La tragedia de Once y la cuestión ferroviaria metropolitana en la escena pública

Candela Hernández

Introducción

Son las 8.33 a. m. de algún 22 de febrero de los que van desde el 2012 hasta esta parte. Familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas de la públicamente conocida como Tragedia de Once se concentran en el andén 2 de la estación terminal del ferrocarril Sarmiento. La sirena de un megáfono repica durante sesenta segundos, acompañada del silencio, a la hora justa en que la formación chapa número 16 se estrellaba contra la estación. Carteles en los que se lee “JU5T+1CIA para las víctimas de la Tragedia de Once” se alzan y los rostros de los fallecidos se replican en las remeras de sus allegados y familiares. Aplausos acompañan la lectura de los 52 nombres hasta alcanzar en un grito colectivo las palabras: “Presentes” “Ahora” “y Siempre”. Con el acto inaugurado, se da paso a la lectura del documento elaborado por los familiares de las víctimas, en la voz de sus principales referentes. Un poema, rosas arrojadas a las vías o globos negros lanzados al aire acompañan performáticamente el evento, que encuentra su clausura hasta el próximo aniversario.

33 actos de características similares a las descriptas en el párrafo precedente se sucedieron desde el 22 de febrero de 2012 hasta la actualidad. Ese día la formación del ferrocarril Sarmiento chocó contra el sistema hidráulico de amortiguación del andén número 2 de la estación terminal de Once a 20 km por hora, lo que provocó el colapso de la formación y un saldo de 789 heridos y 52 víctimas fatales. Por su magnitud, el accidente se convirtió en el más importante de la historia ferroviaria de la Región Metropolitana de Buenos Aires, y el tercero a nivel nacional^[1].

La producción del mencionado acontecimiento evidenció con contundencia la degradación que los ferrocarriles metropolitanos habían tenido en su derrotero, lo que permitió instalar la cuestión ferroviaria en la escena pública^[2]. La atención social generada trascendió en los hechos al acontecimiento, perpetuado y potenciado por los familiares de las víctimas, intensamente movilizados en su demanda por justicia y por mejoras en las condiciones de prestación del servicio. “La corrupción mata”, fórmula instalada por este actor instalada para señalar el carácter del problema y retomada por una heterogeneidad de actores, halló eficacia política al circular por distintos espacios de discusión, como, por ejemplo: los medios de comunicación masivos, el mercado editorial y la academia. A la par, contribuyó a motorizar respuestas de carácter estatal sobre el servicio y procesos de enjuiciamiento a los identificados como responsables, con el aval de un amplio consenso social y reconocimiento a los familiares en acción. El presente capítulo se interroga sobre la génesis, la capacidad de agenciamiento y las implicancias que tuvo el movimiento de Familiares y Amigos de Victimas y Heridos de la Tragedia de Once 22/2: ¿cómo surge el agrupamiento?; ¿qué acciones desarrolla?; ¿cuáles son sus demandas?; ¿qué posicionamiento adquiere en el espacio público?; ¿qué argumentos moviliza?; ¿cuáles son las resultantes de su accionar?; ¿qué impacto político y judicial tiene?; ¿en qué medida y de qué modo este acontecimiento intervino en la construcción de los ferrocarriles metropolitanos como problema público?

Para avanzar en dar respuesta a las preguntas referidas, el capítulo se estructura en cuatro apartados. En el primero, se caracteriza al movimiento de familiares de Once en sus principales atributos y se identifican los elementos de relevancia que contribuyeron a que se legitimaran socialmente como colectivo organizado. En el segundo, se aborda cuáles fueron las principales formas de accionar colectivamente de los familiares y la dinámica que alcanzaron para instalar sus demandas. En el tercero, se hace referencia a las implicancias que tuvo la movilización de los familiares, a través de los procesos que su accionar desencadenó en el ámbito mediático, político y judicial. Por último, el cuarto apartado está dedicado al balance de la trayectoria del movimiento y al reconocimiento de indicadores que den pistas acerca de cuál será la direccionalidad que asuma en el futuro.

Familiares. Surgimiento y fuentes de legitimidad

El movimiento de Familiares y Amigos de Victimas y Heridos de la Tragedia de Once 22/2 está integrado por 20 familias de los 52 fallecidos y 789 heridos^[3]. Se suman a la agrupación algunos sobrevivientes que participan de las distintas actividades convocadas, aunque con menores grados de organicidad^[4].

Sucedido el accidente, la emergencia de esta experiencia asociativa como colectivo estructurado es resultado de un conjunto de acciones, algunas de ellas de carácter espontáneo y otras de direccionalidad definida por quienes asumieron la conducción del agrupamiento y aportaron progresivamente a su formalización.

Las primeras horas luego de ocurrido el accidente implicaron para los allegados a las víctimas fatales una extensa jornada de búsqueda por hospitales y morgues judiciales. Instancia que abonó a la construcción de una trama de sociabilidad fundada en el intercambio de contactos e información que ayudara a los hallazgos.

Nos fuimos reclutando, por decirlo de alguna manera, desde el mismo momento en que estábamos buscando a nuestros familiares. Nos cruzamos en muchos hospitales y, en algunos de ellos, nos pasamos teléfonos y nos empezamos a poner en contacto. Cuando todo detonó para nosotros, el momento que encontramos a nuestros familiares, lo último que nos acordamos fueron de esos contactos, pero sí después nos empezamos a poner en contacto de esa manera (entrevista referente 1 del movimiento de Familiares de Víctimas, 2016).

Con igual sentido para algunos casos, también operaron como facilitadores los vínculos de vecindad preexistentes que apuntalaron el llamado a organizarse, al ir sumando integrantes al colectivo: “Yo vivo de María Luján a dos o tres cuadras, mi hija y Lucas, por ejemplo, se conocían y tenían amigos en común. Yo no quería saber nada hasta que un día viene María Luján acá y se presenta” (entrevista referente 5 del movimiento de Familiares de Víctimas, 2016). También lo hizo una concentración en el Obelisco porteño de algunos familiares que fue replicada por los medios de comunicación masivos (“Familiares de las víctimas”, 28 de febrero de 2012). Progresivamente, quienes se enteraban del suceso se aproximaron al epicentro de la protesta. Evento que generó un nuevo acercamiento entre los afectados por el accidente al operar el contacto cara a cara como una de las bases de la posterior organización:

A los dos o tres días, mi hermana y yo seguíamos por la tele viendo qué pasaba con Lucas. Preguntando cómo estaba esa mamá. Siempre fuimos siguiendo por Facebook y en la tele. Ahí mi hija y mi hermana lo vieron y me dijeron de ir al Obelisco (entrevista referente 4 del movimiento de Familiares de Víctimas, 2016).

Otra particularidad del caso que actuó como elemento aglutinante de los familiares, a la vez que aportó un ingrediente relevante a la construcción de su legitimidad social, estuvo ligado a la desaparición por al menos 60 horas del que sería contabilizado como la víctima fatal número 51 del accidente. Lucas Menghini Rey era un joven de 20 años, cuyo cuerpo había quedado atrapado entre el tercero y cuarto vagón de la formación al interior de la cabina del maquinista en desuso y no fue encontrado durante el operativo de rescate.

Dicha situación aportó varios elementos significativos a la trayectoria que seguiría el movimiento de los familiares y sus implicancias. La figura del desaparecido en la historia local es una categoría con fuerte impacto y amplia circulación social, originariamente vinculada a la última dictadura militar, cuando las desapariciones emergieron como una forma novedosa de muerte fundada en causas políticas a manos del Estado (Crenzel, 2007). Quien desaparece queda en una condición fronteriza entre la vida y la muerte, sin estatus ni rango, situación cuya resolución permanece pendiente en un suspenso sin final, en la indeterminación de su condición social. En contrapartida para los familiares, la desaparición conlleva una búsqueda permanente (Crenzel, 2007; Panizo, 2009). Es por ello, como señala Robles (2017), por lo que nuestra historia social singular nos ha conducido a preferir una muerte certera antes que la incertidumbre de una condición indefinida.

En el caso de Lucas, se sabía que no había llegado a su trabajo y que no figuraba en los listados de heridos ni de fallecidos. Se desconocía si había subido a la formación siniestrada, si había estado en el choque y se encontraba perdido o si, efectivamente como sucedió, había muerto en el accidente, pero sin haber sido identificado en el operativo de rescate. La condición de indeterminación para el caso particular se extendió hasta dos días después de sucedido el hecho, cuando fue reconocido por su padre en una filmación de una de las cámaras de seguridad instalada en la estación San Antonio de Padua, subiendo a la formación.

La incógnita que la situación instaló, aunque acotada temporalmente en términos relativos respecto a otras experiencias históricas, fue acompañada de una intensa cobertura mediática del minuto a minuto de lo sucedido en la estación con un pormenorizado seguimiento de la búsqueda, las acciones de sus familiares y el perfil personal de Lucas, quien pasó a la primera plana de las noticias vinculadas al accidente. Tanto es así que la prensa dio a conocer públicamente la confirmación del hallazgo del cuerpo antes de que fuese puesta en conocimiento de sus familiares, convirtiéndola en la primera víctima con nombre y cara conocida: “Hubo un momento en que empezaron a circular versiones de la aparición del cuerpo de Lucas. Como regadera de pólvora fue explotando en quienes la recibían […] Hablé a un celular, dando detalles de lo que nos informaban y prometiendo ser nosotros quienes diéramos la única versión confiable” (Rey, 2015: 58).

Los atributos sociales de Lucas también actuaron simbólicamente como potenciadores del caso. Pudiendo catalogarse bajo lo que Carozzi (2006) conceptualiza como una muerte violenta en plena juventud. Este tipo de muertes son concebidas como anómalas en cuanto que se producen por fuera de las expectativas sociales existentes, respecto de cuándo la muerte debiera producirse acorde a los plazos biológicos esperables. Esta cualidad es la que posiciona a estos tipos de acontecimientos como hechos notorios y memorables (Carozzi, 2006). Las muertes jóvenes violentas también interpelan una dimensión moral nutrida por la interrelación entre el fallecido, el modo de fallecimiento y quién o qué le diera muerte, requiriendo entonces de explicaciones no solo en un sentido que dé cuenta de su mecánica material, sino en un sentido moral y de justicia (Noel, 2013).

Uno de los elementos que jugó en este proceso fue que el accidente encontró en Lucas la personificación de una característica que públicamente se hizo extensiva al conjunto de las víctimas fatales y sobrevivientes del accidente ferroviario. La condición de trabajador que ejercitan y encarnan los usuarios/pasajeros maximizó en términos morales la valorización social de lo acontecido. En palabras de su madre: “Corrió para no perder el tren. Para no llegar tarde [al trabajo]. Para cumplir con su responsabilidad” (Rey, 2015: 56). En el testimonio de los distintos entrevistados, esta situación actúa como agravante, al producirse la muerte de un colectivo cuyo atributo distintivo es la de ser trabajador. El acontecimiento se constituye así en un agravio moral frente a la privación de la vida de quienes personifican una identidad particular. La concepción del trabajo como una actividad legitima y del ferrocarril como medio que posibilita su ejercicio da al choque y sus afectados un carácter diferencial y ponderado^[5].

El capital social de los padres de Lucas Menghini fue otro elemento que también se sumó al caso. La experiencia sindical y laboral en la televisión pública, propia de la trayectoria de uno de ellos, contribuyó a dinamizar la organización del colectivo de familiares, al tiempo que facilitó la llegada de sus acciones a los medios de comunicación, contando con la cooperación de los trabajadores del canal para transmitir los hechos sucedidos en la estación y replicar la búsqueda de Lucas (entrevista a referente 2 del movimiento de Familiares de Víctimas, 2016). Esta situación colocó a sus padres primero como referentes de la tragedia y, luego, del movimiento; se consolidaron como figuras públicas en cuanto voceros de la agrupación y a través de su participación en diversos programas televisivos y notas periodísticas. “María Luján y Paolo, en principio, son los portavoces del grupo por la presencia que ellos tienen en los medios, que, en principio, es por el cómo y el cuándo se encontró a Lucas” (entrevista a referente del movimiento de Familiares de Víctimas 1, 2016). En palabras de María Luján:

Veía periodistas por todos lados. Cámaras, móviles, micrófonos. Algunos me preguntaban a mí y yo solo quería encontrar a mi hijo. No tomé conciencia de las dimensiones, no pensaba en esos momentos que alguien me vería en un noticiero, o me escucharía en una radio” (Rey, 2015: 27).

De hecho, la madre de Lucas terminó involucrada personalmente como referente en distintos casos en los que, según su lectura, fueron producto de una presencia negativa del Estado^[6].

El hito fundante del movimiento de los familiares como tal se dio a poco más de una semana de ocurrido el hecho, a partir de un acto planificado en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, cuando el movimiento alcanzó su composición más acabada, autodefinido como ciudadano y sin banderías políticas: “Tenemos una sola bandera y ninguna otra, la del luto y la de la búsqueda de la verdad […] como ciudadanos debemos creer en la justicia” (“Marcha en plaza”, 02 de marzo de 2012).

En particular, en este tipo de organizaciones, la figura de la víctima es la que habilita una instancia efectiva de agenciamiento y movilización de recursos para el reconocimiento, configurándola como un sujeto privilegiado para la enunciación (Cerruti, 2012). Pero, como se dijo, en el caso de Once, no son los afectados directamente por el accidente quienes se movilizan (sobrevivientes), sino los familiares de los fallecidos. Por un lado, esto lleva a posicionarse públicamente por referencia a los vínculos sanguíneos, debido a su eficacia política. Si se pone la atención en este último elemento, la figura del familiar no debe ser meramente reducida a los vínculos filiales. No es el carácter intrínseco de este atributo lo que conlleva mecánicamente a posicionarse en la arena pública con la capacidad para instalar demandas y reivindicaciones (Vecchioli, 2005). Al hablar de familiares, no se está haciendo referencia simplemente al lazo de parentesco, sino a aquellas personas que, ligadas por lazos de parentesco o amistad con las víctimas, se han convertido en un tipo particular de activistas políticos a través de un tipo singular de denuncia y protesta, condicionada por la no reversibilidad de los sucedido, y que pasa a dirimirse en el plano político frente a una aspiración de reconocimiento de la responsabilidad sobre el hecho de los agentes estatales (Pita, 2010, 2017).

Los elementos mencionados ponen de relieve que la muerte no es solamente la detención del funcionamiento de un organismo biológico. La vida y su suspensión definitiva no pueden concebirse por fuera de la trama social en la que se inscriben (Antón y Damiano, 2010), determinada por el lugar que ocupa quien la encarna, previo a su desaparición física y de acuerdo a la forma y los motivos en que esta se produce. En este sentido, la muerte de un cuerpo es también el desarme de un conjunto de relaciones sociales (Marín, 1996). Puede agregarse que la muerte es también productora de otros ordenamientos que se anudan, de cierto modo, en torno a quienes mutan su condición social a la de fallecidos y que operan en el campo de la acción.

Familiares. En la contienda

En su organización, los familiares desplegaron la capacidad de traducir el accidente en acción colectiva, dejando de lado el carácter extraordinario de su emergencia para configurarse como una organización que logró proyectarse en el tiempo para llevar adelante sus reivindicaciones. En este sentido, desplegaron un conjunto particular de formas de acción, como actos, concentraciones y otro tipo de expresiones colectivas, mediante las cuales instalaron sus demandas en la escena pública. Complementariamente, tendieron a visibilizar los principios que dieron lugar a su nucleamiento a través de la lectura de documentos, su grado de involucramiento con la causa mediante la realización de reuniones periódicas en el espacio público, la cantidad y tipo de participantes convocados, entre los cuales se encontraban figuras reconocidas comprometidas en la defensa de los derechos humanos o familiares de víctimas con trayectorias asimilables^[7], a la par que recurrieron a ciertos atributos que contribuyeran a su homogeneización y a la consolidación de una identidad propia.

Acorde a estos elementos, el agrupamiento puede conceptualizarse bajo la categoría de movimiento social propuesta por Tilly y Wood (2010). Esta puede definirse como una forma de contienda política en la que diversos intereses se ponen en tensión con los de otros grupos, al tiempo que interpelan a los gobiernos como objeto de la reivindicación, aliados de esta u árbitros de la disputa.

En este terreno, el dolor o la indignación operan como elementos en la configuración de una antinomia entre “apoliticidad impoluta” (fundada en la dimensión afectiva-emocional) y “perversa política tradicional” (Cerruti, 2012). Sobre la base de los elementos que aportan a la construcción de su legitimidad, resulta favorable a este tipo de organizaciones mostrar su “inocencia” al resto de la sociedad, apelando a su condición ciudadana e interpelando la escena pública desde esa posición. Paradójicamente, una mayor participación redunda en la adquisición de habilidades por parte del colectivo movilizado para transitar por el ámbito público, tensionando dicha “ingenuidad” inicial de la figura de la víctima y produciendo un acercamiento a la dimensión política, pese a haber partido de un presunto distanciamiento de ella (Schillagi, 2017). En esta dirección, los familiares de Once sentaron posición respecto a la cualidad apolítica de su acción, a partir de una distinción por ellos efectuada entre lo politizado y lo político.

En este sentido, existió un reconocimiento por parte de los familiares de que su accionar implicó una determinación en el campo de lo político, aunque con la salvedad de que este fue en ausencia de una identificación con un signo partidario que pudiera sesgar sus manifestaciones. La acepción de lo político también referirá a la atribución de responsabilidades al Gobierno nacional: los muertos serán muertos políticos en cuanto producto del accionar de funcionarios del Gobierno. Como señala Pita (2010), son muertes de “vidas no políticas”^[8] que se configuran como “muertes políticas”^[9] en cuanto producidas desde los poderes del Estado. La dimensión política también estará presente en el progresivo posicionamiento en la escena pública de los Familiares de Once en antagonismo al Poder Ejecutivo, eje de confrontación que, en la evolución del movimiento y en la maduración de la problemática ferroviaria, fue profundizándose. Ejemplo de cómo se inició esta confrontación es el cruce mediáticamente recuperado entre referentes del movimiento y funcionarios del Gobierno nacional, suscitado a partir de las declaraciones públicas de estos últimos con relación al accidente^[10]. Dichas intervenciones fueron interpretadas por los familiares como una forma de culpabilizar a las víctimas (Rey, 2015).

Respecto a sus demandas, los familiares de Once instalaron la demanda por justicia para las víctimas del accidente y la inscribieron en un plano más amplio, ponderando la necesidad de proteger los derechos de los usuarios, cotidianamente vulnerados y expuestos a constantes maltratos por las condiciones en que viajaban. En este escenario, abrieron la problematización en torno a la violación de los derechos humanos en democracia. Como señala Pita (2010), en términos genéricos, frecuentemente existe un universo de reclamos y denuncias compartidos entre el movimiento de familiares y amigos de las víctimas con el movimiento tradicional de los derechos humanos en nuestro país. Pereyra (2005) señala que el problema de la impunidad y los reclamos de justicia a ella asociada encuentran esas consignas como un “legado” de los movimientos históricos de familiares afectados por el terrorismo de Estado. Complementariamente, Caravaca (2013) plantea que las memorias sociales sobre el pasado reciente, particularmente aquellas vinculadas a la violencia y el terror del Estado, pueden ser entendidas como herramientas sociales que contribuyen a legitimar determinadas protestas o demandas.

Este contexto resultó favorable a que los familiares pudieran instalarse con fuerza en la escena pública, aun cuando apelaron a una forma de expresión convencional de la acción colectiva como los actos (Tarrow, 1999), encuadrados dentro de los mecanismos habilitados institucionalmente para la protesta social y cuya magnitud no fue necesariamente su rasgo distintivo. Como se relató en el párrafo que abrió este capítulo, en muchas ocasiones sus concentraciones fueron acompañadas de otras performances colectivas, como instalaciones, murales, suelta de globos, entrega de crespones negros, encendido de velas, lectura de poemas, canciones, bocinazos. Sus acciones tuvieron una lógica de protesta que procuró persuadir a la opinión pública y generar costos políticos sobre los destinatarios de la acción (Rebón y Hernández, 2016).

Progresivamente, su público posicionamiento se fue configurando en las antípodas del Gobierno nacional. El contenido de los documentos leídos reforzó la definición de este eje de confrontación. Los funcionarios del Gobierno con cargos ejecutivos en dependencias administrativas con injerencia sobre el sistema ferroviario fueron en quienes se puso especial énfasis por defraudación en el cumplimiento de sus funciones públicas, por lo cual se les atribuyó la responsabilidad. También se interpeló en forma directa a la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, señalando el abandono del Estado a los familiares luego de ocurrido el accidente.

Legitimados socialmente e instalados públicamente, los familiares de Once aportaron a que la temática ferroviaria ganara espacio en distintas arenas de discusión, que la jerarquizaron como problema y cuyas lógicas particulares operaron como dinamizadoras de un conjunto de acciones desplegadas por actores que se movilizaron en torno a la cuestión, hasta configurar a los ferrocarriles metropolitanos en un problema de carácter público (Hernández, 2017).

Las implicancias de la movilización

Ocurrido el accidente y perpetuado en sus resultantes por el accionar de los familiares de las víctimas, el sistema ferroviario metropolitano fue ocupando espacios como tema de preocupación en la escena pública. Una diversidad de actores participó de este proceso, al jerarquizar la emergencia de la temática en arenas tales como el sistema judicial y político y en distintos ámbitos de la cultura, como la academia, los medios de comunicación y el mercado editorial (Hernández y Saferstein, 2017).

En cada uno de estos espacios, los ferrocarriles fueron problemáticamente retomados bajo las lógicas particulares de cada ámbito, que operaron como dinamizadoras de un conjunto de acciones a ellos asociadas. La circulación de la temática por estos espacios contribuyó a identificar los elementos explicativos que los distintos actores le asignaron con mayor o menor éxito a la cuestión, en términos de responsabilidad y causalidad en función de su mayor o menor capacidad para instalar una visión respecto a la situación problemática (Loseke, 2007; Gusfield, 2014).

En este marco, en función de sus atributos, los familiares se conformaron como portavoces de la cuestión, a la par que el movimiento generado en torno al caso hizo que periodistas, editores, políticos, jueces y fiscales protagonizaran los debates en torno al tema. Las distintas controversias dadas en cada arena particular comenzaron a traslucir y consolidar la idea acerca de la existencia de un entramado de corrupción como elemento explicativo de la mala calidad del servicio y la producción del accidente.

Los ferrocarriles se instalaron problemáticamente, caracterizados como un sistema altamente degradado, sin control por parte del ente regulador del servicio, explotado por empresas privadas con una racionalidad signada por un comportamiento predatorio a fin de contribuir a la maximización de sus ganancias y con funcionarios ocupados de la cartera de transporte corrompidos.

La compaginación de estos elementos llevó a que los ferrocarriles metropolitanos se consolidaran como un problema social de carácter público, cuyo descriptor más sintético se articuló en torno al axioma “La corrupción mata” (Hernández, 2017). Dicha fórmula permitió ordenar el conjunto de elementos que configuraron una explicación respecto de lo sucedido y que se hizo extensiva a amplios espacios sociales que la adoptaron para caracterizar y referirse el caso Once.

Este diagnóstico contribuyó a caracterizar un tipo específico de la práctica de la corrupción, que expresó una radicalización de las potenciales consecuencias que esta pudiera tener, en el sentido de que la corrupción resultó ser más que una mera apropiación económica de fondos del Estado por parte de sus funcionarios debido a que, en su resultante mediata, llegó a tener la capacidad de “matar”.

En el ámbito judicial, esta visión fue reforzada con la resolución de juicio oral^[11] por el choque de Once que culminó con la condena a 21 de los 28 imputados en la causa, entre los que se encontraban directivos, funcionarios y empleados de jefatura de TBA y Cometrans (su controlante), junto a los exfuncionarios a cargo de la cartera de Transporte y el maquinista. Las condenas fueron desde los 9 años de prisión para Claudio Cirigliano, presidente de TBA, por ser coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y autor de estrago culposo agravado, pasando por la condena de 8 años de prisión e inhabilitación especial perpetua al exsecretario de Transporte Schiavi por ser partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta y autor de estrago culposo agravado, hasta la condena por estrago culposo del maquinista Marcos Antonio Córdoba a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación para desempeñarse como conductor de formaciones ferroviarias por el término de 7 años^[12]. Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, exresponsables de la CNRT, resultaron absueltos. Aun con la sentencia, la causa continuó su curso en la identificación de las responsabilidades políticas, que culminó con el desarrollo del juicio oral contra Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio del Gobierno kirchnerista. Recientemente, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta de bienes del Estado y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, a la par que absuelto por el delito de estrago culposo (CIJ, 10 de octubre de 2018)^[13]. Al respecto del proceso judicial, de su celeridad y de la estructura de responsabilidades establecida, una de las referentes entrevistadas aludía al proceso del siguiente modo:

También con la mirada de la justicia, una mirada abierta, una mirada bastante rara en la historia de la justicia de nuestro país que, ante un hecho penal, decida mirar para atrás y haga una investigación tan amplia y procese a 29 personas, entre ellos funcionarios del orden nacional de gobierno (entrevista referente del movimiento de Familiares de Víctimas 3, 2016).

Fue así como, paradójicamente a la responsabilización del Gobierno nacional y las condenas a los funcionarios encargados de la cartera de Transporte y Planificación, se produjo un giro en la política sobre el sector, que inició una etapa de aceleración en las transformaciones del sistema. Estas consistieron en el avance del Estado en la asunción progresiva de funciones empresarias a partir de la recisión de los contratos a los distintos operadores privados, proceso que culminó bajo responsabilidad directa del Estado de cinco de las siete líneas que integran la red. Este proceso estuvo acompañado por distintos planes de obras e inversión que contribuyeron a la modernización del sistema. Entre los cambios pueden mencionarse: incorporación de nuevas formaciones, remodelación de estaciones, reparación de vías, obras de señalización y obras de mantenimiento e infraestructura en general.

En materia de organización burocrática administrativa gubernamental, la Secretaría de Transporte fue elevada a rango de ministerio a través de su traspaso a la órbita del Ministerio del Interior, que pasó a denominarse Ministerio del Interior y Transporte, manteniendo en su cargo ejecutivo a Florencio Randazzo. La jerarquización de la Secretaría de Transporte se realizó argumentando acerca de la importancia de desarrollar las áreas con especial relevancia en la calidad de vida de los ciudadanos, a fin de perfeccionar el uso de los recursos públicos, incrementando la calidad de la acción estatal, avanzando en un reordenamiento estratégico que permitiese concretar las metas políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública (Decreto n.° 874/2012).

En materia legislativa, este procesó culminó en el año 2015 con la sanción y promulgación de la Ley de Ferrocarriles Argentinos n.° 27.132. Para los ferrocarriles de pasajeros de la RMBA, la ley promovió la reorganización del sistema poniendo al Estado en un rol protagónico en la explotación del servicio de trenes. En definitiva, terminó regulando un modo de funcionamiento del sistema, reconociendo en su letra responsabilidades que de hecho el Estado nacional venía asumiendo previo a su sanción.

¿Desde dónde? ¿Hacia dónde?

Los Familiares y Amigos de Víctimas y Heridos de la Tragedia de Once se consolidaron como un actor relevante tanto para el sistema ferroviario en particular, como para la sociedad en general. En su movilización lograron consolidarse como un actor legítimo con capacidad para reclamar, viabilizar sus demandas y contribuir al proceso de definición colectiva circulante en torno a la problemática ferroviaria. En este marco, “La corrupción mata” no solo se convirtió en la bandera del reclamo, sino que también se enraizó en la sociedad, determinando el modo bajo el cual pasó a representarse el sistema de trenes metropolitanos.

En la evolución del movimiento y de las transformaciones que se fueron sucediendo en este proceso, sus dos principales demandas tuvieron réplica tanto en el Poder Judicial como en el Estado nacional. Como se dijo, el juicio oral tuvo su desarrollo y avanzó en la sentencia de la mayoría de los procesados, tras lo cual siguió con el enjuiciamiento y condena a funcionarios de alto rango. Sus demandas por mejorar las condiciones de prestación del servicio también tuvieron en parte una respuesta con los cambios producidos en el modo de organizar socialmente la prestación, sumado al proceso de modernización y reconversión iniciado.

Satisfechos sus objetivos fundacionales, ¿hacia dónde va el movimiento? Algunos elementos pueden ser indicativos de la direccionalidad asumida. El cambio de signo político del Gobierno del Estado, con la llegada a la gestión pública de la Alianza Cambiemos, instaló diferentes condiciones en la relación con los familiares.

La referente principal de la organización, en su trayectoria personal^[14], inició una relación laboral con el equipo de comunicación de la gestión bonaerense de la gobernadora María Eugenia Vidal en la Dirección Técnica y Social. Desde su visión, la incorporación de nuevas figuras al campo de la política colabora en un proceso de transformación y redefinición de las metas en ese ámbito, destacando, por ejemplo, la incorporación de Carolina Píparo a la gestión de Cambiemos como diputada provincial electa (Santillán, 1 de septiembre de 2017). En conjunto, e incorporando a referentes de una heterogeneidad de casos, conformaron el grupo “Para que no te pase”^[15], desde el cual motorizaron y participaron activamente en el desarrollo de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos sancionada en el año 2017 y actualmente reglamentada. De acuerdo con la norma, será víctima toda aquella persona personalmente afectada por un delito. También los allegados directos de quienes quedaran, por tal razón, en una condición irreversible. Con la ley en funcionamiento, se dispuso la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos, integrado por una comisión de afectados (Halfon Laksman, 12 de noviembre de 2017; “Reglamentaron la ley”, 9 de mayo de 2019).

En paralelo, los integrantes del movimiento de familiares de Once tuvieron un encuentro con el entonces presidente Mauricio Macri. Dicha reunión fue ponderada como un gesto de acercamiento institucional. En la reunión instalaron un conjunto de preocupaciones de orden legislativo y ratificaron su posicionamiento respecto a diferentes proyectos, como el de la Ley de Extinción de Dominio, que permite que los bienes y el dinero producto de la corrupción puedan ser recuperados por el Estado y que se avance en la imprescriptibilidad de este tipo de delitos para los funcionarios públicos.

En el nuevo contexto político, los familiares encontraron un horizonte de oportunidades institucionales favorable al avance de sus preocupaciones. La trama argumental consolidada para el caso ferroviario vinculada a la corrupción en el servicio encontró el reposicionamiento que el tema de la corrupción del sistema político y la transparencia como solución tiene hoy en día en la agenda pública, particularmente anudada a la gestión de los Gobiernos kirchneristas. Este horizonte contribuyó a la redefinición de sus metas y a la expansión de su agenciamiento político hacia otros terrenos.

Referencias bibliográficas

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Entrevista referente N° 1 (13 de abril de 2016), Movimiento de Familiares de Víctimas, Haedo, Buenos Aires.

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Entrevista referente N° 3 (22 de julio de 2016), Movimiento de Familiares de Víctimas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires.

Entrevista referente N° 4 (15 de mayo de 2016), Movimiento de Familiares de Víctimas, San Antonio de Padua, Buenos Aires.

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