Posicionamientos y desafíos en el abordaje de consumo de sustancias en jóvenes

Florencia Caparelli, Rafael Carreras, Mayra Ludmila Gómez y Horacio Luis Paulín

Introducción

Este capítulo presenta resultados de la investigación mencionada en la introducción del libro como, así también, resultados parciales de un proyecto subsidiado por la UNC^[1] en el que nos propusimos analizar las experiencias institucionales que propician la inclusión y/o las barreras materiales y simbólicas en el acceso a derechos de personas jóvenes de sectores populares de la ciudad de Córdoba.

Inicialmente, nuestro trabajo preveía una primera fase de indagación en la perspectiva de personas adultas presentes en las distintas instituciones que –desde las opiniones juveniles– hubieran sido señaladas como referentes. La fase siguiente incluía la realización de grupos de discusión con jóvenes para reconstruir sus miradas sobre los procesos de accesibilidad. Sin embargo, el escenario de pandemia modificó sustancialmente esta planificación. Durante el mes de marzo de 2020, en instancias incipientes de la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en Argentina (ASPO), la comisión COVID-19 Ciencias Sociales (MINCyT-CONICET-AGENCIA) convocó a equipos de investigación de todo el país vinculados con poblaciones de sectores vulnerables, para colaborar con un relevamiento federal sobre el impacto social de las entonces recientes disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional. En dicho marco, retomamos contacto con referentes institucionales de programas y dispositivos de atención a jóvenes con consumo problemático de sustancias para conocer cómo continuaron con sus labores durante la cuarentena.

A continuación, presentamos las principales referencias teórico-metodológicas del estudio para luego analizar las políticas de salud referidas a jóvenes con consumo de sustancias en Argentina. Posteriormente describimos los escenarios cotidianos de las organizaciones de salud en tanto programas institucionales (Dubet, 2006). Por último, nos centramos en analizar las concepciones sobre el problema del consumo de drogas y las significaciones de los equipos acerca de las personas jóvenes en tanto sujetos destinatarios de los programas. Esto nos permitirá comprender, en forma situada, sus posicionamientos y las reinvenciones de sus prácticas para promover el acceso al derecho a la salud en el contexto de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Córdoba.

Perspectiva teórica y metodológica

La accesibilidad a derechos, entendida como proceso de interacción, supone encuentros y desencuentros por su relación asimétrica. Por ello, se la ha reconceptualizado no solo en términos de las ofertas institucionales de políticas públicas, sino también a partir de las expectativas y representaciones de los actores sociales (pacientes, usuarios o beneficiarios). Por esto, las perspectivas relacionales de la accesibilidad incluyen el análisis de la dimensión intersubjetiva. Para Maglioni (2018), analizar la accesibilidad en estos términos implica indagar en las representaciones sociales y grupales que diferentes sujetos construyen acerca de los servicios que las políticas sociales establecen, sus expectativas acerca del acceso al beneficio o prestación de servicios y el grado de satisfacción con respecto al cumplimiento de ciertos derechos. En definitiva, es clave atender a los marcos institucionales y las prácticas de profesionales y operadores que participan en dicho proceso.

Con motivo de ello, reparamos en dos cuestiones. En primer lugar, hacemos foco sobre el escenario cotidiano en el cual las intervenciones de profesionales y operadores se inscriben, es decir, en un contexto signado por una profunda crisis local y mundial en el que las políticas sociales –en particular en Argentina– han tenido una dinámica estrictamente político-administrativa (Repetto y Andrenacci, 2006). En segundo lugar, nos interesa reflejar cómo subjetivamente estos adultos responsables dieron respuestas a las demandas juveniles, con énfasis en aquellas destinadas a abordar el consumo de sustancias psicoactivas en el contexto de pandemia del COVID-19.

Para esta última cuestión, recuperamos el concepto de trabajo sobre los otros que Dubet (2006) construye para referirse a aquellas prácticas socio-profesionales que buscan transformar a los individuos a través de los programas institucionales. Este trabajo se distingue de otros ya que es un trabajo sobre uno mismo; por tanto, es difícil objetivar y evaluar su producción. Se presenta como una actividad crítica y ética de definición continua propia y de otros. El trabajo sobre otros, también, es un modo de compromiso con uno mismo, que es posible de llevar a cabo en la medida en que es vivenciado como una realización personal, que compromete la subjetividad propia. De allí que la probabilidad de establecer relaciones intersubjetivas se presenta como “lo mejor del oficio”, que, no obstante, dificulta el reconocimiento profesional dado ese carácter íntimo, personal y secreto del trabajo con otros. Según Dubet (2006), quienes trabajan sobre otros procuran obtener reconocimiento, demanda que se relaciona con la contradicción experimentada entre la responsabilidad sobre la vida de otros y la crisis de legitimidad que padecen. Es decir que habitualmente se espera demasiado de los trabajadores, pero a cambio no perciben igual legitimidad ni reconocimiento.

Varios estudios realizados en el contexto local han analizado cómo se produce la obstaculización del acceso al derecho o su vulneración por parte de instituciones estatales y organizaciones sociales, sobre todo cuando los destinatarios son aquellos cuya condición etaria puede agravar la desigualdad en dicho acceso, como es el caso de niñes y jóvenes (Arias y Di Leo, 2020; Chaves, 2014). Siguiendo estas preocupaciones, nos interrogamos acerca del grado en que les agentes estatales u operadores sociales se posicionan en sus prácticas cotidianas desde lógicas restitutivas y protectoras de los derechos sociales o, por el contrario, desde lógicas tutelares y asistencialistas más cercanas a posiciones correctivas y responsabillizantes (Paulín, 2016), propias de una matriz adultocéntrica (Duarte Quapper, 2012).

En García Bastán, Pinto, Caparelli, Carreras y Paulín (2020), a partir del análisis comparativo de los dilemas que enfrentan referentes de organizaciones educativas y de salud, y sus modos de resolución a la hora de favorecer el acceso a derechos a jóvenes, identificamos tres tipos de posicionamientos: compasivo-tutelar, de derechos y de hospitalidad.

El primero, con sello adultocéntrico, tiende hacia cierta moralización de las prácticas juveniles desde lógicas afines al tutelaje de la niñez y la adolescencia. El énfasis de estas intervenciones parece estar puesto en la transformación de les jóvenes de acuerdo a cánones adultos y de impronta religiosa trascendental. En el segundo tipo de posicionamiento, se apela a un discurso de derechos y busca correrse del tutelaje. En este sentido, la acción de referentes institucionales a menudo encuentra fuertes límites en la eficacia de las intervenciones (atravesadas por políticas contradictorias), que se relevan en expresiones de frustración y culpa. Las limitaciones institucionales para responder a los problemas juveniles se piensan en un plano de resolución individual poniendo el eje en la disposición afectiva y el trato vincular respetuoso.

La posición de hospitalidad y cuidado, lejos de pretender una adecuación de las personas jóvenes a las expectativas adultas y del “programa”, busca avanzar en experiencias de transformación de las prácticas personales e institucionales. No excluyen la alusión a un discurso de derechos. En efecto, observamos que la misma persona referente pivota ocasionalmente entre este tipo de posicionamiento y el anterior. La diferencia sustancial remite a que, en tanto categoría teórica, la hospitalidad implica aceptar al otro, dejarlo venir, ofrecerle algo, para lo cual es imprescindible que haya reconocimiento del otro en tanto tal (Arias y Sierra, 2018). Recibir al otro tal como es implica con frecuencia una transformación subjetiva de uno mismo, un cuestionamiento crítico del rol que se asume y cierta metamorfosis del programa institucional.

Con respecto a los aspectos metodológicos, hemos realizado un muestreo estratégico incluyendo cuatro programas de abordaje del consumo de drogas, situados en contextos barriales que reúnen características similares, como la fragmentación residencial y la periferización urbana (Valdés y Cargnelutti, 2014), cuya población objetivo son jóvenes de sectores populares. En esta selección buscamos incluir distintos modos de operar con la problemática del consumo. Por ello, hemos incluido una asociación civil compuesta por profesionales de la salud, un dispositivo de intervención comunitaria dependiente de una organización política, un programa estatal de la provincia de Córdoba y un programa desarrollado por una iglesia evangélica de la ciudad.

Nos insertamos en las organizaciones a partir de informantes claves que facilitaron el acceso para realizar observaciones y entrevistas semiestructuradas a miembros de cada programa entre 2018 y 2020, luego de asegurar el consentimiento informado. La irrupción de la pandemia del COVID-19 nos llevó a completar la construcción de datos mediante entrevistas virtuales y la búsqueda de información en las redes sociales de cada organización. Para el análisis de datos recurrimos a las operaciones centrales de la grounded theory (Strauss y Corbin, 2006) sobre un corpus de diez entrevistas realizadas antes y durante la cuarentena para desarrollar un análisis comparativo en el interior de cada relato. El contexto de emergencia sanitaria nos interpeló a incluir las reinvenciones de las prácticas de las personas referentes en sus vínculos con les jóvenes, como así también sus afectaciones subjetivas.

Políticas públicas en salud: cambios y persistencias en el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias

El consumo de drogas es una cuestión vigente y persistente en diferentes ámbitos académicos, jurídicos, religiosos, sanitarios y políticos. Ya sea por los argumentos que en su nombre se esgrimen o por el arsenal de leyes, programas, instituciones y agentes involucrados, las drogas despiertan veneración y polémica.

Desde mediados del siglo pasado, la ampliación del mercado farmacológico y el desarrollo de la racionalidad técnica del saber biomédico implicaron la valoración positiva de determinadas sustancias para curar enfermedades físicas y psíquicas (Epele, 2012). A su vez, la atribución del carácter de legalidad-ilegalidad a las sustancias por parte de convenciones internacionales con miras a controlar su producción y consumo dio lugar, entre otras cosas, a la diferenciación entre remedios y drogas. En este marco, se fue configurando un juicio moral sobre la figura del “usuario” de las sustancias prohibidas, acentuando lo enfermo e ilegal de sus prácticas (Renoldi, 2012).

Varios estudios (CELS, 2015; Corbelle, 2018; Corda, Galante y Rossi, 2014; Rossi, Galante, Ralón y Corda, 2012; Touzé, 2006, 2007) dan cuenta de las consecuencias que la implementación de políticas prohibicionistas/abstencionistas y la penalización del consumo en Argentina han tenido para la salud de las personas que consumen, en especial, pertenecientes a sectores vulnerabilizados. A nivel regional, la situación es similar ya que se viene demandando la necesidad de superar paradigmas focalizados en la criminalidad y sustancias para dar lugar a posicionamientos con eje en la salud pública.

Según se documenta, dichas políticas en la población argentina resultaron ineficaces y contraproducentes, y pusieron de manifiesto la tensión de la imbricación entre la (híper) medicalización y la criminalización del consumo, que menoscaba principalmente el derecho a la salud (Epele, 2012). Si bien hay antecedentes y experiencias que manifiestan un avance en materia de derechos sociales, las políticas en drogas no parecerían estar en sintonía. No obstante, un gran paso representó la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010, puesto que dentro de la atención de las personas con padecimiento psíquico se incluye a quienes atraviesan situaciones de consumo de sustancias (Touzé, 2017).

Ahora bien, ¿cuáles han sido estos acontecimientos relevantes para los campos que abordan el consumo problemático? A continuación reseñamos una serie de respuestas que nos interesa presentar en torno al consumo de drogas desde organismos estatales y no estatales.

En Argentina, tras haber sido declarada la tenencia de drogas ilegal (1926), de haberse efectuado la diferenciación entre uso y abuso (1963), de haber penalizado la tenencia de drogas por medio de la reclusión y/o la imposición de una rehabilitación compulsiva (siendo así el consumidor un delincuente y un enfermo a la vez [1974]), tuvieron lugar las primeras intervenciones, que se remontan a la década de los setenta (Camarotti et al., 2017; Garbi, 2012). Surgen instituciones estatales y de la sociedad civil que sentaron precedentes en el tratamiento de drogas: el Fondo de Ayuda Toxicológica (FAT), el Servicio de Toxicomanías del Hospital José Tiburcio Borda y el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), que incluyen diversos enfoques y dispositivos de atención (profesionales y religiosos).

Dentro de este período, nos parece importante destacar el proceso de “juvenilización” que comenzó a experimentar el consumo de drogas. Para ello, fue fundamental la aprobación –prácticamente simultánea– de dos leyes en 1974: una establecía para las personas toxicómanas la prisión o internación (ley 20771), mientras que la otra oficializaba la lucha antisubversiva (ley 20840). De acuerdo con Camarotti y Güelman (2017), tales disposiciones formaban parte de un proyecto represivo que procuraba restituir la autoridad estatal, en especial sobre la sociabilidad juvenil. De esta manera, empezó a consolidarse cierto imaginario político y social que entramaba juventud, drogas y delincuencia. Esto implicó que sobre les jóvenes se desplegaran con recrudecimiento prácticas de control, hostigamiento y encarcelamiento ante las “sospechas” del uso de drogas. Es decir que la figura del adicto se fue construyendo con una impronta generacional.

En lo que respecta al CENARESO, durante la última dictadura militar reparaba en la dimensión delictiva del consumo, pero, a partir del retorno de la democracia, viró el énfasis hacia la condición social de les pacientes (Touzé, 2006). A la par de la ampliación de las libertades civiles, el consumo ganó visibilidad, como así también aumentaron las prácticas de uso y abuso, lo que motivó el crecimiento sustantivo de instituciones estatales y no gubernamentales que atendían esta problemática.

En el marco de la recuperación de la democracia en 1983, la Iglesia católica le dio una fuerte impronta al “problema de las adicciones” desde un enfoque abstencionista y represivo que demonizaba a las drogas y, en especial, al sujeto joven. A pesar de ello, el gobierno de Alfonsín (1983-1989) trató de introducir un enfoque mucho más social y darle un lugar de fuerte presencia en la agenda pública en nuestro país. Este tipo de antecedentes le permitió también a la Iglesia católica posicionarse como un agente estratégico para el abordaje del consumo problemático, no solo en el plano local, sino también nacional, y resultó un aliado en distintos gobiernos democráticos hasta la actualidad (Camarotti y Güelman, 2018).

Asimismo, el hito fundamental de la década de los noventa fue la creación de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). Al calor de la internacionalización de las políticas de cara a dar “guerra contra las drogas” y las muestras de su ineficacia ante el aumento del consumo y de los consumidores, la inauguración de la Secretaría conlleva nuevamente una intensificación de la oferta institucional en materia de drogas. Este fenómeno, según señalan Camarotti y Güelman (2017), concierne a tres cuestiones: 1) la creación de un sistema de becas destinado a quienes no pueden enfrentar los costos del tratamiento; 2) la implementación de un programa de subsidios para las instituciones consistente en ayuda técnica y financiera; 3) la obligación por parte de las obras sociales y empresas de medicina privada de garantizar el tratamiento a sus afiliados.

Durante la década del 2000, los casos ligados al uso inyectable de drogas exhibieron una baja importante. Un factor clave en esa disminución fue el impacto de los programas de reducción de daños y riesgos, financiados por organismos internacionales, en dirección opuesta al sello abstencionista que caracterizaba las respuestas nacionales desde la SEDRONAR (Pecheny, Hiller, Manzelli y Binstock, 2012). Semejante diferencia paradigmática marca una disputa a la hora de encuadrar los diseños para abordar el consumo de sustancias. Sin embargo, fue matizada parcialmente a partir del reconocimiento en 2003, por parte del Ministerio de Salud de la Nación, de la reducción de daños como estrategia socioterapéutica (Camarotti y Güelman, 2017).

En este marco de variadas iniciativas, con elementos híbridos en las orientaciones terapéuticas, se suscitan una serie de debates y se elaboran documentos diagnósticos que bregan por una lógica sanitaria y/o punitiva, o bien por un abordaje en salud basado en derechos humanos, que contempla que su vulneración genera mayores padecimientos, malestares y enfermedades (Vázquez y Stolkiner, 2010). En ese sentido, en 2014 se sanciona el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos de Drogas (Ley 26934), que, con una impronta comunitaria e inclusiva, insta al Estado a ejecutar la reducción de daños como estrategia terapéutica.

Sin embargo, el gobierno de Juntos por el Cambio (2015-2019) tuvo una posición discontinua sobre aquello logrado en materia de leyes y derechos. El nivel de deterioro de las condiciones de vida en la población en general fue abismal. Al finalizar su mandato, nos encontramos con el 25,4% de los hogares bajo la línea de pobreza, lo que corresponde a un 35,4% de las personas en Argentina. Dentro de este conjunto, se distingue un 5,5% de hogares indigentes, que corresponde a un 7,7% de la población a nivel nacional (INDEC, 2019). Estos indicadores son los más elevados de los cuatro años de macrismo. Además, se produjo un marcado desmantelamiento de las políticas sociales, con énfasis en aquellas destinadas a las juventudes. Por ejemplo, el Programa de Terminalidad Educativa (FinEs) y los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), que se desarrollaban en escuelas públicas, y políticas para el fortalecimiento educativo, como el programa Conectar Igualdad. Cabe destacar también el cierre del Ministerio de Salud, reducido a rango de Secretaría, lo cual implicó una disminución tanto presupuestaria como de la acción estatal en salud.

Por último, en materia de políticas referidas al consumo de drogas se produjo una paulatina militarización de las fuerzas de seguridad en la llamada “lucha contra el narcotráfico”, con un dato significativo: a través de un Decreto (el 342/2016) se le retira a la SEDRONAR el registro del manejo de precursores químicos y los traslada al Ministerio de Seguridad (Tokatlian, 2017). En síntesis, la cuestión de las drogas deja de ser un problema de salud pública y pasa a ser una cuestión de seguridad/inseguridad.

Los programas de abordaje de consumo de drogas: contextos institucionales y tramas cotidianas

Consideramos que la pandemia del COVID-19 durante el 2020 puso de relieve un universo particular de desigualdades estructurales. Ciuffolini (2020) refiere que la gravedad de la situación local actual no es solo coyuntural o sanitaria, sino que recae en una emergencia múltiple de problemas asociados a las violencias, a la falta de trabajo, al acceso a la tierra y la vivienda y a desastres ambientales. Además, las dificultades por el acceso a recursos tecnológicos e informáticos que implicó la pandemia complejiza aún más el sostenimiento del trayecto escolar a aquellas poblaciones en situación de desigualdad social.

Un estudio que analiza particularmente la situación de les jóvenes cordobeses en pandemia refiere que los estados de ánimo predominantes durante el ASPO han sido el aburrimiento, el cansancio y la ansiedad. La suspensión de la actividad escolar y de los espacios recreativos a raíz del confinamiento ha puesto a les jóvenes en un gran riesgo para la salud mental. Según dicho estudio,

(…) el porcentaje de desempleo es del 19,7% en el total de la población consultada, y en su composición por género, el porcentaje de mujeres desempleadas es del 72% mientras que en los varones del 28%, marcando que el desempleo juvenil tiene un rasgo feminizado, donde de cada 10 jóvenes, 7 son mujeres. De igual modo, del universo juvenil desempleado, cerca de la mitad (el 46%) pertenece a los sectores populares, el 43% a sectores medios y un 11% a los sectores altos, por lo que se deduce que si bien el desempleo juvenil es un fenómeno generacional, este afecta de modo diferenciado por clase social (Andrada, Arévalo y González, 2020, p. 2).

En ese sentido, las “condiciones alarmantes de fragilidad laboral, sanitaria, habitacional, económica y educativa” (Ciuffolini et al., 2020, p. 2) que visibilizó la pandemia se fueron profundizando a medida que el confinamiento se prolongó. Si bien los efectos psicosociales de la pandemia en los jóvenes aún no fueron del todo estudiados, consideramos que ha generado un sinnúmero de barreras para el acceso a derechos que se van agravando si viven en condiciones de pobreza y si son mujeres y/o tienen sexualidades disidentes. En este contexto, actuaron los siguientes programas de abordaje de consumo de sustancias, que incluimos en este estudio.

La asociación civil El Pasaje es un dispositivo de intervención que integra una Red de Abordaje Comunitario de Consumos Problemáticos y es administrada desde 2012 por una organización política. Tiene como referencia en Córdoba la experiencia que el proyecto realizó en la provincia Buenos Aires, pero que busca su identidad local. Cuenta con dos dispositivos en la ciudad; uno se encuentra emplazado en uno de los barrios más antiguos en dirección al este del área céntrica, y el otro se ubica en un barrio de la zona noroeste. Puntualmente, la investigación la realizamos en el primero de ellos. El barrio en cuestión se distingue por su extensión, siendo la zona de ingreso al barrio una de las más tradicionales por su arquitectura neocolonial. También es reconocido por albergar un alto porcentaje de la población ciudadana, por poseer diversos lugares de referencia (centros culturales, mercado municipal, plazas, bibliotecas populares, instituciones sanitarias y educativas, construcciones diseñadas por arquitectos e ingenieros de renombre) y por las celebraciones del carnaval.

La Red brinda un abordaje libre y gratuito de tratamiento y prevención para jóvenes de dieciséis a treinta años. Cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por trabajadoras sociales, psicólogos, abogadas, operadores socio-terapéuticos y talleristas. Para poder llevar adelante las actividades cuentan con la financiación de la SEDRONAR y la ayuda de la organización política fundadora del espacio. Si bien se ha tratado procurar otros tipos de ayuda, no fueron del todo exitosos por dificultades administrativo-burocráticas. Las problemáticas trabajadas están relacionadas con el consumo, pero se abordan de manera compleja, entendiendo que las juventudes están también atravesadas por cuestiones relacionadas con la salud mental y la educación sexual, entre otras.

El Caracol es una asociación civil sin fines de lucro que funciona desde 1997. A partir de sus comienzos el espacio fue un centro ambulatorio y nocturno, que tiene actualmente dos sedes^[2] en la ciudad de Córdoba. Una sede está ubicada en un barrio de la zona noreste de la ciudad, colindante con otros barrios muy tradicionales. Atravesado por tres avenidas principales y con características residenciales, el barrio en cuestión cuenta con un área comercial, centros culturales y vecinales. El tratamiento ambulatorio está dirigido a personas jóvenes y adultas de trece a sesenta y cinco años, con quienes luego se realiza un proceso de reagrupación en distintos dispositivos terapéuticos. La organización tiene convenio con la SEDRONAR para dar el servicio a jóvenes sin recursos económicos.

El trabajo que se lleva adelante en la institución, según sus referentes, toma en cuenta la relación que los usuaries tienen con las sustancias y las diferentes problemáticas, entendiendo que se trata de sujetos autónomos y protagonistas de su recuperación. Los equipos están formados de manera interdisciplinaria e incluyen a talleristas, operadores terapéuticos, técnicos y practicantes. La perspectiva que rige la práctica es de reducción de riesgos y daños; de allí que el abordaje es integral, e incorpora la perspectiva de la Ley 26657 de Salud Mental y considera a les usuaries del tratamiento como sujetos de derecho y con garantías. Se divide en dos áreas: una terapéutica, que se dedica al tratamiento, y otra comunitaria, que está orientada a la promoción y prevención. Esta última, a su vez, se vincula con organizaciones barriales, educativas formales, municipios, etc. La división del programa está organizada por módulos: un espacio para jóvenes (dividido en jóvenes con conflicto penal, patologías duales y jóvenes de demandas más espontáneas) y otro módulo de adultos, además de un módulo para mujeres y disidencias sexuales.

El dispositivo comunitario se ubica en un barrio al noroeste de la ciudad, el cual es el resultante de procesos de relocalizaciones y ampliaciones de otras comunidades a lo largo de las últimas tres décadas. Compuesto por profesionales de trabajo social, psicología y talleristas, el dispositivo se articula con organizaciones del barrio, como comedores populares y el centro vecinal, donde sostiene un trabajo que data de tres años con jóvenes a través de un taller de ensambles musicales de rap y freestyle, y un espacio de primera escucha.

Este dispositivo forma parte del Programa de Prevención Territorial, que depende de la Secretaría de Prevención de Adicciones incluido en el plan provincial de adicciones, presentado como una ambiciosa política de salud integral en 2016 en el contexto de las regresivas políticas de seguridad en Córdoba (Hathazy, 2014). El programa cuenta con dos áreas: una de prevención, que en un marco escolar se dedica a capacitaciones a docentes y directivos, y otra territorial, que hace prevención y promoción en los barrios de la ciudad de Córdoba. Esta última se articula con instituciones como parroquias, escuelas y organizaciones sociales.

Las actividades de prevención y promoción de la salud se desarrollan en barrios de la ciudad de Córdoba ubicados en “zonas de mayor vulnerabilidad social”. Hasta el año 2019, se encontraban en treinta zonas o cuadrantes activos que abarcan más de cien barrios, con espacios de primera escucha y talleres socioeducativos, deportivos y artísticos. Por otra parte, la RAAC (Red Asistencial de las Adicciones Córdoba) se presenta como un sistema integral preventivo y asistencial para toda la provincia. Cuenta con cuatro niveles: el primero abarca centros preventivos con talleres de fortalecimiento familiar y emocional; el segundo es asistencial y cuenta con terapéutica ambulatoria especializada; el tercero es más intensivo y busca corregir daños físicos y emocionales del paciente con estabilización para ingreso a un tratamiento; el último nivel incluye comunidades terapéuticas en las que se requiere un “ambiente especializado y tiempo para que los pacientes puedan recuperarse”, tal como se expresa en el portal de la Secretaría de Prevención de Adicciones.

El programa Alegría es un dispositivo específico para adicciones que depende de una iglesia evangélica. Se encuentra localizado en un barrio del noroeste de la ciudad, atravesado por dos avenidas principales, colindante con el río Suquía y próximo a barrios opulentos. Cuenta con un centro de atención primaria de la salud, un centro cultural que es muy habitado por les jóvenes (usado para talleres y actividades varias) y la cooperativa de viviendas, que tiene también una presencia muy significativa.

Este proyecto convive con otros destinados a atención de la discapacidad, a la violencia familiar y a jóvenes judicializados, como así también de actividades sociales que se realizan en geriátricos. Estos programas se financian con los aportes de los fieles, ya que la iglesia no recibe ninguna colaboración de entes gubernamentales. Está coordinado por una psicóloga, que trabaja con abogados y asistentes terapéuticos que son capacitados en la misma iglesia.

El programa aborda a la persona “adicta” a partir de una estrategia en la que convergen tres espacios complementarios: el primero es un espacio grupal de escucha para las personas directamente afectadas; en paralelo, se trabaja con las familias a los fines de pensar herramientas espirituales y concretas para ayudar a la persona “enferma”. Por último, la persona adicta puede elegir un espacio de formación sociolaboral, donde aprende un oficio. En caso de que la persona que demanda asistencia requiera medicación (según criterio de la psicóloga receptora de la demanda), se la deriva a los centros de atención de la provincia, donde cuentan con psiquiatras.

Como vemos, los cuatro dispositivos proponen un abordaje directo a los usuarios de drogas, con énfasis diferentes: algunos más centrados en la atención específica; otros lo hacen desde una perspectiva de reducción de daños con trabajo comunitario; e incluso otros se inclinan por orientaciones espirituales para afrontar el problema.

Las causas de los consumos de drogas y los posicionamientos según referentes de los dispositivos de tratamiento

Entendemos que las respuestas de las instituciones a la problemática de las drogas están fuertemente enlazadas con el devenir histórico de las políticas públicas y las posibilidades del contexto actual. Pero, también, a cómo definen el problema del consumo de drogas y a los sujetos que lo transitan. En la presentación previa de cada programa, hemos empleado los términos enfermo, adicto, paciente, usuario en función del uso que les dan las personas referentes de los jóvenes.

Como advierten Camarotti, Güelman y Azparren (2017), estos conceptos demarcan diferentes perspectivas de análisis sobre los consumos de drogas en tanto uso, consumo problemático o abuso de sustancias. A su vez, el uso discursivo de la denominación del sujeto joven en referencia a la problemática connota qué tipo de concepción –más o menos explícita– se tiene con respecto a la relación intergeneracional, e indica qué tipos de posicionamientos, a saber, compasivo-tutelares, de derechos y/o de cuidado, ocuparían les referentes adultos a la hora de procurar el acceso a derechos de los jóvenes.

El grupo de referentes de la asociación El Caracol ubica la problemática de consumo en una trama sociocultural. De acuerdo a ello, la práctica del consumo es entendida como un síntoma de otras problemáticas signadas por violencias, vulneraciones y debilidad de las redes afectivo-vinculares. Se considera que si ciertos derechos hubieran estado garantizados, las conflictividades ligadas al consumo no hubieran ocurrido, o hubieran sido diferentes. En ese sentido, toma distancia de aquellas concepciones punitivas del consumo cuando considera como una gran barrera el circunscribir el tratamiento al castigo, en lugar de un derecho. Por tanto, el programa se propone desandar el camino que solapa consumo y sanción mediante un abordaje que apunte a la reducción del daño.

Entonces, digo, uno está laburando cuestiones de consumo pero no son ajenas a violencia de género, represión estatal, pobreza, no sé, cuestiones de salud física, de todo digamos. Por eso, por ahí también, el planteo es pensar un abordaje integral. Ahí sí hay un hincapié en pensar las cuestiones de consumo, pero todo lo otro, no se deja de lado porque, bueno, entendemos que está relacionado y que también es la sinergia de sí mismo. Si uno trabaja esto, todas estas otras problemáticas que te nombro, sí o sí empiezan a emerger, empiezan a aparecer, y que muchas veces el consumo es el síntoma de todo esto otro que está pasando. Entonces uno, no hay forma de que no haga un abordaje integral, no podés mirar para otro lado, todas esas cosas aparecen (Casandra).

Desde una perspectiva de género, la referente resalta cómo la identidad genérica puede constituirse en una barrera a la hora de acceder a la atención por consumo. Señala que se trataría de una problemática marcadamente “masculinizada”, lo que opacaría los padecimientos de mujeres y otras disidencias, y provocaría una fuerte estigmatización.

Y, bueno, en las mujeres, muchísimo más que en los varones (por eso nosotros también hicimos un espacio aparte) la estigmatización. ¿Por qué? Por ser consumidora y, además, por ser mujer. Entonces sos una mala mujer, y si llegás a ser madre, sos una mala madre. Y, además, como sos consumidora, sos una puta. Automáticamente, esos significantes se enlazan (Casandra).

Con motivo de ello, cuentan con espacios de abordaje individual y grupal, talleres y otras actividades. Tal como señalamos anteriormente, parte del financiamiento del programa proviene de la SEDRONAR, a través del otorgamiento de becas y otras articulaciones. Además, el hecho de contar con trayectoria y especificidad en este campo aporta solidez a la estructura del programa, lo cual favorece el diseño de estrategias de abordaje dentro de márgenes que guardan cierta linealidad con las condiciones planteadas por la política nacional, no solo en cuanto a requisitos básicos –como contar con equipos profesionales–, sino también en cuanto al enfoque de reducción de daños y la prevención.

No obstante, la profesional señala que como institución enfrentan grandes obstáculos a la hora de ejecutar acciones articuladas inter e institucionalmente. Al respecto comenta que, a modo de contrarrestar los vericuetos burocráticos (como la derivación de la SENAF^[3] a espacios sin considerar la accesibilidad geográfica o las diferencias entre espacios de escucha y aquellos terapéuticos), el programa despliega estrategias personalizadas que procuran que las personas jóvenes puedan realizar el tratamiento, y así “no se pierdan en el camino”. Asimismo, las consecuencias que trajo aparejado el cese de convenios en 2020 con el Estado provincial han sido muy graves para las acciones que venían realizando en diferentes territorios, puesto que significó, entre otras cosas, el desfinanciamiento de las intervenciones y la reducción tanto de prestaciones como de la infraestructura.

Entonces, yo creo que se pierden en el camino, porque no sé. Era muy personalizado lo nuestro, yo iba, te buscaba, te conocía en el Complejo [Esperanza], sabía que salías, si no te podía encontrar, pero sabía que eras de [el barrio] Maldonado… ¡iba a rastrear todo Maldonado hasta que te encontrara!, ¿me entendés? Y creo que eso, en una práctica estatal, explotada… ahora, justo ahora, no sé si viste cosas de redes, en noticias, está súper explotada, justamente la Secretaría de Prevención de las Adicciones, porque todos sus trabajadores en realidad son tercerizados […]. Después, por otro lado, que siempre el problema en esa población, fue la articulación, ¿me entendés? “¿Quién se tiene que hacer cargo de ir a buscar a ese chico que no sé qué? ¿Los de penal juvenil? ¿Los de la SENAF? ¿Es culpa de la familia? ¿Es culpa del programa? ¿Es del tratamiento? El chico ya es grande, lo tiene que hacer porque lo mandó el juez…”. Todos se tiran la pelota, ¿no? Entonces, es muy fácil perderse en ese camino entre que vos saliste del Complejo [Esperanza] y que te mandaron a hacer un tratamiento (Casandra).

A pesar de las barreras político-burocráticas y la escasez de recursos, la referente da cuenta de su experiencia subjetiva en la institución y destaca la posibilidad de estar en contacto con jóvenes que tienden a sufrir expulsiones de otros espacios. Indica que las intervenciones se verían favorecidas y fortalecidas por el estilo profesional de la institución, que consiste en la singularidad del vínculo que establecen con les jóvenes.

En general es una relación muy cercana, muy cercana. Además de… por una cuestión como propia, este… de que pasamos mucho tiempo juntos, en la cotidianidad; es como un poco el estilo, si se quiere, profesional, de los que estamos ahí. De una relación de mucha proximidad, tratando siempre, viste, de conservar […]. Nosotros nos abrazamos, nos hacemos chistes, nos compartimos cosas, no sé, es como muy cotidiana la relación. Y eso también hace, creo, que tenga algún impacto también después de nuestras intervenciones terapéuticas (Casandra).

De ahí que las intervenciones y estrategias descritas por Casandra están fuertemente arraigadas en la dimensión vincular. El vínculo con les jóvenes presentaría rasgos de personalización análogos a los que han sido documentados en contextos escolares, esto es: acompañamiento, seguimiento, compromiso, disponibilidad y relaciones en las que se destacan las formas del buen trato como el respeto, la escucha, el diálogo, y no tomarse de modo personal algunas agresiones (Nóbile, 2016).

Desde el programa El Pasaje entienden al problema relacionado con el uso de drogas en términos de consumo, enfatizando su complejidad social, dado que está estrechamente ligado a múltiples desigualdades (habitacionales, educacionales, laborales, salud y violencias) y al papel que desempeñan los contextos de consumo: la “mala junta” y “el barrio”. A la par, enfatizan la importancia de las redes vinculares en su causalidad: ausencia, abandono y/o atravesadas igualmente por múltiples vulneraciones y desigualdades. Así, se irían cristalizando ciertas representaciones de les jóvenes en tanto “usuarios” de drogas, y en torno a la fragilidad de sus vínculos familiares junto con la exclusión de las políticas estatales de educación, salud y trabajo. Esta combinación adquiere la connotación de verlos “abandonados vincularmente” y “estallados socialmente”, aunque hay matices en estas representaciones que rescatan la singularidad de cada cual.

Este programa forma parte de un movimiento político que administra recursos directos del Estado. En ese sentido, se constituye en un aliado estratégico que hace de caja de resonancia de las políticas nacionales. De allí que para intervenir en situaciones de consumo el programa ofrece una serie de opciones para un tratamiento ambulatorio basado en prevención inespecífica. A la hora de llevarlas a cabo, indican que, en oposición a otras instituciones, no medican ni internan a les jóvenes, sino que “los reciben”. Tienden a brindar una escucha atenta y un acompañamiento, junto con una evaluación de la situación de cada joven que concurre a la institución. Renzo (operador) describe su trabajo con base en el acompañamiento a jóvenes y sus familias: “No solamente acompañar al pibe, sino a la familia también (…) Y bien, se trata de acompañar”. También identifica ciertas cualidades para llevar a cabo ese trabajo (paciencia, empatía, escucha, sostén, entrega) ligadas al buen trato.

Se estipula que el tratamiento no sea muy prolongado. Sin embargo, los vaivenes en sus tramas vinculares y circuitos institucionales frente al consumo problemático muchas veces generan desgaste, debilitamiento o agotamiento en el equipo. Esto conduciría a que, tras el paso por otras instituciones, sean derivados a El Pasaje por obligación. Frente a ello, el abordaje que requerirían excede por mucho los objetivos y alcances de la institución. Al analizar el caso de Lautaro, el coordinador muestra un circuito que se repite varias veces y genera mayores desafíos.

Lautaro también es un pibe que se rescató, pero él tiene períodos de ventana, le decimos nosotros: como que él se rescata seis meses y llega un momento que no se puede adaptar a la sociedad porque no consigue laburo, porque el barrio donde viven todos los amigos que tiene lo invitan a consumir y llega un momento que ¡pum! consume y durante un mes, chorea, se revienta el cráneo con un montón de sustancia, está un mes así y la madre llega al límite que dice: “Che, Lautaro ya no quiero vivir más con vos”. El pibe se rescata y se interna. Va, se interna un mes, se desintoxica, sale de la internación, vuelve a El Pasaje y, de vuelta, seis meses está así como yendo y viniendo entre consumo y nosotros y ¡pum! estalla de vuelta, cae preso y a la tercera que cae preso, la voltea y dice: “No, yo ya es la tercera vez que…”. Ya la tolerancia empieza a ser menos. Yo creo que ahí está el desafío, en la tolerancia de las instituciones (Franco).

Les profesionales del dispositivo comunitario consideran que el consumo de drogas es un problema social, consecuencia de la exclusión que afecta especialmente a quienes residen en territorios vulnerabilizados. A la par, consideran que el estereotipo joven pobre adicto delincuente es recurrente y genera una fuerte estigmatización social.

Y, también, tratar de correr esa mirada hacia los jóvenes, ¿no? Que porque consume delinque, que porque consume echa moco. O sea, todo gira en torno a si consume o no consume, como si no hubiese otros factores en su vida o en su contexto que no influyeran, ¿no? O sea, se deposita en que si el joven consume, es un delincuente. Está todo muy centrado ahí en eso (Rocío).

A su vez, tales referentes se distinguen del discurso de la política provincial, en tanto no hablan de los sujetos como pacientes en general, sino de jóvenes, “pibes” y pobladores en particular. También, se distancian de cierta “lógica médica hegemónica” del sistema sanitario que jerarquiza la atención institucional por sobre los abordajes comunitarios y construye fuertes distancias entre jóvenes y los centros de salud.

A nosotros nos cuesta mucho esta lógica que tiene en sí mismo el sistema. El sistema este que te decía: de distintos niveles de complejidad. Para mí tiene una lógica muy médica, médica hegemónica, que la mayor complejidad está en los hospitales generales o en las comunidades terapéuticas. Cuando vos llegas a la comunidad, te das cuenta [de] que la complejidad está ahí, por la cantidad de problemas que hay, que se vinculan, que uno trata de… Ahí está la complejidad, ese es como el lugar de mayor complejidad y no lo otro. Lo otro son encuadres muy controlados, digamos. Entonces nos cuesta mucho dialogar con el sistema, ¿entendés? El sistema trata de mantenerse a sí mismo, trata de proveer sus razones de ser para sí mismo. Cuando uno llega a la comunidad y se empieza a distanciar, hay mucha, pero mucha distancia con lo que es el centro, con lo que es la lógica, la conformación de los sistemas de salud. Y bueno, esto, hay que pensar dispositivos y estrategias para dar respuesta a problemas concretos y complejos que están ahí en la comunidad (Samuel).

Desde la prevención y promoción de salud en los talleres, se posicionan en una actitud de espera y escucha que permita el encuentro intergeneracional para abordar el tema del consumo, ya sea social o problemático, en un marco socioterapéutico de confianza y autonomía con las personas jóvenes.

Tratamos de ponernos desde una mirada no juzgante hacia los chicos y pensar el tema del consumo no desde el consumo mismo, no desde si quieren o no consumir, sino desde qué quieren hacer con su vida, digamos. Tratamos de ampliar esa mirada a otras cuestiones. Y siempre nos paramos con eso desde el vínculo, desde el vínculo cálido, de recibirlos, de esperarlos, de estar ahí si quieren pasar. Y creemos que esa es la forma que contiene y hace que los chicos después estén. Nunca desde una mirada normativizante. Y ellos plantean, sabiendo que tienen con quién hablar, con quién estar, con quién pasar un buen rato, con el tiempo en ese mismo encuentro y vínculo, van planteando inquietudes, y van planteando miedos y cosas que les van pasando. Y ese es el lugar desde donde estamos y acompañamos con lo que podemos (Rocío).

El abordaje realizado por este dispositivo comunitario se caracteriza por sostener una estrategia de trabajo territorial centrada en el encuentro con jóvenes. El objetivo es construir un vínculo socioterapéutico que, a partir de actividades comunitarias y de prevención inespecífica, les permita “estar” a disposición y “acompañar” a jóvenes que quieran hacer algo con el consumo de drogas. Además, consideran que a través de la promoción y despliegue de habilidades artísticas y prácticas culturales juveniles se pueden relativizar los procesos de estigmatización social que sufren habitualmente.

En este punto, nos interesa subrayar la importancia que reviste el trato en estos programas, en tanto noción que permite categorizar y simbolizar los procesos de salud-enfermedad-atención. Epele (2012), retomando el trabajo de Fernando Ulloa, señala que el trato alude a aquellas “acciones orientadas a otros sujetos, otros cuerpos sociales y/o individuales; la emociones y sus formas de experimentarlas, expresarlas y reconocerlas; las posiciones y prácticas corporales de tocar y ser tocado; los modos de hablar, callar y escuchar” (p. 15). De allí que siempre se pone en juego una valoración moral de su desarrollo o resultados: mal-trato, buen-trato.

Conforme lo que venimos analizando, conciben la problemática del consumo desde su determinación sociocultural, y con la singularidad que les imprimen sus trayectorias y experiencias en el trabajo con jóvenes que atraviesan estas situaciones. Las expresiones relativas a su afectación subjetiva nos indican que la relación con elles, en las modalidades del “buen trato”, se configura como un punto estratégico que pone de manifiesto los procesos mediante los cuales los vínculos sociales y los tratamientos se refuerzan bidireccionalmente, modificando así las condiciones subjetivas implicadas. De esta manera, la posibilidad de establecer relaciones intersubjetivas, aquello que se presenta como “lo mejor del oficio” en los trabajos sobre y con otros (Dubet, 2006), y el acompañar a les “pibes” y sus redes de proximidad (Candil, 2016), parecieran alojar la potencia de la ternura para contrarrestar el maltrato, el sufrimiento social, la institucionalización crónica y la mortificación de las disposiciones técnico-administrativas de la burocracia estatal (Epele, 2012; Ulloa, 2012).

En ese sentido, los tres dispositivos desde su singularidad coinciden en asumir al “problema de las drogas” como una cuestión social y de salud pública, que atraviesa a las juventudes desde procesos de vulneración socioeconómica y violencias institucionales. Si bien se posicionan asumiendo una perspectiva de protección de los derechos juveniles, abogan por generar procesos críticos en sus instituciones y en las políticas públicas que se orienten hacia condiciones de hospitalidad y cuidado.

En los casos específicos de las organizaciones religiosas, por otra parte, Camarotti, Güelman y Azparren (2017) distinguen tres causalidades que explican el consumo de drogas y que pueden aparecer combinadas en la práctica: 1) espiritual, como expresión de una pérdida del sentido de la vida en la sociedad actual; 2) como consecuencia de la exclusión social; y 3) como una enfermedad crónica, progresiva y mortal centrada en el individuo.

En el programa Alegría, el sentido atribuido al consumo de drogas es mixto. Puede advertirse, en el discurso institucional, que se hace referencia frecuentemente a la necesidad de “pasar de un proyecto de muerte a un proyecto de vida”, desde una mirada espiritual del sentido de la vida para los sujetos que se han alejado de Dios. A la par de la concepción de malestar espiritual que causa la adicción, se plantea un abordaje integral desde una perspectiva biomédica, ya que se trataría de una enfermedad crónica, mental, porque “cambia la estructura del cerebro”. Una referente pastoral describe cómo se articula la ciencia con la religión:

Hay un grupo de psicólogos, por eso te digo, se trabaja con la ciencia, ¿me entendés? Pero la mayoría de los casos, son psicólogos cristianos que también tienen lo que es la… la ciencia, con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces los psicólogos mayormente son… por ejemplo, todos… todas las personas que están trabajando hoy en el programa Alegría, son toda gente que… abogada, psicóloga están dentro del evangelio, que pertenecen a la Iglesia, pero que trabajan para estos fines (Agustina).

Dubet (2006) indica que la socialización utiliza técnicas que encuentran su origen en modelos religiosos. Lo que el autor denomina “programa institucional” tiene una serie de elementos, entre los cuales se encuentra la idea de vocación como principal virtud en el trabajo con otros. Es necesario que los maestros, sacerdotes, jueces y guías estén convencidos de los principios de la institución y que los encarnen, que quienes representen la socialización principalmente “crean” en dicha institución. Este es un elemento necesario y destacado constantemente en los profesionales que realizan el abordaje en el programa Alegría.

En este dispositivo se individualiza al sujeto como “enfermo” y “adicto”, al cual se acompaña a través de dispositivos grupales y apoyo familiar que indican la importancia del control en ocasiones de la “tentación” de las recaídas. Se destaca el papel de los grupos familiares como responsables en la posibilidad de la recuperación, o bien como grupos disfuncionales que representan un factor de riesgo en las adicciones (Camarotti, Güelman y Azparren, 2017). Con respecto a les jóvenes se evidencian estrategias discursivas moralizantes de sus conductas y ausencia de referencias a cuanto a sus derechos:

Salen a robar, por ejemplo […] yo hice devolver una bicicleta hace poco. Empecé a golpear puertas, golpear puertas, hasta que lo encontré y dije “bueno, devolvele porque te cae el patrullero a tu casa” […] entonces yo sé, por mucho tiempo fui odiada, ahora no porque uno, será que como voy a la iglesia un poco me respetan, trato… les hablo bien. Por ejemplo el otro día, uno de los chicos, me vio que lo vi en una situación que estaban cargando en un auto las cosas y viene y me dice “doña, no me quiere comprar un…”, se había quedado con dos nebulizadores. Le digo “hijo, a ver”, yo si fuera otra, en otro momento que no estuviera en el camino del señor, pero mocoso de mierda… “escúchame hijo”, le digo, “vos me estás vendiendo eso y vos sabes que no me vengas a vender cosas robadas, porque no te voy a comprar, porque yo comprándote algo robado a vos, metiéndolo a mi casa, yo traigo maldición para mi casa y no quiero eso, yo quiero bendición para mi vida y para mi familia (Agustina).

Desde su lugar de referente pastoral en el barrio, Agustina asume un rol correctivo responsabilizante sobre las personas jóvenes que se evalúan en función de sus expectativas y cánones morales. También, se observa una perspectiva adultocéntrica, por ejemplo, en la denominación de los participantes más jóvenes (“asistido” e “hijo pródigo”) y en la consideración del grupo de pares: “Ellos enferman en grupo y sanan en grupo”. Si bien parece atribuirse de manera horizontal la posibilidad de la recuperación, la perspectiva de “sanación” asume una orientación paternalista.

Esta significación del orden de la lógica compasivo-tutelar acerca del acompañamiento y el trato a les jóvenes se combina con un tipo de intervención psicológica directiva basada en la modificación de la conducta. En este caso, se apela a un modelo psicoeducativo que pone como eje la “formación emocional”, que se centra en “corregir la impulsividad y las emociones, cambiar la manera de pensar y amar que tienen las y los jóvenes”. Podríamos hipotetizar que, al igual que en otros estudios, se presenta el recurso de los tratamientos psicológicos como una estrategia de legitimación del programa, aunque se subordinan a la acción espiritual (Camarotti, Güelman y Azparren, 2017).

Por otra parte, la relación con el Estado provincial es bastante particular. Si bien no hay acuerdos formales ni convenios cuando en la admisión se diagnostica alguna patología en el “adicto”, se lo deriva a la provincia porque no siempre cuentan con psiquiatras. El nivel de reconocimiento que tiene el programa evangélico en el gobierno provincial es importante, ya que incluso fue sugerido como estrategia para el tratamiento de adicciones en varias oportunidades por parte de funcionarios gubernamentales y por profesionales de la salud.

El trabajo de los dispositivos durante la pandemia: reinvenciones en la marcha

Distintos estudios dan cuenta de los cambios en los consumos de sustancias psicoactivas en la Argentina durante la pandemia (Camarotti, Jones, Güelman, Dulbecco, Cunial, 2020; Gómez et al., 2020; García-Álvarez, et al., 2020). La Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental de la Facultad de Psicología (UNC), en un estudio de mayo de 2020, señala que se ha incrementado significativamente el uso de alcohol, nicotina y marihuana a partir de las medidas ASPO en la provincia de Córdoba^[4]. A esto se le suma que muchas de las instituciones públicas encargadas de abordar la problemática se vieron fuertemente afectadas por la pandemia, restringiendo su atención y/o respondiendo online.

A partir de la crisis socio-sanitaria durante la pandemia, les operadores comunitarios y profesionales de salud reconocen como problemas acuciantes en jóvenes el aumento de la pobreza, mayores obstáculos en la accesibilidad a la alimentación y salud (control de embarazo de mujeres jóvenes, acceso a medicación psiquiátrica) y la mayor feminización de las prácticas de cuidado, ejemplificadas en el acompañamiento durante la realización de tareas escolares de hijos y/o hermanos menores. Sobre todo cuando muchas mujeres que son sostenes afectivos y económicos de sus familias quedan privadas de su libertad por causas penales relacionados con el narcomenudeo y el delito amateur.

Ahora bien, ¿qué reinvenciones de la práctica realizaron los distintos dispositivos de tratamiento ante este panorama?

Les referentes llaman la atención sobre la disminución del número de jóvenes que solicitan y logran acceder a un tratamiento para consumo problemático. Atribuyen tal baja, en parte, a la modificación de políticas públicas provinciales comentadas anteriormente. Por otro lado, la mayoría de familiares, referentes o jóvenes tienen vinculación con actividades informales y precarizadas, razón por la que se han visto fuertemente afectadas sus posibilidades de generar ingresos económicos. Si bien hay quienes han accedido al Ingreso Familiar de Emergencia^[5] (IFE), este no logra cubrir las necesidades. Ailín, trabajadora social de El Pasaje, destacó que la emergencia de la pandemia también expuso desigualdades relativas a la accesibilidad a vivienda y conectividad, aunque la problemática principal que le preocupa a la institución es la situación de calle en la que se encuentran.

Están con consumo, en la calle, a donde deberían ir es al IPAD [Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción], pero por burocracia no los pueden recibir; entonces, ahí salta la brecha entre los de 18-25 años sin proyectos de vida ni instituciones que los contengan. El Estado debería hacerlo. Como institución, tampoco contamos con los recursos necesarios. Tenemos los alimentos del movimiento [popular al que pertenecen] y las becas de la SEDRONAR, pero nada de la muni o de la provincia (Ailín).

Una primera reinvención fue intensificar la recolección y distribución de módulos alimentarios y productos de limpieza para las comunidades, incluso aquellos programas que no la realizaban. Las organizaciones también trataron de generar readecuaciones en sus dispositivos de atención y del trabajo en territorio. Aluden a que la virtualización de la atención constituyó el medio desde el cual distintos organismos prestaron servicio en salud mental, disminuyendo significativamente las posibilidades y las condiciones de recepción de la demanda. Cuando el ASPO fue decretado, implementaron medidas que buscaban dar continuidad a los tratamientos a través de videollamadas o llamadas telefónicas. Si bien se ha intentado sostener los procesos psicoterapéuticos de manera virtual, una primera recurrencia significativa son las dificultades para acceder a la conectividad, disponer de dispositivos móviles y contar con alfabetización digital necesaria para utilizarlos por parte de les jóvenes.

El Pasaje, durante los primeros meses del ASPO, advirtió limitaciones relativas no solo al acceso a conectividad y dispositivos tecnológicos, sino también con la suspensión de procesos judicializados y de búsqueda laboral. Esto obstaculizó la continuidad de los procesos educativos y socio-terapéuticos de jóvenes con judicialización y desempleo.

Ante este gran obstáculo, las instituciones ensayaron distintas modalidades de revinculación digital por las redes sociales (WhatsApp, Instagram, Facebook). Se intensificaron las estrategias de personalización, como el envío de actividades a sus celulares por parte de talleristas musicales, encuentros individuales a través de redes sociales o mayor flexibilización horaria para quienes presentaban escasas posibilidades de comunicación telefónica.

Cuando Pepito me manda un mensaje, yo lo llamo, ¿me entendés? A la hora que sea, o por más que esté haciendo cosas del otro laburo, lo que sea y, bueno, pasa eso ¿me entendés? Es la posibilidad lo que nos une (Casandra).

A partir de la disminución de restricciones sanitarias desde agosto del año pasado, algunos programas han intentado retomar progresivamente sus actividades presenciales, aunque revisando y modificando “paso a paso, en el día a día”. Desde el equipo territorial estatal, organizaron recorridos barriales según los protocolos de prevención.

Y ahora es muchas veces acercarse a la casa, ir a verlos. Ellos demandan que nos juntemos a tocar música […] se está pensando en algunos encuentros individuales, aunque sea con dos, ahí como adaptándonos nosotros también a la nueva realidad de ellos y en la que estamos todos. Yo creo que esta pandemia nos ha alejado bastante de los chicos, con muchos hemos perdido el contacto, con las instituciones que articulábamos también, están como distanciados, y creo que más que nunca los chicos están alejados de las instituciones (Rocío).

El Pasaje llevó a cabo visitas domiciliarias a cada joven, invitando a participar en el reacondicionamiento del espacio físico, y retornó a sus actividades presenciales, mediante la rotación de profesionales y operadores. De esta manera, se dispuso un día para realizar talleres y otro para el trabajo en convivencia. Análogamente, El Caracol reanudó los encuentros debido a las dificultades para trabajar virtualmente. En el caso del programa Alegría, el abordaje se redujo significativamente ya que debido a la suspensión de las prácticas religiosas también se suprimieron los espacios de atención del programa. Se limitaron a la atención a las familias afectadas por consumo y aquellos que brindaban formación laboral. Por lo tanto, se circunscribieron a la atención individual mediante llamados telefónicos.

Fue recurrente que profesionales y operadoras indicaran que, a partir de la pandemia, se centrara la atención en el COVID-19 y se produjo una mayor desarticulación, poca sinergia en sus acciones, incluso con los niveles de “mayor complejidad” del sistema de salud. También, señalan la difícil relación con la SENAF, que desde el año pasado ha rescindido contrato con otras instituciones, lo que ha implicado el cese de actividades territoriales y la desprotección para muchas situaciones de vulnerabilidad de la niñez, adolescencia y juventud. Además, han contribuido negativamente los conflictos gremiales entre algunos programas y la Secretaría de Adicciones por la condición de contratación precarizada de sus profesionales y las desarticulaciones desde el inicio del ASPO con unidades sanitarias para la continuidad de tratamientos y provisión de medicación psiquiátrica.

Reflexiones finales

En este capítulo nos propusimos analizar las significaciones y prácticas de referentes que participan en instituciones que trabajan en el abordaje del consumo de sustancias a través de la prevención, promoción y tratamiento con jóvenes de barrios populares de la ciudad de Córdoba. Insistimos en que es clave analizar la accesibilidad a los derechos como un proceso relacional, en el cual operadores, referentes pastorales y profesionales de la salud participan en la construcción de puentes y barreras junto a las personas jóvenes con quienes se implican subjetivamente.

Con motivo de ello, revisamos los cambios en políticas en salud vinculadas al consumo que se han implementado al respecto en Argentina. En este abanico, encontramos que el proceso de juvenilización del uso de drogas y las políticas de impronta más punitivo-abstencionistas se mantienen junto a posicionamientos sanitaristas y no criminalizantes. Nuestro análisis permite afirmar que, ante un contexto de fuertes movimientos pendulares en la accesibilidad a derechos en salud, educación y trabajo para jóvenes, la precaria presencia del Estado como garante de derechos y la asociación simplista del consumo de drogas con la inseguridad imprimen complejidades adicionales en la labor cotidiana de les referentes y profesionales involucrados en esta problemática.

También, nos hemos interrogado a lo largo de este capítulo sobre dónde radica la diferencia en la construcción de posicionamientos adultos orientados al tutelaje y control, o al cuidado y hospitalidad, en el caso específico del trabajo con jóvenes en situación de consumo. Indudablemente las representaciones mediante las que se concibe a las personas jóvenes y las explicaciones dadas a la situación de consumo son elementos claves para identificar, en primera instancia, cómo se ubican profesionales de la salud, operadores sociales y referentes religiosos en esta labor y dónde sitúan al consumo. Es decir, dónde colocan el acento para significaciones que por lo general se presentan combinadamente: si en el plano de lo individual o lo espiritual, o lo consideran un problema de salud pública, con leyes y normativas que regulan esa práctica.

Lejos de presentar una tipificación polarizada entre estas posiciones, es interesante reparar en cómo la idea del “acompañamiento” circula igualmente en las narrativas de les referentes que adhieren a unas y otras. En tanto clave analítica, nos abre a considerar el amplio repertorio de prácticas que conforman el “acompañar”, puesto que se trata de una noción polisémica y ambivalente en la que convergen múltiples sentidos y significaciones. Así, para las personas referentes el sentido del acompañamiento a jóvenes que consumen drogas en sus redes de proximidad discurre entre entenderlo como una práctica en la que, por momentos, se solapan cuidado, protección, moralización y control.

A su vez, el trabajo con jóvenes en un escenario pandémico exhibe reinvenciones que ponen de manifiesto el accionar de los equipos y referentes en los intersticios de las políticas. En ese sentido, cabe subrayar las implicancias, agudizadas por un contexto de crisis socio-sanitaria, que la progresiva desestatización de las intervenciones (Repetto y Andrenacci, 2006) ya representaba para las propias instituciones.

En el caso del dispositivo El Caracol entendemos que presentaría más capacidad y efectividad en la adaptación de los abordajes en pandemia, ya que se trata de una organización con mayor trayectoria y consolidación que las demás. El Pasaje, dispositivo que depende de un espacio político partidario, atravesó un proceso de refundación institucional en el que no se resolvió claramente la tensión entre el desafío de la participación militante y el abordaje profesional de los problemas de salud juvenil, aunque ha realizado enormes esfuerzos por readecuar sus estrategias. En lo que respecta al programa estatal, se encuentra atravesado por un proceso de desarticulación sectorial e intersectorial producto de la casi inexistente tradición de políticas integrales y en el marco de una fuerte precarización de las condiciones laborales de los recursos humanos de salud en la provincia de Córdoba. En el caso del programa Alegría, la estrategia tuvo una fuerte linealidad con la apertura de la iglesia como templo de encuentro. Al estar prohibidas las ceremonias por la pandemia, solo se asistió telefónicamente, lo cual empobreció la propuesta de trabajo original.

Tal como analizamos, estos cambios afectan la praxis y condiciones laborales de les referentes. En los relatos hay una recurrencia de vivencias de frustración ante la incertidumbre de ir resolviendo el día a día, debido a la interrupción de la presencialidad por el aislamiento preventivo y la discontinuidad temporal. Estos desanclajes desorganizan la experiencia y el sentido de la tarea como agentes de salud, militantes o referentes pastorales. Es decir, se complejiza aún más el trabajo sobre los otros que plantea Dubet (2006), en el cual se vuelven cruciales las decisiones tomadas sobre las situaciones de las personas jóvenes que ponen en jaque al sentido de la responsabilidad acerca de ese otro y el posicionamiento asumido, en tensión con contextos político-institucionales más hostiles o indiferentes.

Entendemos, por último, que estas formas de construir políticas públicas de salud producen más fragmentación y desarticulación interinstitucional, cuestiones que agravan el abordaje integral de una problemática tan compleja como el consumo por parte de jóvenes de sectores populares.

Notamos una preocupación recurrente en un grupo de referentes puesto que entienden que las lógicas de atención sanitaria de los consumos problemáticos están centradas en modelos de la medicina y de la psiquiatría en particular y, desde ahí, se construyen dispositivos moralizantes y expulsivos hacia las juventudes. Esa persistencia de modelos hegemónicos paradójicamente entra en colisión con la ley de salud mental vigente en nuestro país, perspectiva que también diferencia a los distintos equipos de las instituciones.

A ello, se suman las consecuencias de la lógica patriarcal en el acceso a la salud y en la asistencia en el consumo de drogas que, entre otras cosas, promueve que el porcentaje de mujeres y otros géneros que pueden acceder a un tratamiento se reduzca significativamente según las posibilidades de sostener y permanecer en esos espacios. Más aún, si demandar tratamiento implica exponerse a equipos e instituciones que generan mayor exclusión y replican violencias. Se requiere por tanto de dispositivos que, desde una perspectiva de salud integral, faciliten un abordaje de las situaciones de consumo, visibilizando desigualdades, diferencias e inequidades de géneros en lo cotidiano. Destacamos que, en la mayoría de los espacios analizados, el abordaje del consumo en mujeres y/o géneros disidentes resulta una gran vacante.

Aún con los desafíos, vicisitudes y obstáculos que mencionamos, las instituciones, aunque “estalladas” (Fernández, 2003), funcionan de un modo muy singular sobre un trasfondo de vaciamiento de sentido, que ha ido operando más allá del esfuerzo cotidiano de los actores institucionales y de las severas limitaciones que enfrentan. Las reinvenciones de las prácticas que las personas referentes venían realizando antes y durante de la pandemia testimonian estas dinámicas, en las que destacamos, especialmente, los cambios en las condiciones de habitabilidad y de cuidado de las juventudes que generan algunos de los dispositivos analizados.

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