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7 El compromiso político de las víctimas

Sebastián Pereyra y Adrián Berardi

Introducción

Este texto se pregunta por las características y alcances del compromiso político de las víctimas. Utilizamos la expresión “compromiso político” para describir las múltiples formas en que las víctimas se cruzan con la política sin que ello refiera exclusivamente a la participación a través de las instituciones formales del sistema político, sino también a través de mecanismos informales. La actividad de protesta, la negociación con funcionarios del Ejecutivo y judiciales, las declaraciones públicas a la prensa, los vínculos con dirigentes políticos son todas prácticas que englobamos aquí dentro de esa categoría genérica de compromiso político. Preferimos este término frente a la noción más clásica de “participación política” que tuvo y tiene un alcance más amplio en los análisis de las ciencias sociales, pero que al mismo tiempo es mucho menos específico[1].

Todas las actividades mencionadas transforman a las víctimas en militantes o activistas políticos más allá o independientemente de su vinculación con organizaciones específicas (Fillieule y Mayer, 2001; Bennett et al., 2013; Lichterman y Eliasoph, 2014)[2]. Las víctimas se transforman de ese modo en actores de la vida política de las sociedades sin necesariamente formar parte de estructuras partidarias, sindicales o sumarse a organizaciones de movimientos sociales.

La presencia de víctimas y familiares de víctimas como portavoces principales de reclamos colectivos y como protagonistas de procesos de movilización es un dato recurrente desde hace algunas décadas (Lefranc y Mathieu, 2015). Las víctimas y los familiares son protagonistas cotidianos de eventos de protesta y han sido actores centrales en conflictos y demandas tan diversas como los pedidos de justicia en casos de violencia policial, delito privado, accidentes de tránsito, maltrato, tortura y condiciones de detención en cárceles, efectos y consecuencias del consumo de drogas, episodios dramáticos y traumáticos, tales como inundaciones, accidentes aéreos o incendios, e incidentes ligados a la falta de control y condiciones apropiadas en servicios públicos o locales comerciales.

Víctimas y familiares se han constituido en actores relevantes de la política actual merced al desarrollo de un compromiso generalmente asociado a los casos en los que resultaron afectados de modo directo o indirecto. Dicho de otro modo, partiendo de la condición de afectados, algunas personas se han constituido en víctimas o familiares de víctimas involucradas en la movilización y el sostenimiento de causas públicas (Pita, 2010).

Esta indagación parte entonces de un conjunto de interrogantes generales: ¿qué tienen en común las trayectorias políticas de las víctimas y los familiares de víctimas?; ¿de qué modo se produce su ingreso al activismo y a la actividad de reivindicación y protesta?; ¿qué rasgos, alcances y duración en el tiempo tiene la vida política de las víctimas y los familiares? Con ese punto de partida, realizamos un estudio comparativo sobre trayectorias de víctimas y familiares que llevaron adelante denuncias públicas y que desarrollaron, a partir de ellas, diferentes modalidades de compromiso político.

Las trayectorias políticas de las víctimas en perspectiva comparada

Para este estudio confeccionamos una base de datos de 98 víctimas o familiares de víctimas de las cuales pudimos registrar el desarrollo de algún tipo de denuncia pública. La información sobre los casos surge de tres fuentes principales:

  1. trabajos de campo vinculados con el proyecto de investigación colectivo “La movilización de familiares de víctimas y las demandas de justicia” (2014-2017);
  2. textos con resultados de investigaciones en las que aparece información sobre procesos de movilización de víctimas; y
  3. relevamiento en prensa gráfica e información disponible en portales de internet y redes sociales.

Nuestro catálogo de víctimas no tiene, por cierto, una pretensión representativa. No está construido sobre la base de un universo de víctimas movilizadas que resulta, sin duda, difícilmente abarcable. El interés de los datos es heurístico; es decir, el catálogo representa un universo en sí mismo, en el que exploramos las características que muestra el compromiso político de esas víctimas. De este modo, comenzaremos por describir algunos rasgos de ese universo.

Los casos recopilados cubren un período que va desde 1990 hasta 2017. Más del 80 % corresponde a las décadas de 2000 y 2010. La distribución en esos años es bastante homogénea, a no ser por el año 2012, que tiene casi el doble de casos que la media anual. Un sesgo importante de nuestros datos está marcado, sin duda, por la localización geográfica de los casos. Más del 50 % corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires. El resto se distribuye entre las regiones Centro (17,3 %), que excluye el resto de la Provincia de Buenos Aires, la cual, a su vez, registra un 12,2 % de casos, NOA (9,2 %), NEA (4 %) y Cuyo y Sur con un 3 % de casos cada una. Dicha concentración geográfica es atribuible, a nuestro juicio, al alcance de nuestras fuentes de relevamiento.

Veamos ahora algunas características de las víctimas analizadas. Un primer dato significativo –y en sintonía con la literatura sobre el tema– es que, en la abrumadora mayoría de los casos relevados (93 %), los portavoces del reclamo son familiares de quienes resultaron afectados directos por la situación[3]. Los familiares son encabezados por las madres (53 %), seguidos por padres (23,5 %), hermanos (10,2 %) y otros familiares (6 %). Por otro lado, los reclamos son sostenidos mayoritariamente por mujeres (63,3 %). Finalmente, en función de los datos disponibles (para un 83 % de casos), realizamos una clasificación socioeconómica de las víctimas movilizadas en función de su ocupación. Así, un 51 % de los casos relevados corresponden a un sector socioeconómico medio (incluyendo fundamentalmente empleados de comercio, docentes y empleados públicos); un 20 %, a un sector bajo (empleos de baja calificación y precarios); y un 13,6 %, a nivel medio alto (compuesto por profesionales y empresarios)[4].

Otro elemento adicional de nuestro análisis se refirió a los tipos de casos en los que registramos movilización de víctimas. Del relevamiento surge una diversidad de casos que es por demás interesante: un 35 % se vincula con denuncias relacionadas a situaciones de violencia institucional; 18 %, con violencia contra las mujeres; 17 %, inseguridad; 12 %, con accidentes de tránsito; y 11 %, con catástrofes o estragos de distinto tipo (tanto aquellas que se vinculan con fenómenos naturales tales como inundaciones, como también las que se refieren a accidentes, incendios y otros hechos de gran magnitud), entre los más significativos[5]. Para esta clasificación, consideramos el modo de enunciación de los reclamos y cómo estos referían a temáticas específicas, aunque no siempre del mismo modo. En este panorama general, lo que podemos observar es que las situaciones que dan lugar a la estructuración de reclamos por parte de las víctimas son también diversas. De esta forma, lo que resulta interesante es justamente esta variedad, más que las proporciones, porque, como ya dijimos, no se trata de una muestra representativa. Esta particularidad será explorada con más detalle en el siguiente apartado.

Pensando ahora en la caracterización de las víctimas movilizadas, un dato importante que quisimos recabar fue la existencia de experiencia previa en materia de activismo y militancia. La información disponible nos permitió clasificar solo un 54 % de los casos, de los cuales una amplia mayoría (75 %) no registra experiencia de militancia previa. Es de destacar, al mismo tiempo, que quienes sí registran experiencias previas lo hacen mayoritariamente refiriéndose a partidos políticos. Por tal motivo, es probable que la experiencia previa esté subrepresentada en la información disponible y que no surjan en las entrevistas antecedentes relacionados con participación en sindicatos, centros de estudiantes u organizaciones barriales, que suelen ser muy importantes para la socialización política de los ciudadanos (McAdam, 1986). Pensamos al respecto que esa hipótesis es más plausible que la ausencia de experiencia previa.

Como dijimos al comienzo, el compromiso político de las víctimas aparece marcado por una serie de actividades que se repiten también de modo significativo en los casos que hemos relevado. Así, pudimos constatar que el 92 % de las víctimas participó u organizó alguna protesta en la vía pública, 97 % hizo declaraciones o dio entrevistas para un medio gráfico, radial o televisivo, y, a su vez, un 70 % entró en contacto con dirigentes políticos en relación con su caso. En 69 de los 98 casos analizados, las víctimas desarrollaron esos tres tipos de actividades simultáneamente.

También pudimos observar otros dos rasgos importantes relacionados con las actividades de movilización de las víctimas. El primero es la creación o participación en organizaciones no gubernamentales; registramos al respecto que un 30 % de los casos dio lugar a la creación de una asociación civil o fundación. Por otro lado, en un 70,4 % de los casos, las víctimas trabajaron o colaboraron con alguna organización vinculada con los casos. Finalmente, advertimos que en la mayoría de los casos (83,6 %) las víctimas establecieron contactos de distinto tipo con víctimas de otros casos similares.

Hasta aquí una serie de rasgos comunes que caracterizan el compromiso político de las víctimas. Sin embargo, nuestra indagación muestra que un elemento significativo de la movilización de las víctimas es que el compromiso político no tiene características uniformes en los distintos casos. Por el contrario, encontrarnos diferencias importantes en el modo en que dicho compromiso se manifiesta. A partir de esto, propondremos aquí tres tipos fundamentales de compromiso para caracterizar esas diferencias:

  1. un compromiso político relativo al caso que involucra a las víctimas;
  2. un compromiso político que vincula el caso particular con algún marco de acción colectiva disponible o con alguna causa o problema público; y
  3. un tipo de compromiso político que se orienta al desarrollo de una carrera política.

El compromiso político relativo al caso es común a todas las víctimas estudiadas; este forma parte de un repertorio de acción que es el de la búsqueda de justicia. En nuestro país, los reclamos de justicia tienen una larga historia como revés de la denuncia del problema de la impunidad[6]. La denuncia pública en medios de comunicación, las marchas o actividades de protesta, los contactos y alianzas con organizaciones sociales, políticas o con profesionales forman parte de un conjunto de prácticas que las víctimas llevan adelante para lograr elesclarecimiento de los casos y, sobre todo, para impulsar las causas judiciales. El compromiso político se vincula con las falencias que las víctimas reconocen e identifican en el desenvolvimiento de los procesos judiciales (mayoritariamente en la justicia penal). Demoras, dilaciones, falencia en la producción de pruebas, encubrimiento son todos elementos que aparecen recurrentemente en las denuncias formuladas por las víctimas y que desencadenan los procesos de movilización. La búsqueda de justicia y la condena de los responsables representan habitualmente los objetivos centrales de los procesos de movilización que tienen en el seguimiento del propio caso su locus principal. Si las víctimas llevan adelante reclamos públicos –en situaciones de las más diversas–, es porque existe una desconfianza manifiesta en el funcionamiento del Poder Judicial.

En Argentina, entre 1984 y 2014 la proporción de ciudadanos con mucha o bastante confianza en el Poder Judicial descendió de un 58 % a un 19 %, mientras que la proporción de quienes decían tener poca o nada de confianza aumentó de un 41 % a un 79 % (datos del World Value Survey). Desde la transición democrática en adelante, una larga lista de casos resonantes fue abonando o bien las dificultades de funcionamiento (en términos burocráticos o procesales) o bien la eficacia de estrategias de encubrimiento que resultan en un malestar creciente en la evaluación que las víctimas suelen tener del sistema judicial. Y por tanto, es una motivación poderosa para desarrollar un compromiso político en relación con el caso (Gayol y Kessler, 2018). Insistimos aquí que ser víctima o afectado por una situación traumática no es equivalente a desarrollar un compromiso político y, mucho menos, que este sea asumido apelando a la condición de víctima o familiar de víctima. Desarrollar un compromiso político tiene altos costos –en términos de tiempo, exposición y muchas veces dinero– e implica ubicarse en una situación de conflicto o confrontación; por lo tanto, aunque muchas víctimas sostienen retrospectivamente que la lucha o el reclamo representan un desenlace esperable y casi natural en relación con las situaciones y experiencias sufridas, es por el contrario un tipo de compromiso que supone una transformación importante y que no ocurre en todos los casos[7].

En muchos casos analizados, el compromiso político de las víctimas adquiere características que se diferencian de aquellas que definen el reclamo de justicia en relación con el propio caso; de esta forma, el compromiso se vincula de un modo central con otros casos. No se trata únicamente de la resolución del caso en cuestión, sino también de cuáles son las causas y responsabilidades que el caso permite iluminar, pero que tienen un alcance más amplio. El compromiso se conecta entonces con una causa, con un marco de acción colectiva, y comienza a vincularse con un tema y no solo con la búsqueda de justicia en el propio caso, de manera que transforma los alcances de ese compromiso. En las víctimas que estudiamos, algunos de esos marcos aparecen con toda claridad: violencia institucional, inseguridad, violencia de género, accidentes de tránsito y corrupción, entre los más importantes. Dos elementos son característicos del desarrollo de este tipo de compromiso político:

  1. El primero se relaciona con que la legitimidad para ser portavoz o enunciador en cada uno de estos temas se refiere a un campo más amplio que aquel que define el caso. Campos que muchas veces ya están estructurados y en relación con cuyos actores es necesario desarrollar estrategias de alianza o de confrontación.
  2. Luego, el segundo consiste en que el compromiso se vincula aquí con el desarrollo de un conocimiento experto. Es necesario adquirir y manejar un vocabulario específico. Crear o formar parte de organizaciones formales o informales cuyo leitmotiv es precisamente ese tema o causa; es decir, crear las condiciones para un compromiso político de mayor alcance que intervenga más claramente en debates públicos, en la producción normativa o en la estructuración de políticas públicas.

Por último, pudimos observar que la notoriedad adquirida por las víctimas en ciertas circunstancias particulares permite el despliegue de otro tipo de compromiso político. Es aquel en el que las víctimas se cruzan más claramente con la política institucional.

Generalmente, las víctimas rehúyen de la política (Zenobi, 2014). Aunque el desarrollo de un compromiso político se vincula precisamente con la necesidad o el interés de las víctimas en politizar sus casos (Pita, 2010) –es decir, de darles notoriedad pública, de inscribirlos en un conflicto y de producir determinadas consecuencias institucionales (Gayol y Kessler, 2018)–, las víctimas suelen marcar una distancia clara respecto de la política institucional o profesional; respecto de los políticos y los partidos, en especial. Así, observamos en las víctimas una vocación concomitante de despolitización de los casos: “‘despolitización’ puede hacer referencia aquí al hecho de evitar una postura política percibida como crítica, a anteponer un registro concebido como más consensual (moral, humanitario) y opuesto a la política, a eludir instancias representativas y alianzas partisanas” (Lefranc y Mathieu, 2015: 18; traducción propia). Y es que la posición de víctima tiene un cierto carácter inestable; requiere que sus motivaciones no sean puestas en duda (Lefranc y Mathieu, 2015: 7). Que el interés no opaque ni contamine el vocabulario de las emociones que es más el propio (Zenobi, 2014).

En ese contexto, sin embargo, el compromiso político de las víctimas no excluye el “salto a la política”. La notoriedad, su experticia en algunas causas, así como la condición de outsider, han permitido que, en las últimas décadas, algunas víctimas hayan logrado vincular su compromiso con el desarrollo de una trayectoria política.

Como tendremos ocasión de ver en el siguiente apartado, el desarrollo de este tipo de compromiso se produce generalmente en la arena electoral. La presencia de víctimas en listas de diputados o legisladores o el lanzamiento de candidaturas a cargos ejecutivos son un fenómeno nada despreciable y creciente en los últimos años. En ese mismo registro, se verifica otro fenómeno –más difícil de observar y más complejo de clasificar– que es el trabajo en el Estado. Ya sea en calidad de especialistas o como muestra de apoyo explícito o implícito a una gestión de gobierno, son muchos los casos de víctimas que son convocadas a ocupar cargos públicos de diversa índole.

Mirando el mapa general de casos, puede observarse que las distintas formas de compromiso político se relacionan, en nuestro relevamiento, de modo distinto con las actividades que llevan adelante las víctimas. Como muestra la figura 1, el peso relativo de las actividades en los distintos tipos de compromiso político es variable. Esto ocurre de modo claro entre el tipo (a) con respecto a los otros dos.

Como es esperable, el contacto o interacción con políticos, la creación o el trabajo en ONG u otro tipo de organizaciones, así como el contacto con víctimas de otros casos, son actividades que tienen un peso menor en aquellas víctimas que desarrollan su compromiso político relativo al caso, frente a aquellas que lo hacen en relación con una causa o en vínculo con una trayectoria política.

Figura 1. Tipos de compromiso político y actividades de movilización

Tipo de compromiso político de las víctimas

Protesta

Medios

Políticos

ONG/Org.

Otros casos

(a) Relativo al caso

+ +

(b) Vinculado a un marco de acción colectiva

+ + + + +

(c) Abierto a una trayectoria política

+ + + + +

Nota: El signo “+” indica una proporción mayor de casos con presencia de ese tipo de actividades.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de entrevistas, prensa gráfica, portales de internet y redes sociales.

Algunas aclaraciones adicionales. Los tipos de compromiso elaborados intentan reflejar de un modo sintético algo que en realidad es un proceso; por lo tanto, la tipología tiene algo de cristalización de trayectorias que son dinámicas y que se encuentran abiertas, y refleja un estado de situación de las trayectorias que tienen duraciones y temporalidades diferentes entre sí. Sin embargo, nuestra clasificación no intenta reflejar etapas de esas trayectorias; los tipos de compromiso político –aunque pueden cambiar a lo largo del tiempo– reflejan más bien concepciones o tipos de relación con la actividad política y no secuencias de una carrera.

Aunque en algunos casos pueda verificarse que el compromiso se vincula con el caso primero, luego con una causa y finalmente con una opción electoral o partidaria, el interés principal de la clasificación no es ese. El compromiso político de las víctimas puede variar a lo largo del tiempo y, por lo tanto, un compromiso abierto a una carrera política puede transformarse de modo tal de recentrarse sobre el caso o sobre una causa o marco de acción luego de un cierto tiempo. Es cierto que las víctimas desarrollan un compromiso político siempre en relación con un caso particular, pero también es cierto que el modo en que las víctimas conciben el caso –su especificidad y definición– está vinculado a la manera en que desarrollan un compromiso político. Esto es particularmente transparente en relación con los tipos (a) y (b) y es menos evidente con el tipo (c), que, en la mayoría de los casos que hemos observado, se vincula con transformaciones y decisiones de un compromiso inicial, así como a oportunidades o coyunturas que no siempre están disponibles. Sobre la relación entre los dos primeros, Gayol y Kessler aciertan en señalar en su estudio sobre las muertes violentas que los procesos de tematización pública de los casos implican su vinculación con un problema público existente o con la configuración de uno nuevo. Pero, al mismo tiempo, esa relación está mediada con otro elemento importante: el modo en que los casos se inscriben o no en una serie (Gayol y Kessler, 2018: 236-237). Ambos elementos parecen centrales en la manera en que las víctimas desarrollan un compromiso político relativo al caso o vinculado a una causa o marco de acción, tales como la violencia institucional, la inseguridad, etc. En todos los casos –insistimos–, lo que llamamos “compromiso político” es sin duda un proceso que, además, no tiene una dirección unívoca. En ese sentido, también nuestro foco aquí está puesto en el modo en que las víctimas desarrollan diferentes tipos de compromiso en un momento dado, pero sería interesante sin duda analizar también el modo en que ese compromiso, por decirlo de alguna manera, desaparece o tiende a diluirse en el tiempo.

Para poder captar de un modo más preciso las tensiones entre la tipología y las trayectorias, pasaremos a mirar en el próximo apartado algunos casos concretos que ilustran cada uno de los tipos que hemos construido para el análisis.

Los tipos de compromiso político de las víctimas

En este aparado nos proponemos ilustrar los tipos de compromiso político recurriendo a algunos casos particulares para observar allí la utilidad y los límites de nuestra clasificación. Utilizamos nombres y circunstancias reales en todos los casos, ya que se trata de personajes y casos que han tenido una cierta trascendencia pública y han sido materia de atención por parte de la prensa.

Alberto Perassi es mecánico, tiene 70 años y vive en la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe). Suele usar un chaleco antibalas y tiene custodia de la Policía Federal por las amenazas que recibió en los últimos años. Junto a su mujer Alicia, buscan a su hija Paula desde su desaparición el 18 de septiembre de 2011. Separada y madre de dos hijas, Paula mantenía una relación con un empresario, casado a su vez. Un portal de noticias que sigue el caso desde su inicio lo describe del siguiente modo:

Luego de una enrevesada investigación que llenó de dudas e incertidumbres a los familiares y la comunidad, la línea investigativa más fuerte abona a la teoría de que fue secuestrada, y obligada a practicarse un aborto contra su voluntad, que habría terminado con su vida (“Alberto Perassi, tras el fallo: ‘Hoy nos han dado un poco de justicia’”, Conclusión. Diario digital, 9/5/2016).

La investigación y la causa por la desaparición de Paula Perassi tuvieron y tienen un trámite lento. Desde el inicio, Alberto y Alicia realizan movilizaciones regularmente a los tribunales, primero en San Lorenzo y luego en Rosario. Cuatro jueces y dos tribunales distintos tramitaron la causa. La relación de Alberto con los tribunales es muy conflictiva, y, desde el inicio, no se limitó únicamente a seguir el desarrollo de los pasos procesales. Reuniones, negociaciones, duras críticas formaron parte del vínculo de los familiares con los operadores judiciales. Más allá de las marchas de conmemoración de cada 18 de septiembre, Alberto convocó a concentraciones en muchas ocasiones en que se realizaban audiencias o en que los magistrados tenían que tomar decisiones importantes en la causa. También llevó adelante otro tipo de protestas; por ejemplo, en el año 2015 Perassi se encadenó a las puertas de los tribunales de San Lorenzo y lanzó una huelga de hambre para pedir avances en la investigación. Al año siguiente, volvió a encadenarse en las puertas de los tribunales, esta vez de Rosario, en el momento en que se dictaron las primeras prisiones preventivas para ocho de los procesados en la causa.

Desde el inicio y en los siete años que duró la investigación preliminar hasta el comienzo del juicio en 2019, Alberto sostuvo un doble reclamo. Por un lado, las carencias de la investigación para dar con el paradero de su hija. Por otro, la certeza de una trama de encubrimiento e impunidad que explica las deficiencias de la investigación y las dilaciones en la causa judicial:

En mi caso, el Poder Político, el Poder Judicial, y la Jefatura de la Unidad Regional XVII se han conjugado para encubrir. Porque allí, en San Lorenzo, saben perfectamente lo que pasó con Paula, pero se dedicaron a esconder y a limpiar las pruebas. Yo insisto en lo que dije desde el primer día, hay un teléfono político y una billetera con dólares. En nuestra ciudad hay delincuentes que son capaces de hacer desaparecer una persona sin dejar rastro (“’Han manoseado tanto a nuestra familia que a veces es difícil soportarlo’”, Conclusión. Diario digital, 19/09/2017).

En una entrevista en la puerta de los tribunales realizada en septiembre de 2017, Alberto aparece acompañado –además de por su mujer– por un grupo reducido de tres personas, a quienes presenta como compañeros de lucha: “[…] somos, lamentablemente, compañeros del dolor”. Una de las mujeres tiene un chaleco de ATE y dice ser de la multisectorial de mujeres de la CTA. Esta mujer encuadra el reclamo en la consigna “Ni una menos”, pero se trata a todas luces de un acompañamiento al reclamo por parte de la organización. Todo reclamo tiene una dimensión colectiva y tiene un sustrato organizacional, pero el reclamo de Alberto y Alicia, sin embargo, se focaliza en su caso específico; y ello se verifica sin duda en la centralidad casi exclusiva que le otorgan a la causa judicial.

“Queremos un juicio y que los culpables y sus cómplices queden presos”, dice el segundo de los manifestantes, que está allí en calidad de amigo de Alberto. Finalmente, una tercera persona que acompaña el reclamo se define como “familiar de víctima de femicidio”. Como podemos ver, existe un modo de enmarcar el caso que es el que tiende puentes con otros casos y con organizaciones o militantes (en este caso sindicales); la movilización tiene ese componente colectivo, pero Alberto focaliza en el tema del funcionamiento de la Justicia. Es eso lo que lo transforma en familiar de víctima, y su reclamo de justicia se centra en los problemas y desarrollos del propio caso.

Cuando sostenemos que el compromiso político es relativo al caso, lo hacemos no porque el mismo carezca de enmarcamiento, sino porque existe una distancia con las causas o marcos de acción colectiva. Esa distancia puede verificarse, por ejemplo, en el apoyo recibido por la víctima por organizaciones y colectivos diversos sin que ello implique una participación activa en ellos. También puede observarse en la variedad y oscilación en el uso de los marcos de acción. En este caso particular, el perfil de Facebook de Perassi oscila en sus referencias a esos marcos. Así, el caso puede ser referido en términos de trata de personas, a través del elogio y el posteo de notas de Susana Trimarco; de violencia de género, cuando repostea las convocatorias a las marchas de “Ni una menos”; en términos de derechos humanos, cuando se refiere al problema de la desaparición de una persona en democracia o al utilizar la consigna “presente, ahora y siempre” en las movilizaciones; a la inseguridad, cuando declara que la justicia protege a los delincuentes o a partir de su simpatía con la organización “Familias de víctimas” (2009-2015); o a la corrupción, cuando se refiere a los intereses comerciales y al interés económico que está detrás de la protección policial y el encubrimiento, o cuando apoya las convocatorias de los familiares de la tragedia de Once. Al mismo tiempo, por ejemplo, el Dr. Adrián Ruiz, uno de los abogados de la familia Perassi, se refiere a este punto sosteniendo que el 95 % de los elementos que contribuyeron al desarrollo de la causa es la fuerza de la familia Perassi (“Caso Perassi: ‘Si los investigadores se corrompen, hay crimen perfecto’”, en Portal Rosario Plus, 2/5/2019).

Para muchas de las víctimas analizadas, los casos son el eje que permite el desarrollo o la reactivación del compromiso político. Algunas veces, como en el caso de Alberto, ese compromiso se despliega única o mayormente con relación al caso. Otras veces, el compromiso se vincula con una causa o marco de acción colectiva.

El 8 de octubre de 2006, un micro en el que viajaban alumnos y docentes de un colegio secundario de la Ciudad de Buenos Aires chocó en la ruta nacional n.º 11. Como consecuencia del episodio, murieron nueve de los estudiantes y una docente, además del chofer y el acompañante del camión que impactó contra el micro. Sergio Levin es el padre de uno de esos chicos. El perfil de una nota publicada en 2015 lo presenta del siguiente modo:

Sergio es el papá de Lucas, uno de los jóvenes solidarios que fallecieron en el choque, y se ha convertido en un ‘militante de la seguridad vial’, tal como él se define. Se ha dedicado a lo largo de estos ocho años a construir desde el dolor. Tras haber perdido a su hijo se acercó a la difícil problemática de la seguridad vial en nuestro país, un tema que en el año 2006 no se encontraba instalado en la sociedad y tampoco en las políticas de Estado y que gracias al trabajo de personas como Levin ha logrado tener una visibilidad inédita en nuestro país (“Sergio Levin: militante de la vida”, Revista Cabal, febrero de 2015).

Sergio es profesional, graduado en Relaciones Públicas en la Universidad Siglo XXI. Trabajó como gerente comercial en una empresa de seguros hasta 2008. Al igual que otros padres y madres de las víctimas de la tragedia, desarrolló un compromiso político relativo al caso desde el momento en que comenzaron a participar y seguir la causa judicial. Desde el inicio, también la preocupación de los padres y madres del Colegio Ecos fue el de vincular el caso con el problema de la seguridad vial. Sus primeras actividades se orientaron a repartir volantes y mantener reuniones con dirigentes políticos, a la vez que se interesaban por el tema. Rápidamente confluyeron en la creación de la ONG Conduciendo a Conciencia[8], desde la que desplegaron una verdadera plataforma de intervención sobre el tema de la seguridad vial que tuvo un impacto muy significativo.

Sergio y sus compañeros de lucha no tuvieron mejor suerte con el trámite judicial. Aunque no parece que se hubieran topado con una red de encubrimiento, la causa no dio buenos resultados, desde su punto de vista. Se realizaron tres juicios que tuvieron eje en el chofer del micro. Desde 2017 la causa está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún sin resolución, luego de que la sentencia haya sido anulada en tres ocasiones (la última por prescripción) en distintas instancias del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe (“A 11 años de la tragedia del Colegio Ecos, la Corte Suprema revisará la causa que estaba prescripta”, Infobae, 8/10/2017).

El seguimiento del tratamiento judicial representó y representa uno de los elementos importantes del compromiso político de las víctimas en el caso, pero sin embargo, el desarrollo del problema de la seguridad vial se ubicó rápidamente como una cuestión central. Sergio argumenta de modo reiterado en entrevistas y declaraciones públicas que la causa judicial no puede reparar lo acontecido, pero que modificar las condiciones de la seguridad vial en el país puede evitar que un caso como este pueda repetirse.

La ONG Conduciendo a Conciencia logró organizar en poco tiempo una agenda de trabajo muy clara y con mucha repercusión pública. Una serie de multitudinarios recitales de rock acompañaron la conmemoración anual de la tragedia, al tiempo que se trabajó en la elaboración y negociación de un proyecto de ley. Este fue sancionado en 2008 como Ley 26.353. Entre otros cambios, a instancias de ella, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La ley incluyó un amplio abanico de reformas en la materia. Al mismo tiempo, todo el proceso consolidó la figura de Sergio Levin como experto en la materia. Con la creación de la ANSV, Levin asumió el cargo de director del Centro de Formación en Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ocupa hasta la actualidad. Al mismo tiempo, ANSV puso en marcha la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, respondiendo a una demanda de las organizaciones en la materia que pedían que se estructure la atención a las víctimas en términos de asesoramiento legal, psicológico, social y de rehabilitación en la posemergencia vial en todo el país[9].

Como vimos aquí, el compromiso relativo al caso y la estructuración de un reclamo de justicia puede estar vinculado o no al despliegue de un compromiso que se relaciona con una causa o marco de acción colectiva, como en este caso con el problema de la seguridad vial. A ello deberíamos agregar, para concluir, un tercer elemento en cuestión que aparece en la observación de las trayectorias de las víctimas. Esto es lo que denominamos el “compromiso abierto a una carrera política”. Examinaremos para ello un último caso, el de una víctima de un hecho delictivo que llegó a ser electa diputada en la Provincia de Buenos Aires.

Carolina Píparo nació en La Plata, es casada y madre de tres hijos; en 2010 era empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. En el mes de julio de ese año, sufrió un ataque luego de retirar dinero del banco Santander Río en una sucursal de la ciudad de La Plata. Fue seguida desde la sucursal hasta la puerta de su domicilio, lugar en el que fue asaltada y baleada.

Carolina estaba embarazada de 8 meses al momento del hecho. Como consecuencia de los disparos, estuvo hospitalizada por 43 días, inconsciente durante la primera semana; en ese período, su hijo nació por cesárea y falleció a los pocos días. El episodio tuvo una enorme repercusión a nivel provincial y nacional, y, como consecuencia del caso, Carolina Píparo se constituyó en un personaje célebre y en un referente del problema de la inseguridad en el país (Galar, 2015).

El compromiso político en este caso tuvo algunas características particulares debido, sin duda, al alto perfil público de la víctima desde el momento mismo en que ocurrió el caso. Este tuvo amplia cobertura periodística tanto a nivel provincial como nacional; así, las entrevistas y declaraciones públicas constituyeron un rasgo muy importante de la actividad de Carolina. Aspectos de su vida personal, evaluaciones sobre los contactos y negociaciones con dirigentes políticos y funcionarios, como también el seguimiento del juicio penal por la causa, fueron todas oportunidades de expresión con una importante cobertura.

Por la repercusión y el impacto que tuvo el caso, desde el gobernador de la Provincia de Buenos Aires hasta la presidenta de la República, pasando por funcionarios de seguridad y legisladores, tuvieron que pronunciarse sobre las reformas normativas que el caso desencadenó. A nivel provincial, se aprobó un amplio paquete de leyes sobre seguridad acordados entre Gobierno y oposición. A nivel nacional, se sancionó en septiembre de 2010 la Ley 26.637 de Seguridad en Entidades Bancarias, impulsada por la oposición (“Salideras. Las mamparas en los bancos, un legado del caso Píparo”, Clarín, 13/5/2013)[10].

Otro rasgo importante del caso fue la centralidad que adquirió –aquí también– la cuestión judicial. En ese sentido, los reclamos por mayor seguridad tuvieron en el Poder Judicial un interlocutor constante. Alentados también por las tomas de posición de los dirigentes políticos, la víctima y sus familiares focalizaron sus reclamos en la tarea de la Justicia y en la incapacidad de esta para prevenir el delito aplicando sanciones efectivas y en tiempos razonables.

Sin embargo, más allá de las denuncias, el caso Píparo tuvo un trámite razonablemente ágil tanto en la justicia penal como en la civil. En mayo de 2013, se conocieron las condenas de reclusión perpetua para cinco de los acusados y la absolución para dos de ellos. El juicio tuvo penas muy elevadas ya que los jueces consideraron que se trató de un homicidio a raíz del fallecimiento del recién nacido en virtud de las heridas recibidas por su madre. Carolina Píparo, a su vez, mostró conformidad con el resultado del proceso judicial (“Inseguridad. Cinco perpetuas por la salidera a Carolina Píparo”, Clarín, 14/5/2013). Al mismo tiempo, Píparo ganó una demanda civil por un elevado monto de dinero contra el banco Santander Río por la deficiencia en las medidas de seguridad. En este aspecto, las demandas de justicia de la víctima parecen haber sido satisfechas en relación con el caso.

El caso Píparo tuvo un fuerte componente de movilización social, aunque esta no fue una de las actividades centrales desarrollada por la propia víctima. Existió, a decir verdad, más agitación a nivel del público y de opinión que al nivel de la protesta. Sin embargo, en el momento inicial se constituyeron tres grupos de protesta en relación con el caso: un colectivo heterogéneo de “autoconvocados” que se manifestó con acciones de protesta a nivel local; el segundo, un grupo de compañeros de trabajo de Carolina Píparo que se manifestó principalmente en las puertas del banco; y, por último, los familiares y la propia víctima que organizaron y concurrieron a manifestaciones tanto en La Plata como en la Ciudad de Buenos Aires luego de la externación de Carolina (Galar, 2015: 70).

El compromiso de la víctima sí produjo alianzas con víctimas de otros casos. Píparo se vinculó y participó en marchas de la organización Familiares de Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires y se integró, luego de su formación en 2014, a la fundación Usina de Justicia. La organización, creada por la filósofa Diana Cohen Agrest, es una asociación civil que reúne a familiares de víctimas de homicidios y profesionales del mundo del derecho. Se preocupan principalmente por temas de seguridad y por desarrollar lo que ellos denominan “el derecho de las víctimas” (véase https://bit.ly/33GJ2NG). La ONG se constituyó en los años posteriores como un centro de nucleamiento importante de apoyos e ideas para el Gobierno de la coalición Cambiemos, que ganó las elecciones presidenciales en 2015.

Más allá del caso y de su compromiso con el tema de la seguridad, Carolina Píparo comenzó, unos años más tarde, el desarrollo de una carrera político-partidaria. Encabezó la lista de Cambiemos como candidata a diputada provincial en 2017 y obtuvo un importante triunfo con el 48 % de los votos. Desde entonces es legisladora en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En una entrevista luego del triunfo, aseguró: “[…] en seguridad vamos a trabajar junto al ministro [de Seguridad] Cristián Ritondo y [de Justicia] Gustavo Ferrari, y, aunque falta mucho en este tema, hay una decisión que en La Plata se capacite mejor a los policías” (entrevista Radio Provincia: 23/10/2017). La campaña y la elección marcaron, sin duda, el salto de Carolina Píparo a la arena electoral y a la política partidaria.

Conclusiones

Este capítulo presenta los resultados de un estudio comparativo sobre un centenar de trayectorias de víctimas movilizadas. La figura de las víctimas se volvió un actor muy relevante a nivel de la opinión pública y de los fenómenos de protesta en nuestro país en las últimas décadas. Las víctimas emergen en la esfera pública a partir del reclamo de justicia en diferentes tipos de acontecimientos y situaciones (violencia institucional, delito, violencia de género, accidentes de tránsito, etc.). Nuestra pregunta central se vinculó con el desarrollo de un compromiso político por parte de esas víctimas. En ese sentido, si habiendo constatado que las víctimas tienden a transformarse a través de los reclamos de justicia en activistas o militantes políticos, nos preguntamos por los rasgos, características y alcance del compromiso que desarrollan.

Explorando las características que revisten las actividades de las víctimas movilizadas, llegamos a la conclusión de que existen tres tipos principales de compromiso político:

  1. relativo al propio caso;
  2. vinculado con una causa o marco de acción colectiva; y
  3. abierto a una carrera política.

En el segundo apartado del texto, explicamos los que, a nuestro juicio, son los rasgos más importantes de cada uno de los tipos analizados. Luego, en el siguiente, los pusimos a prueba observando con más detalle la trayectoria y actividades de tres víctimas en particular.

El trabajo tenía como intención principal analizar las trayectorias políticas de las víctimas tomando cierta distancia de los conflictos y repertorios en los cuales esas trayectorias efectivamente tienen lugar. Nos preguntamos por los elementos comunes que tienen las trayectorias políticas de las víctimas y familiares más allá de los distintos tipos de casos o situaciones a partir de los cuales esos familiares o víctimas desarrollaron algún tipo de compromiso político.

Como señalamos más arriba, si bien la tipología tiene la capacidad de mostrar las diferencias en los modos de compromiso político de las víctimas, también es cierto que debe confrontarse con la dificultad de convertir un proceso en una clasificación. Las formas de compromiso, como dijimos, se expresan en trayectorias que congelamos en un momento dado, pero que pueden variar. La variación puede ser tanto en el sentido de escalar las formas de compromiso (del caso, al marco de acción, a la política institucional), como también en un sentido inverso. Es interesante preguntarse cómo se transforman esos modos de compromiso político a lo largo del tiempo, aunque no es aquí el momento ni el lugar para hacerlo.

Es importante recordar que lo que llamamos aquí “escala del compromiso político” no debe ser pensada como una jerarquía, pero sí como etapas que en la mayoría de los casos dependen una de otra. Es necesario ser portavoz del propio caso para saltar a una causa pública. Es necesario ser portavoz en una causa pública para saltar a la política. Pero no creemos que en esas diferencias estén implicados grados de compromiso político.

Dos comentarios finales. El primero es que, a través del análisis del compromiso abierto a una carrera política, estamos tentados de repensar la condición de outsiders que tienen las víctimas como actores políticos… pero no es el caso. Hay secuencias y el compromiso político-partidario no se construye en el aire, aunque sí se ve favorecido por la desestructuración de los partidos. Luego, queremos señalar que, en la historia que estamos narrando sobre el compromiso político de las víctimas, ocupa un lugar destacado y prominente el trabajo en el Estado. Ese aspecto requiere mayor exploración dado que se trata de un elemento que aparece de modo recurrente en las trayectorias de las víctimas. Y lo hace tanto en virtud de la expertise que ellas desarrollan en relación con ciertos temas y causas públicas como en relación con sus compromisos y apoyos político-partidarios. Esa hibridez tiende a complicar la distinción tajante que la tipología propone y representa un desafío mayor para continuar la indagación.

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Anexo. Datos de los casos relevados de víctimas movilizadas

(N=98)

Tabla 1. Año de los casos relevados

Rango

%

1990-1999

10,2

2000-2009

41,8

2010-2017

46,9

Fuente: elaboración propia con base en datos de entrevistas, prensa gráfica, portales de internet y redes sociales. Proyecto PICT “La movilización de familiares de víctimas y los reclamos de justicia”. Datos para el 99 % de los casos.

Tabla 2. Localización geográfica de los casos

Localización

%

CABA

26,5

GBA

24,5

Centro

17,3

Buenos Aires

12,2

NOA

9,2

NEA

4,1

Sur

3,1

Cuyo

3,1

Fuente: elaboración propia con base en datos de entrevistas, prensa gráfica, portales de internet y redes sociales. Proyecto PICT “La movilización de familiares de víctimas y los reclamos de justicia”.. Datos para el 99 % de los casos.

Tabla 3. Características de quienes reclaman

Características

%

Madre

53

Padre

23,5

Hermano

10,2

Otro familiar o amigo

8,1

Víctima

5

Mujeres

63,3

Varones

36,7

Fuente: elaboración propia con base en datos de entrevistas, prensa gráfica, portales de internet y redes sociales. Proyecto PICT “La movilización de familiares de víctimas y los reclamos de justicia”.. Datos para el 99 % de los casos.

Tabla 4. Tipo de casos

Tipo de caso

%

Violencia institucional

35

Violencia de género

18

Inseguridad

17

Accidentes de tránsito

12

Catástrofes*

11

Consumo de drogas

5

Otros

1

* Incluye catástrofes naturales y no naturales.
Fuente: elaboración propia con base en datos de entrevistas, prensa gráfica, portales de internet y redes sociales. Proyecto PICT “La movilización de familiares de víctimas y los reclamos de justicia”.. Datos para el 99 % de los casos.


  1. Los estudios sobre participación remontan a los trabajos de Almond y Verba de los años 60. Se puede consultar una buena visión de conjunto en Dalton, Van Sickle y Weldon, 2010.
  2. Las referencias de los estudios existentes sobre compromiso político o compromiso militante son sumamente extensas. A modo de resumen, aquellas que se centran en mecanismos y procesos de desarrollo del compromiso a nivel individual se pueden ejemplificar a través de dos trabajos clásicos. El primero, un texto clásico de Bert Klandermans (1984) sobre la psicología política de la movilización, enfocado fundamentalmente en la cuestión de los determinantes del compromiso político. El segundo, la introducción al dossier dedicado a la cuestión por O. Fillieule y N. Mayer (2001), focalizado en los relatos de vida de los militantes y activistas. Nuestro trabajo se inscribe en la perspectiva del también clásico análisis de Doug McAdam (1986) sobre el activismo de alto riesgo en el freedom summer de 1964, orientado a la caracterización de perfiles, mecanismos y modalidades de compromiso político.
  3. A los fines de este trabajo, diferenciamos a los afectados de una situación traumática o violenta de las víctimas; estas últimas son aquellas que, en relación con esa situación, sostienen algún tipo de demanda o reclamo. Dentro del universo de las víctimas, aparece esta distinción interesante entre las víctimas propiamente dichas y los familiares-víctimas, que son aquellos que, mayoritariamente, llevan adelante las denuncias o reclamos.
  4. Esta clasificación no permitió asignar un sector de modo directo a desocupados y jubilados, para los cuales reunimos información complementaria sobre el hogar o trayectorias de empleo previas con el objetivo de realizar la clasificación.
  5. La clasificación de las situaciones es en parte problemática porque, aun cuando se refiere a ciertos hechos que definen un universo de sentido particular, muchas veces esos hechos, así como su alcance, explicación, consecuencias y atribución de responsabilidades, son elementos centrales de las discusiones y controversias que rodean a la movilización de las víctimas. Frecuentemente, los reclamos buscan situar lo ocurrido en una serie específica; lo que se sostiene es que aquello que sucedió es un caso que corresponde a un problema en particular.
  6. Los trabajos sobre el movimiento de derechos humanos y su impacto en el país son abundantes. Sobre su vínculo con la cuestión de la impunidad, ver: Jelin, 2005; Pereyra, 2005; Pita, 2010; Tiscornia, 2008.
  7. En el libro Muertes que importan (2018), por ejemplo, Gayol y Kessler muestran de qué manera algunos elementos como la clase y el estatus moral de las personas contribuyen u obstaculizan el desarrollo de un compromiso político de las víctimas y la trascendencia pública de las muertes. Otro ejemplo interesante lo representa el análisis de Y. Barthe (2017) sobre la tensión entre la condición de víctima y el estatus y características del compromiso profesional de los militantes víctimas de los ensayos nucleares en Francia.
  8. Según su sitio web, la organización desarrolla un conjunto de actividades, entre ellas charlas sobre seguridad vial, talleres de capacitación, programas de concientización, propuestas para incidir en las políticas públicas y la legislación (véase https://bit.ly/3dok9e2).
  9. “El proyecto surgió de la necesidad detectada por las ONGs que proliferaron en todo el país para asistir a familias que transitaron tragedias viales. Si bien la ANSV ya trabajaba con estas asociaciones, hasta el momento no existía ninguna institución que canalizara a través del Estado las problemáticas que se desprenden de un hecho traumático, generado por un siniestro vial, en la instancia post-siniestro. En ese momento, las familias de las víctimas se encuentran desorientadas y sin saber a quiénes recurrir para resolver instancias legales, buscar contención psicológica ante una pérdida, ser asistidos y orientados en materia de rehabilitación post hospitalaria, entre otros” (véase https://bit.ly/2wDmotg).
  10. La ley obliga a los bancos a instalar casetas o cabinas blindadas, a contar con sistemas de alarmas a distancia, a blindar tesoros para el atesoramiento de numerario, a adoptar un servicio de policía adicional y de serenos y a disponer de iluminación nocturna.


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