Prácticas defensivas y fragmentadas

Susana Roitman, Marina Falvo y Fabiana Visintini

Aproximaciones a la temática

Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la dinámica de los conflictos laborales en la Provincia de Córdoba a partir de datos sistematizados por el Observatorio de Conflictos Laborales de Córdoba (OCLC) entre los años 2013 y 2018. La delimitación temporal tiene que ver con la disponibilidad de información, pero desde el punto de vista de la acumulación capitalista, son años de estancamiento y crisis. En el régimen político nacional hubo un cambio de gestión en 2015 –del kirchnerismo al macrismo- a partir del cual se intentó enfrentar la crisis acentuando el ajuste. En la provincia se viene repitiendo el “pejotismo” desde 1999, procurando equilibrios imposibles entre favorecer a sus aliados -el agronegocio, los desarrollistas inmobiliarios y la industria de capitales multinacionales- y contener una situación social cada vez más complicada.

Pretendemos interpretar tendencias y singularidades de las movilizaciones de estos años que habiliten hipótesis para períodos más largos y que permitan el ejercicio comparativo con otras provincias, el nivel nacional y otras regiones del mundo. Entendemos que el análisis de la dinámica específica de los conflictos laborales reviste interés para vislumbrar la “correlación de fuerzas” entre capital-trabajo en un período determinado. Esto no significa que supongamos los conflictos en torno al trabajo como expresión empírica de la lucha de clases sino, parafraseando a Marx en El 18 Brumario, el reconocer la importancia histórica de los y las trabajadores organizados/as en nuestra sociedad y la huella que sus prácticas, su “hacer historia” ejerce sobre “las condiciones que no se eligen”.

Pese a que gran parte de la conflictividad está ligada a las lógicas sindicales, en ocasiones emergen grupos espontáneos en vías de organizarse a más largo plazo, e incluso con modos alternativos de protesta; por eso buscamos dar cuenta de la diversidad de estos modos de organización y expresión. Asumimos que lo acotado del período y los recortes temático y metodológico no nos permiten aún precisar los criterios de distinción entre lo “orgánico” y lo “ocasional” que recomendaba Antonio Gramsci (2013); no obstante, sí nos posibilitan una aproximación a las metamorfosis y sedimentaciones orgánicas y de más largo aliento, de la subjetivación política entre las clases subalternas.

En el análisis de seis años de acciones conflictivas en Córdoba, año a año hemos visto que las

… condiciones materiales y políticas habilitaron un momento corporativo que multiplicó los focos de conflicto (…) pero que dificultan su momento hegemónico por la intensa fragmentación tanto en la materialidad de las condiciones objetivas (salarios, jornada, condiciones contractuales, condiciones del ambiente de trabajo); como subjetivas (diversidad de formas de vida y valores orientadores, adscripciones/no adscripciones políticas, distancias generacionales, heterogeneidad de consumos, entre otros) (Falvo, 2016).

Para profundizar el análisis, hacemos una relectura de categorías propuestas por Richard Hyman y las ponemos en diálogo con nuestros datos.

Breve discusión conceptual sobre las relaciones laborales

De acuerdo a Hyman (1981), las relaciones laborales en la sociedad capitalista son relaciones de control. Esta idea nos permite captar los conflictos de intereses intrínsecos a la relación, aunque estos no siempre se expresen como conflictos abiertos. Al mismo tiempo, el autor subraya que si la dominación es inherente al sistema, también lo es la resistencia, pudiendo ésta ir desde la negativa a obedecer más allá de ciertos límites, poner en tela de juicio la dominación despótica en el lugar del trabajo ensayando el “control obrero”, cuestionar la tasa de explotación exigiendo mayores salarios o disminución de la jornada laboral o rechazar el incremento de la productividad vía intensificación del trabajo. Su formalización ha adoptado históricamente la vía “sindicato”, asociando a trabajadores para una mayor capacidad del ejercicio de la resistencia^[1]. No obstante, si bien históricamente el sindicato se ha organizado para contrarrestar la competencia entre trabajadores –impulsada por el capital– y su propia organización, lo que implica el reconocimiento de situaciones e intereses comunes, también ha comportado toda clase de segregaciones: internamente, la estructura jerárquica, la discriminación a trabajadores precarios, el estímulo del sexismo o del racismo; externamente, las dificultades de un movimiento obrero unificado así como de relaciones con otros grupos subordinados. Asimismo, la tensión entre el conflicto en el “lugar de trabajo” que implica una disrupción en el sistema de regulación y el control del conflicto vía mediaciones jurídicas, pone de manifiesto los niveles de intereses diversos que entran en juego en las lógicas sindicales.

Con estas premisas, Hyman insiste en no confundir las organizaciones sindicales con organizaciones de clase. Los sindicatos están acotados a un grupo delimitado de trabajadores que actúa generalmente de manera parcial y fragmentada, y sus organizaciones más amplias –confederaciones, centrales– no escapan a la lógica de la competencia entre organizaciones ni a los difusos límites entre dinámicas internas y externas de control y de resistencia.

Luciana Zorzoli resume así la definición de sindicato de Hyman:

El sindicato es entonces el producto o la “base formal” compensadora de la dominación “natural” del capital. Es un instrumento y un medio de poder asociativo que se proyecta sobre patrones y gobiernos y sufre sus influencias, pero que también se proyecta sobre sus miembros, ejerciendo sobre ellos una (particular) forma de control. Pueden reconocerse debidamente estos dos aspectos, tanto las relaciones externas del sindicato frente al capital y el Estado; como las internas, del sindicato frente a sus miembros, habilitando así una comprensión dinámica de la gramática y determinaciones de las relaciones del sindicato que no permite desvincular lo externo de lo interno, y que tendrá importancia posterior para pensar cuestiones que hacen a la democracia y la burocracia (2014, p. 7).

Los aportes de Hyman sobre la cuestión sindical exceden el marco de la industria,^[2] lo que permite indagar en la “forma sindicato” según la cual se organizan muchos sectores de la “clase-que-vive-del-trabajo” (Antunes, 1999), aunque es menester reconocer que tal “forma”, incluye sobre todo a los asalariados formales que tienden proporcionalmente a disminuir luego de la crisis del Estado de Bienestar.

A partir de nuestra lectura del autor, el grado o nivel de movilización o desmovilización, de participación o delegación, de fragmentación o solidaridad^[3] entre distintos sectores, son elementos dilemáticos, paradójicos, contingentes que caracterizan el cambiante escenario de las relaciones laborales, elementos que se combinan de maneras no lineales. Para discutirlo en clave gramsciana, una correlación de fuerzas favorable a las clases subalternas implicaría movilización, solidaridad entre grupos en desmedro de intereses particulares y participación desde las bases para avanzar en la “guerra de trincheras”, y construir otra hegemonía.

Esquema 1. Representación de los tres ejes en tensión desarrollados a partir de Hyman (1981)

Fuente: Roitman (2016) a partir de Hyman (1981).

Estos tres ejes nos ayudan a precisar el espacio de alternativas en el que se desenvuelve la dialéctica entre trabajadores y organización sindical, dialéctica que provoca tensiones en el sindicalismo y que externamente se puede describir por la dupla movilización-desmovilización e internamente por el par participación-delegación. El tercer par, solidaridad-fragmentación, involucra a las expresiones sociales organizadas.

El primer eje de tensión se refiere a si la relación con la patronal o el Estado se dirime por la vía del conflicto abierto o de la negociación/regulación (conflicto institucionalizado). El primer término obliga a desbordar la norma, el segundo contiene o encorseta al conflicto. Esta dupla resulta no antinómica en términos de significación colectiva, sino más bien complementaria, aunque la primacía de uno u otro polo pone un sello en el carácter de la organización.

La segunda tensión remite a la pregunta sobre quiénes y cómo participan del conflicto. En este trabajo, consideramos que el conflicto en el lugar de trabajo es indicador de participación, lo que no necesaria pero sí probablemente implicará cierta horizontalidad y una apertura a mayor participación. En el otro extremo, la delegación de la disputa en las conducciones sindicales, ya sea que se las canalice en negociaciones o en confrontaciones, tienden a sostener la estratificación interna y a contener cualquier rebasamiento. En cualquier caso, una vez más, no se trata de situaciones puras sino de polos de un continuum, de prácticas que contribuyen a construir ciertas modalidades de subordinación o resistencia. De hecho, los conflictos en el lugar de trabajo suelen ser acompañados por las conducciones y hay decisiones paritarias que son empujadas o controladas por las bases. El rol de los delegados en estas mediaciones es sumamente significativo (Basualdo, 2010).

La tercera tensión, entre fragmentación y solidaridad, es tanto externa como interna. Si hay fragmentación prevalecen en el interior las disputas, las segregaciones, y en el exterior las dificultades para articular con otros sindicatos y sectores subordinados. La solidaridad, por el contrario, busca la amplitud y la articulación para habilitar la “disposición a actuar como clase” según la expresión de E.P. Thompson (1989).

El contexto político-económico y el trabajo actual

En el período bajo análisis, la tendencia es al estancamiento y retroceso en la actividad económica. Piva (2019) sostiene que desde 2012 nuestro país vive “…un período de estancamiento y tendencia a la crisis…” que remite a la matriz estructural del capitalismo dependiente argentino. Esta crisis estalla en 2018, tras la pérdida de acceso a los mercados voluntarios de crédito, fuerte devaluación y recurrencia al FMI con las conocidas consecuencias sociales. El autor sugiere que la crisis de mayo de 2018 fue consecuencia de la derrota política del gobierno en diciembre de 2017, cuando de la triple reforma propuesta tras el triunfo electoral de octubre -previsional, laboral y tributaria- sólo pudo concretar la primera y sin el alcance previsto. La derrota política se refiere a las históricas jornadas donde las y los trabajadores resistieron las leyes en enfrentamientos en el Congreso de la Nación. De este modo, la correlación de fuerzas del momento no habilitó el gran ajuste que condujera al orden bajo control del capital y generó una disrupción generalizada en la vida cotidiana. En esta pulseada, una propuesta discursiva de consenso y “moderación” entre formas de gestionar la crisis y el orden fue un argumento electoral contundente para las elecciones presidenciales de 2019. También puede interpretarse lo ocasional de la reorganización popular si se tiene en cuenta el devenir posterior. Hoy, frente a la triple dimensión económica, sanitaria y social de la crisis y la fragmentada respuesta de los trabajadores, se muestra la precariedad de esa incipiente reorganización y el intento de su reconducción por la vía del aparato estatal.

Córdoba, con su despliegue de zona núcleo pampeana, que avanza ferozmente sobre la agricultura familiar y el bosque nativo, una agroindustria que configura el “interior” con fuerza política e ideológica, una ciudad segregada interna y externamente y una industria metalmecánica y autopartista oscilante y dependiente, refleja y refracta las lógicas nacionales. El “pejotismo” gana elecciones desde 1999 y permea con su alquimia corporativista-neoliberal todos los órdenes de la vida cotidiana, habilitando un sentido común individualizado y cooptado que es suelo fértil para la mercantilización electoral. Por otra parte, también son notables las resistencias disruptivas que interpelan lo naturalizado: el acampe contra la instalación de Monsanto entre 2013 y 2016, la revuelta de los choferes del transporte interurbano en 2017, la lucha de los/las estudiantes que incluyó una larga toma del Rectorado de la UNC en 2018, son ejemplos de los brotes rebeldes que sacuden la letanía “cordobesista”.

La situación social, por su parte, continúa su notorio deterioro. A lo largo de apenas un año, entre 2018 y 2019 en el aglomerado Gran Córdoba, la cantidad de personas pobres se incrementó en un 34% (Roitman y Visintini 2020), número que sólo es la punta del iceberg de una catástrofe social, sanitaria y laboral.

Profundizamos a continuación en tres dimensiones: la evolución del empleo, el salario y las condiciones de trabajo.

Evolución del empleo

Comenzamos con datos sobre el empleo registrado que es el que se organiza en los clásicos sindicatos, aquellos cuyas luchas podemos captar mediante nuestra metodología. Hemos optado aquí por distinguir entre el trabajo en el sector estatal y el privado, ya que en ambos la conflictividad presenta características diferentes, como veremos más adelante.

Gráfico 1. Evolución del empleo en el sector público entre 2016 y 2020

Fuente: Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.

En el Gráfico 1 se observa que el número de trabajadores del sector público dependientes tanto de la provincia como de la municipalidad de la capital, se mantiene estable. El descenso en todos los febreros se debe a las condiciones contractuales de las/los docentes suplentes, cuyo vínculo laboral y cuya remuneración se suspenden cada año, situación que se repite por la ausencia de efectivizaciones.

Gráfico 2. Asalariados registrados en el sector privado de la Provincia de Córdoba (abr 2009-abr 2020)

Elaboración propia en base a EIL – Ministerio de Trabajo de la Nación.
Notas: Miles de trabajadores en números absolutos con cortes en abril de cada año// *Datos provisorios.

Se puede ver en el Gráfico 2 la evolución del empleo del sector privado registrado en los meses de abril, entre 2009 y 2020. Observamos un repunte en 2011 y una situación de estancamiento con oscilaciones a partir de 2012; un crecimiento en abril 2018 (arrastre del “veranito” 2017) para precipitarse cuesta abajo en 2019, y en 2020 –pandemia mediante- el decrecimiento se agudiza. Sin ir más lejos, entre enero y mayo de 2020 -siempre según datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)- se ha registrado una caída de 22 mil puestos de trabajo entre los asalariados del sector privado registrado, lo que implica una caída porcentual de 4,6%. El DNU de prohibición de despidos, emitido el 31 de marzo, no incidió en esta tendencia.

En números absolutos, la cantidad de empleos registrados en abril de 2020 es prácticamente igual a la de abril de 2010. Si tenemos en cuenta que la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia proyecta un crecimiento poblacional del 11,5% en ese período, (LVI, 31/05/2019) advertimos la notable caída del empleo registrado en relación a la población. En el sector manufacturero, se produjo una pérdida de puestos registrados de trabajo de quince puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2010 y el de 2020, mientras se incrementaron el comercio y los servicios financieros, según datos del EIL. Esta constatación remite a desplazamientos intrasectoriales de largo aliento.

Como acuerdan todos los análisis sobre mercado de trabajo, los más vulnerados en esta crisis son los sectores informales de la economía. Mencionemos que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre de 2020, publicada el 23 de septiembre por el INDEC, señala que en el Gran Córdoba la desocupación alcanzó el 19,1%, casi duplicando a la del primer trimestre. Aunque todavía no están los datos desagregados para el Gran Córdoba, con seguridad la situación más dramática ha de producirse en el sector informal. En la última EPH de 2019, el 45% de los asalariados no tenía aportes jubilatorios y el cuentapropismo venía en avance. Sin paraguas legal alguno y en el marco de la pandemia, estos sectores fueron los más vulnerados.

La caída del empleo se sostiene tanto por el despido hormiga como por los masivos (resistidos en conflictos abiertos, resueltos entre cúpulas, o judicializados pluriindividualmente), como en situaciones de crisis y cierre de empresas. Según los registros del OCLC, entre estos últimos las metalúrgicas encabezan el ranking, seguidas por las agroindustrias. Ambas son las principales fuentes de empleo industrial en la provincia. En tiempos de creciente desocupación, precarización e incremento de la pobreza, la amenaza de despido y su efectivización operan como fuertes disciplinadores a la hora de la acción colectiva. Como se sabe, la dicotomía salarios-condiciones de trabajo vs. empleo es agitada una y otra vez por las patronales, el Estado y las conducciones sindicales. En el marco de la organización capitalista dependiente y con una correlación de fuerzas debilitada para las clases subalternas, esta amenaza es una realidad desoladora.

El salario de las y los trabajadores

Los salarios de los agentes dependientes de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de Córdoba no han tenido mejor suerte, pese a la furibunda campaña de presentar a estos trabajadores como “privilegiados”, campaña sostenida por los medios más influyentes en las decisiones políticas y en la formación de sentido común: La Voz del Interior y Cadena 3, y amplificados en las redes sociales.

Vemos en el siguiente gráfico el desplome que sufrieron los salarios de la Administración Pública Provincial y sectores descentralizados (donde se incluyen las y los trabajadores de salud), y de la Municipalidad de Córdoba entre 2016 y 2020.

Gráfico 3. Evolución del salario real de la Administración Pública Provincial y Municipalidad de Córdoba 2016-2020

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Caja de Jubilaciones de la Provincia e IPC Córdoba (Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Córdoba). Base: julio 2014=1.

En el próximo gráfico se puede ver el desenvolvimiento del salario del trabajo registrado del sector privado para los años comprendidos entre 2013 y 2020. Pese a ser una serie demasiado corta, podemos ver más allá del clásico “serrucho” que “levanta” los resultados en los años impares en que hubo elecciones. A partir de 2018, el desplome es imparable y cualquier salida reactivadora se ubicará en un piso bajísimo, máxime teniendo en cuenta el acuerdo CGT-UIA, la minimización de los acuerdos paritarios y la amenaza del despido en tiempos de una crisis inédita.

Gráfico 4. Salarios reales de manufactura, transporte y total registrados privados. Provincia de Córdoba

Fuente: Elaboración propia en base a EIL (evolución del salario del empleo registrado en Córdoba) e IPC Córdoba (Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Córdoba). Base: 2014=1.

Condiciones de trabajo

Como ya señalamos, un porcentaje muy alto de los/las asalariados/as del Gran Córdoba no percibe comprobante alguno por su trabajo. Sobre esta base, hay que considerar un abanico de situaciones lejanas al clásico “contrato por tiempo indeterminado en el lugar de trabajo”: monotributos, consultoras, tercerizadas en el Estado y en el sector privado, que conforman una diversidad difícil de cuantificar y que avanza con más prisa que pausas en la Reforma Laboral de hecho. El alto número de contratados en la Provincia de Córdoba y en las municipalidades son elementos de disciplinamiento y fragmentación.

Siguiendo la tendencia mundial, la tercerización de servicios, la contratación vía consultoras, las formas de monotributo, pasantías, y planes de empleo son estrategias extendidas de fragmentación, elusión de la normativa y disminución del salario que se extienden como mancha de aceite. La pandemia ha puesto al descubierto la esencialidad de las y los trabajadores precarizados de la salud, la limpieza, el transporte y la problemática sanitaria asociada al pluriempleo.

Caracterización y análisis de la conflictividad laboral

En este contexto de deterioro generalizado del empleo, el salario y las condiciones de trabajo, nuestro análisis de la conflictividad laboral en el período 2013–2018 a partir de la base de datos del OCLC sigue los ejes planteados en el apartado conceptual. Para todas las series de datos, hacemos una lectura de la conflictividad de acuerdo a “grandes sectores”: trabajadores estatales, privados, multisectoriales y otros trabajadores^[4], según la siguiente secuencia:

En primer lugar, abordamos el par movilización–desmovilización a partir de la distinción entre acciones conflictivas directas (ACD) e indirectas (ACI), para identificar su magnitud relativa a lo largo de un período (2013-2018). Las ACD implican la presencia de los colectivos de trabajadores en el espacio público o semipúblico^[5], por lo que el análisis posterior se basará sólo en ellas. Profundizaremos también en las demandas por las que reclaman.

En segundo lugar, el continuum participación-delegación, se construye a través de dos dimensiones: “iniciativa en la participación” y “nivel de agregación”, abordadas de modo diferenciado entre sector público y privado. La “iniciativa” refiere a quiénes impulsan la movilización: las bases^[6] (trabajadores autoorganizados/as, y/o delegados/as) o si se opera desde las cúpulas (conducción y/o cuerpos orgánicos). El nivel de agregación es una categorización que nos permite una primera aproximación cuantitativa a la relación entre el “conflicto en el lugar de trabajo”, recuperando la participación de las bases, y el que mueve a la “rama” en su conjunto. Cabe también la posibilidad (que reservaremos para el eje fragmentación – solidaridad), de que el conflicto abierto surja desde “varias ramas”, las que típicamente están representadas por las centrales obreras.

Dado que la iniciativa en la participación se vuelve relevante sólo al abordar las dinámicas conflictuales específicas, y que el nivel de agregación también refiere al espacio de origen del reclamo, presentamos aquí la dimensión donde estas variables se solapan: el lugar de trabajo. En nuestros registros, la totalidad de los conflictos surgidos en el lugar de trabajo son iniciativa de las bases, por lo que esta situación se convierte en un eje explicativo del primer término del continuum participación-delegación^[7], con sus gradientes según los casos.

El tercer y último eje de análisis es solidaridad-fragmentación. Por ser una dimensión que intenta conocer el potencial unificador de las clases subalternas en las luchas, su análisis excede al conflicto en el lugar de trabajo (aunque su práctica pueda implicar el aprendizaje de dinámicas participativas y la toma de decisiones de manera más inclusiva). Refiere a las dificultades de la forma sindical (de primer, segundo y tercer grado) y de los colectivos de trabajadores para superar las segregaciones externas, construyendo lo común por sobre la competencia propiciada por el capital.

Movilización/desmovilización

En este apartado analizamos cómo se ha desplegado en el tiempo la conflictividad laboral aproximándonos al par movilización-desmovilización^[8].

Un primer recaudo metodológico que tomamos consiste en distinguir entre “acciones conflictivas Directas” (ACD) e “Indirectas” (ACI). Las primeras son del orden de la movilización activa de las trabajadoras y trabajadores que incluye su decisión de frenar la actividad (paros), tomar decisiones colectivas (asambleas), realizar marchas, tomas de lugares de trabajo, cortes de calle, reuniones abiertas (actos públicos). Las “Indirectas” son aquellas vinculadas a la difusión y comunicación y las negociaciones o firmas de acuerdos paritarios. Incluimos allí también las llamadas de “alerta y movilización”, aunque de esta última reconocemos su condición ambigua.

Presentamos el gráfico 5 con el desenvolvimiento en el período de referencia de ambos tipos de acciones.

Gráfico 5. Acciones conflictivas Directas e Indirectas, años 2013-2018 (frecuencia absoluta)

Fuente: Base de Datos OCLC.

De este gráfico inferimos dos cuestiones: las ACD han sido siempre mayores en número que las indirectas, y las relaciones entre ambos tipos son oscilantes.

Sin negar la importancia de las ACI, la performatividad del discurso en las declaraciones o el papel central de las negociaciones, en adelante sólo consideraremos las acciones conflictivas directas, debido a que nos interesa resaltar aquellas donde la participación sea siempre colectiva y requiera la corporeidad de los/las trabajadores en un espacio común de protesta y de encuentro (la calle, el lugar de trabajo). Como siempre, las distinciones binarias sólo son indicaciones, existiendo matices e intermedios.

El “movilizar” es parte de la dinámica externa que señalaba Hyman frente al capital y al Estado, y es también un índice (nunca exhaustivo) de la capacidad de los trabajadores para defender derechos o avanzar sobre los mismos (estrategias defensivas u ofensivas). En el período analizado, conforme al contexto, las estrategias han sido, sin excepciones, de carácter defensivo: despidos, pagos adeudados, condiciones de trabajo, salario; reclamos que se enarbolan para frenar el deterioro.

Gráfico 6. Acciones conflictivas directas por sectores en Córdoba 2013-2018

Fuente: Base de Datos OCLC.

Vemos ante todo que las ACD estatales son siempre superiores al resto. Sin embargo, representan sólo al 13% de los asalariados en el Gran Córdoba según la EPH, aunque si consideramos toda la provincia y sólo los trabajadores registrados, el número se acerca al 25%. La “sobrerrepresentación” de la conflictividad estatal es común en todo el país y es característica desde la posdictadura. Entre las razones que la explican podemos mencionar que las luchas docentes, las resistencias a las privatizaciones, la conformación de la CTA con columna vertebral en gremios estatales, han construido espacios con características diferenciales del sindicalismo tradicional. Sumado a lo anterior aparece la relativa estabilidad del empleo público –siempre en disputa- aunque cada vez más resquebrajada con el peso creciente de contratados, monotributistas, pasantes o becarios. Agreguemos, por último, que la flexibilización por la vía litigiosa del modelo sindical de unicidad promocionada en el ámbito estatal durante los últimos años habilita un pluralismo que acicatea la movilización.

Finalmente, en el sector privado, se mantiene estable el nivel de conflictividad, aunque los momentos de mayor ajuste y crisis habrían generado –y esto lo profundizaremos más adelante- un incremento mínimo de conflictividad abierta impulsada desde las cúpulas o apoyada por ellas. Además, por temor al despido, el reclamo habría pasado a canalizarse por la vía sindical mediante negociaciones (esto último no se mide en el gráfico 6, que sólo capta las ACD).

Volviendo al gráfico 6 señalemos que: (a) Hay diferencias notables entre la cantidad de acciones conflictivas de cada año, 2016 y 2018 son los años más movilizados del período seguidos por 2013 -450, 402 y 378 acciones conflictivas respectivamente-; (b) la oscilación entre años se explica fundamentalmente por lo pendular de la dinámica estatal que a su vez responde a especificidades sectoriales, así como alineamientos político partidarios, en cuyos detalles no podemos incursionar por razones de espacio; (c) las acciones conflictivas de trabajadores privados se mantienen estables, aunque como veremos luego, varían en su nivel de agregación; (d) las acciones multisectoriales que incluyen aquellas promovidas por las centrales obreras nacionales o provinciales, las que resultan de la articulación de varios gremios por reclamos comunes (especialmente estatales) y las de sectores sindicales con otros que no lo son (por ejemplo, estudiantiles) tienen escaso peso cuantitativo, aunque crecen en 2017 y 2018. Volveremos sobre ello en el apartado de solidaridad; (e) los “otros/as trabajadores”, incluyen sectores de la llamada economía popular, jubilados y desocupados, no tienen peso significativo. Entendemos que, en lo referente a la economía popular, su escasa incidencia responde más a una metodología cuya fuente son medios de comunicación que invisibilizan la protesta que a la ausencia de conflictividad. El trabajo y la disputa en territorio, propios de la economía popular, pocas veces implican la irrupción callejera, por lo que requieren otras formas de abordaje.

Ahora veamos los motivos por los que se movilizan los sectores estatal y privado mediante ACD.

Gráfico 7. Demandas principales de trabajadores del sector estatal en Córdoba 2013-2018

Fuente: Base de Datos OCLC.

Gráfico 8. Demandas principales de trabajadores del sector privado en Córdoba 2013-2018

Fuente: Base de Datos OCLC.

Es interesante señalar que la prevalencia de motivos impulsores de acciones conflictivas es distinta en el sector estatal respecto del privado. Como se ve en el gráfico 7, los estatales se movilizaron principalmente por cuestiones salariales, y en segundo lugar, por crisis (incluyendo despidos, ceses de contratos, pagos adeudados). Para los privados, en cambio, predominan las de crisis y luego la demanda salarial. La mayor incidencia de lo salarial para los estatales se vincula a que el lugar de negociación para la mayoría de ellos es la Provincia de Córdoba o las municipalidades, mientras que los privados negocian en el ámbito nacional, con algunas especificidades locales y algunas excepciones. El tercer motivo de reclamo, tanto en estatales como en privados, es por “condiciones de trabajo”. Vemos que en ambos casos este motivo va en descenso relativo, y esto no se debe a que haya mejoras en ese ámbito, sino a lo acuciante de las otras dos^[9]. Los otros tres motivos de reclamos – políticas públicas, disputas inter o intrasindicales y solidaridad – aunque de menor cuantía como demandas principales-, tienen importancia cualitativa y frecuentemente acompañan pliegos reivindicatorios extensos.

Como síntesis, digamos que la movilización en Córdoba es alta, con oscilaciones que obedecen más bien a dinámicas internas o externas sectoriales. En cualquier caso, la movilización del período siempre tuvo un carácter eminentemente defensivo, ya fuese para defender el empleo, conservar los salarios -que como vimos se replegaron- o poner límite al deterioro de las condiciones de trabajo.

Participación/delegación

El lugar de trabajo es un campo de batalla donde el despotismo patronal pretende avanzar sobre el control de una mercancía ficticia, la fuerza de trabajo, que resiste de manera más o menos organizada.

La revitalización del conflicto en el lugar de trabajo, desde comienzos del siglo XXI, ha sido abordada por una extensa literatura. Algunos han puesto el foco en la democratización que ello implica, otros en la emergencia de una izquierda en sectores fabriles o logísticos. Atzeni y Ghigliani (2012) señalan ambos aspectos al considerar que se trata de

… un suelo fértil para la reemergencia de la democracia y de la iniciativa desde abajo para el sindicalismo. Por un lado, ha dado pie a las movilizaciones de base y acciones directas que empoderan a los trabajadores en el lugar de trabajo y por otro lado han favorecido la renovación de estrategias y liderazgos en un marco de discursos de tintes más izquierdistas (p. 3).

El OCLC ha seguido con atención los más importantes conflictos en el lugar de trabajo de la Provincia en el período señalado y nuestros estudios cualitativos evidencian más el aspecto participativo que el surgimiento de dirigentes y discursos de izquierda, que se han visto solo en contadas ocasiones y con disputas internas. Ante este impulso democratizador, las “conducciones” -para simplificar una categoría que tiene muchos recovecos- tienden al control de la situación, ya sea canalizando el conflicto por vía de negociaciones o enfrentándose abiertamente a las bases; es decir, a fomentar que las y los trabajadores deleguen en sus dirigentes sindicales el cierre de los conflictos.

Metodológicamente consideramos conflicto en el “lugar de trabajo” a aquel que se inicia por reclamos propios de ese ámbito, casi siempre por crisis: despidos, pagos adeudados, condiciones de trabajo. También se inician en el lugar de trabajo reclamos más generales -salariales o de democratización de las prácticas sindicales-. Es el caso de las y los trabajadoras/es del transporte. Tales conflictos implican a veces un proceso de maduración democrática de los colectivos -como en Molinos Minetti- u oscilaciones pendulares -habituales en el sector salud-. También es común la eclosión frente a una afrenta, sin antecedentes y sin continuidad -como varios casos en la industria frigorífica-.

El siguiente gráfico indica la cantidad de acciones conflictivas en el lugar de trabajo por año y según sector estatal o privado. Vemos también su incidencia porcentual, considerando como total la suma de la rama y el lugar de trabajo.

Gráfico 9. Distribución de ACD de estatales y privados en el lugar de trabajo en la provincia de Córdoba (2013-2018) en frecuencias absolutas (FA) y porcentajes

Fuente: Base de Datos OCLC. Nota: Los porcentajes refieren a la distribución lugar de trabajo-rama.

Porcentualmente, en el ámbito público predomina la ACD por Rama (aunque la frecuencia absoluta del lugar de trabajo sea mayor que en el privado). Dos sectores estatales se han caracterizado por la recurrencia al Lugar de Trabajo: las dependencias de la Municipalidad de Córdoba y la salud pública provincial. Se trata de conflictos “crónicos” que tuvieron su mayor expresión durante 2013 y 2016. La falta de insumos, la precarización, las direcciones despóticas y el salario fueron las principales fuentes del reclamo. La persecución y el desgaste redujeron sus expresiones en 2017 y 2018. En tiempos de pandemia, reaparecieron.

En el sector privado, hasta 2017, prevalece la ACD en el lugar de trabajo, superando ese año el 60% del total. En 2018 el porcentaje cae a menos del 40%, lo que se explica en parte por efecto disciplinador de la dura derrota de las bases del transporte urbano en junio de 2017 y en parte por la crisis generalizada que obligó a las conducciones -aún las más remisas- a absorber algunas de las demandas bajo pena de pérdida de legitimidad. Sin espacio para discutir en detalle más datos, señalemos dos cuestiones en relación al Conflicto en el Lugar de Trabajo de privados. La primera es que las demandas fueron ante todo por Crisis (pagos adeudados, despidos, suspensiones, vaciamiento de empresas) y, en segundo lugar, por las Condiciones de trabajo. La segunda es que estas acciones raramente son acompañadas por las conducciones, y muy a menudo las bases confrontan con éstas, tanto de forma abierta como solapada.

En estatales y privados, el conflicto en el Lugar de Trabajo remite a la participación y democratización, pero si no logra proyecciones queda cerrado y aislado. En la Provincia, conflictos tales como los de Weatherford (en Río Tercero), Volkswagen, Molinos Minetti o el transporte urbano de pasajeros,^[10] sufrieron derrotas al encontrarse confrontando con la fuerza del Estado, la patronal y las conducciones gremiales, sin poder establecer alianzas para romper el aislamiento.

Solidaridad/fragmentación

Superar la fragmentación y desarrollar actividades que excedan las condiciones de contratación, el sector, la rama de actividad o el encuadre sindical es parte de esta búsqueda de construcción de “lo común”, que unifique demandas y logre una correlación de fuerzas más favorable a las/los trabajadores, en la construcción de una disposición a la acción consciente de clase.

En este sentido, aquellas acciones conflictivas que exceden una rama de actividad o que suman a otros sectores (estudiantes, movimiento feminista) están indicando algún tipo de solidaridad. En Córdoba han sido moneda corriente las multisectoriales estatales contra las sucesivas reformas previsionales que fueron primero distanciando la movilidad jubilatoria, luego recortando los aportes patronales y de los trabajadores a la Caja de Jubilaciones provincial hasta llegar a la reducción del clásico 82% móvil. En cuarentena y “entre gallos y medianoche”, se dio el último ataque a la jubilación estatal con una nueva reforma imprevista que en contexto de pandemia despertó resistencias escasas.

También existen articulaciones de las CGT en las ciudades del interior más importantes, las que han permanecido en general unidas y se han movilizado con otras organizaciones por razones regionales. Tal es el caso de la lucha contra el aumento del boleto urbano en Río Cuarto, el excesivo costo del coseguro médico en Bell Ville, la solidaridad con los trabajadores de Fabricaciones Militares en Villa María o la lucha contra el cierre de un frigorífico en Huinca Renancó.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las acciones multisectoriales son reducidas en números absolutos y porcentuales, aunque ganaron peso en 2017 y 2018.

Gráfico 10. ACD multisectoriales. Frecuencia absoluta y porcentaje sobre el total

Fuente: Base de Datos OCLC.

Más allá de que el poco peso de las acciones conflictivas directas multisectoriales indica la escasa tendencia a la solidaridad, podríamos recostarnos en la “huelga general” como indicador de momentos en que una intensa conflictividad y movilización pueden condensar en solidaridad de clase, como propone Santella (2009).

El autor, en su análisis de un siglo de huelgas generales en Argentina -entre 1902 y 2002- se apoya en la tradición marxista que pone el conflicto abierto en el centro de la conformación de la clase trabajadora, lo que remite a Gramsci y otra miríada de autores que entienden como crucial el momento del enfrentamiento para comprender el devenir clase. Entre los conflictos que desarrollan las y los trabajadores, considera que la huelga general es un indicador privilegiado de la conflictividad y cita a Iñigo Carrera para delimitar el concepto:

Cuando el conjunto de los obreros se enfrenta con el conjunto de los capitalistas es el momento de la huelga general, que es también el momento en que el conjunto de los obreros se encuentra con el gobierno del estado, sea porque éste expresa el poder de los capitalistas en un conflicto determinado, sea porque los obreros se proponen establecer o defender una legislación favorable a sus intereses inmediatos, sea por ambas razones. La huelga general, es pues, una lucha política, lo que nada nos dice de la forma de conciencia de su situación y cómo superarla (reformista o revolucionaria) que tienen los obreros (p. 13).

Resaltemos de esta cita dos cuestiones. La primera es que se trata de una lucha política, ya que surge del conjunto de los trabajadores; la segunda, que no es indicativa del momento de subjetivación o de conciencia. Santella sostiene que en Argentina lo que ha prevalecido desde los años 30, y en particular desde el peronismo, es la huelga general como expresión de la “conciencia corporativa de clase”, un momento que es político porque supera el mero economicismo de la reivindicación inmediata para mostrarse como fuerza que sostiene la posición en el sistema social, pero que no se proyecta como hegemónica en el sentido de plantear el interés de la clase como universal. De la importancia del momento y la complejidad de la huelga general, se sigue que se trata del momento clave para la periodización del movimiento obrero puesto que son “…acciones que unificaron sus distintas fracciones y orientaciones políticas en contra de las clases dominantes.” (p.7) y agrega que esta forma de lucha

… fue expresando los cambios de largo plazo en las estrategias obreras cambiantes respecto de los medios de lucha, los objetivos, las ideologías, las formas de organización, las alianzas con otras fuerzas sociales y la relación con el estado. Dada la relevancia histórica, la huelga general posibilita localizar alrededor de un tipo de hechos específico un medio de lucha en que son superadas las contradicciones internas entre grupos de trabajadores en la acción colectiva como clase (p. 7).

Más allá de la discusión sobre la politicidad y la subjetivación que se ponen en juego en la huelga general, si atendemos a la idea de “conjunto de los obreros” que se organizan como clase (aunque sea corporativamente) para enfrentar al Estado o al capital, nos encontraríamos efectivamente en la huelga general con un momento de solidaridad interna que operaría contra la fragmentación.

Piva (2006), por su parte, cuestiona el intento de periodizar el movimiento obrero a partir de las huelgas generales por dos razones; una es la creciente fragmentación de las/los trabajadores, especialmente entre ocupados y desocupados, y la otra es que hay un desacople entre las huelgas generales y los momentos de mayor conflictividad de las y los trabajadores. Es decir, que las huelgas generales no se producen en momentos de alza de las movilizaciones, paros por rama o actos públicos, lo cual dificulta pensar la “huelga general” como momento de condensación de los conflictos de trabajadores o como lectura de la correlación de fuerzas. Aunque Piva remite al período 1989-2001, podemos preguntarnos si esto es sugerente o no para nuestro objeto de estudio.

Encontramos que la respuesta es afirmativa. En efecto, las “huelgas generales” acaecidas durante estos años no son “del conjunto de trabajadores”, no sólo por la separación estructural y subjetiva entre formales e informales, ocupados y desocupados, separación que produce que las convocatorias nacionales de la o las CGTs sólo impliquen aunque sea nominalmente a un grupo cada vez menor de trabajadores, sino porque las fracturas al interior de las centrales obreras nacionales, sin correlato en Córdoba^[11], ponen en duda que una huelga general pueda poner en marcha a la totalidad o a un número extenso de sectores ocupados y formales agrupados por las centrales obreras. El desacople pone en evidencia también que las “huelgas generales” no tienen raíz en el movimiento existente y que incluso se producen en momentos de poca conflictividad, como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 11. Relación entre la frecuencia de las movilizaciones provinciales y los momentos de huelga general

Nota: Los puntos negros corresponden a las huelgas nacionales con acatamiento en la provincia. Fuente: Base de Datos OCLC.

Límites y potencialidades de una solidaridad ampliada

En Córdoba, los acontecimientos 2017-2018 se concatenaron de manera témporo-espacial diferente a la de las movilizaciones que tuvieron gran impacto en AMBA por cuestiones que afectaban, sobre todo, a los grupos subalternos. En junio de 2017 encontramos una situación que podríamos llamar de “solidaridad negativa” o “contra el trabajo”. Una mayoría de choferes del transporte urbano de pasajeros liderados por cuerpos de delegados combativos recientemente elegidos, en donde destacaron las conductoras de trolebuses, realizaron un paro durante nueve días con masivos actos públicos, pidiendo por una paritaria salarial en la que no se quedara por debajo de la inflación, condiciones de trabajo y democratización de la UTA. La seccional local estaba intervenida desde 2016 por decisión de la conducción nacional. El conflicto traía a la superficie una serie de demandas de larga data por políticas públicas contra la privatización de la empresa estatal^[12], el estado de los coches y la inseguridad de los choferes en los recorridos.

La revuelta fue derrotada y las consecuencias fueron gravosas: sanciones, despidos, derivación en causas judiciales para las/los trabajadores y hasta sanción de una ley que limita el derecho a huelga a los denominados “servicios esenciales”. El poder gubernamental (municipio, provincia y nación) actuó abroquelado junto a empresarios, conducción gremial y medios de comunicación, que se dedicaron a focalizar las demandas como internas sindicales y a exacerbar los impactos del paro en la movilidad de la población. Varios gremios amagaron con apoyar a los choferes, incluso con declarar un paro provincial. Pero la solidaridad quedó sólo en palabras encendidas. En la práctica, las y los choferes quedaron solas/os, estigmatizados por la prensa e incomprendidos por los usuarios. Allí donde el apoyo era indispensable para ganar una batalla, la solidaridad brilló por su ausencia

Pocos meses después y ya con un clima nacional caldeado, desde comienzos de 2018, se movilizaron los colectivos feministas y estudiantiles. Sus luchas, en lugar de transcurrir paralelamente al conflicto laboral como venía sucediendo, lo “empujaron” incluso más allá de lo que las/los trabajadores pretendían. Los destellos de rebelión en Córdoba vinieron de la mano del conflicto universitario y el movimiento de mujeres, que ganaron las calles. Las manifestaciones por la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo presentaron un acople sincrónico con las marchas de docentes y estudiantes universitarios/as bajo consignas que se iniciaron en el reclamo paritario y evolucionaron hacia el aumento de presupuesto para educación; cuestionamiento del proyecto rectoral que traduce trayectos académicos a un sistema de créditos canjeables en ámbitos educativos públicos o privados y modificaciones en las incumbencias de algunas carreras que redundan en precarización del mercado de trabajo profesional. El 22 de agosto de 2018 docentes y estudiantes confluyeron en una marcha multitudinaria de más de 80 mil personas que marcharon en defensa de la educación pública.

Al ritmo de una incorporación al reclamo de demandas que excedían lo salarial, los protagonistas de la protesta se articulaban en dos movimientos que comenzaban a distanciarse, ejerciendo al tiempo modalidades de participación diferenciadas. Por un lado, la asamblea interfacultades, en formato de base, planteaba junto a la solidaridad con los docentes en lucha, reivindicaciones que le eran propias. Por otro lado, las conducciones sindicales, acompañadas por grupos rotativos de docentes desarticulados, apuraron la finalización de un conflicto que sospecharon se les escaparía de las manos. Ante las dificultades de diálogo entre ambas posturas, la cada día más numerosa asamblea interfacultades decidió hacerse oír mediante la toma de facultades y del Pabellón Argentina (sede de la paradójica celebración del centenario de la reforma universitaria meses antes).

El golpe maestro del quiebre se produjo cuando la conducción (federación y sindicato) decidió el levantamiento del paro, esgrimiendo un magro resultado paritario (aumento de 25% contra un índice de inflación que alcanzaría el 47,6%), una promesa (dos cláusulas de revisión) y una estrategia (“hay que apostar al tratamiento de la ley de presupuesto en el Congreso”, “hay que votar bien en 2019”). El plan de lucha de la asamblea interfacultades en las tomas comenzaría a debilitarse, planteándose una instancia de negociación que fue saboteada con violencia por militantes de la Franja Morada y una patota de no docentes. Finalmente, se levantó la toma y la justicia de Córdoba imputó a 27 estudiantes y una docente por usurpación. Cabe acotar que, en pleno contexto de pandemia, el Poder Judicial de Córdoba avanzó en los procesamientos.

En conclusión, la democratización y la solidaridad se desencontraron en el tiempo. Sin proyecto colectivo la movilización deviene en formas corporativas, fragmentadas o gestas acotadas que no encuentran anclajes y proyección.

Consideraciones finales

Este recorrido por experiencias de movilización de trabajadores exhibe el contradictorio y complejo entramado de intereses y posibilidades, de potencias y debilidades que conviven cuando se activan formas organizativas. ¿Qué claves de lectura son capaces de arbitrar en los intersticios y echar luz sobre tácticas óptimas y efectivas en las instancias de lucha? El análisis de la dinámica específica de los conflictos laborales, desde los continuums movilización-desmovilización, participación-delegación, solidaridad-fragmentación aporta claridad para vislumbrar la “correlación de fuerzas” entre capital-trabajo en el período expuesto. En este sentido, sostenemos la centralidad de los conflictos en torno al trabajo y el alcance que estos procesos tienen en la construcción de subjetivación política de los grupos subalternos.

El conflicto abierto durante el período analizado tiene oscilaciones de intensidad, pero está siempre presente e incide en el escenario sociopolítico. En un contexto de ofensiva del capital, acompañada por el Estado, para reducir salarios, precarizar trabajo y atentar contra las condiciones de trabajo, la conflictividad es de carácter defensivo y está protagonizada por un conjunto numéricamente reducido de trabajadores: estatales, transporte y algunos sectores industriales. La movilización está desacompasada entre los sectores, casi siempre corporativa y fragmentada tanto estructural como subjetivamente.

Aunque la conflictividad laboral está protagonizada en general por organizaciones sindicales, se observa la emergencia ocasional de grupos espontáneos con potencialidad de organizarse a más largo plazo, incluso en modos alternativos de protesta.

Si hacemos foco en el conflicto en el lugar de trabajo, vemos que estos conflictos tienen una mayor incidencia en el sector privado. Sus reclamos se centran en la defensa de los puestos de trabajo, ya sea por despidos o vaciamiento o pagos adeudados; todas estas demandas que llamamos “de Crisis”. En segundo lugar, ponen como prioritarias las “Condiciones de trabajo”. En estas situaciones, la relación base-conducción generalmente es de confrontación o de un acompañamiento condicionado o formal. Por su parte, las/los trabajadores estatales muestran una dinámica conflictual inversa, ya que predomina la movilización con presencia de las conducciones gremiales –a veces impulsada por éstas; otras, desde las bases.

En este artículo consideramos que el conflicto en el lugar de trabajo, por reclamos específicos, es indicador de participación, lo que no necesaria pero sí probablemente implica cierta horizontalidad. En el otro extremo, las delegaciones en la toma de decisiones y en la gestión de los conflictos propiciadas por las conducciones, tienden a sostener la estratificación interna y contener cualquier rebasamiento. Destacamos, asimismo que no se trata de situaciones puras sino de polos de un continuum, de prácticas que contribuyen a construir ciertas modalidades de subordinación o resistencia. De hecho, ciertos conflictos en el lugar de trabajo suelen ser acompañados por las conducciones, mientras que algunas decisiones paritarias son empujadas o controladas por las bases, con un significativo rol mediador de los delegados.

Las experiencias desde el lugar de trabajo son ricas, significativas y tienen componentes democráticos, pero no han podido traspasar la barrera de la fábrica, el hospital o los medios de transporte y han sido disciplinadas desde el Estado, la empresa o la conducción sindical. La ausencia de una “voluntad colectiva” que impulse conjuntamente la movilización, la solidaridad interna y externa y la participación desde las bases es notoria. De este modo, la potencia para incidir en el curso de los acontecimientos se debilita.

Analizamos también la relación de las huelgas generales nacionales con los movimientos de la conflictividad laboral en la Provincia de Córdoba donde, si bien a nivel nacional puede sobrevolar un “clima de época” favorable a la expresión pública del descontento social -como las de 2017-18-, el desacople con los conflictos locales de nivel provincial se hace evidente.

El período 2017-2018 pareció mostrar un giro en la tendencia de los conflictos corporativos, segmentados y fragmentados. Un 2018 atravesado por las luchas feministas y por estudiantes rebelados contra sus propias organizaciones, redimensionaron la habitual protesta salarial al orden del acontecimiento y de alcance nacional. De pronto, las calles de Córdoba rebasaron desde múltiples vertientes en el grito de defensa de la educación pública: movilización, solidaridad y democratización se conjugaron con potencia esperanzadora, aunque teniendo al fin una duración quizá efímera. Su discurrir debe ser analizado a la luz de los años posteriores, una tarea necesaria para avanzar en la comprensión orgánica de la conflictividad laboral. En particular, resulta sugestiva la lectura de lo invisibilizado durante el año de pandemia para ver continuidades, emergencias o rupturas ocurridas en un momento de transformaciones mayores y negativas para el mundo del trabajo.

Por otra parte, las comparaciones interregionales siguen siendo un desafío pendiente para entender mejor tanto las características compartidas como las específicas.

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