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4 La conflictividad social
en la Patagonia argentina

Un estudio centrado en el noreste de Chubut desde 1983 a 2011

Gonzalo Pérez Álvarez y Demián Suárez

Este trabajo consolida resultados sobre la conflictividad social vivenciada entre 1983 y 2011[1] en una región específica de la Patagonia argentina: el noreste de Chubut. Analizamos las características de la conflictividad en esta estructura económico-social, las articulaciones con lo nacional, los sujetos y organizaciones que la protagonizan, las formas de lucha utilizadas y los cambios que se produjeron de acuerdo a la periodización construida.

Se incluyen 29 años de relevamiento, desde los últimos meses de la dictadura militar (que ocupó el gobierno de 1976 a 1983) hasta el final de la primera presidencia de Cristina Fernández (2007-2011). Esas fechas límites no implican una periodización: se trata de una investigación en desarrollo, en la cual incorporamos nuevos datos de acuerdo a las posibilidades de sistematización. Los cortes interiores sí se proponen desde un análisis que involucra la dinámica de la conflictividad social, tanto a nivel nacional como regional.

La historia del territorio, la metodología y las fuentes

El noreste de Chubut tiene una compleja historia (Pérez Álvarez, 2020) que en sus últimos 60 años estuvo marcada por la implantación y posterior caída de un modelo de industrialización subsidiada por el estado nacional (Schvarzer, 1987; Pérez Álvarez, 2016b). Desde mediados de 1950, la estructura económica regional puede definirse como un “capitalismo de estado en enclaves”.[2] En los años 60 se impulsó la instalación de industrias textiles en Trelew, y en 1971 se creó su Parque Industrial. Al mismo tiempo se implantaba ALUAR[3] en Puerto Madryn.

La región vivió un marco de pleno empleo, con inauguración frecuente de nuevas plantas, mientras los sindicatos de ramas subsidiadas eran organizaciones de gran peso social. Pese a ello, no consiguieron oponerse a la quita de beneficios para la región, ni a los despidos y cierres que comenzaron a fines de los 80’s y que se extenderían durante los 90.

La economía regional inició su crisis durante la década del ‘80; en 1985 se registró la primera caída de la producción industrial y desde 1986-1987 se recortaron los beneficios regionales, negando la promoción a nuevos proyectos. A ello se sumó la problemática del estado provincial, que pasó a percibir menos aportes por coparticipación y regalías petroleras. La hiperinflación de 1989 profundizó la situación, acelerando la transformación regresiva.

Esa estructura económica pasó a configurarse como un “…capitalismo de estado en enclave de grandes empresas privadas en condiciones monopólicas” (Pérez Álvarez, 2013).[4] Los monopolios acentuaron su dominio, y las políticas impulsadas desde el estado sólo beneficiaban al capital concentrado, desplazando a las pequeñas y medianas industrias y empeorando las condiciones de vida de la masa obrera explotada.

Nuestra fuente clave de registro han sido los diarios regionales. La base de datos se construyó desde el Diario Jornada, el más antiguo de la provincia (inaugurado en 1954 y con circulación diaria hasta el presente). Se relevaron otras publicaciones, a fin de completar vacíos o coberturas defectuosas, integrando el Diario de Madryn, Diario de Rawson y El Chubut. También se incorporaron entrevistas a trabajadores, archivos oficiales y relevamiento bibliográfico.

La unidad de registro fue el hecho de rebelión (Engels, 1974), esto es “todo hecho colectivo de protesta o de lucha, llevado a cabo por personificaciones de categorías económicas, sociales o políticas, dirigido contra alguna expresión del estado de cosas existente” (Cotarelo, 2009, p. 3). A partir de esos hechos[5] analizamos a los sujetos que los desarrollaron, las organizaciones convocantes y las formas de los conflictos, estableciendo una periodización de los mismos. Buscamos que el análisis sea comparable con el proceso nacional, y para ello tomamos como esquema de registro al que sigue el PIMSA (Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina; ver Iñigo Carrera y Cotarelo, 2004).

Consideramos que el noreste de Chubut constituye una unidad económico-social con características distintivas, disímiles del noroeste o del sur provincial. Esas particularidades deben entenderse como partes del marco general que, a su vez, es constituido desde esas múltiples particularidades (Marx, 1997). El vínculo entre lo regional y nacional no puede enfocarse como una contradicción excluyente; lo “regional” no plantea una clave excepcional ni una mera repetición de lo general. Se trata de un núcleo que combina y entrecruza las relaciones de fuerzas generales con las locales (ver Andújar y Lichtmajer, 2019) incidiendo desde ese vértice en la dinámica general.

La conflictividad social en el noreste de Chubut

Presentamos un análisis de los hechos de conflicto social a partir del registro sistematizado entre 1983 y 2011. Observemos lxs sujetxs de la conflictividad:

Cuadro 1. Hechos de rebelión entre 1983 y 2011 en el noreste de Chubut según sujeto[6] que lo protagoniza

Año

Asala­riadxs

Asalariad. + otrxs

Estu­diantes

Pequeña burg.

Vecinxs y pobl.

Deso­cupadxs

Pobres/ villerxs

Militan­tes, dirig.

Otros

Total

1983

5911332

9

2

80

1984

137

2822

11

15

177

1985

140

4

2

2

1

7

9

7

172

1986

153

6

5

6

4

11

8

193

1987

173

10

3

1

1

1

8

197

1988

166

7

7

5218

196

1989

117

2

3

1

5

2

130

1990

74

12

11

2

3

1

2

105

1991

30

2

2

34

1992

44

2121

4

1

55

1993

54

361

2

1

67

1994

28

1224

8

4

1

1

51

1995

38

1741

51

1996

48

46126110

78

1997

53

62351351

88

1998

84

55265

107

1999

86

11

867263

129

2000

58

1163612111

99

2001

105

131610323117

179

2002ª

70

11121323323

146

2002b

346163142268

2003

462212331213102

2004

553192331218124

2005

1208146126335186

2006

79

1164621398147

2007

156324310586197

2008

1001110685619156

2009

134

2718106610184

2010

112129666626174

2011

12817491217137198

Total

2681140152110832821001301923870

%

69,33,63,92,82,17,32,63,45,0

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada. Nota: separamos el período enero-junio (2002a) y julio-diciembre (2002b).

A contrapelo de las interpretaciones que sostenían una caída de los hechos protagonizados por asalariadxs (Farinetti, 1999; Schuster, 2005; Svampa, 2008)[7], estxs aparecen como el sujeto fundamental de la conflictividad regional (como lo destacan Collado y Nieto, 2017).[8] Casi el 70% fueron desarrollados por asalariadxs, llegando esa proporción casi al 73% si se suman “asalariadxs y otros”. Son el factor clave, pero su centralidad parece ir reduciéndose con el pasar de los años (esto se verá mejor en la periodización).

El siguiente sujeto, en cantidad de hechos, son lxs desocupadxs. Concentran casi la totalidad de sus hechos en la última década relevada, en especial entre el 2000 y 2006. Aunque para algunas perspectivas teóricas este sujeto expresaría un «nuevo movimiento social», es parte del grupo social obrero: la fracción que no consigue vender su fuerza de trabajo. De hecho, la condición de desocupadx es inherente a la de asalariadx, ya que sólo es consideradx en esa situación quién procura, sin lograrlo, acceder a una relación asalariada. Delimitamos esa categoría por razones analíticas, sin que implique una diferenciación conceptual.

La relación entre ambas categorías se manifiesta en el cuadro: si bien la proporción de hechos realizados por asalariadxs tiende a bajar desde el 2000 al 2006 (a excepción del 2005), al considerar la sumatoria de hechos protagonizados por asalariadxs y desocupadxs las proporciones se mantienen semejantes. Volveremos sobre este rasgo al analizar la rebelión por períodos.

También presenta una cantidad significativa el sujeto estudiantil: otra expresión tradicional del conflicto. Distintos agrupamientos, que muchos estudios han calificado de «nuevos sujetos» o “nuevos movimientos sociales” (Jelin, 1985, 1987; Touraine, 1991; un enfoque distinto y actualizado en Bonifacio, Wahren y Villagrán, 2017), representan una proporción ínfima y por ello los agrupamos como «otros». Sólo son un factor clave durante ciertos años. Durante 1984 se registran varias acciones protagonizadas por presos, reclamando su libertad o mejores condiciones, y algunos desde la categoría «pueblo”. En 1996 grupos ecologistas impulsaron acciones contra el proyecto de un basurero nuclear en la meseta central de Chubut. Durante otros años, especialmente 2004, 2008 y el pico en 2010, la mayoría de hechos de esa categoría los generaron familiares de víctimas de delitos, reclamando penas contra lxs “delincuentes” (Cotarelo, 2016).

Hay una fase especialmente relevante: entre inicios de 2001 y junio de 2002 registramos 30 hechos, que agrupamos en la categoría “otros”, realizados desde el sujeto “pueblo”. Distintas fracciones sociales se manifestaron unificadas como campo popular, sin presentar sus reclamos sectoriales como centrales y exigiendo transformaciones en tanto fracciones excluidas del poder político.

A partir del segundo semestre de 2002, los conflictos volvieron a fraccionarse. La evidente ruptura que se marca a mediados de ese año nos llevó a tomar la decisión de presentarlo dividido en dos segmentos de seis meses cada uno. Fue 2002 el único año con el que tomamos esta postura, ya que allí se expresó una clara demarcación: desde junio-julio comenzó a cerrarse la crisis de dominación[9] abierta por la insurrección espontánea de 2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003). La importante caída de la cantidad de conflictos es una primera evidencia de lo sostenido.

Otro rasgo a observar es la cantidad de hechos por año. Vemos un alto número de conflictos hasta 1990 (con números cercanos a los 200 en 1987-88) y una abrupta caída desde 1991. A partir de allí, el registro se estabiliza en una cifra baja pero en leve ascenso, hasta 1997. Desde ese año se produjo un nuevo salto que establecería otro piso, de unos 100 hechos por año (casi el doble de los años anteriores). Para 2001-02 se registró un considerable incremento, que caería en 2003-04, recuperándose desde 2005 hasta 2011.

Podemos comprobar, entonces, que hasta 1990 se registraba un estándar de conflictividad propio de la fase anterior, con una cantidad de hechos superior a los años posteriores. Ese momento de quiebre es el límite de la lucha intentando sostener el modelo de polo de desarrollo, reivindicación que finalmente fracasa.

Observemos qué sucede cuando analizamos los hechos protagonizados por asalariadxs ocupadxs, discriminados según sean realizados por quienes se desempeñan en empleos estatales, privados o en conjunto:

Cuadro 2. Hechos protagonizados por asalariadxs ocupadxs, según hayan sido realizados por trabajadorxs del sector estatal, privado o en conjunto, entre 1983 y 2011 en el noreste de Chubut

 

Estatales

Privadxs

Conjunto

Total

1983

19

31

10

60

1984

41

89

7

137

1985

50

85

9

144

1986

49

95

15

159

1987

93

73

7

173

1988

109

49

8

166

1989

64

53

117

1990

56

18

74

1991

14

16

30

1992

17

26

1

44

1993

18

36

54

1994

6

22

28

1995

7

29

2

38

1996

14

30

4

48

1997

16

36

1

53

1998

26

58

84

1999

41

45

86

2000

17

38

3

58

2001

40

59

6

105

2002 a

55

15

70

2002b

27

7

34

2003

11

35

46

2004

23

32

55

2005

41

77

2

120

2006

23

56

79

2007

65

88

3

156

2008

42

57

1

100

2009

19

111

5

135

2010

26

84

3

113

2011

28

99

2

129

Total

1057

1549

89

2695

% s/Asal

39,2

57,5

3,3

% s/Total

27,3

40,0

2,3

69,6

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

Surgen dos resultados claves: el primero es la escasa cantidad de protestas realizadas por ambos grupos. La división entre estatales y privadxs es relevante, y entendemos que se explica por el rol que ha tenido el estado en el desarrollo regional, tanto en el ámbito estatal como en el formalmente privado. En muchas ocasiones, lxs asalariadxs de empresas privadas reclamaron que el estado provincial ocupase el rol que antes del ‘86-87 cumplía el estado nacional, subsidiando las inversiones de empresas privadas. Por su parte lxs estatales demandaban que esos recursos se destinasen al pago o incremento de sus salarios.

El segundo, muestra que lxs asalariadxs del sector privado protagonizaron la mayor cantidad de conflictos (aun enfrentando condiciones más difíciles en sus lugares de trabajo). Ese resultado también va a contramano de las miradas más difundidas sobre la conflictividad reciente en Argentina (Duhalde, 2010; Frade, 2004; Gordillo, 2012), enfrentando un ‘sentido común’ (Nieto, 2010), que tiende a dar por demostrado que lxs trabajadorxs estatalxs fueron el sujeto clave de la protesta social en el país.

La mayoría de los hechos fueron realizados en forma aislada; en ocasiones esto sucedió incluso durante huelgas generales, instancias que anteriormente solían generar ámbitos de unidad. La división se reforzó por el agrupamiento de gran parte de lxs estatales en la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina): casi 2/3 partes de las acciones en conjunto sucedieron durante 1984-88, previo a su formación.[10]

Como ya se destacó, se observa un alto grado de conflictividad hasta 1989. Si bien entre lxs privadxs las oscilaciones son menos marcadas, resalta la caída abrupta desde 1990. Luego las cifras varían, siendo un dato interesante que los dos extremos del lapso presentan los números de conflictividad más altos en el sector privado, durante fases de relativo bienestar económico.

Lxs estatales generaron una importante cantidad de hechos entre 1986 y 1990, y en especial durante 1987-88, al profundizarse los recortes al gasto público. Después de 1990 se produjo un claro descenso, sostenido entre 1991 y 1998. Es un período caracterizado por lo que denominamos un «acuerdo tácito» entre estatales y el gobierno provincial, durante el cual lxs trabajadorxs sostuvieron sus empleos pero sin accionar contra la reducción de sus salarios. Eso acentuó la división con lxs privadxs, quienes sufrieron continuos despidos y suspensiones.

La baja cantidad de hechos registrada entre 1991 y 1997, continuando una tendencia que se inició en 1989, expresa la difícil recuperación de la rebelión tras la derrota (Pozzi y Schneider, 1994) sufrida por lxs trabajadorxs en 1989-91.

Son lxs asalariadxs – y dentro de ellos lxs agrupadxs en empleos del sector privado -, quienes hubieron de generar la mayor parte de la conflictividad. Veamos cuáles fueron las organizaciones convocantes:

Cuadro 3. Hechos entre 1983 y 2011 en el noreste de Chubut según organización[11] convocante

Sindical

Sindical y otro

Multisec.

Empresaria

Estudiantil

Desocupad.

Partidos y org.

Otros

Total

1983

571319980

1984

129

74181117177
1985141534910172
198615931551010193
1987172561373197
19881662756172196
19891181353130
1990 7438243110105
19912922134
199246111655
199353414567
199427132281751
1995361651251
19964691761878
1997543232131188
19986413435107
1999817868712129
2000585536121099

2001

110

3

5

31723315

179

2002a

633132133229146
2002b33137114968
2003463234116102
200455113113221124
200512194152647186
20067531514231115147
2007144524211821197
200810039113822156
200913431714619184
2010109419110832174
20111233378241317198
Total26239792931433121263843870
%67,82,52,42,43,78,13,29,9

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

La primera evidencia es la importancia de la organización sindical. Siempre fue la más convocante, aunque la diferencia sería más acentuada durante los primeros años. Allí también era relevante el peso de los partidos políticos, explicado por la recuperación democrática y el crecimiento de fuerzas de izquierda regionales (que se perdió en 1990, recuperándose parcialmente desde 2005; Pérez Álvarez, 2015).

El análisis cualitativo demuestra que la articulación entre organizaciones se produce a partir de convocatorias sindicales, en especial durante las huelgas generales. Lxs desocupadxs también han logrado generar articulaciones con otras fracciones, en especial, con lxs estudiantes, pero esto sólo sucedió durante el auge de la movilización popular, entre 2001 y julio de 2002.

El importante porcentaje de «otros» (comparado con la distribución por sujeto) se explica por el surgimiento de episodios de movilización de algunos grupos u organizaciones, que luego irían perdiendo relevancia o se integrarían (formalmente o sumando sus demandas) a organizaciones tradicionales. Por ejemplo, en 1984-85 fueron relevantes las protestas de presos y los hechos impulsados por fuerzas represivas (acuartelamientos), que carecieron de convocatoria formal y se presentaron como «espontáneos». También se han registrado hechos generados por organismos de derechos humanos, al igual que durante los últimos años estudiados (2005-2009). Desde 2003, como ya lo marcamos, la categoría “otros” integra, centralmente, hechos convocados por familiares de víctimas de crímenes.

A fines de los 90’s fue relevante el surgimiento de grupos de trabajadorxs «autoconvocadxs», conjuntos de asalariadxs que se organizaban por fuera de las estructuras sindicales tradicionales. Adquirieron peso en 1998 e incidieron en otros años. No se oponían a la organización sindical, sino a sus dirigentes, y denunciaban que se les dificultaba participar en el gremio. En los hechos, conformaron embriones de sindicatos paralelos, con funcionamiento en base a delegados y asambleas (en algunos casos, llegando a ser reconocidos por instancias estatales). Su origen expresaba la pérdida de representatividad de algunas conducciones sindicales y el cuestionamiento hacia sus prácticas antidemocráticas.

De 2005 a 2007 fue importante la cantidad de conflictos convocados por grupos de trabajadorxs que disputaban con su propia conducción sindical. Cuerpos de delegadxs, asambleas y comisiones internas, generaron acciones enfrentando las posturas de las dirigencias. Es un rasgo que a nivel nacional también registró Cotarelo (2009) y que nuestro relevamiento ubica como hechos convocados por la organización sindical. Lxs desocupadxs, como sujeto u organización, no serían un protagonista relevante de la conflictividad hasta el año 1994. Cuando el programa neoliberal transformó a una relevante porción de asalariadxs en ‘desocupadxs’, éstos comenzaron a organizarse y a movilizar desde esa nueva personificación social.

Observaremos ahora cuáles fueron las formas que adquirió la conflictividad social. Durante años se afirmó que se había producido un «cambio de repertorio» en los instrumentos de protesta; según esas interpretaciones, habrían perdido peso las huelgas y las acciones tradicionales de la clase obrera:

Cuadro 4. Hechos entre 1983 y 2011 en noreste de Chubut según forma o instrumento[12] utilizado

Año/
forma

Mani­fes­ta­ción

Cortes

Huelga

Ocu­pa­ción

Saqueo

Ataque

Lock-out

Otros

Total

1983

35421280

1984

78787212177

1985

851708314172

1986

769411246193

1987

997010513197

1988

996756226196

1989

58164115130

1990

47136966105

1991

17122334
19922621572355
199326121121667
19942831241351
1995233186151
19964171511478
19975179151588
199868323814107
1999855241113129
2000616246299
2001932327271314179
2002a94151218313146
2002b50493268
2003561813123102
200477152471124
20051012844121186
2006801831837147
200710512641042197
20081058341413156
200994253515915184
20109613446933174
201111111482161198
Total20652361087274171191173870
%53,46,128,17,10,0021,70,53,0

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

La protesta callejera (manifestaciones y cortes) agrupa el 59,1% de los hechos, mientras que las huelgas mantienen una importancia indiscutible. Veremos, en la distribución por períodos, una tendencia a la reducción de las huelgas que ya aquí se hace observable. En los primeros años hay paridad entre manifestaciones y huelgas, pero eso cambia abruptamente durante los 90’s. La huelga, sin el acompañamiento de otra acción que genere más contundencia, ya no parece asegurar la consecución del objetivo.

Aun así, la mentada caída de las herramientas tradicionales de lucha no parece demostrarse. Sumando manifestaciones, cortes, huelgas y ocupaciones, – todos formatos «clásicos» -, agrupan casi el 95% de los hechos.

Los cortes no aparecen como una forma significativa recién hasta después del año 2000. Antes sólo tuvieron relevancia durante años puntuales, por conflictos que utilizaron de manera específica ese instrumento de lucha. En los primeros años analizados, los cortes tuvieron poco peso, y se destacaba la cantidad de huelgas. Luego de 2001, los cortes consiguieron mayor incidencia, acercándose en ocasiones al número de huelgas y siendo utilizados por asalariadxs, pobres, vecinxs y fracciones empresarias.

Analizando los períodos

Periodizar la dinámica conflictual implica expresar la concepción sobre las causas del movimiento de la sociedad y la manera de delimitar sus puntos de quiebre. Dado que para nosotros la lucha de clases es la que explica los procesos de cambio, identificamos esos hitos en el marco del enfrentamiento social.

El período relevado, en términos del movimiento orgánico de la sociedad, abarca fases de dos ciclos históricos. El primero comenzó en 1975-1976 y se cerró en 2001-2002, caracterizado por el avance del capital financiero. Tras diciembre de 2001, la alianza social que ocupaba el gobierno se fracturó, abriéndose un segundo ciclo, que integra los últimos años trabajados (2002-2011). Ellos son parte de otro ciclo, donde el capital financiero ya no construye hegemonía, al menos no de forma estable y duradera.

Esto permite observar cómo era la dinámica del conflicto antes de la hegemonía neoliberal (primeros años de los 80), durante el proceso de construcción de la misma, y en los años en que se consolidó (Bonnet, 2008); a fines de los 90 e inicios del nuevo siglo comenzó la caída de esa hegemonía, la crisis de dominación política (cuyo hito fue la insurrección del 2001), y la posterior reconstrucción de la institucionalidad burguesa (Bonnet, 2015; Cotarelo, 2016).

En términos nacionales, los trabajos que seguimos ubican en 1993 el punto de inicio de un ciclo de rebelión que atravesó los 90 y se extendió hasta 2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2004). Observan un hito a fines de 1993, un segundo quiebre en 1996-97 y otro en 1999, iniciándose un período ascendente que habría de desembocar en el diciembre de 2001; para nosotros este último período se extendió hasta junio de 2002, cuando comenzó una nueva fase (Pérez Álvarez, 2013).

Existen escasas investigaciones que propongan una periodización del conflicto para los años previos. Los 80 han sido poco explorados, en especial en clave de la conflictividad y su relación de continuidad/ruptura con los 90 (Villanueva, 1994; Iñigo Carrera, 2001, 2009).

El año 1983 tiene rasgos diferenciados, entre otros, la escasa cantidad de hechos. Si bien durante los 90 se registran años con cifras aun menores, para 1983 este dato se explica por tratarse del año final de la dictadura. A partir del retorno al régimen constitucional se presentaría un marcado incremento de la conflictividad, en especial del sector sindical: lxs trabajadorxs de la región no parecían emerger de una profunda derrota.[13] Aunque entre los años 1984-88 hay momentos en los que se plantea un posible quiebre, optamos por presentar este período como un solo bloque por los rasgos similares que en él se destacan.

Unificar cinco años en un solo período no implica ocultar la heterogeneidad de situaciones que en él se vivenciaron. Durante el primer bienio, 1984-85, resalta el rápido ascenso de la conflictividad, cuya clave fue el final de la dictadura y el retorno al régimen constitucional. Se sucedieron permanentes conflictos por recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo; también fue relevante la movilización en torno al proceso de normalización sindical. En el plano local fueron años de crecimiento económico, aunque ya en 1985 comenzaban algunos problemas por la nueva orientación que presentaba el gobierno nacional (Pucciarelli, 2006).

En 1986 se ubica la bisagra entre el modelo que promovía el polo de desarrollo en la región y el nuevo esquema donde las pequeñas y medianas industrias serían desplazadas. Además, se comenzaba entonces a impulsar políticas de ajuste en el estado provincial. Desde allí se elevó la cantidad de conflictos, a cifras que se mantendrían durante 1987-88.

El quiebre fue en 1989-90, cuando comenzaron a consolidarse los procesos de transformación socioeconómica que ya estaban en curso. Si durante el período previo ubicamos a 1986 como una “bisagra”, aquí el polo desarrollista comenzó a ser desmontado. Coincidiendo con diversos estudios (Donaire y Lascano, 2002; Bonnet, 2002; Piva, 2006), vemos a la hiperinflación de 1989-1990 como un hito que permitió la realización del capital financiero en Argentina y que también se vivenciaría como una ruptura a nivel regional.

Recapitulando: hasta 1985 fueron claves los conflictos por la normalización sindical, con debates sobre los modelos gremiales y acciones solidarias entre colectivos laborales. Esto empezó a cambiar en 1986 y esa transformación se haría más visible en 1987-88, con diversas luchas contra cierres de fábricas que mostraban entonces la intención de una fracción obrera a resistir la caída del polo desarrollista. Esa dinámica no lograría sus objetivos, pero no se estaba (todavía) ante una derrota.

Hacia fines de 1988 y durante gran parte de 1989, las expectativas de cambio se depositaron en el terreno electoral (elecciones de presidente y gobernador), y muchos conflictos se canalizaron hacia allí. Desde 1990 ya puede observarse cómo se fue consolidando la hegemonía neoliberal en la región, aunque todavía no se expresaba un desplome de la conflictividad: aún parecía posible resistir.

Desde 1991, y hasta fines de 1993, se abrió un nuevo período, caracterizado por una arrolladora ofensiva patronal. La mayoría de lxs asalariadxs de la región intentaron construir una alianza con el capital menos concentrado, en la cual ellxs tenían un rol subordinado, perdiendo iniciativa política. Allí sí se expresó entonces la derrota: la conflictividad se derrumbó y ya ni siquiera la resistencia parecía viable.

En un principio, lxs trabajadorxs quedaron aisladxs y fracturadxs, pero de a poco irían construyendo una nueva experiencia sobre la situación que estaban sufriendo. El conflicto de ALUAR (que se inició a fines de 1993 y culminaría en 1994) fue un hito que evidenció rasgos del nuevo marco: lxs obrerxs avanzaron en su capacidad para resistir el avance del capital financiero, aunque todavía lo hacían de manera aislada y fragmentada.[14]

La acumulación de aprendizajes hubo de expresarse en las huelgas generales de 1996, las que lograron amplia convocatoria. Hacia el final de este período (1994-96), la clase ya no aparecía tan aislada ni dividida, ya que había conseguido recomponer alianzas con otros sectores sociales.[15]

Demarcamos el siguiente período, existente entre 1997-99. Para Iñigo Carrera y Cotarelo (2004), allí la masa obrera y popular volvió a fragmentarse por la coyuntura electoral. La posibilidad de un recambio en el gobierno nacional dividiría a lxs asalariadxs; esa situación no se expresó en la región. Quizás porque en Chubut se daba por segura la victoria del oficialismo, la mayoría de lxs movilizadxs siguió apostando a la acción conflictiva como modo de impulsar sus reivindicaciones.

En ese período surgieron los grupos de trabajadorxs desocupadxs, que imprimirían nuevos rasgos al proceso. Se evidenció la voluntad de enfrentar a las fuerzas represivas, surgió la forma asamblearia como expresión organizativa de los conflictos más radicalizados (Klachko, 2006), y se construyó una nueva alianza con sectores de la pequeña burguesía, especialmente estudiantes.

De 2000 a junio de 2002 se abrió un período de ascenso, que tuvo sus hitos regionales en las jornadas de marzo y abril de 2002[16], y en el corte de ruta de junio.[17] Estos hechos fueron parte del ciclo nacional: los primeros de la continuidad del diciembre de 2001, y el segundo del quiebre impuesto por la masacre de Avellaneda.[18]

El sujeto “pueblo”, que emergió en diciembre de 2001 y siguió presente durante varios meses de 2002, fue desarticulado antes de 2003. Desde junio del 2002, los reclamos volvieron a tener un predominante carácter corporativo. Se iniciaba un nuevo período, extendido hasta fines del 2004, cuando volvió a “normalizarse” la fragmentación y cayó la cantidad de conflictos. La salida de la insurrección vía recomposición institucional llevó al descenso de los hechos de rebelión y a su división corporativa.

Esto cambiaría en 2005, pero desde un nuevo piso de contundencia. Las protestas pasaron a adquirir mayor impacto social que las registradas antes del 2001, sin embargo, habían recuperado el carácter corporativo y cada grupo daba “sus” luchas por separado. Esto se reflejó en las grandes huelgas de pesquerxs, petrolerxs y docentes, y también durante la toma universitaria de 2005.

Ubicamos a ese año como inicio del período 2005-2009. Allí se expresó el regreso a formas más “tradicionales”: los hechos tendieron a ser corporativos y perdieron dinamismo los grupos de desocupadxs. Es una fase de recuperación económica, donde se generaron nuevos puestos de trabajo; muchxs militantes de movimientos piqueteros consiguieron empleos y dejaron esos agrupamientos. Fue desde lxs obrerxs ocupadxs (entre ellos, muchxs antes desempleadxs) que se generaron nuevos conflictos. Éstos no trascendieron los límites del reclamo económico más allá de la radicalización de ciertas metodologías.[19]

Volvieron a hacerse presentes distintos sectores de izquierda en la conflictividad social. Varios reclamos tuvieron como impulsores a grupos disconformes con las conducciones sindicales, aunque esto no implicó que realizasen sus acciones por fuera de la forma sindical. Cuerpos de delegadxs, comisiones internas y asambleas disputaron la conducción de los conflictos.

En 2008 se plantea un quiebre, que demarcamos como inicio de un nuevo período que llegaría hasta 2011. En una investigación en desarrollo, toda conclusión es relativamente provisoria: esto se hace más patente para esta última fase, ya que aún falta observar su continuidad. A nivel nacional, 2008 estuvo marcado por la lucha de las patronales agrarias contra el proyecto gubernamental de aumentar las retenciones a la exportación de soja (Armengol, 2015; Varesi, 2014; Giarracca, Teubal y Palmisano, 2008). La victoria del sector de capital más concentrado expresó una modificación en los rasgos de la conflictividad social que también se expresaría en esta región.

Se incrementó el peso de las acciones de la pequeña burguesía (aunque por debajo del período 2002b-2004) y especialmente de vecinxs y pobladorxs, con reclamos que hacían eje en la “seguridad” y el derecho a la propiedad privada. En la misma línea, la mayoría de las acciones registradas como “otros” fueron desarrolladas por familiares de víctimas de delitos, exigiendo penas más duras contra lxs “delincuentes”. Se incrementaron las acciones de pobres y villerxs, cayendo las de desocupadxs: su reclamo central fue por el acceso a tierra, vivienda y servicios. Son sectores que en la fase de recuperación económica pudieron acceder a un empleo pero no resolver el problema de la casa propia.

Sintetizando, postulamos una periodización que presenta a 1983 como parte de un ciclo previo, seguido por el período 1984-88 (de constantes conflictos obreros y una disputa que parecía abierta), 1989-90 (como momento de ruptura y derrota obrera), 1991 a junio de 2002 (expresión del ciclo de hegemonía neoliberal y su posterior ruptura), y desde julio de 2002 al 2011 como un nuevo ciclo que integra la recomposición de la institucionalidad burguesa, la “normalización” de las formas de rebelión y, hacia el final, una relativa recomposición de elementos de la antigua hegemonía neoliberal.

Veamos entonces qué se observa cuando discriminamos el relevamiento de acuerdo a la periodización propuesta.[20] Allí se evidencian algunas rupturas y continuidades en torno a las características del conflicto social. En primer lugar, tomamos a los sujetos:

Cuadro 5. Hechos entre 1983 y 2011 en noreste de Chubut por sujeto que lo protagoniza según periodización

Asala­riados

Asala­riados + otros

Estu­diantes

Peq. burguesía

Vecinos y pobl.

Desocu­pados

Pobres y villeros

Militan­tes, dirig.

Otros

Total

1983

59

1

1

3

3

2

9

2

80

%

73,7

1,25

1,25

3,7

3,7

2,5

11,2

2,5

1984-1988

769

29

25

14

6

1

14

47

30

935

%

82,2

3,1

2,7

1,4

0,6

0,1

1,4

5

3,2

1989-1990

191

14

11

5

3

1

6

4

235

%

81,3

5,9

4,7

2,1

1,3

0,4

2,5

1,7

1991-1993

128

5

9

5

1

6

2

156

%

82

3,2

5,8

3,2

0,6

3,8

1,3

1994-1996

114

6

15

3

6

18

5

2

11

180

%

63,4

3,3

8,3

1,7

3,3

10

2,8

1,1

6,1

1997-1999

223

22

15

11

11

20

7

7

8

324

%

68,7

6,8

4,6

3,4

3,4

6,2

2,2

2,2

2,5

2000-2002a

233

35

23

15

10

67

5

5

31

424

%

54,9

8,3

5,4

3,5

2,4

15,8

1,2

1,2

7,3

2002b-2004

135

11

4

16

7

80

15

3

23

294

%

45,9

3,7

1,3

5,4

2,3

27,2

5,1

1

7,8

2005-2007

355

12

32

14

10

57

11

20

19

530

%

67,0

2,3

6,0

2,6

1,9

10,7

2,1

3,8

3,6

2008-2011

474

5

17

24

29

36

34

31

62

712

%

66,6

0,7

2,4

3,4

4,1

5,0

4,8

4,3

8,7

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

Se observa un descenso en la participación de lxs asalariadxs entre los años 84-88 y 2002b-2004, aunque esa tendencia no parece ser definitiva: los dos períodos más recientes registran un aumento, aunque por debajo de los índices de los 80’s e inicios del 90´. No podemos concluir en que exista una tendencia definitiva al descenso de lxs asalariadxs como sujeto de la protesta, aunque sí se observa una caída que tiende a balancearse al sumar el aporte de lxs desocupadxs.

De todas maneras, debe destacarse una transformación significativa: se pasa de períodos donde la sumatoria de asalariadxs y asalariadxs + otrxs explica más del 85% de los hechos (1984-88 y 1989-90) a un período (2002b-2004) donde ambas categorías integran el 49,6% (sumando desocupadxs, llega al 76,8%). No puede concluirse una tendencia definitiva, pero sí hay indicios para sostener la posible existencia de este proceso.

Es evidente el aumento en el número de hechos que registran lxs desocupadxs desde 1994 (aunque en el período 1997-99 cae en términos relativos) hasta 2004; los últimos dos períodos presentan un importante descenso absoluto y relativo de su número de hechos, y un aumento porcentual de lxs asalariadxs y de otras categorías (pequeña burguesía, vecinxs, pobres).

También la pequeña burguesía registra un relativo aumento de hechos y de su incidencia en la conflictividad. Tal vez esto expresa el proceso de proletarización que algunas de sus capas estaban atravesando (Donaire y Rosati, 2010). Los militantes y dirigentes tienen activa participación en los extremos, tanto durante la recuperación del régimen constitucional como en los períodos que agrupan de 2005 a 2011, evidenciando el retorno a una disputa política mayor en lo regional.

Otro rasgo relevante es el porcentual al que llega la categoría “asalariadxs y otrxs” en el momento de mayor conflictividad (2000-2002a), desplomándose al corporativizarse la protesta.[21] Por último, se hace evidente el descenso de hechos desde 1986-88 hasta 1997, cuando comenzó a ascender.

Resultados similares se registran al comparar los hechos protagonizados por asalariadxs ocupadxs, según se hayan desempeñado en empleos estatales o privados, por período:

Cuadro 6. Hechos protagonizados por asalariadxs ocupadxs, según fuesen realizados por empleadxs en sectores estatales, privados o en conjunto, entre 1983 y 2011 en noreste de Chubut, por periodización

Estatales

Privados

Conjunto

Total

1983

19

31

10

60

%

31,6

51,6

16,6

1984-1988

342

391

46

779

%

43,9

50,2

5,9

1989-1990

120

71

191

%

62,8

37,2

1991-1993

49

78

1

128

%

38,3

60,9

0,8

1994-1996

27

81

6

114

%

23,7

71,1

5,2

1997-1999

83

139

1

223

%

37,2

62,3

0,5

2000-2002a

112

112

9

233

%

48,1

48,1

3,8

2002b-2004

61

74

135

%

45,2

54,8

2005-2007

129

221

5

355

%

36,3

62,3

1,4

2008-2011

115

351

11

477

%

24,1

73,6

2,3

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

Se destaca la fragmentación en las luchas de ambas fracciones. También se consolida la hipótesis de que la división entre centrales sindicales hubo de solidificar la fractura, quedando en la CGT la mayoría de los gremios privados, y en la CTA, los estatales. Sólo los períodos donde dicha partición no existía (1983 y 1984-88) presentan altos índices de conflictos conjuntos. El período 1994-1996, con importantes huelgas generales, también muestra un momento de unidad, además de la excepcional fase 2000-2002a, momento en el cual las divisiones del campo obrero y popular parecieron licuarse al calor de la lucha.

En el lapso 1989-90 se destaca la conflictividad de lxs estatales (hay registros semejantes para 1987-88), tratándose de una fase de profunda transformación en el estado provincial y nacional. Al mismo tiempo, lxs privadxs sufrían el cierre de fábricas, despidos y suspensiones. Ese ataque se prolongaría durante años, mientras entre lxs estatales se imponía esa suerte de «acuerdo tácito» al que hicimos referencia.

La evaluación de los hechos según organización convocante muestra una distribución por períodos que coincide con los rasgos descriptos.

Cuadro 7. Hechos entre 1983 y 2011 en noreste de Chubut según organización convocante, por periodización

SindicalSindical y otroMulti­sec.Empres.Estud.Desoc.Parti­dos y organi.OtrosTotal
1983571319980
%71,21,253,751,2511,2511,25
1984-
1988
7672218152614442935
%82,02,31,91,62,70,014,74,5
1989-
1990
19248543613235
%81,71,73,42,11,71,32,55,5
1991-
1993
128504712156
%82,03,202,64,57,7
1994-
1996
10921231519317180
%60,61,16,71,78,310,61,69,4
1997-
1999
199111012142058324
%61,43,43,13,74,36,217,9
2000-
2002a
231112382468554424
%54,52,65,41,95,716,01,212,7
2002b-
2004
1341298480146294
%45,5432,71,3527,20,0315,6
2005-
2007
340177931602343530
%64,23,21,31,75,811,34,38,1
2008-
2011
4661342617613590712
%65,41,80,63,62,48,64,912,6

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

En un proceso semejante al que vimos en la distribución por “sujeto”, aquí se observa una caída relativa de los hechos convocados por sindicatos, aunque con oscilaciones. Se explica esto por el aumento de los hechos promovidos por grupos de desocupadxs y del conjunto agrupado en «otros». Aunque no quedan dudas de que los sindicatos fueron la organización clave, esto se ha fragmentado en comparación con la década del ’80 o los primeros años del ’90.

Finalmente, la distribución de las formas por período muestra elementos de interés en torno a los cambios en la configuración del conflicto.

Cuadro 8. Hechos entre 1983 y 2011 en el noreste de Chubut según forma utilizada, por periodización
Mani­festac.CortesHuelgasOcupac.SaqueosAtaquesLock-outOtrosTotal
198335421280
%43,752,51,252,5
1984-
1988
43773874214741935
%46,70,0741,34,51,50,74,3
1989-
1990
105210010711235
%44,70,842,54,23,04,7
1991-
1993
6934821312156
%44,21,930,813,51,97,7
1994-
1996
9213452127180
%51,17,22511,71,13,9
1997-
1999
2041556341212324
%63,04,617,310,50,30,63,7
2000-
2002a
2484463511827424
%58,510,414,912,00,21,90,51,6
2002b-
2004
18337462215294
%62,212,515,67,40,31,7
2005-
2007
2865813930728530
%54,010,926,25,71,30,41,5
2008-
2011
406571614328512712
%57,08,022,66,03.90,71,7

Fuente: elaboración propia en base al registro de Diario Jornada.

En todos los períodos se destaca la relevancia de los hechos callejeros (manifestaciones y cortes). Sin embargo, hay marcadas oscilaciones: mientras que en los últimos períodos estas formas agrupan entre el 65 y el 75% de los hechos, en los primeros sólo llegan al 50% (con excepción de 1983, donde las huelgas superan las movilizaciones y no hay cortes).

Esos cambios parecen explicarse por la pérdida de centralidad sufrida por la huelga como instrumento. En los primeros períodos el porcentual de huelgas ronda el 40% (llegando al 52% en 1983), para descender hasta estabilizarse por debajo del 20% en las fases recientes, a excepción de las dos últimas donde existe un leve incremento. Se observa un descenso de esa forma de lucha (que sólo pueden realizar lxs asalariadxs ocupadxs) y el aumento de instrumentos – como cortes, marchas, etc. – que son utilizados por diversos sujetos.

El descenso de las huelgas y el aumento de los cortes evidencia una modificación en la forma del conflicto social. Durante los últimos dos períodos se expresó la asociación de huelgas con cortes de rutas y calles durante los conflictos obreros más significativos. La huelga ya no parece garantizar la victoria, o siquiera la visibilidad, de la demanda; el corte es el que obliga al resto de la sociedad a verse implicada en el conflicto. Ante la movilidad del capital para deslocalizar sus inversiones y buscar cuerpos dóciles que acepten sus condiciones de explotación, lxs obrerxs necesitan extender el conflicto por fuera del espacio laboral para conquistar sus demandas. Son ellxs quienes intentan transformar el conflicto laboral en una problemática de impacto social y político.

Finalmente, las ocupaciones mantienen un número relevante de hechos, con un aumento relativo durante los años de recesión económica, explicado por las tomas de fábrica ante los anuncios de cierre, quiebras o despidos.

A modo de cierre

El análisis de la conflictividad social en el noreste de Chubut entre 1983 y 2011 presenta diversos resultados, varios de ellos ya destacados a lo largo del escrito. La presentación de los cuadros permite realizar lecturas similares o alternativas a las expresadas, comparándolas con registros de conflictividad de otras regiones o de carácter nacional.

La dinámica conflictual en esta región toma un interés específico, al tratarse de una estructura socioeconómica que iría sufriendo profundos cambios durante el período abordado. La caída de fábricas y la pérdida de puestos industriales parecían hacer obvia la conclusión, sustentada por muchos abordajes académicos, acerca de la supuesta desaparición o debilitamiento de lxs trabajadorxs como sujetos clave de la conflictividad. El análisis de los hechos de rebelión a lo largo de casi treinta años muestra que quienes dependen de un salario para vivir (estén coyunturalmente ocupadxs o desocupaxs) poseen una centralidad incuestionable para comprender la conflictividad social reciente. La organización medular es el sindicato y las formas de lucha fundamentales son las tradicionales (huelgas y manifestaciones callejeras). La periodización muestra una clara correlación con el ciclo nacional de rebelión, aunque con algunas significativas particularidades.

Sin embargo, al observar los cambios por período sí registramos una tendencia al descenso de la cantidad de hechos protagonizados por asalariadxs ocupadxs, de las acciones convocadas por sindicatos y de las huelgas. Estas modificaciones expresan, de diversas formas, la transformación sucedida en la región durante el neoliberalismo y los caminos que los sujetos subalternos formularon para sostener sus reivindicaciones en el marco de la nueva relación de fuerzas.

Eso se evidencia, especialmente, en la tendencia a la relativa pérdida de centralidad que durante los primeros períodos tuvieron los sindicatos y huelgas, como efecto de la desocupación estructural generada en los ‘90. Ante la disponibilidad excedentaria de fuerza de trabajo, la sola medida de negarse a trabajar no garantiza éxitos. Ahora esas acciones deben ser acompañadas por instrumentos que extiendan el conflicto más allá del ámbito laboral, como los cortes. La continuidad del relevamiento dará elementos para confirmar o descartar estas tendencias de cambio y seguir afinando nuestros registros.

Bibliografía

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  1. Se retoman elementos de Pérez Álvarez (2010, 2016a y 2017) y Pérez Álvarez y Suárez (2020). En cada avance se van sumando años al registro, modificando periodizaciones, extrayendo nuevos resultados y precisando los datos relevados. Con relación al avance previo, este aporte incorpora dos años (2010 y 2011) y corrige algunos datos -no significativos- en 1986.
  2. Lo que define al capitalismo de estado en un país capitalista es la regulación de la actividad económica por los grupos más concentrados de la economía, mediante políticas de gobierno. La conceptualización se retoma de Iñigo Carrera, Podestá y Cotarelo (1999).
  3. Aluminio Argentino. Es la única productora de aluminio primario de Argentina, y además, la fábrica de tecnología más avanzada en la Patagonia. Ver Rougier (2011) y Pérez Álvarez (2019a).
  4. Esto no implica que antes no existieran condiciones monopólicas, siendo ALUAR el caso más evidente. La diferencia está en el rol clave que pasaron a tener estas empresas en la formulación de las políticas de estado y en la planificación del futuro regional.
  5. En este texto, y a fin de una redacción menos repetitiva, se utiliza «conflicto social» o «protesta» como sinónimos de esa categoría conceptual.
  6. Asalariadx: incluye jubiladxs, profesionales asalariadxs y familiares de trabajadores. – Asalariadxs y otrxs: asalariadxs más pequeña burguesía, estudiantes, patronxs, propietarixs, militantes, vecinxs, usuarixs, pobres, etc. – Estudiantil y comunidad educativa. – Pequeña burguesía: comerciantes, empresarixs, propietarixs de medios de transporte, vendedores ambulantes, productorxs agropecuarixs, profesionales, ahorristas. – Otrxs: familiares de víctimas, familiares de detenidxs, ecologistas, ex combatientes de Malvinas, madres de un barrio, hinchas de club de fútbol, presxs, iglesias, pueblo.
  7. Para el debate con estas perspectivas ver Izaguirre (2006).
  8. Cotarelo (2016) sostiene “…la elaboración de una base de datos sobre hechos de rebelión desde diciembre de 1993 en adelante nos permitió observar que los trabajadores asalariados ocupados, organizados sindicalmente, seguían siendo los principales protagonistas de la rebelión, lo que ponía en cuestión la visión predominante en el mundo académico y político acerca de la pérdida de importancia del movimiento sindical y el protagonismo casi absoluto de los nuevos movimientos sociales” (p. 17).
  9. Marcamos una distinción conceptual entre crisis de dominación y crisis orgánica. Entendemos a esta última como un movimiento orgánico de la sociedad, mientras la crisis de dominación es de coyuntura. En la crisis orgánica el dilema es que no logran dirigir; en la de dominación es que no pueden controlar la situación. Se trata de un marco de excepcional cuestionamiento a las instituciones a través de las cuales la clase dominante ejerce su poder.
  10. Otros años portadores de varios hechos conjuntos fueron 1996 y 2001, en ambos casos a partir de huelgas convocadas por alguna fracción de la CGT (Confederación General del Trabajo) con la CTA.
  11. Sindical: incluye jubiladxs, profesionales asalariadxs y todas las instancias de organización sindical, sean nacional, seccional, comisiones internas, delegadxs, etc. Sindical y otros: sindical y partidos políticos, grupos de DDHH, organizaciones vecinales, de pequeñxs propietarixs, estudiantiles, multisectoriales, de desocupadxs, de empresarixs. Empresaria: de empresarixs, profesionales y gubernamental. Estudiantil: incluye estudiantes y comunidad educativa y estudiantes y grupos políticos. Otras: espontánea, vecinal, autoconvocada, religiosa, de DDHH, familiares de víctimas, ecologistas, iglesias, pueblos originarios, presxs y familiares, etc.
  12. Manifestación: incluye marcha, carpas, escraches, radios abiertas, ollas populares, festivales, abrazo a edificio, misas, asambleas públicas, caravanas, clases públicas, cacerolazo, tractorazo, vigilia. Cortes: incluye corte de ruta y de calle. Ocupaciones: de lugares de trabajo, facultades, escuelas, viviendas, terrenos, locales, etc. Ataques: apedreos e incendios de edificios, medios de transporte, locales, etc. Otros: huelga de hambre, motín carcelario, resistencia a desalojo, encadenamiento, trabajo a desgano, acuartelamiento, cerco a supermercado y legislatura, etc.
  13. Existe una interesante polémica historiográfica sobre el tema. Ver una síntesis en Ghigliani (2008) y un análisis regional en Pérez Álvarez (2019b).
  14. En ese conflicto, lxs trabajadorxs impidieron el descuento salarial que impulsaba la empresa, pero sufrieron el despido del activismo sindical opositor a la UOM (Unión Obrera Metalúrgica, ver Pérez Álvarez, 2012).
  15. Mientras a nivel nacional esas alianzas se construían con sectores opositores a Carlos Menem, en la región solían sumarse grupos vinculados al PJ (Partido Justicialista), ya que el gobierno provincial había estado en manos de la UCR (Unión Cívica Radical) entre 1991 y 2003.
  16. Del 13 al 19 de marzo se desarrolló un corte de la ruta nacional 3 en Trelew, que obtuvo sus demandas y fortaleció a los grupos de desocupadxs. El 18 de abril, desocupadxs, sindicatos y estudiantes enfrentaron la seguridad policial que cercaba la Legislatura de Chubut, en Rawson, rompieron vidrios y la ocuparon. Luego se produjo una dura represión estatal y la detención de varios militantes. Este hecho generó una ruptura entre los sectores radicalizados y quienes buscaban una salida negociada.
  17. En junio, los grupos de desocupadxs y la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) cortaron la ruta 3 en Trelew, simultáneamente y a escasa distancia entre sí (alrededor de dos kilómetros), con amenazas de enfrentamiento y demandas sectoriales enfrentadas. El gobierno acordó con el sindicato y aisló a lxs piqueterxs; la acción de éstxs culminó en una clara derrota.
  18. El 26 de junio de 2002 grupos piqueteros intentaron cortar los accesos a Capital Federal desde el conurbano bonaerense, entre ellos el Puente Pueyrredón. La represión del gobierno nacional y provincial asesinó a dos militantes: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El impacto de esta acción fue clave para desarmar moralmente la escalada de luchas.
  19. Otro conflicto en ALUAR marcó la pauta. En la huelga de 2007 lxs trabajadorxs desconocieron, por primera vez en 33 años, las actas esenciales del proceso productivo, reclamando una recomposición salarial. A las pocas semanas se produjo una tragedia en la obra de ampliación de la fábrica, muriendo once obreros de la construcción: no hubo ninguna acción por parte de lxs metalúrgicxs, que poco antes habían enfrentado tan decididamente a la empresa.
  20. Al no tratarse de períodos homogéneos temporalmente (ya que éstos están definidos por criterios cualitativos), las comparaciones deben tomarse como indicadores, siendo más relevantes las cifras porcentuales que las de cantidad.
  21. Esto no implica que un hecho protagonizado por asalariados y otros sea necesariamente no corporativo, sino que en el 2000-2002a se expresan tendencias en este sentido, registradas en el aumento de esa categoría.


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