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1 La centralidad de las víctimas en la movilización social contemporánea

María Victoria Pita y Sebastián Pereyra

Introducción

En la Argentina contemporánea, víctimas y familiares se han afirmado como actores legítimos y principales portavoces de demandas de justicia ante sucesos diversos. Colectivos de víctimas se organizan y movilizan por reclamos de derechos humanos, inseguridad, femicidios, en casos resonantes como Cromañón, Once, Ara San Juan o también en episodios trágicos ligados a incidentes viales, como la tragedia del Colegio Ecos, o incluso a raíz de las consecuencias de catástrofes naturales como las inundaciones.

Al igual que en otras latitudes, puede observarse que la figura de las víctimas ha adquirido una centralidad considerable en las sociedades contemporáneas (Gatti, 2017; Lefranc y Mathieu, 2015). En el caso de la Argentina, y atendiendo a la especificidad de su historia, puede advertirse que ha sido a partir de la última dictadura militar –y con mayor extensión y diversidad desde fines de los años 80– que se ha consolidado la figura de las víctimas y familiares de víctimas como uno de los actores importantes en los procesos de movilización social del país. Inicialmente, en el marco de las luchas en defensa de los derechos humanos durante la dictadura y, más adelante, de las vinculadas con casos de violencia policial e institucional, las víctimas se fueron afirmando como actores legítimos para sostener reclamos de los más diversos (Jelin, 2005, 2008; Pita, 2004, 2010; Pereyra, 2005a).

Este libro presenta los resultados de una investigación colectiva que tuvo por objeto analizar los procesos de movilización y protesta que genéricamente podríamos identificar como demandas de justicia, atendiendo especialmente a las figuras de víctimas y familiares de víctimas. Nos ha interesado explorar con detenimiento, y a través de diferentes tipos de casos, las diversas formas en que se han organizado y movilizado víctimas y familiares de víctimas, y las distintas estrategias y recursos que han puesto en juego con el objeto de tornar públicos y justiciables tales hechos. Ya desbordando esa matriz originaria –aquella de las luchas en defensa de derechos humanos–, estas figuras continúan hoy, tanto en la política nacional como en la escena local, presentando una centralidad ineludible. Razón por la cual deben ser comprendidas, toda vez que ello contribuirá a entender las especificidades en que se da ese cruce entre la movilización y el derecho que encontramos en las demandas de justicia y las protestas contemporáneas. Y si bien la cuestión “derechos humanos” incide, y en gran medida como categoría moral con valor político para legitimar demandas de justicia e interpelar al Estado y sus responsabilidades, un universo más amplio de sucesos y eventos que reclaman estatus de justiciable, distintos tipos de hechos que han producido muertes y daños, diferentes dinámicas de violencias y/o ausencias de control o regulación, ha sido movilizado en el espacio público. Una rápida lectura transversal de la escena local en materia de movilizaciones y protestas en demandas de justicia permite advertir su diversidad y complejidad, y en ellas las víctimas y los familiares de víctimas aparecen como figuras legítimas de la representación. Eventos referidos a la violencia policial y/o institucional, inseguridad ligada a delitos comunes, seguridad vial, violencia de género y catástrofes, apenas por referir algunas de las series en las que tales hechos pueden ser inscriptos, son parte de ese amplio universo de procesos y dinámicas que han producido tanto muertes y daños, como víctimas y familiares de víctimas. En las últimas cuatro décadas de la vida política del país, el repertorio de la movilización de víctimas parece haberse difundido y consolidado. La gramática de estos reclamos y protestas anuda las tradiciones propias de la movilización y acción colectiva con el mundo del derecho debido a que aquello que caracteriza la movilización de víctimas es, ante todo, la búsqueda de justicia, que está marcada por el seguimiento cercano del proceso judicial; y es en parte debido al peso de las causas judiciales en estos reclamos debido a lo cual los familiares por su condición de querellantes continúan teniendo una marcada centralidad.

Todos estos elementos nos permiten problematizar un fenómeno singular que ha sido apreciado en la constitución de estos sujetos de la movilización social. De acuerdo con los estudios más clásicos sobre el tema:

[…] se crea una distancia –imposible de superar– en las movilizaciones públicas: entre quienes llevan la “verdad” del sufrimiento personal y privado y aquellos que se movilizan políticamente por la misma causa, pero presumiblemente por otros motivos, que no son vistos como igualmente transparentes o legítimos (Jelin, 2008: 5; traducción propia).

Sin embargo, en muchos de los casos que acontecieron en los últimos años, se han vuelto evidentes diversas formas –complejas todas ellas– por medio de las que el valor del sufrimiento privado y la legitimidad moral del familiar se han entretejido con los motivos políticos de los militantes de organizaciones que o bien eran el ámbito de actividad de la víctima, o bien contaban con una trayectoria específica de denuncia y activismo sobre la temática que el caso permite visibilizar (Tiscornia, 2008; Pita, 2010).

De todos modos, es cierto que en la movilización de víctimas y familiares-víctima puede verse que estos colectivos de protesta tienden a constituirse a distancia del sistema político institucional y en buena medida contra él (Pereyra, 2014; Zenobi, 2014). Pareciera que, para alcanzar el objetivo de lograr un mejor desempeño del sistema judicial, estos colectivos entendieran que es preciso tomar distancia de la actividad política profesional para lograr mayor eficacia en sus reclamos.

Al mismo tiempo, la movilización de víctimas y familiares-víctima ha mostrado tener un impacto político muy significativo en las últimas décadas. Como sostén y apoyo de causas o marcos de acción colectiva, las víctimas han sido protagonistas de los debates públicos sobre violencia institucional, inseguridad, seguridad vial, violencia de género, por citar solo los ejemplos más conocidos. La creación y el desarrollo de organizaciones ha sido un rasgo muy importante de la participación de las víctimas en dichos debates. También la confrontación con líderes y dirigentes políticos, y la crítica y control de la actividad política han sido un rasgo notable de la presencia pública de las víctimas (Peruzzotti y Smulovitz, 2002). La actividad de protesta, la circulación en medios de comunicación son todos elementos que conforman las prácticas habituales a través de las cuales las víctimas sostienen sus reclamos. La negociación con actores políticos o institucionales o incluso el apoyo o el involucramiento político-electoral.

El protagonismo creciente de las víctimas ha tenido un correlato cada vez significativo en el despliegue de política pública y respuestas estatales. Desde el desarrollo de diversos tipos de agencias de protección a víctimas a nivel local, provincial o nacional, hasta la creación de programas específicos. Basten como ejemplos más significativos el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI), creado en 2004 en el seno del Ministerio de Justicia de la Nación, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), creada en 2014 para coordinar el trabajo de las oficinas de asistencia a la víctima en el ámbito de la Procuración General de la Nación, e incluso el recientemente creado Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a instancia de la denominada Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, Ley n.° 27.372, aprobada en junio de 2017. Esta normativa se enmarca en un proceso internacional que ha avanzado desde la década de 1980 en la elaboración de estándares sobre derechos de las víctimas de delitos y que se inició con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985 (DOVIC, 2018: 14).

Considerando este estado de situación, este estudio colectivo[1] propuso como punto de partida algunos interrogantes sustantivos, a saber: ¿qué trabajo específico realizan las víctimas y familiares-víctima en el proceso de construir una denuncia y así tornar que un hecho se torne un caso?; ¿cómo se dan los enlaces y articulaciones entre víctimas y otros actores sociales para construir la demanda de justicia?; ¿qué es lo que confiere legitimidad para asumir la representación de los reclamos?; ¿qué es lo que los diferencia y, eventualmente, valora diferencialmente por sobre el resto de los otros actores sociales movilizados?; ¿cuál es la importancia que tiene la movilización de las víctimas para definir problemas públicos –y sus soluciones– a partir de motorizar los reclamos pertinentes?; ¿cómo se compatibilizan el liderazgo que ejercen en las experiencias de movilización con los múltiples apoyos –por ejemplo, sociales, políticos y/o religiosos– necesarios para sostener los procesos de movilización?; ¿por qué y de qué modos el discurso y posicionamiento de las víctimas establece límites y diferenciaciones con la actividad política?; ¿cuáles son las formas típicas –si es posible identificar tal particularidad– en las que se expresan y reclaman?; ¿qué tipo de interacciones se producen entre las víctimas y las distintas agencias estatales directa o indirectamente concernidas por los reclamos?

Estas fueron, entre tantas otras, algunas de las preguntas que orientaron nuestro trabajo. El tipo de casos con los que trabajamos y el propio desarrollo de la investigación nos llevaron a sostener una indagación que navegó entre la empiria y la categorización y eventual modelización de problemas. Hemos trabajado, como se verá a lo largo de estas páginas, sobre distintos tipos de hechos: violencia policial (letal y no letal), violencias interpersonales entre jóvenes, catástrofes, accidentes viales, desapariciones de personas, homicidios. Por lo demás, no todos los hechos alcanzaron el mismo grado de notoriedad y estatus de asunto público; los hechos ocurrieron en distintos espacios sociales de diferente escala (nacional o local). Las víctimas, así como los familiares-víctimas de ellas, eran diferentes por su perfil social, por sus historias y trayectorias previas, y también advertimos que en cada caso fueron puestas en juego diferentes formas de organización y movilización. Ante tanta diversidad, imaginamos que la estructura del libro podría estar dada por los núcleos centrales de asuntos que nos posibilitaba explorar cada uno de los casos. Así, la serie de preguntas que nos fuimos haciendo a lo largo de la investigación –y que en gran medida fueron una guía necesaria para no quedar ni atrapados en la empiria ni en una abstracción sin carnadura– nos llevó a organizar nuestro material y a orientar nuestras indagaciones en torno a los siguientes asuntos que también pueden ser considerados qua dimensiones de análisis.

Violencias, estatus y jerarquías de las víctimas

¿De qué modo es posible que hechos de violencia letal o determinados daños dejen de ser únicamente un suceso o un acontecimiento para tornarse un caso, una denuncia, un evento justiciable? Esa pregunta contiene en sí muchas otras que nos llevan a interrogarnos sobre las formas iniciales de acción e intervención ante los hechos, sobre la puesta en juego de tramas de relaciones locales y extralocales, de la apelación a movimientos sociales, organizaciones e instituciones conocidas y/o aliadas, partidos políticos y personalidades para conseguir que un hecho adquiera visibilidad social e ingrese al sistema de administración de justicia. Y también esa pregunta nos lleva a indagar tanto acerca de la experiencia como acerca del capital social disponible con anterioridad a los hechos que contribuyen a las condiciones de posibilidad para tornar que un hecho devenga un caso y este una causa. Las acciones e intervenciones, las experiencias, saberes y recursos activados son los que podrán conseguir, con mayor o menor éxito, discutir la naturaleza de las violencias que produjeron esas víctimas, así como los estatus y jerarquías de ellas. Porque es importante destacar –aunque avanzaremos con mayor detalle sobre estos asuntos más adelante– que la condición de víctima no es el resultado directo de la ocurrencia de un evento o acontecimiento, y que tampoco se alcanza de una vez y para siempre; por el contrario, es una condición que se consigue, que en algún sentido se “produce” y que, aun habiendo conseguido acceder a esa condición, en muchas ocasiones es la propia intervención social y colectiva la que se avoca a producir, también, la legitimidad de tales víctimas, ya que no todas gozan del mismo estatus y jerarquía.

Las trayectorias políticas de las víctimas

La movilización de reclamos por parte de las víctimas ¿implica un modo particular de hacer política? ¿Son las víctimas y familiares nuevos actores políticos? La nominación, clasificación e inscripción del hecho/caso en una determinada serie ¿ofrece condiciones de posibilidad específicas para la presentación de los familiares-víctima como actores políticos/figuras públicas? ¿De qué modos se da ese proceso subjetivo y colectivo que lleva a convertirse en una víctima o un familiar-víctima? ¿Cómo ese proceso da lugar a un devenir militante o activista? Los modos en que personas de distintas generaciones y géneros y con muy diferentes biografías dan curso a sus experiencias nos ha interesado especialmente, toda vez que estudiar las trayectorias de las víctimas militantes o activistas permite pensar cuánta vinculación existe entre las prácticas que llevan adelante y el desarrollo de una carrera política o una práctica militante específica a las formas de presentarse y hacer de las víctimas. El análisis de los procesos que hacen al devenir un activista o militante y/o una figura de la política (y eventualmente político profesional) comprende además la posibilidad de discutir la noción de carrera poniendo en juego la categoría de experiencia (a la Thompson) a la hora de indagar en las biografías de las víctimas y familiares-víctima, a partir de la consideración de historias previas de vinculación con la militancia, el activismo o su condición de “activista incidental”, por un lado, y, por el otro, de la revisión de las estrategias y experiencias en el colectivo del que son parte y/o en el propio núcleo familiar (división social, moral y sexual del trabajo, roles, etc.).

La producción social de víctimas

Decíamos páginas atrás que la condición de víctima no está dada de hecho, sino que se “produce” (Lefranc y Mathieu, 2009). Cuando nos detuvimos a explorar la cuestión del estatus y jerarquías de las víctimas, lo hicimos inicialmente (como destacamos en el ítem I) atendiendo a la acción y movilización para la demanda y la protesta ante la ocurrencia de determinados hechos que reclamaban ser atendidos como casos y para los que se reclamaba justicia. Ahora bien, en ese complejo y diacrónico proceso de “producción social” de víctimas, hay más que hechos, afectados, movilización y protesta. Cabe entonces preguntarse qué otros actores, agencias e instituciones intervienen a tal efecto y de qué maneras lo hacen. ¿Qué otras intervenciones y acciones es preciso analizar además de indagar en las prácticas de movilización y protesta de víctimas y familiares de víctimas? A nosotros nos ha interesado detenernos en el análisis de los modos en que expertos e instituciones y dispositivos contribuyen a producir víctimas, es decir, aportan y moldean los casos y reclamos de las víctimas, así como las estrategias de las víctimas (más o menos organizadas) para articular con esos modos, adherir a ellos o bien confrontarlos. El problema central en este eje son los procedimientos de categorización y jerarquización que operan sobre las víctimas. Y explorar sobre ello nos ha permitido analizar dos aspectos que, perfectamente, pueden ser complementarios. Por una parte, aquel que atiende a los desempeños específicos de los expertos y los diferentes dispositivos e instituciones que, gestionando la situación de los afectados por determinados hechos y/o daños, los identifican, clasifican, jerarquizan y así contribuyen a su producción qua víctimas. Por otra parte, el aspecto referido a los tipos de casos, ya que cierto tipo de hechos pueden presentar características que posibiliten más fácilmente su inscripción en una serie socialmente disponible, lo que supone, también, disponer de narrativas y marcos ligados a grandes causas y problemas (i. e. violencia institucional, inseguridad, etc.) y a unos derroteros más o menos habituales, estandarizados y estables de producción de víctimas.

Mas lo cierto es que la indagación sobre la cuestión víctimas y familiares-víctima para pensar las demandas de justicia y las dinámicas de la acción, movilización y protesta colectiva y la propia de la generación de actores políticos, activistas y/o militantes[2] requiere ofrecer para la lectura algunos elementos más que permitan historizar los problemas y encuadrarlos en algunas de las discusiones generales de un estado del arte.

Los estudios sobre la figura de las víctimas

¿De dónde surgen nuestras preguntas sobre la figura de las víctimas? La investigación y reflexión sobre la escena local, en más de una ocasión en tiempo real, ha implicado no solo pensar junto con la producción en el campo de las ciencias sociales y las humanidades sobre este tema, sino producir una lectura historizada de lo que podríamos pensar como la cuestión víctimas incluso antes de que esta resultara formalizada bajo esa nominación. Porque lo cierto es que en las últimas décadas las ciencias sociales han prestado creciente atención a los estudios sobre víctimas aunque con enfoques y problemáticas muy diferentes entre sí. Sin duda este interés se vincula con la centralidad adquirida por las víctimas en distintos aspectos de la vida social. En muchas situaciones de conflicto las víctimas, tanto a título individual como colectivo, han comenzado a ocupar el centro de la escena. Por otro lado, en las últimas décadas han aumentado en distintas latitudes las políticas públicas y las asociaciones y organizaciones de asistencia, contención o empoderamiento de víctimas (Lefranc, Mathieu y Siméant, 2008; Fassin y Rechtman, 2010; Fassin, 2014; Gatti, 2017). En el capítulo 2 de este libro, Diego Zenobi y Maximiliano Marentes ofrecen una lectura extensa y comprensiva de los estudios que han abordado desde las ciencias sociales el problema de las víctimas y sus distintas derivaciones.

Sin embargo, a título introductorio sostendremos que existen al menos cuatro ámbitos de indagación en los que los estudios sobre víctimas han prosperado con particular énfasis:

  1. el Holocausto, los genocidios y la violencia política;
  2. catástrofes naturales y ambientales;
  3. la noción de trauma;
  4. la criminología crítica.

Es sobre estos corpus sobre los que nos interesa revisar los aportes y límites sobre la noción de víctima, para luego focalizar en el modo en que esta figura adquirió relevancia en la historia local.

Un primer ámbito de indagación sobre la figura de las víctimas está ligado al impacto del Holocausto y la relevancia de las víctimas en dicho proceso histórico (J.-P. Chaumont, 1996; J.-M. Chaumont, 1997; Gatti, 2017). A partir de esas reflexiones sobre el rol de las víctimas y la violencia genocida, se forjó toda una línea de indagación sobre las consecuencias de la violencia política y la emergencia de víctimas en los procesos de descolonización y de transición a la democracia (Elster, 2010; Lefranc, 2006; 2009; Lefranc, Mathieu, y Siméant, 2008; Gatti, 2017). Allí los análisis se concentraron en dos grandes líneas de trabajo. La primera, centrada en el punto de vista subjetivo sobre la experiencia del horror y los modos de narrar, registrar y documentar esas experiencias (Levi, 2003; Calveiro, 2008; Burucúa y Kwiatkowski, 2014; Feierstein, 2012; Anstett y Dreyfus, 2012). La segunda, vinculada a las discusiones sobre justicia transicional, inaugurada por los estudios realizados por J. Elster (Elster, 2010; Sikkink y Walling, 2006; Greiff, 2006). Allí se plantearon de modo exhaustivo los problemas de retribución y reparación a víctimas en contexto de transformación del régimen político y, fundamentalmente, como modos de clausurar períodos signados por la violencia política (Elster, 2010).

En segundo lugar, desde los años 80 también surgieron numerosos estudios sobre el lugar de las víctimas en catástrofes naturales y ambientales (Beck, 1998; Das, 1996; Revet, 2007, 2012; Revet y Langumier, 2013). Las llamadas “catástrofes nucleares” o “industriales” desde esa década multiplicaron los estudios sobre riesgo, y desde allí se ampliaron para cubrir también los efectos de la cuestión ambiental. Víctimas de inundaciones, tsunamis, terremotos, huracanes aparecen en ese tipo de estudios como un foco de interés particular (Bankston III et al., 2010; Hyndman, 2011; Holt, Campbell y Nikitin, 2012; Figueroa, 2013; Merlinsky, 2013). La contención de la urgencia en esas situaciones y la responsabilidad del Estado y de otras organizaciones en la previsión y respuesta frente a ese tipo de ocurrencias han permitido el desarrollo de trabajos que, desde miradas más analíticas o más técnicas, avanzaron especialmente en las discusiones sobre prevención y en el desarrollo de protocolos de actuación (Revet y Langumier, 2013).

Uno de los estudios más sistemáticos sobre la condición de víctima es el desarrollado por D. Fassin y R. Rechtman en el libro L’Empire du traumatisme: Enquête sur la condition de victime (2007). Allí los autores asocian el proceso de centralidad adquirido por las víctimas a un movimiento de difusión e imposición de la categoría de trauma a nivel internacional. Proveniente de los campos profesionales de la psiquiatría y el psicoanálisis, esa categoría reconoce un uso creciente a nivel internacional en las últimas décadas a partir de la sistematización y eficacia de las intervenciones ligadas al PTSD (síndrome de estrés postraumático) (Fassin y Rechtman, 2010). Los autores sostienen que, en una creciente cantidad de situaciones que van desde conflictos armados hasta campos de refugiados, el trauma se impuso como un modo legítimo de dar cuenta y de intervenir, de manera que produce como resultado una transformación de las poblaciones en cuestión en víctimas. Esos análisis han resultado particularmente fructíferos como modo de comprensión del componente moral y político que vincula las nociones de víctima y trauma y, fundamentalmente, como modo de dar cuenta de la manera en que la noción de víctima tiene un componente de “producción social”. Los saberes expertos y los procedimientos asociados (diagnósticos, test, recomendaciones) pasan a ocupar el centro de la atención de los análisis, lo que representa, sin duda, un aporte muy interesante. En una línea similar, se desarrollaron los estudios sobre dispositivos de tratamiento de las víctimas (Barbot y Dodier, 2013, 2014, 2017) que ampliaron esta mirada sobre las intervenciones profesionales, por un lado, incorporando otro tipo de competencias profesionales (abogados, juristas, periodistas, médicos) y, por otro lado, proponiendo una perspectiva de corte más interaccionista basada en la noción de dispositivos (Barbot y Dodier, 2013).

Por último, una discusión más propia del mundo anglosajón puso el foco en las transformaciones del delito y de la justicia penal desde los años 70. Los estudios de D. Garland (2005) mostraron con claridad que unos de los elementos centrales de la transformación registradas en las respuestas estatales frente al delito son el reconocimiento, la legitimidad y el rol crecientemente importante que ocupan las víctimas. En EE. UU., por ejemplo, esta dinámica de ascenso es producto tanto de movimientos conservadores punitivistas, como de aquellos progresistas ligados a los derechos de las mujeres y la violencia de género o racial (Lepore, 2018).

En Argentina, la figura de la víctima y la del familiar-víctima han estado presentes centralmente en los estudios sobre la última dictadura militar y la dinámica del movimiento de derechos humanos. Algunos trabajos han destacado la primacía del vínculo y el reconocimiento formal de estos como actores legítimos para el reclamo (Vezzetti, 2002; Filc, 1997), algunos otros a su vez han leído su intervención y papel como límite a la universalización del reclamo (Jelin, 2008; Vezzetti, 2002; Filc, 1997), otros lo han destacado como potencialidad para generar mayor adhesión (Vecchioli, 2005; Pita, 2005, 2010), y algunos, en el caso de los movimientos surgidos durante la última dictadura, los han emparentado con el discurso “familiarista” dominante en la época, y por eso de notable efectividad (Grassi, 1990). Si recuperamos los análisis sobre el movimiento de derechos humanos, podemos observar una importante distinción entre organismos de afectados y no afectados que siempre estuvo presente.

En la imagen que el movimiento de derechos humanos comunicó a la sociedad, el lazo de la familia con la víctima es la justificación básica que da legitimidad para la acción. Para el sistema judicial, en realidad era el único. Solo las víctimas sobrevivientes y los parientes directos son considerados “afectados” en sus demandas de reparación –personalizadas e individualizadas– (Jelin, 2008: 5, traducción propia).

Es, entonces, en las luchas por los derechos humanos donde se establece una primacía del vínculo familiar como criterio para representar esos reclamos, y ello, sin duda, merced al origen de muchas de las organizaciones, aunque también al tipo de reconocimiento que el derecho hizo de la condición de los afectados por el terrorismo de Estado (Vecchioli, 2005). Algo de ese cruce entre la movilización y el derecho es el que encontramos en las protestas contemporáneas encabezadas por víctimas y familiares de víctimas. La organización de esas formas de movilización se encuentra estrecha y persistentemente ligada a los sucesivos casos que se producen y a la centralidad que tienen los familiares-víctimas en esos casos. Más allá del ámbito específico de la violencia institucional, los familiares aparecen como figuras legítimas de la representación en numerosos casos que se refieren a delitos entre particulares, catástrofes, accidentes de tránsito, consumo de drogas y/o comercialización o tráfico de drogas (Gayol y Kessler, 2018). A pesar de sus diferencias, encontramos que en todos los casos los colectivos de familiares que se movilizan son complejos. Incluso en los casos de baja notoriedad pública, intervienen amigos y vecinos del barrio, y también sindicatos o militantes políticos pueden contribuir en los procesos de movilización, aunque los enunciadores privilegiados suelen ser los familiares. Las figuras que emergen de los procesos son habitualmente la madre, el padre o, eventualmente, un hermano o hermana, en ocasiones una pareja, y es en ellas donde aparecen los núcleos más legítimos de la enunciación de los reclamos.

Sobre la noción de víctima y de familiar-víctima

Inicialmente, nuestro proyecto se propuso como objetivo general analizar los rasgos específicos que muestran la organización y movilización de familiares de víctimas en nuestro país, tanto como indagar en los diversos sentidos de justicia que, por veces, aparecen anudados bajo la noción de impunidad qua categoría nativa. Con este objetivo general, buscamos contribuir al análisis de los contenidos específicos de demandas de justicia a nivel nacional y generar conocimiento acerca de las diversas formas de movilización social de familiares de víctimas y de los colectivos sociales a ellos ligadas, acerca del desempeño de las instituciones, particularmente de las agencias vinculadas al sistema penal y de las diversas estrategias jurídicas y políticas del activismo jurídico y de los colectivos sociales con los que este actúa en los procesos de demanda de justicia y derechos. Y a la vez, nos ha interesado dar cuenta de las distintas modalidades de intervención que se construyen en los procesos de coordinación interestatal con organizaciones sociales en materia de demandas de justicia y/o entre organizaciones sociales (y no gubernamentales) y la administración de justicia.

Desde nuestro encuadre analítico, consideramos la noción de víctima como una categoría cuyo uso se ha ido expandiendo en el tiempo para referir a individuos, grupos o colectivos sobre los cuales se ejerce o ejerció algún tipo de violencia o que padecen o padecieron algún episodio traumático. La figura de las víctimas está –a diferencia del universo potencialmente más amplio de afectados por algún tipo de situación violenta o traumática– ligada a la estructuración de un reclamo o demanda de reconocimiento, reparación y/o justicia. Hablamos aquí de “víctimas” en el sentido de individuos o grupos que se atribuyen el lugar de víctima de una agresión dada. Este lugar también les puede ser atribuido o discutido por otros (Barbot y Dodier, 2013; Elster, 2006)[3]. Para nuestro trabajo adoptamos la noción de víctima como categoría analítica y esencialmente descriptiva.

Nuestra principal hipótesis de trabajo es que existe una legitimidad creciente ligada a la figura de las víctimas como principales portavoces de los reclamos de justicia que surgen en situaciones y temas de los más diversos. Las experiencias de movilización de víctimas suponen, en este sentido, criterios de representación que expresan modos particulares de concebir la ciudadanía y los derechos que asisten a esta, y también modos particulares de definir la actividad política, que interactúan en forma compleja con las concepciones elaboradas desde otras experiencias (de organizaciones sociales y políticas). Sostenemos que, en cierta medida, el éxito de su movilización y su visibilización como casos/causas está ligado a su articulación con ciertos actores que forman parte de lo que es pasible de ser nominado como “activismo jurídico” (Tiscornia, 2008; MacDowell Santos, 2007; Smulovitz, 2008; Delamata, 2013, 2014), que está integrado/conformado por abogados, funcionarios judiciales, organismos de derechos humanos, organizaciones y colectivos sociales que impulsan el litigio y la acción política con el objeto de fortalecer reclamos de justicia y para colocar ciertos temas como asuntos de agenda pública y debate social, así como realizar cambios políticos y legales e incidir en ellos.

La figura de la víctima y familiar-víctima –su entidad y su estatus diferencial en el amplio campo de las demandas de justicia ligadas a los derechos humanos– en algunos casos define a un tipo particular de activista político (Pita, 2010). Sin embargo, es dable destacar que la propia categoría de familiares de víctimas por momentos aparece como una preasignación de sentido o antes bien como un espacio de disputa, toda vez que el acceso a la condición de “víctima” no está exenta de dificultades y de contradictorias y excluyentes asignaciones de sentido y alcance, más de una vez ligadas a la pertenencia de clase y/o a las características de los hechos en cuestión (Gingold, 1997; Pita, 2004, 2005; Bermúdez, 2011).

A lo largo del proceso descrito –que da cuenta de una escena de movilización social por demandas de justicia–, la figura del familiar como actor con legitimidad social parece haberse consolidado tanto como extendido ante otro tipo de hechos o situaciones: delitos entre particulares, catástrofes, accidentes de tránsito, consumo de drogas y redes de ilegalidad en torno a ello, redes de trata de personas, etc. En ocasiones, algunos familiares se constituyeron en portavoces de su propio caso, pero a la vez –y por la autoridad que ello mismo les confería– se desempeñaron como personajes notables (Pita, 2009; Zenobi, 2014). Tal como destacamos en otro texto, el carácter de notable proviene de su notoriedad pública; algunos lo alcanzaron a partir del impacto que generaron sus casos, que por su espectacularidad los llevaron a una temprana visibilidad mediática que sostuvieron luego con su presencia y acciones, de alguna manera las características del caso colaboraron a la generación de su notabilidad. Otros, en cambio, adquirieron este estatus de notables a partir de una serie de acciones y tareas llevadas adelante para lograr la visibilidad y difusión de su caso. Algunos de ellos se incorporaron –más o menos orgánicamente– a alguna organización, otros conformaron sus propias organizaciones, y algunos en cambio no hicieron ni lo uno ni lo otro y sostuvieron ese carácter en forma individual (Pita, 2010). Es interesante, en este sentido, y siguiendo a Calhoun (1999), analizar la construcción, resignificación de las identidades en la acción colectiva y cómo ciertos familiares logran alcanzar notoriedad de tal forma que logran independizarse del caso en sí mismo, siendo convocados para opinar sobre problemáticas generales (Zenobi, 2014). E incluso resulta interesante poder avanzar en la distinción de aquellos que en virtud de la experiencia de movilización y protesta devienen un tipo particular de activista de aquellos otros que, por diversas y complejas razones, no lo hacen.

Todos estos elementos nos permiten problematizar un fenómeno singular que ha sido apreciado en la constitución de estos sujetos de la movilización social. Efectivamente, la movilización de las víctimas invita a explorar aspectos divergentes y hasta contradictorios sobre la politización de los casos y las causas (Pereyra, 2005a, 2008; Zenobi, 2014). Una primera actividad que realizan los familiares es precisamente la de establecer equivalencias, es decir, identificar patrones que permitan inscribir su caso en una serie. Ello forma parte de una tarea de “politización” del hecho (Fréderic, 2004), es decir, ponerlo en equivalencia con otros casos, pero también darlo a conocer y lograr interpelar a quienes ellos consideran responsables de la reparación o de la solución del problema (Pita, 2010). En muchos casos, se han vuelto evidentes diversas formas por medio de las que el valor del sufrimiento privado y la legitimidad moral del familiar se han entretejido, con mayor o menor virtuosismo, con los motivos políticos de los militantes de organizaciones que o bien eran el ámbito de actividad de la víctima, o bien contaban con una trayectoria específica de denuncia y activismo sobre la temática que el caso permite visibilizar (Tiscornia, 2008; Pita, 2010).

Al mismo tiempo, gran parte de las víctimas y/o colectivos de víctimas procuran (de)mostrar que, paradójicamente, la politización del caso no tiene intencionalidad político-partidaria, es decir, que no hay un sector, partido o grupo político que apoya y moviliza el caso contra algún otro. En la movilización de familiares-víctimas, puede verse, entonces, cómo estos colectivos de protesta se constituyen generalmente a distancia de la política institucional y, en buena medida, contra ella. Si bien en la mayoría de los casos el objetivo central es “conseguir justicia”, lo que en líneas generales supone “lograr un mejor desempeño del sistema judicial” –con la polisemia que estas formulaciones contienen–, evitar esas disfunciones implica tomar distancia de la actividad política y denunciarla –por ejemplo, a través del reclamo de autonomía del Poder Judicial– como una de las causas del problema.

La centralidad de las víctimas en los procesos de movilización contemporáneos

Nuestro trabajo ofrece principalmente un conjunto de investigaciones que abordan diferentes dimensiones de análisis de la movilización de víctimas. Ya páginas atrás hemos mencionado de manera estilizada los núcleos de asuntos que nos han posibilitado organizar la discusión sobre los distintos hechos/casos estudiados, y volveremos sobre ello hacia el final de este texto para presentar los capítulos que integran este libro. Sin embargo, vale destacar que nuestra investigación se preocupó también por producir datos que permitan testear la hipótesis del crecimiento y/o la centralidad de las víctimas en las sociedades contemporáneas.

La cuestión no es sencilla ya que las víctimas, como actores de la protesta o incluso como actores políticos, no han sido objeto de estudios específicos. Al mismo tiempo, la centralidad creciente de las víctimas puede enmarcarse en algunos procesos de transformación de la Argentina contemporánea que permiten su mejor entendimiento. A continuación, detallamos algunos de esos procesos para luego ofrecer los datos sobre actividad de protesta e información institucional que hemos logrado producir en el marco de la investigación.

Señalamos más arriba que la importancia de la figura de las víctimas estuvo asociada, en Argentina, a la historia del movimiento de derechos humanos. Fue en ese marco donde emergió con fuerza la figura de las víctimas para nombrar y denunciar las consecuencias del terrorismo de Estado. Sin embargo, es claro que la figura de las víctimas y su relación con demandas de justicia se proyectó más allá de la cuestión de los derechos humanos, especialmente a partir de los años 90. Podríamos considerar, en ese aspecto, que uno de los elementos generales que ha acompañado dicha expansión fue la tematización de las muertes violentas. En ese sentido, la transición a la democracia en los años 80 –sostienen Gayol y Kessler– operó como un cambio de coordenadas en la relación entre muerte y política. En términos más descriptivos, porque la democracia argentina se despliega y fundamenta contra el terrorismo de Estado y contra la violación de los derechos humanos. En términos más normativos, porque ese vínculo no implica solamente una transformación de las prácticas políticas y de los modos de funcionamiento del Estado –un proceso de pacificación de la política–, sino también una promesa, un principio general que los actores pueden movilizar o al cual pueden remitirse para formular denuncias y críticas. Ese principio –de que el Estado y la actividad política no deben producir muertes y de que el Estado y la actividad política deben proteger la vida de las personas– es una clave de lectura fundamental para entender por qué las muertes violentas se transforman en la era democrática en muertes públicas. La importancia de las muertes parece estar así asociada a una consideración sobre el carácter evitable, prevenible o injustificado de esas muertes y la indignación que estas despiertan en la población.

En los reclamos que se desencadenaron a raíz de una considerable cantidad de muertes violentas en la Argentina contemporánea –denuncias públicas que implican procesos de organización y movilización, la mayor parte de las veces con protestas de distinto tipo y alcance– la figura de las víctimas son centrales (Gayol y Kessler, 2018: 218). La indignación y el reclamo parecen ser proporcionales al carácter eficaz o no de los procesos de victimización[4]. Y la muerte, en nuestros casos, a diferencia de otras formas de padecimiento de la violencia o el trauma, parece conducir a un camino casi indiscutido de victimización. ¿Y quiénes son exactamente las víctimas? ¿Son los muertos o son sus familiares y personas cercanas? ¿Quiénes pueden sostener y afirmar reclamos en nombre de las víctimas, y quiénes no pueden hacerlo? ¿Qué tipo de reclamos son los que pueden vincularse a la figura de las víctimas y cuáles no? Las muertes que importan son relativas a víctimas que importan, y acceder a esa condición es resultado de una intensa actividad social orientada a su producción y presentación pública. Mas, también, tal importancia puede conocerse y medirse, no solo a través de los niveles de indignación, protesta, movilización y demandas de justicia que producen, sino por sus efectos en términos de cambios institucionales.

Como muestra también el estudio de Gayol y Kessler, las muertes violentas en la Argentina contemporánea presentan una vinculación entre casos y problemas públicos. Y podríamos agregar un tercer término: escándalos. En este sentido, los casos mantienen siempre una relación solidaria con algún tipo de problema público. O lo que equivale a decir que se trata siempre de casos de algún tipo y que esa cuestión depende siempre de situaciones o condiciones que son percibidas como injustas y sobre las que es necesario tomar cartas en el asunto. Lo hagan de modo creativo e instituyente o de modo paradigmático, los casos siempre se afirman en relación con problemas públicos, del mismo modo que los problemas encuentran expresión y carnadura en los casos. Cómo no pensar en la relación del caso Bulacio (1991) con el problema de la violencia policial, el caso María Soledad (1990) o el caso Cabezas (1997) y el problema de la impunidad, el caso Blumberg (2004) o el caso Píparo (2010) y el problema de la inseguridad, el caso Once (2012) o el caso Cromañón (2004) y el problema de la corrupción, el caso Marita Verón (2002) y el problema de la trata de personas, o el caso de Chiara Páez (2015) y el problema de la violencia machista[5].

Al mismo tiempo, esa relación nunca es directa, sino que, por el contrario, es distante y hasta podríamos decir mediada. Las muertes violentas son tematizadas –no con la misma intensidad, no con la misma capacidad de escalar a una dimensión nacional de la política– en la medida en que se transforman en lo que S. Waisbord llamó “escándalos de derechos humanos” (Waisbord, 2004). Este tipo de escándalos –sostiene Waisbord– tiene en Argentina un componente antielitista, ya que generalmente las víctimas son gente común, mientras que los perpetradores suelen detentar algún poder instituido (Waisbord, 2004: 1048). Ese carácter quizá explique en parte el hecho de que, a diferencia de otro tipo de escándalos, estos han estado asociados en el país a intensos procesos de movilización social.

Otro elemento importante relativo a la centralidad de las víctimas surge si se observan de modo más global esos procesos de movilización. Algunos estudios sobre la transformación de la actividad de protesta en Argentina mostraron que la década de 1990 implicó cambios importantes en los actores, formatos y demandas de las protestas en el país. De un repertorio clásico dominado por la protesta sindical, por las huelgas y por las demandas vinculadas al mundo del trabajo, pasamos a un escenario más diversificado en términos de actores y demandas y en el cual las manifestaciones y los cortes de calles y rutas se consolidaron como formatos más utilizados (Pereyra, Pérez y Schuster, 2015).

La transformación del escenario de la protesta en las últimas décadas muestra un crecimiento importante de actores antes relegados a posiciones más bien marginales. Vecinos, estudiantes, organizaciones de derechos humanos y víctimas y familiares-víctimas comenzaron a aparecer desde los años 90 como actores centrales de la actividad de protesta. En un escenario de creciente diversificación, los reclamos de justicia, orientados a la denuncia y reclamos referidos al funcionamiento del poder judicial, también registraron una importancia creciente.

Utilizando datos de un relevamiento de acciones de protesta en la prensa gráfica, podemos ver con un poco más de detalle la relación entre víctimas y protesta[6]. La figura 1 muestra la cantidad de protestas por año en las que participaron víctimas y familiares-víctima desde 1983 hasta 2007. En total registramos 423 acciones de protesta en el período, y puede verse un crecimiento significativo luego de la crisis de 2001. Mientras que el 27 % de las acciones registradas se produjeron entre 1983 y 2002, el otro 73 % se concentra entre los años 2003 y 2007. Si el promedio para el período es de 17,6 protestas por año, la diferencia entre los subperíodos previos (5,9 protestas por año) y posteriores (62 protestas por año) a la crisis de 2001-2002 es muy significativa.

Figura 1. Protestas de víctimas, 1983-2007

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de base Gepsac.

Figura 2. Protestas de víctimas, 1983-2002

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de base Gepsac.

Además del crecimiento en términos absolutos, las protestas de víctimas tuvieron, a lo largo del período analizado, también un crecimiento relativo muy importante. Si comparamos el total de protestas organizadas por víctimas y familiares-víctimas, vemos que estas representan un 3,7 % del total de protestas relevadas en el período. Sin embargo, esa proporción es muy distinta antes y después de 2002. Tomando los años en los que hubo picos de protesta de víctimas, podemos observar en la tabla 2 que el peso relativo de este tipo de protestas se incrementó de modo notable en los picos de 2004 y 2005. Está claro que casos muy importantes como Cromañón (2004) o Blumberg (2005) tienen aquí un peso muy importante. Pero lo más significativo para nosotros no es la repercusión de los casos, sino la mayor actividad de protesta ligada a ellos. Recordemos que, en términos de repercusión, los picos de 1987, 1990 y 1998 se corresponden también con casos de alta repercusión pública, como Ing. Budge, María Soledad y Cabezas. Pero, sin duda, los casos de la década de 2000 produjeron más actividad de protesta (y con más y más sistemática cobertura) y se produjeron en un contexto general de mayor movilización de víctimas. También es necesario marcar la diferencia de escenario con aquel de principios de los años 80, en donde la repercusión o el escándalo asociado a un caso, por ejemplo, el crimen de O. Sivak, estuvo vinculado a un fuerte movimiento de opinión, pero sin desencadenar acciones de protesta.

Tabla 1. Protestas de víctimas y protestas totales en años seleccionados

Año

Protestas de víctimas Protestas totales Relación
1987 14 519 2,7 %
1990 11 463 2,4 %
1998 10 409 2,4 %
2004 87 533 16,3 %
2005 80 702 11,4 %
Total 423 11 322 3,7 %

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de base Gepsac.

Observadas en conjunto, las protestas llevadas adelante por víctimas y familiares-víctima hacen referencia a situaciones de las más diversas. La tabla 2 ofrece un catálogo de los tipos de casos que produjeron protestas a lo largo del período. Como podemos ver, algunos son casos particulares y muy significativos (como AMIA o Cromañón), y otros son tipos de casos (inseguridad, violencia institucional, etc.). Por otro lado, creamos la categoría crímenes políticos para reunir una serie de casos muy resonantes del período cuyo rasgo común es el desarrollo de una trama de encubrimiento ligada a dirigentes políticos (María Soledad, Cabezas, el crimen de la dársena en Santiago del Estero). Finalmente, la categoría “catástrofes” reúne casos de accidentes o estragos de alta repercusión pública (los más importantes del período son el accidente del vuelo 2553 de Austral, en 1997, y la tragedia del avión de LAPA, en 1999).

Tabla 2. Tipos de casos, 1983-2007

Tipo

Inseguridad/seguridad

29,6
Violencia institucional 12,5
Cromañón 12,3
Crímenes políticos 10,2
AMIA 7,8
Condiciones de detención / cárceles 3,5
Incidentes viales 2,6
Catástrofes 1,7
Violencia política en los 70 1,4
Salud 0,7
Violencia de género 0,2
Otros* 11,3
Sin datos 6,1
Total 100

* Envenenamiento en Avellaneda (1993); mujer que murió aplastada en la puerta de la SIDE (1998); familiares Tablada (en 2000); Pan Triste, un chico que mató a tres compañeros de colegio (2004); familiares del fútbol (1988 y 1998); boliche en Neuquén (jun2003); Florencia Penacchi (2005); Missing Children (en 2004 y en 2005); Caso María Marta García Belsunse (2002); Tragedia minera en Río Turbio (2004); masacre de Carmen de Patagones (sep. de 2004); caso Laferrere (2006); presos políticos (1983).
N= 423.
Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de base Gepsac.

Inseguridad y violencia institucional son los tipos de casos que mayor impacto tienen a lo largo de todo el período. Luego, tienen un peso muy significativo los crímenes políticos y los casos resonantes que registramos individualmente. Como muestra la tabla 3, la distribución de protestas por casos y tipos de caso no es estable a lo largo del período. En un sentido, esa variación es esperable en función de la ocurrencia de los casos, pero resulta interesante mirar los tipos de caso y observar el cambio de su peso relativo entre uno y otro período analizado.

Tabla 3. Casos y tipo de casos por períodos

Casos / Tipo de casos

1983-2002
N= 113
2003-2007 N=310
AMIA 22,1 2,6
Crímenes políticos 20,4 6,5
Violencia institucional 15,9 11,3
Inseguridad/seguridad 8,8 37,1
Condiciones de detención / cárceles 7,1 2,3
Violencia política en los 70 4,4 0,3
Salud 2,7 0,0
Catástrofes 1,8 1,6
Incidentes viales 0,9 3,2
Violencia de género 0,0 0,3
Cromañón 0,0 16,8
Otros 12,4 11,0
Sin datos 3,5 7,1
Total 100 100

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de base Gepsac.

A simple vista puede verse que, mientras que la violencia institucional es un tipo de caso por el que se protesta de modo relativamente constante en los dos períodos, la protestas de víctimas en casos de inseguridad (o en aquellos en los que la demanda de justicia se vincula con demandas de mayor seguridad) crece notablemente luego de la crisis de 2001. Y se trata de protestas motorizadas por víctimas o familiares-víctima y no por otros actores que también se movilizaron por este tema. Allí aparece otro elemento significativo. Entre el inicio y el fin del período analizado, precisamente cambia el lugar de las víctimas en este tipo de protestas. Podemos comparar, por ejemplo, los datos de 1988 y los de 2005. En ambos hubo un número considerable de protestas con demandas por mayor seguridad: 14 en 1988 y 38 en 2005. En el primero, ninguna de las 14 protestas estuvo motorizada por víctimas o víctimas-familiares, mientras que en 2005 ese actor estuvo detrás del 66 % de las protestas con ese tipo de demandas. Cuando miramos el escenario de los años 80, vemos que actores colectivos, en particular sindicatos y asociaciones profesionales, son quienes reaccionan frente a delitos conmocionantes. Generalmente choferes y empleados de taxis. En los 2000, esos actores siguen protestando, pero lo hacen ya en una proporción mucho menor que la víctimas.

La centralidad de las víctimas puede apreciarse, como vimos, en el crecimiento de su rol activo en relación con la actividad de protesta. Ahora bien, ¿cómo interpretar precisamente el aumento de ese volumen de la protesta de las víctimas? Dos hipótesis ayudan a interpretar este crecimiento. La primera es la diversificación de los casos y tipos de casos en los que se produce la movilización de víctimas. La segunda, vinculada con la primera, es el creciente interés periodístico suscitado por los casos de movilización y protesta por parte de las víctimas.

Efectivamente, desde los primeros años de la transición democrática, las protestas llevadas adelante por colectivos de víctimas y víctimas-familiares estuvieron prácticamente monopolizadas por casos de violencia policial e institucional. Los datos producidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) muestran la existencia constante y continua de este tipo de casos. Ambas organizaciones son, a la vez, los ámbitos privilegiados en los que comienzan a organizarse y nuclearse este tipo de víctimas (Pita, 2010). Algunos casos de alta repercusión pública, como la masacre de Budge (1987) y el caso Bulacio (1991) o el de Miguel Bru (1993), generaron las condiciones para que el abuso y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente contra jóvenes de sectores populares, se tornara crecientemente intolerable y objeto de denuncia. A ese tipo de casos, se sumaron durante los años 90 casos conmocionantes que, además de un fuerte impacto en la opinión pública, adoptaron ese repertorio de movilización. El caso María Soledad (1990) y el caso Cabezas (1997) explican el alto caudal de protestas vinculadas con crímenes políticos, a lo que se suma la importancia del caso AMIA (1994). Ello representa un cambio importante, ya que en los años 80 también existieron casos conmocionantes –ya mencionamos el caso Sivak (1985-1987)– que no derivaron en protesta, aunque sí en procesos de movilización de la opinión pública. Durante los años 90, casos que tuvieron menor impacto relativo incorporaron el repertorio de movilización de víctimas y familiares-víctima, de modo que diversificaron y ampliaron los tipos de casos y situaciones en las que estos actores elevaron públicamente sus voces de reclamo[7].

El otro elemento importante es sin duda que la figura de las víctimas y familiares parece haber adquirido mayor interés en la cobertura de medios de comunicación y en el trabajo periodístico. El cambio más significativo allí parece estar ligado al crecimiento de las protestas de víctimas vinculadas al problema de la inseguridad. Es difícil no ver allí un sesgo de clase. Las víctimas de algunos de esos casos, los más resonantes, muestran una distancia de clase significativa, al menos con las víctimas usuales en los casos de violencia institucional. Si, como sostienen Gayol y Kessler (2018), el impacto de las muertes violentas está asociado con el estatus de partida de las víctimas y si ese estatus tiene un sesgo de clase, es posible que ello explique el interés creciente de la cobertura periodística (Focas, 2017).

Para concluir, es preciso considerar también que la centralidad de las víctimas está asociada a su diferenciación como actores sociales. La capacidad creciente demostrada por las víctimas para ser portavoces de sus reclamos y un interés por mantener dichos reclamos a distancia de los actores tradicionales del sistema político operan sin duda como elementos que contribuyeron a delinear la centralidad que aquí analizamos. El caso Cromañón –para no irnos más allá del período que estamos observando– resulta paradigmático (Zenobi, 2014). El doble sentido de la expresión “politización” en el seno del movimiento parece mostrar ese proceso de modo bastante claro.

La estructura de este libro

Dijimos páginas atrás que la estructura que decidimos darle a este libro organizaba y sostenía la tensión inevitable entre el material empírico y el encuadre analítico y conceptual de los problemas de investigación. Tal estructura ofrece una lectura de múltiples entradas sobre la cuestión víctimas a través del análisis de casos específicos y propone abordar los asuntos referidos a la movilización, las demandas de justicia y la acción colectiva a través de diferentes dimensiones. Mas, antes de entrar en los aportes que desde cada una de ellas nos ofrecen los investigadores, el libro abre con un texto de Diego Zenobi y Maxiliano Marentes que presenta una lectura transversal y analítica del campo temático, que puede ser definido como el de los “estudios sobre víctimas”. La presentación consigue ofrecer un estado del arte que es a la vez una precisa lectura analítica y conceptual que provee claves para repensar y construir el tema qua problema de investigación con múltiples aristas. Fueron ciertamente esas lecturas y el debate del colectivo de investigación a la luz de ellas lo que nos llevó a definir y precisar la problematización de las dimensiones analíticas en las que, finalmente, acabamos organizando este libro.

Así las cosas, en la primera parte del libro cuatro textos se agrupan bajo aquella dimensión que nominamos “violencias, estatus y jerarquías de las víctimas”. Esos textos nos ofrecen, a través de diferentes hechos construidos como casos de estudio etnográficos, diversas entradas a tales problemas. A través de la documentación y registro de un hecho de violencia policial sin víctimas letales en un barrio popular del sur de la Ciudad de Buenos Aires, el capítulo de María Victoria Pita da cuenta del intenso trabajo social necesario para que un hecho pueda tornarse un caso, es decir, para que un evento una vez conocido socialmente y tomado por injusto pueda convertirse en un suceso justiciable, esto es, en un expediente judicial, y, eventualmente, tornarse parte de una causa pública que lo incluya y también lo trascienda. El texto busca explicar de qué modos el activismo experto y la militancia territorial pueden confluir de manera eficiente –resultante de un paciente, minucioso y dedicado trabajo político– para producir un caso, legitimar unas víctimas inicialmente no tenidas por tales, e incluso ofrecerles un estatus específico dentro de esa condición.

El capítulo que presentan Eugenia Cozzi, Natalia Agusti y Luciana Torres a través del análisis de tres hechos de muerte en un barrio popular de Rosario consigue dar cuenta de las diversas dinámicas de violencias y sus diferentes valoraciones contextuales y morales que, tal como ponen en evidencia, son definitorias a la hora de identificar diferentes tipos de afectados, eventualmente considerados víctimas de los hechos. Alcanzar la posición/condición relativa de víctima necesariamente –nos dicen las autoras– está en relación con las dinámicas de violencias físicas y morales más o menos legítimas puestas en juego de tal modo que un análisis de las violencias no puede sino ser resultado de lecturas analíticas en las que se atienda a las personas –en relación con sus posiciones estructurales– implicadas, las circunstancias y las diversas valoraciones de las violencias en circulación. Ya que no siempre las violencias tienen un sentido negativo y tampoco siempre acaban produciendo víctimas que activen demandas y reclamos al Estado.

Por su parte, el texto de Evangelina Caravaca se detiene en el análisis de unos hechos que dan lugar a la muerte de tres jóvenes habitantes de una pequeña ciudad de la Provincia de Buenos Aires. Tiene sentido mencionar que se trata de una ciudad pequeña toda vez que la autora presta especial atención a la escala y la localización como dimensiones relevantes para pensar en los elementos y procesos sociales que confluyen en la construcción de un caso o en su reverso, un no caso; esto es un hecho que, debido a diferentes motivos, no consigue adquirir las características de un suceso tenido por injusto y por ello factible de ser tenido como un hecho justiciable. Es decir, no alcanza a tornarse un evento de significación para alguna (cualquiera sea) de las tramas sociales disponibles. Las coordenadas político-coyunturales, las biografías, roles y posiciones específicas de los actores sociales intervinientes en el escenario local, ciertas condiciones estructurales en relación con los modos de desempeño de las fuerzas de seguridad, y las series, marcos de acción y narrativas disponibles son analizados a través de los casos y sus derroteros específicos en los que las historias locales resultan definitorias a la hora de identificar, clasificar y así visibilizar –o invisibilizar– prácticas y sentidos sobre las violencias y, en consecuencia, sobre la respuestas colectivas ante ellas.

Finalmente, el texto de Mariano Skliar indaga sobre los modos y los significados con que muerte y violencia forman parte de la vida de los jóvenes a partir de su trabajo de campo en una villa de la Ciudad de Buenos Aires. Su capítulo consigue poner en evidencia –en sintonía con el trabajo de Cozzi, Agusti y Torres– que las muertes y las violencias nunca son unívocas, y que son las biografías de los muertos, sus muertes y las circunstancias de los hechos, y las posiciones y roles de sus matadores los elementos que nos ofrecen las claves para comprender los modos en que tales muertes y violencias son cifradas. Los procesos sociales específicos y particulares que asignan valor (positivo o negativo) social a estas, su comprensión cuando se las analiza insertas en tramas locales consiguen poner de manifiesto sistemas de clasificación morales y sociales.

Todos estos análisis contribuyen a comprender que no estamos tratando con universos de prácticas ni de significación social homogéneos, y que el hecho de que muertes, daños y violencias sean parte del denominador común de estas historias no necesariamente produce víctimas. De uno u otro modo, a través de unos y otros hechos, por unos y otros caminos argumentales, este primer conjunto de textos busca –y creemos que lo consigue– poner en evidencia la existencia de diferentes violencias que solo adquieren significado insertas en tramas de significación que son, a su vez, aquellas que operan a la hora de definir la condición de víctima –más o menos legítima–, su estatus relativo conforme a las valoraciones morales disponibles, las valoraciones morales en circulación y las concomitantes jerarquías asignadas.

Los cinco capítulos que integran el segundo apartado, que hemos nominado “Las trayectorias políticas de las víctimas”, procuran analizar los procesos a través de los cuales quienes son afectados por situaciones de violencia y sufrimiento consiguen tornarse víctimas y familiares-víctima que, bajo ese carácter, llevan adelante reclamos en el espacio público y desarrollan diversas formas de compromiso político. Como muestran estos trabajos, no se alcanza tal condición sin mediar un trabajo de producción material, jurídica y de significación social que consiga cierta eficiencia y efectividad política y burocrática.

Los textos de este bloque se detienen en el análisis de la tarea de las víctimas, familiares y otros actores en relación con cada caso y los reclamos de justicia. Tal cuestión no solo abre a la indagación acerca de la distinción entre afectados y víctimas, sino también entre activistas y militantes. Para ello es necesario prestar atención a los diversos y complejos procesos a través de los cuales es posible dar lugar a trayectorias y vidas construidas con un perfil público. Uno que es resultado de decisiones y coyunturas puntuales a través de las que se fue adquiriendo cierto estatus y reconocimiento dentro de un ámbito específico, y que se liga a cierto tipo de destrezas y saberes que definen ese ámbito de competencias. Mas no se trata solo de carreras, y/o de trayectorias que pueden, eventualmente, resultar profesionales en cualquier tiempo y espacio, sino de procesos históricos en los que las coyunturas políticas contribuyen a la definición de tales trayectorias y perfiles tanto como ámbitos específicos disponibles para tornarse activista experto o militante profesional/territorial. Así las cosas, el capítulo de Sebastián Pereyra y Adrián Berardi se detiene en el análisis de las condiciones que hacen posible la construcción de aquello que los autores denominan “compromiso político” para describir las múltiples formas en que las víctimas se cruzan con lo político, a partir del estudio de un centenar de perfiles de víctimas y familiares-víctima. Estudiar las trayectorias de las víctimas militantes o activistas, destacan Pereyra y Berardi, permite ver que el compromiso político puede adquirir diferentes formas, que van desde la búsqueda de justicia en el propio caso, hasta la participación político-electoral, pasando por el desarrollo o sostenimiento de causas o problemas públicos.

El capítulo de Perelman y Pita se detiene a explorar estas cuestiones en el caso particular de las trayectorias de hermanos y hermanas de víctimas que devienen activistas y/o militantes. En el texto se reconsidera la histórica matriz familiarista que dio origen al movimiento de derechos humanos en el país y se analizan las resignificaciones operadas sobre esta, a la vez que se pone de manifiesto la emergencia de un actor político como les hermanes que, inscribiéndose en tal matriz, da lugar a una figura de valor con valor qua generación política. Las autoras destacan la marca epocal y la concomitante acumulación –de saberes sobre desempeños institucionales, así como sobre prácticas de demanda, protesta y acción colectiva– de un colectivo generacional que incide en los avatares de las historias/trayectorias individuales. Y, a su vez, presentando la posición de les hermanes como víctimas, se detienen en el análisis de las formas específicas en que confrontan los guiones disponibles sobre “la lucha de los familiares” y procuran generar sus propios modos y marcas distintivas de intervención. Por su parte, el texto de Natalia Bermúdez, a través de la presentación de las trayectorias de dos mujeres familiares de víctimas de violencia policial de sectores populares de Córdoba, analiza los modos en que se tramitan, gestionan y/o procesan social y territorialmente esas muertes. La “territorialización”, noción destacada por la autora en cuanto remite a una apropiación política del espacio, es puesta en juego a la hora de describir y analizar los altares, murales y grutas que son analizados como la materialidad del trabajo social, político y simbólico que desarrollan “desde abajo” familiares y allegados ante estas “muertes violentas”. El texto llama la atención sobre una cuestión que también abordan otros autores en este libro (como Pita, Skliar, y Cozzi, Agusti y Torres): la activación de un entramado social, unas acciones y unas movilizaciones populares que pueden, eventualmente, incidir en la reinscripción y valoración moral de las muertes de jóvenes pobres.

El texto de María Candela Hernández se centra, a diferencia de los casos analizados en los otros capítulos, en un acontecimiento de otro tipo y escala: un accidente ferroviario ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y que se tornó conocido masivamente como “La tragedia de Once”. El caso, que tuvo una enorme repercusión, fortaleció y potenció la figura de los familiares de las víctimas que se movilizaron, como destaca la autora, no solo en demanda de justicia, sino también por mejoras en las condiciones de prestación del servicio, y articulándose, además, con una causa pública contra la corrupción. En este texto, Hernández se detiene en el proceso de conformación del movimiento “Familiares y Amigos de Victimas y Heridos de la Tragedia de Once 22/2”: las circunstancias de su surgimiento, las acciones y demandas, la formulación de estas de tal forma que fuera posible construir –o bien contribuir– con ellas a la formulación de un problema público que fuera inteligible en una coyuntura específica. En este sentido, así como el texto de Perelman y Pita destaca la huella o matriz de la historia reciente y la dimensión epocal para pensar la emergencia de generaciones políticas (y sus condiciones de posibilidad), el trabajo de Hernández se detiene también en la ponderación de la temporalidad y la historia, pero lo hace para explorar el presente y la coyuntura que pueden funcionar como horizonte de oportunidades institucionales para potenciar las demandas del movimiento y para posibilitar “la redefinición de sus metas y la expansión de su agenciamiento político hacia otros terrenos”.

Finalmente, el texto de Cecilia García Sotomayor describe acciones y tradiciones propias de la movilización en demanda de justicia frente a casos de violencia policial y analiza de qué manera tales acciones solo resultan posibles si se sostienen en una trama de relaciones sociales locales. El texto de Sotomayor consigue mostrar el denodado trabajo social que despliega la movilización local y popular, esa que podríamos definir como una militancia, aunque circunstancial, que recoge experiencias sociales y saberes populares consolidados y que se orienta no solo a conseguir adhesión y solidaridad en la demanda de justicia y a proveer de elementos que puedan constituirse en prueba en sede judicial, sino también a presentar socialmente al sujeto de esa muerte como una víctima.

Trayectoria de activismo y militancia, diversas estrategias, modalidades, estilos, tradiciones, novedades, acumulación histórica e intervenciones eficientes en el presente, y más aún en la coyuntura; podría decirse que esos son los asuntos que exploran estos textos.

El último apartado trae otra dimensión de análisis para una cuestión y sobre un figura que recorre todas las discusiones de este libro: los procesos de producción social de víctimas. Aquellos por medio de los cuales determinadas personas se consideran y son consideradas por otros actores sociales como tales. Esto es, se tiene un especial interés en dar cuenta del modo en que instituciones, expertos y diversos dispositivos[8] contribuyen a producir víctimas, es decir, aportan y moldean los casos y reclamos de las víctimas, así como las estrategias de las víctimas (más o menos organizadas) para articular con esos modos, adherir a ellos o bien confrontarlos (Barbot y Dodier, 2013). Así, el problema central que abordan los textos aquí agrupados refiere a los procedimientos de categorización y jerarquización que operan sobre las víctimas: sobre su nominación, identificación, clasificación y concomitante jerarquización. Estos textos exploran con especial detenimiento en el análisis de las intervenciones de agencias y oficinas estatales y de expertos, tanto como del poder judicial (ya en su faz penal, ya en la civil) y de periodistas y medios de comunicación, así como en el del peso de las categorías y marcos de significación disponibles y/o en disputa que operan en ese proceso y acaban incidiendo sobre la definición, significación y presentación de víctimas. Contribuye a pensar la cuestión avanzar en el análisis a través de dimensiones tales como la contención de las víctimas y su encuadre y atención bajo los dispositivos que se implementan en situaciones de emergencia y/o de estrés postraumático, la de los mecanismos de publicidad, por la vía del tratamiento periodístico de los hechos en cuanto caso, que eventualmente ofrecen y/o fuerzan a la puesta en serie, y las referidas al sistema de justicia en clave de retribución (encuadre jurídico-penal: justicia- retribución/castigo) y/o de reparación (encuadre jurídico-económico y paradigma de derecho humanos) justicia-reparación/reconocimiento.

El texto de Diego Zenobi, a través del estudio de un acontecimiento de gran repercusión como fue el caso Cromañón, recordado incendio ocurrido en Buenos Aires en 2004 durante un concierto de rock que tuvo como saldo 194 jóvenes muertos y 1500 heridos, analiza de qué manera diversos actores sociales, en particular víctimas y expertos, intervinieron en la demanda, discusión y definición en torno a la reparación. Para ello se focaliza en las demandas civiles y explora de qué manera estas son pasibles de ser moldeadas a partir de consideraciones de tipo moral. Colocando el foco en quienes “modelaron” las demandas civiles, Zenobi da cuenta de qué modo los derechos humanos como paradigma de derechos en el orden transnacional pueden tornarse un recurso global disponible que reconfigura las nociones de víctimas, sobrevivientes y deudos cuando la justicia es leída en clave reparadora. Mas también advierte que tales “modelaciones” que implican reorientar o transformar un dispositivo requieren de víctimas movilizadas tanto como de expertos y distintos profesionales que puedan aportar, en su rol de agentes especializados, recursos sociales disponibles, argumentos y estrategias que nutran y orienten las causas públicas.

Por su parte, el trabajo de Carolina Schillagi se orienta al análisis de los dispositivos y repertorios de atribución de responsabilidades. Su caso de estudio es el evento conocido como “la tragedia de la calle Salta”: la explosión y derrumbe de un edificio en 2013 en la ciudad de Rosario durante la reparación de una válvula de gas. En su texto, Schillagi reconstruye y analiza el trabajo desplegado por diferentes dispositivos que permitieron que se desarrollara un intenso proceso de movilización social tanto como otros que operaron como mecanismos para identificar, clasificar y jerarquizar las posiciones de víctimas letales, sobrevivientes, familiares de víctimas y afectados. En su trabajo, a través del análisis de lo que llama “el repertorio de acusación y atribución de responsabilidades”, explora las tramas de interrelaciones entre los diferentes actores sociales (individuos, colectivos de familiares, autoridades, figuras políticas locales y nacionales e instituciones), sus eventuales interacciones eficaces y/o conflictivas y sus contribuciones a ese complejo proceso de definición de víctimas. Un proceso que, por cierto, está construido tanto desde la novedad y lo imponderable del acontecimiento imprevisto, como desde los recursos, narrativas y marcos de acción anclados en visiones previas o fundados en narrativas socialmente disponibles; muchos de ellos, por lo demás, con larga historia en lo que hace a problemas públicos nacionales.

Estas cuestiones también son exploradas por Violeta Dikenstein en su texto aquí incluido. El trabajo analiza dos casos de muertes violentas en situación de robo ocurridas en 2006 y en 2014 en el mismo barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y presenta los marcos interpretativos y de acción disponibles para cifrar tales eventos y así definir hechos y presentar casos. La definición que clasifica y así califica a los hechos y presenta esas muertes, la categorización de las víctimas –y eventualmente de los victimarios–, la asignación de sentidos y valoraciones morales, así como las acciones, demandas y los relatos de los diversos actores sociales, son los elementos que harán que tales sucesos devengan o no hechos justiciables. Y son esos procesos sociales, producto de las acciones de esos diversos actores, los que pondrán en evidencia que inscribir unos hechos en unas series de significación disponible no necesariamente implica ausencia de conflictividad. Muy por el contrario, el trabajo de Dikenstein demuestra que, cifrados aún bajo una misma serie tal como lo es la inseguridad (y la cuestión del delito ligada a ella) qua categoría pública disponible, esta no porta un significado único u homogéneo en ámbitos locales, sino que, por el contrario, da muestra de disputas y conflictos en torno a su definición y por ende a sus usos y las consecuencias de estos.

En conjunto, los estudios que forman parte del presente volumen muestran los resultados de una investigación colectiva que, sobre la base de un conjunto de interrogantes compartidos, permitió poner en común campos de indagación antes separados. Efectivamente, preguntarse por los rasgos y características de la movilización de víctimas y familiares-víctima supone poner entre paréntesis un elemento constitutivo de dichos procesos de movilización, a saber: los campos temáticos y problemáticos en los que emergen las víctimas. ¿Qué tienen en común las víctimas como actores o sujetos de la protesta y la movilización social? ¿Son sus repertorios de acción equivalentes y convergentes? ¿De qué modo las situaciones violentas o trágicas de las que resultan víctimas y demandas terminan configurando tipos de víctimas con sus especificidades y diferencias? Esta investigación coral y colectiva tuvo el objetivo de elaborar estos interrogantes comunes y ponerlos a prueba en una diversidad de estudios de caso y trabajos de campo que definen la complejidad y riqueza que el lector encontrará en las páginas que siguen. Este libro refleja y hace justicia –creemos– tanto al esfuerzo que requirió la construcción de un marco analítico, como a aquel que hizo posible cada uno de los estudios que aquí se presentan.

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  1. El desarrollo de esta investigación se vio favorecido por dos proyectos financiados del sistema científico nacional. El primero es un proyecto de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, proyecto PICT 2012-1566 denominado “La movilización de los familiares de víctimas y los reclamos de justicia”. El segundo, un proyecto UBACyT (2018-2020) denominado “Poder policial y activismos. Etnografías sobre violencias y demandas de justicia”. Ambos proyectos fueron dirigidos por María Victoria Pita.
  2. En el desarrollo de esta investigación, utilizamos de modo alternativo los términos “activista” y “militante” para describir a aquellas personas que desarrollan alguna forma de compromiso político en ámbitos partidarios, sindicales o sociales. Los términos, sin embargo, tienen tradiciones y usos diferentes: el término “activista” corresponde a las descripciones de los modos de compromiso político en el mundo anglosajón, que se expandió hasta abarcar especialmente las formas de compromiso y trabajo propios de las ONG y organizaciones de la sociedad civil; y “militante” es un término más característico de la tradición latina y su uso ha sido más corriente para analizar las formas de compromiso partidario y sindical. Ver en particular el capítulo 7.
  3. Elster (2010), interrogándose por procesos de justicia transicional, por ejemplo, sostiene que un elemento central para la consideración de las víctimas es el tipo de daño y las formas de reparación. En ese estudio propone distinguir entre daños materiales, daños personales y daños intangibles (Elster, 2010: 197).
  4. Este término lo utilizamos de modo descriptivo y no de modo valorativo siguiendo la propuesta de Y. Barthe (2017).
  5. Ofrecer mayor detalle sobre cada uno de los casos extendería la referencia y acabaría finalmente por desviarnos del foco principal de esta mención. Como sea, cada uno de ellos se tornó emblema de una cuestión socialmente problematizada y/o un problema público. Cabe destacar que la noción de caso a la que aquí nos referimos es la de caso de repercusión (Eilbaum, Kant de Lima, y Medeiros, 2017) que supone un hecho o suceso que, por diversas razones, consiguió movilizar mediática, política y socialmente a una/s comunidad/es.
  6. El relevamiento se llevó a cabo en la prensa gráfica nacional (diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crónica) con una metodología diseñada en el marco del Grupo de Estudios sobre Protesta y Acción Colectiva (Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires) para un estudio inicial que comprendía el período 1989-2007 y que se completó luego con un proyecto financiado por la Universidad Nacional de San Martín para el período 1983-1988. El relevamiento tomó como unidad de análisis las acciones de protesta, y se utilizaron como variables principales la organización, el formato y la demanda de las protestas. Para este análisis en particular, se realizó un recorte de la base original seleccionando solo las protestas lideradas por víctimas y familiares-víctima (no incluyendo aquellas lideradas por organismos de derechos humanos). Sobre la metodología del estudio, ver Schuster et al., 2006.
  7. Mencionamos más arriba la tragedia del vuelo 2553 de Austral (1997) y la tragedia de LAPA (1999). Podríamos agregar también las protestas de familiares del fútbol argentino que comenzaron en 1998 o uno de los primeros casos resonantes de incidentes viales, el caso Cabello (1999).
  8. Se entiende a los dispositivos –en el sentido de Barbot y Dodier (2013)– como encadenamientos preseteados de secuencias de interacción orientadas a definir las situaciones o a transformarlas (“un ensemble d’ingrédients qui sont rendus solidaires les uns avec autres: des éléments matériels (des objets, des bâtiments,…), des «rôles» occupés par des individus détenteurs de compétences, des règles, des mots, des doctrines ou des présupposés sur le monde”). A modo ilustrativo, se mencionan cuatro tipos principales de dispositivos: a) judiciales, b) de indemnización financiera, c) dispositivos asociativos (de organización y movilización de las víctimas), y d) dispositivos mediáticos o periodísticos.


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