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3 De los hechos a la causa

Historia de un caso de violencia policial en la Ciudad de Buenos Aires

María Victoria Pita

Preguntas iniciales

¿De qué manera algo que ocurre, un hecho, sea el que fuere, algo que le pasa a alguien, se torna un caso, es decir, un suceso que tornándose conocido socialmente ingresa en el orden de lo tenido por injusto para un grupo de personas? ¿Cómo es posible conseguir que “lo que pasó”, ese caso que es considerado una injusticia, se torne un hecho justiciable? ¿Qué es lo que hace posible que un expediente judicial se torne un caso en una serie que alimenta una causa pública? Estas son algunas de las preguntas que orientan una investigación que tiene por uno de sus casos de estudio un hecho de violencia policial[1] ocurrido en 2016 en un barrio popular y pobre del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Interesa aquí, a través de la guía que suponen esos interrogantes, indagar acerca del trabajo de “construcción” de un caso de violencia policial. Es decir, se busca describir y analizar el proceso que va desde unos hechos violentos perpetrados por un grupo de prefectos sobre dos jóvenes, hasta su devenir un caso inscripto en la serie violencia policial y que en tal condición tributa a la causa de derechos humanos. Tal propósito implica detenerse en el análisis tanto de las acciones y decisiones de los distintos actores sociales implicados –lo que a la vez supone identificar los diferentes saberes y haceres de los que disponen activistas expertos del litigio estratégico en el campo de los derechos humanos, militantes sociales contra las violencias estatales y funcionarios del poder judicial y de las fuerzas de seguridad–, como de las mallas de relaciones de las que disponen unos y otros. Por lo demás, ese trabajo de “construcción” que ha implicado a la militancia y al activismo de los derechos humanos tanto como al poder judicial ha contribuido a la producción social de las víctimas, unas que consiguieron visibilidad y también credibilidad, aunque no sin experimentar durante ese proceso tensiones y ambivalencias resultantes de esta y que conllevaron también sobreexposición, vulnerabilidad y sufrimiento[2]. Por esta razón, interesa aquí también indagar acerca de la complejidad de los procesos de demanda de derechos, de justicia y de reconocimiento toda vez que entrañan clasificaciones, tratamientos y valoraciones morales de diverso signo.

Uno, dos, tres comienzos

Este texto tiene tres comienzos diferentes. Cada uno de ellos prioriza un momento por sobre otros, destaca diferentes encuadres y primeros planos o bien privilegia destacar eventos fuera de cuadro. Son tres comienzos posibles para presentar este caso de estudio. El primero de ellos (y su posición en primer lugar no es del todo arbitraria) hace referencia a unos hechos de violencia, a la ocurrencia relativamente cotidiana de eventos que resultan de acciones violentas perpetradas por miembros de fuerzas de seguridad en barrios populares de la Ciudad. El segundo comienzo cuenta de qué manera un hecho de violencia de un grupo de prefectos sobre dos jóvenes de un barrio popular toma estado público, se lo impugna y condena socialmente e ingresa en el sistema de administración de justicia, de manera que da forma a un caso que se torna expediente en un proceso judicial. El tercer comienzo, tomando como punto de partida los comentarios que suscitó la presentación de este caso de estudio en unas jornadas científicas, se detiene en el análisis de las acciones que generaron las condiciones de posibilidad para que aquellos hechos consiguieran construirse y presentarse socialmente como un caso de derechos humanos.

Los tres comienzos posibles remiten al mismo problema general: la presentación de unos hechos violentos perpetrados por funcionarios de una fuerza de seguridad que consiguen ser clasificados como violencia policial[3] y presentados de esa forma en la arena pública y ante un tribunal. Y también la gestión de esa presentación encuadrada en el formato de litigio estratégico que, en este caso, supuso la construcción de una alianza entre una organización militante antirrepresiva y de fuerte base territorial y un organismo de derechos humanos, lo que a su vez hizo posible que el caso se inscribiese en la serie policial que contribuye a la causa pública de derechos humanos. Por supuesto, toda vez que estos tres comienzos posibles son analíticos, es claro que su exposición busca, de manera propositada, destacar ciertos aspectos. Y por eso mismo, también es probable que, luego del desarrollo y las derivas de unos y otros comienzos, pueda advertirse que, finalmente, no se trata sino de detalles, primeros planos y microanálisis (Ginzburg, 2010) de una historia.

Al primero de los comienzos lo podría llamar “La nueva moda de Prefectura”

Entre 2015 y 2016, junto a otras dos investigadoras del Equipo de Antropología Política y Jurídica (Florencia Corbelle y Florencia Brescia), llevamos adelante el capítulo de la Ciudad de Buenos Aires en una investigación centrada sobre el desempeño de las policías y las fuerzas de seguridad en barrios populares. Se trataba de un proyecto del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo de derechos humanos junto al cual el Equipo, desde sus comienzos, ha llevado adelante investigaciones y producido conocimiento con el objeto de intervenir en la arena pública y de incidir (y también crear) agenda en materia de derechos humanos en Argentina. El objetivo de la investigación era identificar, registrar y analizar prácticas de hostigamiento policial en la Ciudad de Buenos Aires, en particular en sus villas y barrios populares. Se procuraba dar cuenta de las más frecuentes formas de ejercicio del poder policial extendidas sobre espacios y grupos sociales específicos. La noción de hostigamiento resultó una eficiente categoría descriptiva que permitió identificar y dar cuenta de una serie de rutinas y prácticas desplegadas por la policía y las fuerzas de seguridad y que se caracterizan por el abuso, el maltrato, la humillación, la arbitrariedad y la extorsión. En ocasiones pueden asumir formas persecutorias, es decir, ocurrir de manera reiterada sobre las mismas personas. El repertorio de prácticas registradas (aunque no constituye una lista cerrada) en general incluye “demoras” o detenciones reiteradas y arbitrarias, amenazas, insultos, maltrato físico, robo o rotura de pertenencias, y en algunos casos formas más graves de abuso físico (golpes, torturas, lesiones graves con o sin armas de fuego) o de arbitrariedad policial, como el “armado” de causas penales. Se trata de prácticas, no siempre ilegales, que eventualmente pueden escalar en su intensidad de violencia, pero que, reguladas, mayormente parecen estar orientadas a imponer autoridad a los fines de gobernar un territorio y administrar grupos de población. Es decir, que su ejercicio, más o menos controlado, se presenta como recurso eficiente para la gestión de un lugar que los propios funcionarios de las fuerzas de seguridad han descripto como “bastante hostil”. El hecho de que estas prácticas escalen en su intensidad de violencia (toda vez que estas pueden dar lugar a casos extremos de violencia policial, como ejecuciones o desapariciones forzadas) implica ciertos “riesgos”[4] para los miembros de las fuerzas de seguridad. “Riesgos” que de todos modos se tornan socialmente relativos, porque los niveles de violencia aceptables se relacionan de manera bastante directa con la reputación de quienes son objeto de ellas. Aunque también resulta relevante, junto con ello, atender a la trama de relaciones en la que quien es objeto de esas prácticas está inserto (o consigue insertarse) y que supone el acceso a ciertos recursos y capital social o la imposibilidad de tal acceso. Esto lo pudimos advertir de manera evidente durante el transcurso de la investigación. Muchas de las violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad y que nos eran narradas por las propias víctimas no habían sido objeto de denuncia o reclamo. Y en ocasiones eran prácticas tenidas por admisibles como parte de un “orden natural” de las cosas. Injusto, sí; pero, en cierto modo, tenido por inevitable. Así al menos se nos lo presentaba. De hecho, algunas de las rutinas y prácticas policiales estaban tan incorporadas por los jóvenes que las sufrían que no consideraban que merecieran ser destacadas. Así, nos encontramos con algunos hechos de la vida cotidiana que bien pueden ser considerados hostigamiento policial, como, por ejemplo: hacer tragar el porro o la pipa, golpes, cachetazos, insultos y otro tipo de humillaciones, que solo nos fueron relatados por quienes son blanco de estas prácticas cuando preguntamos específicamente por su ocurrencia.

Sin embargo, una de las prácticas que nos fuera relatada como novedad fue la que estaban llamando, por entonces, “la nueva moda de Prefectura”. Una nueva rutina de hostigamiento contra los jóvenes. Nos dijo Martín, un joven referente barrial que se implicó hace ya unos años en la “Campaña contra la Violencia Institucional”[5]:

Ahora la nueva “moda” de la Prefectura es que se llevan a los pibes, les ponen un buzo o una bolsa en la cabeza, los llevan allá atrás, a la garita o por atrás de la cancha de Huracán, o atrás de Mundo Grúa, que hay un descampado, y los re cagan a palos, una repaliza les dan a los pibes y después de cagarlos a palos los dejan tirados.

Y nos contó que en una ocasión intentó intervenir para defender a El Chino, un joven del barrio. El Chino, nos dijo Martín, “ahora se rescató, porque antes él andaba rastreando[6]”.

Ahora compra y revende cosas. Pero tiene fama de rastrero en el barrio, y cada tanto lo buscan [las fuerzas de seguridad]. Esa vez fue la Prefectura. Resulta que estaba sentado allá en la esquina y paró la camioneta y lo levantaron. No estaba haciendo nada el chabón. Lo levantaron y directamente paliza: “¿Viste que te la íbamos a dar a vos?”, le decían; “¿Te acordás de nosotros?” ¡Se la habían jurado! Yo venía de una reunión y me contaron: “Lo agarraron al Chino!”. Y ahí yo fui y salté: “¡Eh!, pará, no le pueden pegar, él tiene sus derechos, ¡tiene sus derechos el pibe!”. Le estaban dando unos cachetazos, hasta ahora me acuerdo. “¡¿Qué querés, vos, hijo de puta?!”, me dijeron, y me corrieron, me tiraron patadas, de todo…

Martín cuenta que algunos vecinos ven bien que “la policía” (ese genérico que suele usarse para hablar de las distintas fuerzas de seguridad, más allá de que luego se las identifique y califique de manera diferencial) castigue físicamente a los jóvenes como “advertencia” o, como dice la propia Prefectura, como “correctivo”, “como para que no se atrevan a hacer cualquier cosa acá en el barrio. Yo entiendo que está mal, pero también entiendo por qué los vecinos piensan eso”, dice.

Las prácticas, las rutinas y los distintos casos que nos fueron narrados durante el tiempo de trabajo de campo intensivo para esa investigación eran parte del cotidiano, lo que había ocurrido hacía poco y lo que estaba ocurriendo. Pero ninguno de esos hechos se había tornado un caso, ninguno de esos jóvenes había denunciado o reclamado justicia, ninguno de ellos o sus familias se había presentado ante instituciones, autoridades, funcionarios o referentes sociales como víctimas. Incluso Martín, un joven referente local, militante político territorial e implicado también en una militancia de tipo social y ligado a la Campaña contra la Violencia Institucional, escapó ante la amenaza de los prefectos.

Al segundo comienzo podría llamarlo “Los chicos de La Poderosa”

Apenas unos días después de haber terminado el informe de aquella investigación, un caso de violencia perpetrado por un grupo de prefectos conmovió a la Ciudad. Una organización social villera comprometida contra la violencia policial denunciaba que, en la noche el 24 de septiembre de 2016, dos jóvenes de 18 y 15 años, Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, de la misma villa de emergencia del sur de la Ciudad de Buenos Aires en la que habíamos concentrado la mayor parte de la investigación, habían sido detenidos ilegalmente y sometidos a torturas por funcionarios de la Prefectura Naval Argentina.

A Iván y a Ezequiel, un grupo de diez prefectos los mantuvo detenidos mientras los insultaban y golpeaban. Luego de esposarlos, los trasladaron –con sus cabezas cubiertas con las capuchas de sus propios buzos– en dos móviles hacia una garita, un lugar de asentamiento provisorio de esa fuerza en el barrio. Allí, se hizo descender de uno de los móviles a Ezequiel, el muchacho más joven, quien, dentro de uno de los contenedores que servía de sanitario de los agentes de la fuerza, fue sometido a una nueva sesión de golpes. Después, los prefectos los trasladaron en una camioneta a las orillas del Riachuelo, un lugar deshabitado y bastante más oscuro que el resto del barrio. Una vez allí, los sometieron a una continua serie de violencias: torturas, malos tratos y humillaciones, incluyendo un simulacro de fusilamiento y una amenaza de violación. Todo esto ocurrió durante casi dos horas. Luego, los prefectos les ordenaron que se retiraran del lugar mientras les advertían que, si no lo hacían rápidamente, los matarían. Los jóvenes, descalzos y semidesnudos, corrieron hasta llegar a sus casas sin mirar hacia atrás. Ya era pasada la una de la mañana.

Parecía, a todas luces, tratarse de un hecho que respondía al patrón de “la nueva moda de Prefectura”. El expediente judicial describió luego, con detalle y bastante precisión, lo que los jóvenes relataron más de una vez y ante distintas personas, ya que cada uno contó a sus padres lo que había ocurrido, y luego a los funcionarios policiales cuando hicieron la denuncia en las dependencias de la Policía Metropolitana, y también en la fiscalía, y a sus abogados, y a periodistas, y finalmente ante el tribunal durante el juicio oral[7]. Porque esta vez el curso de los acontecimientos fue distinto a lo que ocurrió con El Chino.

Sobre lo que pasó con Iván y Ezequiel, el caso de Los chicos de La Poderosa. O de las diferentes formas de nombrar e identificar lo que pasó

La secuencia de violencias relatada por Iván y Ezequiel no era algo desconocido en el barrio; es decir, aunque ello ciertamente no le quita ni un ápice de gravedad a los sucesos, no se trataba de hechos extraordinarios. Y no lo digo en términos genéricos, sino remitiéndome a esos tipos específicos de rutinas violentas. Sin embargo, la práctica que era “moda” en el barrio y conocida por varios no se tornó noticia hasta que se supo lo ocurrido esa noche de septiembre de 2016.

Iván y Ezequiel les contaron a sus familiares lo sucedido. El padre de Iván salió de su casa con la idea de ir hacia la sede de la Prefectura, pero, al ver un móvil de la Policía Metropolitana, pensó que lo mejor sería denunciar ante ellos lo que había ocurrido. Se acercó a los funcionarios que estaban en ese móvil y les relató lo sucedido. Eran ya casi las dos de la mañana, pero allí en la puerta de la casa de la familia de Iván se juntaron sus familiares y los vecinos alertados por lo que había pasado. La Policía Metropolitana llevó a Iván y a sus padres al hospital. Cuando Yanet, la mamá de Ezequiel, supo lo que pasó, fue con su marido a buscarlo a la casa de la abuela y desde allí se fueron al hospital, donde se encontraron con Iván y sus padres. Después, todos se fueron a hacer la denuncia formal a la sede de la Policía Metropolitana. Marcela, la mamá de Iván, contó: “[mientras estamos allí] viene un policía de la Policía Metropolitana y nos dice que fueron a buscar evidencia y que no encontraron nada”. Lo que pasa es que la policía, contó la mamá de Iván, “fue en la noche, estaba todo oscuro y buscaban con las luces del móvil y un celular, no era lo mejor”. Su marido, entonces, preguntó a los policías si podían ir ellos, a lo cual les dijeron que sí: “Si ustedes quieren, pueden ir, ver y buscar y si encuentran algo no tocan nada. Nos avisan y hacemos el trabajo”. Y así fue como Abelardo (el papá de Iván), Marcela (la mamá) y Juan Ramón (el hermano de Marcela y tío de Iván) fueron al lugar de los hechos en procura de evidencias. Iván los acompañó y les mostró cada lugar en el que habían estado. Relató la mamá de Iván:

[…] él nos iba guiando, fuimos encontrando las cosas. Iván lloraba y no paraba de llorar. Estaba como ido, como quedado. Triste. Nunca lo había visto así. Iván quedó shockeado porque pensó que lo habían matado a Ezequiel. Encontramos todo: las medias, el casquillo, guantes de látex. El casquillo estaba detrás de la baranda, cerca de un árbol. ¡Encontrar cada cosa fue una alegría! ¡No toquen, no pisen! [nos habían dicho], por eso con mucho cuidado hicimos todo. Ya estaba amaneciendo, como las 7 de la mañana. Cuando recién llegamos, estábamos con la linterna del celular, y después, cuando empezó a aclarar, no hizo falta. Habremos estado ahí menos de una hora. Mi hermano se fue a avisar a la policía. Nosotros nos quedamos cuidando. Iván y yo nos quedamos. Teníamos miedo de que viniera algún móvil. Se nos cruzaban miles de cosas… No circulaba nadie. Ahí nos quedamos Abelardo, Iván y yo. Iván nos mostraba dónde era cada cosa. Estábamos viendo si alguna cámara podría haber tomado algo. La que estaba ahí es de la PEPSI. Mientras esperaban, Iván contaba todo lo que le dijeron, cómo lo trataron, etc. Yo estaba mal cuando lo escuchaba. Luego llegaron [la Policía Metropolitana] en una camioneta. Bajaron varias personas. Nos dijeron “Muchas gracias, ya se pueden retirar”. Nos dijeron que ellos se encargarían de todo. Yo tenía miedo de que tiraran todo. “¿Es seguro esto?”, preguntaba.

Más allá de la revisación de los médicos en el hospital, el tío de Iván se ocupó de sacarles fotos a los chicos para documentar sus heridas. Y el marido de la mamá de Ezequiel le hizo llegar las fotos a uno de sus amigos, un referente de La Poderosa, una organización “villera” –con asiento territorial en el barrio–, buscando comenzar a construir una denuncia por lo ocurrido (https://bit.ly/2ymo9MD).

Al día siguiente, los dos jóvenes, acompañados de sus madres, fueron a declarar a la fiscalía. Fue allí que volvieron a ver y reconocieron a uno de los prefectos, que estaba esa mañana junto a otro colega haciendo sus tareas de rutina. Iván se lo dijo a los funcionarios de la fiscalía antes de sentarse a declarar sobre los hechos: “Abajo está uno de los prefectos que nos pegaron”.

La noticia corrió como si hubiera habido un reguero de pólvora, no tanto por las circunstancias de los hechos –las rutinas, los padecimientos, las denuncias en fiscalía–, sino porque La Poderosa, que tiene un periódico y una página web, apenas cuatro días después publicó una nota con las fotos de las heridas de los chicos y tituló “Torturaron a dos chicos de La Garganta” (https://bit.ly/3aavnkb). El hecho rápidamente tomó estado público al llegar a las radios, a la televisión y a los periódicos de mayor circulación nacional (https://bit.ly/2SGrOeX).

Pocos días después (el 6 de octubre), se organizó un acto público muy cerca del lugar donde los hechos ocurrieron que contó con la presencia de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y religiosas, sindicatos, partidos políticos, y figuras relevantes del campo de los derechos humanos y contra la violencia institucional. De este modo, en el trascurso de los días se fueron sumando otras voces y multiplicando los relatos. La presentación de lo sucedido no solo tornó a los hechos un caso, sino que en esa misma operación los inscribió en la serie de la causa de los derechos humanos y, si es posible decir tal cosa, en el linaje principal[8]. Por lo demás, la presentación de los jóvenes del caso como integrantes de la organización, como militantes, como “chicos de La Poderosa” procuró dar peso político inmediato a la denuncia. En el acto estuvieron presentes dirigentes de las primeras líneas de ese amplio arco de organizaciones y grupos.

Durante el proceso judicial, cada acción conseguiría además una nominación específica, ya en la jerga de los prefectos –“Les dimos un correctivo”, le dijeron los prefectos al Tribunal–, que los abogados defensores de los imputados incorporarían como descriptores naturalizados de sus rutinas, ya en su traducción jurídica conforme las intervenciones de las querellas, del Ministerio Público Fiscal y del propio Tribunal. No es tan frecuente que a los dos años de ocurridos los hechos un Tribunal Oral dicte sentencia. Pero esta vez fue así.

Ya a primera vista es posible advertir que la diferencia entre estos hechos y aquellos otros que se relataban como resultado de la nueva “moda” de la Prefectura no estuvo dada ni por el modus operandi, ni por las fuerzas de seguridad intervinientes, ni por el barrio, ni por la condición socioeconómica de los afectados. La primera y evidente diferencia es que estos hechos pudieron tornarse un caso para luego devenir una causa, un expediente judicial. Y para poder dar cuenta de cómo tal cosa fue posible, necesariamente hubo que considerar (identificar, describir y analizar) los desempeños específicos de los distintos actores sociales intervinientes, las decisiones que unos y otros tomaron, las acciones que unos y otros llevaron a cabo, las evaluaciones y valoraciones morales que se pusieron en juego, las reputaciones de los actores, el entramado de relaciones que logró activarse de manera veloz y eficiente para construir la denuncia y, junto con ello, “producir” a esas víctimas. Lo sucedido consiguió que un hecho se tornase un caso, que a su vez se tornaría en una causa (un expediente judicial), que a su vez se inscribiría en la serie de los casos que alimentan la causa de la lucha por la vigencia los derechos humanos o contra la violación de los derechos humanos. Y tal cosa fue posible debido a la intervención de una organización social con base territorial como La Poderosa, que llevó a la movilización en denuncia por lo ocurrido publicitándolo e iniciando la construcción del “caso” judicial, y también su inscripción en la serie violencia policial de la causa pública de derechos humanos, a través de su asociación con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un histórico organismo de derechos humanos con larga experiencia en litigio estratégico. La intervención de estos actores colectivos/organizaciones estuvo orientada tanto a la visibilización de las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad y a la búsqueda de una condena judicial, como a la presentación de los jóvenes para que fueran tenidos por víctimas con todo derecho y legitimidad social para demandar justicia.

En este caso las organizaciones sociales y políticas, las calles, los medios de comunicación en todos sus formatos y manifestaciones, y los ámbitos judiciales fueron las arenas públicas donde presentar los hechos, construir el caso y legitimar a los afectados como víctimas. Así, no solo se trató de la presentación de los hechos, que implicó exposición en la arena pública ampliada de una caracterización de las rutinas crueles y los tormentos, sino también de la presentación de unos jóvenes víctimas. La presentación de ellos ya supuso una sobrepresentación de inscripciones sociales que contribuían a construir, progresivamente, una reputación pública. No solo se trataba de jóvenes del barrio y uno de ellos jurídicamente un menor de edad, es decir, un niño. También eran hijos de familias de trabajadores y eran estudiantes. Y algo más: también eran “los chicos de La Poderosa”. Esta última pertenencia llegaba a presentarlos como militantes aunque la relación con la organización era apenas de proximidad, y solo en uno de los casos. En verdad, esa pertenencia se fue produciendo en el durante, es decir, en el devenir del caso y de la causa. La forma en la que se hizo la presentación pública de los jóvenes operó a los efectos de validar el estatus social y moral de los afectados de tal modo que hiciera posible que se tornaran víctimas. Esto implicó que la organización La Poderosa no solo hiciera la denuncia, sino que, sobre todo, la sostuviera en el tiempo. Y el mismo hecho de presentarlos como si fueran miembros/militantes de la organización consiguió de alguna manera “protegerlos más” porque estaban representados y “cuidados” por una organización, es decir, no estaban solos. Y también hubo otro plus, que no siempre se pondera: en este caso, como en muy pocas oportunidades, los afectados estaban vivos. Y podían presentarse, darse a conocer y contar lo que habían vivido. Así, las víctimas eran también testigos de lo ocurrido[9].

Durante el tiempo de la denuncia de los hechos, de la factura de estos qua caso y de su gestión como causa/expediente judicial, estuvo puesta en juego la movilización de recursos, actores e instituciones de diferentes ámbitos; de diferentes poderes estatales, de espacios sociales ligados a medios de prensa de gran escala y locales, actores políticos, gremiales/sindicales, de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Tornar unos hechos un caso implicó inicialmente retirarlos de esa “normalización” que podía narrarlos en el barrio y sin mayor impacto como “la nueva moda de Prefectura”. Narrar y representar la secuencia de los hechos, describirlos, dar detalle de la circunstancias, presentar a quienes fueron objeto de tales hechos, dar difusión a los acontecimientos implicó un trabajo de reclasificación de eventos y de actores, y circulación más allá de las fronteras “locales”. Esa reclasificación acudió a la puesta en juego de valoraciones morales que procuraran impedir la circulación de otras valoraciones de signo negativo dominantes en la narración de hechos ligados a fuerzas de seguridad y jóvenes en una villa de emergencia. Tal reclasificación y el eventual cambio de signo en la presentación de eventos y actores es un trabajo delicado porque implica, como en cualquier proceso clasificatorio, distinciones y jerarquizaciones encuadradas en una totalidad, es decir, que no se trata de simples dicotomías (Lahud Guedes, 2008: 55). En este sentido, la presentación pública de los jóvenes como militantes buscó construir distinción y jerarquización en la totalidad. No solo se buscó impugnar las prácticas “normalizadas” sobre los “jóvenes villeros”, al mismo tiempo que resignificar positivamente tal identidad, la de “villero”. También se buscó destacar a estos jóvenes con un plus: la condición política. Este aspecto, que luego en el devenir de la causa fue dejando de tener centralidad, fue relevante en los primeros momentos de los hechos en cuanto caso.

La presentación como “los chicos de La Poderosa” operaba como una reinscripción o reclasificación de los jóvenes en un grupo dentro de la comunidad de la que son parte; es decir, se trata de la referencia a su pertenencia no solo a una comunidad, sino a una especie de “elite” o cuerpo social de renombre en materia de impugnación a la violencia policial, una organización social reconocida que es parte de una especie de aristocracia de los excluidos. Esta condición incidió en el proceso de devenir víctimas, un tipo específico de víctima. Los jóvenes objeto de estas violencias, por la manera en que se se trazó la conversión de los hechos en un caso, devinieron también víctimas notables, signadas por una dosis de heroísmo. Y esa condición, si bien contribuyó a dar repercusión a la presentación pública del caso, también tuvo, paradojalmente, efectos negativos que implicaron riesgos por exceso de notoriedad. Así, la popularidad que en pocos días alcanzaron los jóvenes, maximizada por la presencia en canales de televisión de aire, los tornó, sobre todo a Iván, celebridades (la condición de menor de Ezequiel lo protegió en parte de una extrema exposición). Esa visibilidad masiva y también los modos de presentación de los jóvenes por parte de la organización, que destacaban su “valentía” y de condición de “jóvenes ejemplo”, a la vez que procuraban colocar una serie de valoraciones morales en torno a ellos para dar más potencia política a la causa pública, producían mayor vulnerabilidad. Iván, en una ocasión, quiso jugar su notoriedad para impedir la detención arbitraria de un joven en su barrio, pero ello implicó recibir malos tratos y una amenaza. Es decir, presentarlos como militantes de la organización les daba una extrema visibilización que les proporcionaba –se buscaba que lo hiciera– “cobertura” (en clave de protección) y prestigio, a la vez que exponía el valor (la “valentía”, el “coraje”) de la denuncia y permitía cambiar el signo de lo padecido: pasar de la humillación al orgullo de ser identificado como quien tuvo el coraje y la voluntad de llevar adelante una denuncia que además buscaba generalizarse, es decir, tornarse emblema. Esa operación, necesariamente, ponía en juego procesos de clasificación (y calificación) moral de los actores implicados, y ello, a su vez, orientaba y prescribía comportamientos. Todo esto, por cierto, ocurría en esa esfera pública social, mediática y local (barrial); pero, en el espacio público restringido y profesionalizado del mundo judicial, las lógicas de argumentación, los desempeños, las calificaciones y cualificaciones, las presentaciones, los espacios para la palabra y las presencias, los prestigios y las reputaciones construidas por fuera se deshacían o cambiaban de escala. En cualquier caso, el desencantamiento de aquellas intervenciones regidas por la lógica militante (Pita, 2010) y la vigencia de otras reglas de juego generaban varias dificultades. También el pasaje del caso a la causa, es decir, todo ese procedimiento que implicaba que un caso se tornase un expediente judicial y se inscribiese en un proceso de administración institucional de conflictos, implicaba construcción de estrategias, evaluación de situaciones, coyunturas, puesta en juego de saberes técnicos organizados por otras lógicas; y eso, ciertamente, afectaba y alteraba las relaciones entre los distintos actores implicados toda vez que modificaba lenguajes, afectaba reputaciones, cuestionaba y reposicionaba autoridades y ponía en jaque todo un universo de valoraciones morales.

Y en ese pasaje, en ese trabajo de traducción y articulación, necesariamente estaban implicados actores sociales (organizaciones) que habían construido una alianza estratégica para llevar el caso/la causa a esa arena específica que es el litigio judicial. Y, en este sentido, lo que se formula como la acción colectiva de dos organizaciones y que implica la alianza entre la militancia territorial y el activismo experto[10] no debe inducirnos a pensar que la gestión de tal acción colectiva de resultas de un acuerdo inicial estará libre de conflictos. Muy por el contrario, para llevar una causa judicial, para configurar la estrategia del litigio, para producir prueba, para construir un diálogo con el Ministerio Público Fiscal, tanto como para acordar declaraciones y apariciones públicas, fue necesario un intenso y continuo trabajo de producción de acuerdos, de reducción de conflictos, y fue también imprescindible estar abiertos a imaginar soluciones frente a la emergencia, así como tener (o generar) capacidades para sostener una división de tareas ad hoc: reunirse con el Ministerio Público Fiscal, pedir material –por ejemplo, de cámaras de seguridad en la Ciudad– a distintas fuerzas de seguridad y poderes públicos (Policía de la Ciudad, Gobierno de la Ciudad), así como telecomunicaciones a empresas privadas para producir prueba. Combinar los días y junto a cuáles profesionales los jóvenes podrían declarar. Gestionar encuentros y reuniones de los jóvenes, de sus padres y de todos juntos con profesionales de equipos de salud mental que buscaban prepararlos para enfrentar el proceso judicial. Conseguir autorizaciones institucionales para que los jóvenes accedieran un turno médico en hospitales públicos, para que sus madres y padres obtengan cédulas que justifiquen las ausencias en sus trabajos para acompañar a sus hijos a declarar, o a diferentes reuniones ligadas a la causa, o bien por enfermedades de sus hijos a consecuencia de lo padecido; las tareas de gestión de un pedido de relocalización por riesgo. Esas, entre tantas otras tramitaciones y gestiones para, por una parte, producir prueba válida para el proceso y, por otra, para conseguir que el proceso de administración de justicia no continuara produciendo más daño sobre las personas, implicaron mucho trabajo (invisible) entre las organizaciones y agentes. Una densa trama que es resultado de un trabajo incesante, continuo, diario, preciosista. Ante cada demanda familiar por dudas y miedos o por falta de recursos. Ante cada declaración judicial, por lo mismo y más: por las eventuales consecuencias que traería un error. ¿Dar o no notas o entrevistas a los medios? Y de hacerlo, ¿a cuáles? Mientras tanto: ¿qué y cómo presentarse ante el Tribunal?; ¿y ante la Defensora Oficial?; ¿qué hablar y qué no con los abogados particulares de los imputados?; ¿cómo comunicar los avances de la tramitación de la causa?; ¿cuándo se informa de un relativo “éxito” (avance) en esas gestiones?; y también, ¿para qué?, ¿ante quiénes?, ¿qué efectos tendría más allá de los buscados?, ¿qué impactos sobre el Tribunal y sobre la Defensoría oficial?; ¿qué reuniones técnicas son indispensables?, ¿cuántas de ellas serán, además, valiosas para mostrar que la querella es rigurosa y no es “tribunera”?; ¿cómo pensar y también negociar entre unos y otros actores implicados en la(s) querella(s) el monto de la pena?; ¿en qué medida la condena penal (y su peso) son sinónimos de justicia?; ¿qué esperar?; ¿qué podría celebrar como un “triunfo”?; ¿cuánto de ese “triunfo” será penal y en qué proporción un triunfo de esa naturaleza es un triunfo político que pueda ser exhibido con orgullo?; Y junto con eso: ¿qué pasa luego con esos jóvenes y sus familias?; ¿cómo quedan –en sus condiciones materiales, emocionales y afectivas– luego del proceso? En otros términos: ¿qué pasa cuando el caso emblemático o los actores de un “caso ejemplar” vuelven a su vida real, cotidiana?; ¿cómo se tramita una decisión judicial? Y más aún: ¿cómo se da ese proceso cuando además se trata de víctimas vivas, es decir, que son también testigos de lo ocurrido, testigos de los actos y hechos perpetrados contra ellos? Esta última pregunta, sin duda, remite a esa doble condición de víctima que debe transitar un complejo proceso de producción de prueba para lo cual debe someterse a diferentes dispositivos de demostración bajo la lógica judicial de su condición (pruebas fácticas, pericias, marcas físicas y materiales), y de testigo que debe y tiene que validar su testimonio y, además, traducirlo desde la lógica vivencial y subjetiva –que puede abonar a una verdad histórica– a una regida por las reglas de la verdad jurídica (Calveiro, 2008). Probablemente no va de suyo de manera directa, pero esa tensión entre víctima y testigo, o entre prueba y testimonio, potencia y torna más complejas las tensiones entre verdades. Y también entre aquellos colectivos que hacen a la construcción de la denuncia pública y aquellos que están directamente ligados al litigio judicial; máxime, claro, cuando se encuentran asociados procurando construir una única demanda de justicia.

El 21 de septiembre de 2018, tres días antes de que se cumplieran dos años desde aquella noche, hubo una sentencia que puso nombre a esas prácticas y castigó a esos hombres por sus actos. Un tribunal condenó a los prefectos imputados a penas de entre diez y ocho años por los delitos de

imposición de torturas en concurso ideal con privación ilegal de la libertad calificada y lesiones leves, cometido en forma reiterada, en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometidos con armas de fuego y en poblado y en banda, calificado a su vez por haber sido ejecutado por miembros integrantes de unas fuerzas de seguridad[11].

Esta vez, además de estar frente a un hecho, ante “un evento que resulta de acciones violentas perpetradas por miembros de fuerzas de seguridad” hubo un caso, lo cual supone “un hecho que tornándose conocido socialmente ingresó en el orden de lo considerado injusto”. Pero además, ese hecho devenido caso –merced al trabajo social que lo hizo posible– ingresó en el sistema de administración de justicia y se tornó así una causa judicial, es decir, un “expediente”. Mas en el derrotero específico de esta historia, ese expediente, gracias al encuadre desde el litigio estratégico, pudo inscribirse en la serie “violencia policial” y desde ella tributar a la causa pública de los derechos humanos.

Al tercer y último comienzo, lo podría llamar “Contando un milagro”

Milagro

De miraglo.

1. m. Hecho no explicable por las leyes naturales 
y que se atribuye intervención
sobrenatural 
de origen divino.

2. m. Suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa.

3. m. p. us. exvoto ( ofrenda dedicada a Dios, 
a la Virgen o a los santos).

4. interj. Denota la extrañeza que causa algo.

1. loc.adv. U. para expresar que algo ha ocurrido 
cuando parecía imposible que ocurriese, 
o que no ha ocurrido cuando todo 
hacía creer que iba a suceder.

hacer alguien milagros

1. loc. verb. Hacer mucho más de lo que se puede hacer 
comúnmente con los medios disponibles.

Cuando por primera vez en un ámbito académico presenté algunos avances de mi trabajo de investigación sobre este caso, el comentarista –quien además conocía de primera mano el caso y en gran medida los avatares de su tramitación judicial tanto como de la mediática– señaló, y en cierto modo objetó, que mi trabajo se ocupaba de un caso que resultaba de una alianza y articulación “exitosa” entre organizaciones de tal modo que me estaba deteniendo en el análisis de una situación excepcional. Exitosa y poco frecuente, destacó; en ese sentido, mi caso no era representativo. Yo estaba trabajando analíticamente sobre un “milagro”, dijo.

Tal señalamiento tiene sentido y recoge preocupaciones, intereses y debates que han sido analizados en este campo específico por diferentes autoras. Trabajar sobre un caso que se torna paradigma de una causa, sobre un caso ejemplar como, por ejemplo, “el caso Bulacio” (Tiscornia, 2008, 2009), no es lo mismo que hacerlo sobre un caso extremo, un caso acontecimiento, como por ejemplo “el caso del Puente Pueyrredón”, que conlleva las “muertes acontecimiento de Maximiliano Kostecki y Darío Santillán” (Perelman, 2015, 2018); ni tampoco es lo mismo que el detenerse en el análisis de casos estándares y sin mayor repercusión, sobre casos del común, como “los casos de gatillo fácil” (Pita, 2010); aunque ciertamente cada uno de esos tipos de casos, construidos como casos de estudio, ofrecen diversas aristas de interés y relevancia para iluminar acerca de las prácticas (policiales y judiciales) que se busca develar y comprender.

Mas los casos “exitosos” y, por ello, en algún sentido “extraordinarios”[12] (tal es la intención con la que se empleó la noción “milagroso”) ofrecen la oportunidad de detenernos a explorar lo que en su condición de excepcional resultó eficiente para un feliz desarrollo y resultado. En esta historia, detenerse en el análisis del caso “milagroso”, del caso “bien sucedido”, puede ofrecernos –simultáneamente– pistas muy interesantes sobre varios asuntos. Aquellas sobre las que presté especial atención y que me están resultando valiosas para entender y atender a este caso y su singularidad me han permitido advertir algunas cuestiones específicas en lo que hace al proceso de “construcción del caso”. Si tuviera que presentarlas de modo sintético, diría lo siguiente.

Por una parte, que al menos localmente, se revela importante no solo el trabajo y la asociación entre unas organizaciones con fuerte anclaje territorial y otras con capacidad y experticia como para producir intervenciones eficientes en el mundo tribunalicio que suelen tener efectos positivos en la arena pública ampliada, sino también el trabajo de estas últimas al establecer relaciones de diálogo y negociación de gestiones y procedimientos con funcionarios estatales de diversos poderes (sobre todo Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa). Las formas de validación de experticia y competencia que profesionales del derecho desplegaron ante los funcionarios judiciales de las diferentes instituciones pusieron en evidencia que las credenciales profesionales y las autoridades y prestigios construidos sobre la base de esas lógicas tienen una validez atendible y relevante a la hora de ganar confianza y autoridad con el aparato de administración de justicia, y ello se sabe por comprensión y oficio. Este es, entonces, uno de los “frentes” de construcción de prestigio, autoridad y validación del activismo experto. Uno que, por lo demás, es resultado de mucho tiempo de acumulación, revisión y aprendizaje. No hay carambola, sino experiencia sedimentada y puesta en juego[13]. Otro de esos “frentes” es el que lo liga a la militancia territorial. Quiero decir, en gran medida, ese activismo experto y marcadamente profesional y especializado trabaja en dos direcciones y en un continuo proceso de “traducción” de lenguajes, estrategias y acciones más o menos públicas en unos y otros espacios (de esfera pública ampliada o restringida, popular o experta), tornándose así una especie de stopper de elementos con poder de daño si pasan de uno a otro ámbito (tribunalicio/militante). Por supuesto, ese trabajo de articulación entre unos y otros actores, ese proceso de producción del caso, del expediente judicial y de su enlace con una causa pública como la de los derechos humanos por la vía del litigio estratégico, supuso un delicado y siempre inestable tejido de acuerdos y treguas, un marcado control de tiempos y una continua evaluación de oportunidades y cálculo de riesgo que, por lo demás, tenían lugar entre actores cuya racionalidad y lógica de acción no es exactamente la misma. La tensión solía (y suele) darse, sobre todo, entre una racionalidad que orienta la lógica de acción política de la organización territorial, que en este caso optó en más de una oportunidad por privilegiar la exposición de los hechos y sus víctimas en la arena pública con el objeto de construir una legitimidad y validación social de la denuncia, por una parte; y la racionalidad del activismo experto que procuraba que primara la lógica de acción del litigio estratégico orientada a dar primacía a los tempos más demorados, de bajo perfil –y en ocasiones de escaso impacto público–, pero eficientes a la hora de producir validación del trabajo jurídico, alianzas estratégicas y producción de pruebas, por otra parte.

Por lo demás, el trabajo con víctimas, máxime cuando se trata de víctimas vivas, es decir, de afectados directos movilizados en el reclamo de justicia, lo cual sobreimprime a la condición de tales la de testigos de los actos y hechos perpetrados contra sí, supone la intervención de un conjunto de saberes y haceres que interpelan no solo al mundo del derecho, sino también a una serie considerable de dispositivos que hacen a los procesos de producción de víctimas (psicólogos y médicos, peritos, técnicos, expertos) tanto como a los propios miembros del activismo experto y de la militancia territorial y que intervienen –desde diferentes planos– a la hora de resolver cómo y cuándo declarar, cómo y cuándo “movilizar” o aparecer en escena (o no hacerlo). Y en gran medida, todos ellos contribuyen, siendo conscientes o no, a la producción de un “proceso de victimización”[14] tanto hacia afuera (la arena pública ampliada), como hacia adentro del mundo judicial, lo que requiere de un sostenido trabajo de acompañamiento para que esa victimización pueda dar lugar a un legítimo reconocimiento de la víctima que propicie una “política de las causas” (Barthe, 2017) y un acompañamiento que implica preparación para transitar el propio proceso judicial (CELS, 2019). El trabajo tanto de los militantes de la organización territorial como el de los abogados y las abogadas y demás profesionales del organismo de derechos humanos, junto a afectados directos en ese proceso durante el cual devienen víctimas –víctimas gestionadas por el sistema de justicia, pero también víctimas como capital político de una causa–, pone en tensión los polos extremos de la racionalidad de esos actores, lo cual da lugar a momentos de conflicto tanto como a otros de cooperación.

La combinación virtuosa de estas dimensiones hace a la singularidad que tornó “milagroso” al caso. Mas a esta altura, convengamos en que los milagros no ocurren. Los milagros se producen, lo que es decir: se arman[15]. Y me interesa detenerme en este punto para volver sobre una cuestión señalada al inicio de este texto, cuando destaqué que exponer el desarrollo y las derivas de unos y otros comienzos nos podría llevar a advertir que, finalmente, no se trataba sino de detalles, primeros planos y microanálisis (Ginzburg, 2010) en o de distintos momentos de una historia. Y aunque en este texto no pueda más que exponer un cierre parcial, me interesa destacar lo siguiente: estos tres comienzos narrativos ligados a tres eventos que, hilando fino, no hacen más que a una misma historia llaman la atención sobre las formas de presentación de unos hechos en los que, necesariamente, siempre hace falta poner en juego prestigios, autoridades, capitales sociales y culturales específicos y recursos de traducción social. En el proceso de presentación de unos hechos, para que puedan tornarse caso, en el devenir de un caso que es convertido en un expediente judicial y que, eventualmente, se incorpora a una serie de casos que hacen a una causa pública, resulta especialmente relevante atender al punto de vista y la perspectiva que será puesta en juego. Los detalles y los primeros planos son tan relevantes como el fuera de cuadro. El punto de vista está propiciado por una toma de distanciamiento, puede asemejarse a las posiciones del fotógrafo, el cineasta y el historiador (Ginzburg, 2010), en las que hay autoextrañamiento y, a la vez, receptividad y elección de construcción, es decir: no se trata de ser mero espejo (Ginzburg; 2010: 337), sino de ser agente de producción de ese objeto de estudio para el desciframiento de una serie de escenas diversas del mundo real. En ese sentido, se trata de una tesis de trabajo, una lectura, una toma de posición que pone en juego perspectiva, detalle y cierre de encuadre (primer plano y closeup) para el análisis, y en ese proceso es posible advertir que microhistoria e historia a escala reducida no son sino parientes de la etnografía; disciplina en la que, justo es decirlo, no solo hay closeup, sino también análisis de lo que se llama “fuera de cuadro”, para dar cuenta del recorte de la escena y situación. Tal noción, proveniente de la fotografía, el cine y las artes plásticas en general, remite a aquello que está por fuera del punto de vista, que es el que indica la perspectiva y su alcance, y es también por ello la medida de la mirada.

Además de lo que se enfoca, esas nociones (mirada, perspectiva, punto de vista, encuadre y, por ende, cuadro) implican también lo que se deja por fuera. Definir como “milagro” el resultado de la acción exitosa entre una organización social con militancia territorial y un organismo de derechos humanos de sobrado desempeño en el litigio estratégico, lo que es propio del activismo experto, no es más que una ponderación sobre un resultado poco frecuente, es cierto; es decir, de un suceso o cosa rara, extraordinaria –como indica una de sus acepciones–. Aunque, si incorporamos la noción “fuera de cuadro” qua metáfora y nos proponemos incluir esa dimensión al análisis, podremos advertir y atender a toda esa trama de relaciones, a la intervención de distintos saberes y diferentes actores sociales que producen acuerdos inestables, negociaciones continuas, marchas y contramarchas en el proceso de construcción de un caso que es también un causa judicial y un caso/evento que se inscribe en una serie que alimentará a una causa pública como la de los derechos humanos. Y todo eso está hecho con saberes y haceres que no son sino experiencia acumulada. Y no en sentido figurado, sino en experiencias registradas de litigios en tribunales locales, regionales e internacionales; en espacios de formación en prácticos entre organismos de derechos humanos y universidades; en publicaciones especializadas; en encuentros, reuniones y congresos de especialistas.

La dificultad de los usos de unos y otros lenguajes propios de cada espacio social, el trato con diferentes figuras y agentes especializados, los manejos de los tiempos políticos y mediáticos, la gestión de la relación cotidiana y doméstica con las víctimas y sus familias, sus humores, sus disposiciones, sus necesidades y demandas implican toda una serie de gestiones y acciones de micropolítica local que pueden hacer posibles la emergencia o el fracaso de un caso y una causa. El haber acompañado el proceso de construcción de esos hechos en caso y causa me ofreció, esta vez, la posibilidad de asistir a la producción de un “milagro” que, como todos y todas sabemos, no suceden, sino que se arman.

Referencias bibliográficas

Barthe, Yannick (2017). Les retombées du passé. Le paradoxe de la victime. París: Le Seuil.

Calveiro, Pilar (2008). “Puentes de la memoria: terrorismo de estado, sociedad y militancia”. En Lucha Armada, n.º 1, Buenos Aires.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (2019). El trabajo psicojurídico; coordinación general de Macarena Sabin Paz. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CELS. Disponible en https://bit.ly/3dgwwZL.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (2016). Hostigados: violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CELS. Disponible en https://bit.ly/396O7jd.

Eilbaum, Lucía y Flavia Medeiros (2017). “Entre rotinas, temporalidades e moralidades: a construção de processos de repercussão em dois casos etnográficos”. En Casos de repercussão. Perspectvas antropológicas sobre rotinas burocráticas e moralidades. Río de Janeiro: Consequência.

Ginzburg, Carlo (2010). “Detalles, primeros planos, microanálisis. Notas marginales a un libro de Siegfried Kracauer”. En El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Guedes, Simoni Lahud (2008). “O sistema classificatório das ocorrências na Polícia Militar do Rio de Janeiro e a organização da experiência policial: uma análise preliminar”. En A análise criminal e o planejamento operacional, ISP, Río de Janeiro, vol. 1, Projeto Curso de Capacitação em Técnicas Quantitativas e Análise Criminal, pp. 53-62.

Perelman, Marcela (2015). “Política, policía y protesta. Desplazamientos de los umbrales de violencia policial en relación con la protesta en la Argentina (2002-2005)”. Tesis de doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, inédita.

Perelman, Marcela (2018). “Casos paradigmáticos y casos emblemáticos. Relaciones entre casos de muertes-acontecimiento con las series en las que se inscriben”. Ponencia presentada en las IX Jornadas de Investigación en Antropología Social. Buenos Aires, Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección de Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Pita, María Victoria (2010). Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Buenos Aires: Editores del Puerto/CELS, Serie Revés, Antropología Jurídica y Derechos Humanos, 2.

Tiscornia, Sofía (2009). “El activismo internacional de los derechos humanos y la capacidad de fijar límites a la policía”. En Estado, violencia y ciudadanía en América Latina. Madrid: Entinema.

Tiscornia, Sofía (2008). Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales: el caso Walter Bulacio. Buenos Aires: Editores del Puerto/CELS, Serie Revés, Antropología Jurídica y Derechos Humanos, 1.

Wikinski, Mariana (2016). El trabajo del testigo. Testimonio y experiencia traumática. Adrogué: La Cebra.


  1. Se usa aquí la expresión policial en términos genéricos aludiendo así a las policías y fuerzas de seguridad.
  2. Esta cuestión está ampliamente desarrollada por Diego Zenobi y Maximiliano Marentes en este mismo libro.
  3. La “violencia policial” no es parte de un orden natural de las cosas. Su definición social y local es resultado de un complejo y siempre inestable proceso de producción de significados construidos a partir de sensibilidades legales y morales en torno a lo justo y lo injusto, en torno al castigo y a la admisión de niveles de violencia estatal considerados legítimos, sobre valoraciones acerca de los derechos, la igualdad y la desigualdad, y también la distribución igualitaria o desigual de la violencia y la legalidad. Por eso, una primera cuestión importante es no dar por obvia la nominación “violencia policial” toda vez que adquiere su significado “en contextos locales, específicos, en el marco de procesos históricos particulares que son los que dan forma, también local, a instituciones, prácticas, memorias y actores” (Tiscornia, 1998).
  4. El riesgo es tornarse imputado en una causa penal por un caso de violencia policial, un riesgo que, por lo demás, saca de su cauce la violencia puesta en juego a los fines de gobernar ese espacio y su población. En ese sentido, un caso de violencia policial es un problema de orden práctico y un obstáculo para la diaria construcción de autoridad.
  5. Entre mayo y junio de 2012, se presentó públicamente la “Campaña contra la Violencia Institucional”. Su presentación fue en el Congreso Nacional, y participaron de ella en carácter de impulsores: el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, diputado de uno de los grupos que por ese entonces integraba el Frente Para la Victoria (ligado al oficialismo hasta diciembre de 2015); el abogado Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, un histórico organismo de Derechos Humanos y que fuera el primero en colocar la cuestión violencia policial en el escenario posdictatorial circa 1986, y el abogado León Arslanián, un exministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con una larguísima actuación en el país en el campo del derecho y en la gestión de la seguridad y la justicia desde 1984 (véase https://bit.ly/33V2ciJ). Su carácter mixturado y la participación en ella de actores políticos de distintas inscripciones y responsabilidades dieron a la iniciativa una potencia más que relevante. Pita, 2010; Bermúdez, 2015; Eilbaum y Medeiros, 2015; Kessler y Gayol, 2015.
  6. “Rastrear” es robar en el propio barrio a los vecinos.
  7. Cuando ocurrieron los hechos, Ezequiel era menor de edad, de modo que durante la causa la denuncia y la ratificación las hizo su madre (en verdad esto ocurrió en reemplazo, por así decir, de lo que debiera haber sido una Cámara Gessell). Durante el juicio, Ezequiel declaró sin público, sus declaraciones fueron resguardadas y protegidas (por portar tal condición).
  8. En las fotos de mayor circulación del acto, puede verse a Iván junto a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo y una de las personalidades más destacadas de entre el grupo de Madres.
  9. Al proceso de producción de las víctimas, se suma el trabajo de construcción del testimonio, uno que busca “no dejar atrapado al testigo bajo el peso de una responsabilidad que no le compete: él relata su verdad, una verdad probablemente construida a partir de una experiencia arrasadora, y debemos considerar por ende que el arrasamiento mismo habrá dejado sus huellas en el testimonio” (Wikinski, 2016: 19).
  10. Distinción que genéricamente no necesariamente responde a actores diferenciados, sino a modos y lenguajes de hacer en espacios específicos.
  11. Causa 5596, Registro Ordinario Nro. 47.2050/2016; Sentencia Condenatoria del TOC 9 del 22/10/2018.
  12. En este sentido, la condición de extraordinario de un caso puede deberse a diversas razones o características. Puede tornarse extraordinario porque la circunstancias de su producción como evento son infrecuentes, o bien porque la condiciones de su visibilidad hacen tornar extraordinario que un hecho del común alcance visibilidad y obtenga repercusión.
  13. Otra de las líneas de indagación de esta investigación se orienta –y este señalamiento refuerza su importancia– al análisis de los procesos de formación de generaciones de abogados y abogadas con trayectorias ligadas al litigio estratégico.
  14. “Victimización” en el sentido que le otorga Barthe y que implica un “proceso por el cual un individuo se define y es definido por otros como víctima” (Barthe, 2017: 10), un proceso que implica un costoso trabajo de reconocimiento de esa condición de víctima, lo cual lleva a que la victimización implique un “proceso disputado que puede dar lugar a controversias violentas” (Barthe, 2017: 11).
  15. No puedo aquí dejar de mencionar a mi querida maestra Sofía Tiscornia. Fue ella quien, con precisión, sostuvo esta afirmación en esa jornada científica en la que conversamos sobre este caso.


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