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5 Morir y luchar en las pampas

Violencias y activismos en un pueblo bonaerense

Evangelina Caravaca

Introducción: ¿cómo anda tu Twin Peaks?

Hace algunos años una colega me consultó por los vaivenes de mi trabajo de campo en un pueblo bonaerense. Más precisamente, dijo “¿Cómo anda tu Twin Peaks?”. Entre risas llegamos a la conclusión de que había varios factores para pensar la relación entre esta mítica ficción y nuestros campos.

Aclamada película y serie de televisión, Twin Peaks pone en escena cómo la muerte de una joven llamada Laura Palmer transforma a los habitantes de un pueblo en duelantes al tiempo que en posibles culpables de su muerte. El ojo de David Lynch, director y coautor, nos introduce en un tiempo y espacio particular: un apacible pueblo maderero que un día despierta con el cuerpo de su reina de belleza muerta y envuelta en plástico sobre la costa. Y desde su aparición nada es, o al menos nada parece ser, lo mismo: tiempo, actores, humores y rumores se ven sacudidos con esta muerte y con los dilemas que pone en escena.

Pero, ¿por qué mencionarla al inicio de este texto? En primer lugar, porque esta ficción dramatiza una muerte espectacular, pero también el universo de una víctima (con una vida que se nos devela llena de misterios y peligros), de sus padres (sus responsabilidades, sus dolores), de su pares generacionales (sus peligros, sus miedos y sus luchas) y también de una pueblerina policía local, una muerte que sacude todo. Porque además se estructura como un drama clásico que pone en el centro de la escena el problema de la localización y de la escala: para comprender esta muerte (y estas vidas), resulta preciso atender a las formas en que sus habitantes viven, piensan y construyen este pueblo tan común como extravagante.

Veremos a lo largo de estas páginas que este texto no tomará como insumo de análisis una ficción, sino una investigación sociológica en la ciudad bonaerense de Baradero, en donde tuvieron fuerte impacto la muerte de tres jóvenes locales. Prestaremos especial atención a la escala y la localización como dimensiones relevantes para pensar en los elementos y procesos sociales que confluyen en la construcción de un caso o en su reverso, un no caso.

Lejos del pueblo maderero que retrata Twin Peaks, Baradero es una pequeña ciudad dedicada mayoritariamente a la actividad agropecuaria. El pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires, la primera colonia agrícola del país y sede del Festival de Música Popular que lleva su nombre son algunos de los hitos por los cuales esta pequeña ciudad es reconocida.

En los últimos años, la muerte de jóvenes en general y de motociclistas en particular adquiere una gran relevancia en la ciudad. Allí que el tránsito, los usuarios de motocicletas, los accidentes viales junto a las víctimas de la llamada “inseguridad vial” ocupan un lugar de gran relevancia para pensar las violencias a nivel local. Es por ello por lo que nos ocuparemos de analizar el impacto de ciertas muertes de jóvenes enmarcadas en historias, procesos y tensiones locales que las clasifican al tiempo que las tornan visibles (o invisibles).

Presentación del caso

El 21 de marzo de 2010, M. y G. mueren en un accidente vial en el centro de Baradero. La moto que conducían estos dos jóvenes choca contra la camioneta de control de tránsito. Esta suerte de paradoja –quienes deberían cuidar o controlar son en cambio partícipes del accidente– propició protestas y puso en escena nuevas y viejas tensiones locales.

Como en todo estallido social, el 21 de marzo sucedieron varias cosas al mismo tiempo: un cúmulo de curiosos, vecinos y familiares comenzaron a llegar a la zona del accidente. La camioneta de control de tránsito fue incendiada en poco tiempo. No había pruebas pero tampoco dudas: la muerte de estos jóvenes era responsabilidad de los agentes de tránsito y, por lo tanto, del municipio.

En la plaza central ubicada frente al Palacio Municipal, comienza a reunirse gente. La economía del rumor indica que fue el padre de unas de las víctimas quien arrojó la primera piedra contra el edificio municipal. En poco tiempo ya eran cientos los que atacaron el edificio, y se desata un incendio, al tiempo que el galpón con las motos confiscadas por los inspectores de tránsito es saqueado. La presencia de medios de comunicación nacionales resultó tan rápida que son varios los vecinos que se enteran de los sucesos viendo la televisión.

Como las capas de una cebolla, el estallido ponía en escena una diversidad de eventos, actores y dolores: familiares de los jóvenes, pares generacionales y vecinos formaron parte de un evento que partiría la historia local en dos: antes y después del estallido. Viejas y nuevas tensiones sociales (y morales) anudaban a la muerte de estos dos jóvenes un extenso historial de usos y abusos por parte de los inspectores de tránsito.

Marcela y Romina[1] son las madres de M. y G. Si bien se conocían de vista por cuestiones escolares (sus hijos asistían al mismo colegio secundario), y porque allí se “cono[cen] de vista todos”, no establecieron un vínculo hasta la muerte de sus hijos. Las dos van a desarrollar intervenciones públicas desde diversas actividades (marchas, programas radiales, participación en debates legislativos) en donde ponen en juego un conjunto de nociones sobre la muerte de sus hijos y sus supuestos responsables. Pita (2010) y Pereyra (2008) sostienen que la noción de familiar de víctima puede pensarse como una entidad moral, como una esfera de acción social, como un espacio ético dotado de positividad y capaz de despertar emociones, sentimientos, reacciones, y por tanto de toda una serie de deberes, obligaciones y prohibiciones.

En el mes de junio de 2010, a tres meses de la muerte de su hijo, Marcela asiste a una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante de su ciudad[2]. La sesión tuvo como objetivo debatir las responsabilidades del gobierno comunal en el accidente y especialmente evaluar la posible suspensión del intendente. Una nota publicada en el portal Baradero Hoy narra la sesión y titula: “Cachetazo y espalda para el pueblo: A Marcela, cinco concejales no la pudieron mirar a los ojos” (Fuente: Baradero Hoy, 6/06/2010).

Creemos que es a través de un proceso que tiene apoyo en diversas prácticas integradas al ámbito de la vida cotidiana a través de lo que la figura de un familiar de víctima se va constituyendo en la arena pública. Pero además, estas prácticas cotidianas van a ser entendidas en el marco de una economía moral de resistencias. En un mismo sentido, el “mirar a los ojos” del título de la nota describe una distancia moral clave entre el familiar de la víctima y los políticos locales: para el periodista, Marcela es una voz pública dotada de la positividad social del familiar de la víctima. La votación se da a favor del intendente por un solo voto. Marcela expresa su descontento ante medios locales:

Me voy mal porque como no le sucedió a ellos no les importa, solo quieren cobrar, a pesar de que la mayoría votó a favor de la suspensión no me llevo nada. Esto es lo que tenemos en Baradero, una manga de sinvergüenzas (Baradero Hoy, 2010).

Son varias las oportunidades en que Marcela va a referirse a los políticos locales como “sinvergüenzas”. Creemos que en esta adjetivación, compartida por algunos pares generacionales de M. y G., se condensan historias y procesos locales más amplios que van a dotar de ciertos sentidos al caso: estas muertes, construidas bien como injustas o innecesarias, van a ser colocados en la punta de un historial más amplio. Allí que muchos entrevistados sostengan que fue “la gota que rebalsó el vaso”.

En febrero de 2011, Marcela mantiene una reunión con el ministro de Justicia provincial. En esa ocasión, entrega un petitorio al entonces gobernador provincial Daniel Scioli (2007-2011), donde se exige la renuncia del intendente local:

Los abajo firmantes solicitamos la renuncia del intendente Carossi para restablecer la paz social en el pueblo de Baradero y que nunca más ocurran hechos atroces como los que le ocurrieron a nuestros hijos (Baradero te Informa, 17/11/2011).

Los argumentos de la carta movilizan un conjunto de obligaciones y prohibiciones sociales potenciadas en su rol social de familiar de víctima. Sus responsabilidades no atañen únicamente a su hijo, en cuanto víctima, sino a una comunidad que ha sido vulnerada en su totalidad con esa muerte. Asimismo, sus acciones son justificadas en cuanto recuperan “la paz social”. Nuevamente, la inscripción de estas muertes en una historia local más amplia dota al caso de una legitimidad novedosa: ya no se trataría de un accidente vial común y corriente (un padecimiento local muy extendido), sino que, por el contrario, son las acciones de familiares y pares generacionales las que logran producir un relato que las vincule directamente con la responsabilidad estatal. Allí, nuevamente, recae fuertemente el peso de una historia local de tensiones y agresiones: desde esta perspectiva, estas muertes vendrían a graficar, de un modo extremo, un trato persecutorio para los usuarios de motos en general y jóvenes en particular.

A días de cumplirse el primer aniversario, en marzo de 2011 Romina, madre de G., participa de un encuentro con el intendente. Posteriormente, declarará a los medios locales:

Yo no voy a cambiar la muerte de mi hija por los votos de nadie.

Los que mataron a mi hija siguen trabajando y andando en la calle como si nada (Romina, 17/03/2011).

En su relato, el universo de la política, representado aquí en la máxima figura de autoridad local, es construido en oposición al universo del familiar de la víctima: la muerte no se cambia por un voto –o un conjunto de votos–, ni es posible de ser equiparada con tal cosa. Más aún, con la mención a los funcionarios que “siguen trabajando y andando en la calle como si nada”, la intervención del familiar consagra la división de dos universos morales: el de los familiares, junto a allegados, y el universo político. Dos formas de vivir construidas en oposición. Sobre las protestas que se llevan adelante, Romina menciona en una entrevista:

Yo te digo, de mi sentimiento es porque no les pasa, y yo no voy a obligar a nadie a hacer algo que no quieren o que no sientan, porque si yo voy a una marcha es porque siento que quiero apoyarlos o que estoy con ellos (Romina, entrevista, 8/09/2010).

En la experiencia de un familiar de víctima, creemos que se yuxtaponen dimensiones públicas y privadas que dan lugar a fuerzas sociales que son tanto individuales como colectivas. En la mención de Romina, el sentimiento vinculado a un sufrimiento es individual, pero tiene un correlato colectivo. El acompañamiento en una marcha es vivido como un sentimiento compartido. Así, la puesta en movimiento de una oposición que contendría dos mundos (familiares de víctimas/políticos) resulta útil para comprender cómo los familiares construyen una demanda de “justicia” en función de los valores que les atribuyen a la familia y a la esfera de la política (Zenobi, 2012).

En los relatos de los familiares, las violencias son mencionadas en oposición a sus prácticas: la política de control de tránsito es construida como una política represiva que traspasó un umbral moral:

Que no use casco, nadie derecho en matarte a mí por no usar casco, yo no digo que esté bien. Está bien que te saquen la moto y todo lo que quieras, hay formas y formas de hacerlo, como dijimos, pero al punto de matarte, no (Romina, entrevista 08/09/2010).

Así, estas prácticas son entendidas en el marco de una economía de violencias, que tendría en los jóvenes sus principales destinatarios.

Si mirás a quienes perseguían, eran todos menores, nunca decían voy a perseguir a esta persona que es mayor de edad, siempre chicos […]

Nunca hicimos lío, nunca rompimos nada, nosotros la justicia la pedimos, vos fíjate que la pedimos de buena forma, qué sé yo, y nada de ir a los gritos, porque vamos en silencio y nada más (Romina, entrevista 08/09/2010).

De un mismo modo, las protestas son narradas en oposición a la violencia, y estas son pensadas como un límite moral: resistir y denunciar las violencias de Estado, al tiempo que el discurso de los familiares opera marcando otro gran límite moral.

Nuevamente las violencias aparecen en los discursos de familiares y pares generacionales como un umbral: la jornada del 21 de marzo que describimos al inicio es justificada solamente por la forma en que mueren los jóvenes (“tirados como perros”), pero no es celebrada ni legitimada en sus formas (en oposición, los familiares sostendrán “nunca hicimos lío, nunca rompimos nada”). Allí que legitimar estas muertes supondrá un ejercicio que las distancian claramente del estallido.

Devenir familiar: el pueblo como testigo

En octubre de 2010, Marcela y Romina son invitadas a participar del debate “Baradero, un antes y después”, organizado en un club local. Mientras que el resto de los oradores pertenece, aún con matices, a los sectores medios de la ciudad con profesiones vinculadas a las esferas de la función pública y la docencia, los familiares pertenecen a los sectores populares pauperizados de la ciudad, marcados por la inestabilidad laboral. En su primera intervención, Marcela sostiene:

Seguimos siendo hipócritas, el 21 de marzo marcó mi vida. Yo creo que uno vota por los gobernantes, porque supuestamente son más que uno, y tienen que responder al pueblo, así como nosotros respondemos con el voto. El pueblo estuvo, porque han sabido lo que eran los chicos.

Al frente del municipio tienen que poner a personas capacitadas, no a cualquiera, acá nadie sabe nada, lo ponen y sale a la calle (Marcela, 11/10/2010).

En primer lugar, sobresale la marca subjetiva como límite moral: los demás expositores son convocados como “voces expertas” para hablar de un evento que entienden el marco de un “problema social mayor”. Marcela delimita al evento como un quiebre en su vida, como una marca esencialmente subjetiva.

Acá todo te cobran, el abuso que hacían corre por todas partes. Siempre paga el pobre, el que no tiene derecho a nada, o el que no tiene doble apellido (Marcela, 11/10/2010).

En su intervención se reitera la cuestión de clase como un factor central para explicar no solo la jornada, sino también la muerte de su hijo. Cuando los demás expositores evitan, en la mayoría de los casos, referirse a las distancias de clase, Marcela coloca esta problemática en el centro del argumento, para más adelante hacer el mismo ejercicio cuando narra las dificultades de acceso a la justicia de los sectores populares.

Posteriormente en el debate, la exposición de Romina se enfoca en la “calidad humana” de sus hijos, para de esta forma enmarcarlos eventos de la jornada:

La gente sabe, conoce a los padres, los chicos se hicieron querer por mucha gente. La gente estaba como cansada. No es a los primeros chicos que corrían, era sabido que esto iba a pasar, desgraciadamente nos tocó a nosotros. Como madre, si le pasaba a otro, hubiera estado ahí. No eran malos chicos, estudiaban, iban a la escuela, no andaban en la calle (Romina, 11/10/2010).

Sobre este último fragmento, vale recordar que las evaluaciones morales sobre el comportamiento legítimo (o ilegítimo) de un hijo habilitan o deniegan moralmente la posibilidad de reclamar en el espacio público, puesto que no es solo el prestigio del muerto en cuestión, sino también el del propio círculo familiar o social el que está puesto en juego (Bermúdez, 2015). Sobre las formas de vivir, Romina menciona en una entrevista:

Les tocó a los chicos que no les tendría que haber tocado porque eran excelentes personas, porque eran chicos normales, ninguno estaba metido ni en drogas, ni fumaban. El mismo grupito siempre salían juntos y volvían juntos (Romina).

Así, los familiares ponen en funcionamiento narraciones sobre la muerte, pero también sobre las vidas de estos jóvenes, que habilitan y legitiman de diferentes maneras sus formas de intervención y protesta en el espacio público.

Meses después de la muerte de su hijo, Marcela se convierte en la portavoz del reclamo de justicia, a través de la participación en programas de radio, debates, marchas y actos conmemorativos, y menciona en referencia a los hechos del 21 de marzo:

Esto nos pasa a nosotros por crotas. Mi hijo era perseguido y burlado por los inspectores “zorros”, por ser un pibe pobre, un pibe que salía a bailar con 15 pesos. Fíjate de lo que te estoy hablando (Marcela, entrevista, 10/09/2010).

Nuevamente, la noción de clase es fundamental para comprender las formas en las que estas muertes son construidas y narradas a nivel local. Aquí, los valores del joven “pobre, que salía ir a bailar con 15 pesos” operan como un límite moral que la transforma automáticamente en una muerte injusta: es decir, las propiedades personales del muerto y los valores que se construyen sobre él operan permitiendo o denegando la posibilidad de reclamo o justicia sobre esas muertes.

Para hacer justicia, me tengo que enfrentar al gobierno, eso es lo que hacemos (Marcela, entrevista, 10/09/2010).

 

Marcela es la peleadora, la que se anima a enfrentar al gobierno (Romina, 9/10/2010).

Romina menciona que la inspectora involucrada en el accidente realizaba aún funciones en la Secretaría de Tránsito: un amigo de su hija fue a retirar su credencial y al reconocerla exigió ser atendido por otro funcionario. Las representaciones sobre la impunidad a niveles locales ocupa un lugar central de su argumento:

Es que, imagínate, es como ver al asesino de tu hijo, y está ahí, no lo sacan, nos quieren provocar todo el tiempo, quieren que reaccionemos (Romina, entrevista, 15/11/2010).

 

Las víctimas del poder somos nosotros, son nuestros hijos (Marcela, entrevista, 10/11/2010).

Aquí, la escala cobra especial relevancia para comprender las formas en que familiares y allegados construyen públicamente un caso y negocian cotidianamente conflictividades. La cercanía y cotidianidad con los responsables es vivida como una provocación. Y una de las tareas más complejas que deben afrontar los familiares es no caer en las mismas. Creemos que en la gestión de estas conflictividades y cercanías se pone en juego una parte considerable del estatus de estos familiares de víctimas.

En la gestión de esta conflictividad, los familiares mencionan algunas prácticas, entre ellas “cuidar la causa”, salir en los medios locales recordando lo que pasó, y no “responder las provocaciones de la intendencia”. Porque, además, una parte considerable de estas acciones se ven influenciadas por las representaciones que estos actores mantienen sobre el funcionamiento del mundo jurídico. Estas representaciones delimitan formas y prácticas de comportamiento que son entendidas como más eficaces (Zenobi, 2012).

En un mismo sentido, entienden como una provocación del poder local la persistencia en sus cargos de los inspectores involucrados en el accidente. Romina cree que deben sortear esta provocación para que “la causa no se manche”. Y menciona sobre las demoras en el proceso judicial:

Pero yo creo que en un caso de estos, no tenés que dejar pasar el tiempo, porque si tenés muchas pruebas, porque hay muchas pruebas, testigos hay un montón, entonces, ¿qué estamos esperando? Si nosotros no íbamos el martes, cuando fuimos ni se preocupan, total dicen: “Esa gente ni se preocupa, vamos a verlo más adelante”. No, si nosotros fuimos ese día, nos dijo: “Les voy a dar una fecha para antes de Navidad, el martes llamó al abogado para darles la fecha”. Si nosotros no íbamos, no había ninguna fecha. Es como que, si uno no lo apura, ellos no se van a apurar, ¿por qué? Porque a ellos no les pasa. También son chicos, son como distintas cuestiones, están como cubriéndose, el poder se cuida mucho ahí. Se cuidan entre ellos y acá lo que pasa es que hay mucha gente metida en todo, como el intendente, como los que rodean a todos (Romina, entrevista, 15/11/2010).

Esta descripción sobre el universo del sistema de justicia y sus atributos consolida un imaginario de justicia en cuanto péndulo: castiga, pero al mismo tiempo tolera ciertas formas de violencias y coacciones. De esta forma, la justicia es narrada como un terreno incierto, colmado de obstáculos, desigualmente distribuida y atravesada por poderes y tensiones locales. De ese modo, prevalece en muchas de las interpretaciones de familiares y allegados una tendencia a pensar las violencias y problemáticas locales únicamente en términos locales: lo local se explica por lo local.

Las muertes de M. y G. junto a los eventos del 21 de marzo van a consagrar una bisagra local, de forma tal que algunos entrevistados se referirán a los eventos del estallido como una “herida”. Creemos que la productividad de familiares, pares generacionales y actores locales (periodistas y políticos) logró insertar estas muertes (y con ello ciertas prácticas) en una historia local que clasifica estas violencias y con esto las torna visibles. A través del análisis de este caso, es posible advertir la impronta de la historia local, con su intensidad y acumulación, para dotar de sentido a estas vidas y a estas formas de morir.

Nuevo caso, nuevos dilemas

La noche del 11 de febrero de 2011 se celebraba el evento cultural más convocante de la ciudad, el Festival de Nacional de Música Popular de Baradero. L. tiene 19 años y charla con un amigo en una plaza. Prenden sus motos cuando ven un patrullero. El policía Gonzalo Kapp[3] le dispara a L. dos tiros por la espalda. Al igual que el año anterior, un joven motociclista muere esta vez en manos de la policía provincial.

“A mi hijo lo mataron como a un perro y lo dejaron tirado sin prestarle auxilio médico. Yo sé que a mi hijo lo mató un policía y no la Policía”, dice Daniel, padre de L., a diferentes medios nacionales. Sostendrá en reiteradas ocasiones “que no [quiere] politizar la muerte de [su] hijo”, entendiendo que lo que ocurrió fue el producto de un “maldito policía” y que no sería un problema estructural de las fuerzas de seguridad.

Si bien la muerte de L. es entendido judicial y políticamente como un caso de gatillo fácil, donde las prácticas violentas de la policía se tornan más explícitas, sus familiares y allegados van a resistir al uso de la retórica de los derechos humanos.

El 13 de febrero de 2011, el padre de L. está parado frente a la comisaría local. Lo acompañan amigos, jóvenes en motos y diversas agrupaciones sociales. Empujones y neumáticos en la puerta de la comisaría daban forma a una situación que “parecía estallar en cualquier momento”. La llegada de cerca de cien oficiales de la policía bonaerense hacía eco de esta lectura: la administración local “debía” frenar un estallido como el ocurrido el año anterior.

A diferencia de los eventos del 2010, donde la impronta estuvo dada por actores locales, la naturaleza de la muerte de L. congregó a organizaciones docentes y de trabajadores junto a movimientos sociales y de derechos humanos que arribaron a la ciudad en solidaridad. La presencia de estas organizaciones y movimientos será entendido por familiares como un intento de “politizar” el caso, y destacaban el hecho de que no eran locales.

Entre empujones y cámaras que televisaban en directo, el padre exige que no haya violencia y pide a los jóvenes que se retiren “pacíficamente”. Frente a la multitud que se reúne, ya no es un vecino más.

Esta actitud visibiliza su rol de familiar al tiempo que consagra una imagen de buena víctima en oposición a los actores sociales que violentarían el orden social. La historia local nuevamente se conjuga en y entre los casos: el fantasma del estallido social ocurrido en marzo del 2010 coloca al caso de L. en un historial más amplio (con otros muertos y otras víctimas), pero también se conjuga en oposición: pide que se retiren pacíficamente para que no ocurra “lo mismo que el año anterior”.

En febrero de 2012, días previos al primer aniversario de la muerte de L., es entrevistado por una radio local. Allí, menciona las protestas y, ante la pregunta del periodista sobre su rol, sostiene:

Si es que sirvió, es que no puedo ver la magnitud de lo que me dicen, es nuestra forma de actuar, a mí me educaron así. En momentos cruciales quien está al lado de uno, yo estaba muy dolido, muy deprimido pero había que pensar en el bienestar de la sociedad y hoy estaríamos hablando de que L. es hijo de un delincuente que rompió toda la municipalidad (Daniel, 11/02/2012).

Como analizamos en las intervenciones de los familiares de M. y G. –en la carta entregada al entonces gobernador Daniel Scioli que pide por la “paz social–, Daniel menciona el “bienestar de la sociedad”. En la intersección entre lo individual y lo colectivo, este familiar de víctima se posiciona contra las violencias como límite moral: la violencia opera en este relato como un umbral. Más aún, las prácticas violentas, de cualquier tipo, anularían la voz legítima de los familiares (“[…] hoy estaríamos hablando de que Lucas es hijo de un delincuente que rompió toda la municipalidad”). Así, este familiar de víctima se construye en oposición a las violencias como práctica dadora de legitimidad. En este punto recuperamos a Pita en la noción de familiar en cuanto un duelante público, resultado de una construcción que ha implicado para estos la adquisición de una nueva personalidad social. Allí que lo que define al familiar como un activista político es el anudamiento que ha conseguido construir entre el lazo de parentesco que se tiene con el muerto y con la práctica política (Pita, 2010: 206).

Una semana después de la muerte de L., Daniel denuncia en medios locales que policías amenazaron a su hija de 16 años desde un patrullero. En una entrevista, describe las circunstancias de la muerte de su hijo y vuelve a mencionar las protestas:

Lo mataron como un perro sarnoso, creo que un perro sarnoso merece mejor muerte que la de mi hijo. Yo no quiero que nunca se me apaguen los micrófonos y las cámaras. Quiero agradecer a los que fueron a la marcha y a los que no fueron también, muchos no fueron por miedo a los desmanes, por miedo a que se queme la municipalidad (Daniel, 20/02/2011).

Mencionamos previamente que la noción de crueldad (“Lo mataron como un perro sarnoso”) es movilizada en la construcción de una muerte entendida como “injusta e inmerecida”. En este punto, Daniel vuelve a construir la violencia como un límite moral: su agradecimiento al acompañamiento en las protestas es extensivo tanto a aquellos que participan de las marchas convocadas por los familiares, como a quienes no forman parte, en cuanto los que no concurren lo harían “por miedo a que se queme la municipalidad”. Pero además, la mención a los medios de comunicación “Yo no quiero que se me apaguen los micrófonos y las cámaras” menciona un aspecto clave para comprender el desarrollo de una voz pública: el familiar deviene (o no) figura pública en cuanto su voz es amplificada en determinados espacios (mediáticos, políticos, sociales).

En diciembre de 2012, sus intervenciones públicas giran en torno al proceso judicial que comenzaría en el mes de marzo de 2013. Sobre los tiempos del proceso judicial, menciona:

Uno por suerte no está acostumbrado a que le pasen estas cosas, si nos acostumbramos vamos mal. He visto casos de mucho más tiempo, engorrosos. Esto fue bien claro, se agarró al del hecho. Creo que fue bastante rápido, los ánimos no son los mismos a nivel social, yo sigo con la misma calentura, porque a mí me quitaron un hijo […] Yo lo que quiero es que el tipo salga a la calle el día de mañana y que vea que el común de la gente no lo quiere. Para nada le deseo el mal dentro de la cárcel, que cumpla su condena. Que cumpla como ejemplo. Él estaba preparado para cuidar a la gente, no para matarla (Daniel, 11/12/2012).

Aunque la demanda de justicia tiene un lugar clave en las prácticas de los familiares de víctimas, no suele ser el único motor de la acción. Cuando Miguel menciona “Yo lo que quiero es que el tipo salga a la calle el día de mañana y que vea que el común de la gente no lo quiere”, se torna visible otro elemento relevante: frente a determinadas muertes, lo que aglutina en términos colectivos es la conmoción. El culpable debe cumplir una condena penal que debe ser acompañada por una social: esta muerte joven y violenta ha producido una conmoción social, un acontecimiento fuera de lugar que resulta notorio y memorable (Carozzi, 2006). Pero además, aquello que sea considerado violencia o violento va a depender del núcleo cognitivo de la sociedad en cuanto no solo la violencia es paradójica, sino también el sujeto violento (Tonkonoff, 2007). Siguiendo este razonamiento, el policía acusado de la muerte de L. ha cometido un acto que ha amenazado a la sociedad como un todo.

En febrero de 2012, el primer aniversario de la muerte de L. coincide nuevamente con el Festival de Música Popular de la ciudad. Los familiares deciden postergar unos días el recordatorio para que no coincida con las actividades culturales:

Creo que más allá de los hechos ocurridos, Baradero, no tenemos por qué cortarles un día de alegría, de felicidad. Nos han acompañado todo el tiempo, para no mezclar un festival con la muerte de un chico que es tan duro. Vamos a hacer una caminata en paz, con tranquilidad, a pesar de los ánimos caldeados. Fueron todas marchas en paz, no hubo desmanes, ni insultos. Vamos a pasar por enfrente de la comisaría, sin detenernos, no hay animosidad contra la policía. Aquel que quiera cometer un acto como esto que se cuide y aquellos que trabajan bien tienen nuestro apoyo. No hay animosidad contra la institución policial. Pasaremos frente a la municipalidad con la misma actitud. No reclamos políticos, cada uno a su manera, pidieron justicia. Sin tintes políticos (Daniel, entrevista radial 11/02/2012).

Es posible pensar que los eventos de marzo de 2010 marcan un corrimiento en el umbral de las violencias, y, más específicamente, un desplazamiento del umbral de tolerancia de estas. Frente a este corrimiento, el rechazo de Daniel a la violencia (a las de Estado, pero también a las sociales) se da en cuanto esta es visible. De esta forma, pone en escena dos pares opuestos. En oposición a una construcción de la violencia, se encuentran “marchas en paz, no hubo desmanes, ni insultos”. Por otro lado, el universo del familiar se opone al mundo de la política: más aún, la política es pensada como una categoría excluyente del mundo del familiar de la víctima: “Sin tintes políticos”.

Entre nosotros no hubo contradicciones, nosotros siempre la convicción como punta de lanza fue la verdad, la verdad y nada más que la verdad. Estamos tranquilos en ese sentido. En mi poco entendimiento en el tema judicial, no tenía ni el más mínimo conocimiento de lo que era, como se desarrollaba, como se investigaba, empecé usando el sentido común (Daniel, entrevista radial, 20/03/2013).

En su relato, la mención a la “verdad y nada más que la verdad” contrasta con la construcción de una versión policial/oficial. Frente a ello, se posiciona la construcción de una “verdad” alternativa que operaría como una voz colectiva dotada de legitimidad. A su vez, la noción de “sentido común” como estrategia en el proceso judicial se contrapone con una construcción de la esfera política en cuanto calculadora y espuria.

A modo de cierre

Referenciando a Twin Peaks, dijimos al comienzo de este texto que, para comprender estas muertes (y estas vidas), resultaba preciso atender a las formas en que sus habitantes viven, piensan y construyen este pueblo tan común como extravagante. Claro que Baradero no es Twin Peaks. Aun así, resultó clave entender estos casos en el marco de historias locales que le dieron sostén y que tornaron posibles (o imposibles) los casos.

Las muertes de M., G. y L. dieron visibilidad a ciertos actores locales, como familiares de víctimas, periodistas y políticos, quienes pudieron, no sin dificultad, vincular sus eventos/casos con problemas sociales más generales. El tránsito, la muerte en accidentes de tránsito, la arbitrariedad en sus controles, la juventud y las violencias, las fuerzas de seguridad y sus violencias son algunos de los grandes tópicos sociales que han sido vinculados a estos casos a través de las intervenciones de familiares y allegados.

En ambos casos, lo local cobra una importancia central, aunque con particularidades: la muerte de M. y G. va a ser comprendida y clasificada en el marco de un historial previo de tensiones sociales que tienen a los motociclistas como el blanco principal de una política persecutoria. De modo que estas muertes serán entendidas como un ejemplo extremo de una práctica cotidiana y conflictiva.

Por el contrario, la muerte de L. será comprendida en términos locales, aunque con un énfasis diferente: familiares y allegados se distancian de la retórica de los derechos humanos y de los activismos contra la violencia policial por un rechazo a la idea de “politización” del caso, pero, más aún, porque estas narrativas no serían estrictamente locales. Nuevamente, las historias locales operan como insumos para clasificar, visibilizar o invisibilizar prácticas y sentidos sobre las violencias.

Además, fue posible advertir cómo los familiares de víctimas están insertos –o más bien luchan por esta inserción– en una red integrada por periodistas, políticos, abogados, docentes y referentes culturales. Y es en esta intersección de saberes y poderes donde van a ir configurando un estatus moral que, en determinadas oportunidades, los habilita a participar de un debate que aborde problemas sociales más amplios. Justamente sobre este punto que identificamos el rol crucial de las radios locales, que operan como una usina indispensable para lograr visibilidad de los casos (y de sus víctimas) y para mantener la problemática vigente. Porque operan no solamente como un dispositivo de difusión, sino también como un espacio capaz de dotar de legitimidad a la propia voz del familiar (hablar en primera persona, contar tu versión). En oposición a las versiones judiciales/oficiales, los familiares de víctimas movilizan versiones alternativas sobre estas muertes, estas víctimas y los posibles victimarios. Así, la versión del familiar opera en el espacio público como una narración alternativa a la del Poder Judicial, disputando sentidos y responsabilidades y, no menos importante, restituyendo honores.

Que Baradero no es Twin Peaks resulta una obviedad. Pero que en este pequeño pueblo bonaerense nada parece ser lo mismo luego de las muertes de M, G y L también lo es.

Referencias bibliográficas

Bermúdez, Natalia (2015). “Etnografía de una muerte no denunciada. Justicias y valores locales en una villa de la ciudad de Córdoba (Argentina)”. DilemasRevista de Estudos de Conflito e Controle Social, Río de Janeiro.

Carozzi, María Julia (2006). “Antiguos difuntos y difuntos nuevos. Las canonizaciones populares en la década del 90”. En Entre cumbias, santos y piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Pita, María Victoria (2010). Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Buenos Aires: Editores del Puerto.

Pereyra, Sebastián (2008). ¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y el neoliberalismo. Buenos Aires: Ediciones de la Universidad Nacional General Sarmiento.

Tonkonoff, S. (2007). “Acerca del crimen, el criminal y las reacciones que suscitan”. Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, n.º 23.

Zenobi, Diego (2012). “Los ‘padres violentos de Cromañón’ entre ‘lo judicial’ y ‘la lucha’. Notas sobre una situación de ‘crisis moral’ en un movimiento de demanda de justicia”. En I Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre Cuerpos y Corporalidades en las Culturas, en Rosario.

Fuentes

Baradero Hoy (6 de septiembre de 2010). “No pudieron destituir a Carrossi”.

Baradero te Informa (17 de febrero de 2011). “Le pedimos al gobernador la renuncia de Carrossi”.


  1. Nombres y lugares han sido modificados para preservar la identidad de los entrevistados.
  2. “A tres meses de la explosión familiares volvieron a marchar por justicia”, 06/11/2013. Extraído de https://bit.ly/2yhbUQK.
  3. En marzo de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Nicolás condenó a Gonzalo Kapp por “homicidio agravado” con prisión perpetua por la muerte de L.


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