecer institucionalmente. La constitución de sindicatos combativos y de centrales sindicales con una clara predisposición a la unidad de los trabajadores y la batalla por los derechos laborales permitieron recomponer esta situación, generando herramientas de lucha frente a los grandes sectores de la burguesía y el Estado.

Los MTD revelaron que la contradicción principal se encontraba en avanzar en la conciencia de que los problemas no eran individuales, sino producto de un modelo económico contra el que debía orientarse la lucha popular. Por eso, dentro del movimiento social existió una pugna permanente por otorgarle una direccionalidad a la organización y a la acción conflictiva, como parte de las pautas permanentemente negociadas dentro de las organizaciones. Ese cálculo en base a la lectura de la situación en las relaciones de fuerza y la caracterización del enemigo fundamentaba las estrategias concretas que generaban los MTD. Hacia los años 2000-2002, el carácter estratégico de los MTD, pasó a ser completamente ofensivo, cuando se conjugó la alianza con otros sectores sociales, obreros, estudiantiles y fracciones de la pequeña burguesía.

Las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs, en su gran mayoría, exigieron la intervención del Estado para la concreción de sus reivindicaciones: ya sea en sus demandas de justicia, tierra, vivienda, trabajo, salud, etc. Su visión del mismo distaba de ser instrumentalista y se tejieron varias relaciones de participación, negociación y también de enfrentamiento. Más allá de las prácticas autogestivas y el discurso autonomista – que no fue predominante en estos MTD -, las relaciones de hecho con las instituciones estatales fueron permanentes. Esto implicó una limitación importante en la autonomía de los MTD, aunque no una sujeción de dependencia total. La institucionalización en términos organizativos fue una constante con el fin de recibir subsidios y la posibilidad de ser reconocidos por el Estado, canalizar demandas y mejorar la organización, lo que derivaba en pérdidas de autonomía.

Las luchas de lxs desocupadxs han permitido generar un espacio común, donde se cristalizaron determinados marcos prácticos y simbólicos, configurando una identidad común con elementos de acción comunes, demandas, organizaciones e inscripciones territoriales con modelos similares. Esto no significa que se pretenda resaltar el carácter novedoso o disruptivo del movimiento, pero sí encuadrarlo en un fenómeno histórico que tuvo un formato de protesta y un conjunto de herramientas de lucha que sintetizaron los procesos de conflictividad del movimiento obrero y territorial.

La territorialización de los MTD no fue sólo en el barrio: el conflicto marcó un eje reivindicativo sobre los espacios públicos y las instituciones estatales de debate político que fueron apropiadas y tomadas para la protesta, convirtiéndose en espacio geográficos de conflictividad y disputa hegemónica. Las luchas por el territorio y su reapropiación, en términos de territorialización de los MTD, generaron nuevas formas societales de trabajo e identidad dentro de las poblaciones de los sectores subalternos. Bajo esa nueva forma de crear nuevas alternativas (abonados en términos de mitos y utopías realizables) se han propiciado economías sociales cooperativas y populares, agroecológicas, trueques y reciclados, pero también de solidaridad, reciprocidad y sororidad, las que cambiaron las estrategias de acción y de relación con y desde los territorios.

Entre los hechos de conflictividad desplegados, Bahía Blanca apeló principalmente a la manifestación callejera o al reclamo concreto sobre instituciones estatales (Bahía Blanca) y al piquete en empresas en determinados momentos, mientras que en Mar del Plata se intensificó la lucha social alrededor del corte de ruta y las ollas populares. Estos procesos de acción directa fueron significativos alrededor de los años 2000 y 2001. En síntesis, las formas predominantes de acciones de conflictividad de cada ciudad tuvieron relación específica con una acción modular que les permitió generar fuerza social y visibilidad política.

Al mencionar la relevancia de la manifestación como instrumento de expresión del MTD en ambas ciudades, es oportuno especificar aquellos elementos en común entre ambos procesos. A la ya mencionada acción colectiva le podemos sumar la extendida utilización en ambas localidades de la ocupación de edificios públicos, como instrumento de lucha, a la hora de lograr la respuesta favorable del Estado a sus demandas. Otro factor en común fue la presencia en ambos procesos de un Estado municipal ocupado por la UCR, en clara oposición al partido gobernante en la esfera provincial (el PJ). En este contexto, se dio también durante la primera etapa de vida de los MTD la puja por el control de los planes sociales, entre el municipio y las organizaciones de desocupadxs. Con la llegada del gobierno de la Alianza al plano nacional, las organizaciones tendrían un mayor control sobre la distribución de los planes asistenciales, dándose a su vez un incremento considerable en Mar del Plata y Bahía Blanca en la frecuencia de las acciones del MTD a partir del año 2000.

La construcción de sentido de conflictividad de los trabajadorxs desocupadxs estuvo mediada por algunos factores importantes. Por un lado, por las propias experiencias enlazadas con el significado del trabajo, los procesos de desocupación permanente o las nuevas estrategias de reproducción bajo nuevas condiciones de precariedad. Si a mediados de la década de 1990 la remisión de un simbolismo que entendía al trabajador/a formal estable como portador de un conjunto de derechos obtenidos por el estado de bienestar implicaba la demanda de un trabajo genuino; la persistencia y los derroteros laborales atravesados por la informalidad y la desocupación, la caída del consumo y el orgullo profesional llevaron a insistir en la sobrevivencia y en la lucha por el plan social como una conquista sobre el Estado (Nardin 2013). Por otro lado, las diversas formas de lucha y la relación con diversas entidades sindicales y sociales dentro de un entramado de fuerzas sociales implicaron la conformación de una continuidad en la lucha social por su propio reconocimiento.

Del análisis de los hechos de conflictividad en general se desprende la importancia de las relaciones de clase y de las alianzas estrategias generadas por los MTD para adquirir visibilidad y formar una fuerza social que diera empuje a sus reivindicaciones. La iglesia apareció como una intermediaria necesaria en la dinámica de conflictos en Mar del Plata, y en menor medida, lo hizo también en Bahía Blanca. Sin embargo, mayor protagonismo tuvieron los sindicatos combativos: el caso de estatales y docentes en Bahía y de los trabajadores lucifuercistas en Mar del Plata, fueron paradigmáticos de un modelo de sindicalismo opuesto a la CGT que planteó la desocupación como tema de importancia en la discusión de la agenda pública y como parte de las luchas obreras más generales.

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  2. Según datos del censo nacional 2001.
  3. Convocado por el MTA y CTA contra el gobierno nacional en rechazo al desempleo, a la flexibilización laboral y al “modelo” socioeconómico.
  4. Plan asistencial de la provincia de Buenos Aires destinado a familias que no tengan a ninguno de sus miembros trabajando, financiado por la provincia y el municipio, correspondiendo a la primera pagar los salarios y a la segunda la provisión de herramientas y materiales.
  5. Frente Nacional contra la Pobreza, integrado por CTA, Apyme, Ari, Polo Social, PC, diversas agrupaciones de desocupadxs, proponía establecer un Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos, una Asignación Universal de 60 pesos por cada menor a cargo, para todos los jefes de hogar desocupadxs y de 150 pesos para cada persona mayor de 65 años sin jubilación.
  6. Recordemos que las relaciones entre los gobiernos y las organizaciones no fueron lineales y homogéneas en el tiempo. Los gobiernos argentinos de mediados de los ´90 lanzaron programas de emergencia ocupacional que contemplaban la entrega de subsidios monetarios a cambio de contraprestaciones laborales estuvieron destinados a contener la situación sin una planificación a largo plazo. Se utilizaba la aceitada red clientelar del partido justicialista o radical para distribuir los planes. Los sucesivos planes Trabajar I y II (nacionales) y Barrios Bonaerenses (Buenos Aires) facilitaron la entrada de las contrataciones flexibilizadoras. En el gobierno de De la Rúa no se contaba con una red clientelar más exigua, lo que favoreció la consolidación de la gestoría directa de las organizaciones piqueteras, dotándolas de un mayor margen de decisión. Mientras, con Duhalde, el lanzamiento de los Planes Jefas y Jefes de hogar dotaba de sentido a un proyecto de cooptación fiel a la tradición del PJ. En este caso, los interlocutores serían parte de un consejo consultivo municipal, descentralizando a la nación de las decisiones, con determinadas organizaciones sociales como la Iglesia, ONGs, agrupaciones políticas y sindicatos afines que en muchos casos se desprendían de las organizaciones MTD más combativas.


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